El fin de una casta


Leonardo L. Cáceres.
Ediciones Punto Final. Nº 9
Santiago de Chile, Febrero de 1966.

EL FIN DE UNA CASTA

“No es posible que el egoísmo o los intereses creados obscurezcan la verdad
y nos impidan ver la miseria que nos rodea y se perpetúa entre nosotros”.

(Carta Pastoral de los Obispos de Chile, 1962).

DE golpe y porrazo, como fruto de la larga maduración de un proceso político, económico y social, la Reforma Agraria dejó de ser un tema tabú. Ahora todos hablan de ella y, lo que es más peligroso, todos se declaran sus partidarios. En un foro organizado por la Sociedad de Economistas Agrarios en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, un dirigente de los campesinos exclamó casi con amargura: "Es una lástima que ahora todos sean partidarios ardientes de la Reforma Agraria. Cuando nosotros la defendíamos hace diez u ocho años, se nos decía que éramos comunistas, revolucionarios, agitadores, elementos peligrosos. Incluso se nos expulsaba con carabineros de los fundos en que trabajábamos. En cambio ahora, a los patrones les bajó una tremenda sensibilidad social que nunca les habíamos visto. Al revés de lo que pudiera pensarse, esto no nos alegra, sino que nos hace temer. Porque si hacen la Reforma como a ellos les gusta, no va a ser una Reforma verdadera".

Este es, precisamente, el gran problema y la causa de todos los debates. Se trata de que Chile necesita una VERDADERA REFORMA AGRARIA. No una cualquiera, sino una que solucione real y efectivamente, y a corto plazo, el problema de la tierra. Durante la pasada campaña electoral que llevó al poder al actual Gobierno, la candidatura del Frente de Acción Popular, encabezada por el senador Salvador Allende, insistió en la urgencia y necesidad de la Reforma Agraria. La Oficina Central de Planificación dependiente de dicha candidatura, y que fue dirigida por el economista Max Nolff, editó una serie de folletos sobre sus medidas de Gobierno más fundamentales, entre los cuales hay uno dedicado a la Política Agropecuaria. Allí se afirma que "el Gobierno Popular realizará UNA AUTENTICA REFORMA AGRARIA para transformar el régimen de propiedad de la tierra y de las formas de trabajo y explotación agropecuaria: nuestra reforma agraria no será una solución aislada sino que formará parte de un conjunto planificado de reformas estructurales que contemplen la eliminación del latifundio improductivo; la supresión del monopolio comercial e industrial; la liquidación de la penetración foránea y la estatización de la alta banca con el objeto de poner de nuevo a toda la economía chilena en movimiento y sacarla de su actual postración. Nuestra Reforma Agraria, planeada socialmente, resulta indispensable para satisfacer las legítimas aspiraciones de los trabajadores de la ciudad y del campo y para asegurar la condición previa más importante de nuestro desarrollo económico y social que consiste, precisamente, en la liberación de la energía y potencialidad creadoras de las masas rurales, las que han sido contenidas y oprimidas por siglos".

Este párrafo es una verdadera definición de lo que entendía —y entiende— por "Reforma Agraria", como solución para los problemas agrícolas chilenos, el Frente de Acción Popular.- Por su parte, uno de los economistas más destacados en el grupo de los que se alinearon con la candidatura presidencial triunfante de la Democracia Cristiana, Jacques Chonchol, definió a principios de 1964 a la Reforma Agraria como "un proceso masivo, rápido y drástico de redistribución de los derechos sobre las tierras y sobre las aguas. La Reforma Agraria no es colonización, ni se pueden emplear en la Reforma Agraria los métodos de la Colonización". [1]

Otro de los expertos que colaboraron con el actual Presidente, y que hasta su muerte sirvió en propiedad, aunque con períodos temporales de ausencia, el cargo de Director de la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República, Jorge Ahumada, definió también su propio y personal concepto de la Reforma Agraria: "Se entiende por Reforma Agraria un conjunto de medidas destinadas a modificar en forma rápida y substancial las características de la explotación agrícola de un país o región. Cuáles son las características que se precisa modificar y cuáles son las medidas que conviene adoptar para producir los cambios, son cuestiones que dependen de los objetivos que persiga la Reforma y de las condiciones específicas del lugar donde se apliquen.

"En el caso de Chile, la Reforma debe perseguir dos objetivos generales: permitir, por una parte, que mejore la productividad y aumente el volumen de la producción agrícola y, por otra, contribuir a corregir la desigualdad excesiva de la distribución de: ingreso. Que la Reforma es una condición indispensable para conseguir el primero de los objetivos mencionados es un hecho bastante conocido, pero se suele olvidar que es sine qua non para el segundo". [2]

Las definiciones de Reforma Agraria son tantas como personas se han ocupado del tema. Aníbal Pinto, economista chileno de fama internacional, escribió en su libre "Hacia Nuestra Independencia Económica” (1953) que "la Reforma Agraria es punto destacado en el cuadro agrícola y su trascendencia, como lo ratificó la iniciativa de los Estados Unidos —que no puede llamarse un país izquierdista— de incluir el problema en la tabla permanente de las Naciones Unidas, crecerá con el tiempo. No ha sido inventado ni por ideólogos ni por agitadores. Pertenece a esa cadena de acontecimientos que se presentan con regularidad notable, aunque no con rasgos idénticos, en el curso del desarrollo económico y social de los pueblos.

"Aunque su nombre tenga resonancias izquierdistas, y a veces hasta revolucionarias, la naturaleza esencial de la Reforma Agraria es profundamente conservadora. Su objetivo básico es la extensión de la propiedad; no su negación".

La última referencia al concepto de "Reforma Agraria" proviene de la Sociedad Nacional de Agricultura, asociación de propietarios agrícolas que se pronunció abiertamente contra el proyecto del Gobierno, y agregó: "Creemos necesario insistir una vez más que somos partidarios de una Reforma Agraria y que la deseamos justa y democrática; no perseguimos un objetivo mezquino de sabotear otras iniciativas porque sí, sino que deseamos sinceramente, con espíritu elevado, una reconsideración sobre un proyecto que contiene errores.

"Nunca el país ha estado más receptivo para poder hacer sacrificios en el sector agrícola. Perder esta oportunidad para dignificar a los que lo necesitan y proyectar la comunidad, tras un objetivo de común esfuerzo que se frustraría al inyectar el resentimiento en la vida nacional es la más grande de las responsabilidades que puede recaer sobre Gobierno alguno, y que sin duda será marcado por la historia".

I

¿SOLO AGITACIÓN POLÍTICA?

PERO, ¿cuál es la razón de que se haya estudiado tantas veces el problema agrícola chileno? ¿Por qué se habla en tonos tan distintos, pero en el fondo idénticos sobre Reforma Agraria? ¿Es todo esto el simple resultado de una labor de agitación política, o hay otras causas más profundas?

Para intentar una respuesta a estas interrogantes, examinemos brevemente y con los datos en la mano, la realidad de la agricultura chilena y las condiciones de vida del campesino, elemento vital y básico del problema.

En una carta pastoral titulada "Desarrollo: éxito o fracaso en América Latina", el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Obispo de Talca, Monseñor Manuel Larraín, afirma que "nuestro subdesarrollo aparece ante todo en el estado de nuestra agricultura. Existen, en abundancia en todos los países de América Latina, tierras ricas y fértiles que podrían alimentar suficientemente a una población mucho más numerosa, y aún más, que podrían subvenir a las necesidades alimenticias de otros continentes menos favorecidos que el nuestro, desde este punto de vista.

"Pero estas tierras, o quedan en proporción grande en baldío, o muchas de ellas son cultivadas por quienes no saben emplear debidamente las semillas, abonos, etc., que podrían proporcionarles mejores cosechas. Por eso hay hambre en nuestro Continente, y se sufren todas las enfermedades y trastornos físicos causados por una alimentación insuficiente".

El Obispo plantea en su categórica afirmación dos puntos básicos, aplicados por igual a toda América Latina, y de los cuales no se ve razón alguna para excluir a Chile: tenemos tierras suficientes para alimentarnos y más aún, exportar productos agropecuarios y, segundo, las tierras son mal aprovechadas, de lo cual nace el hambre como fantasma real y tangible. No son éstas por supuesto las únicas causas.

La historia chilena nos muestra el origen del actual sistema de tenencia y explotación de la tierra. En 1619, el Virrey del Perú dictó las normas para el inquilinaje, a las cuales debían ajustarse todos los que vivieran en las haciendas chilenas, y que se llamaban —como ahora— inquilinos:

—dedicar por lo menos 160 días al año al servicio de su patrón;

—como pago recibirá un pedazo de tierra suficiente para sembrar un almud de maíz, dos de cebada, dos de trigo y algo de porotos;

—el patrón prestará los animales de trabajo y los implementos necesarios para la labranza.

II

LOS "OBLIGADOS"

TRESCIENTOS cuarenta y cuatro años más tarde, en el año agrícola 1964-1965, el patrón de un fundo de Melipilla envió a sus inquilinos la siguiente carta estipulando las condiciones de trabajo:

—Cada casa deberá proporcionar al fundo dos "obligados";

—El uso de la casa y el cerco se dividirá como parte de su remuneración, entre los dos obligados;

—Cada obligado tendrá las siguientes garantías: ración de la tierra y un cuarto de cuadra, dos talajes, tres quintales de harina al año, 150 kilos de porotos al año, derecho a sacar leña sólo para su uso y en los puntos que se le indique;

—Salario para cada obligado de Eº 1,22 diarios, en el año agrícola 1964-1965;

—Por concepto de seguro se le descontará diariamente Eº 0,12;

—En caso de no cumplir con todas estas obligaciones, deberá dejar el fundo.

Las relaciones patrón-inquilino se han mantenido, en sus líneas básicas, igual que en los primeros tiempos de la Conquista. No es ajeno a esta situación el hecho de que hasta hace muy pocos años los dueños de la tierra desempeñaron un papel preponderante en la política nacional, y de una u otra manera estuvieron siempre gobernando la nación. Su influencia era tan importante, y su mentalidad —invariable— tan poderosa, que en 1931 dieron a la publicidad un indignado manifiesto oponiéndose al Código del Trabajo, que fue promulgado por el DFL 178 del 28 de mayo de ese año. Decía el manifiesto que la mencionada legislación "hiere en forma grave los intereses de los agricultores. De ahí que la Sociedad Nacional de Agricultura haya estudiado a fondo sus disposiciones y haya desarrollado una intensa actividad ante los Poderes Públicos, para obtener su reforma total o parcial, en lo que respecta a la industria agrícola.

"Los aspectos de la ley que se han hecho presentes al Gobierno y que señalan los perjuicios que producirían a la agricultura y la imposibilidad de darles cumplimiento son:

—celebración de contratos escritos con todo el personal,

—pago de una imposición mensual del 5% al fondo de retiro sobre los sueldos y garantías, por cuenta del empleador,

—gratificación obligatoria del 20% de la utilidad líquida, que debe ser distribuida entre los empleados; o bien, gratificación de tres meses de sueldo, una vez al año para cada empleado. Se deja constancia, sí, que a este respecto, la Sociedad Nacional de Agricultura ha hecho un concienzudo estudio de la materia y sostiene que, aún dentro del nuevo Código, la obligación de gratificar a los empleados, no rige para la agricultura, pues la ley se refiere, en este punto, a los establecimientos comerciales e industriales y aparece de manifiesto que la faena agrícola no es ni una ni otra cosa,

—necesidad de llevar libros de contabilidad para determinar la utilidad y regular la gratificación,

—obligación de tomarle al empleado un seguro de vida,

—desahucio de un mes de sueldo al empleado a quien se despide o suprime,

—indemnización de un mes de sueldo por cada año de servicio posterior al año 1924 y de medio mes de sueldo, por cada año anterior a 1925 a los empleados despedidos o suprimidos,

—necesidad de un empleado que corra con el papeleo, planillas, etc.,

—obligación de mantener su ocupación a los empleados que hacen su Servicio Militar,

—licencia de cuatro a seis meses en caso de enfermedad, con pago de todo o parte del sueldo,

—feriado anual de 15 días con sueldo íntegro,

—obligación de proporcionar al obrero y su familia una habitación higiénica y adecuada y de estipularlo en el contrato.

"Las consideraciones expuestas son en líneas generales, las que en innumerables oportunidades ha hecho valer la Sociedad Nacional de Agricultura al Gobierno y que han servido de fundamento para solicitar la derogación del Código del Trabajo con respecto a la agricultura, o por lo menos una reforma completa".

III

REALIDAD CAMPESINA

ESTA posición de los agricultores chilenos se ha mantenido siempre, a través de la historia nacional. Aún hoy día no está determinada la duración de la jornada de trabajo para los campesinos, y los reajustes de salarios son determinados por Comisiones en las que no están representados los trabajadores y que en los últimos años —con excepción de 1965— han señalado alzas inferiores a las que se concedieron a los trabajadores de los sectores industriales, del comercio o de la minería. [3]

Examinando la situación más concretamente, nos encontramos con que uno de los problemas más graves del campesino chileno es la vivienda. En un estudio efectuado por el Pbro. Oscar Domínguez en los fundos de más de cien hectáreas de la provincia de O'Higgins, y que se publicó en 1961 con el título de "Una Oportunidad en la Libertad", se llega a conclusiones abismantes. Por ejemplo: el 71% de las casas de los inquilinos fueron construidas antes de 1940, y el 17% entre 1941 y 1950. Pero las cifras no nos dicen nada, si no consideramos otros factores.

Si se las concibe como simple protección para la intemperie, las casas de los inquilinos cumplen esa función; pero, además, se estima que la casa es el lugar donde se desarrolla la vida social, la vida familiar y la vida interior de cada uno de sus ocupantes. Y es difícil que todo ello se realice en viviendas como las que describe el Pbro. Domínguez:

"La mayor parte de las casas de inquilinos son de adobe, de tres piezas y un corredor. El 13% de las casas es de ladrillo; la mitad tiene luz eléctrica, al menos algunas horas en la noche.

"Sólo el 20% de las casas de inquilinos tiene piso de madera en las tres piezas o en alguna de ellas, y en las otras piso de cemento, baldosa o tierra. El 11% tiene piso de baldosa o cemento y el 66% de tierra o ladrillo suelto. De esta manera el piso no permite mantener la higiene indispensable para evitar la presencia de insectos domésticos.

"El origen del agua para beber proviene de acequias en el 70% de las casas de la provincia de O'Higgins; el 17% dispone de agua de pozo o de vertiente y un 8% está unido a una cañería de agua potable. Del 5% restante no se obtuvo una información. El agua de acequia deja al campesino totalmente indefenso ante cualquier infección; la mayoría de las casas pueden obtener el agua de esta manera en la proximidad, sin tener que recorrer distancias importantes.

"El 55% de las casas carecen de instalación alguna de letrina; sólo el 22% ha hecho una letrina sobre pozo negro y el 20% sobre acequia. Del 3% restante no se obtuvo información. Es curioso observar que en una provincia desarrollada en todos los aspectos, con buenos servicios de transporte y de electricidad, carezca de los servicios higiénicos, y de aprovisionamiento de agua, con las exigencias mínimas para proteger la salud de los pobladores. Se observó que en un 13% de las casas, los mismos interesados habían instalado sus letrinas.

"La cocina es, sin lugar a dudas, un lugar importante en la casa. La esposa debe pasar allí gran parte del día y dedicar sus esfuerzos para preparar la alimentación de la familia. Sin embargo, el 35% de las viviendas tienen la cocina fuera de la casa; el 13% en pieza que también sirve para otros fines; el 30% dentro de la casa, en pieza exclusiva, estrecha y sucia, y el 19% dentro de la casa, en pieza exclusiva limpia y con luz. En cuanto al tipo de cocina, el 40% es una hornilla de fierro en el suelo, lo que es incómodo, pues exige a la dueña de casa trabajar agachada; es poco económica, pues desperdicia el calor del fuego y ensucia. El 38% son cocinas de ladrillo o en chimenea, el 12% es económica y el 4% de parafina.

"La casa es el único refugio del trabajador, donde se supone que debe pasar tranquilo, en compañía de su familia. En las casas de los inquilinos de la provincia de O'Higgins habitan familias numerosas: el 68,5% tiene más de cuatro hijos, y de éstos, el 25% tiene más de siete hijos. Más aún, únicamente en el 44% de las casas residen padres e hijos. En el resto, viven otros allegados no relacionados con la familia (27%) y parientes diversos (29%). La relación entre el número de viviendas y el número de trabajadores llega casi a tres trabajadores por casa, lo que muestra que los empresarios procuran estabilizar la mano de obra en sus fundos, pero manteniendo dos o más trabajadores en la misma casa, sean o no de la misma familia".

IV

LOS INQUILINOS

HEMOS reproducido parte del estudio efectuado por el Pbro. Domínguez, pues a pesar de haberse realizado en una de las provincias con mejores condiciones, es significativo y demuestra el bajo standard de vida de nuestros campesinos.

Los expertos han determinado, en cuanto al sistema de inquilinaje, que existe por igual en los terrenos agrícolas de todo nuestro territorio, que no alienta ni estimula el progreso del campesino; por el contrario, lo somete a constante vigilancia y al no existir para el inquilino ningún interés directo en la explotación, permanece más bien como un elemento pasivo, sin demostrar su propia capacidad e iniciativa.

La inseguridad ante el futuro lo somete al patrón, quien dispone de él a su antojo. El pago de parte importante del salario a través de regalías ha sido la base de innumerables abusos y engaños, y, en el caso específico de regalías en tierra, es una forma de remunerar con esfuerzo ajeno. Esto se explica de la siguiente manera:

Hasta el año 1965 los patrones estimaban que las tierras dadas en regalía equivalían al 30% del salario mínimo; sin embargo, si las mismas tierras se arrendaban, su valor no pasaba más allá del 10 al 15% del salario mínimo. La diferencia corresponde a lo que el inquilino y su familia obtienen al hacer producir con su trabajo esas tierras.

El actual Gobierno estableció que el 75% del salario debe pagarse en dinero efectivo y que se debe seguir otorgando la misma cantidad de regalías que el año anterior.

Ante esta medida, los patrones decidieron reducir la mano de obra en sus fundos y empezaron a despedir trabajadores. El Gobierno, en consecuencia, decretó la inamovilidad de los asalariados. Frente a tal decisión, los patrones resolvieron no dar trabajo a los campesinos, de manera que se transformen en cesantes. Esto constituye una manera indirecta de echarlos.

Toda esta serie de factores determinan que los campesinos no gocen en la actualidad de casi ninguna de las garantías de que disponen los habitantes de las ciudades. En los últimos años se han formado alrededor de las más importantes ciudades del país verdaderos "cinturones de miseria", fenómeno similar al de varios países latinoamericanos. Esta enorme población —que en Santiago fluctúa alrededor de los 600 mil— está constituida en su gran mayoría por inquilinos que aburridos y desesperados por la falta de oportunidades que les ofrece el campo, han emigrado a las ciudades en busca de trabajo. Pero al irrumpir violentamente y sin la preparación adecuada, han quedado reducidos a la calidad de "callamperos". Este es un índice demostrativo de las condiciones de vida de los inquilinos chilenos.

Por otra parte, las estadísticas educacionales señalan que a la Universidad ingresa sólo una muy pequeña proporción de hijos de obreros y campesinos. Exactamente, del total de estudiantes universitarios, el uno por ciento pertenece al sector popular. De este uno por ciento, una leve proporción, casi insignificante, pertenece al sector campesino.

Se suma a ello la falta de organización, que siempre fue saboteada por los dueños de la tierra. Las huelgas en la agricultura han sido escasísimas en nuestra historia, y cada vez que se han registrado han costado enormes sacrificios a los trabajadores. En la actualidad se discute en el Congreso un proyecto de ley de sindicalización campesina, primer intento serio por reglamentar la organización de los obreros agrícolas.

V

LA PROPIEDAD AGRARIA

POR último, entre las causas de la mala situación de la agricultura chilena, está la pésima distribución de la propiedad. De acuerdo al Censo Agrícola Ganadero de 1955, se confeccionó el siguiente cuadro que comprende las provincias de Aconcagua, Valparaíso, Santiago, O'Higgins y Colchagua, es decir, la zona más rica de Chile y que estipula el tamaño, el número de explotaciones, la superficie arable y la superficie regada. [4] Las cifras se expresan en hectáreas.

Tamaño

Número de explotaciones

Superficie arable

Superficie regada

A — menos de 1

10.497

2.764,92

2.060,8

B — 1 a 49

15.288

97.050,8

54.900,5

C — 50 a 199

1.795

112.636,5

66.334,5

D — 200 y más

1.526

640.805,2

318.581,7

El problema del minifundio se encubre en la categoría "B" (de 1 a 49 hectáreas). De esas 15.288 explotaciones, sólo 2.170 tienen más de veinte hectáreas de superficie total.

Las propiedades que cuentan con una extensión superior a 200 hectáreas en todo el país, y que constituyen el 11 por ciento de las explotaciones, controlan el 88 por ciento de la superficie agrícola nacional. Esta gran concentración de la propiedad no es sólo el reflejo de que vastas extensiones de terrenos vírgenes o inservibles del sur del país están en manos de pocas personas, lo que no tendría mucha importancia. Ocurre que las explotaciones de 200 hectáreas y más de la zona central (ver cuadro), que constituyen apenas el 8 por ciento de las explotaciones de la zona, sin contar la categoría "A", por tratarse de propiedades demasiado pequeñas, controlan el 80 por ciento de la superficie agrícola. Además, las propiedades mayores de 200 hectáreas, incluyen el 76 por ciento de toda la superficie regada del territorio nacional. Ellas concentran el 70 por ciento de la superficie cultivada, el 68 por ciento de todo el ganado vacuno y el 65 por ciento de todas las siembras de trigo.

Estas cifras indican, necesariamente, que si hay pocas personas con mucha tierra, tiene que haber muchas con poca tierra. Según el mismo censo citado, había en 1955 un total de 648 mil personas trabajando en la agricultura. La situación no ha variado substancialmente en los últimos años. De ésas, una de cada seis era propietaria de la tierra que trabajaba, de modo que hay 540 mil labradores que no poseen tierras de su propiedad. Es efectivo que no es obligatorio que todo el que trabaje en el campo sea propietario, porque si así sucediera, todos poseerían muy poca tierra y las explotaciones serían absolutamente antieconómicas.

Pero también es cierto que de ese medio millón de obreros agrícolas que no poseen ni una cuadra, hay muchos con capacidad de empresa y potencialidad más que suficientes para ser propietarios, pero no tienen dónde ni cómo ejercer sus cualidades. Por lo demás, ¿es justo que sólo un 11 por ciento de chilenos sean dueños del 88 por ciento de la superficie agrícola nacional?

Volviendo a la zona central, cuya situación está reflejada en el cuadro, un 36 por ciento de las explotaciones agrícolas (categoría "A") cuenta con menos de una hectárea cada una, y el 82 por ciento de las explotaciones agrícolas (categoría "B") controla apenas el 11,5 por ciento de la superficie arable.

La Sociedad Nacional de Agricultura planteó, en el último número de su revista "El Campesino", que las cifras dadas por el Presidente de la República, y que se basaron en el Censo Agrícola Ganadero de 1955, al igual que las que nosotros estamos exponiendo —no son valederas porque la situación ha variado substancialmente en los últimos años. Dice la SNA: "¿Tienen hoy adecuado valor esas cifras? ¿Por qué se insiste maliciosamente en presentar un rostro ya cambiado de la agricultura chilena, aconsejando, ahora, medidas para una realidad que existía hace 10 años? ¿Hay una intención aviesa en todo esto? ¿Por qué no se dicen las cifras del nuevo censo del año 1965, que sólo se cita cuándo y dónde ellas favorecen la causa que se quiere probar?". Nosotros no hemos visto en parte alguna cifras que citen como fuente al Censo agrícola de 1965. Por lo demás, sus resultados aún no se conocen, porque se está recién en la etapa de la tabulación con máquinas IBM. Se estima que podrá ser publicado en el próximo mes de abril, lo que será un éxito, pues el Censo de 1955 se publicó recién en 1959.

En todo caso, un último hecho da la pauta de un sistema que es urgente y necesario alterar: el ingreso medio, per cápita, en Chile, es de 480 dólares para el año 1964. En el sector agrícola, no alcanza a 150 dólares anuales en el último quinquenio. Pero como el ingreso no se distribuye igual para todos, se llega a la conclusión de que un grupo importante de campesinos subsiste con un ingreso menor a 100 dólares anuales. En otras palabras, con Eº 41,60 mensuales. ¿Puede alguien vivir o subsistir dignamente con esa cantidad? ¿O es que no hay que preocuparse porque ellos son "campesinos" ...?

VI

UN PUEBLO MAL NUTRIDO

EN la campaña electoral de 1964, se plantearon con claridad algunas medidas que el país consideró indispensables y urgentes. Los chilenos se inclinaron mayoritariamente por los candidatos que prometieron llevar a cabo esas tareas. Este es un hecho incontrovertible, sobre el cual nos parece que no cabe discusión. El problema, en consecuencia, se circunscribió a elegir únicamente entre los dos candidatos que discrepaban no en las cosas que había que hacer, sino en la forma de realizarlas.

El 21 de mayo de 1965, en su primer mensaje ante el Congreso Nacional, el Presidente de la República afirmó:

"No hay posibilidad de salir del estancamiento, superar el flagelo de la inflación y lograr un mejor equilibrio en nuestra balanza de pagos, ya que importamos sólo en alimentos más de 120 millones de dólares al año, si no somos capaces de realizar una política agraria que aumente sustancialmente nuestra producción agrícola y ganadera.

"En términos relativos ésta es la actividad que ha tenido un más lento crecimiento. El desarrollo industrial, minero, servicios y otros, han crecido con una rapidez muy superior. El crecimiento de la producción agropecuaria ha sido en los últimos años apenas paralelo al demográfico, de tal manera que hoy disponemos per cápita de más o menos lo mismo que hace 20 años".

El lento desarrollo de la producción agropecuaria comprende, en forma alarmante, la salud y el vigor del pueblo de Chile, ya que estamos comiendo menos que lo que aconsejan los expertos en nutrición y menos también de lo que comíamos hace 15 ó 20 años atrás, y todo esto a pesar del crecimiento acelerado de las importaciones de alimentos y del estancamiento de las exportaciones agropecuarias.

Así, por ejemplo, el consumo de carne por habitante al año, que era de 53 kilos en el período 1945-47 bajó a 34 kilos en 1957-59 y aún ha seguido disminuyendo. El consumo diario de proteínas de origen animal que debiera ser de un mínimo de 34 gramos por habitante al día, ha bajado de 30 a 26 gramos en el lapso señalado.

El consumo de proteínas de origen vegetal que debiera ser de 51 gramos sólo alcanza a unos 44 gramos por habitante-día. El consumo de calorías por habitante-día que debiera ser en promedio de unas 2.600 calorías llega sólo a 2.380, habiéndose sostenido en este nivel sin variaciones de importancia en los últimos lustros.

VII

LOS "MARGINALES"

OTRA característica del atraso agropecuario de Chile, se puede advertir en el hecho de que el 27,5% de la población activa del país está dedicada a la agricultura y que este sector sólo originó en el período 1963-64 el diez por ciento del producto geográfico bruto, lo cual indica un producto per cápita, para el mismo sector, de sólo un tercio del promedio nacional.

La escasa productividad de la agricultura determina un bajo nivel de ingreso, en comparación con otras ramas de la actividad económica, situación que se agrava por la mala distribución de dicho ingreso dentro del sector. La marginalidad del campesino con respecto a la vida nacional no es solamente económica, sino también cultural, política y espiritual.

Todos estos factores estuvieron presentes en el ánimo de los candidatos y de los electores el día 4 de septiembre de 1964. El Frente de Acción Popular ofreció al país un proyecto de Reforma Agraria que ellos mismos sintetizaron en los siguientes aspectos: liquidación del latifundio "el primero y más importante cambio estructural en el sector agrario". La Oficina Central de Planificación (OCEPLAN), afirmó que de las 151 mil explotaciones agrícolas que existen en el país, se expropiarían no más de 2 a 3 mil, o sea, menos del 2% del total de las propiedades, lo que alcanza al 66% de la superficie agrícola del país.

El segundo cambio fundamental se referiría al régimen y distribución de aguas. "Se creará el estanco de las aguas —dijo OCEPLAN— el que concederá el usufructo de ellas a través de organismos adecuados". En cuanto a las expropiaciones, éstas se pagarían con una compensación equivalente al avalúo de la propiedad. Esta indemnización se cancelaría a los afectados con bonos a 30 años plazo y con un interés del 4 por ciento anual, "el que no puede ser considerado exiguo, ya que durante el Gobierno Popular no habrá desvalorización de la moneda".

La tierra expropiada sería entregada básicamente a los campesinos que la trabajan, vale decir a los inquilinos, medieros, obreros agrícolas, pequeños y medianos arrendatarios y a los propietarios de minifundios. Se establecería también el "patrimonio campesino", que será "la unidad mínima de explotación agrícola cuya superficie, como es obvio, será diferente de acuerdo a las particulares condiciones de los suelos en las diferentes regiones del país".

Los asignatarios de la tierra quedarían como propietarios, pese a lo cual recibirían el estímulo del Estado para organizarse en cooperativas de producción, de crédito, de comercialización, etc. También "habrá tierras entregadas a los campesinos en forma colectiva, para que la trabajen bajo la dirección del organismo público encargado de la Reforma Agraria". Por último, el Estado "se reservará determinadas tierras para explotarlas directamente, con el fin de organizar granjas modelos y campos experimentales, intensificar cultivos especiales o asegurar el abastecimiento de alimentos esenciales y materias primas necesarias para la industria nacional".

Estos eran los planteamientos esenciales de la Reforma Agraria que habría hecho el senador Salvador Allende si hubiera triunfado en las elecciones presidenciales de 1964. O al menos, así lo indicaban sus técnicos.

VIII

EL PROYECTO DE REFORMA AGRARIA

EL Gobierno de Frei, pese a haber reiterado que sus proyectos básicos estaban todos listos, asumió el Poder y dejó pasar un año entero, durante el cual se habló mucho —tal vez demasiado— de cómo iba a ser la Reforma Agraria. Fue un año de espera, como cuando el padre se pasea por la antesala del pabellón, ansiando escuchar de una vez por todas el primer llanto de su hijo, y sufriendo como en carne propia los dolores de la madre. El momento del parto fue solemne.

Por el correo misterioso de los duendes, una copia del proyecto de Reforma Agraria llegó a poder de los agricultores un día antes que lo conociera el país. El Presidente Frei invitó al Salón Rojo del Palacio de la Moneda a más de quinientas personas, incluyendo a los dirigentes de todas las Asociaciones Agrícolas del país. Pero ellos no acudieron a la Moneda. Estaban encerrados en una sala del tercer piso de la Sociedad Nacional de Agricultura, en calle Tenderini, estudiando los alcances del proyecto. Era el día lunes 22 de noviembre de 1965, por extraña casualidad, el segundo aniversario de la muerte de John F. Kennedy, el Mandatario norteamericano que impulsó la Alianza para el Progreso.

En esa ocasión, Frei leyó una larga exposición por cadena nacional de radios y televisión, y tres días después envió al Congreso su proyecto de ley. El documento comienza definiendo algunos conceptos, como "predio abandonado" (aquel que no es objeto de hechos positivos de explotación económica, como cultivos agrícolas, empastadas, crianza de ganados, etc. El hecho de que el predio esté cercado o que tenga cuidadores o la existencia de construcciones o la simple explotación de subsistencia, no constituirán por sí solos pruebas de explotación económica); "predio mal explotado" (aquel cuya productividad se encuentra por debajo de los niveles adecuados en relación a las condiciones económicas predominantes en la región para tierras de análogas posibilidades); "unidad agrícola familiar" (la superficie de tierras que, dada la calidad del suelo, ubicación, topografía, clima y otras características, en particular la capacidad de uso de los terrenos, siendo explotada personalmente por el productor, permita al grupo familiar vivir y prosperar merced a su racional aprovechamiento); "campesino" (el obrero o empleado cuyo trabajo habitual y continuo se realiza en el campo, así como el ocupante, mediero, arrendatario, tenedor o dueño de tierras, siempre que lo sean respecto de una superficie no superior a la de la unidad agrícola familiar. En ningún caso se considerará como campesino al profesional con título universitario) .

Entrando en materia, afirma el proyecto que se declaran de utilidad pública y se autoriza la expropiación total y parcial, "con el objeto de que la propiedad agraria cumpla su función social", los predios rústicos que se encuentren en los siguientes casos:

—Pertenecientes a una misma persona natural y de una extensión superior a 80 hectáreas de riego básicas;

—Abandonados o mal explotados;

—Los que hubieren resultado de la división de un predio de superficie superior a 80 hectáreas de riego básicas, siempre que la división se haya efectuado con posterioridad al 27 de noviembre de 1962, sin que la explotación haya sido seguida de una efectiva división [5] . En este caso serán expropiables, cualesquiera sean sus propietarios y su superficie, todos los predios que no hayan sido o no sean explotados independientemente de modo ininterrumpido;

—Los pertenecientes a personas jurídicas de derecho público o privado, con excepción de los pertenecientes a aquellas que están especialmente autorizadas, o a cooperativas campesinas;

—Los que se encuentren comprendidos dentro de un área en que el Estado esté realizando o vaya a realizar obras de riego o de mejoramiento del mismo y que sea declarado por el Presidente de la República, mediante decreto supremo, área de riego.

Los agricultores que resulten afectados con la expropiación tendrán derecho a mantener una parte de su predio, al que la ley llama "reserva". "En caso de expropiarse algún predio por la causal de superficie, el propietario afectado tiene derecho a conservar en su dominio terrenos de una superficie de hasta ochenta hectáreas de riego básicas (esta es una medida en hectáreas del valle central, considerado como uno de los que poseen más alta productividad en el país, y que se aplica a otras regiones mediante una tabla que está incluida en la ley) [6] . Si el propietario tuviere más de cinco hijos que trabajen con él o vivan a sus expensas, el límite máximo de superficie mencionado aumentará en diez Há. de riego básicas por cada uno de esos hijos, que excediere de cinco, sin que el total de la reserva pueda ser superior a 100 hectáreas. El propietario que tuviere el predio abandonado, mal explotado, o totalmente arrendado o cedido en cualquier forma para su explotación por terceros, no podrá hacer valer este derecho".

La ubicación de la reserva se determinará de común acuerdo entre el propietario y la Corporación de Reforma Agraria (artículo 25). Si no hubiere acuerdo, la Corporación determinará de acuerdo al Reglamento, "debiendo en lo posible distribuir proporcionalmente entre la parte del predio que el propietario deba conservar en su dominio y la parte expropiada, terrenos de calidad y condiciones semejantes, y que constituyan una superficie continua".

Las expropiaciones serán decididas por un organismo autónomo que se propone crear, y que se denominará Consejo Nacional Agrario. El propietario afectado podrá solicitar a dicho organismo, dentro del plazo de treinta días de la notificación, que reconsidere dicho acuerdo. En caso que el Consejo Nacional Agrario rechace total o parcialmente la solicitud, el propietario podrá reclamar de la procedencia de la expropiación ante el Tribunal Agrario Provincial, en los 15 días siguientes al fallo del Consejo. Estos Tribunales estarán integrados por dos jueces de mayor cuantía con residencia en la respectiva provincia, quienes actuarán como presidente, uno, y como suplente, el otro. Ambos serán designados por las respectivas Cortes de Apelaciones. El secretario-relator será designado por el Presidente de la República, de una terna confeccionada por los dos jueces mencionados, con los nombres de los abogados más idóneos de la región respectiva. Completarán el tribunal dos ingenieros agrónomos, uno de los cuales debe prestar servicios en la Administración Pública y el otro será propuesto en terna por el Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos.

La indemnización que se pagará a los propietarios afectos a la expropiación de sus predios será equivalente al avalúo fiscal, más el valor de las mejoras existentes, que no estuvieren comprendidas en el avalúo. Las mejoras efectuadas con posterioridad al 4 de noviembre de 1964 se pagarán estrictamente al contado. La indemnización se cancelará al contado, en un porcentaje que varía entre el uno y el diez por ciento, según sea la causa de la expropiación, y el resto con bonos del Estado que serán recibidos por su valor nominal. Habrá dos clases de bonos: de la clase A, que se cancelarán en 25 cuotas anuales, y de la clase B, que se pagarán en cinco cuotas anuales. Los bonos serán reajustados en el porcentaje de aumento del costo de la vida y ganarán un interés del 3% anual sobre el monto de cada cuota aumentada en el 50% de su reajuste.

Las tierras adquiridas por la CORA, mediante este sistema, serán destinadas fundamentalmente a ser entregadas en dominio individual a los campesinos, o a Cooperativas Campesinas. Los requisitos para ser asignatario de tierras son los siguientes:

1.—Ser chileno;
2.—Ser campesino (ver definición al comienzo) ;
3.—Ser mayor de 18 años;
4.—Poseer aptitudes para el trabajo del campo; y
5.—No ser propietario de tierras o serlo de una superficie inferior a la unidad agrícola familiar.

En un primer período, la CORA establecerá en los terrenos expropiados unidades agrícolas familiares, y en un plazo no superior a los tres años, prorrogables en casos especiales, se entregarán los títulos de dominio definitivos ya sea a particulares o a cooperativas. El pago del valor de las tierras asignadas lo harán los campesinos con una cantidad al contado y el saldo con cuotas anuales dentro de un plazo no superior a los 30 años.

El proyecto modifica también el Código de Aguas actualmente en vigencia, reservando al Estado "por exigirlo el interés nacional", el dominio exclusivo de todas las aguas del territorio nacional, las que tendrán el carácter de Bienes Nacionales de uso público. En consecuencia, con la mera dictación de la ley propuesta al Congreso, se expropiarán a favor del Estado todas las aguas que en esa fecha sean de dominio particular. Se crea la Dirección de Aguas, organismo que deberá repartir el vital elemento en forma igualitaria y justa, de acuerdo a las necesidades y teniendo fundamentalmente como guía el principio de que las aguas pertenecen a todos los chilenos.

En sus líneas básicas, éste es el proyecto de Reforma Agraria que envió Frei al Congreso, y que recién está comenzando a debatirse en la Cámara de Diputados.

IX

LOS AUTORES

LA iniciativa fue preparada por un grupo numeroso de técnicos y economistas. Ellos tenían a la vista el proyecto redactado por la Central Coordinadora del Plan (CECOP), que actuó durante la campaña electoral y que dirigían Jorge Ahumada y Joaquín Undurraga. Por eso, Frei no mintió en absoluto cuando dijo al país que tenía totalmente listo el proyecto de Reforma Agraria. Sin embargo, cuando la DC se encontró en el poder, tuvo a su alcance la enorme fuente de información y documentación oficial, a la que jamás antes había tenido acceso. Contó con mayores facilidades, y pronto se dieron cuenta de que el proyecto elaborado en la oposición no estaba muy de acuerdo con la realidad del campo chileno. Quedó, en consecuencia, como simple base para la discusión.

Se dedicaron entonces a redactar otro proyecto, que fue fundamentalmente político y económico, el propio Presidente Frei y el vicepresidente de la CORA, Rafael Moreno; un tercer anteproyecto fue elaborado por Jacques Chonchol, vicepresidente de INDAP, en colaboración con los diputados Julio Silva Solar y Patricio Hurtado. Este era, si pudiera definirse, un proyecto de tendencia colectivista. Por su parte, José Luis Pistono, ex Director del Consejo Superior de Fomento Agropecuario, preparó un cuarto anteproyecto, que vino a ser algo así como el reflejo indirecto de las ideas sustentadas por el jesuita Roger Vekemans y su Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina. Por último, se tomó en consideración un proyecto encargado por el propio Frei al Instituto de Promoción Agraria, que dirige Hugo Jordán. De todos éstos, quedaron al margen el proyecto de CECOP y el de Chonchol, y la iniciativa final es el reflejo básicamente de los anteproyectos de Frei-Moreno y de Hugo Jordán, con influencias del de José Luis Pistono. Es por esto que los demócrata cristianos afirman con tanto énfasis que el proyecto de Reforma Agraria no es la opinión de uno u otro sector, sino que la expresión unitaria de todos, nacida de la discusión, el análisis y el estudio.

X

POSICIÓN DEL PDC

LA Reforma Agraria, como tema de preocupación e inquietud, no es algo nuevo para el partido gobernante. Ya en su Declaración de Principios, del año 1957, se lee textualmente:

"El bien común debe regular el régimen de propiedad, de modo que ésta, en sus formas individual y colectiva, asegure el desarrollo de la persona, la familia y la sociedad.

"La Democracia Cristiana impulsa el sistema de comunidad o el cooperativo, respecto de los medios de producción que requieren el trabajo de muchos hombres, y reconoce al Estado el derecho y la competencia para promover aquellas empresas que excedan la capacidad particular o constituyan factores vitales de la economía.

"La propiedad agraria debe sobrepasar las formas vigentes de latifundio y minifundio, para vincular efectivamente a la tierra a los que trabajan en ella, para asegurar el mejor aprovechamiento de los suelos y de los recursos de la técnica moderna y garantizar la alimentación del pueblo".

Este es el documento básico y que se redactó al nacer a la vida política el Partido hoy mayoritario en Chile. Pero no es la única alusión al problema agrícola que encontramos en las declaraciones del PDC. En un folleto editado en Concepción en 1962, con el título de "El a-b-c de la Democracia Cristiana", hay un verdadero resumen del proyecto de ley que está en estos momentos en la Cámara de Diputados. Dice el "a-b-c":

"El Partido sostiene que la tierra debe ser para los que la trabajan. El ideal es alcanzar la propiedad familiar. No obstante, cuando las condiciones técnicas u otras requieran el esfuerzo ajeno o explotaciones conjuntas, es útil y necesaria la formación de cooperativas, en la cual la propiedad es compartida por varias familias, o la implantación de un régimen de dominio comunitario. En grandes extensiones de tierra es natural que rija la propiedad comunitaria, especialmente si el cultivo debe ser extensivo. Pero en pequeños predios, es útil y conveniente la subsistencia de las unidades familiares o de unidades agrícolas intermedias.

"Como una forma de conciliar tareas, las unidades familiares pueden, incluso, asociarse entre sí, formar cooperativas y dividir gastos, para abaratar los costos y alcanzar mejores utilidades en la explotación de la tierra".

XI

LA MEJOR DEFENSA: EL ATAQUE

POCOS tal vez han sido en la historia de Chile, los proyectos de ley que han provocado una polémica tan apasionada. Casi se pueden contar con los dedos de la mano los que no han participado en ella, a favor o en contra de la Reforma Agraria. Su sola enunciación, desde el Palacio de la Moneda, obligó a todos los partidos políticos a tomar posiciones. La mayoría de ellos lo respalda, por lo cual se le asegura al Presidente Frei un camino expedito en el Congreso.

Partidos como el comunista, el socialista y el radical, no pueden pronunciarse en contra de un proyecto de Reforma Agraria. Ellos han defendido durante muchos años la necesidad de llevar a cabo en Chile una experiencia de este tipo. Para la Democracia Cristiana constituye la verdadera "viga maestra" de su Gobierno. Frei llegó al poder con una votación impresionante, que reflejaba el deseo mayoritario del pueblo de Chile de que los cambios de estructuras se hagan en este país, y pronto. El segundo lugar alcanzado, en septiembre de 1964, por el candidato del FRAP, con casi un millón de votos, indica exactamente lo mismo. Si la Democracia Cristiana no encaraba el problema y se decidía a cumplir no sólo las promesas de la campaña, sino su propio ideario, como lo vimos en páginas precedentes, corría dos riesgos impredecibles en su gravedad: una crisis interna que la liquidaría como fuerza política renovadora, y la responsabilidad de producir en el pueblo una decepción inmensamente más grande que las experimentadas por el fracaso de los gobiernos radicales.

Por eso, el proyecto se redactó y se envió al Congreso. Y con él, Frei se vio abocado a una curiosa situación: la oposición a su Gobierno se quebró en dos actitudes diametralmente opuestas. Por un lado, la Derecha que no quiere la Reforma Agraria ni ningún otro cambio fundamental, y por otro los partidos de Izquierda, que siempre han predicado estos cambios, y ahora se ven obligados a respaldarlos, aunque no sean ellos quienes los realicen.

Este es un hecho evidente. Frei tiene ante sí la oposición de la extrema derecha, que para defenderse usará cualquier recurso, legal o no. Y la oposición de los llamados partidos populares, que no están de acuerdo con los convenios del cobre, ni con su política laboral, ni con su inspiración a juicio de ellos "reformista" y no revolucionaria, pero que tienen que apoyar la Reforma Agraria si son consecuentes con su prédica de tantos años.

Ahora, resulta claro que el proyecto será aprobado en el Congreso sin mayores problemas. No habrá que transar con los radicales, como en el cobre, para conseguir un voto más en el Senado. Simplemente habrá que exponer el proyecto, defenderlo con decisión y comprometerse a usar el instrumento de la ley de Reforma Agraria con un criterio revolucionario y efectivo. Ante este panorama, ¿qué camino adoptará la Derecha? ¿Buscará el golpe de Estado como se rumorea con insistencia, o se conformará con acusar verbalmente al Gobierno de marxista disfrazado?

Por ahora es un misterio que sólo el tiempo permitirá dilucidar. Tenemos como hecho concreto una campaña desatada en contra del proyecto. No ha llegado todavía a su mayor intensidad, pero se puede calcular lo que vendrá cuando la Reforma Agraria se discuta en el Senado. Es una campaña inteligente, bien orientada y llevada con tino, pensando cada paso y abriendo a cada momento nuevos frentes de batalla. Para algunos demócrata cristianos la campaña es peligrosa. Dicen ellos que no está orientada a convencer a los parlamentarios, porque quienes financian y realizan la ofensiva antirreforma agraria, se dan cuenta perfectamente de que en el Congreso la batalla está perdida de antemano.

Sus objetivos, en consecuencia, son dos: crear una opinión pública desfavorable al proyecto, exagerando sus consecuencias y desvirtuando sus disposiciones. Para ello se .siguen métodos precisos de contrapropaganda, a los cuales nos referiremos más adelante. En segundo lugar, se busca influir en el ánimo del Jefe del Estado. Dicen algunos demócratacristianos que Frei, por ejemplo, es muy "mercurial". Le tiene gran respeto al diario "El Mercurio", y las opiniones del decano pesan fuertemente en su ánimo. Si de pronto Frei cae en cuenta de que su Gobierno, que él está convencido que es bueno, es criticado por "El Mercurio", no podrá menos que preocuparse. Por lo demás, tanto dicho diario como los que realizan la campaña mencionada, cuidan tal vez en forma excesiva de criticar con dureza y rigor implacable, al proyecto, al PDC, a los técnicos, a todo el mundo ..., menos a Frei. "Tenemos confianza en su criterio, en su ecuanimidad, en su amplio espíritu democrático", han dicho reiteradas veces los agricultores y los políticos de Derecha. ¿Qué se busca? Influir en el Jefe del Estado para que actuando, como le es tradicional, con espíritu democrático y abierto, no permita que el país sea conducido a excesos imposibles de remediar.

Es por esta razón que ya han replicado, quienes conocen al Presidente y se dan cuenta de esta situación, que suponer que el Jefe del Estado vaya a cambiar ahora su programa, o echar pie atrás en lo que está realizando, es simplemente un insulto y una falta de respeto. Pero a la Derecha dicha afirmación no le hace mella. En septiembre de 1964 decidieron votar por Frei "para derrotar al comunismo y mantener en Chile la continuidad democrática". El candidato advirtió: "No alteraré una coma de mi programa, ni siquiera por un millón de votos . . .". Pero a la Derecha esa afirmación no le importó, simplemente porque no la creyó.

Tampoco creyó que Frei estaba decidido a aplicar el impuesto patrimonial, y que el proyecto que creaba el Fondo de Solidaridad Nacional no era un simple recurso electoral para ganar las elecciones parlamentarias de marzo de 1965. Tampoco cree que llevará adelante la Reforma Agraria tal como se envió al Congreso. Corresponde a los propios demócratacristianos demostrar ante el país que otra vez quien se equivoca es la Derecha.

XII

GUERRA SICOLÓGICA

EXAMINANDO con calma la estrategia que sigue la campaña contra la Reforma Agraria, es posible identificar con exactitud el cumplimiento de la mayoría de las reglas establecidas para la contrapropaganda por los expertos de Europa Occidental y, sin ir más lejos, por quienes dieron origen a la Segunda Guerra Mundial. Se reconocen, por ejemplo, los temas del adversario —en este caso la necesidad de una Reforma Agraria, con la cual aparecen en completo acuerdo quienes nunca aceptaron siquiera discutir la idea, y la mala situación de los campesinos—; la simplificación y ataque de los puntos débiles; no enfrentar nunca la propaganda del adversario, aceptando los argumentos racionales; desdeñar al enemigo, tratando de ridiculizarlo y buscar la "diversión" del tema central, escarbando, incluso, en las actuaciones pasadas o en la vida personal; escoger a un adversario relativamente débil, eludiendo así la batalla frontal; crear una ola de rumores para provocar la inseguridad y sembrar la duda, etc. Las normas son abundantes, pero claras y precisas.

¿Por qué no se puede pensar que los rumores sobre un posible golpe de Estado, sobre la baja de la producción, sobre la reducción de las áreas de siembra, sobre la desconfianza en el exterior, no constituyen una parte de la campaña contra la Reforma Agraria y el Gobierno? Este capítulo de la campaña no aparece en las inserciones en los diarios, pero es tan real como el siguiente: escoger a un falso adversario. En el caso presente, al vicepresidente del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Jacques Chonchol. Contra él se ha afirmado, en primer lugar, que es un comunista emboscado. Razones: estuvo en Cuba trabajando en la Reforma Agraria castrista y se desempeñó como funcionario internacional, lo que obliga siempre a los técnicos a equilibrarse entre los "grandes" de la NU, es decir, EE.UU. y la Unión Soviética (Revista PEC. edición del 21-XII-65, pág. 3). Pero resulta que en la FAO, organismo al cual perteneció Jacques Chonchol, no está la Unión Soviética. Por lo demás, su destinación a Cuba fue propuesta por un profesor norteamericano y defendida por Hernán Santa Cruz, contando con el visto bueno y la felicitación, por la labor realizada, del Director General de la FAO, Dr. Binay Sen.

Todo esto sin tomar en cuenta que Chonchol milita en el PDC desde sus tiempos de universitario. Por último, el proyecto de Reforma Agraria no le pertenece, más aún, su anteproyecto fue desechado durante la discusión entre los redactores de la ley, y él aceptó otros criterios, defendiéndolos ahora como propios.

XIII

ARGUMENTOS ADVERSOS

PERO más allá de esta campaña exclusivamente propagandística, se han hecho al proyecto de reforma agraria críticas precisas, de las cuales trataremos de resumir sus principales aspectos.

Pedro Enrique Alfonso, presidente de la Sociedad Agrícola de Aconcagua y al mismo tiempo presidente del Comité Coordinador de Sociedades Agrícolas —organismo creado para realizar una campaña sostenida y unitaria en contra del proyecto—, señaló algunas de sus objeciones básicas en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Dijo, por ejemplo, que el proyecto es inconstitucional, entre otras razones, por la forma de pago de las expropiaciones. En realidad, la iniciativa no se ajusta a la actual Constitución Política del Estado, y para que entre en vigencia deberá aprobarse el proyecto respectivo que está en discusión en el Senado de la República. La misma crítica formuló Luis Larraín Marín, presidente de la SNA, quien agregó que son inconstitucionales las siguientes disposiciones: la que prohíbe dividir los predios sin acuerdo de la CORA (artículo 153), y la que declara expropiables los predios que se dividan desde el 23 de noviembre de 1965, fecha de envío del proyecto al Congreso, hasta la promulgación de la ley (artículo 1̊ transitorio), dándosele además carácter retroactivo a la disposición.

Entre las acusaciones más insistentes que se hacen contra el proyecto en discusión, figura la que se hizo sobre la base de informes extranjeros y por técnicos foráneos, que no conocen a fondo la idiosincrasia y la realidad nacional. No se nombran a esos "técnicos", pero el aserto se repite. Pedro Enrique Alfonso tuvo poca suerte al tratar de probarlo, pues afirmó categóricamente, en la Comisión de Agricultura de la Cámara, que el profesor mexicano Edmundo Flores —que ha influido de manera tan decisiva en el proyecto—, cree que para redistribuir el ingreso de un país hay que dividir la propiedad. Rafael Moreno le pidió una interrupción, pero adelantándose a la negativa, Alfonso replicó: "Sí, ese es el pensamiento del profesor Flores. Yo le puedo citar algunas de sus obras donde lo expresa ...".

Pero Rafael Moreno no pretendía discutir si el profesor Flores decía o no lo afirmado por Alfonso. Quería saber quién era el profesor Flores ... Se aclaró por fin que el mencionado catedrático estuvo en Chile diez días invitado por una Universidad, y ofreció, durante su permanencia en el país, una conferencia sobre el tema de su especialidad: la reforma agraria. Destruida la prueba, Alfonso descontó al profesor Edmundo Flores del grupo de técnicos extranjeros que redactaron la Reforma Agraria. Ojalá que el resto de la lista lo vaya dando a conocer en un futuro no muy lejano.

Sin embargo, con nombres o sin nombres, el argumento se sigue repitiendo. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas hizo publicar, el 4 de enero de este año, en el diario "La Unión" de Valparaíso, una inserción en la que se lee: "Frente a un proyecto de reforma agraria que es exótico, porque fue redactado por personas sin la más mínima experiencia en la agricultura y con la asesoría de funcionarios internacionales, sin que se oyese realmente a los agricultores, a los campesinos, a los economistas o sociólogos chilenos .. .".

La inserción concluye exhortando a todos los agricultores y a los campesinos que desean efectivamente ser propietarios, "a fortalecer aún más la unidad, a intensificar al máximo la formación de comités comunales, a difundir las denuncias que formulamos públicamente día a día y a expresar democrática y valientemente el repudio nacional a todo intento de colectivización y a toda legislación que atente en contra de los derechos humanos", porque "Chile quiere una Reforma Agraria justa, democrática, progresista, que no nos conduzca al comunismo, sino que nos aparte definitivamente de él".

XIV

LO QUE DICE ALFONSO

MIENTRAS los porteños leían este aviso, en la Comisión de Agricultura de la Cámara el presidente del Comité Coordinador ponía dramatismo en su voz para exclamar: "En general, de todo proyecto de ley se esperan sus resultados cuando la ley ya entra en vigencia, pero este proyecto ha tenido un triste y raro privilegio: ha bastado conocerlo, para sembrar a lo largo de todo el territorio nacional la más terrible desconfianza; ha tenido el privilegio de hacer entrar en un compás de espera a todo el esfuerzo creador del campo chileno, a obligar a todo agricultor a mirar sus posibilidades de sobrevivir en esta carrera larga e interminable de obstáculos, de pensar en la forma de salvar siquiera, en parte, su trabajo o el de generaciones que le precedieron, y mirar el porvenir de Chile con la mente que puede tener el que piensa que un amo nuevo es capaz de expulsarlo de su propia casa. Porque el proyecto, por su concepción general, autoriza, señor Presidente, para todo esto. Frente a él, ante la general confusión producida, hay sólo un grupo que se cree bien informado y que escudriñando el porvenir obscuro "de" la agricultura chilena pretende hacer lo de los pescadores a río revuelto. Pero si la vida de un país no se construye en un día, ni el desarrollo económico puede ser la obra de una ley, es posible que este proyecto constituya para el futuro una sentencia fatal en el juzgamiento de los hechos que comentamos.

"La causa de todo este mal es el planteamiento del problema con un criterio que no es chileno, sino que internacional. Lo digo en honor a los técnicos chilenos que trabajan o han trabajado nuestra tierra, de los economistas o empresarios, quienes de haber sido realmente consultados, no habrían podido concurrir a la formación de un proyecto llamado a destruir la economía agraria de nuestro país y con esto hacer imposible el desarrollo económico de Chile. Los agricultores objetamos este proyecto, porque está impregnado de un sentimiento vindicatorio, de castigo general e indiscriminado en contra de toda la agricultura chilena, y no se conoce el éxito favorable de ninguna ley que esté inspirada en tales sentimientos. En el proyecto, todos los agricultores aparecen tratados como grandes potentados de larga permanencia o frecuentes viajes a Europa, detentadores por más de un siglo del poder político, por lo cual todos ellos debieran ser eliminados definitivamente de la esfera de la actividad nacional. Por algunos, que pudiesen haber gozado de tales ventajas o privilegios, se olvidan los millares que en las zonas semidesérticas del norte lucharon por generaciones contra la sequía, construyendo entre cerros y quebradas abruptas centenares de kilómetros de canales, recogiendo piedras por toneladas sin cuenta, rellenando hoyos, construyendo casas e instalaciones, plantando árboles, creando vida y trabajo en tierras con pobrísima capa vegetal. Se olvidan, también, los que por millares, luchando contra las inclemencias de una naturaleza tantas veces hostil, hicieron la maravilla agrícola del sur de Chile, con esfuerzos y sacrificios que los hacen dignos también de reconocimiento y mejor trato. Se olvida, en fin, a todos los que durante años de años, han tenido que sobrellevar a lo largo de todo Chile el esfuerzo cuotidiano e incomprendido que ha significado el haber tenido que mantener en pie una actividad económica substancial para el país, sin que ella mereciera, como debió serlo, de parte del Gobierno, la consideración de una política de respeto y protección elemental como existe en todos los países civilizados de la tierra. Debemos reconocer que los agricultores somos, en gran parte, culpables de esto, por no habernos unido jamás para la protección y la defensa de los intereses de una actividad de la cual el país no puede prescindir".

Pareciera, después de leer estas palabras, que los agricultores rechazan de plano la idea de hacer una Reforma Agraria. Pero no es así. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas agrega: "Comprendemos y amparamos una Reforma Agraria, que debe hacerse dentro del marco de la constitucionalidad y legalidad, que tienda al mejor aprovechamiento de los suelos y del agua, que ampare en forma debida a la buena empresa".

Por su parte, el presidente de la SNA, Luis Larraín Marín, comenzó su exposición ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, señalando que "en la etapa de decisiones políticas en que se encuentra el país, no cabe discusión alguna sobre la procedencia de una Reforma Agraria", especificando que no hay un solo patrón o tipo de Reforma Agraria. Todo depende de cómo se haga. La SNA se opone a la que propone el Gobierno, pero defendería otra "que aumente el número de los propietarios libres, intensifique la producción y la productividad agrícola, y eleve el nivel de vida de los campesinos".

XV

UN PAÍS DIVIDIDO

PERO los partidarios de la iniciativa gobiernista, los dirigentes de los partidos políticos de Centro y de Izquierda, los técnicos y los campesinos, afirman categóricamente que los agricultores no quieren una Reforma Agraria. Ni como la de Frei ni como la de nadie. Simplemente rechazan la sola idea de promulgar en Chile una legislación de este tipo. Lo dijo, entre otros, Jorge Cash, Asesor Político de la Presidencia de la República, en "El Mercurio", del 5 de enero: "La opinión pública debe comprender que los que desfiguran de manera tan burda el proyecto del Gobierno, en el fondo, no quieren otra cosa que no haya en Chile una verdadera reforma agraria.

"En esta materia, la realidad es que el país está dividido entre los que quieren la reforma agraria y los que no la quieren".

Entrar en este terreno de suposiciones es peligroso. Los mismos sectores que hoy se oponen al proyecto del Gobierno dictaron, en el período pasado, su propia ley de Reforma Agraria, que buena o mala, es un progreso con respecto a la situación existente en el campo. Pero los defensores del actual proyecto dicen que ésta es la primera Reforma Agraria verdadera —no de macetero—, que se propone en Chile. Esto es lo que rechazan los agricultores. Evidentemente que no se van a oponer a otro proyecto cualquiera, aunque lleve el título de Reforma Agraria. No obstante, aún esta afirmación, es suponer intenciones.

Sin embargo, resulta interesante leer un documento publicado en la revista "El Campesino", órgano oficial de la Sociedad Nacional de Agricultura, en su edición correspondiente al mes de noviembre. Se trata de una declaración de la Sociedad Rural Argentina, y dice textualmente:

—La "reforma agraria" es una vieja táctica demagógica, de contenido político, empleada por quienes se autotitulan dirigentes, a costa del engaño y de la confusión que crean en la opinión pública desprevenida, a la que, con la dialéctica dictada por ideologías foráneas, le ocultan y tergiversan la verdad.

—La "reforma agraria" jamás ha sido ni será "la solución definitiva a todos los males", prueba de ello es el hambre en Rusia, China y Cuba.

—La "reforma agraria" piensa ir más lejos aún. Busca abolir el derecho de propiedad y su ulterior colectivización, para suplantar la iniciativa privada por la explotación de la tierra por el Estado y suprimir las libertades individuales.

—La pretendida "reforma agraria" sólo ha conseguido repartir atraso y pobreza, encarecer los costos, mermar la producción y fomentar la inmoralidad.

Esta declaración de la Sociedad Rural Argentina, ¿refleja el pensamiento íntimo de los dirigentes de nuestra SNA? Posiblemente no en su integridad. Pero en algo estarán de acuerdo, ya que le dan cabida destacada en las columnas de "El Campesino".

XVI

LA TRIBUNA PUBLICITARIA

LA verdadera ofensiva propagandística en gran escala, contra el proyecto de Reforma Agraria, comenzó el domingo 21 de noviembre de 1965. Ese día, todos los diarios de la capital dedicaron gran parte de su espacio a comentar el proyecto que 24 horas más tarde sería anunciado al país desde el Salón Rojo de la Moneda.

Revisando los diarios de las distintas posiciones, y tomando en cuenta las informaciones, comentarios y críticas al proyecto, incluyendo las informaciones sobre agricultura que no están directamente relacionadas con la Reforma Agraria, pero que permiten formar un ambiente favorable o desfavorable respecto de ella, nos encontramos con que se pueden fácilmente determinar las diversas estrategias que se aplican por uno y otro bando. Dejemos de lado la medición del espacio que se le dedicó cada día al tema en referencia, para revisar las conclusiones que se desprenden de un análisis de los diarios de Santiago en el período comprendido entre el domingo 21 y el martes 30 de noviembre. Es decir, en los primeros diez días después de conocida la iniciativa.

"El Mercurio", utilizando su vasta influencia en la opinión pública, promueve una subversión de valores. Según él, la Reforma Agraria traba el normal funcionamiento de las instituciones del país, no responde a una ideología nacional, y amenaza la estabilidad del régimen democrático. Posteriormente deslizó apreciaciones sobre la penetración marxista en el Partido Demócrata Cristiano y en las esferas de Gobierno.

Por su parte, "El Diario Ilustrado" utiliza tres formas fundamentales para atacar el proyecto: exhorta a la lucha contra el fantasma de la reforma agraria, presenta a los agricultores como verdaderos "ángeles", y a los patrones como perseguidos por los campesinos, y dedica extensos comentarios a divulgar los aspectos "peligrosos" de la iniciativa, insistiendo en los criterios jurídicos.

El diario de Gobierno, "La Nación", es el que dedica mayor espacio en sus columnas a la Reforma Agraria. Centra sus crónicas en la información de hechos poco conocidos que crean ambiente favorable al proyecto, anuncia un gran futuro para el país si este se aprueba, y dedica comentarios editoriales a divulgar la iniciativa y al análisis de la situación política.

"El Siglo", órgano del Partido Comunista, insiste en que la Reforma debe ser destaca y con participación de los campesinos. Critica con dureza la actitud patronal y explica sus alcances.

En relación con "El Siglo" y "Las Noticias de Ultima Hora", vespertino independiente de tendencia socialista, el presidente de la Democracia Cristiana, senador Patricio Aylwin, y el Ministro de Tierras y Colonización, Jaime Castillo, afirmaron, en conferencia de prensa, que esos diarios tratan de convertirse en los "padrinos" de la Reforma Agraria. La acusación del PDC consiste en que el FRAP, usando de sus medios de información, está "usurpando" el proyecto a sus verdaderos autores, transformándose en fiscales del Gobierno y del PDC. Un periodista consultó si ello significaba que la DC era exclusivista, y que no deseaba el apoyo de otras fuerzas para echar a andar el proyecto. Aylwin respondió que en ningún momento se trataba de eso. Pero que no aceptaban quedar en la situación de "juzgados", ante el emplazamiento de los partidos del FRAP, que aparecen ahora como los padres del proyecto En este reclamo de los jefes del PDC está comprendida toda una actitud política, que no es fácil analizar en pocas líneas.

"La Tercera de la Hora" dedica relativamente poco espacio a las noticias sobre la Reforma Agraria, y se dedica casi exclusivamente a informar. Un caso similar sucede con "Clarín", aunque este tabloide aplaude sin reservas la iniciativa, dedicando el 90% del espacio reservado a la Reforma Agraria, a dar noticias favorables a ella y a comentarios en la página de redacción.

De este análisis se desprende que la oposición a la Reforma Agraria se ha concentrado en el diario "El Mercurio". Además de los argumentos ya enunciados, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, la Sociedad Nacional de Agricultura y por extensión la Derecha política y económica, usa otros que vale la pena exponer. Por ejemplo, afirman que es discriminatoria. En otras palabras, que aplica la "ley del embudo", colocando la parte más angosta hacia los agricultores. Basan su aserto en la creación de los tribunales agrarios, que excluyen, según ellos, toda participación de la Justicia Ordinaria, y que no dan garantías a ningún propietario; en el sistema de expropiación, comenzando por el modo de entregar la notificación al propietario afectado, en forma tan arbitraria, que puede suceder que la CORA expropie y ocupe un fundo sin que su dueño lo sepa; invierte el peso de la prueba, estableciendo que sea el acusado —el agricultor—, quien deba demostrar si trabaja bien o no, y no como es tradicional en la jurisprudencia chilena que sea el acusador quien demuestre la existencia del delito; fija igualdad de castigo para el autor y para el cómplice de un delito que es "discutible" (tener un fundo abandonado); crea una forma de pago tan injusta, que deja al agricultor totalmente indefenso y sin ninguna capacidad para seguir produciendo en bien del país; determina el pago al contado por la expropiación de los predios mal explotados, en un 5% del avalúo fiscal, lo que es otra injusticia y discriminación en contra de los agricultores. En definitiva —afirman los opositores— "sería impropio de un Parlamento con tradición democrática, como el nuestro, que apruebe un proyecto como el actual, que establece el pago de las expropiaciones con bonos diferidos a 25 años plazo, y que ni siquiera sirven, sino en un 50% de su valor, para cancelar las obligaciones contraídas con el Fisco.

Estos son prácticamente todos los argumentos usados por los agricultores para oponerse al proyecto de Reforma Agraria. Quienes la defienden exponen algunas cifras. Por ejemplo, que en trece años (desde 1950 a 1963), el aporte del sector agrícola al ingreso geográfico nacional ha disminuido en casi un 5% (del 14 al 9,4%) mientras que han mantenido al país prácticamente paralizado. El sector industrial y de construcción subió, en el mismo período, de un 20 a un 21%.

Pedro Enrique Alfonso señaló que el déficit alimenticio de la agricultura, es decir aquella parte de la alimentación nacional que la agricultura no estaba produciendo alcanzaba apenas a un 5%, pese a que nunca ha existido una política agropecuario coordinada y se ha castigado siempre a lo; dueños de la tierra con precios políticos que no corresponden a la realidad. No obstante las estadísticas señalan otra cosa. Las importaciones de alimentos, por habitante eran en el período 1938-40 de US$ 2,31; entre 1961-63, aumentaron a US$ 13,88. La; exportaciones de alimentos fueron, en 1938-40 de US$ 4,26 por habitante, y en 1961-6; de US$ 3,57. Es decir, cada chileno gasta US$ 10,31 en comprar en el extranjero productos alimenticios que la agricultura nacional no le da.

La Sociedad Nacional de Agricultura, para defenderse de este cargo, citó el ejemplo de Inglaterra, país que debe importar una gran cantidad de alimentos, porque su agricultura no produce lo suficiente. Sin embargo, las estadísticas señalan que el ejemplo no sirve. Dice la SNA que ese país produce sólo el 66% de la carne que consume. Al respecto, debe señalarse que Inglaterra en 1962 tenía una población de 53,4 millones de habitantes y como produce para el 66%, quiere decir que la producción interna abastece a 35,3 millones de personas, o sea, más de 4 veces la población de Chile. Hay que tener en consideración que la superficie agrícola de Inglaterra es de 19,7 millones de hectáreas, de las cuales 7,3 millones son arables.

Agrega la SNA que Inglaterra produce sólo el 40% del trigo que consume, pero olvida decir que en 1962-63, la producción de ese país llegó a 40 millones de quintales métricos, en una superficie de 913 mil hectáreas, mientras que Chile produjo 13 millones de quintales métricos, en una superficie de 842 mil 600 hectáreas. La diferencia es impresionante. ¿Será tal vez porque en Inglaterra los dueños de la tierra saben aprovecharla y hacerla rendir al máximo?

Consignemos una última cifra que revela el estado de nuestra agricultura. En 1950, el aporte de este sector al ingreso promedio por persona activa fue de 645 escudos; en 1960, de Eº 696. Es decir, registró un aumento de sólo un 7,8%. Comparemos este aporte con el que entrega la industria.

Aporte del sector agrícola y el industrial al ingreso medio por persona

Sector

1950

1960

Variación

Agrícola

Eº 645

Eº 696

+7,8%

Industrial

Eº 1348

Eº 1.548

+15,0%

¿Puede afirmarse, en consecuencia, que la agricultura chilena está cumpliendo su función social y que no necesita una reforma total?

XVII

POR QUE ATACAN LA REFORMA AGRARIA

AL analizar los sociólogos el proceso de Reforma Agraria y sus efectos en Chile, señalan que significará ni más ni menos que "el derrumbe de una casta". En todos los países del mundo llegó un momento, para unos antes y para otros después, en que sus regímenes se transformaron para constituir una comunidad moderna. De sociedades de castas organizadas en forma rígida —caballeros, nobles, señores feudales, por un lado, y por el otro el pueblo, la gran masa ignorante y desposeída— pasaron a ser sociedades de clases —alta, media y baja—.

El marxismo sostiene que para que una nación progrese es necesaria la lucha de clases, y la identificación de cada individuo con su situación social mediante la organización. El capitalismo defiende la conciliación y en lo posible el mantenimiento del orden establecido. El cristianismo plantea el ascenso de las clases desposeídas al poder, desplazando en forma democrática a las clases altas.

El esquema es simple. Pero en cierto modo sintetiza lo que está sucediendo en Chile. Los primeros españoles que llegaron a nuestro territorio eran mineros, que se dieron cuenta de que esa actividad era difícil y riesgosa. Se transformaron entonces en agricultores, y por muchos años vivieron pacíficamente de la tierra. Los chilenos, es decir los criollos que surgieron a mediados del siglo pasado, invirtieron el proceso. De agricultores se transformaron en mineros, pero luego entregaron esta actividad al capital extranjero. Chile vivió entonces de la minería, que es una fuente de recursos agotable.

Entretanto, los dueños de la tierra, constituidos ya en una casta, que se transmitía la propiedad de padres a hijos, que funcionaba sobre la base de los parentescos y los apellidos, se adueñaron lógicamente del poder. Hicieron un pacto tácito con la comunidad nacional. Ellos administraban al país, y aceptaban leves imposiciones, por ejemplo la fijación de los precios para los productos agrícolas, a cambio de bajos salarios para sus campesinos, una situación tributaria de excepción, y el otorgamiento de créditos que nunca se terminaron de cancelar.

Crearon también un sistema político, la "democracia", que a ellos les era cómoda y les servía. Pero no cayeron en la cuenta de que este sistema tarde o temprano iba a adquirir vida propia y se iba a escapar de sus manos. De pronto, y siguiendo un proceso natural, el esquema político chileno se transformó de una democracia de castas, en una democracia igualitaria. Entre 1932 y 1948, tenía derecho a voto el 14% de los mayores de 21 años. Entre 1948 y 1962, el porcentaje subió al 36%, y entre 1962 y 1965, aumentó al 71%.

La casta de terratenientes no dio importancia a la pérdida del poder político, porque siempre mantenía incólume su influencia. Fue barrida por primera vez en 1938, con la elección de Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular; la situación volvió a repetirse en 1946, con la elección de Gabriel González Videla; otra vez en 1952, con la escoba de Carlos Ibáñez; regresó en gloria y majestad en 1958, con Jorge Alessandri, pero éste, a pesar de ser un integrante de la casta, aunque considerado como advenedizo, por los recalcitrantes, no la reconoció como instrumento útil para el desarrollo económico. El quinto golpe sufrido por la casta nacional fue la elección del actual mandatario, y más que eso. la decisión del electorado por la Democracia Cristiana y el FRAP, rechazando categóricamente a los partidos tradicionales.

Sin embargo, ni en 1938, ni en 1946, ni en 1952, la casta detentadora del poder sufrió golpes mortales. Siguió reinando pacíficamente. La Reforma Agraria, al redistribuir la propiedad y privarla de golpe y porrazo de "sus" derechos, la hace tambalear en sus propios cimientos. Los agricultores se opusieron tenazmente a la industrialización del país. Usaron toda clase de argumentos en contra de la Corporación de Fomento. Dijeron que si se tendía la vía de un tren cerca de un fundo, el país quedaría sin leche porque las vacas se ponen nerviosas con el ruido del ferrocarril.

No obstante, apenas iniciado el proceso de industrialización, los agricultores más progresistas —o con mayor visión— ampliaron sus negocios. Basta examinar la lista de propiedades agrícolas que poseen los actuales dirigentes de la Sociedad de Fomento Fabril, la cual se pronunció también en contra de la Reforma Agraria. ¿Será tal vez porque el proyecto no conviene a la industria, o porque afecta los intereses personales de los dirigentes de esa organización patronal?

XVIII

AGUA PARA EL MOLINO LATIFUNDISTA

UN ejemplo de la libertad con que los agricultores —vale decir los integrantes de la casta gobernante— usaban el país en su propio provecho, es la situación del regadío, denunciada en la Cámara de Diputados por el demócrata cristiano Marino Penna.

En el país hay 50 obras de regadío construidas en los últimos treinta años. Todas —con insignificantes excepciones— fueron levantadas por el Gobierno, con el dinero de todos los chilenos. Para un predio agrícola de cualquier lugar del país, ponerle el agua a la puerta significa elevar su valor en cantidades fabulosas. El total de esas obras de regadío costaron al Fisco, en moneda de 1965, aproximadamente 280 mil millones de pesos. Los agricultores favorecidos están pagando al Fisco un total de 5 mil millones de pesos, distribuidos en cómodas cuotas anuales a 36 años plazo. Para las obras ejecutadas antes de 1961, no hay reajuste de ninguna especie. En enero de ese año, la mayoría parlamentaria del Frente Democrático aprobó una ley (14.536), que establece en su artículo octavo que el pago por parte de los agricultores al Fisco, por una obra de riego que favorece a sus predios, no podrá ser superior al 20% del total del presupuesto que se estima en el anteproyecto de la obra. Es normal que ese presupuesto se triplique o cuadruplique, hasta finalizar la obra. ¿Por qué ese irritante privilegio?

Veamos un ejemplo concreto: el embalse Recoleta, en la provincia de Coquimbo. Comenzó a construirse en 1930, y se terminó en 1945. Costaría al Estado, si se le construyere ahora, 28 mil millones de pesos. Con moneda de esos años, tuvo un valor total de 100 millones de pesos. Pero se la entregó a los particulares por un monto de 28 millones. ¿Y el resto? Simplemente lo pagamos todos los chilenos. ¿A quién favorece el Embalse Recoleta y quiénes son sus dueños en la actualidad? Hay 22.589 acciones. Cada acción y media equivale a una hectárea regada. El total de accionistas es de 353. Analicemos esta última cifra: 193 accionistas, que representan el 1,6% del total, poseen entre 1 y 5 acciones cada uno; 25 accionistas, que representan el 62% del total, son dueños de más de 300 hectáreas cada uno. De éstos, nueve personas poseen tal cantidad de acciones, que representan al cincuenta y uno por ciento.

En otras palabras: el Fisco, con el dinero de todos los chilenos, construyó una obra de regadío para dar agua a nueve personas, que están pagando LA MILÉSIMA PARTE de lo que vale el Embalse Recoleta. Uno de estos nueve favorecidos es don Pedro Enrique Alfonso, quien es dueño de 1.220 acciones. ¿Tiene razón el señor Alfonso al oponerse en forma tan decidida al proyecto de Reforma Agraria? Evidentemente que sí. Lo que no se entiende es que para defender sus intereses y los de su grupo, recurra a argumentos hipócritas, como decir por ejemplo que está defendiendo el interés nacional.

Sin embargo, no hay que extrañarse. Es normal que una casta se defienda con ese tipo de argumentos. Analizando las publicaciones de los diarios, nos encontramos con que los dueños de la tierra están poniendo en práctica por lo menos cuatro tácticas perfectamente diferenciables.

La primera de ellas es la técnica de la desobediencia. Al poder de la autoridad del Gobierno, respaldado por el pueblo, oponen el hecho de la desobediencia. Recurren a la presión y al chantaje, llegando a amenazar con el anuncio de una depresión, de una cesantía abismante y de una miseria general que llegará a provocar una hambruna, ''porque así ha sucedido en México, en Cuba, en la Unión Soviética . . ." Agregan el factor pérdida de confianza, amenazando velada y abiertamente con la paralización de todas las inversiones y de la actividad económica.

Otra técnica de oposición es la de la hipocresía social. Para justificarse ante la opinión pública, declaran principios generosos, altruistas y humanitarios. Tratan de convertirse en víctimas y en perseguidos; "este proyecto discriminatorio, colectivista y marxista. extraño a nuestra realidad y nuestra idiosincrasia, considera a todos los agricultores como delincuentes potenciales y ciudadanos de segunda clase". La verdad es que ni siquiera mienten con franqueza y ocultan cuidadosamente con un velo la verdad.

Una tercera táctica es reconocer la enfermedad de Chile: nuestro subdesarrollo e insuficiente rendimiento de la agricultura. Pero argumentan que la Reforma Agraria como solución, es un fracaso, porque va a quitar la vida al paciente. En cambio sería mejor para todo el país una reforma agraria democrática, respetuosa, "sin ánimo vindicativo", que posibilite la reacción del organismo enfermo.

Por último, los opositores han puesto en práctica un sistema denominado "factores del descontento social". Consiste en no dar, en dar muy poca, o en tergiversar, informaciones sobre el proyecto mismo. Asimismo, exponen una realidad de la situación que no es la que resulta de la observación de los hechos. Tratan de crear un descontento social en contra del Gobierno por toda clase de razones, relacionadas o no con la Reforma Agraria, pero que favorece el clima de inseguridad y alarma que ellos buscan, perjudicial para todo proceso económico.

Contra esta diversidad de frentes debe luchar el Gobierno, para mantener una opinión pública favorable a la iniciativa en discusión, para que en el momento que se ponga en práctica, rinda efectivamente los frutos esperados.

La Reforma Agraria, por lo demás, no es ni mucho menos una solución chilena, ni tampoco una solución marxista. El mismo proceso, condicionado a sus características propias, pero buscando los mismos resultados y aplicando métodos similares, se puso en práctica en Israel, Italia, Japón y Australia; en Venezuela, Bolivia, Cuba, México; y en momentos históricos diferentes, con otro nombre, pero constituyendo en el fondo exactamente lo mismo, se llevó a cabo en Bélgica, Francia, Estados Unidos e Inglaterra.

XIX

¡LA REFORMA AGRARIA VA . . .!

SE trata de algo tan indispensable, como la toma de conciencia de los pueblos subdesarrollados, o el progreso del derecho a voto para todos los ciudadanos. Son procesos que no se pueden detener. En los países en que se ha hecho todo lo posible por oponerse a la Reforma Agraria, como en Cuba o en Bolivia, ésta se ha hecho de todas maneras, pero con métodos violentos. ¿Cómo no se iba a hacer en Cuba —al margen de consideraciones políticas— si una encuesta preparada en tiempos de Batista por la Agrupación Católica Universitaria (1956-57) señalaba que el 97,88% de los trabajadores campesinos consumían huevos sólo en raras ocasiones; que el 96% no comía carne, que el 96,65% no comía pan y que el 88,88% no bebía leche; como resultado de esta situación, el campesino tenía un déficit de mil calorías diarias y su peso era inferior en 16 libras al promedio teórico. Por lo demás, el 14% tenía o había padecido tuberculosis; el 43% de los campesinos no sabía leer ni escribir, y sólo el 14,64% de las habitaciones campesinas eran apropiadas para las necesidades de una familia media? Planteadas las cosas en este cuadro real, la Reforma Agraria, tenía que hacerse en Cuba, con o sin Fidel Castro. Súmese a esta situación el hecho de que un millón 200 mil hectáreas de la mejor tierra agrícola cubana, estaba en manos de trece consorcios norteamericanos.

Con algunas diferencias, la situación es más o menos idéntica en todos los países de América Latina. Aceptando que la Reforma Agraria es un proceso necesario, urgente e irreversible, hay que buscar sólo la manera más rápida, eficiente y barata de hacerla. El Gobierno demócrata cristiano de Chile ha creído encontrar esa fórmula con el actual proyecto. Tiene experiencias en América Latina que no pueden imitarse. La Reforma Agraria venezolana ha rendido buenos frutos, pese a que fue excesivamente cara. En sus planteamientos era demasiado conservadora. Por ejemplo, la tierra para los asentamientos eran predios baldíos del Estado y en ciertos casos terrenos adquiridos a latifundistas; las tierras que se expropian son las "que no cumplen una función social". No podrán ser divididos los fundos de menos de 150 hectáreas de tierra de primera clase; el pago de la tierra es el valor corriente del mercado. Los pagos se hacen en efectivo hasta la suma de 6.600 dólares, valor sobre el cual se emiten bonos a 20 y 30 años plazo.

El alto costo de una reforma de esta índole ha entorpecido su progreso. El Instituto de Reforma Agraria venezolano ha calculado que el precio de la tierra representa un promedio de 3.000 bolívares por hectárea. ¡Demasiado caro para un país como Chile!

Por lo demás, ¿es justo obligar a un país a seguir teniendo toda clase de consideraciones con la tradicional casta detentadora del poder? ¿Con los mismos que han usufructuado por más de cien años —según quedó demostrado— todos los mecanismos de la comunidad?

Sin embargo, la Reforma Agraria respeta, hasta el máximo posible, los derechos de los terratenientes. Le toca decidir exclusivamente al pueblo de Chile. En caso contrario, ¿hasta cuándo podrá estirarse la cuerda que sostiene el injusto orden actual?


Notas

1. Jacques Chonchol, "El Desarrollo de América Latina y la Reforma Agraria". Enero de 1964.

2. Jorge Ahumada. "En Vez de la Miseria". Julio de 1958.

3. Óscar Domínguez. "El Condicionamiento de la Reforma Agraria". Lovaina, 1963.

4. Según la definición del Censo de 1955, "superficie arable" es aquella que ha sido arada por lo menos una vez en los últimos diez años para cultivos anuales, frutales, viñas, barbechos, praderas artificiales y naturales.

"Superficie regada" es la parte de superficie arable que dispone de regadío artificial para compensar la mala distribución de las lluvias, que en el Valle Central se concentran en los meses de invierno.

5. El 27 de noviembre de 1962 se promulgó, con la firma del Presidente Jorge Alessandri, la ley número 15.020, de Reforma Agraria, redactada y propiciada por la combinación política denominada Frente Democrático.

6. El artículo 158 del proyecto establece una tabla de equivalencias. Un ejemplo de ella es: 80 Has. de riego básicas de la zona central equivalen a 100 Has. regadas de la zona llano central de la provincia de Curicó y a 200 de la provincia de Maule.


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