La Matanza de Puerto Montt

DOCUMENTOS
Suplemento de la edición Nº 77 de PUNTO FINAL
Martes 25 de marzo de 1969
Santiago - Chile.

LA MATANZA DE PUERTO MONTT

La primera masacre de este Gobierno fue en El Salvador

EL 11 de marzo de 1966, en el mineral de cobre El Salvador, que explota la Andes Copper Mining Company, filial del consorcio Anaconda, el gobierno del Presidente Frei ejecutó su primera masacre obrera.

Un día antes el senador democristiano Patricio Aylwin, que presidía en ese momento el PDC, habla anunciado "mano dura" para "las oligarquías sindicales que, promoviendo huelgas injustas e ilegales, utilizan a los trabajadores como carne de cañón".

El gobierno de Frei quiso ahogar en sangre el movimiento huelguístico de los trabajadores del cobre. Los mineros de El Teniente se encontraban en huelga legal desde el 1º de enero. Una comisión de esos trabajadores se trasladó a la zona norte, donde están los principales yacimientos de cobre que en Chile explotan los yanquis. Fueron a pedir solidaridad de sus compañeros. El requerimiento fue acogido de inmediato, con gran espíritu de clase, por los trabajadores de El Salvador y Potrerillos. Lamentablemente no ocurrió así con los obreros de Chuquicamata.

El 1º de marzo de 1966 se inició la huelga solidaria. De inmediato el gobierno de Frei ordenó que tropas de ejército y carabineros se adueñaran de los campamentos mineros para lo cual se dictaron las respectivas "zonas de emergencia". El 11 de marzo, tropas al mando del coronel Manuel Pinochet Sepúlveda, jefe de la zona de emergencia de Chañaral, rodearon el local del Sindicato de El Salvador. Se había dado orden de requisarlo para hospedar a la tropa. En el local se encontraban mineros, mujeres y niños. Un teniente de Carabineros, Luis Hald, acompañado de un suboficial, Luis Abarzúa, y un piquete de tropa, intentó entrar a viva fuerza al sindicato. Al encontrarse con la protesta de los obreros, el teniente Hald ordenó lanzar bombas lacrimógenas al interior del local.

La gente huyó por una puerta posterior y una ventana. Un grupo que ya habla salido al exterior se encontró con un nuevo ataque de bombas lacrimógenas. En medio de gran confusión, los obreros se dividieron en dos grupos. Uno pudo huir cruzando un estadio. Sobre el otro grupo, la tropa de Carabineros y Ejército abrió fuego. En ese momento se produjeron dos víctimas y varios heridos. Mientras se recogían los heridos, los soldados y policías continuaron haciendo fuego sobre los que se alzaban para recoger a sus compañeros heridos.

Al cesar las descargas, después de unos veinte minutos, se produjo un segundo baleo contra obreros, mujeres y niños que se habían acercado al lugar de los hechos para auxiliar a sus compañeros.

Un capitán de ejército, Alejandro Alvarado Gamboa, se hirió con su propia arma al bajar un terreno irregular, según algunos. Según otros, el capitán Alvarado fue herido por alguno de sus soldados que disparaba desde una mala posición. Los médicos del hospital local comprobaron que la herida del capitán la habla causado un proyectil similar a los que produjeron muertos y heridos entre los obreros. Sea como fuere, al caer herido el capitán Alvarado, la tropa reanudó el fuego en forma indiscriminada contra la población que se habla acercado al local del sindicato. En este segundo baleo cayeron las demás víctimas de la masacre, la primera de las que ha cometido el actual gobierno.

“SAN GREGORIO”
3 de febrero de 1921

LOS obreros de la Oficina Salitrera "San Gregorio", en conocimiento de la paralización de las labores de la oficina, solicitan a los poderes públicos no ser lanzados sin pasajes, para regresar al sur, y un desahucio de 15 días por parte de la Oficina. Los obreros se encaminan a la Administración, formados en filas de a cuatro, yendo sus compañeras a la cabeza de la columna con sus hijos, a fin de que el Administrador pudiera observar mas de cerca su miseria.

Entrevistados con éste, los obreros solicitan —en calidad de ministros de fe— la presencia de los dos Jefes militares al mando de la fuerza en la Oficina, Argandoña y Gainza. Llegados éstos al sitio en que estaba el Administrador, Argandoña pretende que los obreros debían retirarse a mas de cincuenta pasos de la Oficina, cosa que los obreros no aceptaron, diciendo que lo habían llamado como arbitro y no para que fuera a imponerse en forma descomedida. Gainza pone fin al altercado disparando su pistola contra los obreros, y Argandoña ordena a la tropa hacer fuego: 22 muertos y una cantidad mayor de heridos por parte de los obreros que, defendiéndose con sus herramientas, ultiman a barretazos al oficial Argandoña.

Al día siguiente, llega un nuevo destacamento de tropa, al mando del mayor Rodríguez; al grito de vengar al teniente Argandoña, la tropa penetró a la sala donde estaban los mineros heridos y a culatazos destrozó las cabezas de los obreros heridos. Realizada esta labor, hicieron irrupción en el campamento, dedicándose a cazar obreros, hasta el punto que los asesinatos cometidos en este día fueron casi el doble de los que hubo el día de la refriega.

Después se reunió a los obreros en el campamento y se les notificó que iban a ser fusilados, dividiéndose las mujeres y los niños en un grupo y los hombres en otro. Los dirigentes fueron llevados a la Administración, donde se les amarró con alambres y se les flageló brutalmente. 48 horas después, amarrados, se les arrojó en los carros que los condujeron hasta Antofagasta, donde fueron flagelados por la oficialidad del Regimiento Esmeralda y la guardia blanca de esa ciudad. ("Así sucedió". Guillermo Kaempffer V.).

Los muertos fueron:

—Osvaldina Chaparro Castillo
—Marta Egurrola de Miles
—Manuel Contreras Castillo
—Delfín Galaz Duque
—Luis Alvarado Tabilo
—Raúl Monardes Monardes
—Mauricio del Rosario Dubó Bórquez
—Ramón Santos Contreras Pizarro.

Se registraron alrededor de 60 heridos, entre ellos una niña de 12 años, Ivonne Valenzuela Carvajal. Varios de ellos han quedado incapacitados para toda la vida.

El capitán Alejandro Alvarado, en una entrevista de prensa, contó así lo ocurrido: "Le dije a mi coronel (Pinochet): si Ud. quiere que cumpla la orden que me dio, de tomarme el sindicato, tengo que tirar a matar y se va a producir una carnicería... Primero ordenó ráfagas cortas y quedé a la expectativa. Cayó alguna gente. La turba, con el rostro desfigurado por el fanatismo, gritando ¡viva Chile!, y enarbolando la bandera nacional, avanzó hacia nosotros. Me vi obligado a ordenar más disparos".

El coronel Manuel Pinochet (hoy general) declaro: "Yo di orden de apoderarse del local del sindicato porque lo necesitaba para que mi tropa estuviese cómoda", y añadió: "Yo recibo órdenes superiores. El Ministro de Defensa es mi jefe".

El Ministro de Defensa era el abogado democristiano Juan de Dios Carmona Peralta, que hace un mes fue elegido senador por Tarapacá y Antofagasta.

El FRAP dijo el 11 de marzo de 1966: "...declara que tomará todas las iniciativas a su alcance para que el país conozca la verdad de los hechos y para que se castigue con la máxima severidad a los responsables por altamente colocados que se encuentren. El FRAP llama a los trabajadores del país a redoblar su movilización en defensa de su vida, de sus derechos y de sus organizaciones. A resistir la violencia reaccionaria. A expresar solidaria y firmemente su repudio al crimen y asesinato masivo de obreros".

Un año después, el 23 de noviembre de 1967, se repetiría la masacre, en las calles de Santiago. Y este mes, en Puerto Montt.

Sólo cincuenta de los trabajadores de El Salvador despedidos por el coronel Pinochet fueron reincorporados más tarde a sus labores. El resto —ciento veinte— fue lanzado a la miseria, como lo constata la cuenta presentada al Congreso Nacional Extraordinario de la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre (CTC), en abril de 1967.

Junto con eso, se despidió a los dirigentes nacionales y de base de la CTC que habían cumplido el acuerdo de solidaridad con sus hermanos de clase. 22 dirigentes de los sindicatos de Potrerillos, Barquito y El Salvador fueron procesados y despedidos.

La sangre de los caídos en El Salvador no fue vengada.

Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados hizo lo que es habitual en las masacres obreras. Redactó un informe de trescientas páginas que no dice nada y que se cubre de polvo en los estantes del Congreso. Los discursos en los funerales y en el Parlamento quedaron también archivados para la historia. El consabido proyecto de ley para ayudar a las familias de las victimas demoró cerca de dos años en salir del Parlamento y en sus efectos prácticos es casi inútil. Entretanto, han ocurrido otras dos masacres y han caído otras quince personas, gente humilde de nuestro pueblo. Su sangre tampoco ha sido vengada. Los responsables, altamente colocados, no han sido castigados.

Diez muertos en la cuenta de Alessandri

LAS masacres obreras forman una implacable cadena a través de la historia de Chile. Se repiten con una frecuencia casi invariable bajo todos los gobiernos. El antecesor de Frei, Jorge Alessandri Rodríguez, que aspira a ser reelegido en 1970, también cometió masacres. Una fue el 19 de noviembre de 1962, en la población José María Caro.

La masacre de la Población Caro dejó ocho muertos en la cuenta del gobierno de Alessandri, obstinado defensor —como el actual Mandatario— de los privilegios de la burguesía. El 3 y el 7 de noviembre de 1960 habían caído otros dos obreros en Santiago asesinados por la policía, lo cual hace un total de 10 muertos para Alessandri.

En esa época el actual Presidente de la República era un senador de oposición que modelaba una imagen popular para la carrera presidencial. El senador Frei fue a la Población J. M. Caro y se arrodilló a rezar frente a los humildes ataúdes. Luego, en la infaltable sesión especial del Senado, acto considerado en el ritual de las masacres obreras, el senador Frei condenó la masacre cometida por Alessandri, y refiriéndose a los modestos pobladores víctimas de la violencia represiva, dijo: "Esas personas que viven como sabemos que están viviendo, sufren como sabemos que están sufriendo... Con ellas —su pobreza así lo exige— debemos tener exquisita prudencia".

La exquisita prudencia de Frei queda reflejada en las tres masacres que ya ha cometido su gobierno.

Por otra parte, el 28 de enero de 1946, gobernando el país el Vicepresidente Alfredo Duhalde Vásquez (radical), se cometió en la Plaza Ruines de Santiago otra masacre. Murieron cinco trabajadores, según las cifras oficiales, entre ellos la dirigente juvenil comunista Ramona Parra. El Ministro de Obras Públicas en aquel momento, Eduardo Frei, renunció a su cargo, horrorizado por las proporciones de la masacre.

El 30 de marzo de 1957, bajo el gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo, una manifestación estudiantil fue baleada por Carabineros. Murió la joven Alicia Ramírez. El consiguiente movimiento espontáneo de protesta fue atacado con carabineros, ejército y FACH Los muertos del 2 y 3 de abril nunca se han conocido en su totalidad. Pero los cálculos más conservadores señalan que fueron alrededor de cien.

En lo que va corrido de este siglo, la clase obrera chilena ha sido víctima de masacres horrendas, como las de Valparaíso, 1903 (40 muertos), Santiago, 1905 (casi cien víctimas), Antofagasta, 1906 (nunca se supo cuántos fueron los muertos), Iquique, 1907 (cerca de tres mil víctimas en la Escuela Santa María), Puerto Natales, 1919 (cifra no determinada), Punta Arenas, (doce muertos), San Gregorio, (ciento treinta víctimas), La Coruña, 1925 (no hay cifras seguras), Copiapó, 1928 (cerca de cien obreros fusilados en el interior del regimiento local), Ranquil, 1935 (cifra no calculada), etc.

(Para mayores antecedentes históricos, ver PF Nº 45).

LA CORUÑA
5 de junio de 1925

LOS OBREROS de las oficinas salitreras de Tarapacá empiezan a movilizarse en torno a viejas aspiraciones: solicitaban implantación de Ley Seca; Jornada de ocho horas; reemplazo de las "fichas" y "vales" para la "pulpería" por dinero, y un aumento de salarios (que venían pidiendo desde hacía más de veinte años). Las huelgas de las distintas oficinas desembocan en un paro general que dura ocho días en la provincia de Tarapacá. Los amos del salitre solicitan un mes de tregua para consultar a sus oficinas centrales en Inglaterra y Estados Unidos.

Aceptado por los obreros, la parte patronal se pone en contacto con la administración gubernativa y, coludidos con las autoridades, empiezan las medidas represivas. Tarapacá y Antofagasta son declaradas en estado de sitio y se designa jefe de la plaza al general De la Guarda. Fueron allanados los domicilios de los dirigentes y, detenidos, son embarcados con rumbo desconocido, viaje del cual algunos no volvieron más. Se les clausura el diario. Los obreros responden con un paro general de veinticuatro horas.

El gobierno ordena reprimir enérgicamente el movimiento obrero. El general De la Guarda ordena movilizar fuerzas de infantería y artillería hacia el interior de la pampa. Se moviliza la Armada y se despachan refuerzos desde el sur. "En la pampa quedan, frente a frente, las fuerzas militares bien armadas, y los pobres rotos carne de cañón".

Una comisión de obreros de La Coruña solicita a la Administración que se les entreguen "fichas" de acuerdo con lo ganado, la que se niega. Se dirige a la "pulpería" y ésta no les entrega víveres. Se desaloja a los obreros y hay heridos. En Alto San Antonio los obreros son provocados por la policía y éstos reducen a una escasa dotación de carabineros, sin causarles daño.

Llega la tropa a Alto San Antonio al mando del Comandante Acasio Rodríguez, quien ordena marchar sobre las oficinas en poder de los trabajadores. Estos no pueden resistir el tiroteo del Ejército y salen de los edificios de la oficina con los brazos en alto a la pampa, para salvar sus vidas. Son recibidos con ráfagas de ametralladoras. Mueren desangrados. Los hombres, mujeres y niños que huyen son alcanzados con el fuego de la fusilería. La orden es terminante: "Hay que liquidarlos a todos..."

Al día siguiente se reduce a la oficina Pontevedra y se ordena marchar sobre La Coruña, donde se han concentrado cientos de obreros de las oficinas del Alto San Antonio. En conocimiento de los sucesos, los obreros de La Coruña, para defenderse, tenían dinamita —que no podían usar mientras la tropa no se acercara— y entre pistolas, revólveres y carabinas, recolectados en las diversas oficinas, habría unos sesenta hombres armados. Sin la menor idea de cómo organizar tácticamente una defensa, no se les ocurrió dinamitar la línea férrea para evitar el avance de la artillería; sólo atinaron a parapetarse en las partes edificadas, donde serian alcanzados con armas de largo alcance.

Los dejaron salir a pampa descubierta y avanzar hacia ellos, y luego ordenaron a las ametralladoras hacer fuego. Los que huían eran alcanzados por el fuego de fusilería. A la masacre y la caza de hombres en pleno desierto, siguió el macabro placer de "palomear rotos": les entregaban una pala a cada uno, los hacían formar en línea de a uno, luego les ordenaban tomar distancia, abriendo los brazos, y ¡a cavar, cada uno, su propia fosa! Terminada la faena, los formaban frente a las sepulturas, y la oficialidad empezaba a darse el placer de que, a su disparo, "el roto, describiendo una media vuelta en el aire, en palomita, quedaba, justo, adentro de la tumba que recién había cavado". ("Así sucedió", Guillermo Kaempffer Villagrán).

La segunda masacre de Frei

EL 23 de noviembre de 1967, en las calles de Santiago, se registró la segunda masacre del gobierno del presidente Frei. Ese día se realizaba un Paro Nacional ordenado por la CUT contra el proyecto del gobierno de pagar en bonos una parte del reajuste de sueldos y salarios. El hambre y la miseria de la clase trabajadora pretendía aplacarse con papeles sin ningún valor adquisitivo. La justa protesta de obreros y empleados, sin embargo, fue acallada a sangre y fuego.

Das meses antes de la masacre se había constituido un comité ad-hoc "antisubversivo" del Consejo Superior de Seguridad Nacional (CONSUPSENA). Los planes para dirigir la represión fueron elaborados por ese organismo policíaco-militar que viene entrometiéndose desde entonces, incluso, en la vida académica de la Universidad de Chile.

Fuerzas del ejército y de la FACH actuaron el 23 de noviembre en conjunto con el Grupo Móvil y demás efectivos de Carabineros. Las poblaciones "marginales" de Santiago fueron acordonadas desde la- medianoche del día 22, para evitar que los obreros hicieran manifestaciones hacia el centro de la capital, dominio reservado a los sectores burgueses de Santiago. El Instituto Pedagógico fue asediado por el Grupo Móvil para impedir que los alumnos de Filosofía y Educación salieran a solidarizar con la clase trabajadora.

En las calles, entretanto, la dura represión provocaba cinco muertos y más de cincuenta heridos. En especial los soldados de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) se caracterizaron por su brutalidad.

Entre las víctimas hubo un niño de 8 años, Manuel Zamorano Cortés. Su muerte fue relatada así por el periodista de "Clarín" Miguel Torres (PF Nº 43): "El niño Manuel Zamorano Cortés recién había recogido una piedra del suelo. Alzó el brazo derecho, en ademán de lanzarla, y su gesto no pasó inadvertido polla vista de águila del bravo soldado de la FACH. "¡Vamos Manuelito!", le apuró su compañero Juan Díaz. El niño no le respondió. Estremecido por el choque de invisibles proyectiles, recogió sus manos sobre el vientre y empezó a girar mostrando sus espaldas desnudas e indefensas al fuego graneado de los defensores de la patria".

Los muertos de esta segunda masacre del actual gobierno democristiano, fueron:

—Manuel Zamorano Cortés.
—Luis Valdés Espinoza.
—Juan Gabriel Navarro Tobar.
—Luis Guerrero Rivas.
—José David Norambuena.

En el Congreso Nacional —como es de rutina— se efectuó una sesión especial en la que se protestó enérgicamente por lo ocurrido en las calles de Santiago. Se señaló que los culpables debían ser castigados por muy altas posiciones que ocuparan, y se indicó que era de toda justicia aprobar un proyecto de ley para ayudar a las familias de las víctimas. El Partido Comunista, en declaración que publicó "El Siglo" (25-11-67), señaló que expresaba su hondo pesar "por la inmolación de preciosas vidas de trabajadores y de niños...".

La Escuela "Santa María"

LA ciudad de Iquique con sus cuarenta y dos mil habitantes, que con la huelga se habían elevado a sesenta mil, había paralizado sus actividades totalmente. Los cañones de tres barcos de guerra apuntaban hacia la ciudad; transportes listos para desembarcar o embarcar gente, según el caso; la ciudad era patrullada día y noche por el Ejército y la Marina. Los regimientos habían sido reforzados con tropa del sur, hasta de Talca, con Artillería de Costa y tropa de carabineros.

El viernes 20, víspera de la masacre, el Comité fue informado de que agentes, policías y delincuentes sacados de la Cárcel Pública, prepararían una provocación a las autoridades cuando estuviera reunido con el Intendente. El Comité puso en conocimiento de la Asamblea los planes de los salitreros, pidiendo que no abandonaran el recinto de la Escuela ni aceptaran provocaciones.

A su llegada a la Intendencia, el Comité se encontró con gran cantidad de "trabajadores" que insultaban a las autoridades civiles y militares. El Comité encaró al grupo y les indicó que debían retirarse con tranquilidad a la Escuela. En presencia del Intendente, el Comité protestó del siniestro plan de la policía secreta. El Intendente Carlos Eastman los notificó terminantemente que él ya no podía tolerar por más tiempo el estado de cosas creada por la obcecación de los huelguistas y que al día siguiente, sábado 21, haría colocar trenes para que los trabajadores regresaran a la pampa y, en caso de desobediencia, él haría reprimir con toda severidad la rebeldía. El General Roberto Silva Renard se expresó en los mismos términos; desconoció las razones de los obreros y declaró a los salitreros víctimas de su bondad y largueza para remunerar al trabajador. El Comité, ante la amenaza, expresó al Intendente Eastman su pesar por la parcialidad con que obraba y que había dejado de ser un mediador en el conflicto al asumir francamente la defensa de los Intereses del capitalismo y desconocer la justicia de sus derechos; hicieron presenta al General Silva Renard que la nación sostenía al Ejército y la Marina para resguardar sus fronteras y no para efectuar una agresión contra el pueblo. El Intendente y el General dieron por terminada la entrevista.

Mientras el Comité se entrevistaba con las autoridades de la provincia, comenzaba la represión sangrienta en la oficina "Buenaventura", donde más de mil obreros estaban bloqueados por las fuerzas armadas, en un cerco amenazante que les impedía dirigirse a Iquique. Los obreros, que no querían permanecer en la oficina, trataron de armar un tren para embarcar a sus mujeres y sus hijos, pero, sorpresivamente, el oficial a cargo de la tropa dio orden de hacer fuego contra los obreros, dando muerte a seis de ellos y resultando heridos a bala dieciocho obreros y dos mujeres.

En la noche del día 20, llegaron los seis cadáveres y los veinte heridos a Iquique. Indignados con esta matanza, los obreros se reunieron en el Circo Sobarán, en el local del Hipódromo y en la Escuela Santa María. Para evitar la represalia obrera, el Comité concurrió a todas estas asambleas llamando a la calma y alertando ante las provocaciones de las fuerzas armadas. Se dispuso el envío al hospital de los heridos, el entierro de los cadáveres y el alojamiento de los recién llegados. El periódico "El Tarapacá" felicitó a los obreros por su correcta conducta y expresó que por su comportamiento los hombres, mujeres y niños venidos de las oficinas salitreras se habían ganado las simpatías del vecindario de la ciudad y del comercio; los primeros obsequiaron ropas y objetos diversos y el comercio mercaderías y dinero. El diario popular "El Trabajo" agradecía tales demostraciones de cooperación.

El trágico día 21 de diciembre, en la mañana, fueron trasladados al cementerio los seis cadáveres en una imponente manifestación de duelo bajo la consigna de m un grito, la conversación en voz baja, demostrando el dolor por los compañeros "idos"...

El Intendente envió al dirigente del Partido Democrático, Abdón Díaz, para que comunicara al Comité la resolución de las autoridades de que los obreros debían regresar a la pampa y nombrar una comisión que los representara. La gestión de Díaz no tuvo éxito. La Asamblea manifestó sus deseos de no volver a la pampa y que preferían volver a sus respectivos pueblos; pidieron garantías de no ser atropellados por las fuerzas armadas y la libertad del obrero Pedro Regalado Núñez.

Ante la gravedad de los rumores de que los obreros serían reducidos y disueltos por la fuerza, la Asamblea, que se encontraba reunida en sesión permanente, acordó: nombrar una Comisión para que pidiera protección al Cónsul norteamericano, quien contestó que nada podía hacer en favor de los obreros. Esto motivó una comunicación al Cuerpo Consular residente, deslindando responsabilidades, denunciando y protestando por los abusos de autoridad. El Cónsul de Bolivia en Chile concurrió al local de la Escuela a notificar a sus compatriotas que abandonaran el local porque en algunos minutos más serían baleados. Los obreros bolivianos se negaron a salir, manifestando que las injusticias eran iguales para chilenos, peruanos, bolivianos y argentinos, y que correrían la suerte de sus compañeros. El Cónsul argentino, Sires Jones, que era representante de la Compañía Salitrera "Aguas Blancas", no se interesó por lo que pudiera sucederles a sus representados. El mismo predicamento tuvo el Cónsul de Perú, J. Morrow, que era ciudadano inglés. El Cónsul del Ecuador contestó que ya era tarde, pues en algunos momentos más serían ametrallados.

Montó a caballo el General Silva Renard ordenando ¡hacia la Plaza Manuel Montt! (frente a la Escuela Santa María).

La Plaza estaba repleta de obreros. La caballería despejó para instalar las ametralladoras del Crucero Esmeralda, frente a la azotea de la Escuela, apuntando hacia donde se encontraba el Comité Central. El resto de la tropa se desplegaba hacia los costados, rodeando toda la manzana. La Escuela Santa María se encontraba engalanada con banderas de repúblicas hermanas, en que descollaban chilenas, argentinas, bolivianas y peruanas.

El Coronel Sinforoso Ledesma llegó hasta el Comité, ordenando la inmediata salida de los obreros hacia el Club Hípico: El Comité se negó a acatar la orden; los trabajadores temían ser cañoneados a campo abierto por los barcos de guerra que apuntaban, desde la bahía, hacia el camino que conducía al Club Hípico. Momentos después, Silva Renard se apersonó al Comité comunicando que iba a dar orden de ¡fuego!, si no era obedecido. El Comité contestó que no lo creía capaz de tan abominable crimen. Silva Renard, se limitó a contestar simplemente:

—Todas son palabras y palabrerías, obedecen o los ametrallo.

Eran exactamente las 15.45 horas, cuando el General dio la orden de fusilar a los miembros del Comité Central, que se encontraban en la azotea presentando un fácil blanco. A la orden de fuego, los soldados hacen la primera descarga: acribillados por las balas caen Brigss, Olea, Rodríguez, Díaz, Vergara, Rosario Calderón y algunos delegados de las oficinas salitreras que rodeaban a los miembros del Comité Central. Quedaba raleada la azotea, pero cubren el hueco nuevos elementos agitando banderas, con camisas rotas para mostrar sus pechos al aire; las mujeres rompen sus blusas dejando sus senos al aire. Ante las ráfagas de ametralladoras sus cuerpos caen en volteretas desde el segundo al primer piso, pesadamente.

Terminaba la macabra obra de asesinar en masa, disparando alevosamente donde se encontraba una multitud compuesta por gente de ambos sexos y de todas las edades, dejando dos mil cadáveres diseminados en la via pública, en el antejardín de la escuela, en la azotea, en el patio, y salas de clase del establecimiento educacional, mezclados con cientos de heridos que gemían, se retorcían de dolor, desangrándose paulatinamente sin esperanzas de atención médica o de primeros auxilios. A las autoridades no les preocupaban los muertos ni los heridos sino los vivos que con la caballería sable en mano y lanza en ristre fueron arriados con las manos en alto hacia el Club Hípico. Mientras tanto, las autoridades concentraban su esfuerzo en el material ferroviario para embarcar a los sobrevivientes hacia el interior de la pampa, bajo amenaza de muerte. Diez mil obreros fueron llevados nuevamente a las oficinas salitreras, prácticamente condenados a trabajos forzados. ("Así sucedió", Guillermo Kaempffer V.).

Nueve muertos en Puerto Montt

HOMBRES y mujeres arrodillados escarbaban cenizas y cada cierto tiempo exhibían restos da materia carbonizada, que separaban en un cuidado montón. El resultado de la dramática búsqueda podría ser un nuevo hallazgo macabro; por ejemplo, los restos de una guagua de mesas consumidos por las llamas durante el sangriento desalojo de los pobladores de Pampa Irigoin, en Puerto Montt, el domingo 9 de marzo de 1969.

La versión parece increíble, producto del horror y la desesperación de gente qua horas antes sufrió el impacto de una despiadada masacre.

El testigo escucha, mira, pero la razón se niega a entender lo que ocurrió en Puerto Montt.

24 horas después de la masacre, grupos de hombres y mujeres deambulan por los terrenos, sus gestos son pesados, somnolientos, los rostros se crispan en gestos de incredulidad, asombro, terror... En la tierra se ven manchas negras, chamuscadas, donde pocas horas antes se levantaban rucas y ranchos miserables. Los grupos se acercan silenciosos y rodean al primer extraño que ven. De pronto, desde el fondo del pecho, les sale la voz; buscan en el interlocutor un eco a su indignación y rabia contenida. Sus ojos gritan impotencia y dolor.

Ese sentimiento se transformó en desesperación cuando leyeron las primeras informaciones de la prensa —o escucharon las radios— sobre lo sucedido en Puerto Montt. Los pobladores, ya castigados por la violencia asesina y cobarde, se dieron cuenta de que los "periodistas" que habían estado en el lugar de la masacre, en las primeras horas, tomando apuntes y entrevistando a los sobrevivientes, se habían conformado en seguida con el mentiroso parte oficial entregado por las autoridades. Sin comprender los mecanismos que rigen la información en el país, los pobladores de Pampa Irigoin, gritaban su rabia: "...los periodistas son unos cobardes, unos vendidos..."

Tal vez este asunto, el de la información, sea uno de los aspectos más inquietantes del drama de los pobladores masacrados en Puerto Montt. En una labor sincronizada, la mayor parte de la prensa escrita y radial transmitió sólo la versión del gobierno, amparándose en el peligroso criterio que acepta sólo como información verídica lo que dice la voz oficial. En el caso de la matanza Nº 3 del gobierno del Presidente Frei, los hechos, que lograron traspasar este control sólo al tercer día, demostraron una vez más que la voz oficial miente, y que miente con más fuerza cuando se trata de ocultar acontecimientos desmesurados, que llevaron a un político de oposición, Salvador Allende, presidente del Senado, a acusar al gobierno de un "crimen colectivo y premeditado".

El domingo nueve de marzo; a las siete de la mañana, un conjunto de no más de setenta familias que había ocupado terrenos en Pampa Irigoin, en Puerto Montt, fue asaltado por fuerzas de Carabineros (no hay cifras oficiales sobre la tropa y no es posible establecer la cantidad exacta a través de testigos, pero no bajaría de 200 hombres). Llegaron por la Carretera Panamericana, en donde se estacionaron a un costado de los terrenos ocupados, y atacaron de inmediato, lanzando bombas lacrimógenas y quemando las improvisadas viviendas de madera y cartón del campamento de pobladores. Fue media hora de asalto inhumano, que es difícil de reconstruir en todos sus detalles. Como en "crímenes colectivos" de gobiernos anteriores, la verdad será cuidadosamente ocultada y los hechos tergiversados para defender la actuación de la fuerza represiva.

El incendio del campamento contribuyó a agigantar el horror de la matanza y despertó visiones espantosas en los pobladores, principalmente en las mujeres, que a veces se confunden con la irrealidad. Se tendrá que esperar pruebas más concretas para ser entregadas como verdades. Entre estas escenas están las de carabineros arrastrando cadáveres hasta las llamas para hacerlos desaparecer.

Relatos recogidos en Puerto Montt de labios de testigos y protagonistas de los incidentes del nueve de marzo permiten reconstruir a grandes rasgos los movimientos de carabineros y pobladores. Los carabineros entraron sorpresivamente lanzando bombas lacrimógenas al sitio donde se levantaban los rucos. Los pobladores salían de las mejoras empujados por los gases, pero debían huir de inmediato para escapar a la lluvia de piedras con que los recibía afuera la policía. Este método les permitió a los carabineros desbandar en pocos momentos a hombres, mujeres y niños que, dormidos o despiertos, estaban en los terrenos ocupados.

Un muchacho de quince años, comenzó a golpear fierros entre si en un esfuerzo desesperado por llamar a los vecinos de la población Manuel Rodríguez. Estos se despertaron con las detonaciones de las bombas lacrimógenas, las carreras de los pobladores y los gritos de mujeres y niños. Grupos de esos vecinos acudieron en ayuda de los ocupantes sin casa, tratando de organizar con ellos algún tipo de defensa. Parapetados en los rucos más cercanos a la población Manuel Rodríguez, respondieran con piedras a los carabineros e incluso por algunos momentos lograron ganar terreno mientras la fuerza policial retrocedía impactada por la audacia de los pobladores. En este lapso y posteriormente, se produjeron combates cuerpo a cuerpo entre pobladores y carabineros, en que los primeros se defendían con palos arrancados a sus propias ranchas que eran destruidas sistemáticamente por los uniformados. Cuando la policía fue obligada a retroceder por las débiles e inorgánicas fuerzas de los pobladores, el coronel Apablaza, al mando de las operaciones, ordenó abrir fuego. Los carabineros cambiaron las piedras por las balas y entraron a saco disparando tiro a tiro, escogiendo a las víctimas. En las primeras descargas cayeron tres hombres y numerosos heridos. Los disparos provocaron el desbande de los pobladores, aun cuando los mes decididos continuaron luchando armados de piedras y garrotes, parapetados detrás de las mejoras. Para despejar el lugar y barrer las últimas defensas de los pobladores, se ordenó quemar las ranchas. Esta labor se completó totalmente, alimentando algunas hogueras con tablas de las mejoras más cercanas.

El gobierno intentó dar a estos hechos el carácter de un encuentro para el cual los pobladores estaban preparados, con un "sistema militar interno", y algunas publicaciones ("Diario Ilustrado" y "La Nación" en Santiago, y "El Correo", de Valdivia) hablaron de "guerrillas urbanas". Los acontecimientos demuestran que se trató apenas de una masacre, ejecutada a mansalva y a conciencia por los oficiales al mando de la tropa. La policía actuó armada y desarrollando un plan de ataque en contra de pobladores desarmados, que le respondieron primitivamente por un mecanismo natural de defensa.

Fue una masacre inútil, porque la situación pudo haber sido controlada con disparos al aire. Fue una masacre premeditada, porque los carabineros, al menos sus jefes, tuvieron tiempo y todas las posibilidades para medir cada paso. Fue una masacre a sangre fría, porque los impactos que muestran los cadáveres y los heridos (sólo uno cada uno) señalan que los carabineros se dieron tiempo de escoger su blanco. Innumerables testigos vieron cómo los policías hay tres de ellos nominados: carabineros, Méndez, Rosas y González), echaban rodilla a tierra y disparaban al bulto. Tres de los muertos cayeron cuando se asomaban al lugar de los hechos por entre las ranchas de las poblaciones colindantes. Fueron los últimos caídos, cuando ya carabineros había limpiado de pobladores los sitios ocupados y era dueño absoluto de la situación, aunque seguían disparando a matar al primero que se asomara.

La presencia de mujeres y niños en el lugar, es otro factor que descarta la posibilidad de que los pobladores hubieran ofrecido una resistencia seria, concebida como un plan organizado para rechazar la intervención policial.

El Departamento de Informaciones de la Dirección de Investigaciones no desconoce la naturaleza pacífica del movimiento de los sin casa y ello hace que se mire con mayor alarma las informaciones precipitadas que entregó en los primeros momentos el Subsecretario del Interior, Juan Achurra. De la misma manera las autoridades de gobierno en Santiago desconocieron otros detalles básicos de la ocupación de los sitios en Pampa Irigoin, que una vez revelados dejaron como falsas y gratuitas las enfáticas afirmaciones de Achurra Larraín.

Tales detalles se refieren al tiempo en que venían ocupándose los terrenos. Pampa Irigoin se encuentra a tres kilómetros del centro de Puerto Montt, en la parte alta. Son terrenos de mala calidad, que el dueño mantiene abandonados. El avanzado grado de humedad de la tierra la ha transformado en suelos semipantanosos. La mayor parte de la pampa (bautizada así por los sin casa) está poblada por extensos grupos de ranchas de madera levantadas en anteriores ocupaciones. Entre esas poblaciones se encuentra la unidad Manuel Rodríguez (sin luz ni agua potable), que fue ampliada en otra toma posterior. Desde el martes 4 de marzo comenzaron a llegar pequeños grupos de familias a las últimas tres hectáreas que restaban de la Pampa Irigoin: una puntilla en triángulo ubicada entre la ampliación de la población Manuel Rodríguez y la Carretera Panamericana.

Fueron levantando de a poco sus casas, sin que a nadie le llamara la atención. El día viernes llegó el grupo mes numeroso de familias sin casa, que completó un total no superior a 70 grupos familiares. El sábado siguiente el mayor de carabineros Rodríguez fue en busca del regidor socialista y diputado electo Luis Espinoza Villalobos, para pedirle que lo acompañara a parlamentar con los pobladores sin casa. En el terreno, el oficial ofreció todo tipo de garantías, inició un empadronamiento de las familias y sólo les pidió que respetaran las líneas divisorias de los sitios que ocuparan en definitiva. El oficial dijo a los pobladores que volvería después de uña hora para recoger el resultado de la encuesta. Los pobladores no lo vieron hasta el día siguiente, dirigiendo a sus hombres en el sangriento desalojo. El regidor Espinoza fue detenido el domingo, diez minutos después de la una de la madrugada (es decir, seis horas antes de los incidentes), en la Carretera Panamericana, a la entrada de la ciudad, cuando regresaba de Llanquihue, donde pasó toda la tarde del sábado en concentraciones del Partido Socialista. Detenido por Investigaciones fue trasladado al cuartel de este servicio en Puerto Montt. Desde la pieza donde lo mantenían incomunicado, el regidor Espinoza tuvo la oportunidad de escuchar el diálogo de los jefes de carabineros, coronel Apablaza y mayor Rodríguez, que esperaban en la pieza contigua respuesta a la solicitud hecha a Investigaciones para que les fuera entregado el detenido. Apablaza, según la versión que entregó el regidor Espinoza a su abogado, Mario Fuenzalida, y que posteriormente puso en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valdivia, dijo al mayor Rodríguez: "Las órdenes de desalojo son perentorias, aunque haya muertos, y esta es la única manera de parar a este desgraciado de Espinoza".

Espinoza fue detenido por orden del intendente subrogante de Llanquihue, Jorge Pérez Sánchez, destacado personero de la Democracia Cristiana de la zona, donde conservaba debilitado prestigio por sus características sico-patológicas. Su hermano Alfonso fue denunciado por el regidor Espinoza como autor del asesinato de una mujer que abandonaron individuos que se dieron a la fuga en las puertas del hospital de Puerto Montt. La víctima estaba herida a bala y murió poco después. Esta campaña del regidor Espinoza contra una maffia acomodada de Puerto Montt, hace presumir que la persecución de la familia Pérez Sánchez obedezca a una venganza de tipo personal. La detención de Espinoza horas antes del desalojo estaría explicada como un intento de mantener al regidor socialista bajo control de las autoridades, pero presumiblemente se habría cometido un error al enviar la orden de reclusión al personal de Investigaciones en lugar de hacerla llegar a Carabineros.

Si la matanza fue premeditada con el fin de aplastar a los pobladores sin casa y hacer recaer la responsabilidad en su líder, Luis Espinoza, este propósito no se cumplió. La Corte de Apelaciones de Valdivia puso en libertad incondicional a Espinoza, el lunes en la tarde, por "falta de méritos", propinando un duro golpe irreparable a la versión que estaba entregando el gobierno al país, y que señalaba como instigador de los sucesos al regidor socialista. Cuando Espinoza volvió a las poblaciones del alto de Puerto Montt fue saludado efusivamente por los pobladores y se colocó de inmediato al frente del movimiento. Pérez Sánchez fue retirado de su cargo, horas después de la masacre, aun cuando desde Santiago el Ministerio del Interior entregó una declaración respaldándole totalmente. Lo reemplazó el Jefe de la Plaza, Coronel de Aviación Antonio Espinace. El dogmatismo de los funcionarios de gobierno hizo que Espinace llamara la atención a un secretario del Ministerio del Interior destacado en Puerto Montt, y en conversación telefónica con Achurra Larraín reclamara por la insistencia del gobierno en culpar al regidor socialista de "profanar tumbas". "Ud. no puede lanzar esas acusaciones, dijo el coronel Espinace delante de dirigentes socialistas, cuando acá estoy arreglando las cosas precisamente gracias a la labor de Espinoza".

La orden de efectuar el desalojo y actuar "en consecuencia" la dio personalmente el Subsecretario del interior, Juan Achurra, al Intendente Pérez Sánchez, según lo reconoció el primero en declaraciones a la prensa. Este detalle impide que la matanza de Puerto Montt sea tomada sólo como producto de una querella personal de un funcionario mentalmente desequilibrado, como Pérez Sánchez. Esta acción fue más bien concebida dentro de una política criticada en el propio partido de gobierno, no bien se conocieron los detalles de la masacre.

El número de muertos ascendía a nueve en los momentos de cerrarse esta crónica, y se temía por la suerte de una de las mujeres hospitalizadas, herida a bala.

La nómina oficial de las víctimas de este nuevo atentado contra el pueblo es: 1) Rosamel Santana Chacón, 64 años, cinco hijos; 2) José Flores Silva, 19 años, soltero, cesante; 3) Wilibaldo Vargas Vargas, 31 años, 4 hijos; 4) Luis Carlos Alderete Oyarce, 19 años, soltero; 5) Arnoldo González Flores, 34 años, 6 hijos; 6) Jo vino Cárdenas Gómez, 29 años, 4 hijos; 7) Federico Segundo Cabrera Reyes; 8) José Heriberto Aros Vera y 9) Róbinson Hernán Montiel Santana, de nueve meses de edad. Este bebé murió por inhalación de gases tóxicos, según la autopsia dada a conocer a este periodista por el doctor Félix Rosas, del Hospital de Puerto Montt.

El informe médico demuestra que no hubo heridos a bala entre los carabineros, como lo informó en un primer momento el gobierno. Sólo uno de ellos tiene quemaduras en la última falange del pulgar izquierdo, presumiblemente ocasionadas por un disparo de sus propios compañeros. El resto de los carabineros "heridos" (11 atendidos en la guardia del hospital) sólo presentan contusiones y hematomas productos de golpes de piedras lanzadas a distancia. Fueron dados de alta de inmediato con diagnóstico de "contusiones leves".

El hospital atendió 41 heridos, de los cuales 22 eran civiles heridos a bala, todos así como los cadáveres con un solo impacto. Este detalle ha hecho pensar a los pobladores que los carabineros sabían la identidad de las personas que mataron o hirieron. La mayoría de ellos son dirigentes de la campaña electoral de Luis Espinoza, que resultó electo diputado socialista por Llanquihue. El primer día fueron llevados al hospital los tres primeros cadáveres por los propios carabineros. Una cuarta víctima murió durante la operación. Dos cadáveres fueron trasladados al día siguiente, lunes, al hospital por un vehículo de la FACH. Sus familiares no los entregaron antes por temor a represalias. Varios de los familiares de los heridos y detenidos (16 en total, puestos en libertad posteriormente por el fiscal militar que instruye el proceso por "agresión a carabineros") fueron apresados cuando se acercaron a preguntar por sus nombres en el hospital de Puerto Montt. Otros dos pobladores murieron al segundo y tercer día sin poder recuperarse de las operaciones que les fueron practicadas a raíz de las heridas a bala que recibieron durante el desalojo. El menor Róbinson Montiel fue llevado por su propia madre al hospital el lunes en la mañana. Acababa de morir.

De los pobladores fallecidos, siete murieron por impactos en la región abdominal y uno por disparo que lo alcanzó en el tórax, pero que, como en otros casos, entró por la espalda. Por lo menos cinco de los caídos no pertenecían al grupo que ocupó los terrenos y murieron entre los que salieron en defensa de los sin casa o entre aquellos que fueron heridos cuando se asomaron entre las casuchas vecinas. En el hospital se practicaron en total 15 operaciones, todas por heridas a bala.

El informe médico se sumó a los antecedentes que, a medida que se iban revelando, derrumbaban punto por punto la versión del gobierno, entregada por boca del Subsecretario Juan Achurra Larraín.

La mujer de Wilibaldo Vargas, Ana Delia Águila Bahamondes, vio al carabinero Méndez cuando después de hacer puntería tumbó a su marido de un balazo (fusil SIG, calibre 30). Los pobladores hicieron saber a los familiares de Méndez y del carabinero Rosas (apodado el "cogote de pita") y del sargento primero González, que viven en la población Libertad, colindante con los terrenos tomados, que debían dejar el lugar. Los policías, que eran conocidos para los vecinos, fueron identificados de inmediato por los pobladores que vieron la matanza sin poder hacer nada.

La versión oficial de Carabineros "atrapados" por una turba de pobladores sin control se deshizo como burda mentira, tejida a toda prisa. El gobierno apeló del fallo de la Corte de Valdivia, pues necesita una sentencia condenatoria contra Luis Espinoza para sostener su tesis de pobladores instigados por un "plan subversivo".

Un día después de la matanza, los diarios locales publicaban una información sobre la situación de miles de pobladores de Puerto Montt hacinados en barracones insalubres levantados después del terremoto de 1960. Todas las promesas de traslado a sitios más habitables, no han sido cumplidas hasta el momento.

La miseria generalizada de la zona hace más dificultosa la situación de miles de pobladores sin casa, la mayoría cesantes que permanecen de allegados en otras casas o simplemente levantan rucas de madera y cartón en los faldeos de las quebradas. Las llamadas "poblaciones" del alto de Puerto Montt, son conjuntos de casuchas aplastadas por el peso de la lluvia, hundidas en la tierra pantanosa. El número de los sin casa aumenta día a día, alimentado por la emigración del campo a la ciudad. En ambas zonas, urbana y rural, la cesantía hace estragos, y la falta de soluciones reales al problema habitacional provoca tensiones permanentes en la región de Llanquihue. Los políticos no descartan la posibilidad de que las autoridades zonales, con el visto bueno de Santiago, hayan concebido la fórmula represiva, en los términos conocidos, para acallar a una masa miserable cada vez más exigente.

En la Pampa Irigoin, al día siguiente de la matanza, los pobladores comentaban las consecuencias de los incidentes. Un estudiante secundario entró en un diálogo con la senadora comunista Julieta Campusano. Junto a otros pobladores reclamó de los acuerdos tomados el día anterior con las autoridades provinciales. El acuerdo comprometía a los partidos a no participar en nuevas tomas de tierra, a cambio de lo cual se retiraba la fuerza de carabineros y se reemplazaba por tropas del ejército, hasta que volviera la calma. "Estos acuerdos resienten la conciencia revolucionaria que puede lograr el poblador con estas experiencias", dijo el estudiante. "Usted es muy joven, señaló la senadora, y no sabe que la conciencia se forma lentamente. El pueblo, agregó, va conociendo así quiénes son sus enemigos. Porque hay que identificarlos claramente. En esta zona, señaló, salió elegido un democratacristiano y un nacional. No deben olvidarse de quiénes son ellos. Hoy ganamos un diputado socialista, mañana deberemos conseguir una nueva voz en el Parlamento, fortaleciendo nuestras conciencias revolucionarias".

Posteriormente la senadora partió con una delegación a una entrevista con las autoridades para conseguir la entrega de los cadáveres a los familiares.

AUGUSTO CARMONA A.

SEÑOR DE HORCA Y CUCHILLO

JUAN ACHURRA LARRAIN, un oscuro abogado cuya única gracia es ser primo del Ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar Larraín, pasará a la historia oculta de Chile, esa que no se enseña en las escuelas y liceos porque "afea" la imagen de las clases dominantes.

El 9 de marzo de 1969, el Subsecretario del Interior, Juan Achurra Larraín, dio el conforme al Intendente subrogante de la provincia de Llanquihue, Jorge Pérez Sánchez, para que ese sujeto —cuyos móviles siniestros aún no se esclarecen— ordenara la masacre de Puerto Montt. El Subsecretario Achurra Larrain admitió públicamente que fue consultado por Pérez Sánchez y que instruyó a éste para que actuara según su "criterio", asegurándole que el Ministerio del Interior respaldaría plenamente cualquier acción suya. Más claro echarle agua. Achurra Larrain, ciñéndose a la política fascista que viene aplicando el gobierno democristiano, daba a su correligionario Pérez Sánchez autorización para balear impunemente a un grupo de chilenos humildes.

Juan Achurra Larraín, que en esta forma se incorpora a la historia de las masacres en Chile, era hasta hace poco un ignorado funcionario del palacio de La Moneda. Se desempeñaba en la Subsecretaría General de Gobierno, entre papeles y gajes burocráticos. Parecía conforme con un empleo apropia, do a sus luces. Al menos, como muchos de sus parientes, había encontrado en el actual gobierno un alero bajo el cual vegetar a costa del Fisco. Su primo hermano, Andrés, es Ministro de Hacienda. Un hermano de éste, Sergio, ocupa un alto cargo en la CORFO y acaba de ser elegido diputado democristiano, después de una campaña publicitaria cuyo costo asombró al país. La lista de parientes en la Administración Pública es casi interminable. Manuel Achurra Larrain es ejecutivo de ODEPLAN. Javier Larrain Orrego, otro primo, es presidente del Instituto CORFO-Norte y presidente de la mina de cobre "La Exótica". José Florencio Guzmán, Subsecretario de Hacienda, es primo de los Zaldívar y a la vez primo de Claudio Orrego, ex director de "La Nación", etc. Y así. A los 35 años de edad, Juan Achurra Larraín, que en sus comienzos ofició como procurador del bufete de abogados de Eduardo Frei, se ha convertido en un ser poderoso. Dispone de la vida de los chilenos... de los chilenos desamparados, claro. Es uno de los grandes duques de la farra de sangre que se ha pegado la Democracia Cristiana.

Ese día lunes, en la tarde, llegó a Puerto Montt el senador socialista Salvador Allende. Él con la senadora Campusano y dirigentes de pobladores, acordaron con el Intendente Espinace los puntos de una "solución" final al conflicto. Se entregarían casas a los deudos de las víctimas fallecidas, y a los pobladores que participaron en la toma de los terrenos desalojados que figuren en la encuesta realizada el día anterior por el Mayor Rodríguez, se les entregarán 45 sitios semiurbanizados, sin pago de cuota previa, con un plazo de tres meses para iniciar la cancelación de las cuotas CORVI. Aun cuando el acuerdo en esa reunión no aparecía tan amplio, fue modificado en esos términos en conversaciones posteriores con pobladores y el regidor Espinoza. El gobierno había hecho cuestión del pago de las cuotas para no entregar terrenos de la “Operación Sitio”. Tampoco logró el gobierno que los funerales de las siete primeras víctimas fueran privado. Una columna de alrededor de diez mil personas bajó desde los cerros de Puerto Montt e impuso su voluntad a los dirigentes, que, según los acuerdos, debían llevar los cadáveres hasta el cementerio sin pasar por la Plaza de Armas, vale decir el centro de la ciudad.

La ira del pueblo se descargó en gritos y amenazas llenas de dolor e impotencia. "Asesinos, vean lo que han hecho", gritaba el pueblo. "Asesino Pérez Sánchez, debe pagar", gritaban. "Demócrata Cristianos, no lo olvidaremos", y muchos gritos más, que terminaron por confundirse con el coro de rezos que levantó entre los católicos un curita de barrio que acompañaba el cortejo, y que ofició la misa de réquiem en el velorio. Pero eran los mismos, los que rezaban y los que gritaban.

En un último esfuerzo por acallar el clamor general de estupor y repudio que se levantaba en el país, voceros del gobierno hicieron circular la especie de que los pobladores se habían convertido en profanadores de tumbas, 'bajo la dirección de Luis Espinoza. En el cementerio, el día de los funerales, las cosas sucedieron de manera distinta. En los momentos en que bajaban los ataúdes a las fosas, algunos pobladores vieron dos cajones de estructura burda, ataúdes de niños, depositados en nichos abiertos. Estos cuerpos fueron relacionados con los desaparecidos que denunciaban los vecinos de la Pampa Irigoin. Los cuerpos de los menores no estaban registrados en el libro de inscripción del Cementerio, lo que aumentó las sospechas. Otro tanto ocurrió con dos cadáveres enterrados a flor de tierra, a otro lado de la muralla divisoria del recinto. Los pobladores que intentaron subir a la muralla para tener colocación en el entierro, removieron la tierra y dejaron al descubierto los cajones, igualmente de construcción ligera. Esto fue lo que ocurrió con la historia de la "profanación".

Los pobladores no tuvieron otra participación que relacionar esos ataúdes, para ellos misteriosamente recién enterrados y muy superficialmente, con los desaparecidos de pampa Irigoin que no se cansan de denunciar.

A pesar de los hechos, la mayoría de las radios y diarios se volcaron en una campaña de ataques a los pobladores y en un esfuerzo por distraer la atención sobre el fondo de la sobrecogedora matanza del 9 de marzo. En una trágica coincidencia, cuando los sin casa de Puerto Montt enterraban a sus muertos, se recordaba el tercer año de la masacre del mineral El Salvador, cometida por el mismo gobierno del presidente Frei, el H de marzo de 1966.

Testimonio

La masacre vista por los universitarios

La Universidad de Chile, a través de su Departamento de Extensión Cultural de la sede Osorno, realizó una investigación que acumuló una suma de antecedentes que permitieron al Consejo General de esa casa de estudios tener una visión desvinculada de interpretaciones dirigidas o prejuiciosas, ya que tuvo a su alcance el poder examinar los hechos en las fuentes mismas y con las personas que participaron.

Estos antecedentes fueron utilizados en el documento que presentamos, y que redactó el jefe de dicho Departamento.

"Yo estaba durmiendo cuando llegaron los carabineros... cuando salí, uno me pegó. Corrí a esconderme debajo de una casa, entre unas tablas. Por allí pasó una bala..." (declaración de una niña de 11 años).

"Mi guagua, me quemaron mi guagua", (una mujer en el funeral).

"No haremos una justicia de clase" (Allende en su discurso del cementerio).

EL terreno se extiende sobre la meseta que rodea a Puerto Montt, cortado por un lado por la Carretera Panamericana, limitado por el otro, doscientos metros al este, por las casas de la población Manuel Rodríguez. Pequeños habitáculos, muchos de ellos de no más de seis metros cuadrados, donde nunca se ve más de una cama. La pampa reconoce algunas ondulaciones, en el alto pedregoso verdean algunos chacayales, en el bajo los pies se hunden en un musgo pantanoso donde aparecen matojos de junquillo.

Hoy el verde está interrumpido por restos de fogatas donde parece haber ocurrido un festín de gigantes. En una loma hay un alto palo con una corona y una bandera. Las gentes se pasean por abajo, cuchichean, pero ya realizan su afán de todos los días. También circulan por entremedio algunos policías de civil que practican allanamientos y dan consejos.

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En la noche del dos de marzo los ocupantes de los terrenos de Rociel Irigoin ya no tenían temores de sufrir un desalojo. "El jefe de carabineros con el señor Espinoza, anduvieron esa tarde midiendo y entregando, los sitios". El jefe policial hasta contribuyó con algunas ideas que sonaron alentadoras: "cuiden y respeten el lineamiento de las calles". De paso levantó también un censo con la composición de cada grupo familiar. Después se le compararía con Dayan.

Aquella misma noche, todo debía ser más incierto en otros terrenos ocupados, muy lejos de Puerto Montt, en Hueico o Ñancucheo, en Malleco, por ejemplo. Donde penaba desde hacía una semana la sombra de un enfrentamiento decisivo.

Quizás también el gobierno se preguntaba en aquellos días dónde estaba el eslabón más débil.

Sin embargo, el jefe de la población tomó algunas precauciones de rutina. Mantuvo los turnos de vigilancia. En la noche había conocido rumores en el sentido de que los carabineros habrían recibido órdenes especiales con respecto a su población.

Otros fueron más confiados. La batalla polla tierra parecía llegar a su fin. Uno diría después:

—Cuando me acosté aquella noche con mi mujer y los niños, la luna era mi frazada.

Así se fue haciendo el silencio hasta que al filo de la mañana fue roto por el canto lejano de los gallos.

Puerto Montt tenía antes del terremoto de 1960, alrededor de cincuenta mil habitantes. Ciudad fundamentalmente comercial, término del ferrocarril, enlace del despedazado archipiélago y de la Cordillera chilota con el norte. Asiento natural de sectores sociales que explotaban los campos de los alrededores y de más al sur —no se presencia ningún desarrollo industrial: las fuentes de trabajo mes importantes los proporcionan las obras del puerto, las obras camineras, los molinos y aserraderos. Y el increíble bolicheo que recorre con sus cantinas y verdulerías desde Angelmó hasta los cerros. La industria más moderna de la provincia está en el interior, en Llanquihue: son Iansa y Chiprodal.

El campo de las inmediaciones tiene la estructura mixta de la mediana, grande y pequeña propiedad, con sus contrastes y defectos productivos característicos, dentro de la privacidad y la situación del mercado satelizado. En torno tienden sus tentáculos va rías organizaciones bancarias, conocidos comerciantes mayoristas y el aparato burocrático.

El poder de la ciudad se concentraba en los propietarios de almacenes y de algunos fundos de los alrededores. Con el tiempo se agregó a la élite el profesional liberal, la rotativa de los capos políticos de medio pelo y los burócratas de turno. De alguna excelencia —un poco colonial— han disfrutado siempre los oficiales de alta graduación que sientan allí sus reales durante algún tramo de sus carreras. La élite tiene sus colegios: el San Francisco Javier, la Inmaculada Concepción, el Colegio Alemán... y en cierto modo también el Liceo. Nivel en que, en la mayoría de los casos termina su instrucción.

Con el tiempo ha venido también la expansión del turismo, y los grupos que se han enriquecido con la política y las puertas que deja abierta: las concesiones de líneas de buses, los taxis, etc.

Los partidos que elegían diputados y senadores y manejaban el municipio eran el conservador y el radical. Los comunistas tenían una existencia débil que obedecía al esfuerzo de antiguos fundadores (en la tradición del frente populismo). En Puerto Montt tuvieron sus baluartes electorales Haverbeck, Brahm y otros capitostes de extrema derecha que no tenían otros intereses que los estrictamente familiares, distinguiéndose por no haber abierto nunca la boca en el Parlamento.

Con el ibañismo ya comenzó, sin embargo, a hacer su aparición un sector pobre sobreviviente en la necesidad extrema que habitaba los barrios semirrurales, en las alturas del puerto. Su reivindicación mayor era el techo. Comienza también el crecimiento del Partido Socialista.

Después del terremoto de 1960, se inicia la toma de terrenos como solución única para un excedente de población que fluye desde los barrios superpoblados destruidos y desde los campos que experimentan la presión de condiciones de mercado extremadamente desfavorables. (Ej. la papa se compra por los intermediarios al productor, a un precio aproximado de una tercera parte de aquél a que es vendida al menudeo en el mercado metropolitano).

Nacen así poblaciones nuevas —instaladas en ranchos provisorios— que se hacen permanentes. Con todas las características de la "callampa". Estas poblaciones tienen, como es sabido, su movimiento expansivo sui géneris. Puerto Montt llega así a 1968 con una población que pasa los 100.000 habitantes. La presión demográfica sigue creciendo.

El año pasado vio varias tomas de terreno que se consolidan no sin lucha. En un caso dicen que la agresión policial se detuvo sólo porque se puso a la entrada de la población un letrero que decía: "Población Eduardo Frei" (queda al lado de la cárcel modelo que domina con su magnífica (!) presencia la ciudad del estuario); y en otra, porque los carabineros fueron efectiva y enérgicamente batidos. En realidad, porque "eran otros tiempos". ..

Después del ascenso del Partido Nacional en las últimas elecciones, la suerte de las ocupaciones iba a ser muy distinta —a menos que se generalizaran.

Estas elecciones son inseparables de los hechos que la siguen. Porque, hasta donde los datos reunidos de la masacre de Puerto Montt dan lugar a una interpretación, fue una masacre políticamente discernida. Interpretación que es por lo demás la que utiliza Ja mayoría de la población encuestada en el lugar de los hechos.

Porque, a pesar de lo dicho por el Ministro del Interior, Pérez Zujovic, la intervención policial no puede asilarse en demandas del propietario Rociel Irigoin, ya que éste, según sus propias declaraciones difundidas por la radio, no solicitó en ninguna ocasión fuerza policial para un desalojo.

A la una de la madrugada del día 3, Investigaciones detiene al regidor Luis Espinoza, socialista, a quien se acusa de agitación entre los pobladores, y es trasladado a Valdivia en calidad de detenido. Investigaciones ya sabe que en algunas horas más se procederá a actuar con energía extrema por cuenta de carabineros.

En las altas esferas de la administración provincial también hay antecedentes precisos de lo que ocurrirá. Ha sido removido "por enfermedad" de su puesto el Intendente titular, y en su lugar queda un joven abogado, Jorge Pérez Sánchez, que personalmente ha tenido diferencias con el regidor Espinoza y que en su falta de experiencia podía fácilmente escabullir otras responsabilidades. Pérez Sánchez declararía después de los sucesos que él actuó siguiendo instrucciones precisas del Ministerio del Interior, organismo con quien estuvo la Intendencia permanentemente conectada. El Ministro del Interior, en declaraciones al diario "Ultimas Noticias", generaría una situación de inimputabilidad al señalar que sólo habría indicado la posibilidad de que el Intendente "actuara según su criterio". Debate difícil de seguir, pero que en esencia consulta una autorización amplia para que la fuerza policial hiciera uso de su poderoso arsenal produciendo necesariamente una catástrofe. Como ocurrió.

Alrededor de las 7 de la mañana se vio enfilar hacia la población por la carretera Panamericana a camiones de donde desembarcan cerca de 200 carabineros (cifra en la que concuerdan casualmente el Ministerio del Interior y los pobladores). Detrás de ellos hay antecedentes de que se mantuvo siempre a mano los fuertes contingentes que desde la semana anterior se habían ido amasando desde Concepción al sur y que son corridos hacia Puerto Montt como peones de un tablero.

Los piquetes de guardia los vieron llegar y el jefe de la población dio orden de alertar a los sectores vecinos, y de pedir ayuda "tocando el fierro" —un riel. Tarea que realiza un muchacho "hasta que lo cortaron de un balazo".

Un poblador relata:

—Se vinieron en línea, se replegaron, hicieron un cuadro, con sus oficiales con metralletas adelante. Hicieron un cordón, avanzaron disparando, los muertos los iban dejando atrás. Regaban bencina en las casas. Los cabros los tiraban al fuego.

Otro dice:

—Traían bolsas de piedra que le tiraban a las casas, y cuando la gente respondía contestaban con balas. Iban en grupos de a cinco. Con hachas se lanzaban contra los pies derechos y echaban abajo las chozas. A uno se le cayó encima ...

—Y con tarros de parafina regaban bencina. ¡Y métale fuego!

Lo que parece evidente, por los restos encontrados, es que los carabineros avanzaron disparando para dar a la altura del tórax o del abdomen, es decir, a matar. No se cuidaron de circunscribir el efecto de sus disparos, que acribillaron las paredes de la población vecina a una altura aproximada de metro y metro y medio, dejando de esta manera un testimonio objetivo de su saña.

La gente fue sacada a tirones del sueño. Cuando los niños escapaban sufrían actos de brutalidad inusitada. Para salvar al hijito de tres años de un compadre, a quien se le venía encima un carabinero, un hombre corrió con él en brazos hasta que le saltaron la cabeza de un balazo. A la madre de ese mismo niño la revolcaron sobre un brasero y estando ella en el suelo le dieron golpes de culata en los riñones (provocando el desprendimiento de uno) y en la pelvis.

Los gases asfixiantes lanzados sobre una criatura de cortos meses simplemente la mataron.

Un hombre que al sentir los disparos se levantó apurado, mientras se ponía los pantalones fue atravesado por una bala que antes se abrió paso por las paredes y tabiques de su casa. La bala hizo su trayecto de derecha a izquierda a través del hígado. Murió.

Otro pensó acudir en ayuda de su gente, salió, dio unos pasos y se quedó clavado. ¡Ay, vieja! alcanzó a decir otro que miraba colgado de una cerca. Dos militares —conscriptos— que salían de la población fueron alcanzados por una ráfaga. A éstos los carabineros les quitarían y quemarían ed uniforme poco después.

En suma:

Todas las casas fueron quemadas. Todos los enseres amontonados en el centro de la toma y quemados. A la pira, parece que "inadvertidamente", se arrojó una guagua cuyos restos fueron encontrados entre los carbones. Algo de la madera se la llevaron en camiones.

La lucha duró cerca de hora y media, o una hora, según los testimonios. Había 91 ocupantes en la población, con sus hijos. Después llegó gente de la población vecina. Pero nunca fueron los que aparecen en el parte del Gobierno.

Los cadáveres los llevaban en carretillas y amontonaban en una zanja, algunos otros, parece, fueron ocultados. Hasta el momento hay cuatro desaparecidos de quienes nadie da razones.

Los muertos oficiales sumaron al principio 7, y la cifra fue subiendo a medida que bajaban las noticias desde el hospital, hasta totalizar 9 en este momento. Los heridos eran cerca de 60. Al hospital ingresó sólo una fracción. La gente prefirió escapar de lo que caracterizan como "la segunda comisaría". A uno lo operaron de una bala en el brazo con una hoja de afeitar, en la misma población.

En medio del combate alguno fue al campo a buscar a sus compañeros caídos. Usaba una puerta como camilla.

—En una rancha acumulamos a cuatro compañeros, uno muerto y tres heridos graves.

Al sentir los disparos uno le dijo a su mujer:

—Prefiero morir levantado y no en la cama.

Este vio morir a un compañero a manos de un carabinero de apellido González.

En el parte que confecciona Carabineros sólo hay heridos graves y muertos entre los pobladores. Entre los carabineros, salvo un par de excepciones, sólo heridas caracterizadas como leves.

Hasta aquí, todos los testimonios reunidos permiten establecer que no hubo agresión por parte de la población; que ésta procedió de Carabineros. Que no hubo parlamento ni advertencia previa al ataque físico y violento. El baleo atronó sobre los techos de Puerto Montt, creando un clima de tensión y alarma. Pronto se hicieron presentes en el lugar de los hechos varios miles de personas que espiaron sobre el humo que se levantaba sobre el lugar de la masacre.

—Allí estaban los carabineros, como culebrones en medio del potrero, como queriendo ocultar algo entremedio de ellos.

En la Universidad de Chile en Osorno se tuvo conocimiento de estos hechos al mediar la mañana, y tras una rápida consulta el Departamento de Extensión Cultural procedió a enviar una delegación de profesores a recoger información. Respondía esto al criterio que esta sede de la Universidad defendió en los claustros de la Reforma el ser la conciencia crítica de la problemática social del país.

Los diarios y agencias noticiosas radiales atronaban mientras tanto el espacio, desde Santiago, con informaciones que frecuentemente no tenían otro asidero que la oficial o aquella otra bastante tendenciosa que se dejó filtrar.

Se había dado el golpe certeramente en el eslabón más débil. Estos ocupantes de tierras carecían de apoyo en un área industrial o agrícola de relativa homogeneidad. No había en ese momento ni siquiera escuelas o liceos en funciones donde pudiera aglutinarse una conciencia de resistencia. La tarea esencial que enfrentaban las diferentes autoridades estatales, era encauzar el dolor y cualquier sentimiento de protesta hacia una coexistencia.

Comenzó en un galpón donde se velaron los restos. Continuó por calles previamente establecidas por la autoridad militar, prosiguió con la ruptura combativa de este cerco y el paseo de los cadáveres frente a la Intendencia en medio de escenas de dolor inenarrables. Al frente, en medio de una cadena formada por hombres de las poblaciones, iba un grupo de niños que portaba el ataúd de una guagüita. Detrás, a hombro, porque rechazaron las carrozas que ofrecía "generosamente" la Intendencia, los ataúdes de los otros mártires.

En la subida del cementerio, entre las banderas socialista y comunista se cantaba el Ave María. Este funeral desmintió por sí solo todo lo dicho sobre la "organización" y el "concierto", porque al revés de aquellos donde pesa un grupo político, aquí nadie gritaba consignas, cada uno aullaba su propio dolor. Las cintas que grabó la Universidad constituyen a este respecto un documento patético.

PROF. FEDERICO GARCÍA
Director de Extensión, Osorno

EL CONSEJO GENERAL SUPERIOR DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
EN OSORNO,A LA OPINIÓN PUBLICA DEL PAÍS.

Al tener conocimiento de los graves sucesos acaecidos en Puerto Montt, el Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Chile en Osorno, procedió a enviar una delegación de profesores, a fin de que realizara una investigación tendiente a establecer la verdad de los hechos.

Esta encuesta acumuló un material sobrecogedor, y esta alta casa de estudios y su Consejo General Superior asumen la necesaria actitud de dirigirse a todos los organismos de la comunidad universitaria del país, y al pueblo mismo, porque se ha cometido un crimen irreparable.

Del material reunido podemos extraer las siguientes conclusiones:

1.— Que los ocupantes de Pampa Irigoin eran seres sumidos en la más espantosa miseria.

2.— Que había fundadas esperanzas entre ellos de que su problema habitacional podría ser resuelto.

3.— Que el día anterior a la masacre, el Prefecto de carabineros visitó la población que nacía dando seguridades racionales que serían entrega, dos los predios, reclamando sólo que se respetara el lineamiento de las calles, y —lo que es sospechoso— aprovechó la ocasión para levantar un censo de los pobladores.

4.— Que la mañana de la masacre, los pobladores fueron sorprendidos en el sueño por el destacamento policial que sin mediar advertencia ni parlamento procedió a agredir a seres indefensos con todos los medios a su disposición: metralletas, carabinas, bombas asfixiantes.

5.— Que hay pruebas suficientes que demuestran que en los disparos se utilizaron balas de plomo de inmoderada capacidad destructiva, y que fueron hechos para dar a la altura del tórax o del abdomen de las víctimas.

6.— Que en la masacre no se discriminó, condenando a la muerte a hombres, mujeres y niños.

7.— Que por medio del fuego se destruyeron todas las ranchas y enseres de los pobladores.

8.— Que todos los testimonios reunidos hasta el momento, y que obran en nuestro poder, coinciden en señalar a la jefatura de la fuerza policial —quienquiera que fuese— como culpable de abuso de poder. Se destaca la responsabilidad que le cabe al Ministerio del Interior al determinar por su sola voluntad esta masacre, ya que ni siquiera había una petición de desalojo formulada por el propietario del terreno.

La Universidad de Chile realiza una labor académica, su tarea es tomar conocimiento de lo que es real, y desde hace años señala la enorme miseria que se está acumulando como nuestro único patrimonio. Callar hoy, sería hacernos cómplices y silenciar nuestra propia faena de esclarecimiento. Por esto, llamamos a los organismos superiores de nuestra Universidad y de todas las Universidades del país a pronunciarse frente a este atropello a los derechos humanos fundamentales. A los trabajadores del país les mostramos esos obreros que en Pampa Irigoin de Puerto Montt encontraron su dignidad humana luchando.

Osorno, 13 de marzo de 1969.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02