Denuncian los atropellos de la Policía Política

DOCUMENTOS
Suplemento de la edición Nº 93 de PUNTO FINAL
Martes 9 de diciembre de 1969.
Santiago - Chile.

DENUNCIAN LOS ATROPELLOS DE LA POLICÍA POLÍTICA

Carta abierta al Presidente de la Corte Suprema de Justicia

Señor
Ramiro Méndez Brañas
Presidente de la Excma. Corte Suprema.
Presente.

EXCMO. señor Presidente: Con motivo de los últimos procesos que se instruyen en diversas ciudades del país por infracciones a la Ley de Seguridad Interior del Estado, se han hecho mes ostensibles los inveterados abusos y arbitrariedades que cometen los funcionarios del Servicio de Investigaciones.

No sólo los individuos sindicados como responsables de supuestos delitos políticos son objeto de los atropellos y vejámenes de esa policía, sino que amplios sectores de la población, especialmente gente modesta, todos los días son víctimas de sus actos atrabiliarios. Y no tan sólo los chilenos sufren el comportamiento ilegítimo de Investigaciones, sino que también los turistas y residentes extranjeros y aquellos que emigran a nuestro territorio en demanda de asilo político.

Un señor Ministro del Interior del actual gobierno, acusado constitucionalmente ante la Cámara de Diputados, al formular sus descargos, expresó en uno de los acápites de su intervención: "El Gobierno comprende el peligro que puede constituir una policía prepotente y arbitraria. Ese tipo de policía se da con mucha frecuencia en países en que se ha suprimido la libertad. Pero en una democracia donde existe libertad de prensa, donde hay total autonomía del Poder Judicial y un Parlamento independiente y digno, esto nunca podrá suceder. En esta democracia los ciudadanos se sienten protegidos por sus fuerzas policiales".

Sin embargo, la realidad. es diferente. La ciudadanía no se siente amparada por los funcionarios de Investigaciones, sino que amenazada constantemente por sus fechorías.

Por los procedimientos y métodos que emplea, por sus permanentes atropellos a la ley y a los derechos de los ciudadanos, por sus actuaciones delictuales, Investigaciones constituye un peligro para la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de este país.

Pese a la gravedad que revisten sus tropelías, los funcionarios de Investigaciones quedan siempre impunes, porque el Poder Judicial, que tiene facultades disciplinarias respecto de ellos, prefiere adoptar una actitud tolerante y se abstiene de sancionarlos. Esta impunidad estimula a los miembros del Servicio policial, cuya conducta es cada vez más abusiva y desorbitada. Libres de todo control, exentos de todo castigo, los funcionarios policiales desprecian y ultrajan la legalidad vigente. La población se siente indefensa ante sus depredaciones. El Servicio de Investigaciones, alentado por la indiferencia o la benevolencia de los Poderes constituidos, y polla resignación y el temor de muchos, ha logrado imponer en Chile el terror policial.

Los Tribunales de Justicia tienen una alta cuota de responsabilidad en lo que está sucediendo, por su renuencia a sancionar a los funcionarios policiales, por la aceptación de su comportamiento y porque delegan en ellos facultades que son exclusivas de los jueces.

El Presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva, en un mensaje dirigido a la nación al celebrarse el Año Internacional de los Derechos Humanos, manifestó que "cualquier injusticia perpetrada en contra de un nombre, se convierte en una injusticia perpetrada en contra de todos los hombres". Frente a tantas injusticias cometidas contra tantos hombres y mujeres, la sociedad y en especial el Poder Judicial deben reaccionar.

Cuando algunos juristas y magistrados aluden a que en Chile existe un Estado de Derecho, da la impresión de que se están refiriendo a otro país. En un Estado de Derecho se respetan y están debidamente resguardados los Derechos Humanos, las garantías individuales y las normas procesales. Pero en Chile, la policía, cada día, cada hora y cada minuto, vulnera y pisotea en forma aleve esos Derechos, garantías y normas, y las disposiciones constitucionales y legales que los consagran y protegen.

Por eso, Chile ha dejado de ser un Estado de Derecho y está transformado en un Estado policial.

El preámbulo de Ja Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos del hombre han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que es esencial que ellos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

La situación que impera en Chile en estos instantes y que nadie se preocupa de remediar podría justificar el criterio de muchos en orden a que es imperativo acudir a ese recurso supremo.

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, dice la Declaración Universal.

Nadie puede ser detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden Je sea intimada en forma legal, a menos de ser sorprendido en delito flagrante, dispone la Constitución y repite el Código de Procedimiento Penal.

Pero Investigaciones rara vez o nunca cumple este mandato.

Lo usual es que la policía detenga arbitrariamente, sin orden judicial ni de funcionario competente alguno, y que no exhiba ningún mandamiento de arresto, incluso suele golpear y agredir al ciudadano que se atreve a exigir el cumplimiento de estas formalidades.

En otras oportunidades, utiliza, deliberada y maliciosamente, órdenes amplias de investigación o detención decretadas por el juez que instruye sumario por el respectivo delito o por otro hecho punible que no tiene relación alguna con el que se está pesquisando. En suma, investigaciones se vale de cualquier orden amplia que llega a su poder, para arrestar a cualquier individuo.

Tanto el juez que imparte la orden amplia como el funcionario policial que la usa son igualmente culpables de los abusos y excesos que se cometen con ella.

Ningún magistrado puede dictar una orden amplia de detención. Ello es absolutamente ilegal. La ley procesal exige que el mandamiento de detención contenga a lo menos la individualización de la persona que debe ser aprehendida y el motivo del arresto.

Además sólo puede decretar la detención de una persona determinada cuando existan sospechas fundadas para reputarla autor, cómplice o encubridor de un delito.

Sólo compete al juez resolver, en estas circunstancias, quién debe ser detenido. Antes de ordenar el arresto de un individuo, el magistrado debe reunir un mínimo de antecedentes que justifiquen la medida.

El juez que entrega a Investigaciones una orden amplia de detención infringe la ley, con los perniciosos e inevitables resultados que de ello se derivan. Ese magistrado le da a la policía un arma terrorífica para que proceda arbitrariamente e incurra en toda clase de desmanes. Ese juez está delegando en los funcionarios policiales la facultad de decidir quién es sospechoso y a quién hay que arrestar.

La ley le prohíbe al juez hacer esta delegación de atribuciones, justamente para prevenir el abuso de la policía. La orden amplia de detención es una carta en blanco que se concede a Investigaciones para que prive de su libertad a cualquier persona, culpable o inocente.

Los jueces saben que no pueden dictar estas órdenes amplias. Sin embargo lo hacen habitualmente. Los funcionarios policiales premunidos de estos mandamientos amplios tampoco ignoran que ellos no los facultan para arrestar a nadie. Pero no tienen escrúpulos en servirse de ellos para efectuar redadas colectivas de personas, a sabiendas de que la mayoría de ellas son inocentes y que no hay ningún cargo en su contra. Jueces y policías actúan deliberadamente al margen de la ley y contra los Derechos Humanos.

Y no sólo hacen escarnio de la ley. También se burlan de las resoluciones de la Excma. Corte Suprema y de la jurisprudencia de los Tribunales Superiores.

En una circular de fecha 11 de mayo de 1955, la Excma. Corte decía: "Toca al juez dirigir toda la investigación del sumario y mantener el secreto de las diligencias que ordene y practique, sin que le sea permitido, como ya se ha observado en numerosas ocasiones anteriores, delegar sus funciones".

¿Qué medidas ha adoptado la Excma. Corte para que todos los jueces acaten esta resolución? ¿Qué sanciones disciplinarias ha aplicado a los magistrados infractores?

La Excma. Corte, en más de una sentencia, ha sentado la jurisprudencia de que "el Código de Procedimiento Penal... enumera los requisitos que debe contener el mandamiento de detención o prisión, y es de mayor caracterización e importancia aquel que exige el nombre y apellido de la persona que debe ser aprehendida, puesto que representa garantía de la libertad evitando en lo posible el error de que una persona sea confundida o que quede la ejecución de la orden en manos de autoridad que realmente no es la llamada a decretarla, ya que con esa omisión podría cumplirla quien quisiera, sin que el juez la hubiere determinado anticipadamente...". Y ha reiterado muchas veces que la determinación de la persona que ha cometido la infracción legal, "garantiza a los demás no ser afectados en su persona, intereses y libertad".

Es lamentable constatar cómo tan justo y categórico predicamento de la Excma. Corte es ignorado por la mayoría de los jueces y, naturalmente, por la policía, sin que esto haya inducido hasta ahora al más alto Tribunal de la República a asumir una actitud más enérgica y drástica para reparar este vicio judicial y policial, constitutivo de delito y fuente principal de las injusticias que denunciamos.

Nadie será objeto de ingerencias arbitrarias en su domicilio, afirma la Declaración de los Derechos Humanos.

La Constitución asegura la inviolabilidad del hogar y dispone que la casa de toda persona que habite el territorio chileno sólo puede ser allanada por un motivo especial determinado por la ley, y en virtud de orden de autoridad competente.

Corresponde al juez decretar el allanamiento, el cual está regido por ciertas formalidades de las cuales no puede prescindirse.

Desde luego, debe indicarse con toda precisión cuál es el lugar o el recinto donde ha de verificarse el registro.

La orden tiene que notificarse al dueño o arrendatario del lugar o edificio en que se va a practicar la diligencia. Este será invitado a presenciar el acto. Por lo general, debe asistir el secretario del tribunal. Es obligatorio levantar un acta, hacer un inventario de los bienes que se recojan y dejar constancia de las personas que participan en la diligencia. Deben evitarse las inspecciones inútiles y el uso innecesario de la fuerza. Los libros, documentos o papeles de la persona objeto del registro o recogidos en el transcurso de éste deben ser examinados por el juez. En los casos en que el allanamiento persiga la aprehensión de una persona, sólo podrá, detenerse a ésta, y habrá de respetarse a las demás que se encuentren en el lugar y a las que no se refiera el mandamiento.

El allanamiento practicado sin orden competente, fuera de los casos previstos por la ley o con infracción de las formalidades legales, es un delito.

Sin embargo, ningún allanamiento que practica Investigaciones se ciñe a las exigencias legales.

Los allanamientos y registros sin orden judicial, son métodos habituales de la policía.

Aunque es el juez el encargado por la ley de resolver qué lugar debe ser allanado, aquél dicta usualmente órdenes amplias de allanamiento, lo que también implica, como en el caso de los arrestos, delegar sus facultades en los funcionarios policiales.

En definitiva, por el sistema de los decretos amplios e indeterminados de allanamiento, es la policía la que decide qué recintos hay que allanar, lo que es ilegal. Con estas órdenes amplias de allanamiento, Investigaciones puede penetrar en la casa de cualquier habitante, con o sin justificación, lo que importa anular la garantía constitucional de la inviolabilidad del hogar.

Además suele ocurrir, como quedó comprobado recientemente en los registros practicados en el domicilio del abogado Alejandro Pérez Arancibia, que Investigaciones ni siquiera se molesta en utilizar el original de la orden de allanamiento, sino que le saca copia fotostática. De este modo, la policía se provee de todas las órdenes de allanamiento que desee.

Y, por supuesto, en el recinto allanado los funcionarios de Investigaciones infringen todas las formalidades legales.

No le notifican la orden al dueño o arrendatario y le impiden asistir al registro. No levantan acta ni hacen inventario de los objetos o papeles ni señalan los nombres de los funcionarios que intervienen en la búsqueda. Como tampoco participa en el allanamiento el secretario del Tribunal, ni el juez, ni ningún ministro de fe, Investigaciones puede inventar el hallazgo de cualquier objeto, libro, documento o papel en el recinto allanado. Y esto sucede muy a menudo, implicando de esta manera a inocentes o agravando la situación de los sospechosos.

Los funcionarios policiales se arrogan el papel de los jueces, examinando y revisando por su cuenta la documentación. Y cuando el allanamiento tiene por objeto la detención de una persona, no se conforman con aprehender a ésta, sino que también arrestan a todos los otros individuos que se encuentran en el lugar.

Hay un ejemplo muy reciente que ilustra los excesos, abusos e injusticias que provoca la actuación policial.

Con una orden amplia de detención y allanamiento, los funcionarios de Investigaciones penetraron en el domicilio de Gastón Salvatore Pascal. El objetivo de la operación policial era detener a este ciudadano y registrarle su casa en busca de antecedentes y pruebas comprometedoras para él. Como en su casa se hallaban alojados tres ciudadanos alemanes, también los arrestaron. Y si hubiera habido allí 200 personas, a todas las hubieran detenido. La policía sostuvo que había encontrado en el recinto abundante material subversivo. En el evento que Investigaciones no hubiera falseado la realidad, era natural y lógico suponer que esa documentación pertenecía al dueño de casa, Gastón Salvatore, y no a los ciudadanos alemanes que eran sus huéspedes. Sin embargo, la policía, sin fundamento alguno, le atribuyó ese material a aquellos extranjeros, quienes, con el solo mérito de esta imputación calumniosa fueron expulsados del país.

Tales allanamientos se han repetido numerosas veces, como en el caso del profesor francés Benjamín Fabre, recientemente.

Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, proclama la Declaración de los Derechos Humanos.

No podrá aplicarse tormento, dice la Constitución.

Pero son miles los ciudadanos flagelados en los cuarteles de Investigaciones. ¡Cuántos inocentes se han confesado culpables ante la imposibilidad física de resistir las torturas de la policía!

Quienes denuncian el trato inhumano que han sufrido en Investigaciones se estrellan contra la indiferencia y la incredulidad de los Tribunales. La prueba es siempre difícil, especialmente porque los jueces, lejos de demostrar interés en desterrar estas prácticas incivilizadas, parecieran más preocupados en mantenerlas. Frente a una denuncia concreta y a veces evidente de tortura, los magistrados se cubren la vista y se tapan los oídos. Los exámenes médicos que permitirían corroborar las acusaciones contra la policía, se postergan deliberadamente, hasta que hayan desaparecido los indicios. Nunca hay un médico disponible para constatar las lesiones oportunamente. Nunca hay agilidad, celeridad o premura para comprobar la veracidad de una acusación de tormento.

Todos los jueces saben que en Investigaciones se tortura, pero prefieren ignorarlo y ponen especial celo en encubrir y ocultar la dramática realidad. ¡Cuentos ciudadanos han quedado lisiados o trastornados por efecto de las flagelaciones y cuántos han sido condenados a causa de confesiones extra judiciales prestadas bajo la coerción y el suplicio!

Un ejemplo muy próximo.

González Calquín, una de las personas detenidas por Investigaciones en el allanamiento de una casa en Guayacán donde se habría estado impartiendo instrucción guerrillera, fue flagelado bárbaramente por la policía. Cuando compareció ante el Ministro sumariante mostraba huellas inequívocas de las flagelaciones policiales. Como un guiñapo humano cruzó los pasillos de la Corte, sujetado por funcionarios de gendarmería, porque no podía sostenerse en pie. Muchos abogados presenciaron el espectáculo degradante. Seguramente en este caso tampoco habrá sanciones para los responsables. Lo mismo puede decirse de las torturas a los jóvenes universitarios Jorge Silva Luvecce, Sergio Pérez Molina y al profesor francés Benjamín Fabre. La ley prohíbe la tortura; luego, el tormento no existe. Así parecieran razonar los Tribunales. Investigaciones puede continuar flagelando porque el Poder Judicial se niega a reprimir, sancionar y proscribir estos métodos; rechaza las evidencias más irrefutables y se abstiene de pesquisar las reiteradas denuncias que se le formulan al respecto.

Sólo el juez puede decretar la incomunicación de un detenido. La policía no está facultada para incomunicar a su arbitrio a cualquiera persona que es conducida al Cuartel de Investigaciones, a menos que el Tribunal competente que ha dictado la orden de aprehensión así lo disponga. No obstante, apenas un individuo ingresa en calidad de detenido a Investigaciones, queda automáticamente aislado y privado de toda comunicación, especialmente con el abogado que se presente a defenderlo. Este es otro abuso grave de la policía.

Junto a él, hay muchos otros que podrían señalarse.

Investigaciones oculta el nombre de los detenidos y no inscribe su ingreso en los libros respectivos. Se niega a certificar la presencia de detenidos en los cuarteles del Servicio o a exhibir los correspondientes registros. Para vencer la reserva policial es preciso hacerse acompañar por parlamentarios. A los abogados se les rehuye y priva de la más elemental información. Los detenidos no se ponen oportunamente a disposición del Tribunal y a veces permanecen varios días en los calabozos, hasta que la policía extrae de ellos todos los antecedentes que quiere obtener. Los partes policiales se falsean y adulteran y el detenido ignora su texto y las declaraciones que le atribuyen.

Cada uno de los atropellos y arbitrariedades mencionados, que cometen jueces y policías, constituyen delitos sancionados por la ley penal. El particular afectado se encuentra en muy precarias condiciones para querellarse y perseguir la responsabilidad de los culpables. Por lo demás, es muy poco lo que se logra con castigos aislados. Estamos frente a un tipo de delincuencia generalizada que sólo puede combatir la Excma. Corte, la cual dispone del ascendiente y los mecanismos legales para actuar.

Por mandato constitucional tiene la superintendencia correccional sobre todos los Tribunales de la Nación.

Y la ley le concede facultades disciplinarias para castigar los abusos y atropellos policiales.

Concretamente, la Ley 11.743 le permite a la Corte Suprema amonestar, suspender y remover a cualquier funcionario del Servicio de investigaciones, en razón de las faltas o abusos que hubieren cometido en el desempeño de sus cargos. Asimismo, do acuerdo con este mismo texto legal, la Excma. Corte puede dictar en cualquier momento autos acordados para el mejor desempeño de las funciones que incumben al Servicio de Investigaciones como auxiliares de la administración de justicia.

La Excma. Corte está, pues, en condiciones de restablecer el Estado de Derecho y para asegurar el respeto y la protección a los Derechos Humanos, atropellados tanto por los jueces como por la policía.

En cuanto a ésta, al Servicio de Investigaciones, hay que volver a colocarlo en su lugar. La policía es auxiliar del Poder Judicial. Debe ponerse término a la anómala situación actual, en que los Tribunales y los jueces parecen ser auxiliares de la policía y estar supeditados y subordinados a sus decisiones.

Para resguardar, cautelar y defender las garantías individuales y los Derechos Humanos, la Constitución y la ley consagran y reglamentan el recurso de amparo. Pero para que ésta sea eficaz es indispensable que los Tribunales lo valoricen en toda su trascendencia, como el más majestuoso de los recursos, puesto que tiende a preservar la libertad humana.

La efectividad del recurso de amparo depende de la rapidez con que se tramite y falle por las Cortes; de la oportunidad y presteza con que se subsanen los defectos legales y procesales; de la celeridad con que se recupere la libertad injustamente perdida o que se remedie la arbitrariedad policial o judicial.

Es deplorable constatar, sin embargo, el deterioro y el desprestigio actual del recurso de amparo en Chile. No es una exageración afirmar que ha perdido toda eficacia y efectividad y que no cumple el objetivo tan esencial a que está destinado. Ello se debe a que los Tribunales no respetan ni aplican las normas relativas al recurso de amparo, y a que la policía, con el asentimiento tácito del Poder Judicial, boicotea su tramitación.

La experiencia profesional nos lleva a destacar las siguientes deficiencias:

1) Los amparos no se fallan en el plazo de 24 horas, como lo ordena la ley. Hay casos, cada vez más frecuentes, en que la vista del recurso tiene lugar varios días y hasta una semana después de su presentación.

2) Las Cortes se abstienen de colocar en Tabla, conocer y resolver los amparos mientras no lleguen los respectivos informes policiales o judiciales. La policía, especialmente, se aprovecha de esta situación y retiene o dilata el mayor tiempo posible la remisión de dicho informe, para postergar el pronunciamiento de la Corte y prolongar la detención arbitraria.

3) Cuando la policía detiene a un individuo un fin de semana, no se preocupa de informar por lo menos hasta el lunes, aunque reciba él oficio de la Corte el mismo día sábado. Por eso Investigaciones tiene predilección por las detenciones ilegales en esas fechas, porque sabe que no habrá ningún Tribunal ni autoridad judicial que interfiera en sus actuaciones atrabiliarias durante esas 48 horas. Por esta razón, también, los fines de semana se han convertido en una pesadilla para los habitantes de este país, que quedan más indefensos que de costumbre.

4) Jamás aplican las Cortes la disposición legal que las faculta para comisionar a uno de sus Ministros a fin de que se traslade al lugar de reclusión a fin de enterarse de la situación del detenido, de las circunstancias de su arresto, y decretar de inmediato su libertad, si procediere, o subsanar los defectos reclamados. ¡Cuántos abusos y arbitrariedades se conjurarían y remediarían oportunamente, si se cumpliera este precepto!

5) Tampoco las Cortes ponen en práctica otra facultad que les confiere la ley, cual es la de ordenar que el detenido sea traído a su presencia o se ponga a disposición del Ministro comisionado.

Si realmente existiera respeto por la libertad y los Derechos Humanos, estas normas deberían aplicarse en todos los amparos; en especial cuando el individuo está detenido por la policía y con mayor razón cuando el arresto obedece a móviles o razones políticas.

6) Aun cuando se acoja el amparo y se ordene la inmediata libertad del detenido; aun cuando se revoque la orden de detención o se ponga al arrestado a disposición del juez competente o se subsanen los defectos procesales de que haya adolecido su aprehensión, es decir, aunque las Cortes constaten la arbitrariedad, el abuso y el atropello de que fue víctima el recurrente, nunca se pasan los antecedentes al Ministerio Público para que éste deduzca querella contra los funcionarios judiciales o policiales culpables. Por el contrario, los Tribunales Superiores se escudan detrás de frases sacramentales como es la de que "no hay motivo bastante" para perseguir la responsabilidad de los jueces o policías.

Un funcionario, policial o un magistrado puede cometer las peores iniquidades contra un ciudadano. Ellas pueden quedar plenamente demostradas con el recurso de amparo, pero nunca se sanciona al policía o al juez. El recurrente, el afectado, tiene que conformarse con recuperar su libertad o con que se corrijan ciertos defectos procesales. Pero nadie lo resarce de la amargura, el dolor, el sufrimiento, los daños materiales y morales que le ha provocado la arbitrariedad. Nadie es responsable ni nadie es sancionado por estos delitos contra los Derechos Humanos, contra los derechos garantizados por la Constitución. El Poder Judicial suele ser muy severo para sancionar delitos contra la propiedad, pero es excesivamente blando, contemporizador, tolerante y benévolo para castigar estos delitos contra la libertad y la dignidad humana que son los más abominables en toda la escala delictiva.

7) En los casos en que se recurre de amparo en favor de una persona detenida por Investigaciones, las Cortes por lo general se guían sólo por los informes policiales. Como éstos suelen ser falsos y mentirosos, el recurso se falla fundado en antecedentes inexactos. Raras veces las Cortes se preocupan de verificar la exactitud de la información policial o de allegar otros datos útiles para la más adecuada y justa resolución. Si el informe policial asevera que a un individuo se le detuvo porque se le encontró material subversivo o explosivo o propaganda sediciosa, por ejemplo, las Cortes hacen fe en la novela policial, sin indagar si tales imputaciones son efectivas o si esos elementos fueron hallados realmente en poder del detenido o si revisten la peligrosidad o importancia que les asigna Investigaciones. En los 'recursos de amparo se observa demasiada credulidad de los magistrados hacia los relatos policiales y muy poca iniciativa para pesquisar las reclamaciones o denuncias del recurrente.

En una reciente conferencia dictada por el Excmo. señor Presidente de la Corte Suprema sobre los Derechos Humanos, expresó que "para nosotros, los chilenos, es muy grato poder constatar que a pesar de los trastornos y cataclismos de todo orden que sacuden al mundo, nuestro régimen jurídico se mantiene incólume y que la ley ampara en amplitud los derechos que la Declaración sustenta...".

Estamos conscientes de que el optimismo de V. E. no resiste una confrontación con la realidad chilena.

La práctica y la experiencia diaria, acentuada este último tiempo, nos revelan la violación flagrante, reiterada e impune de los Derechos Humanos.

En nuestro concepto, a la Excma. Corte corresponde una función relevante en la protección de esos derechos, de las garantías constitucionales y de las normas procesales, para impedir que la arbitrariedad policial y judicial continúe enseñoreándose en nuestro país como en cualquiera dictadura latinoamericana.

Por eso le denunciamos estos hechos, para que los ponga en conocimiento del Pleno de la Excma. Corte, a fin de que el más alto Tribunal de la República adopte las medidas conducentes para restablecer el pleno goce y respeto de los Derechos Humanos.

JAIME FAIVOVICH


CONSEJO UNIVERSITARIO REVELA LAS TORTURAS AL PROFESOR FABRE

Con motivo de haberse detenido recientemente al profesor francés señor Louis Benjamín Fabre, y de los vejámenes y maltratos que, según diversas fuentes de información, se le habría hecho objeto por parte de la policía, el Consejo Universitario, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, ha acordado hacer la siguiente declaración:

1.— Don Louis Benjamín Fabre, funcionario del gobierno francés en actual desempeño docente en la Universidad de Chile, es un profesor universitario de alta jerarquía intelectual, de abnegada consagración a sus tareas. de ejemplar contacto académico con los estudiantes y de una disposición personal excepcionalmente abierta y generosa hacia ellos. Para la Universidad de Chile es un deber ineludible dejar constancia, en primer término, de su reconocimiento a estas cualidades del señor Fabre.

2.— Es motivo de creciente preocupación para las autoridades de la Universidad la desorbitada rudeza de procedimientos exhibidos por la policía en la pesquisa y represión de hechos que han conmovido a la opinión pública en el último tiempo. Esta preocupación trasciende, ciertamente, los casos en que se ha supuesto la intervención en tales hechos de profesores y estudiantes de la Universidad, y exterioriza el deber moral de la Corporación de denunciar públicamente que esos procedimientos, ejercidos sobre cualquier habitante de la República, importan el abandono de una tradición de respeto a los derechos humanos, que ha sido secularmente motivo de orgullo para nuestro país.

3.— En lo que concierne al maltrato físico de que se habría hecho víctima al profesor señor Fabre, el Consejo Universitario ha encomendado a don Eugenio Velasco, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que se entreviste con el señor presidente de la Excma. Corte Suprema a fin de requerir de él las facilidades necesarias para verificar personalmente, a la mayor brevedad, si el señor Fabre ha sido o no objeto de flagelaciones. Con esa información, el Consejo universitario procederá a adoptar los acuerdos y acciones que correspondan.

Santiago, 19 de noviembre de 1969.


RELATO DE LAS TORTURAS

En la mañana de hoy se ha reunido en sesión extraordinaria el Consejo Universitario para conocer el resultado de las gestiones encomendadas al señor Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, don Eugenio Velasco, referentes al maltrato físico de que habría sido víctima el profesor francés Louis B. Fabre, por parte de la policía. Como resultado de la información proporcionada el Consejo Universitario ha acordado dar a conocer la siguiente declaración:

1.— En cumplimiento de las instrucciones del Consejo Universitario cuyo tenor fuera publicado en el día de ayer, el señor Decano Velasco solicitó y obtuvo autorización del señor Ministro don Eduardo Varas Videla, Presidente Subrogante de la Excelentísima Corte Suprema, para entrevistar al profesor Fabre, quien se encuentra detenido e incomunicado en la Cárcel Pública, sometido a proceso que sustancia el Magistrado señor Carlos Pereira. En virtud de esta autorización, se convino una entrevista para el día jueves 20, a las 19.30 hrs., a la cual concurrieron los señores Decanos Eugenio Velasco y Fernando Kusnetzoff, el señor Magistrado Pereira, la Actuario del proceso y el profesor detenido.

2.— Los personeros universitarios dieron a conocer al señor Fabre la posición del Consejo Universitario, le expresaron que se encontraba ahora bajo la protección de la Justicia chilena y lo instaron a expresar toda la verdad respecto a los cargos de violencia física presuntamente ejercida en su persona. De sus declaraciones se desprende, en síntesis, lo siguiente:

a) A primeras horas del día lunes 17 del presente mes, el señor Fabre fue detenido en su casa habitación por personal policial y conducido de inmediato en automóvil al cuartel de Investigaciones; en el trayecto fue groseramente tratado y amenazado por los aprehensores. Ya en el cuartel fue sometido a un intenso interrogatorio por diversos funcionarios, respecto a los hechos que son de conocimiento público y que motivaron su detención. En vista de su negativa a proporcionar mayores antecedentes funcionarios policiales procedieron a vendarle la vista, conducirlo, según su impresión, a un local subterráneo, donde fue desnudado y amarrado fuertemente a una silla. Allí recibió diversos golpes, entre otros; uno que le afecta al oído izquierdo, produciéndole una sordera parcial; por último recibió aplicaciones eléctricas en órganos vitales y en la boca, para lo cual se utilizaron paños húmedos de modo de evitar ulteriores huellas en su cuerpo. A esta altura del interrogatorio el profesor Fabre declaró a los agentes todo cuanto ellos requerían, por lo cual se suspendió la violencia física y fue devuelto a otros recintos donde se vistió. Posteriormente recibió una más deferente atención.

b) Fluyen además de las declaraciones del profesor Fabre tres hechos que cabe mencionar: uno, que su detención se produjo en la mañana del lunes 17, siendo entregado al señor magistrado en la tarde del día martes 18. vale decir, cerca de 36 horas en poder de Investigaciones, lo cual fue corroborado por el señor magistrado Pereira, entrega que debió legalmente efectuarse de inmediato o a más tardar antes de 24 horas desde su detención; dos, que en entrevista previa con el señor Cónsul francés y el abogado señor Pilowsky, negó haber sido objeto de violencia física, pues no deseaba comprometer mayormente a través del señor cónsul a la representación diplomática de su país; tres, del mismo modo negó ante dos médicos de investigaciones haber sido maltratado mientras estuvo detenido, por desconfiar de ellos.

3.— Al terminar la entrevista, los personeros universitarios expresaron tanto al señor magistrado como al señor Fabre que procederían de inmediato a informar al señor Rector para que citara al Consejo Universitario, en el entendido que lo declarado, más allá de las implicaciones de sentido humano envueltas, constituiría motivo de acción legal de parte de la Universidad de Chile.

4.— El Consejo Universitario hondamente impresionado por las informaciones proporcionadas por los señores decanos Velasco y Kusnetzoff, ha dado de inmediato instrucciones a su Asesoría Jurídica para deducir acción pública de modo de establecer los hechos denunciados y exigir sanción a quienes resulten culpables ante la ley y la sociedad chilena de hechos que atentan a la dignidad humana y a la tradición democrática del país. Al iniciar esta acción, el Consejo Universitario desea dejar perfectamente en claro que con ello en modo alguno toma partido en las situaciones políticas y delictuales envueltas en torno al profesor Fabre y a otros detenidos. Es su propósito fundamental contribuir a la eliminación por parte de los encargados del orden público de prácticas propias de regímenes de fuerza, para lo cual hace un llamado a la comunidad universitaria y a la opinión pública a manifestar su repudio a tales prácticas. El Consejo Universitario manifiesta por último su confianza plena en la acción de las instituciones encargadas de la justicia en nuestro país.

Santiago, 21 de noviembre de 1969.


LLAMADO ESTUDIANTIL A PROTEGER DERECHOS DE LOS PRESOS POLÍTICOS

ANTE los graves hechos ocurridos en días pasados en relación al profesor Benjamín Fabre y las importantísimas implicaciones que ellas tienen para el quehacer universitario y el país en general, consideramos nuestro deber informar lo siguiente:

— El día lunes 17 de noviembre fue detenido en su hogar el profesor de los departamentos de Psicología de la Universidad de Chile y Filosofía de la U. Católica, don Benjamín Fabre y su señora esposa. Tal detención, efectuada arbitraria y brutalmente por funcionarios de Investigaciones, respondió a la sospecha de que en tal casa habría una persona implicada en el asalto al Banco de Crédito e Inversiones.

— Simultáneamente se inició una tendenciosa campaña informativa destinada a justificar tal detención y según la cual nuestro profesor sería encubridor y responsable de tales sucesos.

— Frente a ello los estudiantes de Psicología, quienes hemos tenido durante 3 años la oportunidad de apreciar la extraordinaria calidad humana y académica del Prof. Fabre y quienes podemos dar veraz cuenta de su marginalización de todo pronunciamiento verbal o efectivo en torno de cualquier partidismo, iniciamos un movimiento en pro de su libertad inmediata e incondicional, legítimo derecho que fuera violado con tan arbitraria detención.

De tal modo certificábamos también el exacto cumplimiento de los deberes que el profesor Fabre tenía en virtud de su calidad de miembro dé la Misión Universitaria Francesa, presente en Chile por convenios de Asistencia Técnica entre el gobierno francés y el chileno.

— A raíz de estos sucesos la Asamblea Normativa de la Facultad de Filosofía y Educación, conocedora también de tales méritos, se pronunció en su favor y decidió solicitar su inmediata contratación como miembro de la U. de Chile, expresando de esta manera su incondicional apoyo al Prof. Fabre.

— Posteriormente, el Consejo Superior de la U. de Chile, celoso defensor de los derechos humanos y de sus docentes, conocedor además de las innumerables irregularidades de nuestra policía, inició de inmediato gestiones destinadas a respaldar al profesor Fabre y a verificar el tipo de trato a que se le estaba sometiendo en el Cuartel de Investigaciones.

— De estas gestiones derivó un categórico pronunciamiento y la iniciación de una querella criminal de la U. de Chile contra el Servicio de Investigaciones acusando la flagelación y tortura de un profesor cuyo máximo delito era no poder declarar una complicidad inexistente respecto de los hechos investigados.

— Por otra parte, tanto nuestro Centro de Alumnos como diversas personalidades habían elevado recursos de amparo en el alegato de los cuales el abogado defensor, Sr. Pilowsky, demostró con documentos la existencia de convenios internacionales que determinan que el profesor Fabre, al igual que otros expertos franceses al servicio de nuestras universidades, goza de inmunidad de detención. Esto significa que su detención implica una gravísima violación de tales convenios, pero a la vez dicha inmunidad no impide que sea procesado por lo cual, de desarrollarse este proceso con verdadera justicia, queda abierta la posibilidad de demostrar su inocencia.

— El día sábado 2 de noviembre la Iltma. Corte de Apelaciones, constituida en la 3 Sala, pese a la claridad de tales convenios denegó el recurso de amparo, lo cual determinó una inmediata apelación a la Corte Suprema. La razón principal que determinó tal rechazo es que en el momento de la detención el profesor mencionado no estaba cumpliendo las labores para las cuales fue contratado.

— Conjuntamente con estas gestiones, el Director de Nuestro Departamento y el Centro de Alumnos solicitaron una entrevista con el Sr. Embajador de Francia, en el curso de la cual se nos informó que el gobierno francés no retiraría de sus funciones al Prof. Fabre a menos que nuestro gobierno lo solicitara y consideraría el respaldo unánime que los profesores y estudiantes de la U. De Chile prestaban al Prof. Fabre.

— Por otra parte, en conversación sostenida con el Subsecretario del Interior, Sr J. Achurra, se nos informó que el gobierno chileno, de existir la más mínima implicancia del profesor en los hechos investigados, solicitaría su inmediata expulsión sin hacer consideración de los otros hechos explicitados aquí anteriormente.

— En el curso del mismo proceso, Investigaciones detuvo al abogado Jaime Concha y a su esposa, al sociólogo Boris Felahá Lumi y al estudiante de Veterinaria, Mario Zuleta, ejerciendo en ellos las mismas brutales flagelaciones de las que fue objeto el Prof. Fabre y que, según es de conocimiento público, constituyen el método habitual de nuestra policía; basta para ello recordar el estado en que Investigaciones entregó al estudiante Jorge Silva al Juzgado correspondiente.

— Del análisis del conjunto de estos hechos, los estudiantes y profesores del Departamento de Psicología creemos necesario e ineludible destacar ciertos rasgos que tienen implicaciones generales gravísimas.

Tenemos ante nosotros una policía que no vacila en violar tratados internacionales en la persona de un profesor extranjero y que, aun con mayor violencia y brutalidad, atropella derechos en compatriotas nuestros, hecho que la descalifica como órgano representativo de un poder popular y la retrata en cambio como representante de grupos particulares.

La humanidad tiene muy tristes recuerdos de métodos semejantes usados por la Gestapo, por tenebrosos regímenes como el de Duvalier, en las prácticas de Argelia, etc. Para los universitarios, que recordamos el caso de los profesores argentinos, es una muestra más del cerco que extiende el sistema en torno a la libertad de pensamiento y el análisis veraz de la situación de nuestros países, análisis que tarde o temprano conducirá a una acción masiva en su contra.

— Es por ello que llamamos a todos los hombres libres de este país y especialmente a aquellos que cargan sobre sus hombros la enorme responsabilidad que significa mantener una representación popular o la de informar a la opinión pública a través de los medios de difusión, a extender estos análisis y reflexiones de manera que en los próximos días podamos iniciar una acción masiva radical destinada a denunciar estos hechos, buscar sus causas últimas e impedir que sigan repitiéndose.

Proponemos pues:

a) Pronunciarse públicamente sobre estos hechos;

b) Participar de una manifestación masiva a realizarse en la Casa Central de la U. de Chile, hecho que servirá para alertar al país acerca de tales arbitrariedades;

c) Movilizarse a fin de determinar la situación actual de todos los presos políticos e impedir la aplicación de sanciones a personas que, como en el caso del profesor Benjamín Fabre, son totalmente inocentes.

Paulo Hidalgo Reyes, Director Depto. Psicología.— Raquel Salinas Bascur, Presidenta Centro Alumnos Psicología.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02