El Reajuste del Hambre

DOCUMENTOS
Suplemento a la edición Nº 51 de PUNTO FINAL
Martes 26 de marzo de 1968.
Santiago - Chile.

El Reajuste del Hambre

EN TORNO al proyecto de reajustes de sueldos y salarios para 1968, ha girado la política nacional en los últimos seis meses. Así, por lo demás, suele ocurrir todos los años. Sin embargo, esta vez el debate ha tenido peculiaridades que comentamos en otras páginas.

A continuación ofrecemos un examen del proyecto, aprovechando parte de un estudio que elaborara el Partido Socialista, colectividad que fijó una posición adversa a la iniciativa del gobierno. Del documento del PS hemos tomado los aspectos que, a nuestro juicio, permiten formarse una idea de la regresiva orientación del conjunto del proyecto.

MUCHOS creían que el retiro del anterior proyecto de reajustes (chiribonos) del Senado, que la renuncia del Ministro de Hacienda, Sergio Molina, y la reorganización ministerial significarían algunos cambios positivos en la conducta del Gobierno ante la angustiosa situación económica de nuestro pueblo. Al conocerse el "nuevo" proyecto de reajustes se pudo apreciar que si hay algún cambio, es para peor, y que la presencia del ex Ministro de Hacienda Raúl Sáez, simplemente era para encubrir con una aureola de "prestigio" medidas económicas de corte más reaccionario y antipopular. ¿Y por qué estas medidas? Simplemente por la desesperación del régimen ante un fracaso total en la conducción del país.

Este fracaso (muchas veces señalado por el Partido Socialista) lo reconoció el propio Raúl Sáez en su discurso al país el viernes 8 de Marzo:

"Sabemos que los problemas que Chile confronta son varios y serios: un presupuesto fiscal fuertemente desequilibrado PESE A LOS INGRESOS EXCEPCIONALES que el país ha obtenido del elevado precio del cobre; un repunte de la inflación que después de haber bajado en su intensidad en los años anteriores acusa un claro aumento en 1967 y durante lo que va corrido del año; una disminución manifiesta del ritmo de desarrollo económico. Este último hecho queda reflejado en la tasa anual de aumentó del conjunto de la producción chilena que fue en 1964 de 4,2%; en 1965, de 5%, y en 1966, de 6,6%; en cambio, no es aventurado afirmar que en 1967 dicha tasa sólo puede alcanzar a un 3 ó 3,5% ..."

Sin embargo, en este tremendo fracaso político fríamente confesado, los democristianos creen no tener ninguna responsabilidad, lo que parece increíble. Ellos no recuerdan que en estos tres años, como nunca en Chile, han gobernado SOLOS este país; que han tenido la más alta mayoría parlamentaria de la historia; que han controlado TODA la Administración Pública; que han recibido los MAYORES INGRESOS por el precio del cobre (entre 1940 y 1945 el precio de la libra de cobre era de 12 centavos de dólar; hoy es superior a 70 centavos de dólar); que han obligado a pagar los mayores impuestos en la historia del país; que han contado con la máquina publicitaria más fabulosa conocida hasta ahora: radios, diarios, periodistas, TV, etcétera.

Ellos olvidan todo eso, y cínicamente culpan... ¡a los trabajadores! de todos sus desbarajustes. En efecto, en el mismo discurso el ex ministro Raúl Sáez, dijo textualmente:

"Todos estos hechos (desequilibrio presupuestario, repunte de la inflación, disminución del desarrollo económico) son la lógica consecuencia de las desviaciones producidas en el Programa de Gobierno por las presiones de distintos sectores, que han llevado el gasto corriente público y los gastos de consumo en el país a niveles que constituyen un grave peligro. Queda así en evidencia la dura verdad que debemos afrontar".

Así, pues, los culpables de todo son los distintos sectores de trabajadores que han "presionado" al Ejecutivo, desviándolo de su "programa". Esta misma idea la repite el Presidente de la República en el Mensaje con que se acompañó al Congreso este "nuevo" proyecto de reajustes. Dice Frei:

"Las causas permanentes que generan la inflación continúan vigentes y, además, ésta (la inflación) se encuentra estimulada por el ALTO PODER DE CONSUMO adquirido por la población y por la sostenida elevación del gasto público, más allá de lo que las condiciones normales de la economía pueden soportar".

¿Quién puede creer que los trabajadores tienen un alto poder de consumo? No lo cree ni el diario EL MERCURIO, quien con fecha 23 de diciembre de 1967 publicó el siguiente cuadro estadístico de los ingresos del trabajador chileno:

SUELDOS

Nº EMPLEADOS

SALARIOS

Nº OBREROS

Menos de Eº 250 mensual

36.200

Menos de Eº 100 mensual

129.700

250 a Eº 324

100.100

de 100 a Eº 159

155.600

325 a Eº 449

131.300

160 a Eº 219

188.500

450 a Eº 574

96.300

220 a Eº 279

133.000

575 a Eº 699

69.100

280 a Eº 339

116.300

700 a Eº 849

57.300

340 a Eº 399

48.100

850 a Eº 999

42.500

400 a - Eº 479

39.800

1.000 a Eº 1.374

39.800

480 a Eº 559

17.300

1.375 a Eº 1.749

20.600

560 a Eº 639

13.900

más de Eº 1.750

26.100

640 y más

31.000

¡Qué paraíso de los trabajadores! En Chile, a los tres años de "REVOLUCIÓN", 703.100 obreros (con sus respectivas familias) ganan menos de Eº 340 mensuales, y cerca de 400.000 empleados perciben menos de Eº 574 al mes. Estos son los trabajadores con puestos seguros y controlados. Ni hablar del número de aquellos que no tienen pega fija, los independientes, los que un día comen y otro no.

Estas son las remuneraciones de los trabajadores en Chile y según EL MERCURIO, en su edición del día 9 de Octubre de 1966, la dieta mínima fijada por el Servicio Nacional de Salud EN 1966 para la subsistencia de una familia era de Eº 250 al mes. En 1967, dicha dieta aumentada en el alza oficial del costo de la vida (17% en 1966) ha debido ser de Eº 293 Y UN NUMERO DE 586.800 OBREROS CONTROLADOS GANABA EN 1967 MENOS DE Eº 280 al mes. ¿Cómo viven entonces los chilenos?

Sin embargo, en este "nuevo" proyecto de reajustes, el Gobierno insiste, como en el anterior, en solucionar los problemas del país y en especial la inflación, con las viejas ideas de siempre: quitando poder de consumo a los trabajadores, tal cual lo hacía en el anterior proyecto. Dice Frei en el mensaje del proyecto:

"En esta materia el Gobierno debe volver a INSISTIR ante el Congreso, que constituye una preocupación primordial y una decisión inquebrantable suya, mantener bajo control el proceso inflacionario... De ahí que es indispensable CONTENER los aumentos de los costos y de la demanda que procuren sobrepasar lo que la economía es capaz de sostener sin variaciones masivas y continuas de los precios".

Esta es la característica general del proyecto: se contienen los aumentos de costos y de la demanda reduciendo los reajustes del sector público a límites increíblemente bajos; impidiendo que los trabajadores obtengan en dinero efectivo reajustes superiores a la, falsa cifra de 21,9% del alza del costo de la vida; limitando el alza de las pensiones de jubilación y de las asignaciones familiares; imponiendo nuevos impuestos principalmente a los trabajadores y no sólo a los ricos, y no tocando a las compañías del cobre.

Frei pretende, pues, como Alessandri e Ibáñez salir del paso, del marasmo económico provocado por su incapacidad y la de su equipo, cargándole la mano de nuevo a los trabajadores.

Se le quita poder adquisitivo al trabajador, se le otorga menos reajuste que el alza del costo de la vida, renegando estos "ideólogos" de todas sus antiguas ideas.

LAS "ECONOMÍAS" DEL EX MINISTRO SAEZ

Según dice el mensaje, el costo total del reajuste para el Sector Público del anterior proyecto de Molina era de Eº 1.143,8 millones:

"El mayor gasto en dinero efectivo, en caso de aprobarse esta proposición original, alcanzaría a 26,9 por ciento de las remuneraciones".

Y más adelante, en la página 9 del "nuevo" proyecto, se dice:

"Con las medidas que este proyecto consulta se ha logrado REDUCIR EL COSTO DEL MONTO DEL REAJUSTE, incluida la asignación familiar, de Eº 1.143,8 millones señalado anteriormente a un total de Eº 1.803,7 millones, es decir, UNA ECONOMÍA de Eº 140,1 millones. Con esta modificación el reajuste promedio general que recibirán los servidores públicos excluida la asignación familiar, será de un 23,9%, considerando el sector activo y pasivo".

Con respecto al proyecto del ministro Molina, el actual contempla pues una disminución del reajuste a los servidores públicos de 140 millones de escudos, bajando el promedio anterior de un 26,9% (promedio que comprende el mejor trato de los servicios postergados) a un promedio del 23,8-%. ¡Los milagros de un Ministro eficiente!

Este promedio de 23,9% resulta tanto de los reajustes que se pagarán a los Servicios postergados como a la generalidad de la Administración Pública, generalidad que percibirá sólo un 12,5% en dinero efectivo con el actual proyecto.

Una vez hechas las "economías" quedó por financiar la suma de 622 millones de escudos. Todos pensaban que naturalmente, siendo este aumento al Sector Público MENOR que el proyecto de Molina, el Gobierno iba a solicitar la aprobación de las mismas fuentes de ingresos propuestas en el anterior proyecto, e incluso iba a sobrar dinero. ¡Nada más equivocado! El Ejecutivo dice en el Mensaje (página 10) que los anteriores impuestos propuestos por Molina rinden sólo 200 millones y que en consecuencia faltan 422 millones de escudos.

Entonces aquí aparece en toda su tremenda dimensión la ESTAFA de los chiribonos: si faltan 422 millones de escudos para financiar ESTE proyecto que otorga MENOS reajustes a los servidores públicos, quiere decir que el Gobierno NO TENIA DINERO para pagar a estos trabajadores el 7% de ahorro obligatorio, y que entonces era falso que iba a entregar bonos de capitalización a nombre de cada uno de ellos», e igualmente falso era que iba a financiar planes de desarrollo industrial con estos dineros y entregar sus beneficios a los poseedores de bonos.

La mejor prueba de todo esto es la proposición del ex Ministro Sáez de imponer NUEVOS IMPUESTOS O MEDIDAS para financiar los 422 millones de escudos, impuestos que NO ESTABAN en el proyecto de Molina.

¿Y cuáles son estos impuestos y medidas? En justicia, deberían ser impuestos a las compañías poderosas como el cobre, hierro, papeles, acero y a las grandes fortunas, o medidas que significaran restar poder de consumo a los ricos, a aquellos que tienen exceso de poder de compra (varias casas, automóviles, acciones) y que todo el mundo conoce y ve cómo despilfarran el dinero en los balnearios de lujo o en el exterior.

Pero muy lejos de eso, el Gobierno "del pueblo" saca la plata de los más débiles, de los que nada pueden hacer para defenderse de la exacción.

VEAMOS:

Dice el mensaje del proyecto en la página 10:

"... Para financiar el saldo y evitar déficits adicionales, el Gobierno se ve obligado a solicitar del H. Congreso Nacional la aprobación de otras cuatro medidas de gran trascendencia ...

"La primera de ellas es establecer una limitación en el sistema de determinación de pensiones del SSS establecido por la ley N̊ 10.343. Esta medida es indispensable para evitar el colapso general a breve plazo del sistema de seguridad social del país..."

Entonces, 1º: Se desviste a las pensiones del SSS, agregándose al artículo 47 de la ley Nº 10.383 el siguiente inciso:

"Con todo, a contar del 1º de Enero de 1968, los reajustes contemplados en este artículo no podrán exceder del porcentaje de aumento experimentado durante los respectivos períodos por el índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadísticas y Censos".

En otras palabras, hasta ahora los obreros jubilados del SSS tenían todos los años derecho a un aumento que excedía del alza oficial del costo de la vida. En adelante, se elimina este derecho, y sólo tendrán posibilidades de un aumento máximo igual a esa alza oficial del costo de la vida.

¿Pasa lo mismo con los dueños de acciones, por ejemplo? ¿Se les limitan las utilidades que pueden obtener con ellas? Por supuesto que no.

Así protege entonces Frei a los jubilados obreros, a aquellos mismos que en su libro "LA VERDAD TIENE SU HORA", página 62, se refería en los siguientes términos:

"Así en Chile, el obrero que tiene la vida media más corta necesita tener 65 años para obtener una pensión bajísima, y en las otras esferas que tienen una vida media más larga jubilan algunos antes de los 50 años con varios sueldos vitales reajustables".

Cuando escribió estas palabras Frei, las pensiones de nuestros obreros eran bajísimas y existía incluso el sistema de reajuste que él pretende eliminar. Hoy siguen igualmente bajas y él agrava su situación eliminando el derecho a su reajuste en porcentajes superiores al falso índice oficial del costo de la vida.

RECURSOS QUE HARÁN GALOPAR LA INFLACIÓN

La segunda medida de este nuevo proyecto de reajustes consiste en el ALZA del impuesto de la compraventa del 7% al 8%, medida que rendirá la bonita suma de 178 millones de escudos. ¿De dónde saldrán estos millones? De los bolsillos de todos los trabajadores, pues cada vez que una persona compra algo (zapatos, cuadernos, ropa, jabón, etcétera) debe pagar este impuesto. Lo paga igual el pobre y el rico. Es el tributo más injusto existente y con él prácticamente se desviste y priva de dinero a los mismos trabajadores que el proyecto de reajuste pretende beneficiar. Una verdadera estafa al poder consumidor de los chilenos que, paradójicamente, el mismo ministro Sáez reconoció cometer.

La tercera medida para lograr ingresos imaginada por el supersabio Sáez, consiste en imponer un empréstito obligatorio equivalente al 7% de los impuestos a la renta que deban pagar todos los contribuyentes (exceptuados obreros y empleados que pagan el 3,5%) en el año 1968, y de un 13% para las personas jurídicas (fábricas, comercio, minas, etcétera).

Este empréstito se restituirá en cinco cuotas anuales iguales A CONTAR DEL AÑO 1970, mediante su imputación a los impuestos a la renta que se deben pagar a contar de ese año y hasta 1975. El dinero prestado no se restituirá reajustado, sino en valores del año 1968, y alcanzará la suma de 210 millones (más que el impuesto a la compraventa).

El Partido Socialista apoya esta medida sólo en cuanto afecta a las personas y empresas con capacidad económica. Pero la enuncia como otro medio de recortar ingresos a los sectores laborales al aplicarse este empréstito forzoso a TODAS LAS PERSONAS QUE PAGAN IMPUESTOS DE 2ª CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO. Estas personas deberán prestar 94 millones de escudos, según lo denunció la JDC (Juventud Demócrata Cristiana).

En efecto, son miles de empleados, obreros y profesionales, como médicos, enfermeras, visitadoras sociales, contadores, técnicos, ingenieros, que no obstante ganar remuneraciones fijas bajas o medianas, deben pagar tales impuestos a la renta y global complementario. ¿Es justo que, ADEMAS de pagar tales impuestos, deban prestarle plata al Fisco del mismo modo que los rentistas, agricultores, profesionales acomodados. Industriales, banqueros, corredores, sociedades anónimas poderosas, etcétera?

Lo insto es que en esta materia se haga una distinción entre las personas que pagan tales impuestos, de modo que sólo sean obligadas al préstamo aquellas con verdadera capacidad económica.

EL REAJUSTE GENERAL AL SECTOR PUBLICO

La generalidad de los servidores públicos recibirán un reajuste EN DINERO EFECTIVO de sólo un 12,5% frente al 15% que se les ofrecía miserablemente en el proyecto de Molina. Este porcentaje significa un 9,4% MENOS que el alza oficial del costo de la vida en 1967 y que fue de un 21,9%.

¿Esta es la buena plata ofrecida por el señor Frei en 1964?

LOS SERVICIOS POSTERGADOS.—Todos estos servicios e instituciones que habían conseguido promesas de aumentos especiales para 1968, estarán afectos a las cuotas de ahorro para la vivienda, de un 7,5% de sus sueldos y salarios del año 1967.

Además, algunos sectores verán olvidadas las promesas hechas por el gobierno. Ellos son especialmente la Salud, que tenía ofrecido el 91,5% en la Escala ANEF para 1968. Como esta escala será aumentada sólo en un 12,5%, los trabajadores de la Salud TAMBIÉN perderán un 9,4% de aumento en relación al alza del costo de la vida.

Los profesores y personal del Ministerio de Educación también verán incumplidas las promesas, porque en vez de los aumentos especiales ofrecidos en la ley 16.617 del año pasado, sólo tendrán el MISMO 12,5% en dinero efectivo que el resto de la Administración Pública.

De modo que los dos sectores MAS NUMEROSOS de los servicios postergados, tendrán casi la misma suerte que los servidores públicos no beneficiados especialmente (caso del SNS) y la misma suerte los profesores.

Por último, los personales de todos los servicios postergados que reciban aumentos en efectivo superiores a un 12,5%, ingresarán la primera diferencia de sueldo superior a ese 12,5% a la Caja de Previsión. El resto de la Administración, es decir, los que recibirán sólo el 12,5%>, no ingresarán la primera diferencia. Del lobo un pelo.

La ASIGNACIÓN FAMILIAR de todos los trabajadores del Estado se REAJUSTARA SOLO EN UN 20%, en lugar de por lo menos el 21.9% que fue el alza oficial del costo de la vida en 1967.

LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO NO VAN MEJOR

OBREROS Y EMPLEADOS NO SUJETOS A CONVENIOS O ACTAS DE AVENIMIENTO: A estos trabajadores se les aplicará el artículo 57 que dice:

"Reajústanse en un 21,9%. a contar del 19 de enero de 1968. las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo, vigentes al 31 de diciembre de 1967, de los trabajadores, empleados u obreros del sector privado, no sujetos a convenios colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales."

Este es el sector de trabajadores no organizados del país que gana los salarios más miserables, casi la generalidad el salario mínimo de Eº 144 mensuales los obreros y Eº 206 los empleados. Recibirán por lo menos el alza oficial del costo de la vida en 1967, que era lo mismo que iban a recibir las remuneraciones mínimas con el proyecto de chiribonos; así, los obreros ganaron sólo Eº 31 más mensuales.

LOS TRABAJADORES ORGANIZADOS SUJETOS A CONVENIOS COLECTIVOS O ACTAS DE AVENIMIENTO.—Este es el sector que, según el gobierno, tiene TODA LA CULPA por la inflación en Chile. Debido a que pueden defenderse con mayor firmeza de la voracidad patronal, obtienen casi siempre aumentos superiores al alza "oficial" del costo de la vida. Y estos aumentos, según los "economistas" y asesores democristianos. son los que provocarían la inflación en nuestro país, al provocar gran presión sobre los precios.

Ya se ha demostrado antes cómo estos aumentos nada tienen que ver con la inflación. La última prueba indiscutible es ésta: durante los meses de ENERO y FEBRERO los gremios en Chile no han suscrito ninguna acta de avenimiento ni recibido aumentos, porque las Juntas de Conciliación no funcionan hasta marzo. De modo que recién por allá en abril se reciben los reajustes. Y esta es la regla general, porque sabido es que la gran mayoría de los pliegos de peticiones se tramitan a contar del 19 de enero de cada año.

Pues bien, EL ALZA DEL COSTO DE LA VIDA en enero y febrero es de un 8,5% con respecto al 31 de diciembre de 1967.

Entonces, si los trabajadores organizados no han recibido aumentos en estos dos meses, la inmensa mayoría de ellos, cabe preguntar: ¿de dónde provienen las presiones inflacionistas en estos dos meses para que los precios hayan subido en tal elevado porcentaje que es uno de los mayores en la historia?

Es indudable que estos señores asesores están "dando la hora".


Análisis

¿Cuál es la organización de la Clase Trabajadora?

Por CLOTARIO BLEST

LAS estadísticas oficiales de nuestro país marchan en forma deficiente por los sistemas y métodos que las rigen y también, en no poca medida, por la carencia de iniciativa e imaginación de altos funcionarios. [1]

Es fundamental conocer antecedentes reales sobre población trabajadora. Sobre esta materia sólo pueden hacerse deducciones a base del censo de 1960, y de cifras y porcentajes incompletos sobre los cuales no han podido ponerse de acuerdo los propios institutos especializados.

A pesar de estas limitaciones creemos que es de interés conocer la estadística sindical del país al 31 de diciembre de 1967, como lo hiciéramos al 31 de diciembre de 1966 en PUNTO FINAL (suplemento a la edición Nº 23, segunda quincena de febrero de 1967).

De las cifras que exponemos a continuación, se deduce que el total de trabajadores organizados en el país alcanza al 21,55% del total de asalariados.

Considerados estos sectores cada uno en su correspondiente ámbito, arrojan los siguientes porcentajes: trabajadores organizados del sector privado, 14,6%; trabajadores del sector público, 82,0%.

CONCLUSIONES

1º Las cifras anotadas comprueban el bajo nivel de organización de los trabajadores del sector privado que se rigen por las disposiciones legales del Código del Trabajo (14,6%); y, a la inversa, el alto nivel de organización alcanzado por el sector público que no se rige por ninguna disposición legal (82,0%).

Se deduce que la legislación laboral vigente ha entorpecido, limitado y asfixiado la expansión de la organización sindical dentro del sector privado. Las centrales gremiales y federaciones deberían realizar un estudio completo sobre el Código del Trabajo, a fin de presentar al Congreso Nacional un proyecto sobre la materia. Debemos desterrar la inveterada costumbre de esperar que los gobiernos envíen proyectos al congreso sobre problemas que interesan a la clase trabajadora.

Con esta experiencia no creemos que los trabajadores del sector público insistan en la tesis de legalizar sus organismos gremiales por cuanto, de hecho, tienen todas y más garantías que los sindicatos.

2º Otra causa, y estimamos que ella es la fundamental, del evidente descenso combativo de la clase trabajadora, es que desde hace algunos años se ha desnaturalizado y desviado la organización sindical. Su único objeto es elaborar cada cierto período un pliego de peticiones a los patrones, seguir pacientemente su lenta y burocrática tramitación, y ponerle término con alguna que otra "migaja" concedida por los patrones; y después ... hasta el próximo año para recomenzar la misma tarea inútil y falaz.

Los sindicatos y gremios deben reaccionar enérgica y valientemente por un cambio completo de sus finalidades y métodos. Los sindicatos son instrumentos de lucha que, aprovechando franquicias legales, deben utilizarlas en contra de la clase explotadora y del régimen que la sustenta y defiende. La insurrección armada no es la "única" vía para destruir este régimen, también existe la insurrección gremial. Ambas se complementan y deben formar un solo todo en un plan serio y responsable determinado a producir lo que el pueblo exige de sus dirigentes y cuadros más seleccionados.

La distorsión que ha sufrido esta finalidad sindical ha traído como consecuencia la frustración, el pesimismo y esta "quietud" de la masa trabajadora que le ha significado derrotas tan formidables como las sufridas en estos últimos años y especialmente durante el actual régimen de gobierno en el que se han dejado pasar todas las alzas de precios, sin una sola protesta. Debemos decir la verdad por sobre todas las cosas: estos últimos meses han sido vergonzosos para la clase trabajadora en general, y muy en especial para la clase trabajadora organizada. Todo ello fruto del despojo que se ha hecho a los sindicatos de sus finalidades esencialmente revolucionarias.

3º Santiago, Concepción, Valparaíso, Antofagasta y O'Higgins poseen la mayor concentración sindical del país en lo que se refiere a número de trabajadores organizados. De estas cinco, tres lo son por sus características de provincias mineras: Concepción, Antofagasta y O'Higgins, y dos por sus actividades industriales: Santiago y Valparaíso.

4º En relación al total de la población, las provincias con mayor número de trabajadores organizados son las siguientes, en el orden que indicamos: Antofagasta, Atacama, Tarapacá, Concepción, Santiago, Magallanes, Valparaíso y Arauco. Las cuatro primeras, más la provincia de Arauco, por su población trabajadora en los minerales; Santiago y Valparaíso, por sus actividades industriales, y Magallanes, por la ganadería.

De esto se infiere que los trabajadores de mayor conciencia sindical, son los trabajadores del cobre, salitre y carbón.

5º Maule, Cautín, Chiloé, Malleco y Colchagua son las provincias que tienen el menor número de trabajadores sindicalizados.

6º El número de sindicatos profesionales (1.944) es superior en más de un 60,5% al número de sindicatos industriales (1.165). Sin embargo, el número de socios de los sindicatos industriales (179.438) es superior al de los profesionales (146.882). Por eso el número-promedio de socios de los sindicatos industriales (154) es superior en poco más del 100% al número de socios de sindicatos profesionales (75,5).

7º El número de trabajadores sindicalizados en relación con la fuerza de trabajo en cada una de las actividades económicas del país (Cuadro D) es la siguiente: explotación de minas y canteras, 67,0%; electricidad, gas y agua, 65,0%; industrias manufactureras, 24,2%.

8º El número de sindicatos al 31 de diciembre de 1967 (3.326) es superior al existente al 31 de diciembre de 1950 (1.907) en un 175%; en cambio el número de trabajadores organizados al 31 de diciembre de 1967 (337.805), es sólo superior en un 30% al vigente al 31 de diciembre de 1950 (260.143).

9º El número-promedio de sindicalizados al 31 de diciembre de 1967 fue de 100, y al 31 de diciembre de 1950 fue de 136,3. Es decir, mientras el número de sindicatos aumenta, el número de socios disminuye. Este fenómeno se debe a la "atomización" del sindicato industrial que ha sido favorecido por ley para dividir en mejor forma la acción masiva de los trabajadores por sus reivindicaciones.

10º La sindicación campesina en estos últimos tres años experimentó un aumento extraordinario, tanto en lo que se refiere al número de sindicatos, como a sus socios. Así, mientras al 31 de diciembre de 1950 el número de sindicatos campesinos era de 11 y el número de socios de 843, al 31 de diciembre de 1967 el número de sindicatos era de 217 y el número de socios de 11.485.

Este vuelco espectacular se produjo entre los años 1965 y 1966, en que los sindicatos campesinos aumentaron en 139 y los sindicalizados en 6.541. Debemos advertir que desde el segundo semestre de 1967, la sindicación campesina se rige por la Ley Nº 16.625, del 29 de abril de ese año, y por lo tanto, la estadística sindical durante este lapso no ha sido posible estudiarla por carencia absoluta de antecedentes que recién empieza a ordenar la Dirección General del Trabajo.

Todos conocemos las razones del estancamiento que por decenios sufrió la organización de los trabajadores del campo y que, fundamentalmente, se debió a la obstrucción sistemática e intransigente que mantuvo la Derecha económica en este sentido, a fin de mantenerlos en vergonzosa servidumbre y explotación inhumana. Estos son los mismos que hoy, caso de Longotoma, aparecen como redentores de sus inquilinos y que, con un cinismo y desvergüenza sin parangón, se atreven a levantar su voz protestando por la aplicación de una ley.

La Ley Nº 16.625 corrigiendo algunos de sus errores o vacíos, debe ser aplicada implacablemente a fin de liberar definitivamente al campesinado de la esclavitud en que lo han mantenido por más de un siglo los viejos caciques terratenientes.

11º los trabajadores del Estado no tienen derecho a sindicarse y les está expresamente prohibido por el Código del Trabajo en su artículo 368, y por el DFL Nº 338, de 1960, Estatuto Administrativo, artículo 166.

Estas disposiciones están en pugna con lo establecido en el Código Internacional del Trabajo (año 1955, artículos 857 y 858), que establece la libertad para sindicarse a todos los trabajadores y empleadores sin distinción ni discriminación alguna, en cuanto a ocupación, sexo, color, raza, nacionalidad u opinión política.

El actual ministro de Justicia, William Thayer A., en un opúsculo que se publicó en 1959, expresa textualmente: "En nuestro país, en general, se niega el derecho de asociación sindical a los trabajadores del sector público (fiscales, semifiscales, o de organismos de administración autónoma o de empresas, que de una u otra manera puedan asimilarse a ellas). Esto constituye ciertamente un primer defecto en nuestra legislación, porque para negar el derecho de asociación a los trabajadores del sector público, tendríamos que pretender que no existe un interés común que pudiera requerir ser representado o defendido por la vía de dicha asociación sindical.

Además, los propios poderes públicos cada vez que deben considerar o estudiar la reforma de la administración pública o problemas que afecten a sus instituciones, necesitan del contacto con los organismos representativos de los trabajadores públicos, ya que son ellos y solamente ellos quienes pueden dar una información suficientemente viva y autorizada acerca del sentir y los problemas que afectan a dichos grupos de trabajadores."

Es evidente que la organización sindical de los trabajadores del sector público deberá contenerse en un estatuto sindical propio, considerando las diferencias fundamentales que existen con el sector privado y, muy especialmente, que esta legislación no venga a entorpecer y asfixiar esta organización, como ha ocurrido con los sindicatos del sector privado.

LA EMANCIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES, DEBE SER OBRA DE LOS TRABAJADORES MISMOS.


Notas:

1. Se han omitido las cuatro tablas que acompañaban el artículo original. [N.E.]


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02