Batalla campesina


Batalla campesina

PF

HACE pocos años —apenas en 1961— el Partido Demócrata Cristiano todavía se daba cuenta del problema agrario. En el Nº 3 de su "semanario popular" DECE, correspondiente al 7 de julio de 1961, ese partido señalaba en titular de primera página que en el Valle Central "288 terratenientes son dueños de la mitad del suelo agrícola". Calificaba como "señores del latifundio" en Colchagua a la Comunidad Fundo San Antonio de Petrel, en Pichilemu, con 15.000 hectáreas; a Renato Sánchez Errázuriz, en Palmilla, con 5.771 hectáreas, y otros "ilustres" terratenientes de esa provincia —que en número de 44— reunían casi 182 mil hectáreas regadas y de secano en su poder.

En ese mismo numero de DECE, aparecía una colaboración del entonces presidente del partido, senador Eduardo Frei Montalva, señalando que "cada hombre quiere tener acceso a los bienes del mundo, que no son sólo casa, comida y escuela, sino también oportunidades de saber y de pertenecer activamente a una comunidad en que no sólo sea proletario, o sea el que está en la sociedad pero fuera de ella. Cada nación quiere ser dueña de su destino no sólo político, sino de su destino económico y de sus riquezas y quiere poseer la técnica y el capital para trabajarlas para sí y no para otros".

Pero se acabó el semanario DECE, se apagaron los fuegos demagógicos de la campaña presidencial, murió la pirotecnia electorera, y quedó el silencio que rodea a la hora de la verdad. Y la verdad es un Presidente de la República que al hablar ante un congreso campesino democristiano en Melipilla confesó que él no era Dios y que nadie le haría dar un paso más adelante de lo que se ha propuesto. La verdad es también un diario: "La Nación", que califica de "extremista" y "político" todo movimiento que luche por "los bienes del mundo", como si esas acusaciones pueriles y tradicionales pudieran descalificar la profunda justicia de la batalla campesina. Porque la huelga en 64 fundos de la provincia de Colchagua, en la zona central del país, ha sido éso: una batalla de los trabajadores del campo. Son los mismos inquilinos, analfabetos y hambrientos, que hace unos años eran utilizados como carne de cañón en la parodia democrática. Ahora son hombres que se levantan para exigir sus derechos. Y ello asusta lo mismo a un latifundista, como Alfredo Jaramillo, dueño del fundo "San Gregorio" de Nancagua, presidente de la SNA de Colchagua, como a los hombres de Gobierno.


REPORTAJE

GOBIERNO PONE MANO DURA EN EL CAMPO

EN la mañana del lunes 10 de octubre, del año en curso, los trabajadores de alrededor de cincuenta fundos de la provincia de Colchagua, en la zona central, no se presentaron a sus labores. Desde ese momento se convirtieron en los protagonistas de la mayor huelga campesina registrada en la historia del país.

Luego de haber esperado durante cinco meses una respuesta favorable de los empresarios agrícolas para sus peticiones económicas, los campesinos lanzaron la huelga.

Al iniciarla estaban convencidos que sólo enfrentarían la cerrada resistencia de los patrones, herederos de una tradición feudal; el tiempo se encargaría de demostrarles que al frente también tenían a las autoridades de Gobierno, que de inmediato respaldaron a los empresarios agrícolas.

El estreno de los campesinos con su huelga histórica encontró la resistencia de contradictores poderosos. El senador Salomón Corbalán señaló en el Senado que los patrones contaron, desde antes de iniciarse la huelga, con el apoyo gubernativo. El parlamentario expresó que los patrones preguntaron a las autoridades sobre la suerte que correrían cuando reventase el conflicto, las que respondieron: "Enviaremos refuerzos policiales".

Si la huelga campesina hubiese estallado en los albores del Gobierno democristiano, posiblemente habría sido orientada y apoyada por los promotores del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) que dirige Jacques Chonchol, los que desarrollaron durante meses una amplia labor de agitación en el campo. En 1966 los promotores de LNDAP realizan una labor inversa: deben frenar el movimiento gremial campesino.

Funcionarios de INDAP y de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) cumplieron una intensa labor agitadora en el primer período del mandato del Presidente Frei, la que suscitó la protesta reiterada del sector terrateniente, pero en el primer trimestre de 1966 el Gobierno empezó a marcar su viraje político-económico en el campo, y los empleados de ambos servicios recibieron instrucciones precisas del Ministerio del Interior de frenar sus actividades.

Los terratenientes comprendieron las intenciones del Gobierno y resolvieron moderar su oposición a la anunciada Reforma Agraria. El ex-senador radical Roberto Wachholtz, propietario de un inmenso predio, dijo entre sus amigos: "Sigo trabajándolo como antes y tal vez mejor, porque sé que no lo expropiarán. El Gobierno es incapaz de hacer la Reforma Agraria, carece de los medios para financiarla".

CALMANTES

El Ministro de Agricultura, Hugo Trivelli, concedió una entrevista a la revista "Vea", una de las publicaciones de la Iglesia Católica, para desvanecer los temores de los terratenientes que carecían de la fe de Wachholtz.

Con el propósito de aumentar la confianza de los empresarios agrícolas, Trivelli citó una lista de ellos que conservarían sus tierras. Poco tiempo después los empresarios desmontaban la organización que habían creado para, enfrentarse con el Gobierno: la Comisión Coordinadora de los Agricultores, que encabezaba el latifundista radical Pedro Enrique Alfonso.

No obstante, el Gobierno continuó impulsando en el Parlamento su proyecto de Reforma Agraria, con el apoyo decidido de socialistas y comunistas, que lo consideran "positivo" como base para realizar una política audaz en el campo.

Resulta difícil apreciar el grado de sinceridad del Gobierno respecto a la Reforma Agraria. Personeros del Partido Democristiano sostienen que si el Presidente Frei no hubiese "cometido el error" de poner en el equipo agrario a Hugo Trivelli, Jacques Chonchol y Rafael Moreno, habría logrado un proyecto de Reforma Agraria más acorde con su posición moderada, casi conservadora.

Los técnicos socialistas estiman que el proyecto puede "ser el vehículo para llevar adelante una transformación en la estructura de la tierra", pero condicionan esa calidad al grado de sinceridad del Gobierno. En la práctica, la Reforma dependerá de los recursos que cada año destine el Gobierno. Si un año no se concede un peso en el Presupuesto con tal objeto, la Reforma se quedará estancada.

Socialistas y comunistas piensan que la Reforma Agraria debe ser impulsada por los propios campesinos, con acciones directas. Los socialistas las propician y suelen encontrar la simpatía de algunos democristianos que efectivamente consideran indispensable la transformación de la estructura socio-económica de la tierra.

El Gobierno está consciente que los campesinos pueden impulsar la Reforma Agraria, y eso explica la actitud intransigente que ha asumido en la primera fase del conflicto de Colchagua. Si en esa provincia se logra afianzar una organización auténticamente campesina, alejada de la tutela oficial, quedará montada una maquinaria capaz de empujar procesos que precipiten la Reforma Agraria.

CAMBIOS

Si Jorge Alessandri soñaba con una "reforma de macetero", el Presidente Frei a esta altura espera una "reforma de bolsillo", manuable, que pueda manejarla a voluntad para producir efectos políticos útiles a su propia táctica y no a la estrategia del campesinado.

Los campesinos de Colchagua no estaban informados de estos virajes oficiales y lanzaron su huelga movidos por sus exclusivas necesidades. En la provincia se pagan bajos salarios, y en muchos fundos no se respetan las leyes, que se aplican en otros y en varias regiones del país.

La Federación Campesina, que agrupa a la mayoría de los campesinos de Colchagua, advirtió que para nivelar sus ingresos no podía confiar en la capacidad aislada del grupo de trabajadores de cada fundo. Por eso planeó en abril la presentación de un pliego colectivo de peticiones

Para encabezar el movimiento existía un personaje adecuado: el diputado socialista Joel Marambio, profundo conocedor de la zona y de la idiosincrasia de los campesinos. Otro firme apoyo era el senador socialista Salomón Corbalán, quien organizó los primeros núcleos de trabajadores de la tierra en el instante de su despertar social en 1961. Hasta ese año la provincia de Colchagua era una zona feudal, con muchos "señores" distribuidos en diversas tiendas políticas. Incluso había "señores" de la Democracia Cristiana, como el diputado Fernando Cancino, hijo y nieto de latifundistas, con extensos fundos en la zona. Corbalán lanzó su consigna: "¡Levántate campesino!". Con ella venció en la elección senatorial de 1961. Ese año los conservadores perdieron uno de sus dos sillones de la provincia, y la Izquierda subió a dos su cuota senatorial en ella. El Partido Radical obtuvo otro sillón, merced a la oportunista posición izquierdista en que se había situado el actual senador Hermes Ahumada.

La mentalidad de los campesinos de Colchagua se fue modificando. En la actualidad la mayoría de ellos reclama el pago de las asignaciones familiares, y los más listos protestan si no se les otorgan las vacaciones anuales.

EXPLOTADOS

No obstante, el atraso social se mantiene y subsiste la explotación económica.

En la mayoría de los fundos a cada trabajador se le entrega una "galleta", equivalente a unos 330 gramos de pan de mala calidad.

Ella debe repartirla con su numerosa familia. Sólo los inquilinos disponen de casa, y éstas por lo general son insalubres. Los voluntarios, que forman la masa mayoritaria de trabajadores, carecen de casas y suelen vivir en una pieza que les cede el inquilino. El salario de estos trabajadores es netamente inferior al de los inquilinos, pese a que realizan casi el mismo tipo de trabajo.

En la mayoría de los fundos el inquilino recibe un cuarto de cuadra de chacra, lista para sembrar, la que se avalúa en un escudo. Los voluntarios no la reciben y tampoco se les entrega el equivalente. En los fundos en que no hay tierra, el patrón paga un escudo, pero sólo lo hace en los días en que el inquilino trabaja, lo que reduce la suma de los beneficios en el año. Mientras el inquilino que recibe un cuarto de cuadra, usufructúa de ella todo el año (365 días), el que percibe un escudo sólo lo cobra en los días trabajados. que en el año no alcanzan a 300 días.

Para disfrutar de sus vacaciones anuales el inquilino debe contar con un número límite de días trabajados, lo que normalmente, por múltiples motivos no se alcanza: domingos, festivos, días de lluvia, enfermedades. Otro tanto sucede con el pago de la semana corrida.

El abuso histórico, que se descarga con mayor crueldad sobre el voluntario, impulsó a los campesinos de la provincia de Colchagua a lanzar la huelga. Contra su rebeldía conspiró la maquinaria oficial que no sólo operó con el aparato represivo (control policial), sino que contó con la existencia de organizaciones gremiales oficialistas paralelas, que quebraron el movimiento.

El Gobierno mantiene, para dividir a los campesinos, las siguientes organizaciones oficialistas: Asociación Nacional de Organizaciones Campesinas (ANOC), controlada por la ASICH, que es manejada por la Iglesia Católica; Unión de Empresarios Cristianos (UCC); Movimiento Campesino Independiente, que controla el sacerdote Óscar Domínguez; Vanguardia Campesina Cristiana (VCC); Instituto de Educación Rural (funciona con apoyo de la Iglesia, Voluntarios de la Paz, de Estados Unidos, y capitales alemanes y norteamericanos); Instituto de Humanismo Cristiano (controlado por la Iglesia). Además están los funcionarios de INDAP, CORA, los activistas de la Iglesia Católica, etc.

Para contener el movimiento independiente campesino de Colchagua, el Gobierno se entendió con la Unión de Empresarios Cristianos, que agrupa esencialmente a trabajadores de fundos cuyos empresarios pagaban los peores salarios. Para esos trabajadores, cualquiera mejoría económica era considerable. El nivel de reajuste concedido a ellos, resultaba insuficiente para los 2.400 campesinos agrupados en la Federación Campesina, que ya habían logrado conquistas con sus pliegos de peticiones en 1965, por lo que no podían conformarse con él.

El Gobierno, de acuerdo con su nueva política conservadora en el campo, insistió en que no daría un paso más de lo otorgado a los miembros de la UCC. De ese modo se halagó a los patrones y se mantuvo la política de sueldos y salarios dentro del nivel impuesto por el Fondo Monetario Internacional.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02