Tres años de gobierno: ¿Fracaso o fraude?

DOCUMENTOS
Suplemento a la edición Nº 41 de PUNTO FINAL
Martes 7 de noviembre de 1967.
Santiago - Chile.

Tres años de gobierno: ¿Fracaso o fraude?

EL 4 de noviembre se cumplieron 3 años de gestión administrativa del actual gobierno democristiano de Frei, vale decir: la mitad de su período presidencial. Dentro de la experiencia chilena es precisamente en ese período cuando se realiza la labor más fructífera de las Administraciones y se define el éxito o fracaso de la gestión.

Por estas razones PF entrega en esta oportunidad a sus lectores un análisis sobre los aspectos principales de la gestión económica del actual gobierno, haciendo referencia a los planteamientos hechos por el mismo Frei cuando fuera candidato a la Presidencia y luego como Presidente de la República en sus mensajes al Congreso Nacional o en sus discursos al país.

El país enfrenta una crisis de expectativas desatada por el propio movimiento democristiano, que al apoderarse de la mayor parte de las banderas de la Izquierda chilena, se ha mostrado incapaz de realizar los cambios profundos de estructura que prometió y que sólo se pueden llevar a cabo a través de una auténtica revolución popular y con un sistema de gobierno que no puede ser otro que el socialista.

PF no pretende en esta ocasión agotar el examen de la gestión del actual gobierno, sino destacar los aspectos más significativos de ella. Atención principal se da al análisis de la acción anti-inflacionaria, uno de los pilares o "vigas maestras" de la política del gobierno de Frei. Este análisis pone en evidencia el fracaso de dicha política y la similitud de su trayectoria y contenido con los intentos hechos en los gobiernos anteriores de Ibáñez (política Klein-Sacks) y Alessandri.

Todas estas acciones han estado encuadradas dentro de las políticas reaccionarias y ortodoxas propiciadas por el Fondo Monetario Internacional y aceptadas dócilmente por estos gobiernos. En el fondo se ha actuado sobre la demanda a través de reajustes recortados para los empleados y obreros y de la restricción del crédito y no se han atacado las verdaderas causas de la inflación, que son de tipo estructural.

Al análisis de fondo sobre la política antiinflacionaria, se agregan algunos comentarios sobre otros aspectos de la política del gobierno de Frei, como el fracaso de la planificación, del plan habitacional, la crisis agrícola, el estancamiento industrial, la entrega de la economía al imperialismo, el derroche de los recursos del cobre, etc., los que permiten tener una visión del fracaso del gobierno en sus tres primeros años.

I. Metas y logros de la política antinflacionista

1.— LA POLÍTICA DEL RÉGIMEN ANTERIOR

DESPUÉS del fracaso de cuatro años de esfuerzos de estabilización (1959-62) realizados durante el gobierno de Alessandri, que no lograron erradicar definitivamente las tensiones inflacionarias, la economía volvió en los años 1963 y 1964 a sufrir los efectos de un recrudecimiento del alza de los precios, con todo su cortejo de consecuencias negativas, en especial para el sector de los trabajadores. Los sucesivos aumentos de precios y la devaluación de la moneda de esos años demostraron que la inflación derrotó al gobierno alessandrista y la inconsecuencia de éste; pues, una vez vencido por las alzas de precios a fines de 1963, prácticamente no hizo esfuerzo alguno por atenuarla o reducirla.

Abandonada la lucha por la estabilidad, ese gobierno buscó la política fácil de realizar un conjunto de obras públicas y de edificación de habitaciones en base al endeudamiento externo a corto plazo, como una forma de mantener a flote la economía que amenazaba, a cada instante, encaminarse hacia una crisis de proporciones, dada la malograda situación en que permanecían los precios del cobre.

La política económica de los dos últimos años del gobierno Alessandri, se caracterizó por una notable reducción de las remuneraciones, provocada por la inflación y los ajustes inferiores al alza del costo de la vida que se aplicaron en 1963. En efecto, el sueldo vital, redujo su poder de compra en más del 10 por ciento con respecto a los años anteriores, tendencia que también siguieron los demás tipos de remuneraciones.

Esta política en contra de los trabajadores se realizó paralelamente a otra de beneficios en favor de los industriales y de los empresarios de la construcción. En los años 1963 y 1964, los precios industriales tanto al por mayor como al por menor, subieron mucho más rápido que el resto, lo mismo que los de los materiales de construcción y los del costo del metro construido.

Paralelamente a ello, se mantuvieron artificialmente bajos algunos artículos de primera necesidad —la leche y otros bienes de origen agropecuario— como una forma de frenar el aumento del índice de precios al consumidor, para evitar que los gremios presionaran con más fuerza por el reajuste de sus remuneraciones. Tal política trajo incalculables daños en la producción de esos artículos, y significó, prácticamente, la destrucción de la industria lechera.

En esas condiciones la economía creció lentamente, a un ritmo igual o un poco menor que el de la población, con lo que cada persona tendía cada año a disponer de menos producción. No obstante, la industria y la minería lograron aumentos en su volumen de producción física, y si bien existía una cuota de cesantes ésta no fue la más alta. Estos aspectos menos negativos del cuadro económico se deben a la política de inversiones, de construcción y de gasto público que se realizó por ese entonces. Los años 1963.y 1964 en sus resultados económicos son bastante disparejos entre sí. Al parecer el más crítico fue el primero, pues los índices económicos de 1964 muestran un ligero mejoramiento sobre el año precedente.

Conviene hacer la aclaración anterior, pues el actual gobierno para hacer sobresalir sus resultados, no ha tenido miramientos en destacar los aspectos económicos más negativos del último período de gobierno de Alessandri, cuando la imagen de esos años era singularmente mala desde el punto de vista de las actividades productivas. Lo que efectivamente ocurrió, es que en el bienio 1963-64, la economía se desenvolvió bastante desarmónicamente en el ritmo de crecimiento de sus distintas actividades productivas, y ese gobierno no tuvo más política que la de dar amplio margen a los empresarios para que éstos descargaran el costo de la inflación sobre el ingreso de la gran masa trabajadora, a fin de terminar sin mayores problemas su período.

2.— LAS METAS DEL GOBIERNO DE FREI

En esas condiciones tomó el poder Frei, quien se propuso realizar una política que en lo inmediato se dirigiría a atacar la inflación y a superar el estancamiento en que permanecía la producción; a hacer justicia social; a ampliar las oportunidades educacionales; a dar participación al pueblo en la vida política y a terminar con las imperfecciones de la soberanía nacional (discurso presidencial del 3 de noviembre de 1964). Además, se propuso realizar a su manera "transformaciones profundas y rápidas" en la producción y propiedad de la gran minería del cobre, en la agricultura y en las instituciones económicas y políticas que sustentaban la vida nacional, con el propósito de ir a la formación de una sociedad "pluralista, moderna e integrada", en que la empresa privada tendría un rol básico. Se anunció que el gobierno tenía todo un programa económico para desarrollar.

Posteriormente, el Ministro de Hacienda —con motivo de la discusión de la ley de presupuesto para 1965— dio a conocer un conjunto de metas de producción, de ahorro, inversión, consumo y otros aspectos económicos, que se esperaba alcanzar entre 1965 y 1970. Desafortunadamente dichas metas no pasaron de ser una declaración de las buenas intenciones que animaban al nuevo Gobierno, pues en otras exposiciones del propio Ministro de Hacienda y de otros altos personeros del régimen se enunciaron más tarde metas diferentes, a menudo bastante incoherentes y hasta contradictorias. Hasta hoy —después de tres años de gobierno— el país no ha podido conocer el plan económico que decía poseer. [1]

La política de estabilización se programó para realizarse en cuatro años, al final de los cuales los precios subirían en menos del 10 por ciento al año. Este sería uno de los grandes aportes hechos por el Gobierno democratacristiano. La reducción gradual de la inflación se haría paralelamente a una política de redistribución del ingreso y de las reformas agraria, minera y educacional; además de una política de industrialización en función de la integración de los mercados latinoamericanos; de la realización de un amplio plan de viviendas, y de reformas en el aparato financiero-monetario del país, en que lo principal era la reorganización institucional del Banco Central.

En ese sentido, esta nueva política anti-inflacionaria era la más audaz que se había formulado; además estaba vinculada a un crecimiento de la producción del orden del 5 por ciento anual y de la inversión que se pensaba aumentar en cerca del 30 por ciento. En algunos sectores económicos se aspiraba a metas aún más altas. Para la industria se fijó un aumento anual del 7 por ciento y para la construcción el 20 por ciento.

En los cuatro años que demoraría la lucha contra la inflación, se pretendía reducir el alza de los precios a un 25 por ciento en 1965, a un 15 por ciento en 1966 y a un 10 por ciento en 1967. Esto era con respecto a los precios al consumidor o del costo de vida; en los precios al por mayor se fijaron metas sólo para 1966.

En el campo monetario, la política de estabilización se haría controlando el crédito y reorientándolo hacia las empresas y sectores cuya prioridad sería fijada por su producción de bienes y servicios esenciales. El resto de las políticas no tenían mucho que ver con la estabilización: estaban más dirigidas a los objetivos de redistribución, de aumento de la producción, de la inversión y de las exportaciones; tales eran las orientaciones que se daban para la política fiscal y la de cambio. De manera que las medidas anti-inflacionarias se centraban en el control de precios, en la regulación y reorientación del crédito y en evitar que los aumentos de los salarios pasaran las líneas fijadas. Con el resto de las medidas se pretendía aumentar la producción y tener adecuados abastecimientos para que no se produjeran alzas por falta de producción. Los mayores costos que significaban los aumentos de remuneraciones, de impuestos, de la tasa de interés y del dólar, se creía que serían paliados con el aumento de producción que permitiría el mayor poder adquisitivo de los trabajadores y el gasto público.

En lo principal, la política quedó sujeta a un complicado equilibrio entre los reajustes de los precios industriales y los de las remuneraciones. Consciente de ello el Gobierno se dedicó fuertemente a influir y convencer a los industriales de que su política era la conveniente, mientras que por el lado de los trabajadores se dedicó con igual ahínco a dividir el movimiento gremial y a desconocer la representatividad que tenía la Central Única de Trabajadores (CUT). En sus relaciones con los empresarios industriales, la punta de lanza que empleó fueron los empresarios cristianos y en el campo laboral la llamada organización Frente de Trabajadores Freístas.

3.— EL FRACASO DE LAS METAS

En el primer año de aplicación de la estrategia de estabilización, o sea en 1965, la política funcionó más o menos como se había proyectado, fuertemente favorecida por el notable mejoramiento que tuvo el precio de las exportaciones de cobre. Los empresarios industriales, temerosos de un posible vuelco del gobierno hacia la Izquierda, aceptaron los ajustes de precios que éste fijó, y porque efectivamente se mejoró la actividad económica debido a los mayores gastos públicos que se pudieron hacer con los ingresos que permitía el aumento del precio del cobre, necesarios para terminar las obras públicas iniciadas por el gobierno de Alessandri, y a los desembolsos que impuso la política de salarios, de asignación familiar y de aumento de los servicios de educación y urbanización. Estos mayores gastos también estaban influidos por la nueva burocracia que nació al ascenso de la democracia cristiana y por los esfuerzos de ésta para congraciarse con los sectores populares a la vez que contraía trascendentales compromisos con empresas extranjeras.

EL GARROTE PARA LOS TRABAJADORES

El grupo de Thayer en el Ministerio del Trabajo, el menos técnico —aunque debiera serlo en grado mayor—, no pasa de ser un conjunto de meros abogados dedicados en sus horas de ocio al problema laboral. Con un sentimiento y una actitud resentida hacia la Central Única y los gremios, sus integrantes fomentaron la oposición del gobierno hacia los gremios tradicionales; son ellos los que, junto con el Ministro de Defensa Juan de Dios Carmona, más responsabilidad moral tienen en los lamentables acontecimientos de El Salvador, por su falta de imaginación ni saber tratar los conflictos del trabajo, en los que han demostrado una actitud negativa hacia los sindicatos. Vivieron dedicados a la redacción de proyectos de ley y a la defensa de ellos en el Congreso, sin ninguna responsabilidad sobre la significación económica y social de tales iniciativas. Esa responsabilidad no la pueden expresar, simplemente porque nunca han tenido el valor de exigir del resto de la Administración Pública y del Presidente, que sus proyectos sean evaluados económica y socialmente.

Este equipo del Ministerio del Trabajo no sabe que hay una política de salarios e ingresos, y no les preocupa tampoco. Sólo escuchan órdenes del Ministro de Hacienda; "escuchan" porque, quizás si las "entienden". Han aceptado sumisamente la postergación indefinida de la reforma del anárquico sistema de seguridad social; aún más, han desperdiciado la ayuda que a través de expertos les han proporcionado gobiernos europeos y organismos internacionales. Su Ministro no ha sido capaz de exigir recursos ni prioridad para modernizar un ministerio importante por los problemas que trata y la magnitud de fondos que mueve a través de la Seguridad Social. En los países que los democristianos se inspiran, Bélgica, Holanda, Noruega, Estados Unidos, una de las principales reparticiones públicas, eficientes, con técnicas modernas y criterios creadores, es el Ministerio del Trabajo; sin embargo, ahora que están en posesión del poder político y económico para transformar ese Ministerio en Chile, discuten por meses y meses un "proyectito" de reorganización administrativa.

En 1965, en consecuencia, se alcanzó la meta global de estabilización, pues la inflación entre enero y diciembre de ese año, se redujo al 25,9 por ciento en los precios al consumidor y al 24,5 por ciento en los precios al por mayor. Sin embargo, estos últimos se elevaron por sobre el 20 por ciento que se había programado, lo que también ocurrió con los precios agrícolas e industriales al por mayor.

Esa reducción de la inflación en este año de 1965 se debió fundamentalmente a la actitud asumida por los industriales en el sentido de no exigir más altos reajustes en sus precios como lo venían haciendo desde años anteriores para evitar que el gobierno se inclinase hacia la Izquierda; a las mayores importaciones de bienes de consumo hechas para evitar que subiera el índice de precios al consumidor; a la reducción de los precios en dólares de las importaciones y al aumento de la producción nacional. Todos estos sectores, sin embargo, no se presentarían de manera tan positiva en el año siguiente —1966— en que ya no pudieron mostrarse los mismos éxitos.

Efectivamente, en 1966 la inflación alcanzó al 17 por ciento en los precios al consumidor, pero en los al por mayor fue casi del orden del 20 por ciento, y según la devaluación de la moneda superó el 26 por ciento. Para ese año, la política había programado un 15 por ciento en el índice de precios al consumidor y un 17,5 por ciento en los precios agrícolas y de 13,5 por ciento en los no agrícolas. En el caso de estos dos últimos, las alzas reales fueron mayores al 25 y 28 por ciento, respectivamente, con lo que queda en claro el fracaso relativo de la política.

Las causas de ello radican en la oposición que los empresarios industriales empezaron a realizar contra la política de precios del gobierno, especialmente debido a que la actividad económica no progresaba de la manera que se esperaba por la crisis que se empezó a detectar en la construcción y en las ramas industriales relacionadas con ésta. Esto, además, acompañado como estaba por el fortalecimiento de la lucha gremial ahora extendida al campo, que se reflejaba en la política económica general.

Ante la resistencia de los precios a bajar su ritmo, el Ministerio de Economía acentuó su control sobre aquellos artículos que más influencia tenían en el costo de vida, que era lo que más le interesaba reducir. Como esa actitud amenazara con hacerse extensiva a otros precios, fue que se produjo la tirantez entre empresarios y gobierno que prácticamente hizo crisis a fines de 1966 y principios de 1967 al denunciar los empresarios lo inútil que resultaban los convenios de producción, precios y créditos que pretendía imponer el CONCI. Además, el gobierno fue incapaz de frenar el movimiento gremial, no obstante la aberración de haber hecho aprobar en el Parlamento una ley de arbitraje obligatorio a que quedaron sometidos los pliegos de peticiones.

Por otra parte, debido a la confusión ideológica del gobierno, dado el nivel a que se había elevado el gasto público, en 1966 se le frenó bruscamente, especialmente en las inversiones en habitaciones, lo que precipitó la actual crisis de la construcción. Ello se hacía para no aparecer como "socializante", como si dos o tres años de fuertes inversiones públicas fueran a transformar en socialista a un país y a un sistema económico. Naturalmente que en esa posición influyeron los empresarios de la construcción que tanto peso tienen en el actual gobierno.

A estas manifestaciones de la política económica que le enajenaba al gobierno el apoyo de los industriales, se sumó la pretensión de elevar los impuestos indirectos a través de la tributación al patrimonio, además de la continuación de las expropiaciones de fundos conforme al programa de reforma agraria. A ello los empresarios respondieron con alzas de precios bastante más intensas que las programadas por el gobierno.

Este, sin poder atajar, por otro lado, la presión gremial, recurrió sin miramiento a controlar el índice del costo de la vida mediante ajustes discriminatorios en los precios en el sentido de conceder aumentos elevados a unos y muy bajos a otros; o mediante fuertes importaciones de alimentos hechos a todo derroche por intermedio de ECA. El resultado no se hizo esperar. A fines de año. el índice del costo de la vida apareció menos inflado que el de los precios al por mayor, grave anomalía que lo único que demuestra es una inflación forzada, destinada a rebajar el valor real de las remuneraciones y a disimular el fracaso de su política. Además, se terminó el año con crisis en la construcción y en las principales ramas industriales.

Sobre el desenvolvimiento de la economía, el gobierno ha insistido en señalar que se han alcanzado progresos sin precedentes; sin embargo ello no es así. En estos dos años de estabilización la industria continuó creciendo como lo había hecho durante el gobierno de Alessandri. En 1965 el índice de producción industrial se elevó en 4,8 por ciento, tasa igual a la de 1964; y en 1966, llegó a ser 7 por ciento mayor, tasa que no es la más alta desde 1960, año desde el cual se produce una sostenida expansión de esta actividad. En la construcción, si bien la superficie iniciada y proyectada en 1965 fue casi 65 por ciento mayor a la de 1964, en 1966 cubrió menos metros que la de 1964; el índice de producción minera de 1965 fue menor que el del año precedente y en 1966 casi 6,5 por ciento mayor, hecho que tampoco es extraordinario. La producción agrícola fue negativa en 1965 en casi todos los rubros principales; en 1966 resultó un poco mejor, no obstante el permanente descenso de la superficie sembrada. La ocupación, a igual que la producción, sólo en algunos períodos cortos ha sido alta; más bien ha primado una tendencia a niveles de desempleo mayores a los normales. Observando los diferentes indicadores económicos de producción y ocupación, en estos dos años el mejor período parece haber sido el último semestre de 1965 y el primero de 1966; el resto es más bien mediocre. Esto significa que no se han logrado configurar tendencias económicas sostenidas y claramente positivas. En esto la actual gestión administrativa se parece bastante a la situación económica del gobierno de Alessandri.

Frei y la alianza para el progreso

El Gobierno democratacristiano ha sido uno de los campeones de la Alianza para el Progreso, mecanismo establecido por los Estados Unidos de Norteamérica para lograr el completo dominio y control de los países latinoamericanos.

Se van a cumplir siete años desde que en Punta del Este, Estados Unidos propuso la Alianza para el Progreso, como una alternativa frente a la gloriosa revolución cubana. Este mecanismo se planteó como un esfuerzo conjunto para mejorar rápidamente las condiciones de vida de la población y acelerar el ritmo del crecimiento económico de los países latinoamericanos. En esta farsa se llegó incluso a firmar un compromiso de alcanzar metas de crecimiento del 2,5% anual en el ingreso por habitante y de realizar "reformas estructurales".

Veamos qué es lo que ha pasado con la Alianza para el Progreso en estos años.

Cifras de la CEPAL revelan que durante el período 1950-1955 la tasa de aumento del producto por habitante era de 2,5% al año en el conjunto de los países de América Latina; en el quinquenio siguiente dicha tasa bajó a 1,8% y desde que se puso en marcha la Alianza para el Progreso, ésta bajó aun más, a apenas 1,3% en el período 1960-1966.

En otras palabras, desde que se puso en vigor la Alianza, América Latina ha avanzado económicamente a uno de los ritmos más bajos de este siglo.

Por otro lado, antes de la Alianza, en el período 1951-1960 la entrada neta de capitales extranjeros a América Latina llego a un total de 11.400 millones de dólares y las salidas por concepto de utilidades de las empresas extranjeras, intereses y amortizaciones a cerca de 11.000 millones. En 10 años quedaron, en consecuencia, apenas unos 400 millones en favor de América Latina. Durante ese mismo período América Latina perdió por el empeoramiento de líos términos del intercambio más de 9.000 millones de dólares.

En los cinco años comprendidos entre 1961 y 1966, plena vigencia de la Alianza, las entradas netas representaron 6.800 millones de dólares, mientras que las salidas fueron superiores a los 8.000 millones de dólares. Además durante dicho período se registró un empeoramiento de los términos del intercambio superior a 1.000 millones de dólares.

En cuanto a la participación de América Latina en el comercio mundial durante el período de la Alianza su situación ha desmejorado notablemente. En efecto, en 1961, al comienzo de la Alianza, los productos latinoamericanos representaban el 27 por ciento de las importaciones totales de los Estados Unidos de Norteamérica; en 1966 esta proporción había bajado a 16 por ciento.

Por último se puede señalar otro indicador de los efectos de la Alianza: según cifras deCEPAL (estudio econmico 1966) había en América Latina en 1960 unos 2 millones depersonas desempleadas y en servicios marginales; en 1966 esta cifra había crecido a 4,1millones de personas.En resumen, la Alianza ha significado un manifiesto empeoramiento de la situacineconmica de los países latinoamericanos, los que se han visto obligados a hipotecar sufuturo y su soberanía nacional. En cambio, no cabe duda que la Alianza para el Progresoha sido un instrumento extremadamente útil para fortalecer la posicin del imperialismonorteamericano y agilizar la explotacin de nuestros países.La docilidad de los gobiernos latinoamericanos ha llegado a tal extremo que en laDeclaracin de los Presidentes de América, recientemente firmada también en Punta delEste, ya no se habla de la necesidad de "realizar profundos cambios estructurales" comola vez anterior, sino que sa emplean términos más cautos sobre la materia, a fin de nocrearle problemas a los gobiernos gorilas que Estados Unidos ha ido implantando en elcontinente.

Desde el punto de vista del ingreso, la situación ha sido mejor debido a los extraordinarios precios del cobre y al crecimiento de las actividades de los servicios, hecho que no está en relación con el desarrollo de las principales actividades agropecuarias, mineras, industriales y de la construcción, que son las básicas en nuestra economía interna.

A fines de 1966 y principios de 1967 se ha desarrollado una tendencia acentuada a la desocupación: ha venido descendiendo de manera continuada el volumen de producción de las industrias básicas, como la metalúrgica, la química, la de caucho y otras diversas, resultado de la caída de la construcción.

Mucho se ha hablado sobre el éxito de las políticas de ahorro. El hecho concreto es que los juicios del gobierno se basan en apreciaciones parciales como los depósitos de ahorro. No hay indicios que se haya producido un cambio sustantivo en el proceso de ahorro e inversión. Estimaciones imparciales revelan que aproximadamente el 13 por ciento del producto se ahorra e invierte, porcentaje que en la época de Alessandri llego a ser del 13,5 por ciento. Lo verdaderamente espectacular y positivo se ha logrado en el comercio exterior, hecho que se produjo como parte de una situación internacional dada y no por acción del gobierno, ya que la política torpe y chata en materia de precios del cobre sostenida por la Corporación del Cobre, evitó que el país y el Fisco recibieran mayores ingresos. Esto determinó la caída del Vicepresidente de la Corporación Javier (Happy) Lagarrigue.

II. El fracaso y sus causas

1—DOS CAUSAS PRINCIPALES

En los meses transcurridos de 1967, ha quedado en evidencia el fracaso de la política de estabilización que venía incubándose desde sus inicios. El detenimiento gradual del ritmo a que se elevaban los precios, si bien se había hecho descender del 38 ó 44 por ciento anual, (medida de enero a diciembre de cada año) —según se tome el índice de precios al consumidor o el de precios al por mayor— una tasa del 17 ó 20 por ciento, respectivamente, durante este año ha tendido a permanecer en torno del 18 ó 20 por ciento. Es decir, el progreso de la estabilización se ha detenido y, lo que es más grave, ello ha ocurrido paralelamente a una crisis en la industria y en la construcción que han determinado un nivel de desempleo relativamente alto: mayor al 5 por ciento de la fuerza de trabajo.

Pero eso no es todo; se ha explicado más arriba que la política de estabilización se había programado para realizarla conjuntamente con medidas de redistribución que efectivamente en un principio comenzaron a aplicarse. Ante la resistencia patronal, dichas medidas ya no experimentaron progreso en el segundo año, o sea, en 1966; y en la actualidad dada la inflación promedia del 20 por ciento, la detención en el aumento del gasto público, la imposibilidad de llegar a la nivelación de la asignación familiar y la desocupación, no hay duda que la política de redistribución a favor de las clases populares no sólo se agotó, sino que por el contrario ha vuelto atrás. Lo prueba el hecho que se hayan aumentado los impuestos a la compra-venta, a la vez que el aumento de las remuneraciones dado a principios de año ha resultado inferior al ritmo inflacionario promedio. Recuérdese que los aumentos máximos concedidos fueron del orden del 17 por ciento, en circunstancias que la inflación —según el índice de precios al consumidor— ha marcado un aumento anual del 17 por ciento o más. Esto significa que la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos y salarios será en este año mayor que la experimentada en el anterior.

Este retroceso en la política de redistribución progresiva, se ha producido simultáneamente con el abandono de la política de estabilización progresista en el sentido que no debía generar crisis ni desocupación, la que ha sido sustituida por una política tipo misión Klein-Sacks. En este sentido, la experiencia hecha por Frei se asimila mucho a la de Alessandri, que también empezó atacando a la inflación de una manera y terminó con otra, para después fracasar estrepitosamente.

¿En dónde está la causa del fracaso de la política de estabilización de Frei?.

Ella reside en primer lugar, en la confusión ideológica y política con que se ha llevado a cabo la lucha contra la inflación. Se pretendió basar la estabilización en el apoyo de los empresarios industriales al gobierno, al mismo tiempo que, admitiendo un mayor desarrollo del sindicalismo, se quiso dividir a éste; por otra parte, en el gobierno se produjo verdadera consternación cuando se elevó el gasto público y la inversión, porque se estimó que eso significaba socialismo. Una política de estabilización no se puede realizar con quienes se benefician con la inflación, como son los empresarios; se tiene que apoyar políticamente en los que reciben los efectos negativos del alza de precios. En esta oportunidad se hizo exactamente lo contrario. Tampoco se puede confiar en la capacidad de las empresas privadas para elevar espontáneamente el ahorro y la inversión, en circunstancias que nunca han demostrado dinamismo en esos campos, mucho menos cuando el intento de algunas reformas y un movimiento popular vigoroso amaga sus posiciones.

Al fijar un plazo de cuatro años para terminar con las alzas de precios, a la vez que se reconocía que éstas estaban vinculadas a la mala distribución del ingreso, a la falta de producción agrícola y de la presencia del latifundio, a la concentración del poder financiero en los bancos y en el mercado de capitales y a la inflexibilidad del sistema tributario, se estaba implícitamente diciendo que el gobierno se sentía capaz de reformar todos esos aspectos sustantivos de la economía en esos cuatro años. Como la estabilización se quiso alcanzar con el apoyo de los industriales más que con los trabajadores, aquellos cambios tenían que ser una especie de auto-revolución que se hicieran los que controlan el poder económico-financiero del país. ¡Fabulosa confusión política e ideológica!

Después de muchos años de inflación y de sucesivas políticas fracasadas de estabilización, es natural que las empresas, los capitalistas extranjeros, los bancos y hasta los gremios, hayan adquirido una agilidad para adaptarse a una u otra política, para evitar de perder sus ingresos y para desentenderse de los argumentos con que se les trata de convencer de la conveniencia de la estabilidad. Ingenuas aparecen, entonces, las recriminaciones que se hacen a unos y a otros cuando los precios han subido más que lo indicado por el gobierno. En Chile hay generaciones enteras de empresarios, de líderes sindicales, de consumidores, que no han sabido nunca lo que es la estabilidad; ni siquiera los teóricos tienen una imagen realista de cómo funcionaría la economía chilena con estabilidad. Ellos repiten opiniones recogidas en textos. Lo grave de todo esto, sin embargo, es que las autoridades de gobierno no se den cuenta de esta verdad de Perogrullo, y de que no conozcan suficientemente el funcionamiento de la economía y las conductas que asumen en una y otra situación inflacionaria o de estabilización los diferentes grupos sociales.

Obviamente, la inflación es un mal pernicioso, para toda la economía en su conjunto, y para las clases populares en especial, por lo que es imperioso combatirla y evitar que se propague rápidamente; pero, también es dañino querer derrotarla —como actualmente se está haciendo— con detención de la economía, con desocupación y conservando los privilegios de quienes controlan el poder económico y financiero. Una efectiva lucha anti-inflacionaria importa una decisión política de derrotar a esos grupos y de quitarles su poder de influencia en las principales cuestiones económicas de este país. Si se quiere tener estabilidad sin tocar esos intereses, se tendría que provocar una profunda crisis económica e impedir que los trabajadores se organicen y luchen por su bienestar. Es decir, habría que imponer una dictadura contra el pueblo.

2—SUBSISTEN LAS PRESIONES

Pero en la política de estabilización seguida hay aspectos más graves. La lucha contra la inflación en el caso chileno, significa destruir las fuentes primarias de inestabilidad; éstas están en la estructura del comercio exterior, en la baja productividad agrícola, en la inadecuada estructura industrial, en la excesiva concentración del ingreso, en la rigidez y el grado regresivo del sistema tributario, en el mal uso del crédito, por el excesivo poder e ingerencia de los empresarios en el Banco Central; en los excesivos gastos públicos, por los sistemas de compra y subvenciones. Una política anti-inflacionaria seria y sustantiva, no es entonces sólo un control del crédito, o una limitación en los reajustes de salarios o del gasto público. Ello es necesario, pero lo principal para erradicar definitivamente la inflación, es abatir esas fuentes permanentes de inestabilidad.

En este sentido, hay que reconocer que el gobierno a su manera ha pretendido reorganizar el sistema de producción y de propiedad agrario, que como toda reforma de este tipo tomará algún tiempo en dar sus frutos, si es que la reforma llega a cierto grado de profundidad. Lo mismo puede decirse con las modificaciones de las empresas de la gran minería, tremendamente sometidas a riesgos de fracasar o no dejar frutos positivos al país, por estar controladas y ser de resorte de capitalistas extranjeros. Dése de barato que estos cambios podrían en algún momento reducir las fuentes inflacionarias del comercio exterior y de la agricultura. En cambio la política de estabilización no se orientó a erradicar las otras fuentes generadoras de las alzas de precios.

Véase, por ejemplo, cómo a poco de avanzar en medidas de redistribución del ingreso, éstas se detuvieron y ahora están en franco retroceso y cómo se ha carecido de una política de remodelación industrial. En este aspecto, se ha hecho mucha cuestión del discurso presidencial de Concepción en que se habría definido la política industrial. La verdad es que, analizando concienzudamente ese discurso, en él no hay tal política: es una mera lista (en algunos aspectos contradictoria con otras declaraciones) de proyectos y en muchos casos de anteproyectos o de simple enunciación de intenciones de inversiones que podrían hacerse. Dicha lista es incompleta en el sentido que no señala los requisitos que llenaría cada proyecto; de que no se definen los instrumentos que el gobierno movilizaría para realizar esos proyectos, con excepción de una que otra observación sobre créditos o formación de mano de obra o de incentivos tributarios; y de la confianza ilimitada que se tiene en la empresa privada y en el capital extranjero. Naturalmente que eso no es una política ni una estrategia para desarrollar la industria.

Pero donde la falta de propiedad de la política de estabilización es más evidente, es en la tributación. Nada interesante se hizo para quitarle regresividad al sistema impositivo, pues lo que se pretendió hacer, paralelamente con el impuesto al patrimonio, se deshizo con creces con el aumento del impuesto a la compraventa. En el gasto público se aumentaron sin control las subvenciones y los gastos corrientes sin intentar racionalizar la Administración Pública, erradicar de ésta a los gestores de empresas privadas que operan presionando a las oficinas públicas para celebrar leoninos contratos a su favor, y sin que se tuvieran criterios para otorgar subvenciones que no fueran los de ganar prestigio para fines electorales, amén de la burocratiza-ción Innecesaria con la creación de nuevos Ministerios y reparticiones que no tienen razón de ser, como el de Vivienda o la oficina de Promoción Popular. Una comprensión cabal de las políticas que debían aplicarse en viviendas y en el tratamiento de los grupos marginales no requería de reparticiones especiales. Tales políticas bien podían haberse realizado con eficiencia desde los Ministerios ya establecidos, con toda la economía de recursos que ello significaba.

Respecto a la parte monetaria, no se ha sido capaz ni el gobierno ha querido plantear una reforma a fondo del Banco Central, como se requiere. La política monetaria aparentemente es novedosa, mas, estudiando sus medidas y resultados, se llega a la conclusión que ella también fracasó, pues el crédito continuó manejado por los grupos de siempre, que tanto poder tienen, que se han asegurado el veto al proyecto de reforma bancarla que les ha lanzado la democracia cristiana como tabla de salvación. En ese mismo sentido de resguardar los intereses financieros no se ha tomado iniciativa alguna y por el contrario se han parado mociones, como el proyecto relacionado con las compañías de seguros, para modificar el conjunto de instituciones que conforman el mercado financiero.

Respecto al comercio exterior se continúa dejando que las divisas se manejen sin ton ni son, sin que nadie responda seriamente por su uso y admitiendo que se derrochen en Importaciones con escasa significación social y económica.

Esto significa que se han dejado intactas las fuentes de las presiones inflacionarias básicas, atacando —lo mismo que con la política de los Klein-Sacks y la de Alessandri— sus síntomas, y no sus orígenes. De ahí también su fracaso.

3—EFECTOS POLÍTICOS DEL FRACASO

Fracasada hasta ahora la política de estabilización seguida por el actual gobierno, desaparecida la coyuntura especial de los mayores precios del cobre que permitió los progresos alcanzados, intactas las fuentes primarias de las tendencias alcistas, cabe preguntarse, ¿cuáles son sus perspectivas futuras?. ¿Cuál será la respuesta que se dará a la inflación que amenaza con recrudecer?.

Antes de entrar a analizar estas interrogantes, es conveniente ver cuál es el efecto político que ha producido aquel fracaso y cómo se manifiesta en el momento actual.

Este primer gobierno de la democracia cristiana no ha sido capaz de llevar a cabo todo el conjunto de promesas hechas, y se ha remitido a una reforma agraria bastante tibia, a un acuerdo con las empresas del cobre, que éstas venían ofreciendo desde antes; a una reforma educacional hecha al estilo patronal, desde arriba, y que en el campo universitario sólo por la acción del propio estudiantado superó sus expectativas. Mientras se discutieron esos proyectos, el gobierno y su partido tuvieron siempre una política inmediata, de corto plazo, a la que el gobierno agregaba sus pretensiones de líder de la integración latinoamericana y su acción anti-inflacionaria. Cuando esas reformas entraron en camino de la ejecución efectiva, con todos los problemas propios de la puesta en marcha, afloraron sus contradicciones y sus resultados -positivos se demoraron cada vez más en aparecer. Por otra parte, Frei fracasó rotundamente en su afán de ser el líder de la integración; rodeado de gobiernos gorilas y en franca competencia con Leoni o con Lleras Restrepo, poco a poco ha quedado reducido a sus justas proporciones. La integración avanza y toma las formas que los gobiernos más fuertes del continente, es decir, Argentina, Brasil y México, deciden y lo hacen en la misma medida que los Estados Unidos se lo permiten. En segundo lugar, quedan Colombia, Venezuela y Chile.

A lo anterior hay que agregar la detención de los progresos superficiales que se venían ganando en la lucha contra la inflación. Con ella, el gobierno y el Partido Demócrata Cristiano quedaron sin política de corto plazo, sin resultados que alimentaran y alentaran la acción del gobierno y del partido; sin tareas concretas que realizar de manera cotidiana. Esto es, sin nada que entregar al país, y después que al gobierno se le ha deteriorado el apoyo electoral que poseía y que ha sufrido tremendas derrotas en el campo parlamentario.

La actual situación, por lo explicado anteriormente, es de una franca crisis que aún no ha sido superada y que probablemente conducirá a graves situaciones nacionales. Expresiones de esta crisis son el divorcio cada vez más acentuado entre el pensamiento y la acción del gobierno y la directiva del Partido Demócrata Cristiano, y la profundización de las divisiones internas de ese partido. Parte de esa crisis fueron también los asomos de golpismo de la derecha y la espectacularidad con que procedió el gobierno para atajarlos, además de los juicios iniciados contra el senador Altamirano.

Tal status político aún no ha sido superado porque el gobierno y su .partido nada tienen que ofrecer en forma inmediata; han caído en la inacción, después de haber creado tantas expectativas. Además, por lo que se puede ver, el gobierno tiene necesidad de hacer aprobar —según la última exposición radial del Ministro de Hacienda— un presupuesto "congelado" para atajar la inflación e imponer mayores impuestos, además de una severa política de ajustes de remuneraciones. Esto hace del momento actual una situación sumamente vidriosa que en cualquier instante puede transformarse en una franca crisis política de insospechadas consecuencias.

Este es un momento similar al que llegó la política de estabilización de Alessandri, cuando fracasó en su primer intento de atajar la inflación dejando que entraran y salieran del país libremente todas las corrientes de importaciones, exportaciones y de capitales que se deseara, creyendo que de esa manera vendrían fuertes corrientes de crédito e inversiones externas. A fines de 1960 dicha política hizo crisis al agotarse las reservas de divisas con que contaba el país, lo que agregado a la frágil base electoral y política del gobierno, obligó a éste a aceptar la colaboración del Partido Radical que asumió responsabilidades ministeriales.

En la situación actual, el gobierno democratacristiano, según diversas informaciones de prensa no desmentidas, ha solicitado ya la colaboración de conspicuos radicales y miembros de la masonería, como forma de ampliar su base política y comprometer en su gestión mas directamente a las fracciones laicas de la burguesía nacional.

En el campo gremial, la característica de la actual política reside en haber facilitado una ampliación del sindicalismo y de no tener condiciones políticas para detener o frenar el ascenso de las luchas gremiales, fortalecidas por la presencia del campesinado y por la incorporación de los sectores más explotados de la industria mediana y pequeña. Alessandri, durante su política de estabilización, también se encontró con un movimiento gremial fuerte que fue decisivo para su política de remuneraciones. Amplios y prolongados movimientos huelguísticos, se opusieron a la política de congelación de ese gobierno, que no pudo reducir los sueldos y salarios en la medida que lo habría deseado.

Sobre este aspecto gremial cabe recordar, que entre las funciones que le cupo a los grupos radicales que participaron en el gobierno alessandrista, una de ellas fue la de "ablandar" a los gremios, especialmente aquellos en que más influencia tenía como los de los empleados particulares, los empleados públicos, el magisterio y otros. En la actualidad la punta de lanza gremial de la Democracia Cristiana ha fracasado. El frente de trabajadores no logró conformarse como una organización con influencia y los líderes sindicales democristianos más bien han perdido terreno, desacreditados por la política zigzagueante del gobierno y la lucha y parcelación interna de su partido. En estas circunstancias el gobierno necesita un "ablandador" de gremios que provenga de otro partido, al que busca activamente entre las filas de la izquierda y también del Partido Radical.

III. Perspectivas desalentadoras

1.—POR LA HUELLA REACCIONARIA

En las circunstancias actuales, la política de estabilización no tiene alternativas fáciles, y todas ellas son de un costo social, económico o político muy grande. Si se desea seguir forzando la reducción del índice de costo de vida, se tendría que reforzar la política de control de los precios de los productos de mayor ponderación (aproximadamente unos cuarenta artículos), y actuar más descaradamente en el sentido de permitir a los empresarios agrícolas e industriales diferenciar con cualquier pretexto sus productos para no quedar sujetos a control, o permitirles desmejorar notoriamente su calidad, o admitirles todo tipo de fraudes para que sigan obteniendo ganancias y no paren la producción. Una de las válvulas que se les tendría que abrir sería el crédito, a la vez que postergar definitivamente la reforma tributaria. Pues ese sería el precio exigido por los patrones.

LOS "ARTÍFICES" DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

Desde un comienzo el gobierno hizo de la acción antinflacionaria su principal política. Al afecto, un grupo de economistas se dio a la tarea de formular las directrices que se seguirían y las medidas específicas que serían aplicadas. Este grupo estaba dirigido por el conocido economista Jorge Ahumada, principal teórico del programa económico de la Democracia Cristiana, que en 1958 había difundido sus puntos de vista a través de su libro "En vez de la Miseria".

Otros participantes del grupo fueron Sergio Molina, conspicuo funcionario del gobierno anterior a quien correspondió participar en la aplicación de las dos políticas antinflacionarias anteriores, la de Ibáñez en 1956, y la de Alessandri en 1959; Carlos Massad y Eduardo García, teóricos militantes de la escuela de ideología que en ciencia económica se conoce como "economía del bienestar" y que ha sido formulada por los liberales reformistas como una solución de las profundas contradicciones que presenta el capitalismo entre el progreso económico y la desigualdad social que le es característica. Además de ellos, participaron también jóvenes economistas formados en la Universidad Católica, (entre otros Jorge Cauas), en donde se ha desarrollado una fuerte influencia del pensamiento económico de la Universidad de Chicago, exponente de la más conservadora escuela económica.

Es interesante anotar estas referencias sobre quiénes formularon la política antiinflacionaria y que han participado activamente en su aplicación, (con excepción, en esto último, de Ahumada), pues constituyen un cuadro típico de la Democracia Cristiana en el sentido que representaban tendencias ideológicas diversas: unos, como Ahumada, pertenecían a lo que en economía se conoce como "escuela estructuralista" que surgió en la CEPAL; otros habían sido siempre enemigos de ésta, como Massad y los de Chicago. Sólo un aspecto unificaba al grupo: el reconocimiento de la autoridad de Ahumada y la influencia de este sobre el Presidente. Por otra parte, este grupo nada tenía que ver con otras autoridades de gobierno como la dirección de CORFO, en que se instaló Raúl Sáez; ni con los empresarios que asumieron la dirección del Banco del Estado y del Ministerio de Economía y Obras Públicas, ni con Patricio Silva en Relaciones o Javier Lagarrigue en la Corporación del Cobre. Con los que alguna relación podían tener era con los encargados de la cuestión agraria, el trío Chonchol-Trivelli-Moreno. El nuevo gobierno significó una toma de posición de los centros de decisión y ejecución de la política económica por un heterogéneo grupo de personas. En esos términos no podía esperarse una política consistente y bien armonizada.

La prematura muerte de Jorge Ahumada, que era el único técnico del gobierno que tenía una visión global y hasta cierto punto progresista de los problemas nacionales, excepto en materia del cobre, fue un duro golpe para el gobierno de Frei. Ahumada fue el cerebro del plan financiero para 1965, el que tuvo cierto éxito. En 1966 se siguió aplicando el mismo plan, sin tomar en cuenta que la situación había variado sustancialmente. De ahí el fracaso de la política antinflacionaria en ese año, el que se ha agudizado durante 1967.

Esta política significaría reducir el valor real de las remuneraciones, lo mismo que de manera abierta realizaron los Klein-Sacks y también Alessandri.

El gasto público continuará siendo frenado, por lo menos en el curso del próximo año 1968 y parte de 1969, para evitar que el gobierno recurra a tomar mayores créditos del Banco Central. Eso significa que continuará la crisis de la construcción y de las industrias anexas, la que dada la rebaja del poder adquisitivo de las remuneraciones es posible que se extienda a las ramas productoras de bienes esenciales y de consumo durable que son las que hasta ahora no han caído en crisis.

Para paliar la crisis de los industriales, se les concederá créditos, especialmente para construcción con lo que se continuaría con la aberración de realizar una inversión tremendamente desequilibrada, es decir, favorecer la construcción sin elevar la inversión en equipos.

Para continuar este camino de congelar los precios de unos pocos artículos esenciales, admitiendo alzas disimuladas para el resto de la producción, a la vez que congelar el gasto público, ya se han dado algunos pasos importantes. A esta política y no a otra obedeció el cambio ministerial último, en que se traspasó a Pérez Zujovic de Obras Públicas a Economía y se incorporó a Ossa Pretot en el primero de esos ministerios, sacando a Santa María del segundo.

Pérez Zujovic, como buen empresario, tiene condiciones para entenderse con los industriales, cosa en que Santa María estaba desacreditado y había fracasado al no continuar reteniendo el apoyo de éstos a la política de estabilización y concretamente a la de precios. El nuevo Ministro de Economía, por otra parte, tiene atributos que lo hacen más duro para imponer el control forzado, y de manera más abierta, del índice de costo de vida, cuyo aumento —como gran empresario que tiene que pagar sueldos y salarios, impuestos y comprar divisas— le afecta directamente. Además el Ministro de Hacienda se ahorrará la política de hechos consumados que le imponía Pérez Zujovic desde Obras Públicas, desequilibrándole el presupuesto. En ese Ministerio, como en el de la Vivienda, se han puesto hombres blandos capaces de "administrar la crisis" de la vivienda y de las obras públicas que requiere la actual política de estabilización.

En el comercio exterior, probablemente se continuará con devaluaciones mensuales que satisfacen las exigencias del Fondo Monetario Internacional; se seguirá garantizando las utilidades de las grandes compañías del cobre y otras exportadoras, y se desalienta el gasto de divisas en importaciones. Es probable que también haya restricciones para importar, como forma de reservar capacidad para importar aquellos bienes esenciales para reducir el costo de vida.

Estas probables medidas podrían ser menos fuertes si el precio del cobre volviera a subir, lo que hay consenso que no ocurrirá, o que se obtuvieren créditos y ayuda externa, que es la gran esperanza del gobierno. Si el precio del cobre sigue bajando y ese auxilio del exterior no llega, la crisis económica y política es inminente. Es con ese fantasma que se presiona a Washington y también a los círculos económicos y políticos internos. El precio de evitar la crisis lo pagará sin duda la gran masa de trabajadores y los sectores marginados, de quienes ya poco se acuerdan. Para evitar esa crisis se echará mano a todo tipo de maniobras políticas; a espaldas del pueblo, se continuará utilizando todo el sofisticado esquema político chileno en el que tan comprometido se encuentran los partidos, hasta algunos de la propia izquierda; y en el campo económico, probablemente, se trate de mantener a raya a la inflación en un 20 por ciento o algo parecido.

Por estas razones, el resto del presente año y el siguiente seguirán siendo críticos tanto económica como políticamente. Al aproximarse las elecciones de 1970, ya el Ministro de Hacienda sabe lo que tiene que hacer. Su experiencia en dos políticas de estabilización anteriores, especialmente la de Alessandri, le indica el camino a seguir. Para ganar las elecciones se requiere gasto público y no importa que haya inflación, de manera que la misma terquedad que hoy se pone para evitar el aumento del gasto público prefiriendo a ello la crisis de la producción, en 1969-70 se pondrá para dar paso libre al gasto, prefiriendo, entonces, la inflación.

2—UN ESQUEMA SIN DESTINO

¿Podría pensarse en otra política, como por ejemplo, volver a intentar la del tipo realizada en 1965, cuya característica sobresaliente fue vincularla a una política de redistribución y de inversiones públicas?

Muchos son los factores que, desafortunadamente, no admiten pensar en volver a ese tipo de política que bien podría llamarse de "estabilización progresista". En primer lugar, la desaparecida coyuntura extraordinaria del cobre que hizo menos doloroso ese intento antinflacionario, pues no sólo ayudó a financiar el presupuesto público y las importaciones, sino que creó condiciones para renegociar la deuda externa de corto plazo.

En segundo lugar, el gobierno, y Frei en particular, perdió la fuerza que le daba el apoyo electoral para negociar con los empresarios. Recuérdese que éstos cedieron en no subir tanto sus precios, no porque creyeran en los aspectos técnicos de la política de estabilización, sino para evitar que el gobierno se inclinara hacia soluciones populistas.

En tercer lugar, el gobierno tendría que recurrir al pueblo, puesto que los empresarios, viendo la debilidad del gobierno y de su partido, se endurecieron. Sin embargo, el pueblo ya perdió toda su confianza en el Presidente y en el gobierno; además, Frei obviamente prefiere ganar la simpatía de los financistas extranjeros y nacionales, que defender su política antinflacionaria con el pueblo y las organizaciones populares.

En cuarto y último lugar, el equipo de gobierno desgastó sus fuerzas morales en estos tres años de gobierno, y hoy carece de reservas psíquicas, humanas y políticas para enfrentar la enorme presión que significaría luchar contra el Pondo Monetario Internacional, los grandes consorcios financieros internacionales y contra los empresarios nacionales. Para ello carecen de definiciones claras. Además, su confusión ideológica no les permitiría la imaginación suficiente para desarrollar ideas nuevas,. con la audacia que requiere esa política.

Muchos, posiblemente seguirán el camino de Felipe Herrera o de Escobar Cerda, puesto que el gobierno no es ingrato. Jorge Cash, ya lo emprendió. Otros están a la espera de una segunda oportunidad para realizar sus aspiraciones.

Esto se resume en un solo comentario: una generación de técnicos sacrificada por Frei, en aras de su vacilación e impotencia ideológica frente al imperialismo y la burguesía financiera nacional. Obviamente, pudieron haber sido mejores, si se hubiera tenido una conducción política adecuada, aunque esto no les exime de la responsabilidad de todo técnico en forma individual y como grupo. Su castigo: administrar hoy la implementación de los dictados del Fondo Monetario, origen del fracaso.

Lo grave es que, comprometida y desgastada la mejor plana de técnicos de la Democracia Cristiana, ¿cuál es el equipo de relevo? Por otra parte: ¿serán estos técnicos en conjunción con políticos democristianos, capaces de diseñar y realizar un programa de desarrollo para Chile? Los antecedentes indican claramente que no, cualquiera que sea el "bluff" que creen alrededor de "una vía no-capitalista".

Así, el esquema de la política futura del gobierno queda claro.

Las políticas para los diferentes grupos parecerían ser las que se señalan a continuación:

Para los trabajadores: reajustes de sus remuneraciones a base de un índice de costo de vida forzadamente bajo; además de huelgas, conflictos largos, represión, aumentos de beneficios parcelados y disfrazados de bonificaciones, rebaja o suspensión transitoria de los pagos de imposiciones patronales y de los aportes de los asegurados a las cajas de previsión. Además en el campo político y sindical se pondrá en juego a los tradicionales "ablandadores" de gremios.

Para los empresarios: fuerte control de los precios de los bienes con más influencia en el costo de la vida; control débil para otros bienes, dejando libertad de precios para una gran parte de la producción. Campañas de control de precios aplicadas en la Vega a los comerciantes minoristas sin influencia política. Pero se les otorgará créditos en la medida que se pongan de lado del gobierno, además de hacerles más blanda la política tributaria.

Para los servicios de la Administración Pública: reducción de sus presupuestos, especialmente de inversión y de expansión de nuevas actividades; freno de la reforma agraria, del plan habitacional, de la extensión de la educación, salud, urbanismo, etc. En las cajas de previsión los fondos de inversiones pasarán a cubrir los pagos de beneficios.

Para las empresas extranjeras —especialmente de la Gran Minería—: devaluación permanente de la moneda para que produzcan barato y vendan caro; garantía de no mas recargos tributarios, de no expropiación, de remisión de utilidades y depreciaciones, y más concesiones territoriales y económicas.

Para administrar la política anteriormente señalada se requeriría:

En Hacienda: un Ministro con experiencia en este tipo de política de estabilización; con "principios ideológicos funcionales", con concepciones tecnócratas, sin aspiraciones políticas y conocido por el Fondo Monetario Internacional.

En Economía: un Ministro que no tuviera muchos miramientos para controlar el índice de costo de vida y que le interese personalmente hacerlo; debería, además, tener vínculos con los empresarios y ser capaz de ayudar a redistribuir el crédito.

En Obras Públicas, Vivienda y otros Ministerios de inversión: Ministros capaces de administrar la crisis de obras públicas, pero a la vez que crean que construyen de nuevo al país, o que carezcan de personalidad para exigir mayores presupuestos.

En Trabajo: un Ministro sin preocupaciones por entender lo que significa económica y socialmente la reducción del ingreso de los trabajadores, que acepte sin discusión la política de reajustes dada por el Ministro de Hacienda, con bastante "amor propio" para que no ceda en los conflictos y los prolongue innecesariamente o que aplique medidas represivas para mantener el "principio de autoridad".

En Interior: un Ministro que se entienda bien, o que sea "potable" para la izquierda convencional, que busque y encuentre a los "ablandadores" de gremios, con suficiente sentido práctico para invadir el campo de acción del Ministro del Trabajo, que comprenda la "filosofía" y los "principios" de la Derecha complotadora y que entienda que dentro de la -política de estabilidad existe un instrumento que se llama "crédito".

En el Banco Central: un grupo de técnicos que crean que aplican una teoría y que en Chile se está desarrollando —gracias a la acción de las medidas monetarias— una economía de competencia dinámica en que se ha alcanzado el equilibrio de Piguo, que estimulados por ello continúen creando ingeniosos mecanismos de reorientación del crédito, y que los apliquen a los empresarios que reciban prioridad política en solicitudes de crédito apadrinadas. Además, deberían tener capacidad de resignación para seguir postergando la reforma del Banco Central, pero con suficiente motivación para dedicarse a encontrar la "vía no capitalista"; que no tengan muchas aspiraciones políticas inmediatas, y un relativo interés para pasar al estrellato internacional.

Por último, esa política de estabilidad requeriría:

Un grupo de asesores que lleven un registro detallado de todas las estadísticas nacionales con tres o cuatro decimales, y con suficiente imaginación para que redacten los mensajes presidenciales y las exposiciones ministeriales, en que se expongan los progresos o avances del país, con puntos y comas, de manera que resulten superiores a las metas cuantificadas que el gobierno se había fijado.

El fracaso del Plan Habitacional

A FINES de 1964 el déficit de vivienda en Chile era de más de 600.000 unidades, considerando en ese déficit las viviendas insalubres e inhabitables, o sea las 150.000 casas en poblaciones callampas, los 190.000 conventillos y las 260.000 rucas, ranchos y chozas que se encuentran a lo largo del país.

El problema social que se oculta detrás de esas viviendas miserables no ha sido hasta ahora encarado con seriedad. Sin embargo, tanto el gobierno anterior como éste se propusieron contribuir a solucionar el problema físico de la falta de viviendas. Ya hemos visto cómo fracasó Alessandri y estamos presenciando el fracaso de Frei.

El plan habitacional de este último, elaborado en la CORVI y revisado por la Cámara Chilena de la Construcción, consideraba la construcción de 360.000 viviendas en 6 años, empezando con 53.850 en el año 1965 y creciendo a 56.500 en 1966, a 59.730 en 1967, etc. Las estadísticas que publican los organismos técnicos permiten verificar que si bien en 1965 se construyeron 52.100 viviendas, en 1966 dicho número bajó a 28.700 y en 1967 se calcula que llegarán a unas 22.000, lo que está muy lejos de las metas fijadas.

Esta vertiginosa caída es más dramática de lo que parece. Efectivamente, las pocas viviendas que se construyen corresponden en su mayoría a las categorías "media" y "superior", en tanto que las viviendas "mínimas", que en el plan representaban el 70 por ciento del total y que crecerían de 31.000 en 1965 a 40.000 en 1966, y a 43.000 en 1967, en la realidad llegaron apenas a 22.000 en 1965, a 8.500 en 1966 y a no más de 5.000 en 1967.

AÑO

TOTAL DE VIVIENDAS

VIVIENDAS TIPO MÍNIMO

1965

53.850

52.100

31.040

22.000

1966

56.500

28.700

40.370

8.500

1967

59.730

22.000 (est.)

42.950

5.000 (est.)

Por diferencia puede apreciarse que las metas en cuanto a viviendas medias y superiores se cumplieron con creces, pero las metas en cuanto a viviendas mínimas, que son las que necesita la mayor parte de la población, que tiene bajos ingresos, quedaron perdidas en la distancia.

Esta orientación poco adecuada de la construcción de viviendas tiene relación con la participación del sector público en el proceso. Efectivamente, el sector privado ha construido en los últimos años alrededor de 15.000 viviendas anuales y solamente en 1967 parece haber disminuido a unas 12.000 viviendas, pero, el sector público (básicamente CORVI y Fundación de Viviendas de Asistencia Social), que en 1965 construyó 36.000 viviendas, disminuyó a 13.400 en 1966 y no llegará a más de 10.000 en 1967.

En cuanto a la llamada "operación techo", que tenía por objeto solucionar momentáneamente el problema producido por los sismos y temporales, se ha limitado a construir "mediaguas" de 18 metros cuadrados, incluida la letrina, con un costo de E̊ 1.000.— por cada "solución habitacional", las que en el hecho no son otra cosa que jaulas de madera, donde cada persona tiene apenas tres metros cuadrados para vivir.

La débil y mal orientada acción del sector público refleja, por una parte, las limitaciones impuestas por la política antinflacionista, y por otra, la presión de los grupos privados por utilizar la mayor parte de los recursos en su propio provecho. A través del sistema de Ahorro y Préstamo se han desviado cuantiosos recursos hacia la construcción de viviendas para los grupos de ingresos medios y altos. El 85 por ciento de los préstamos los reciben personas que ganan más de dos vitales mensuales. Esto ha, permitido a las Asociaciones y a las empresas constructoras obtener utilidades impresionantes.

Es lo mismo que sucedió en el período de gobierno anterior. Guiados por un criterio capitalista, solamente se estimula la construcción de viviendas medias y superiores, en tanto que no se construyen las viviendas económicas que las familias de trabajadores necesitan. Es por eso que las poblaciones callampas aumentan, aunque sean trasladadas de una parte a otra. Es por eso también que aumentan los deudores morosos de la CORVI, que ya sobrepasan el 30 por ciento del total. Asimismo, aprovechando la escasez de viviendas, los propietarios especulan y aumentan el valor de los arriendos en forma constante.

Una nueva derecha económica

"El gobierno del pueblo comienza con Frei"
(de la propaganda pre y post-electoral).

CON CADA NUEVO gobierno se producen algunos desplazamientos del poder económico, que a veces pueden ser significativos. ¿Ha sucedido esto con el gobierno de Frei? ¿Han pasado a tener algún control de la economía los campesinos, los pobladores erradicados, los obreros y los empleados que apoyaron con sus votos a este gobierno ... y también los que no lo apoyaron? Veamos la situación por partes.

En la agricultura algunos centenares de campesinos han pasado a trabajar en asentamientos donde reciben pequeñas dosis de asistencia técnica. Algunas propiedades agrícolas abandonadas han sido expropiadas. Sin embargo, los interminables latifundios no han sido hasta ahora tocados. La Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego no verá su millón de hectáreas amenazadas por la reforma, y las extensas haciendas de los Correa, los Bulnes, los Lavanderos, etc., en la zona central y sur, permanecen férreamente en poder de sus antiguos (y actuales) dueños.

En la industria, las grandes empresas de carácter monopólico han visto aumentar sus utilidades en forma constante, sin que se les ponga ningún freno. Basta dar una mirada a algunas de ellas para formarse una idea:

Empresas

Utilidades declaradas

Fecha del balance

Compañía de Aceros del Pacífico

E̊ 45.000.000

junio 1967

Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones

18.900.000

junio 1967

CHILECTRA

9.100.000

diciembre 1966

Grace y Cía

6.500.000

diciembre 1966

MADECO

6.100.000

diciembre 1966

Cía. General de Electricidad Industrial

4.200.000

diciembre 1966

Pizarreño

5.000.000

junio 1967

Cía. de Consumidores de Gas de Santiago

3.700.000

diciembre 1966

Fanaloza

3.100.000

diciembre 1966

Burger

2.900.000

diciembre 1966

Textiles Pollack

2.600.000

junio 1967

Cía. Chilena de Tabacos

2.000.000

diciembre 1966

Suma de estas 12 empresas

E̊ 109.100.000

 

 

 

 

Las utilidades de esas 12 empresas equivalen al salario anual de 60.000 trabajadores. Faltaría agregar a la lista la Refinería de Azúcar de Viña, Cemento Melón, Cervecerías Unidas, cía. Chilena de Fósforos y varias decenas más, para tener una imagen más completa.

El negocio de las grandes empresas ha prosperado en forma notable con el actual gobierno.

Entre el 30 de junio de 1964 y el 30 de junio de 1967, en tres años, el capital y reservas de la Manufacturera de Papeles y Cartones (del clan Alessandri) ha aumentado en un 127 por ciento. Entre el 31 de diciembre de 1964 y el 31 de diciembre de 1966, en dos años, las utilidades de la Compañía de Consumidores de Gas crecieron en un 57 por ciento y las de la Cía. Chilena de Electricidad lo hicieron en un 140 por ciento. En esos mismos años el índice del costo de la vida había aumentado en 47 por ciento.

En esta deslumbrante ruleta de millones han entrado a tallar, sin embargo, algunos nuevos elementos. Así, por ejemplo, las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, que nacieron alrededor de 1961, y ligadas a ellas algunas grandes empresas de la construcción, han empezado a acumular escudos con gran entusiasmo. Veamos los resultados de su operación en el último año, para algunas de las más grandes:

Asociaciones de Ahorro y Préstamo

Excedentes anuales

Fecha del balance

Ahorromet

Eº 1.767.000

junio 67

O'Higgins

1.252.000

junio 67

Calicanto

1.106.000

junio 67

Casas Chile

974.000

junio 67

Libertad

726.000

junio 67

Casapropia

629.000

junio 67

Suma de estas 6 asociaciones

Eº 6.454.000

 

Este grupito de 6 asociaciones ha aumentado sus excedentes en un 112 por ciento en este último año. Y es precisamente en ellas donde se mezcla la antigua derecha con algunos conocidos representantes del partido que gobierna.

En Ahorromet puede verse a Germán Picó Cañas, Sergio Markmann, Humberto Díaz, etc. En la O'Higgins están Salomón Chornick, Luis Escobar Urrutia, Gerónimo Santa-María Balmaceda. Por Calicanto han pasado Raúl Sáez, Domingo Santa-María, Fernando Castillo Velasco, Salvador Correa Larraín, Joaquín Undurraga Correa, etc. En Casapropia se juntan Francisco Soza Cousiño, creador de ENACO, con Carlos Urenda Zegers: en Casas Chile, Jorge Sánchez Ugarte (Caritas), con Vicente Gumucio y Fernando Illanes; en Libertad, Pablo Gumucio con Enrique Krauss (que además es Subsecretario del Interior), Hernán Lavanderos y Jorge Vial.

Por otra parte, en la industria pesquera se han levantado también nuevas fortunas. Entre los pejerreyes gordos se encuentran Pérez Zujovic (Ministro de Economía), P. J. Rodríguez (Ministro de Justicia), Raúl Sáez (vicepresidente de la Corfo y padre de los convenios del cobre), etc.

También las industrias mecánicas y metalúrgicas incluida la automotriz, que está en un período de crecimiento rápido, han permitido que algunos aprovechados empresarios ingresen a los centros de poder o aumenten su peso dentro de ellos. Junto a Eugenio Heiremans, Sergio Markmann y Carlos Urenda se levantan Pierre Lehman, Hernán Briones y otros.

Todos ellos han aprovechado las ventajas que el actual régimen ofrece a la iniciativa privada.

Finalmente, en la cúspide del poder económico, en los bancos comerciales, se observan, como era de esperar, saludables aumentos de las utilidades y del capital y, lo que es tanto o más importante, de las colocaciones (o préstamos). Es a través de los préstamos como los bancos alimentan a las empresas de sus respectivos grupos.

Bancos Comerciales

Colocaciones

Fecha

Banco de Chile

Eº 666.900.000

30 junio 67

Banco Sudamericano

209.100.000

30 junio 67

Banco Español

167.100.000

30 junio 67

Banco de Crédito e Inversiones

158.300.000

30 junio 67

Banco de A. Edwards

136.200.000

30 junio 67

Banco de Osorno y La Unión

102.000.000

30 junio 67

Banco del Trabajo

71.800.000

30 junio 67

Suma de estos 7 bancos

Eº 1.511.400.000

 

Entre diciembre de 1964 y junio de 1967, las colocaciones de esos bancos han aumentado en un 100 por ciento, mientras el índice del costo de la vida crecía solamente en un 68 por ciento.

Un análisis más detenido revela que algunos de esos bancos han aumentado su capital, sus préstamos y sus utilidades con mayor rapidez que los demás. Ellos son el Edwards, Sudamericano y el Banco del Trabajo, que han aumentado su peso relativo dentro del conjunto. Sin embargo, el Banco de Chile sigue siendo el que concentra la mayor parte del capital bancario, muy por encima de los demás.

En resumen, reuniendo las observaciones sobre los diversos sectores, podemos llegar a las siguientes conclusiones: con el gobierno de Frei se ha producido un reforzamiento del poder económico de la clase capitalista, con algunos desplazamientos dentro de la misma clase, en favor de los grupos más directamente ligados al gobierno. Entre estos destacan claramente el grupo Edwards, los de la construcción (Francisco Soza, Del Río, Torretti) y algunos industriales (Hernán Briones, Pérez Zujovic, etc.).

La crisis agrícola

LOS PROBLEMAS de la agricultura chilena son bastante conocidos. En el origen de ellos se encuentra la forma de tenencia de la tierra que permite la existencia de latifundios y de minifundios, y el remedio es uno solo: reforma agraria.

El gobierno anterior inició lo que la historia conoce como "la reforma agraria de macetero". El gobierno de Frei, tomando la corriente del momento, llegó al poder con la "decidida" intención de realizar su propia reforma. Demoró tres años, a pesar de tener mayoría parlamentaria y de contar, para este proyecto, con el apoyo de los partidos de izquierda, en sacar una ley, cuya aplicación está por verse. Entretanto, la realidad sigue siendo la que en agosto de este año describió el instituto de Investigaciones de Recursos Naturales: "entre las provincias de Tarapacá y Llanquihue existen 200.000 minifundios, 25.000 predios de mediana extensión y 5.500 de mayor tamaño, los minifundios representan 4 millones de hectáreas, los predios medianos 7 millones y los latifundios 17 millones de hectáreas". Es decir que algo más de 5.000 propietarios tienen el 61% de la tierra. Además, al sur de Llanquihue, donde esta ley de reforma agraria no llegará, una sola empresa, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, posee 1.086.000 hectáreas y otras 10 sociedades poseen 500.000 hectáreas más.

LA FARRA DEL COBRE

El fracaso de la política económica del actual gobierno se ha visto paliado por la extraordinaria bonanza del cobre que ha favorecido a Chile en los tres últimos años. El incremento de la demanda y situaciones políticas internacionales, como la guerra de Vietnam y la explosiva situación africana, determinaron una considerable alza en los precios internacionales del cobre.

Durante el gobierno conservador de Alessandri, el precio promedio fue de 32 cts. de dólar la libra; el promedio de los tres años de Frei ha sido de 58.4 cts. la libra, o sea un 82.5 por ciento más alto que en el período anterior.

Esto ha significado mayores ingresos tanto por concepto del aumento de los precios como por una mayor producción.

El país ha dispuesto de un ingreso bruto promedio mayor que en el gobierno de Alessandri de aproximadamente 300 millones de dólares anuales, o sea, 900 millones en tres años. De este mayor ingreso, aproximadamente unos 40 millones de dólares al año han correspondido en promedio al aumento de la producción, y 260 al mayor precio internacional del cobre.

Sin embargo, debido a la política torpe de la Corporación del Cobre que mantuvo los precios cuando había que subirlos y los elevó cuando había que mantenerlos, los ingresos netos fueron menores. Por otro lado, por concepto de refinación en el extranjero, el país ha pagado en estos tres años unos 60 millones de dólares. También la venta a Estados Unidos de 90.000 toneladas a un precio de 36 cts. la libra, en circunstancias que en el Mercado de Londres estaba a alrededor de 50 cts., significó una pérdida de unos 30 millones de dólares al país y una bonificación a la agresión norteamericana en Vietnam.

En todo caso, con el mayor precio del cobre, Chile pudo haber comprado todas las minas de este mineral y ser dueño de ellas,, con recursos suficientes para ampliar la producción. En otras palabras, el gobierno de Frei se farreó esta espléndida oportunidad para nacionalizar el cobre.

Pero no es todo. Estimaciones preliminares hacen ver que por mayor tributación del cobre el actual gobierno ha recibido en promedio en los últimos tres años unos 80 millones de dólares más que el gobierno de Alessandri.

¿Qué ha hecho el gobierno con estos mayores recursos tanto del país como del Fisco?

Nadie sabe si este gobierno va a realizar o no su reforma y si ella va a ser algo mayor que la anterior, de modo que pueda ser llamada, por lo menos, "reforma agraria de jardín". Lo único concreto hasta ahora es que los latifundistas se han movilizado anticipándose a la acción del gobierno y que están usando toda su capacidad de presión para impedir que las reformas lleguen a afectar sus intereses. Algunos asentamientos campesinos dan material para una abultada propaganda a favor del gobierno. El campesinado se organiza, sospechando que es él mismo el único que puede garantizar la conquista de sus derechos. En la acción desordenada de estas fuerzas contrarias, sin que todavía empiece a ocurrir nada importante, la producción agrícola continúa su marcha hacia la crisis.

La producción agrícola por habitante, comparando el promedio de los años 1961 a 1964

con el promedio de 1965 a 1967 (con optimistas estimaciones del CIAP para este último año), resulta creciente sólo en el caso de los cultivos industriales (betarraga, maravilla y raps) y del maíz; en cambio ha disminuido en trigo, avena, arroz, frijoles, lentejas, arvejas, papas y ajos. En cuanto a carne, ha disminuido la producción de vacuno (lo que es bastante notorio) y se ha mantenido o crecido levemente la de cerdo y de cordero; ha disminuido la producción de leche y crece la de huevos. Según declaraciones del Ministro Trivelli (en octubre de 1966), las importaciones de trigo aumentaron de 300.000 toneladas en 1961 a 600.000 en 1966, y las importaciones de leche crecieron de 150 millones de litros en 1960 a 400 millones en 1966.

Como reflejo de todo esto, los índices de producción agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (que está muy bien informado) revelan que la producción agrícola neta, por habitante, en Chile, ha bajado de 100 en los años 1957-59 a 98 en 1964, a 91 en 1965 y a 87 en 1966.

Para detener este descenso han sido inútiles las medidas de estímulo utilizadas por el gobierno. Tratando de entusiasmar a los productores, han aumentado fuertemente los precios agrícolas y pecuarios. Véase por ejemplo el siguiente cuadro, preparado por la Oficina de Planificación Agrícola del Ministerio de Agricultura, en que aparecen los precios de algunos productos, expresados en Eº del año 1965:

 

Trigo (q.m.)

Arroz (q.m.)

Frijol (q.m.)

Novillo en pie (100 Kg.)

Leche (100 lt.)

Precio promedio en 1955-1964

23,3

28,0

64,5

117,3

22,7

Precio en 1964-1965

25,4

32,0

90,5

144,5

24,1

Precio en 1965-1966

28,1

34,3

84,3

144,0

32,2

A pesar de los precios, que son los más altos (en términos reales) de los últimos 30 años, los latifundistas no producen más. Ellos saben que el actual gobierno es débil y vacilante y esperan frenarlo saboteando parcialmente la producción. Confían también en la acción moderadora que algunos de ellos mismos (Lavanderos, Correa, Undurraga, por ejemplo), que están en el gobierno, puedan realizar desde adentro.

No es mucho lo que puede esperarse para los próximos años, ahora que en el lenguaje de Punta del Este la "reforma agraria" se ha reducido a un simple "mejoramiento de la productividad agropecuaria".

La tierra chilena, que podría alimentar bien a 40.000.000 de personas, seguirá por ahora abandonada, erosionándose, cubierta de malezas, pero rodeada de los alambres de púas que fijan el límite de los latifundios.

¿Está Chile en venta?

Cuando en diciembre de 1966, el Presidente Frei anunció al país por cadena nacional que le entregaba como "regalo de Pascua" los convenios del cobre, muchas dueñas de casa pensaron que se trataba de la propaganda de alguna liquidación de fin de año. La acción posterior del gobierno ha demostrado que estas ingenuas señoras no se equivocaban. Muchas otras cosas importantes ha seguido entregando este gobierno además del cobre. Recordemos:

Primero fue el convenio con la Braden Copper (del cual míster Milliken, presidente de la casa matriz norteamericana, la Kennecott, dijo hace un mes atrás: "la venta del 51% al gobierno de Chile significó para nosotros una utilidad extra de 27,6 millones de dólares"). Después siguió el convenio con la Cerro Corporation para formar la Cía. Minera Andina, que producirá concentrados de cobre (de los cuales ya están vendidos en esta forma primaria, sin siquiera fundirlo, 10 millones de dólares a una empresa japonesa). Después, el convenio con la Anaconda para explotar el mineral de La Exótica, la autorización a Continental Copper para explotar el mineral de Sagasca y el permiso a Cima Mines para explotar Quetena.

Como si esto fuera poco, se autorizó a la General Cables (ayudada por un crédito del Eximbank) a asociarse con Madeco, y a la Phelps Dodge con Cobre Cerrillos. De esta manera, desde la extracción hasta la elaboración, el cobre nuestra riqueza básica, queda bajo el control directo de los consorcios norteamericanos.

Por otra parte, se autorizó a la Bethlehem a ampliar sus instalaciones para extraer mineral de hierro. En cuanto a la CAP, que produce nuestro acero, hace tiempo que está bajo el control extranjero: del total de sus acciones, 1.750.000 pertenecen a la Kennecott, 3.860.000 a la Anaconda, 3.790.000 a la Koppers Co., 1.380.000 al First National City Bank, 2.270.000 a la Anglo-Lautaro, etc. El actual gobierno no ha hecho nada para cambiar esta situación y deja así a otro de nuestros productos estratégicos bajo el control de los consorcios norteamericanos.

El petróleo es extraído por una eficiente empresa estatal, ENAP, y hasta ahora han fallado los intentos por entregarla a la voracidad de la Standard Oil. Sin embargo, el actual gobierno traspasó hábilmente la producción de los derivados del petróleo a la Dow Chemical (consorcio que produce, entre otras cosas, el napalm que ha utilizado el ejército norteamericano en Vietnam y en la lucha contra los guerrilleros en Colombia y en Bolivia). Esa empresa instalará 3 grandes plantas petroquímicas en Chile, en una sociedad en la que la Dow tendrá el 70 por ciento del capital. En cuanto a la celulosa (para cuya producción es especialmente adecuado el pino insigne chileno), el gobierno de Frei le abre las puertas a Parsons and Whittemore, que instalará sus plantas en Arauco y Constitución.

La industria automotriz, que es una de las más dinámicas en sus primeros años de instalación, y que ofrece, por lo tanto, posibilidades de obtener ganancias cuantiosas, está prácticamente copada, antes que exista un plan o siquiera una ley de autorización, por los grandes consorcios norteamericanos. La General Motors, a través de Automotora del Pacífico, la Ford Motors a través de Chile Motores, y la Chrysler (actual propietaria de SIMCA) a través de Automotora Chilena y Nun y Germán, cubren ya la mayor parte del mercado. La producción de piezas y repuestos estará pronto controlada por la Rockwell Standard, que acaba de asociarse con dos compañías nacionales.

En la rama de alimentos preparados, para personas y para animales, también han aparecido nuevos nombres. Se amplía la Corn Products Co., que ya tenía Alimentos Knorr e Industrias Agropecuarias; se instala General Mills para producir harinas y galletas y la Ralston Purina instala, con ayuda de Edwards, una filial que producirá alimentos para aves.

No se puede citar a todas las empresas extranjeras que han aceptado la invitación del señor Frei, porque a la Singer Sewing Machines, a The Sydney Ross, a Crown Cork y Seal, a British Ropes, seguirían varias decenas más.

Sin embargo, mencionaremos todavía a Adela Compañía de Inversiones, que se ha venido infiltrando en algunas empresas como Compac, Fibro Quírnica Hoechst, Industria Productora de Repuestos Automotrices y Sociedad de Renta San Cristóbal.

Como "broche de oro" de este rápido proceso de entrega, se autoriza al Bank of América para instalarse en Chile, lo que hace sin disimulos, comprándose al Banco Italiano.

Nada tendría de negativo que algunos productores extranjeros vinieran a instalarse a Chile con la intención de asimilarse y servir a los intereses del país. Pero es muy distinta la intención de los consorcios norteamericanos que hemos citado. Ellos se han apropiado de nuestro cobre, de nuestro hierro, de nuestro petróleo, de nuestros bosques, de las industrias automotriz, química y metalúrgica con el único y exclusivo objeto de extraer y llevarse fuera del país el máximo de utilidades posibles. Entonces ellos son enemigos peligrosos, al igual que quienes les abren las puertas y les facilitan el acceso a nuestros recursos naturales.

Hay en Chile capacidad y energía suficientes para llevar adelante todas las iniciativas que ahora se entregan al capital extranjero. Corfo, ENAP, Endesa y CAP fueron creaciones nacionales. La elaboración del cobre, la producción de celulosa, la petroquímica y la industria automotriz tienen precisamente en Corfo sus partidas de nacimiento. Pero los últimos gobiernos, y con especial entusiasmo el de Frei, entregan a inescrupulosos consorcios extranjeros los puntos claves del desarrollo nacional.

La entrega económica se complementa con la "invasión cultural". Expertos de Harvard asesoran al gobierno en la reforma tributaria, dóciles alumnos de la escuela de Chicago manejan la política monetaria, los Cuerpos de Paz se infiltran entre los campesinos y los universitarios, las misiones evangélicas (mormones, bautistas, adventistas, etc., etc., etc.) recorren las poblaciones con melifluas sonrisas, tratando de desplazar a los anticuados organismos católicos v a los cínicos jesuítas con el uso de "nuevas" técnicas (pretenden, entre otras cosas, fundar una Universidad Evangélica que costará 150 millones de dólares). Afortunadamente fracasa la misión Chile-California, porque el tony Ronald Reagan, actual gobernador de ese estado, no simpatiza con los latinos.

El gobierno de Frei, agradecido, crea a fines de 1966, una "Comisión Nacional de la Alianza para el Progreso" (¿un poco tardía, tal vez?) con representantes de los Ministerios de Educación, Vivienda, Salud, de Odeplán, la Oficina del Presupuesto, etc. A través de ella le podrán ofrecer cócteles y condecoraciones a los asesores norteamericanos que nos visiten, y facilitarles acceso a los asuntos importantes del país.

Finalmente, para asegurar que las recomendaciones de esos asesores sean cumplidas hasta sus últimas consecuencias, entrenan nuevos grupos en el Ejército, especialistas en lucha anti-guerrillera, y adquieren modernos equipos para la policía. El gobierno de Frei es el mejor defensor de las Operaciones Unitas, en que los mismos "marines" que asesinan en Vietnam vienen a enseñar su oficio a los aprendices latinoamericanos.

Después de estos tres años, el mejor resumen de la actividad del gobierno de Frei podemos encontrarlo en la revista norteamericana "Hanson's American Letter". Entre otras cosas dice: "Ningún gobierno de extrema derecha había tratado a las empresas norteamericanas con la generosidad con que lo hizo Frei en los convenios que firmó". "Su tratamiento excesivamente favorecedor fue tan falto de equilibrio y de juicio y fue tan perjudicial para los intereses de Chile . . . que casi provocó la hilaridad de Washington". "No le queda ningún poder para negociar, porque Frei ya ha entregado todo lo que le podían pedir.

Esto que dicen los propios financistas norteamericanos no hace más que confirmar las penosas conclusiones que PF ha venido señalando.


Notas:

1. Para verificar esta opinión basta comparar —entre otras— las cifras enunciadas en las diversas exposiciones del Ministro de Hacienda de noviembre de los años 1964, 1965 y 1966; la hecha por altos ejecutivos del gobierno a la Unión de Empresarios Cristianos, a los empresarios de ICARE y los discursos presidenciales del mes de mayo de 1965 y del 11 de marzo de 1967 en Concepción, ademas de los documentos presentados a organismos Internacionales como la Alianza para el Progreso y al Fondo Monetario Internacional.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02