El fantástico escándalo de la CAP


Análisis

El fantástico escándalo de la CAP

SI el Gobierno, en futuras negociaciones, logra imponer su criterio de prorrogar por otros diez años los fantásticos privilegios tributarios de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), el país estará frente al mayor escándalo económico en la historia nacional. Y en un país, donde los escándalos económicos son muy numerosos, tener un lugar "privilegiado" en esa lista, significa una dimensión casi colosal.

Pero el hecho concreto es que en el "caso CAP", cualquier adjetivo es poco. Sin duda que este inmenso consorcio, que actualmente posee un capital superior a los cien millones de dólares, ha usufructuado de una vida muy movida. Su historia es bastante aleccionadora, para observar la forma en que los financistas criollos y extranjeros han estrechado filas para despojar al país de su industria básica. Y también es aleccionador revisar la historia de CAP en estos últimos dos años para presenciar en toda su dimensión, el espectáculo de una "revolución en libertad" que se convierte en la principal defensora de la cúspide de los monopolios criollos.

Doctrinariamente la CAP tuvo su origen durante el Gobierno del Frente Popular, con el Presidente Aguirre Cerda. Fue justamente la CORFO, creada por este mandatario, la que inició el año. 1939 los primeros estudios relacionados con una industria siderúrgica en el país. El año 1942. durante la Administración de Juan Antonio Ríos, se creó el Comité del Acero, con la misión específica de instalar una empresa productora de acero en el país. En 1944, en base a estos estudios estatales, se dictó la ley 7.896, que otorgaba franquicias excepcionales para contar en Chile con una industria siderúrgica. En el intertanto, la CORFO obtuvo en el Eximbank de los Estados Unidos, un crédito por 28 millones de dólares para iniciar los primeros trabajos. Pero fue aquí, justamente, donde comenzó a operar la sutil alianza de los monopolios criollos y extranjeros. El Eximbank prestó los dólares, a cambio que el capital privado tuviera participación en el futuro negocio. Ello abrió las puertas a los inversionistas particulares, los que en un principio no mostraron un interés mayor.

En abril de 1945, la CAP fue creada con un capital social de 15 millones de dólares, de los cuáles 5 millones fueron aportados por CORFO; dos millones por la Caja de Amortización y 8 millones por el capital privado.

Pero, además, de estos recursos hay que considerar otros factores: El Fisco chileno también aportó el préstamo de 28 millones de dólares otorgado a la CORFO por el Eximbank. Asimismo colaboró con 7 millones del Banco Central; un millón de dólares aportados como préstamos por la Caja de Amortización; contribuyó, además, con los estudios técnicos, informes y ensayos operacionales, los que significaron una inversión de proporciones. En síntesis, el Fisco puso la parte del león en esta colosal empresa y además aportó franquicias tributarias que, entre 1945 y 1966, le han significado a la empresa un aporte extra por concepto tributario que alcanza a los 170 millones de dólares.

Estos son los antecedentes previos. Veamos ahora cómo el capital privado logró ir apoderándose paulatinamente del control de esta empresa hasta llegar al estado actual, en que el capital privado controla el 75 por ciento de la empresa.

El mecanismo fue muy sutil y constituye una verdadera obra de arte del fraude y la estafa. Mediante las grandes utilidades que acumulaba CAP debido a las franquicias tributarias, se fue formando un fondo de capitalización. La CAP aumentó de esa manera su capital social a 30 millones de dólares entre 1956 y 1958. Lo elevó nuevamente en los años sucesivos a 70 y 100 millones y en ese mismo lapso, el capital estatal bajó del 46,6 a sólo el 34,8 por ciento, hasta congelarse en el 25 por ciento actual. ¿Cómo se logró esto? Es simple: la CAP, mediante la aprobación de los Gobiernos, repartió acciones liberadas entre los inversionistas privados, en base a las utilidades, en tanto que las acciones del sector público, sólo recibieron debentures, que posteriormente también pasaron a engrosar los fondos generales de CAP. De esa manera, los inversionistas privados sin haber puesto un solo peso, desde que CAP se fundó, fueron aumentando el control de la empresa, embolsándose al mismo tiempo utilidades fabulosas.

Sin duda que todo este proceso de escamoteo y fraude, la CAP lo tuvo que hacer con la complicidad dolosa de los Gobiernos. Y en ese sentido, la CAP ha sido un verdadero modelo para otras empresas. Por la forma en que ha deslizado a sus hombres de confianza en los cargos principales del poder central.

Recordemos algunos nombres: El "súper ministro" Roberto Vergara fue un hombre clave en el Gobierno anterior: él era al mismo tiempo uno de los gerentes de la CAP. Walter Müller que fue embajador en USA era y es director de la empresa siderúrgica. Sergio Gutiérrez Olivos, también embajador en Estados Unidos, fue fiscal de la CAP.

Y sin duda que a la CAP siempre le ha interesado tener colocado a un alto ejecutivo en un puesto que tenga relación directa con el amo imperial norteamericano. Gabriel Valdés —que sucedió a Gutiérrez Olivos como fiscal de CAP— fue designado Canciller de Frei, pero su nombre se rumoreó mucho como embajador chileno en Washington. Es muy posible que en el futuro ese sea su puesto para servir a la "revolución en libertad" y también a la CAP. Valdés aún se mantiene como fiscal de esa empresa, aunque está "con permiso".

Pero hay otros nombres. El presidente del Banco del Estado, Alvaro García, era y seguramente aún lo es, alto ejecutivo de CAP. El Ministro de Economía, Domingo Santa María y su adlátere y actual vicepresidente de ECA, Arturo Montes, eran ambos, altos ejecutivos de Sigdo-Koppers, antes de asumir cargos públicos. La Sigdo-Koppers es la subsidiaria chilena de la Koppers norteamericana, una de las principales firmas accionistas de CAP y que, además, ha construido los dos altos hornos de Huachipato.

Y aún se pueden traer muchos nombres: el enigmático Flavián Levine, gerente general de la empresa, es actualmente director del Banco Central en representación del Ejecutivo, el mismo cargo que ocupó en la Administración pasada. También ha tenido relaciones más o menos estrechas con la industria del fierro y del acero; Juan Hamilton, actual Ministro de la Vivienda, que en sus buenos tiempos era abogado de la compañía Santa Bárbara. Y no hay que olvidar, finalmente, que el Gobierno —para "aumentar" su control en CAP— hizo nombrar presidente de la empresa al ingeniero Fernando Aguirre Tupper, ¡qué muestra más diáfana de independencia! Aguirre Tupper ha sido siempre un peón de los grandes intereses siderúrgicos latinoamericanos.

Antes de asumir la presidencia de CAP, era Secretario General de ILAFA (Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero) organismo que vive y sobrevive, en base a los aportes de los grandes monopolios siderúrgicos. Justamente a ese legionario colocó el Gobierno a fiscalizar los intereses del acero. Como quien dice, puso al ratón a cuidar el queso.

Luego que CAP fue escamoteada al país y que recibió franquicias tributarias excepcionales (que superan los 170 millones de dólares), el Gobierno aún pretende prorrogar por otros diez años esas mismas franquicias. Eso significaría un nuevo regalo a CAP del orden de los 260 millones de dólares. La "revolución en libertad" —sin duda— ha mostrado nuevamente su verdadero rostro.

Pero, ¿quiénes son los fantásticos empresarios que se han beneficiado —y se beneficiarán en el futuro si las cosas no cambian— con este trato de excepción?

Aparte de los funcionarios del actual Gobierno ya nombrados, el directorio de CAP está formado por la flor y nata del capitalismo criollo. En el directorio de CAP figuran, entre otros, Agustín Edwards, el verdadero desiderátum del capitalismo nacional, dueño de la Compañía de Cervecerías Unidas, de la empresa "El Mercurio" y la Editorial Lord Cochrane, Propietario de la Chilena Consolidada, de INDUS, y del Banco Edwards, y con intereses en más de cien sociedades anónimas chilenas de importancia. También figura Eliodoro Matte el rey del cemento en el país; Germán Picó, dueño del consorcio periodístico que edita "La Tercera de la Hora" y además propietario de COMPAC y accionista en MADECO, IBEC-Chilena, COSATAN, y otras empresas. También figura en el directorio Eugenio Heiremans, de SOCOMETAL y capo máximo de la Sociedad de Fomento Fabril.

Asimismo se podría nombrar a muchos otros príncipes del capitalismo como Ramón Salinas (de Salinas y Fabres); Rodolfo Michels y John Peeples de la Anaconda y Anglo Lautaro, respectivamente, dos de las empresas norteamericanas que controlan la producción del cobre y el salitre en Chile.

Pero, además de estas personas, también existen organizaciones —en su mayoría extranjeras— que tienen suculentos paquetes de acciones de la CAP. Entre ellas figuran la Anglo Lautaro, con el 2,3% de las acciones; la Freyden and Pope, con el 1,2%; la Koppers Co. con 3,8%; la Braden Coper con 1,8; el First National City Bank con 1,8; la Sinclair Co con 850 mil acciones de un dólar cada una; la Deltek Barking, con una proporción similar. Los puntos señalados en la presente crónica sobre el imperio CAP, forman sólo una parte de este fantástico negocio. En un artículo posterior se pasará revista al negocio de CAP en el fierro y a sus inversiones en Ecuador y Uruguay, países hacia donde el imperio CAP pretende extenderse, en lugar de realizar mayores inversiones en el territorio nacional.

OSVALDO RIVERA.

CONVENIO LEONINO

APARTE del proyecto de ley que prorroga las franquicias tributarias y aduaneras a la CAP, existe un convenio ad-referéndum que esa compañía firmó con la CORFO el 22 de marzo de 1965. A nombre de CAP suscribió el documento el ex-presidente de la empresa, Ramón Salinas. Por CORFO lo hizo el vicepresidente Raúl Sáez, uno de los negociadores de los convenios del cobre con las compañías norteamericanas, hombre de confianza de los consorcios extranjeros que operan en Chile. Como todos los convenios que negocia Sáez, este con CAP favorece ampliamente al capital privado. El convenio condona alrededor de 50 millones de dólares que adeuda la CAP al Fisco, permite al directorio de esa empresa fijar los precios del acero, garantiza a los accionistas un dividendo mínimo del 12%, en dólares, sobre el capital y reservas de la empresa, y crea un Fondo Siderúrgico administrado por CORFO para financiar la expansión de CAP con préstamos al 2% anual de interés.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02