Marineros Torturados

PUNTO FINAL
Año VIII. Nº 191,
Martes 28 de Agosto de 1973

Editorial

MARINEROS TORTURADOS

LA situación de los marineros y trabajadores de ASMAR (Astilleros y Maestranzas de la Armada) detenidos bajo la acusación pública de profesar ideas de izquierda, causa honda preocupación. Con alguna lentitud, debido a la prolongada incomunicación en que han permanecido los prisioneros, han comenzado a fluir informaciones que han conmovido a la clase trabajadora. En efecto, se ha sabido que los marineros y trabajadores detenidos fueron sometidos a crueles torturas. Algunas de ellas, en materia de sadismo, no tienen nada que envidiar a las que aplican a sus opositores algunos regímenes fascistas como el brasileño. Se ha pretendido arrancarles confesiones para configurar presuntos delitos, entre ellos el de insurrección. Se ha buscado vincular a los suboficiales y marineros detenidos con partidos políticos de izquierda y con imaginarios planes para apoderarse de buques de la Escuadra. Sin embargo, a pesar de los repudiables métodos usados, el Fiscal Naval se ha tenido que conformar con acusarlos de "incumplimiento de deberes militares". Este es un concepto muy vago que, cuando más, sirve para, encubrir cargos que no es posible sostener por falta de pruebas.

Lo que ha quedado en claro, en cambio, es que los suboficiales, marineros y trabajadores de ASMAR detenidos y torturados, han sido objeto de estos tratos inhumanos por su negativa a sumarse a los planes golpistas que descaradamente propugnan sectores de la oficialidad. Los testimonios en este sentido son variados y elocuentes. Las victimas de esta insólita represión interna en la Armada, al parecer están unidos por un vínculo común: su decisión de no prestarse para aventuras golpistas que pretenden agredir a la clase trabajadora. Es por eso que la situación de los marineros y trabajadores presos ha despertado la más amplia solidaridad en todo el país. Numerosas organizaciones de masas, partidos políticos, personalidades, órganos de prensa, etc., han protestado enérgicamente por esta situación y han expresado su solidaridad con los detenidos. Como es lógico, PF se suma a su vez a esas manifestaciones. Los trabajadores ven en los marineros hoy torturados, en los militares, aviadores y carabineros que también rechazan el golpismo, a sus mejores amigos. El pueblo está con quienes, dentro de las FF.AA. y Carabineros, hacen lo posible por contrarrestar la creciente amenaza golpista que manipulan la burguesía y el Imperialismo.

PF


Testimonio

LOS QUE NO DISPARARON

"No dispares, hombre, contra el pueblo".

(Luis Ross Mujica, ex-oficial de Marina, parlamentario de los huelguistas de Valparaíso, en marzo de 1903, dirigiéndose al teniente Valverde, uno de los encargados de la represión).

"Los soldados no cometeremos el crimen de lesa patria de adoptar iniciativas espurias, que nos conduzcan a empapar nuestras armas y uniformes con la sangre de miles de compatriotas".

(Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats González, actual ministro de Defensa).

EN artículo anterior (PUNTO FINAL Nº 189) hicimos referencia a la sujeción de las Fuerzas Armadas a la autoridad del presidente de la República, consagrada en los artículos 22, 71 y 72 de la Constitución Política del Estado y en el DFL Nº 1 de 1968. Afirmamos que, por consiguiente, no cometían delito alguno quienes manifestaban, de palabra o por escrito, que nuestros Institutos armados no debían obedecer a aquellos oficiales que, encandilados por los cantos de sirena de los voceros reaccionarios, intentaron una aventura golpista.

Lejos de constituir un llamado a la subversión militar, toda campaña destinada a destacar que las FF.AA. no tienen que seguir a los que no acatan la autoridad presidencial, se encuadra dentro de las mejores tradiciones militares.

Distinto es el caso de la conferencia dictada en el Instituto Cultural de Providencia por el profesor de Filosofía del Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Hugo Tagle Martínez, quien "respecto a la obediencia..., destacó que (las Fuerzas Armadas) la deben a la Constitución y a las leyes, pero si ocurriere que una u otras no expresan el proyecto de vida común de una nación —también aquel que la mayoría sostiene en un momento determinado de su historia— y esta desadecuación amenaza a la pacífica convivencia social, su deber es obedecer a dicho proyecto nacional y no a la Constitución... En Chile, hoy, el poder político, con la prescindencia del derecho positivo que nos rige, pretende con inobservancia de la ley, imponer a la nación ideas ajenas a su proyecto de vida. Este intento coloca a las FF.AA. en una encrucijada, en la cual la última y definitiva palabra la tienen sus integrantes" ("El Mercurio", 5 agosto 1973, p. 34).

Estas expresiones sí que constituyen, a nuestro juicio, una clara incitación a la subversión militar, no sólo contra la autoridad del Ejecutivo, sino que contra la propia Carta Fundamental, cuyas normas —según el destacado catedrático— las Fuerzas Armadas tendrían la obligación de transgredir en aras de la obediencia a un hipotético "proyecto nacional". ¿Quién determina en qué consiste este "proyecto"? ¿Y la "desadecuación" a que se refiere el conferencista, quién precisa cuando se produce? ¿Dónde está consagrado el deber de los institutos castrenses de desobedecer las normas constitucionales y legales, esas mismas normas que han jurado respetar? Extraña que un catedrático de una escuela de derecho pueda hacer estas extrañas aseveraciones, por lo que esperamos que todo se deba a una errónea y mercurial transcripción de sus palabras.

La campaña de algunas organizaciones de izquierda de alertar a los soldados contra las intentonas golpistas, tampoco socava la disciplina de las FF.AA., pues —como bien anota Luis Acuña Vega (Ver "Carta a las Fuerzas Armadas" en Chile Hoy Nº 60)— "de ser cierto lo que (se) sostiene, querría decir que el artículo 335 del Código de Justicia Militar socava la disciplina. En efecto, allí se sostiene que el inferior suspenderá el cumplimiento de una orden cuando ella "tienda notoriamente a la perpetración de un delito".

Además, el artículo 269, que se refiere, precisamente, al delito de rebelión, exige a todos los militares emplear "todos los medios a su alcance para contener la rebelión o la sublevación en las fuerzas de su mando". Señala sanciones al que omite actuar en esa forma y, además, si es oficial, le aplica, en todo caso, la destitución. "Quienes cometen delito son los que incitan a la rebelión, los que se levantan en armas contra el gobierno y no los que lo defienden ni los que impiden que se consume ese objetivo y se oponen a la rebelión".

El propio presidente del partido Demócrata Cristiano, la principal fuerza de oposición recordó en artículo publicado en "El Mercurio" (1º noviembre 1972), que el Código de Justicia Militar y el Reglamento de Disciplina de las FF.AA. consagran el sistema de "obediencia reflexiva" y citó, en su apoyo, la opinión de dos oficiales, manifestada en sus memorias para obtener el título de abogado, en el sentido de que "el primer requisito para que la obediencia jerárquica opere como eximente de responsabilidad (es) la de que "la orden sea impartida por un superior, dentro de la órbita de sus atribuciones legítimas".

Cabe, entonces, preguntarse, ¿las órdenes de un oficial a sus subordinados para sublevarse, están dentro de la órbita de sus "atribuciones legítimas"? El llamado a no obedecer a los oficiales que emprenden una intentona "golpista", ¿es un intento de subversión militar, una campaña destinada a socavar la disciplina de las Fuerzas Armadas o está dirigido —como puntualizara el senador Altamirano— "a ratificar su obligación de obedecer a la autoridad legítimamente constituida?".

Pretender lo primero significaría que la Fiscalía Militar debería estar procesando a los oficiales y suboficiales que se negaron a obedecer el 29 de junio las órdenes del comandante Roberto Souper y no, como lo está haciendo, a los que lo acompañaron en su aventura. ¡Absurda conclusión que no resiste el menor análisis!

¿PERUANISMO CASTRENSE EN CHILE?

En las últimas semanas ha circulado el rumor de que en algunos sectores de las Fuerzas Armadas ha tomado cuerpo la idea de un golpe "a la peruana".

Esta corriente "peruanista", que sería especialmente fuerte en la Aviación, abarcaría también a sectores civiles, integrados por hombres que no son los golpistas de siempre, vinculados a las FF.AA. y que incitan a sus amigos, parientes o allegados militares a dar un salto de frentón. De acuerdo con la revista "De Frente", habría trascendido que en algunas ramas castrenses "el sector constitucionalista está en franca minoría. En otras existen grupos pro Unidad Popular, de Patria y Libertad, constitucionalistas y peruanistas".

Según "De Frente", "lo más curioso del caso es que tanto los uniformados como los civiles contagiados con esta enfermedad ignoran las características reales que tiene el "proceso peruano". Ninguna de las personas con quienes se ha podido discutir el tema, está enterada de la marcha de la revolución peruana".

Si alguien les cita estas palabras: "Sabemos que el gobierno será atacado; las tenebrosas fuerzas de la oligarquía interna y externa defenderán hasta sus últimos esfuerzos los baluartes de privilegio y de dominio que han detentado siempre; se tratará, con el engaño, de azuzar a las masas populares para exigir cada vez más lo que ellas en cerca de ciento cincuenta años se negaron a darles, ya que nunca rompieron las cadenas de la esclavitud", creerán, posiblemente, que fueron pronunciadas por Salvador Allende y no podrán convencerse que se trata de un discurso del general Juan Velasco Alvarado (Lima, 7 nov. 1968).

La posición antimperialista del gobierno popular asusta a estos "peruanistas", sin parar mientes que el gobierno peruano ha desarrollado precisamente una línea política antimperialista.

La nacionalización del cobre, en Chile, antes en manos de los consorcios norteamericanos, Anaconda y Kennecott. equivale a la, nacionalización del petróleo en Perú, antes en poder de la International Petroleum Company (IPC), una subsidiaria del trust Standard Oil de New Jersey, una de las corporaciones monopolistas más poderosas de Estados Unidos. Más aún el Presidente Velasco, el 28 de julio de 1969, proclamaba que "cancelar la tradicional dependencia de nuestro país es objetivo fundamental de la revolución nacionalista y meta central del desarrollo pleno del Perú"; después siguió el choque frontal con Estados Unidos que pretendía aplicar la Enmienda Hickenlooper (comparable con el "bloqueo invisible" contra Chile y las acciones judiciales emprendidas por Kennecott en el exterior); prosiguió con la estatización de los intereses foráneos en la actividad bancada; la proclamación de la "Doctrina Velasco" sobre inversiones extranjeras, su asistencia a las Conferencias de países no alineados (a la próxima de las cuales, en Argel, proyecta ir el presidente Allende), las relaciones diplomáticas con Cuba, y, últimamente, su anuncio de que proyecta nacionalizar las minas que explota la Cerro Pasco Corporation.

La lucha contra los sectores monopolistas en Chile, también se da en el Perú. Veamos las palabras del general Velasco Alvarado: "La oligarquía que ha visto afectados sus intereses... no invierte su dinero en el país. Este es un gran complot de la derecha económica, su gran estrategia contrarrevolucionaria, su gran traición a la causa del pueblo peruano. Se persigue de este modo crear una noticia crisis económica que vulnere la estabilidad del gobierno. La excusa para no invertir es que no existe en el país un "clima de confianza". Esta frase manida es el estribillo, pero también el arma sicológica, que día a día utiliza la reacción para cubrir con cortina de humo su verdadera intención antipatriótica". "¿Qué confianza reclaman los grandes propietarios del dinero?... ¿Una confianza como aquélla que se creaba cuando eran los dueños del país? Este tipo de confianza no van a tener mientras nosotros gobernemos..., porque en este tipo de confianza se basaron las injusticias que hundieron en la miseria y en la explotación a la gran mayoría de nuestro pueblo" (3 oct. 1969).

La complicidad entre los sectores oligárquicos y los intereses imperialistas no pasó tampoco desapercibida al general Velasco: "Detrás de la campaña contra la revolución en marcha hay, es cierto, muy poderosos intereses... La sincronizada propaganda deformadora de la verdad, que opera a través de ciertas agencias noticiosas extranjeras, de algunas revistas de circulación internacional y de la mayoría de los periódicos que se imprimen en el Perú, que representan y defienden los intereses de la oligarquía peruana y sus cómplices foráneos"... "Sabemos que frente a la revolución hay una conjura tenebrosa manejada por elementos externos, que persigue detener el proceso de cambios en el Perú" (3 oct. 1969); "Algunas de esas personas controlan poderosos intereses económicos, casi siempre subordinados o, por lo menos, vinculadas a grandes empresas extranjeras. Persiguen paralizar la economía del país, producir la desocupación masiva, estimular la carestía de la vida y así debilitar al Gobierno de las Fuerzas Armadas y destruir a la revolución'' (3 oct. 1970).

¡El parecido no puede ser mas semejante! ¡Los mismos métodos, los mismos intereses, las mismas campañas, contra los gobiernos de Chile y Perú prueba evidente que detrás está la mano oculta del imperialismo y la CIA.

No podría ser de otro modo: en todo proceso liberador los enemigos son los mismos. El "peruanismo castrense se da en los países en que imperan gobiernos entreguistas y no, como en Chile, donde se lucha, precisamente contra la dependencia; en países donde gobiernan intereses oligárquicos y no donde estos mismos intereses combaten y tratan de derrocar a un gobierno popular. Entre el auténtico nacionalismo —popular y revolucionario— de los militares peruanos y el "nazionalismo" de "Patria y Libertad" o de algún otro sector que instigue al golpe a algunos oficiales de nuestras FF.AA. hay un mundo de diferencia.

DE SIERRA GORDA A PAMPA IRIGOIN

También en el artículo que hemos citada (Punto Final Nº 189) nos referimos al llamado que se hace a los soldados a no disparar contra el pueblo y dejamos constancia que con ello no se hace otra cosa que repetir conceptos del propio Comandante en Jefe del Ejercito (actual Ministro de Defensa), general Carlos Prats González.

A través de nuestra historia ha habido gobernantes que recurrían a las tropas del Ejercito o a Carabineros para sofocar cualquiera justificada protesta de nuestros trabajadores. Pero en estas ocasiones hubo militares que se negaron a cumplir ordenes que significaran disparar contra el pueblo y los trabajadores. Guiados por un afán estrictamente histórico es oportuno traerlos a colación.

Corría el mes de diciembre de 1907. Las oficinas salitreras habían declarado la huelga general y los obreros pampinos, junto con sus familias, inician la "marcha del hambre" sobre el puerto de Iquique, concentrándose en la Escuela Santa María. El 21 de ese mes, "como si fuera un día de fiesta escolar, el edificio de la Escuela Santa María se encontraba engalanado con banderas de repúblicas hermanas, en que descollaban chilenas, bolivianas, peruanas, cubriendo partes de los muros, estandartes con letras doradas y plateadas. Destacaba uno de terciopelo rojo, era el de los subalternos del general Silva Renard; a su alrededor montaban guardia los veteranos del 79" (Guillermo Kaempffer Villagrán. "Así sucedió". Tall. Arancibia Hnos. Stgo. 1962 p. 144). Pronto llegó hasta la Escuela el cónsul boliviano, pidiendo a sus compatriotas que abandonaran el recinto porque iban a ser ametrallados", pero éstos contestaron que si había que morir lo harían junto a sus compañeros chilenos, argentinos y peruanos.

La Escuela estaba totalmente rodeada de tropas, en tanto que los barcos de guerra apuntaban amenazantes contra la ciudad. Un huelguista, orador popular, frente a las tropas les decía: "Marineros del "Esmeralda", ¿consentiréis que se empañen vuestras glorias adquiridas al frente de un enemigo poderoso y en defensa de los chilenos, matando ahora a chilenos indefensos? ¿Queréis que el pueblo de Chile no pueda ya invocar el glorioso 21 de mayo sin recordar al mismo tiempo un cobarde 21 de diciembre? (Julio César Jobet. "Temas históricos chilenos". Ed. Quimantú. Stgo., 1973, p. 233).

A las 15.45 horas el jefe de la plaza, general Roberto Silva Renard, dio orden de disparar contra los huelguistas, entre los que se contaban numerosos subalternos suyos de los tiempos de la guerra del pacífico: más de dos mil personas, hombres, mujeres, ancianos y niños, son masacrados por la metralla implacable. Fue tal la premura de Silva Renard que ocho soldados que habían entrado a la Escuela a notificar la orden de desalojo no alcanzaron a salir a tiempo y cayeron bajo las balas.

¿Y ningún militar se negó a participar en esta matanza?

Julio César Jobet ("Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile". Ed. Universitaria. Stgo. 1955. p. 139) cuenta que un sargento primero se negó a cargar con su pelotón de lanceros sobre la masa indefensa y dio orden de retirada a sus hombres; y Patricio Manns expresa que "el comandante Aguirre de uno de los buques de guerra, se negó a prestar ametralladoras y hombres al ejército para cumplir su macabra tarea" ("Las grandes masacres". Ed. Quimantú. Stgo. 1972. p. 86).

Corren los años y el 21 de julio de 1920 es asaltada y saqueada la Federación de Estudiantes de Chile (FECH) por bandas de pijes, comandadas por dos oficiales vestidos de civil. "El general Diego Dublé Almeyda condena la participación del ejército en actos sangrientos, preparados por la Moneda", en ese entonces en manos reaccionarias (Id. p. 86).

Cinco años más tarde, el 5 de junio de 1925, en una época de cesantía y crisis económica, ocurre la matanza de cientos de obreros de la oficina salitrera de La Coruña (Tarapacá), a cargo del Regimiento Carampangue. Luego se inventa el "palomeo de rotos": los sobrevivientes deben cavar su propia tumba y cuadrarse frente a ella, luego un oficial apunta y dispara, el "roto" da una voltereta en el aire y cae junto al foso que él mismo ha cavado. Otros son llevados al crucero "O'Higgins" y "fondeados" en el mar.

Carlos Vicuña Fuentes ("La Tiranía en Chile", t. II. Stgo. 1939, p. 43), dice al respecto: "en una carta que recibí en Iquique fechada el 14 de agosto de 1925, me cuenta entre otros temibles pormenores que a bordo del "O'Higgins" falleció de un ataque el teniente Lizana a causa de la impresión que le causó la orden de fondear a un grupo de obreros, que arrodillados, llorando, sobre la cubierta le pedían piedad".

También se hizo público el caso del capitán Enrique Caballero que viendo que un grupo de sus propios soldados hacían funcionar una ametralladora contra una gran muchedumbre de obreros, mujeres y niños, que huían a la desbandada, lanzó intrépidamente su caballo por delante de la ametralladora, hizo cesar el fuego e increpó a los soldados, afeándoles su conducta, y diciéndoles que las armas no debían emplearse contra gente que huía". Al oír decir a los soldados que disparaban por orden expresa del comandante Anasio Rodríguez. "Caballero, desobedeciendo esa orden, reiteró la de cesar el fuego".

Días más tarde llegaba a hacerse cargo del mando el general Enrique Bravo Ortíz. "quien conociendo la actitud de la oficialidad para con los obreros de la pampa, durante la sangrienta represión, representó a la oficialidad el perjuicio que hacían al honor del Ejercito al jactarse de atrocidades cometidas en contra de los trabajadores" (G. Kaempffer. ob. cit., p. 259).

Mucho más tarde, el 5 de septiembre de 1938, setenta jóvenes nacionalsocialistas son masacrados en el Seguro Obrero (posteriormente llamado la "Torre de Sangre") después de rendidos. La operación estuvo dirigida por el general Humberto Arriagada, de Carabineros, de acuerdo con las instrucciones impartidas verbalmente por el presidente Arturo Alessandri: "¡Que no quede ni uno vivo! ¡Mátenlos a todos!" Sin embargo, el teniente Antonio Llorens Barrera, "se negó a participar en la matanza, fue detenido y llevado a Investigaciones por el medio de la calle Morandé, pasando frente al Senado, donde esa escena no dejó de impresionar a algunos senadores que la presenciaron" (Ricardo Donoso. "Alessandri, agitador y demoledor", t. II.. Fondo de Cultura Económica. México. 1954, p. 264). Digna de destacar fue la conducta del general de Carabineros, Aníbal Alvear. que velando por el prestigio del Cuerpo, lejos de querer echar tierra sobre la actuación de oficiales y tropa, reunió un caudal de informaciones del más alto valor para formarse un concepto de la forma en que se desarrollaron los hechos y señalar a los verdaderos culpables.

Como podemos observar, en las grandes matanzas contra nuestro pueblo —desde los sangrientos incidentes de Sierra Gorda (Antofagasta), en 1884, hasta la masacre de Pampa Irigoin (Puerto Montt) en 1969— participaron uniformados (Fuerzas Armadas y Carabineros), que "pasaron por millares de cadáveres que en vida habían sido sus hermanos. Pero ningún hombre de armas esgrimió la bayoneta por su gusto. Manos oscuras y siniestras escribían o llevaban las órdenes para que se efectuaran las grandes masacres"... "Nuestras gentes, también saben con certeza que los oficiales y tiradores que "palomearon rotos" en el salitre o en las gélidas regiones del sur, no fueron ni se sintieron Pueblo en armas. Tampoco fueron militares o policías, en el sentido exacto del vocablo. Uniforme se puede poner cualquiera, pero eso sólo tapa los pelos o las garras simiescas. Igualmente —ese uniforme— pudo vestir sotana frac o tricornio diplomático... Lo que importa es que en las presillas de nuestra oficialidad a cada momento revivan con patriótica energía el ejemplo que dieron muchos hombres de armas que desobedecieron las órdenes criminales, sacrificando su profesión y su porvenir en aras de la libertad, en beneficio de los principios humanos" (Revista "Aquí Está". Nº47).

EL EJERCITO PARALELO

Durante la ceremonia en la cual juraron los nuevos Ministros, el Presidente Salvador Allende, reiteró que no habría en Chile "ejército paralelo". Nosotros, con el debido respeto al Presidente de la República, creemos que no se trata de sí va a haber o no ejército paralelo pues éste ya existe, tiene un "comando invisible" que planifica sus acciones, "grupos de combate armados" que las emprenden, órganos de propaganda, apoyo logístico, y está en plena acción amenazando al gobierno, a las fuerzas armadas y a la segundad nacional.

No es un misterio para nadie que "Patria y Libertad" ha declarado la guerra al gobierno. No puede argumentarse que este movimiento carece de importancia, pues más allá de sus filas ejerce una influencia cada vez más decisiva en las actitudes que adoptan los partidos de oposición. Muchos de sus integrantes tienen doble o triple militancia: sus y vinculaciones con organismos patronales (como Sociedad Nacional de Agricultura o la Sociedad de Fomento Fabril) y con ciertos colegios profesionales, son bastantes fuertes; sus publicistas están detrás de las huelgas de los sectores "gremialistas" y sus líderes respecto de los cuales hay orden de detención) encuentran generosa acogida en las radios "democráticas" y en el Canal 13 de televisión. El concepto de "guerra total" —militar, económica y sicológica— es practicado sin el menor escrúpulo por este "ejército paralelo".

El hecho es que a la "desobediencia civil", a la que llamaba un senador de la Democracia Cristiana, y a la "resistencia civil", a que posteriormente llamó el partido Nacional, han seguido acciones directas que nadie, honestamente, puede negar. La quebrazón de vidrios en los edificios públicos que se producían en las "inocentes" manifestaciones de los estudiantes "democráticos"; los trolley-buses de la ETC que eran apedreados en el barrio alto los semáforos inutilizados y la destrucción de bienes fiscales no son casos de simple coincidencia, sino que obedecen a un plan determinado. En un "volante", repartido por "P y L", se dan a conocer "Ocho medidas para derrocar al gobierno". La tercera expresa: "Sabotear las fuentes de trabajo estatales".

Ahora último, especialmente con motivo del paro camionero ordenado por León Vilarín, las acciones de los grupos reaccionarios (en las que no ha estado ausente el PN, a través de su Comando "Rolando Matus") han recrudecido y adquirido un carácter abiertamente terrorista. Hasta mediados del mes de agosto, v sin considerar los atentados a las comunicaciones, plantas de radio v de televisión, a las personas o casas particulares, locales escolares, hospitales, sedes diplomáticas, sindicatos y locales partidarios, han ocurrido nada menos que 249 atentados (71 contra camiones. 80 contra vehículos de locomoción colectiva, 16 contra bencineras. 40 contra vías férreas. 14 contra servicios públicos. 10 contra sedes laborales, 5 contra centros comerciales. 2 contra centros Industriales. 1 contra túneles). Hacia esa misma fecha los muertos sumaban va siete y había docenas de heridos. muchos de ellos víctimas inocentes. Estos atentados contra las personas no tienen por qué extrañar: en la cuarta medida del "volante" a que nos hemos referido se lee: "Hacer justicia castigando directamente a los violentistas de izquierda".

No es la izquierda la que ha hecho estos atentados, no son las organizaciones populares las que han asesinado al general Schneider o al capitán Araya, no son los trabajadores los que lanzan maíz al paso de los militares, no son ellos los que llaman a las Fuerzas Armadas a separarse de sus actividades profesionales, como tampoco son ellos los que atentan —como ha ocurrido con el paro camionero y la violencia terrorista que lo ha acompañado— y comprometen tan gravemente la seguridad nacional.

DESPUÉS DEL "TANCAZO"

Nadie puede pensar que la aventura golpista que protagonizara el 29 de junio el comandante Souper no tuviera otros implicados, otros militares que habrían participado en las deliberaciones conspirativas previas. Por lo menos Pablo Rodríguez Grez en una declaración pública ha confirmado que habían, además del Blindado Nº 2, otras unidades y oficiales comprometidos. El sumario que substancia el Fiscal Francisco Saavedra arrojara, seguramente. Interesantes conclusiones sobre el particular.

Sin embargo, ha trascendido, de acuerdo con noticias publicadas en distintos órganos de publicidad, que diversos oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas —dándose incluso nombres y apellidos— estuvieron de acuerdo con el "golpe" y sólo la decidida oposición de los oficiales honestos, suboficiales y clases y la decidida actitud de los Altos Mandos impidió que sumaran sus unidades a la frustrada intentona.

Con posterioridad al "tancazo", según se ha afirmado, han continuado las actividades conspirativas, con participación de elementos de "P y L" y de dirigentes opositores, e incluso, lo que es más grave, con miembros de la Inteligencia Naval Norteamericana. Confiamos que tales afirmaciones no sean efectivas, pero creemos que. más que cualquier tipo de declaraciones, la opinión pública estaría mucho más tranquila si supiera que se está investigando la conducta de todos estos oficiales y no, como ha ocurrido, que los únicos sumariados, de acuerdo con la prensa, sean suboficiales y marineros que en Talcahuano y Valparaíso denunciaron las actividades de oficiales golpistas.

En forma paralela, los abusos y excesos de algunos oficiales en contra de los trabajadores, utilizando las más de las veces la Ley de Control de Armas, ha cobrado cada vez mayor intensidad, hasta culminar en Lanera Austral de Punta Arenas, con la muerte de un obrero, Manuel González, hijo y hermano de uniformado, y en Cobre Cerrillos donde los violentos procedimientos empleados, según pudieron ver miles de telespectadores en el propio Canal 13 contrastan con la exquisita educación y fineza con que se trató a los camioneros de Puente Alto.

Los vejámenes a los militantes de izquierda han proseguido: no se trata sólo de militantes del MIR que llaman a "no obedecer a los oficiales que incitan al golpe": sino de comunistas que escriben en las murallas "NO A LA GUERRA CIVIL" y de una verdadera persecución. según denunciara el diputado Oscar Guillermo Garretón, en contra del MAPU. Ninguno de nuestros "democráticos" defensores del "estado de derecho" y de las "libertades públicas" ha protestado de tales hechos.

El ingreso de los Comandantes en Jefe de las FF.AA. y del Director General de Carabineros no significó un fortalecimiento de la acción del gobierno. Los "ultimátums" que dieron, a los camioneros en huelga, han derivado en continuas prórrogas de los plazos otorgados.

Al cierre de esta edición el Gabinete de "seguridad nacional" había caído. Apenas duró 14 días. Los sectores golpistas provocaron su caída al forzar la renuncia del general Carlos Prats al ministerio de Defensa y a la Comandancia del Ejército. Varios generales y otros altos oficiales utilizaron a sus esposas en una manifestación de repudio a Prats, frente a la casa de éste. Simultáneamente la mayoría PDC-PN aprobaba en la Cámara de Diputados un acuerdo poniendo en tela de juicio la legalidad del gobierno. La crisis había comenzado con el retiro del jefe de la Fuerza Aérea, César Ruiz, seguida de una maniobra que fue personalmente manipulada por Frei. Este último continúa apareciendo como el jefe civil del golpismo. A la luz de lo ocurrido aparece mucho más correcta la posición de quienes en la izquierda manifestaron reservas frente al Gabinete de "seguridad nacional". Otros sostuvieron que "fortalecía" al gobierno. Pero no detuvo el terrorismo del "ejército paralelo", ni aplicó los "ultimátums" a los camioneros ni amarró las manos a los golpistas quienes, en cambió, se fortalecieron derribando al general Prats que aparecía como el enemigo más decidido del golpismo en el seno de las FF.AA.

RENE BALART CONTRERAS


Polémica

RESCRIBIENDO LA AUTÉNTICA HISTORIA

La polémica suscitada por "Capítulos de la Historia de Chile", libro de Ranquil, editado por Quimantú hace cuatro meses, se convirtió poco a poco en un nuevo factor de desenmascaramiento de lo que alguien definió como "la jauría de los hombres "decentes". El aspecto más grave fue el juego que a la conocida jauría le hizo una insólita declaración de la Oficina de Relaciones Públicas y Difusión del Ministerio de Defensa Nacional, suscrita por el coronel (R) Juan Vidal. Al momento que la reacción, urticada por una recopilación histórica que rompía el falso esquema tradicional de una historia donde las masas no existen, las FF.AA. aparecieron abanderizándose con los sectores reaccionarios y calificando públicamente al libro de "libelo", amén de pedir "hacer efectivas las responsabilidades por las infracciones a que diera lugar" la publicación.

Esta conjunción de criterios entre la reacción y un Departamento de las Fuerzas Armadas, dio una connotación más grave aún a la disputa.

LA VERDADERA HISTORIA...

En los hechos, la burguesía fue inhábil para conducir su ofensiva contra el libro. Al destacar las citas que más la irritaban, sólo logró desnudar los intereses que defiende. En definitiva, sus críticas condujeron a que el libro, requerido por los sectores populares que lo adquirieron hasta agotarlo, (cinco mil ejemplares), fuera identificado como un libro de lucha. En esta instancia del proceso es un galardón inocultable.

Fundamentalmente a los sectores reaccionarios les causó ira que se descubriera —mejor se redescubriera, porque va lo habían dicho historiadores como Julio Alemparte o Ricardo Donoso—, que Bernardo O’Higgins tuvo esclavos en sus haciendas de Cuba y Montalván; que la Guerra de la Independencia no fuera presentada como una epopeya, sino como una guerra revolucionaria y una guerra civil, y que se señalara que tanto entre españoles como chilenos existieran sectores revolucionarios, moderados y conservadores. Más aún, que la Guerra del pacífico se revelara con su carácter de conflicto imperialista donde los trabajadores de Perú, Bolivia y Chile sirvieron de carne de cañón y que se citara como guerreros ejemplares al labrador Miguel Neira y al huaso Julio Estay.

La omisión de Arturo Prat le colmó el vaso a la burguesía. La respuesta de Ranquil fue clara: "Nosotros no tenemos por qué usar el nombre de Prat pues éste no es un libro declamatorio. Algunos señores se indignan porque no encontraron a Prat en las páginas de "Capítulos de la Historia de Chile", pero no les indignó la omisión de todos los marineros que perdieron la vida en el combate de Iquique. tan héroes como el capitán Arturo Prat, tan dignos de admiración como lo fue el capitán Arturo Prat. Debido a su educación y formación de burgueses, estos señores trazan una línea divisoria entre la oficialidad y la marinería".

TEMEN PORQUE EL PUEBLO ESTA SABIENDO...

Para Alejandro Chelén Rojas —escritor, historiador, exsenador— actual jefe del Departamento de Ediciones Especiales de Quimantú y por tanto, responsable de la publicación del libro, el objetivo de la campaña fue muy claro.

—"Esta campaña —dijo a PF— la han orquestado los grupos políticos de derecha. De ahí que la encabecen personeros como el señor Aguirre Doolan. Les duele políticamente que Quimantú le esté entregando al pueblo libros baratos, lo que durante cien años le negó la burguesía. Los libros están en las oficinas salitreras, en los pueblos, en los sindicatos, en las minas. A ellos les irrita que los trabajadores se estén dando cuenta de lo que es Chile, lo que es el socialismo, de lo que ha sido la explotación del hombre por el hombre. Tanto en literatura como en historia y en todo, en un proceso como el actual, esta cantidad de libros tiene un valor cultural. Bastó que fuera Quimantú quien editara un libro, discutible por cierto, para que saltara la jauría de los "hombres decentes", de los hombres de fundo y sus capataces".

Estimado señor Director:

La revista española "índice" de fecha 1º del actual mes reproduce una carta de Ud. al Senado de Chile, pidiendo la exclusión de dicha Corporación de Eduardo Frei Montalva, que he leído con mucho gusto, aunque bajo los efectos de la preocupación que la extrema derecha (pienso que la derecha en general) está causando, con una vergonzosa insistencia, expresada a través de asesinatos, como el del Capitán de Marina Arturo Araya Peters, la más reciente cobardía de la oposición al gobierno de la Unidad Popular.

Mi carta no tiene otro objeto que expresarle a Ud. mi solidaridad y mis simpatías.

He escrito a Frei hace semanas y lo hago hoy nuevamente. Los puntos de vista que mantengo con él, incluyen mi estimación de que por esos medios no se llega a la Historia dignamente, para permanecer en ella con dignidad. Sostengo también que, aunque no lo quieran —aunque lo asesinen mañana— el Presidente Allende estará siempre en lo mejor de la Historia de Chile y Universal, y con él cuantos le ayudan —como Ud. lo hace— a establecer distintas estructuras sociales y un sistema de verdadera justicia.

Con los mejores buenos deseos, me suscribo de Ud. seguro servidor y amigo,

TELESFORO FUENTES SUAREZ

Julián Romero Briones, 13,

Las Palmas de Gran Canaria.

Interrogado por PF sobre el sentido de la impugnación hecha por una dependencia del Ministerio de Defensa, Chelén Rojas expresa: —Estimo que eso (la eventual querella) es imposible porque las Fuerzas Armadas, al igual que todo lo que surge del proceso cultural, difícilmente pueden sentirse interpretadas sólo por quienes niegan la verdad del desarrollo histórico, social y político de Chile. Creer que los hombres de armas de este país comulgan con ruedas de carreta de perfumados "historiadores", es una ofensa a la inteligencia no sólo de los soldados, sino al pueblo de Chile".

Para Alejandro Chelén Rojas "quienes por décadas han considerado a Chile como un fundo de su propiedad, donde las cosas y los hombres deben ser y actuar al ritmo de lo que los patrones indiquen, no pueden tolerar ningún gesto que no concuerde con sus ideas".

Para el entrevistado resulta sugestivo que la derecha se haya lanzado contra un solo libro —que por demás en gran medida no hace sino compilar conceptos emitidos por historiadores muy respetados por la propia burguesía como Encina. Alemparte, Ernesto de la Cruz y otros—, y nunca mencione que en la misma serie se hayan publicado títulos como "Temas Históricos", "El Héroe Ausente", "La Comuna y el sitio de La Serena de 1851" o el "Diario del General José Miguel Carrera", una obra de extraordinario valor histórico que no se había editado desde 1900.

LOS VERDADEROS HISTORIADORES HABLAN...

La ofensiva de la derecha no encontró eco en los círculos científicos. Un académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica expresó su adhesión a Quimantú y catedráticos de las restantes universidades salieron al paso a las "vestales de la pacatería".

Rodrigo Antonioletti, geógrafo del IREN (instituto de Recursos Nacionales) y voz autorizada resumió su indignación en una breve exposición que intituló "HISTORIA SE ESCRIBE SIN HACHE".

En ella, el geógrafo Antoniolletti señala:

"Durante los últimos días se ha producido un curioso reflejo condicionado en todos los medios de expresión que responden a los intereses de la burguesía chilena, en lo que manifiestan una virginal indignación por la reciente edición de la obra "Capítulos de la Historia de Chile". Tanta alharaca han provocado que hasta algunos ejecutivos de la Editorial Quimantú, como el Sr. Joaquín Gutiérrez, han considerado oportuno poner sus personas a salvaguardia, declarando que no tienen responsabilidad alguna en la referida publicación, esperando tal vez no ser mal vistos ante los ojos airados y naftalinos de los señores burgueses. En realidad, las páginas de los Capítulos de la Historia de Chile no son. en absoluto, esa tradicional "historia de una clase que se ensalza a sí misma", sino que, por el contrario, ensayan descorrer el espeso velo que ocultaba al pueblo las relaciones que se establecieron, desde el inicio del coloniaje español, entre los dueños de los medios de producción y los productores directos, es decir, entre explotadores y explotados.

Los Capítulos pueden ser calificados como un ensayo de análisis global de la historia de Chile, en el que se aprecia la forma en que han actuado las clases sociales y sus representantes frente a los procesos sociales. Se podría decir que son, también, la antifábula, que rompen el esquema de la historia como objeto de las personalidades de la "sociedad" burguesa, y donde el pueblo emerge como dínamo que pone en movimiento las fuerzas sociales y generador de la historia. Esto, indudablemente, no puede ser del agrado de la "gente" que ha profitado del sistema social imperante, pues está dirigido al pueblo para despertarlo del largo sueño cultural en que lo mantuvo la burguesía, usando el opio de una historia vacía de contenido y en la que sólo se enumeran los "hechos" en que se magnificaba a la clase dominante.

No puede sorprender, entonces, que un ilustrado coronel en retiro, don Juan Vidal Pacheco, se haya "impuesto con profunda extrañeza y desagrado del contenido de la citada publicación en la que se tergiversan hechos históricos", y que pide "hacer efectiva las responsabilidades por las infracciones legales a que haya lugar la referida publicación", ¡Curioso procedimiento! Se amenaza con incoar proceso a quienes analicen nuestra historia con otros ojos que no sean los de la burguesía, se amenaza con llevar a los tribunales a quienes piensen con una ideología distinta de la burguesía. Aún que tal cosa sucediera, el pensamiento encarcelado adquiriría la fuerza de un terremoto que reduciría a escombros a los petrificados cimientos de esta sociedad, y, mal que les pese, de las grietas surgirá una nueva cultura, una nueva sociedad, más humana y más justa, donde no cabrán los viejos fetiches que idolatra la burguesía. Mientras tanto, podríamos recomendar a los académicos del sistema, que escriban una historia en forma de proyecto de ley para que sea aprobada en el Congreso Nacional, de tal manera que nadie ose decir media palabra de la historia de Chile que no esté contenida en ese texto, so pena de ser encarcelado".

M. E. S.


Análisis

La dependencia tecnológica de Chile

III

EN septiembre 1970, el "Nationalism in Latin America" realizado por “Business International Corporation" (BI), una empresa que aconseja a las transnacionales, cita un documento de la OEA donde se sugiere que "ha nacido una nueva era de inversiones internacionales que se caracteriza por la exportación de tecnología, en oposición a la anterior, que se caracterizaba por la explotación de los recursos naturales del país". El reporte de BI continúa señalando que "el control de tecnología es tan importante como el mantenimiento de la igualdad ("equity") y ayuda a una firma extranjera a mantener una posición de ventaja, ya que le permite penetrar sin enfrentar el mínimo riesgo y poder controlar el mercado local... si la tecnología de patentes y los contratos con empresas pueden aportar ingreso suficiente y control sin la paridad en la propiedad, tanto mejor en cuanto a las condiciones del nacionalismo económico ... hay que prepararse para hacer concesiones en cuanto a la paridad en la propiedad. Algunas veces es mejor negociar por sólo un 25% del control y sustituir contratos tecnológicos con empresas o acuerdos de licencias para controlar la tecnología y el mercado, en vez de insistir en la obtención de todo el control. Esto contrarresta las acusaciones nacionalistas acerca del saqueo injustificado de utilidades realizado por extranjeros, ya que el socio nativo obtiene la mayor cantidad de beneficios mientras que usted estará bien recompensado por los servicios que ha prestado". Estos "servicios" incluyen, como hemos visto, utilidades considerables por conceptos de aumento de precios en las importaciones y la sobrevaluación de activos y reducción de precios en las exportaciones. De hecho. BI llega a sugerir a sus clientes que "examinen la posibilidad de aceptar exportaciones provenientes de licencias en vez de pago de regalías". Esto es especialmente significativo en el caso de Chile, ya que su gobierno ha amenazado con prohibir todo pago futuro de regalías.

Sin duda, la mayoría de las corporaciones transnacionales que operan en Chile, aunque prefiera derrocar al gobierno de Allende, se preparan para ajustarse a un nuevo statu quo en caso de que el naciente socialismo chileno no pudiera ser evitado. Esto, claro, concierne menos a la ITT, la Kennecott y la Anaconda cuyos activos han sido o serán nacionalizados pronto. Sin embargo, la mayoría de las corporaciones transnacionales norteamericanas tratan no sólo de permanecer en Chile sino también luchan por promover ciertas formas de asociación con el gobierno de ese país. Entre las corporaciones que siguen la fórmula antes señalada, están la RCA, Armco Steel y Cerro Corporation que tienen empresas conjuntas en proceso.

La ausencia de patentes chilenas en su propio sector de manufacturas predetermina sus fuentes de tecnología. Las corporaciones transnacionales norteamericanas controlan el aprovisionamiento de tecnología en más de un 50% de las patentes que proporcionan tecnología a Chile. La posición de inferioridad en la que se encuentra, obliga a Chile a aceptar condiciones desfavorables en las negociaciones comerciales con corporaciones transnacionales que quieren invertir en empresas mixtas con el gobierno.

Según el punto de vista de las corporaciones es necesario establecer condiciones favorables de importación y exportación antes de que las operaciones de empresas conjuntas hayan comenzado, a fin de evitar futuros conflictos con el gobierno chileno.

Debido a que las patentes de las corporaciones transnacionales proporcionan el estímulo necesario para establecer procedimientos favorables de importación y exportación a largo plazo, no es sorprendente que Rodman C. Rockefeller, de la "International Basic Economy Corporation" haya declarado durante el Congreso del consejo de Relaciones Internacionales que "no resulta insatisfactorio hacer negocios con marxistas una vez que las condiciones de exportación e importación han sido establecidas". [1]

En suma, las patentes sirven a las corporaciones transnacionales no sólo para penetrar y apoderarse de la economía de un país subdesarrollado. También crean obstáculos en el proceso de nacionalización y establecen diversas formas de transferencia de capital en un determinado país hacia la compañía matriz o hacia otras áreas en expansión. Finalmente, cuando fracasan las artimañas, las patentes mantienen a un país subdesarrollado en una situación de dependencia a través de las ventajas que éstas proporcionan al establecer los términos del mercado internacional y, de esta manera, aumentar la descapitalización de un país subdesarrollado. Así, las patentes reducen la posibilidad de un país para obtener su independencia.

CORPORACIONES TRANSNACIONALES Y MERCADOS COMUNES...

Muchos "desarrollistas" latinoamericanos, especialmente la élite militar peruana y numerosos tecnócratas de alto nivel que colaboran con gobiernos latinoamericanos, argumentan que el Pacto Andino puede limitar los métodos de las corporaciones transnacionales para mantener, modificar y extender sus ganancias a través de las utilidades y los precios de transferencia.

El Pacto Andino, supuestamente, establece el mecanismo que podría prohibir las patentes de defensa y otro tipo de abusos. Sin embargo, para que el Pacto Andino fuera realmente efectivo, todas las naciones que lo suscriben deberían tener leyes contra monopolios muy sólidas y reforzadas constantemente. La penetración en cualquiera de estos países significa la penetración en todos ellos, ya que tienen validez las mismas tarifas aunque la subsidiaria se halle en Santiago o Bogotá. En Colombia, la ley contra las patentes de defensa es demasiado débil. Hasta septiembre de 1972 Chile no ofrecía ningunas restricciones a las patentes de defensa.

El gobierno de Allende prohibió métodos tradicionales como la restricción de ventas únicamente a Chile (para evitar la competencia entre la compañía matriz y otra subsidiaria suya, fuera de Chile). Debido a la creación del Mercado Común Andino, esto no es considerado como un desastre por las corporaciones transnacionales. Estas están enfrentando ya a una acción andina contra otra y escogen cuidadosamente el país donde establecen sus patentes e inversiones. BI, se refiere a este proceso como la "estrategia de la racionalización": "remover las actuales restricciones sobre exportaciones a través de acuerdos sobre licencias para permitir que éstas sean exportadas a mercados cercanos que ahora están siendo provistos por otras fuentes. Esto puede ser parte de la estrategia de racionalización, por ejemplo, si ustedes tienen convenios sobre patentes con dos de los cinco países del Mercado Común Andino, no inviertan en otros sino amplíen el establecimiento de nuevas empresas para servir a todo el mercado".

Como vemos, la corporación transnacional tiene la oportunidad de escoger a su propia discreción los lugares para establecer sus nuevas plantas. Las restricciones de exportación sobre licencias pueden eliminarse, ya que dichas restricciones son ahora neutralizadas por todo un nuevo reglamento de bajas tarifas arancelarias o de áreas libres de impuestos que han sido abiertas a través del Pacto Andino.

Sin embargo, el Pacto Andino representa uno de los más serios intentos hechos hasta ahora por países latinoamericanos para romper el ciclo de la dependencia, sobre todo en materia de tecnología y comercio. Algunos "desarrollistas", especialmente ciertos tecnócratas chilenos que se han dedicado a estos problemas, tienen grandes esperanzas en la diversificación del comercio y las importaciones de tecnología aumentando las relaciones con el mundo socialista.

Estos tecnócratas han advertido que las corporaciones transnacionales siguen ejerciendo una competencia significativa sobre los competidores europeos y que la diversificación limitada sólo al mundo capitalista no es suficiente. Aunque Chile ha tenido un progreso importante al reducir su dependencia de Estados Unidos en el renglón del comercio, aún tiene un largo camino por recorrer. Aun cuando Chile encuentre mejores alternativas en la tecnología proveniente de países socialistas, subsistirá el problema de las condiciones, las patentes y la técnica extranjera del "know how", el mantenimiento, el costo de fletes, la capacitación de trabajadores para el empleo de la nueva tecnología, manuales de operación, etc. La diversificación de la dependencia puede ayudar a romper el bloqueo norteamericano que pesa sobre Chile do cual representaría una victoria más contra la agresión económica norteamericana), pero no eliminaría el fenómeno de la dependencia.

CLASE SOCIAL E IDEOLOGÍA: EL CULTO DE LA TECNOCRACIA

Las patentes, y las prácticas relacionadas con éstas por las corporaciones transnacionales, constituyen la base esencial de la dependencia tecnológica. Como se ha señalado entre los efectos de tal dependencia están la desnacionalización de la industria de los países subdesarrollados y el cambio de los centros de decisión en asuntos económicos hacia las oficinas centrales de las corporaciones transnacionales, ubicadas en los centros de la industria mundial, así como la descapitalización de las economías de los países subdesarrollados. Pero además de la actuación de las fuerzas económicas y tecnológicas, hay factores sociales y culturales relacionados con la dependencia tecnológica que hacen que el problema se perpetúe. Esto es consecuencia, en primer lugar, de las estructuras sociales desiguales dentro de los países subdesarrollados y las relaciones internacionales de riqueza y poder. La dependencia tecnológica influye y aun configura la estructura de las clases sociales y el grado de conciencia de las distintas clases en los países subdesarrollados.

En la mayoría de los países subdesarrollados, la tecnología de patentes es empleada en la producción de bienes para el pequeño porcentaje de la población que puede adquirirlos y no para satisfacer las necesidades más importantes de la mayoría del pueblo (educación, vivienda, alimentación, y vestido adecuados sistemas de transporte masivo y otras necesidades urgentes). Los productos que la burguesía y los sectores de clase media alta y baja pueden adquirir (bienes de consumo, bienes superfluos), etc.. son los que generalmente resultan copiados y producidos. Los esquemas extranjeros de producción y consumo crean una burguesía materialista orientada hacia el consumo y un sector medio que imita cada vez más el estilo de vida de las familias pudientes de los países desarrollados. No solamente las burguesías locales sino también muchos pequeños comerciantes dependen de la tecnología de las corporaciones transnacionales y al mismo tiempo están atrapados en el proceso productivo a través de la propiedad parcial o compartida, la administración, las ventas y los servicios.

Debido a que la presencia de la tecnología transnacional les asegura el mantenimiento de su estilo de vida y sus posiciones de poder (relativo dentro de una situación de dependencia), las burguesías nativas y los sectores medios llegan a considerar la presencia continua de este tipo de tecnología como parte de su propio interés de clase.

Su estilo de vida es conformado por la tecnología que le permite existir y es reforzada por la dependencia cultural caracterizada por el "culto de la tecnocracia". Aparece una actitud de fe incuestionable en la tecnología y "el experto". Muchos de los tecnócratas chilenos que han sido educados en Estados Unidos se hallan atrapados por el lenguaje y las prácticas de la tecnología y el comercio norteamericano, europeo y japonés, en tanto que los obreros chilenos están acostumbrados a aceptar sin reparos los juicios de "los expertos", especialmente ahora que el Estado chileno es considerado como un gobierno de los trabajadores.

El concepto "culto de la tecnocracia" resulta muy familiar para cualquier obrero que tiene contactos con la burocracia gubernamental: el ingeniero, el médico, el gerente, así como también a los intelectuales que han estudiado los problemas de la industrialización, la tecnología y el desarrollo económico. Existe ya una abundante literatura acerca del impacto de la tecnología sobre el sistema de valores de la población y sus vidas cotidianas. Nosotros empleamos el concepto "culto de la tecnocracia" por varias razones. En primer lugar, resulta un "culto" ya que mucha gente ha aceptado la validez de la pericia, la especialización, la destreza y la autoridad incuestionable de acuerdo al "sentido común" y respeto, admiración, adoración, segundo, es una "tecnocracia" debido a que existe una amalgama de clases y personal "profesionalizado" que actúa como un grupo configurado e informado tecnológicamente y que ocupa puestos importantes en el gobierno y en el campo de la producción económica. Tercero es un fenómeno "ideológico" que mucha gente acepta, cree y vive bajo el culto de la tecnocracia a pesar del agudo sentido de frustración o alienación que le acompaña.

El concepto de culto de la tecnocracia es útil en el análisis de los países occidentales y las naciones subdesarrolladas dependientes de las naciones capitalistas avanzadas. Muchos de los llamados países del "Tercer Mundo" como China, Corea del Norte, Vietnam, Cuba y Tanzania, han desarrollado ideologías que atacan especialmente el culto de la tecnocracia y han tenido algún éxito en esa tarea. Sin embargo, el caso de la Unión Soviética sugiere que la introducción del socialismo no garantiza que el culto a la tecnocracia desaparecerá tan sólo con la eliminación de los modos capitalistas de producción.

La relación entre la actividad desarrollada a través de las patentes y el poder y estilo de vida de las burguesías y los sectores medios en los países subdesarrollados, demuestra que un cambio radical en la estructura de clase de estos países es requisito indispensable para eliminar las patentes y sus efectos peores. Esto representaría el derrocamiento o neutralización de las burguesías y, por supuesto, no es una tarea fácil de llevar a cabo. Aun en los países donde la configuración de clases está cambiando de manera radical, hay dificultades para superar el problema ideológico que representa el "culto a la tecnocracia". Por ejemplo, los chinos enfrentaron el problema de depender demasiado de los expertos soviéticos en los años 50. Pero una década más tarde, durante la Revolución Cultural, uno de los principales blancos ideológicos que atacó el proceso revolucionario fue el de la lucha contra la dependencia, contra los propios "expertos" chinos, con un renovado énfasis revolucionario sobre la "autosuficiencia" a todos los niveles de la sociedad, incluyendo a los mismos tecnócratas que recibieron la consigna de "ir al pueblo para aprender del pueblo".

En el caso de Chile, el gobierno de la Unidad Popular, ha realizado contratos con empresas extranjeras para la producción de automóviles medianos y pequeños para el consumo "popular". Se trabaja ya en proyectos de ampliación de carreteras y construcción de áreas para estacionamientos. Un estudio del economista norteamericano David Barkin ha demostrado como "el programa automotriz es incompatible con un aumento gradual de la distribución del ingreso... la tendencia (a producir carros y construir estacionamientos) contribuirá a acrecentar las desigualdades existentes, más que a facilitar el cambio de estructuras" [2] . Los técnicos encargados de la planificación social, economistas, ingenieros y Otros profesionales —muchos de los cuales se consideran revolucionarios—, que sugirieron para Chile el plan anteriormente descrito, están tan ligados a la tecnología moderna y tan inmersos en el sistema internacional de patentes que, al ser uno de los sectores más influyentes dentro de Chile, contribuyen a perpetuar la dependencia chilena. Por supuesto, la fuerza más importante que actúa dentro de Chile para perpetuar la dependencia, es la misma burguesía.

Otra de las manifestaciones más agudas de la dependencia respecto a la tecnología extranjera es el acuerdo al que han llegado Chile y la Corporación RCA con la aparente satisfacción de ambas partes. El 16 de abril de 1970, el ministro chileno de relaciones exteriores, Clodomiro Almeyda, se reunió en San José, Costa Rica, con el secretario de estado norteamericano William Rogers. De acuerdo con el comunicado oficial de La Moneda la reunión transcurrió de la siguiente manera:

 

"El ministro Almeyda informó al secretario de estado que no era verdad que Chile se opusiera a la inversión extranjera. Sólo los recursos fundamentales del país debían estar en poder del estado, pero otras áreas de la economía permanecen disponibles para aceptar la inversión extranjera. Almeyda señaló como ejemplo el acuerdo con la RCA Víctor".

El acuerdo con la RCA encierra múltiples facetas: 1. El Estado se apodera del 51% de las acciones y la RCA recibe el 49%, en la reorganización de la empresa de la Industria de Radio y Televisión, 2. la RCA accede a proporcionar asistencia técnica y ayuda financiera. 3. Esta empresa producirá "aparatos de televisión populares". La creación de este tipo de televisores es similar a la idea de los "automóviles populares" que también son producidos ahora y cuya fabricación tiene la finalidad de generar ventas en los próximos dos o tres años por un valor superior a 30 millones de dólares. En 1970, las ventas de la RCA significaron un total de 9.7 millones de dólares, incluyendo la venta de televisores y accesorios, es decir, mucho menos lo que ganaría la RCA en la nueva empresa mixta.

Debe hacerse notar que la programación de la televisión en Chile sigue siendo similar a como era antes de la elección de Allende, o sea, totalmente imbuida de valores burgueses importados. También cuatro corporaciones norteamericanas controlaron el 100% de la industria eléctrica antes de que Allende llegara al poder. Estas eran RCA, ITT, Philips y General Telephone and Electronics. Solo una de ellas, la ITT, ha sido nacionalizada y ha pasado a ser parte del "Área Social" de la economía.

Sólo unas cuantas compañías extranjeras en Chile han sido completamente desplazadas hacia el "Área Social", o sea, colocadas bajo el control efectivo del Estado. En esta área no existen garantías de utilidades para los accionistas privados, aunque estos inversionistas tengan acciones minoritarias dentro de las empresas del Estado debido a su relativa estabilidad y confiabilidad. Sin embargo, en el "área mixta" de la economía los accionistas extranjeros reciben como un mínimo garantizado 5% o más de utilidades aunque ellos controlen menos del 51% de dichas acciones. A cambio de esto, los accionistas extranjeros deben proporcionar a las empresas mixtas o conjuntas la tecnología, que es la base del acuerdo con la RCA, señalado por el ministro Almeyda.

El culto de la tecnocracia es un factor esencial en la configuración ideológica y la perpetuación de la dependencia económica debido a que eleva a la tecnología a un grado tal de mistificación que hace imposible cualquier intento por desarrollar un proyecto de experimentación independiente. Los obreros y los campesinos son excluidos del control sobre la tecnología y se les hace sentir "impreparados" para enfrentar las cuestiones tecnológicas más elementales, como refacciones dañadas, reparaciones sencillas, etc.

Más aún, el culto de la tecnocracia y los tecnócratas que lo ofician pueden servir como una base potencial de poder para que la reacción se consolide. El culto de la tecnocracia ayuda a las corporaciones transnacionales a fomentar entre los chilenos, una visión permanente hacia los países metropolitanos como centros de respuesta a sus problemas. Como dijo recientemente el ministro Almeyda: "si existiese algún residuo de dependencia económica en cuanto a las inversiones, me imagino que sería exclusivamente debido a razones de importancia tecnológica... pienso que la política (económica) chilena ha sido correcta, porque seguimos dependiendo en gran parte de la tecnología norteamericana. Existen .vínculos tecnológicos que tienen mucho que ver con la industria del cobre, con la ENAP (Empresa Nacional del Petróleo) y con ENDESA (Empresa Nacional de Electricidad) que son sectores muy delicados. Nuestro tipo de dependencia es de tal naturaleza que hay un elemento que uno no puede romper". [3]

En casi todos los casos en los que el gobierno chileno se ha pronunciado contra las corporaciones norteamericanas, a éstas se les ha permitido conservar el control sobre la tecnología. Esto ha ocurrido en corporaciones tales como General Tire and Rubber, Armco Steel, Dow Chemical y otras. De esta manera la dependencia subsiste en Chile tanto a nivel económico como ideológico.

De acuerdo con nuestra investigación, suponemos que la futura eliminación de las patentes y de la comercialización de la tecnología vendida por las corporaciones transnacionales dependería no solamente de un cambio radical en la estructura de clases de los países subdesarrollados sino también de un cambio radical en el sistema de valores que actualmente perpetúa la dependencia. El fracaso en la eliminación del sistema de patentes puede tener como consecuencia la perpetuación del subdesarrollo y la dependencia de los países subdesarrollados, así como la perpetuación de la dependencia cultural.

DANIEL G. ZUCK, JAMES D. COCKCROFT Y EL RUTGERS LIVINGSTON TRANSNATIONAL CORPORATION RESEARCH GROUP.

Traducción: Salvador Hernández y Raúl Trejo Delarbre


Análisis

¿HAY OFICIALES GOLPISTAS?

LA revista tunecina "Jeune Afrique" publicó el 14 de julio un comentario sobre Chile titulado "El tiempo de los golpistas", en el que se traza un paralelo con la situación uruguaya. La publicación africana distingue las diferencias entre ambos procesos. Pero señala que "llegaron a un mismo resultado en cuanto a las instituciones de la democracia liberal que han sido por largo tiempo el Orgullo de los dos países. Ha sido el ejército quien salió victorioso de la crisis política y económica para Chile, histórica y social para Uruguay. Salidos de un mismo punto, el apoliticismo, los ejércitos de los dos países siguieron caminos diferentes. ¿Esto fue para llegar a este otro punto donde los pretorianos llegan a ser dueños de la situación?".

La inquietud de la revista "Jeune Afrique", es compartida por diversos círculos políticos en Chile. Sin embargo, muy pocos se atreven a formularla en voz alta. El temor a tratar objetivamente el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas, su estructura clasista y sus contradicciones internas, y la presencia en su seno de oficiales golpistas, son temas tabú. Por lo regular su tratamiento sincero es eludido por dirigentes políticos y analistas de la situación nacional, que prefieren caer en el lugar común de las alabanzas seudopatrióticas, dejando en penumbras una verdad que se compone de diversos ingredientes.

GOLPISTAS DE AYER

Cuando se habla de oficiales golpistas, la falsa indignación que acoge estas denuncias hace tabla rasa de la experiencia histórica. No vamos a remontarnos aquí al general Ariosto Herrera, que en la década del 30 intentó derrocar al gobierno del Frente Popular. Simplemente pretendemos recordar lo que sucedió en 1970, al momento de ser elegido Allende como presidente de. la República. La misma noche del 4 de septiembre, la autorización para manifestar su júbilo en las calles fue otorgada a la Unidad Popular por el general Camilo Valenzuela Godoy, Comandante de la Guarnición Militar de Santiago. Las masas —inducidas por frases halagadoras vertidas por dirigentes de la UP— vieron en el general Valenzuela a un militar democrático y amigo del pueblo. Lo mismo ocurrió cuando los comandantes en jefe visitaron al presidente electo, en su residencia de la calle Guardia Vieja. Los saludos protocolares de esos altos oficiales reconociendo la victoria de Allende, tuvieron un auspicioso significado al despejar las inquietudes sobre la conducta que asumirían las FF.AA.

Sin embargo, el complot que culminó con el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, general Rene Schneider, dejó en evidencia una realidad que hasta ahora, de una u otra forma, se ha eludido encarar.

En efecto, quedó demostrado que en el complot no sólo participó un ex general —como es el caso de Roberto Viaux Marambio—, sino también generales en servicio activo, como Camilo Valenzuela Godoy. Entre la gente que se reunía a conspirar con Viaux en una casa de la Avda. Príncipe de Gales, figuraba también el Director de Carabineros, general Vicente Huerta Célis; el jefe de la Armada Nacional, almirante Hugo Tirado Barros; y jefes de la FACH.

El complot —que no trepidó, incluso, en el asesinato— tenía implicados a los más altos oficiales de las FF.AA. y de Carabineros. Seguramente ellos no actuaban solos y si bien posteriormente salieron discretamente de las filas, sus confidentes y compañeros se quedaron adentro.

Dado el curso que siguieron los acontecimientos, bien puede ser que uno de los que se "sumergieron" haya sido el coronel Alberto Labbé Troncoso, director de la Escuela Militar "Bernardo O'Higgins". Más tarde el coronel Labbé mostró la "hilacha" golpista y fue llamado a retiro. De inmediato se convirtió en candidato a senador del partido Nacional y sacó una alta votación en marzo de este año. aunque insuficiente para ser elegido. La campaña electoral de Labbé mostró a las claras su ideología fascista, la misma que, sin duda, poseía cuando era un "pundonoroso" coronel a cargo de la formación de los futuros oficiales de nuestro ejército.

Otro que no tardó en mostrar las garras fue el general Alfredo Canales. También llamado a retiro —después de un confuso episodio en que apareció haciendo invitaciones golpistas a la oficialidad de la Armada—, Canales es hoy el sucesor aparente del jefe fascista Pablo Rodríguez Grez, exilado en Ecuador. El ex general —de "prestigioso" pasado en la Institución—, dirige ahora una entidad nacionalista que trabaja directamente por el golpe de Estado. Con o sin uniforme, Canales es un fascista. La diferencia estriba en que antes habría resultado una "infamia" acusarlo de tal, pero hoy, como general en retiro, su mentalidad aparece liberada de toda disciplina.

GOLPISTAS DE HOY

Los nombres de Viaux, Canales, Valenzuela, Tirado Barros, Huerta, Labbé, etc., sirven para demostrar que no es ninguna injuria suponer que hay oficiales golpistas en el seno de las FF.AA. y de Carabineros. El 29 de junio pasado, sin ir más lejos, el teniente coronel Roberto Souper Onfray, jefe del Regimiento Blindado Nº 2, se rebeló al frente de sus tanques y trató de Copar La Moneda. Su aventura causó 22 muertos, de acuerdo a la mesurada cifra que proporcionaron las autoridades.

La presencia de oficiales golpistas en las FF.AA., así como la actividad golpista más allá de las filas uniformadas, se explica con absoluta lógica por el elevado nivel que ha alcanzado la lucha de clases.

La oficialidad está ligada por sistema de vida, vinculación familiar y formación ideológica a la burguesía y sus valores políticos, económicos y culturales. No son escasos, sin embargo, los oficiales que, al igual que otros profesionales, han adherido a la ideología revolucionaria, ligando su suerte a la del proletariado.

El sentido de la cohesión y el "espíritu de cuerpo", natural a toda institución castrense, ha hecho que hasta ahora los desbordes de un Souper, de un Canales o de un Labbé, hayan sido controlados y puestos al margen por los propios responsables de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, de una u otra manera, los planteamientos golpistas se han ido traduciendo en una actitud que abarca incluso a la oficialidad "apolítica". Esto explica, por ejemplo, la forma deliberadamente antipopular en que se ha manejado la Ley sobre Control de Armas, embistiendo contra los sectores obreros. Es la ideología reaccionaria —que sirve de soporte al golpismo— la que hace ver en el Poder Popular a un enemigo de las FF.AA. al que hay que "desarmar" y reducir con el empleo de una máxima severidad. De otro modo, también es la presión del golpismo la que lleva a sectores constitucionalistas a imponer cada vez con mayor peso determinadas normas de conducta al gobierno de la Unidad Popular. Se traduce así —a términos legalistas y políticos— la ideología burguesa que conduce a suplantar en los hechos, un programa (el de la UP) por otro (el del freísmo y la derecha tradicional).

LA INFLUENCIA IMPERIALISTA

Tampoco tiene nada de extraordinario constatar el peso e influencia del imperialismo en el seno de las FF.AA. Desde luego, lo tiene en otras esferas de la vida nacional: en el plano político, en la cultura y en la realidad económica.

A través del Pacto de Ayuda Mutua (PAM) y de otros instrumentos manipulados por las misiones militares norteamericanas, como las anuales Operaciones Unitas, los Estados Unidos han penetrado e influyen a su modo en las FF.AA. de casi toda América latina, incluyendo Chile.

La formación de oficiales en sus escuelas "antisubversivas" de Panamá, Puerto Rico y el propio territorio de EE.UU., ha sido uno de los elementos más importantes de esa penetración. Recientemente se ha denunciado que oficiales de la Inteligencia Naval norteamericana han desarrollado activa labor en la Armada. Cosa parecida puede ocurrir en otras ramas cuyos equipos, tecnología y abastecimiento dependen en gran medida de los EE.UU. Para el Pentágono norteamericano, mantener bajo su esfera de influencia a los ejércitos latinoamericanos es una cuestión vital. El almirante T. H. Moorer, jefe del Estado Mayor de las FF.AA. de los Estados Unidos, planteó con claridad el 22 de mayo pasado, en Puerto Rico, el enfoque del Pentágono. Los EE.UU., dijo, dependen de fuentes extranjeras en 22 de los 74 materiales esenciales que necesita una sociedad industrial moderna. Uno es el cobre. Para fines de siglo se calcula que EE.UU. necesitará importar más de la mitad de su demanda básica de materias primas. Debido a esta situación, el almirante Moorer preguntó: "¿Cómo es posible que renunciemos a nuestros intereses en el mundo? La respuesta es que no podemos hacerlo. Estamos comprometidos a nivel mundial debido a que nuestros intereses son también a nivel mundial; intereses que comprometen a todos los elementos de nuestro poder nacional: políticos, económicos y militares". El jefe del Estado Mayor norteamericano reconoció que podrían surgir problemas cuando los intereses de EE.UU. fueran contrarios a los países proveedores de materias primas. Por ejemplo, si EE.UU. necesitara asegurar la importación de cobre y se encontrara con dificultades en países proveedores, como Chile. En ese caso, dijo, el problema se resolvería a través de negociaciones, pero añadió, "la disposición para negociar está relacionada con el poder relativo de regatear de las partes interesadas y, en muchos casos, el poder de regateo es sinónimo de poder militar".

Esta es la perspectiva en que se mueve el imperialismo en el plano militar. Si a esto se añade la actividad clandestina de la CIA y la que desarrolla en Chile la frondosa embajada norteamericana (a cuyo frente se halla un experto en operaciones conspirativas, como es el embajador Nathanel Davis), se tiene un cuadro aproximado del poderoso estímulo que entre bastidores recibe el golpismo.

La actividad conspirativa reaccionaria se orienta a instrumentalizar a las FF.AA. para sus fines y encuentra terreno abonado entre los sectores de la oficialidad que son parte integrante, en lo ideológico o en lo clasista, de la burguesía.

J.C. M.


Comandos comunales

EL PODER POPULAR SURGE EN TODO CHILE

DURANTE el mes de abril pasado el pueblo de Constitución desarrolló una lucha que significó una primera experiencia de ejercicio de gobierno directamente por el pueblo. (Ver PF 183).

Por dos días los obreros, campesinos, pobladores y estudiantes de Constitución controlaron la ciudad y sus alrededores, exigiendo soluciones para sus graves problemas, que por la desidia de las autoridades de gobierno de la zona se prolongaban desde hacía tiempo.

Producto de esta lucha fue la creación del Comando Comunal de Trabajadores, el cual ha seguido desarrollando la organización de los trabajadores y planteándose nuevos objetivos.

En este sentido, el Comando Comunal de Trabajadores de Constitución entregó hace poco un manifiesto en el cual plantean que "los trabajadores de Constitución, conscientes de nuestro poder y organizados férreamente en el Comando Comunal, proclamamos nuestros irrenunciables derechos, cuyos fundamentos no están, ni pueden estar jamás interpretados, ni menos aún escritos en la ley de los patrones".

Luego expone los puntos de la plataforma de lucha: "con este manifiesto, apoyados en nuestra propia fuerza y en la democracia directa del pueblo exigimos el cumplimiento de los siguientes puntos:

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN

"Los compañeros obreros de la construcción de la empresa Franchini, miserablemente explotados, han debido dar una larga lucha por sus justos intereses; por lo tanto exigimos la inmediata solución de este conflicto y, al mismo tiempo, pedimos que no se le entreguen más obras a los patrones, terminando definitivamente con la Cámara Chilena de la Construcción, causa principal de estos conflictos; por eso pedimos que se termine de una vez por todas la ejecución delegada para impulsar los Departamentos de Ejecución Directa y que sean los trabajadores los que decidan cuantas obras se van a construir y dónde".

EXPROPIAR A LA GRAN BURGUESÍA AGRARIA

Sobre esta materia, el manifiesto plantea que "ante el problema de los compañeros campesinos del fundo "Talpén" exigimos la inmediata expropiación de ese predio, como muchos otros que, debido a la negligencia de los funcionarios de CORA, aún no han sido expropiados".

"Pedimos además que la actual ley de Reforma Agraria, que sólo beneficia a los patrones, sea cambiada por una nueva ley revolucionaria de Reforma Agraria, que permita la expropiación de todos los predios entre 40 y 80 hectáreas de riego básico, a puertas cerradas y sin pago. Señalamos nuestro derecho a organizamos en los Consejos Comunales Campesinos, para que seamos nosotros los que realmente decidamos y mandemos".

"Exigimos, junto con el sindicato campesino "Chile Nuevo", la expropiación de los siguientes predios: Culenco, Hacienda "El Dollimo", La Higuera, Quivolgo Norte, Quilleico, Bellavista, Talpén (los antecedentes de estos fundos fueron entregados oportunamente por los dirigentes a las autoridades del Agro)".

VIVIENDA Y SALUD

"Los pobladores de Constitución han sido tramitados en numerosas oportunidades, debido a que no existe en este Departamento un funcionario estable y con amplias atribuciones en las oficinas de CORHABIT. Nosotros exigimos que se nombre inmediatamente este funcionario y que trabaje con la participación directa y permanente de una comisión de pobladores".

"Los pobladores de Constitución exigimos nuestro derecho a cobijarnos bajo un techo digno; por eso lucharemos para que se expropien todas las grandes empresas de la construcción, ya que éstas sólo se preocupan de construir viviendas para los patrones. Manifestamos nuestro derecho a crear la Empresa Nacional de la Construcción, controlada y dirigida por los trabajadores, sus organizaciones y los pobladores sin casa. Exigimos, aquí en Constitución, que se instale agua potable con el alcantarillado correspondiente, luz eléctrica y se haga (razado de calles".

Por otro lado, frente al problema de la salud, el manifiesto señala que "el conjunto de los trabajadores de Constitución exigimos que el gobierno cumpla con el aporte al que se comprometió, para la adquisición de 4 casas para el SNS de nuestro Departamento, en las cuales residirán igual cantidad de médicos recién trasladados. La responsabilidad del cumplimiento de este compromiso había quedado en poder del subsecretario del Interior, Daniel Vergara, quien hasta al fecha no ha dado una respuesta satisfactoria".

SOBRE EL DESABASTECIMIENTO

"El desabastecimiento en Constitución constituye un problema que afecta directamente a los compañeros trabajadores y sus familias, de una manera especial a los campesinos; por eso exigimos que se instale cuanto antes en esta ciudad una sucursal de Agencias Graham o de DINAC y nos unimos a todos nuestros compañeros que a nivel nacional. están presionando por la expropiación de CONCI y CENADI y de otras grandes distribuidoras y comerciantes, que siempre se han llenado el bolsillo con el hambre del pueblo y señalamos nuestro derecho a la canasta de consumo popular, que contenga todos los productos esenciales y además pedimos la creación de los Almacenes del Pueblo, especialmente en los sectores rurales".

OTRAS REIVINDICACIONES

Asimismo, el manifiesto recoge las aspiraciones de otros sectores como es el caso de los pescadores de la zona:

"Por las necesidades de trabajo de los pescadores, exigimos que se haga un estudio técnico para habilitar y equipar el puerto Maguillines con los implementos necesarios para la pesca artesanal".

El Manifiesto agrega "los compañeros pensionados de Constitución hace años que vienen siendo tramitados por las autoridades frente a numerosas gestiones que han realizado para que se les construya una población. Exigimos la inmediata construcción de esta población, que tiene hasta el momento viviendo en precarias condiciones a nuestros compañeros jubilados".

CONTROL POPULAR SOBRE LA BUROCRACIA

"Los trabajadores de Constitución exigimos la inmediata remoción de su cargo de Silvio del Río Miño, actual jefe de CORA, por negligente, irresponsable y por denuncias hechas por los propios campesinos de estar coludido con los terratenientes de la zona y, además, pedimos una completa reestructuración de los organismos del Agro en Constitución y en la zona por considerar que las irregularidades de la autoridad departamental de CORA es de responsabilidad, al mismo tiempo, de la Jefatura Zonal de esta repartición".

Más adelante, el Manifiesto señala: "hemos reiterado en numerosas oportunidades y hemos efectuado las gestiones correspondientes para que sea trasladado de nuestra ciudad, el subinspector de Investigaciones, Miguel Sabater del Fierro, por hechos comprobados en el sentido de estar colaborando con elementos fascistas de Constitución. Ahora exigimos que este funcionario sea inmediatamente llamado a retiro".

CONCIENCIA DE CLASE

El manifiesto del Comando Comunal de Trabajadores de Constitución no se limita a los problemas específicos de la zona. Por el contrario, inscribe a éstos en la perspectiva general de la lucha que libran todos los trabajadores.

En ese sentido plantea: "entregamos nuestro combativo respaldo a nuestros compañeros trabajadores que en el paro de octubre y la asonada fascista del viernes 29 de junio, ocuparon fundos y fábricas en Santiago y otras provincias. Ninguna de estas fábricas, industrias o fundos deben ser devueltos a los patrones y llamamos al mismo tiempo a continuar luchando por la expropiación de todas las industrias que sobrepasen los 14 millones de escudos de capital".

Más adelante, el Manifiesto señala "los patrones han colocado como ciudadanos de segunda clase a las Fuerzas Armadas y Carabineros, a los que quieren convertir en simples guardianes de sus privilegios, sin voz y sin pensamiento. Por eso nosotros luchamos por la democratización de las Fuerzas Armadas y Carabineros; que los suboficiales, clases, soldados y Carabineros tengan derecho a voto; que se respete la jornada de 8 horas de trabajo y se paguen las horas extraordinarias; que tengan derecho a participar en nuestro organismo, como las JAP, Comandos Comunales, etc".

"Al mismo tiempo creemos que el pueblo con uniforme debe desobedecer las órdenes de los oficiales reaccionarios que inciten al golpe".

El manifiesto finaliza:

"Declaramos nuestro derecho a crear nuestro propio poder; un poder que nazca de las bases y que asegure la unidad y la lucha de todos los explotados. Un poder que nos permita decidir y mandar. Un poder antagónico al Estado burgués e independiente del gobierno, pero no necesariamente contradictorio en la medida que el gobierno sea un instrumento y una palanca que impulse las luchas de los trabajadores".

"Por eso proclamamos el derecho del pueblo a organizarse en los Comandos Comunales, en los Cordones Industriales, en las poblaciones y campamentos para combatir a los patrones y sus leyes y, al mismo tiempo, crear nuestras propias leyes y nuestro propio poder".

Eduardo Santa Cruz


Denuncia

RÉCORD DE BUROCRACIA SUFREN CAMPESINOS

DE partida es preciso concretar el término "burocracia". No su significado teórico o tecnocrático, sino su profundo contenido objetivo real, su existencia tal cual es para los campesinos.

Y nada mejor que explicarlo con un ejemplo de la vida diaria de los hombres de campo.

Se trata de un predio expropiado en la comuna de Longaví, provincia de Linares, donde los campesinos necesitaban alambre y algunas semillas porque tenían la tierra lista. Hicieron el pedido al funcionario del área que, de vez en cuando, visita el predio. Este funcionario A comunicó el requerimiento al funcionario B que trabaja en el Sub-programa del Área. Se informó al funcionario C, jefe del Subprograma del Área. Este dio cuenta al funcionario D, jefe del Programa del Área. Como existían algunas dificultades, se presentó el problema al funcionario E que es el jefe del Área. Vio los antecedentes y dio curso regular al funcionario F, jefe del Subprograma de la Zona. De inmediato se informó al Jefe del Programa Zonal o sea al funcionario G; pero éste no podía dejar en la ignorancia a su superior, el funcionario H, que actúa como Jefe Zonal único. Viendo que el asunto se le escapaba de sus manos, puso el expediente a disposición del funcionario I que actúa como responsable del Subprograma Nacional. Este ejecutivo, que no acostumbra a tomar decisiones sin consultar previamente, pasó los papeles al funcionario J que oficia de Jefe Nacional del Programa; pero como el asunto estaba muy candente, pidió que, con urgencia, se resolviera esta materia por los funcionarios K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, que integran el Comité Ejecutivo Nacional del Agro. Como la sesión no pudo realizarse por motivos ajenos a la voluntad de los miembros del Comité Ejecutivo, pasaron los papeles al funcionario R, quien indignado escribió "pasen los antecedentes para que resuelva quien corresponda".

El tiempo corrió y pasó la temporada de siembras de invierno.

Esto se llama burocracia. El sistema de Programas y Subprogramas se inventó para solucionar la antigua fórmula que adolecía de un gran defecto: era burocrática.

Todavía hay más —desgraciadamente—. Además de las decenas de Programas y Subprogramas, continúan funcionando las 25 instituciones del Agro en forma paralela. Es una extraña combinación de lo viejo (las 25 instituciones tradicionales) con lo nuevo (Programas y Subprogramas), donde estos últimos han reproducido los hábitos y formas de operar de los primeros. Se han revuelto las mismas personas bajo el alero de la misma institucionalidad burguesa, sin un criterio homogéneo y creyendo en distintas cosas. 24 mil funcionarios se mueven dentro de los programas y de las instituciones, por arriba de los campesinos.

UN BURÓCRATA POR CADA TRES FAMILIAS

Se estima que por cada tres familias beneficiadas por las expropiaciones, hay un funcionario; sin embargo, a menudo pasan semanas y meses y ningún funcionario visita los predios. Se estima, asimismo, que el gasto para mantener esos miles de funcionarios es superior a lo que ganan todos los campesinos del área expropiada.

Se calcula que el valor de toda la producción agropecuaria de los predios expropiados, se equipara al gasto corriente de la administración del sector. Se sabe que las 9/10 partes de los especialistas en materias agrícolas viven en las ciudades, especialmente en Santiago.

La práctica ha demostrado que el funcionario llamado "de terreno" es aquel que vive en la ciudad y visita el campo en vez de ser un funcionario que vive en el campo y visita la ciudad.

Ya no es un secreto que al interior de los servicios públicos se dan profundas diferencias de sueldos, que son tanto o más grandes de las que —según estudios— existen entre patrón e inquilino.

El cuoteo político no es correcto o incorrecto en teoría, salvo cuando no existe homogeneidad de acción entre los distintos responsables administrativos, porque entonces transforma los cargos en parcelas y el sectarismo viene a sustituir la visión global del proceso.

Esta realidad hace mucho más complejo todavía el ejemplo del predio de Longaví, porque la escala burocrática se ve interferida por las consultas y trámites a los partidos.

No obstante lo serio de estos hechos, hay algo aún más trascendental: el 90% de las políticas agrarias fundamentales no están , definidas a nivel de las bases campesinas. A nuestro juicio esta es la causa de los fenómenos señalados.

LAS CONTRADICCIONES

En resumen, las contradicciones fundamentales que padece el aparato público del sector agrícola, son:

Primera contradicción: Reestructuración desde arriba-abajo, tecnocrática y desligada de los problemas de los campesinos y de la producción.

Segunda contradicción: Triplicidad de mandos localizados en un espeso organigrama: mandos por funciones (Jefes de Programas y Subprogramas); mando por jerarquía administrativa (Jefes de las diversas instituciones) y mandos por responsables territoriales (Jefes de Área, Zona y Nacional).

Tercera contradicción: Abultamiento de una burocracia intermedia que paraliza las decisiones desde arriba y no deja pasar las presiones desde abajo.

Cuarta contradicción: Desvinculación entre las funciones que prestan los servicios del Agro con las necesidades del proceso productivo.

Silabario político

El "Metro" y el Socialismo

GUARDANDO las debidas proporciones, en Chile se construyen en estos momentos dos cosas: el "Metro" y el Socialismo.

EL METRO

El "Metropolitano" era la solución largamente esperada y que no resistía postergación alguna. Por eso su construcción se inició con beneplácito de todos.

El primer escollo en la tarea, lo constituyeron las arcaicas instalaciones del alcantarillado, del agua potable, la luz eléctrica, el gas de cañería y la red telefónica.

Fue necesario modernizar toda esa estructura y trasladarla a otro lugar, para iniciar posteriormente las excavaciones del túnel por donde habrá de correr en un futuro cercano el moderno, rápido y cómodo ferrocarril subterráneo.

Pero mientras tanto, los santiaguinos deben enfrentarse a una realidad inevitable: demoliciones, ruinas, excavaciones, puentes provisorios, atochamientos, congestión y un cúmulo increíble de dificultades.

Pese a todo, los trabajos siguen adelante.

Los santiaguinos se conforman. No importan los sacrificios, los problemas y los inconvenientes de hoy si mañana se gozarán los beneficios.

EL SOCIALISMO

La construcción del socialismo se inició también hace tres años.

También fue necesario remover arcaicas estructuras. Había que renovar, remover, cambiarlo todo.

Surgieron las dificultades. Huelgas patronales, el sabotaje y los atentados.

Aparecen el desabastecimiento, el mercado negro y las colas.

El pueblo enfrenta problemas sin límites.

Pese a los obstáculos y dificultades, exige a los contratistas de la obra mayor velocidad en el trabajo.

Hay que seguir adelante, reclama, porque, como en el "Metro", no importan los sacrificios, los problemas y los inconvenientes de hoy, si mañana se gozarán los beneficios.

CIXTER

Quinta contradicción: Estructura clasista al interior de los servicios públicos en una rígida y hermética clasificación de los trabajadores, existiendo abajo una inmensa masa de funcionarios explotados y con una precaria situación legal.

Sexta contradicción: De una parte el Estado tradicional se ha ido hipertrofiando y acumulando una gran cantidad de poder, de otra, se ha ido atrofiando en su capacidad de prestar servicios. Tanto mas poder acumula la burocracia, tanto menos servicios presta.

Séptima contradicción: La llegada de la UP a los puestos de mando del aparato agrícola del Estado, permitió modificar periféricamente a las instituciones del sector, sin alterar su sustancia de clase. De ahí que los administradores de la UP nos hemos transformado en administradores de la periferia, esto es, agregados revolucionarios al viejo aparato burgués del Estado. En una frase: dirección de izquierda para instrumentos de derecha.

Octava contradicción: El carácter clasista del Estado se proyecta a través de su política agraria: mientras de una parte expropia fundos, de la otra robustece el capitalismo en la agricultura.

Víctor Vea


Antimperialismo

QUEBEC

En la lucha armada popular

DESDE octubre de 1970, cuando una cadena de hechos revolucionarios culminó con el ajusticiamiento del ministro del Trabajo y Emigración, Pierre Laporte, cumplido por un comando del Frente de Liberación del Quebec colocó el problema colonial de ese país en primera plana de la actualidad, la prensa internacional tendió una férrea cortina de silencio sobre la lucha liberadora que allí se gestaba. El objetivo claro de las agencias noticiosas imperialistas y otras al servicio del capitalismo europeo, era, por cierto, aislar esa lucha de aquélla que estaba corroyendo los puntales del "sistema" en el resto de América, o en África y Asia. Hoy, casi tres años más tarde, la cortina se empieza a romper. El proletariado quebecense, que siempre exhibió una gran capacidad de lucha, y algunas vanguardias revolucionarias, estructuran una nueva ofensiva. El problema del Quebec, un complejo caso de colonialismo y explotación vuelve a desnudarse.

SECUENCIA DE DOMINACIONES

La historia de la dominación arranca desde 1763 cuando —a raíz del tratado de París que sucedió a la Guerra de Siete Años— la conquista inglesa puso bajo su tutela a sesenta mil quebecenses. En 1867 la confederación canadiense consagró esa situación al instaurar el estado federal, dotado de los principales poderes en materia de decisiones económicas. La dominación política, ideológica y cultural quedaba asentada y el Quebec era Obligado a subordinarse al cuadro pancanadiense.

Los analistas definen al Quebec como un país sometido a una doble contradicción: la que emana de la . opresión de la comunidad nacional y la que deriva de la lucha de clases. Una burguesía esencialmente anglófona y un proletariado mayoritariamente francófono, y más aún, una burguesía capitalista indígena y un proletariado que no lo es. Se cita en este último caso a la comunidad italiana, más sometida aún y pauperizada que el proletariado indígena, y a quien la misma burguesía anglófona intenta poner en contradicción pon los quebecenses.

Todo el cuadro anterior hace escapar el caso del Quebec de los esquemas tradicionales de los países dependientes. No sólo existe la necesidad de derrotar el colonialismo canadiense y liberarse, sino también destruir los lazos que lo atan al capitalismo norteamericano.

El capitalismo extranjero y la dominación canadiense han convertido a la economía quebecense en una economía de periferia. El país es rico en amianto (es el primer proveedor mundial), colombiun, madera y pasta de papel, y uno de los primeros productores de hierro en el mundo, peto carece prácticamente de industrias de transformación. Su crisis interna queda evidenciada con un nivel de desempleo que oscila en el Quebec entre un 8 y un 12 por ciento, mientras en otras regiones alcanza hasta un 5 por ciento. Se registran doscientos mil marginales y en algunas zonas el 50% del ingreso personal promedio viene de las prestaciones de asistencia social del gobierno.

La dominación económica es complementada por la penetración cultural e ideológica. El idioma francés podría desaparecer en los próximos diez años del Quebec o ser hablado sólo por una minoría, entretanto se fortalece la comunidad anglófona.

El poder político ha tenido la suficiente flexibilidad para perpetuar ese cuadro. En la década del sesenta el ascenso del partido Liberal marca el nacimiento de la llamada "revolución tranquila" que consagra el triunfo de la burguesía canadiense francesa sobre la minoría tradicionalista, la que a la vez sólo podrá mantenerse en el poder conservando vínculos estrechos con la burguesía anglo-canadiense. Ambas miran entonces al partido Liberal como el defensor de sus intereses. La otra fracción de la burguesía canadiense francesa, fundamentalmente tecnócrata, aspira a reemplazar a los anglocanadienses en la administración del país, y mira hacia el partido Quebecois de Rene Levesque, el partido "independentista". Ni una ni otra, empero, representa nada para el pueblo quebecense.

Desde principios de la colonia a la fecha, la economía quebecense ha sido sucesivamente sometida al capital comercial francés, inglés, finalmente yanqui y del mercado común europeo. Primero los franceses se interesaron en el pillaje de pieles; luego los ingleses en sus materias primas —trigo y madera— hasta 1830, y desde los inicios del siglo el imperialismo norteamericano empezó a reemplazar al británico. Hacia 1930 la dominación norteamericana se había prácticamente establecido sin contrapeso e institucionalizado el carácter periférico de la actividad económica del Quebec.

Desde ese momento la relación es inversa al proceso histórico. En primer término están los norteamericanos, luego los británicos y finalmente los capitalistas del mercado común europeo. Un rápido cuadro sobre la magnitud de ese dominio señala que están en poder extranjero el petróleo (100%), la industria de pasta de papel (entre un 60 y un 70 por ciento), de productos químicos (90%), caucho (92%) y tabaco (80%) por mencionar sólo algunos de los rubros económicos más importantes.

En 1970, las inversiones norteamericanas en el Canadá alcanzaron unos treinta mil millones de dólares, aproximadamente la mitad de las inversiones totales norteamericanas en el mundo. En el Quebec solamente esas inversiones se estiman entre siete y diez mil millones de dólares. Estados Unidos es el principal proveedor y a la vez comprador del Quebec, constituyendo esas exportaciones-importaciones el 65 a 75% del intercambio total del país. En materia industrial, los monopolios norteamericanos poseen, a guisa de ejemplo, el 75% de la producción de artículos eléctricos, el 70 por ciento del sector petro-químico, el 95 por ciento de la industria de automóviles y el 50% de la industria de pasta de papel.

Un diagrama básico de la dominación señala a seis monopolios norteamericanos que la ejercen prioritariamente: Morgan, Rockefeller, International Telephone and Telegraph (ITT), Mellon, Dupont y la Argus Corporation.

El grupo Morgan controla a través de la Kennecott Copper la mayor parte de las acciones de la empresa Quebec Iron and Titanium Corporation, que explota uno de los yacimientos de cobre más grandes, situado al norte del Quebec; a través de la U.S. Steel Corporation, la totalidad de las acciones de la empresa Quebec Cartier Mining, coloso que posee incluso su ciudad industrial —Gagnon Ville—, considerada una ciudad privada y "cerrada"; y a través de la General Electric es dueña de la mayor empresa de aparatos eléctricos del mundo, la Canadian General Electric. Finalmente controla también la Mutual Life y la Prudential Insurance Co., ambas empresas de seguros.

El grupo Rockefeller controla a la Metropolitan Life Insurance —la más grande empresa de seguros del mundo— y a través de la Standard Oil de New jersey a la Esso Imperial of Canadá.

La ITT acaba de obtener del gobierno una concesión de 83 mil kilómetros cuadrados que abarcan 43 mil kilómetros de árboles en edad de ser talados. La misma empresa posee las compañías Avis Rent-A-Car —de arriendo de automóviles— y la cadena Sheraton de hoteles; además de empresas de comunicaciones, financieras, de construcción, panaderías y de seguros.

El grupo Mellon, por su parte, que compra paquetes de acciones, ejerce su dominio por tres vías principales: a) la Alcoa, que a su vez controla a Alean, y explota yacimientos de bauxita en la Guyana británica; b) la Gulf Oil, que posee refinerías en Montreal, controla parte de la distribución de productos derivados del petróleo y hace prospección petrolera en el golfo del río San Lorenzo; y c) la empresa Westinghouse Electric: que controla la Canadian Westinghouse Co., una importante empresa de aparatos eléctricos.

El grupo Dupont posee la Dupont of Nemours, el primer trust de productos químicos, y controla la Canadian Industrie Limited (CLL) especializada en la fabricación de pertrechos de guerra, utilizados en la guerra de Vietnam. También domina la General Motors of Canadá, con importantes instalaciones en el norte de Montreal.

Finalmente el mencionado Grupo Argus Corporation, de propiedad del financiero de Ontario, E.P. Taylor, opera a través de las empresas Domtar, fabricación de papel y cartón; la Hollinger Consolidated Gold Mines, especializada en la prospección y extracción de oro; la Massey Ferguson, que fabrica tractores y maquinaria agrícola y, por último, una importante cadena de almacenes, la Dominion Stores, dedicados en la venta de productos alimenticios.

La dependencia se mide también por otros factores. Por ejemplo, es válido señalar que los yacimientos minerales en territorio canadiense suministran al Pentágono el 12 por ciento del tungsteno que utiliza, el 71 por ciento del cobre, el 12 por ciento del cobalto y el 71 por ciento del hierro. Entre 1958 y 1967 los productores canadienses vendieron a Estados Unidos uranio por un valor de 1.3 mil millones de dólares. Otra vía de demostración son los dividendos pagados a los accionistas norteamericanos, calculados en 1967, por ejemplo, en 391 millones, en circunstancias que los aportes nuevos de capital procedentes de EE.UU. sumaron en el trienio 1964-1965-1966, apenas 376 millones de dólares. Se calcula que el 85% de las llamadas "inversiones norteamericanas" proceden de los mismos recursos del país.

La dominación retarda paralelamente la explotación de una serie de recursos como los yacimientos petrolíferos del Nuevo Quebec que deben esperar la decisión del monopolio extranjero.

En el país, como en gran parte de los estados dependientes, la burguesía actúa como aliada del imperialismo, aún cuando se reconozca que frente a este último el papel de la burguesía anglocanadiense es insignificante. Sin embargo, además de explotar a la propia clase obrera, ella ofrece al imperialismo un "orden" suficiente para que opere al tiempo que se destaca a sí misma en tareas en los sectores bancarios y de obras públicas, aún fuera de los límites nacionales. Fue el caso de la Brasilian Light and Power sorprendidos cuando utilizaba fondos distribuidos por organismos internacionales para convertir sus cruzeiros en dólares y repatriarlos al Canadá.

La misma burguesía anglo-canadiense explota a las masas latinoamericanas a través de su participación en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y mediante el otorgamiento de préstamos "atados", cedidos bajo compromisos de que el destinatario haga sus adquisiciones en Canadá.

Toda la secuela y el apara-taje que acompaña en el plano ideológico y cultural a la dependencia económica, constituye un cuadro de dominación tal que sumerge al Quebec en la putrefacción clásica del imperialismo. En tal instada, la única postura válida que se avizora es la ruptura total de los lazos con el mismo imperialismo, y la lucha revolucionaria hacia la liberación y posterior instauración del socialismo sobre el poder real de las masas trabajadoras, o poder popular.

LOS INICIOS DE LA LUCHA

Si bien las masas quebecenses no tenían, por factores históricos, la tradición de lucha del proletariado europeo, los Obreros canadienses y franceses exhibieron siempre grandes rasgos de combatividad. Toda la historia del sindicalismo del Quebec está jalonada de esos esfuerzos, incluidas las luchas insurreccionales de 1837. La lucha de los trabajadores se da contra el establishment y la iglesia, contra la influencia de la burguesía y su dominio, y finalmente, bajo la presencia del influyente sindicalismo norteamericano, lo que expresa ya un rasgo de dependencia. La clase es perseguida, encarcelada y hostigada por la represión como

ocurre en las jornadas de 1949 (huelga de los mineros de la empresa norteamericana Canadian John Menville) y en 1956, durante el movimiento de los mineros de Murdochville, aplastado por la policía fascista del entonces Primer Ministro del Quebec, Maurice Duplessis.

Las mayores organizaciones laborales sufren también, en principio, los efectos de la dependencia. La Confederación de Sindicatos Nacionales se había mantenido ligada a la influencia de la iglesia, en tanto la Federación de Trabajadores del Quebec (FTQ), afiliada a sindicatos norteamericanos, desarrollaba luchas de mayor envergadura. Hoy, a pesar de que la CNS ha iniciado un proceso de radicalización, ambas centrales se mantienen en pugna entre sí —alentadas por el gobierno— y por sus sistemas tradicionales de reclutamiento, bastante desvinculadas de los anhelos del proletariado quebecense.

Tras las luchas de 1965, 1966 —primeras huelgas del sector público— y 1967, algunos grupos dentro de esas organizaciones endurecen su línea: se crean tanto en la FTQ como en la C.S.N. los Comités de Acción Política (CAP) que intentan un movimiento de politización más vertebrada de sus miembros.

Hacia 1920 un grupo de obreros e intelectuales echó las raíces del que sería el movimiento comunista en el Quebec y una década después el partido presentó su primer candidato a elecciones federales. La reacción responde con la primera ley anticomunista (1931) llevando al partido a la clandestinidad, lo que implica su natural reforzamiento interno en los dos años siguientes. En 1935, el partido Comunista —en respuesta a las directrices de la Internacional— intenta la creación de un frente popular, agrupando a todas las fuerzas populares del país. El fascismo —Duplessis en el poder— responde en 1937 con la llamada Ley del Candado, que paraliza al movimiento condenando toda propaganda "subversiva". En esa alternativa, el movimiento se aboca a conseguir su extensión, activando la sindicalización de la clase trabajadora. Los comunistas lideran las huelgas producidas entre 1942 y 1945, y eligen un candidato comunista en un barrio obrero de Montreal en las elecciones federales de los años 43 y 45. La postguerra marca la declinación de la influencia del partido. Los analistas citan entre las causas de esa declinación el nuevo impulso económico, la represión policial, el chantaje, el desempleo, pero también el hecho de que los dirigentes comunistas negaban todo carácter progresista al nacionalismo quebecense, que juzgaban un elemento que era utilizado por la burguesía capitalista para dividir a la clase obrera. Aún cuando el partido Comunista reconocía la autodeterminación del pueblo del Quebec, se oponía a la independencia de la provincia francófona. Esto llevó a muchos militantes a abandonar las filas de ese sector político.

LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

En la década del cincuenta, los grupos liberales próximos a Pierre Trudeau —hoy Primer Ministro de Canadá— y a otros dos secretarios federales, Marchand y Pelletier, eran los únicos opositores al "duplessismo". En el sesenta surgen algunos grupos que buscan definiciones como la Asociación para el Socialismo y la Independencia del Quebec (ASIQ) y el Movimiento Obrero de Liberación Nacional (MOLN), de estudiantes y trabajadores progresistas. Ninguno de ellos, empero, alcanza objetivos amplios.

Cuatro años más tarde se formaliza en el Movimiento de Liberación Popular, el primer esfuerzo serio por constituir una vanguardia. En torno a la revista izquierdista "Parti-Pris", y aunque dividido en varias tendencias (trotskistas, anarquistas, marxistas leninistas y de izquierda cristiana), el MLP agita los medios obreros y liderea manifestaciones callejeras, intentando lograr una organización de la clase trabajadora. Las divergencias internas terminan por aflorar y mientras un grupo se une al partido Socialista Quebecense, otro integra el Rassamblement pour la Independence National (RIN), y una tercera fración se reúne en torno de Charles Gagnon y Pierre Vallieres, pronunciándose en favor de la acción revolucionaria. Estos últimos reestructuran en 1965 el Frente de Liberación del Quebec (FLQ) cuyas primeras acciones habían tenido lugar dos años antes y publican la hoja clandestina "La Cognee" (El Hacha).

El Frente de Liberación del Quebec, aunque perseguido y hostilizado policialmente por el régimen, se afirma. Los otros grupos como el partido Socialista han fracasado, o se han desperdigado, como el RIN, que se fracciona en el Comité para la Independencia y el Socialismo (CIS) y después en el Frente de Liberación Popular. Este último movimiento intenta durante dos años radicalizar a la masa obrera e incluso publica un periódico, pero no sobrevive a la crisis que desatan en el seno de la izquierda las elecciones provinciales de abril de 1970. Del Frente de Liberación Popular, surgirá después el movimiento Intelectuales y Obreros Patriotas del Quebec que se transformará en el partido Comunista Quebecense Marxista-Leninista (PCQML), de línea maoísta. En ese cuadro también las organizaciones trotskistas tienen importancia

En los últimos años de la década del sesenta, el FLQ emprende algunos operativos espectaculares —estallido de bombas, ataque contra la Bolsa de Montreal— considerando la acción violenta como un arma política indispensable para debilitar el poder establecido. En 1970, —elecciones— el FLQ observa una tregua inicial, hasta que los resultados de las mismas prueban que una vez más el sistema ha utilizado todo su aparato de represión y poder para impedir el triunfo del partido independentista.

Ante esa evidencia el Frente retorna al camino violento. Al estallido de bombas y otros operativos suceden en octubre de 1970, los secuestros del agregado comercial de la embajada de Gran Bretaña en Montreal, James Richard Cross, y Pierre Laporte, Ministro del Trabajo y Emigración. Cross es liberado en diciembre y Pierre Laporte ajusticiado en el mismo octubre al rehusarse el gobierno a cumplir los ocho puntos demandados por los secuestradores, entre ellos la liberación de los presos políticos del régimen.

En su manifiesto del mismo octubre del 70, el FLQ advertía "El Frente de Liberación del Quebec no es el Mesías, ni un "Robin Hood" en versión moderna. El FLQ es una agrupación de trabajadores quebecenses decididos a hacer todo lo posible para que el pueblo del Quebec tome definitivamente en sus manos su destino... El FLQ no es un movimiento de agresión, pero sí la respuesta a la agresión organizada por los grandes jerarcas bancarios mediante sus títeres de los gobiernos federal y provincial...".

A juicio de los analistas, aún considerando que la violencia debe ser sostenida y aprobada por las masas, el FLQ con esas acciones directas había contribuido a politizar a vastos sectores del pueblo y a mostrar a la izquierda revolucionaria la urgencia de organizarse contra un enemigo ya desenmascarado.

La ideología del FLQ surgió como una ideología revolucionaria y patriótica. El FLQ planteó y plantea la instauración de un régimen popular socialista, que excluya la explotación y la injusticia y obtenga mediante la lucha armada la conquista de la independencia nacional y el derrocamiento de las dominaciones imperialistas y capitalistas en el Quebec.

Por cierto, el FLQ no niega la lucha de masas. Estima que ella, sin embargo, tendrá que transitar un día por la lucha armada y la guerra popular para eliminar el actual sistema. No plantea ni planteó —como se intentó suponer— el inmediatismo de la acción. Pero sí comparte la teoría de que las acciones directas pueden cumplir un papel de foco de irradiación y expansión dentro de las clases explotadas.

La otra gran polémica que se agitó en los juicios emitidos sobre el Frente de Liberación del Quebec, giró en torno al partido proletario o revolucionario, al que el FLQ no niega su legitimidad, pero no lo considera indispensable en un sentido de organización previa a la lucha. El Frente estima que el partido proletario puede surgir durante la lucha. Argumenta que no existen, en la historia del Quebec precedentes en torno a una movilización revolucionaria de las masas liderada por un partido, lo que no implica en ningún caso desconocer las condiciones de combatividad de la clase obrera quebecense.

Con ello hace referencia sólo a la ausencia de militantismo partidario en la tradición de lucha.

Para el FLQ la lucha armada o mejor el grupo armado puede constituir aquello que Raúl Castro definió como "el pequeño motor que pondrá en marcha el gran motor de la revolución". La experiencia latinoamericana de los últimos años ha sido también asumida en el Frente. En este sentido es indudable que la lucha y la estrategia puede ser" doble. Se citan los casos de los Tupamaros y su apoyo estratégico al Frente Amplio en el Uruguay; el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y la Unidad Popular en Chile; los Comandos Armados de Liberación (CAL) de Puerto Rico y el apoyo táctico al partido Socialista Puertorriqueño.

Orgánicamente el Frente de Liberación del Quebec ya no existe. Pero en contraposición, un grupo de revolucionarios trabaja en el Quebec en la organización del aparato de lucha armada que debe crearse urgentemente.

MARÍA EUGENIA SAÚL


Tribuna de la izquierda Cristiana

LA PAZ DE LOS RICOS NO ES LA PAZ DE LOS POBRES

¡EL FUNDAMENTO DE LA PAZ ES EL AMOR!

Con este título, que trasunta un cínico gozo, "El Mercurio" dio a conocer las declaraciones formuladas por el Rvdo. Padre Pedro Arrupe, Superior de los Jesuítas. Para quienes conocen el reaccionario pensamiento de este sacerdote, no fue sorprendente que en su visita a nuestro país se convirtiera en un tenaz expositor de las versiones más tradicionales de la doctrina cristiana. Aunque él pueda alegar que "su reino no es de este mundo" y que no pretendió inmiscuirse en la política contingente, la verdad es que —de hecho— sus declaraciones constituyeron un oportuno refuerzo para quienes pretenden arrastrar a la Iglesia Católica a sus afanes sediciosos y golpistas. Especialmente oportunas resultaron las declaraciones del Padre Arrupe, considerando la tensa situación que vive el país. Esta nueva paloma de la paz que nos llegó de regalo, más bien pareció un halcón que trajo el viejo y gastado recurso de la utilización reaccionaria de los valores cristianos.

Ciertamente, el Padre Arrupe "no acepta la ideología del marxismo, por su concepción atea de la vida". El recoge su inspiración en el Evangelio —"en la totalidad del Evangelio", se apresta a precisar—, el cual por supuesto es incompatible con el marxismo.

Es claro que no comete la torpeza de revivir las decimonónicas condenas a quienes colaboran con los marxistas. Habría sido torpe de su parte. Habría sido revestirse de un ropaje demasiado viejo y gastado, demasiado usado y conocido. No sería de buen tono. Hay que mantener la esclerotizada condena, pero adornarla, presentarla de mejor manera, con una apariencia que pretende ser más atractiva.

Simplemente se rechaza el marxismo "por ateo", y como los cristianos no son ateos, y como muchos cristianos todavía identifican ateísmo con los pecados horrendos, con eso basta. Cada cual saca las conclusiones por su cuenta. Ciertamente es una actitud mucho más hábil que la condena abierta y franca a la colaboración con los marxistas.

Las cosas por su nombre, es una actitud más sibilina.

Lo que está en el fondo de estas declaraciones de alto nivel es una condena a los grupos cristianos que en nuestro país se han incorporado al proceso revolucionario. Concretamente, al movimiento Cristianos por el Socialismo y a la Izquierda Cristiana. En este sentido, el Padre Arrupe es consistente y cuando se le pregunta si el padre Gonzalo Arroyo (jesuíta, no infríngelas normas de la Compañía de Jesús al dirigir el movimiento Cristianos por el Socialismo, él responde que el padre Arroyo no dirige dicho movimiento (lo que es efectivo por lo demás) y que él cree que no volverá a dirigirlo. Más claro echarle agua. Un jesuíta no puede dirigir un movimiento que colabora con los marxistas. Y no es por ser jesuíta que el padre Arroyo, ni ningún otro jesuíta, no pueda comprometerse en una acción común con los marxistas. Es por ser cristiano, dicho de otro modo, por ser fiel a la tradición de Cristo. Lo que el padre Arrupe pretende hacernos creer es que Cristo no habría colaborado con los marxistas, si los hubiera habido en su tiempo o si Cristo viniera al mundo en la actualidad.

EL CRISTIANISMO ES FERMENTO REVOLUCIONARIO

Esto es tratar de hacernos comulgar con ruedas de carreta. Esta es, en sentido estricto, una vieja monserga, suficientemente desnudada como tal por la acción de cristianos tan íntegros y tan comprometidos como Camilo Torres, Méndez Arceo y Helder Cámara, en América latina, entre otros. Las propias declaraciones oficiales de la Iglesia Católica van más lejos que el padre Arrupe. Sin rebuscar demasiado, en el mensaje final de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, realizada en Medellín, Colombia, ya en el año 1968, se señala: "forma parte de nuestra misión denunciar con firmeza aquellas realidades de América latina que constituyen una afrenta al espíritu del Evangelio. También nos corresponde reconocer y estimular todo intento positivo y profundo de vencer las grandes dificultades existentes, compromiso de toda la Iglesia". Fue en esta ocasión que se denunció "la violencia institucionalizada" que caracteriza las estructuras de dominación imperantes en nuestro continente, lo cual causó mucho escozor en su tiempo a los sectores de derecha, quienes denunciaron estas declaraciones de la Iglesia como una incitación a la revolución y como una ingerencia indebida en asuntos de política contingente.

Una actitud similar ha sido observada por la jerarquía de la Iglesia Católica chilena, la cual si bien no podríamos decir que ha llamado a sumarse con entusiasmo al proceso de liberación iniciado por el gobierno popular, por Ib menos oficialmente siempre ha mantenido una actitud de respeto por el régimen constitucional y las autoridades legítimas, lo que contrasta claramente con la actitud sediciosa y golpista de sectores derechistas, incluidos algunos prominentes y connotados sacerdotes. La pauta de acción está señalada en la declaración del Episcopado Nacional, de abril de 1971, reunido en esa oportunidad en Temuco: "frente al legitimo gobierno de Chile, respeto a su autoridad y colaboración en su tarea de servicio al pueblo". Algunos "resbalones" no han llegado a constituir un cambio de posición de la Iglesia y, ciertamente, su actitud no ha sido ni remotamente la tristemente célebre actitud de la Iglesia Católica española durante la guerra civil que llevó al poder al "Generalísimo".

A nuestro juicio, se le podría pedir más a nuestros pastores. Se les podría pedir un compromiso integral y decidido con la lucha de los Oprimidos por su liberación. Es lo que, según nuestro leal saber y entender, habría hecho Cristo. Es la manera, en nuestra opinión, de ser fieles a la doctrina del Maestro, a su ejemplo generoso hasta la muerte.

Porque está claro que, como alguna vez dijera Radomiro Tomic (¡cualquier tiempo pasado fue mejor!), Cristo no murió con los brazos en cruz para decir "qué grandes es mi fundo". Cristo no entregó su vida para sostener un "orden" injusto, para consolidar la explotación, para defender los bienes de los ricos.

Por el contrario, todo en la vida de Cristo trasunta una vida de compromiso con los oprimidos y de lucha por terminar con la explotación. Cristo no nació en un lecho dorado, sino en un mísero pesebre. Su padre fue un pobre y analfabeto carpintero. Sus discípulos fueron, igualmente, trabajadores analfabetos. Y, así, suma y sigue hasta su muerte en cruz, en medio de dos ladrones.

Cristo no convivió con los ricos de la época. No "colaboró" con los sectores dominantes. No hizo declaraciones que favorecieran a escribas y fariseos. No justificó, ni mucho menos, la opresión de la mayoría por una minoría henchida de riquezas. Por el contrario, son célebres y de sobra conocidas las condenas a los ricos. "¡Ay de vosotros los ricos ..."; "será más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja..."! Por eso, fueron los ricos y poderosos de la época quienes, actuando por mano de los gobernantes de entonces, quienes lo condenaron a muerte. Fueron ellos quienes, por siglos, persiguieron a sus discípulos por "revolucionarios", por "subversivos", por atentar contra el "orden establecido".

Hasta que se morigeraron las enseñanzas de Cristo, se las suavizó, se las adaptó, para que fueran más del gusto de los señores que estuvieran de turno en el poder. Así, la Iglesia podría moverse con más facilidad, podría tener condiciones para cumplir su labor evangelizados. Pero esto significó una alteración profunda del contenido de esa labor. Ya no fue, por mucho tiempo, y salvo excepciones muy contadas, una acción Orientada a denunciar la injusticia y la explotación, sino un llamado a la conciliación, al "amor entre hermanos".

AMOR CRISTIANO Y LUCHA DE CLASES

Esta es la esencia de la versión "renovada" que los reaccionarios de ahora hacen del cristianismo. Amor y no odio. Es lo que responde Arrupe cuando se le pregunta ¿cómo se puede evitar la guerra civil en Chile?: "ejercitando la caridad y la justicia. Fundamentando la paz en el amor y no en el temor".

Está claro el mensaje. Arrupe no es muy directo y franco para decir las cosas, pero en todo caso es claro. Cristo vino a predicar la paz fundada en el amor y no la lucha de clases. Dos cristianos se inspiran en el amor, en cambio, los marxistas, se inspiran en el odio. ¿Cómo puede haber colaboración entre ambos, si tienen tan distintas motivaciones, si los marxistas actúan según sentimientos tan poco cristianos?

Porque en lo que se pone énfasis es en eso, y no en las palabras iniciales que se le escaparon a Arrupe: "la caridad y la justicia". Si esto fuera lo central, la respuesta de Arrupe tendría que haber sido otra. Tendría que haber dicho que no puede haber paz mientras subsista un régimen de explotación. Tendría que haber dicho que quienes quebraron la "armonía divina" son quienes han instaurado un sistema que permite que unos pocos concentren el poder y lo usen para su provecho personal y familiar, en perjuicio de las grandes mayorías. Tendría que haber dicho que la amenaza para la paz viene de quienes no titubean en nada para defender pus ilegítimos e injustos intereses. De quienes no respetan ni siquiera la vida de las personas, así como no respetaron la de Cristo en su época.

La lucha de clases no es un invento de los marxistas. Aunque se haya dicho muchas veces, valga repetir que la teoría de la lucha de clases no es sino la constatación científica de una realidad. El sistema capitalista, bajo cualquier forma que se presente, es un régimen opresor, de "violencia institucionalizada". Sólo cambiando el sistema explotador por un sistema en que la igualdad y la justicia sean las normas centrales de convivencia, podrá haber paz social. Sólo el socialismo puede asegurar una paz real, una paz que no sea una forma de encubrir la opresión.

Los llamados a la paz, sin denunciar la injusticia de los sistemas capitalistas (dominantes, no son sino una forma torcida de amparar la injusticia, una forma solapada de mantener el sistema de explotación. No se puede tratar de cambiar la situación imperante porque ello origina la violencia. Y hasta se pueden citar ejemplos. En todos los países del mundo en que los marxistas han tomado el poder ha habido violencia.

Y es claro que son los marxistas los que han impulsado la violencia. No son los burgueses quienes han "violentado" en forma permanente y secular la conciencia y la vida entera de los explotados. No son los reaccionarios, que jamás han permitido pacíficamente que se ponga fin a su situación de privilegio.

Pese a su declarado "pacifismo", no hay en Arrupe ninguna condena, ni implícita ni remota, a los camioneros que han desatado por segunda vez un paro de efectos criminales para la economía y para toda la vida del país. Ni una palabra de condena para los camioneros que han agredido con violencia a quienes han pretendido seguir trabajando. Ni una palabra de condena a los fascistas que han asesinado con un entusiasmo digno de mejor causa. Ni una palabra de condena a los sediciosos que echan mano de cualquier recurso para intentar derribar al gobierno legítimamente constituido. No hay en Arrupe ni una palabra de solidaridad con los trabajadores que luchan por su liberación. Con los explotados de siempre que deben hacer frente, aún a riesgo de sus vidas, a las persistentes asonadas fascistas.

Sólo llamados a que la paz se funde en el amor y no en el temor. ¿Es que Arrupe cree que los trabajadores chilenos están llenos de odio? ¿Es que Arrupe piensa que el cristianismo exige que los explotados deban conformarse con su situación, hasta que a los burgueses se les ocurra buenamente cambiarla, quién sabe por qué designio divino? ¿Es que Arrupe piensa que los reaccionarios, que han asesinado y usado mil y un recurso para intentar botar al gobierno, están inspirados en el amor y no en el temor? ¿Es que Arrupe no sabe de lo que es capaz la burguesía cuando se trata de defender sus privilegios?

Ya lo decíamos. La jerarquía chilena no se ha comprometido a fondo y en forma decidida con la lucha de los explotados, pero al menos no se juega a fondo tampoco con la lucha de los explotadores. Podríamos pedirle mucho más a nuestros pastores, pero ciertamente ya han dado mucho más que Arrupe.

Por nuestra parte, nuestra pauta de exigencia no la dan ni Arrupe ni la Jerarquía, dicho con todo respeto, sino las demandas del pueblo trabajador. Nuestra decisión, firme e inconmovible, está tomada de hace tiempo, al menos desde nuestra constitución como partido: entregaremos todo nuestro esfuerzo para llevar a buen éxito las luchas del proletariado por su liberación, hasta entregar la vida si fuere necesario. Ninguna consideración "arrupiana" nos detendrá.

Una palabra final. Nada personal tenemos contra el padre Arrupe, a quien ni siquiera conocemos personalmente. El es sólo uno de los varios exponentes del modo reaccionario de manipular los valores cristianos. Por eso nos interesaba analizar sus declaraciones. Dicho en su lenguaje, no nos ha movido el odio al padre Arrupe, sino el amor a los Oprimidos, a los explotados, a los trabajadores, al proletariado. Sus intereses son el norte de nuestra acción, como cristianos aspirantes a revolucionarios.

Eugenio Díaz Corvalán


SIETE AÑOS CUMPLE PF

En este número PUNTO FINAL cumple siete años. Los acontecimientos que vive nuestro país nos impiden utilizar mayor espacio en un recuento de lo que ha sido nuestra actividad. Sin embargo, no lo lamentamos ya que, de alguna manera, significa que los tiempos que corren impiden volver la mirada atrás. Y esto, desde luego, corresponde a la intensificación y alto nivel alcanzado por la lucha de clases, proceso al que creemos haber contribuido en algún sentido.

Queremos, sin embargo, aprovechar esta ocasión para expresar nuestros agradecimientos a los lectores. Gracias al apoyo constante del público, PF ha podido alcanzar a esta etapa de su vida.

También queremos agradecer a nuestros colaboradores que hacen posible incorporar a cada número de PF la información y el análisis de los hechos más importantes del país y del extranjero.

PF nació —y se ha fortalecido— en una estrecha unión con lo mejor de las aspiraciones revolucionarias de nuestro pueblo. Seguimos firmemente unidos a los trabajadores, los soldados y los estudiantes que luchan por implantar el socialismo en nuestra patria. Por lo tanto, nuestra suerte será la misma de ellos, o sea de firme lucha por alcanzar la meta revolucionaria.

Este es nuestro compromiso invariable.

PF


DOS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO

COMO es sabido, durante los 3 últimos años han coexistido dentro de las fuerzas políticas que Impulsan el proceso revolucionario, dos concepciones sobre el desarrollo histórico que vivimos: la de personas y partidos que sostienen que es posible alcanzar el socialismo a través de simples reformas graduales de la sociedad, y 13 del Partido Socialista v otras fuerzas políticas que buscan "iniciar la construcción del socialismo" en este período.

Los primeros enarbolan una versión modernizada de la vieja tesis revisionista formulada por Eduardo Bernstein, a fines del siglo pasado.

Estas profundas contradicciones no revisten sólo un carácter académico, sino que se expresan en comportamientos del Gobierno que anulan toda iniciativa dirigida a imprimir una conducción revolucionaria al proceso.

Se actúa de espaldas a las masas, y aplicando una política de hechos consumados, lo que lleva a una posición de absoluto descrédito ante ellas, cuando éstas en vez de la voz de mando de avanzar, que esperan de sus vanguardias políticas, reciben la orden de replegarse, las más de las veces, con su secuela de frustración y derrotismo.

Los sostenedores del "gradualismo", disocian el proceso revolucionario en dos etapas —una abre paso a otra— y contemplan alianzas con la burguesía "progresista" para el cumplimiento de la primera de ellas. Hablan de luchar "por los cambios revolucionarios antimperialistas y antioligárauicos" y por "abrir paso al "socialismo". No hablan de "iniciar la construcción del socialismo", como dice el Programa de la UP y como lo plantea el PS.

De ahí. que haya quienes se congratulan del curso que está tomando actualmente el proceso, ya que él vendría a demostrar le validez de sus concepciones acerca de los objetivos estratégicos, en esta etapa, y de sus políticas de alianzas o entendimientos con la burguesía "progresista", representada por la DC.

Siendo esto muy grave, lo que más alarma sin embargo, es el hecho de que estas ideas se infiltran y se contagian, y algunos dirigentes las utilizan para justificar la conciliación de clases y para permitir que se impulse la política de hechos consumados, sin la explicación a las masas.

HA FALTADO DECISIÓN REVOLUCIONARIA

La llamada "vía chilena" es, indiscutiblemente, una concepción del más burdo corte reformista, por eso, sus ejecutores nunca han estado dispuestos a aprovechar las alteraciones favorables de las condiciones objetivas y subjetivas dentro de las cuales avanza el proceso, determinadas por la propia dinámica de los cambios sociales y económicos producidos. Son las coyunturas políticas perdidas para dar un vuelco cualitativo al proceso, que se dejaron pasar porque no se tuvo la decisión de impulsar la revolución, mediante una conducción creadora, en cada una de aquellas oportunidades.

Así sucedió en los primeros meses del Gobierno Popular, en que se pudo realizar un avance profundo en la lucha por el socialismo, aprovechando la desarticulación de la burguesía; en los días que siguieron a las elecciones municipales de abril de 1971, en que se pudo vencer a la reacción en un plebiscito, con la fuerza emanada de dichos comicios; en Octubre de 1972, en que se pudo contra golpear a la burguesía con la tremenda potencialidad revolucionaria revelada por las masas; en los días posteriores a las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. en que se pudo imprimir un impulso más radical al proceso, con el poderoso respaldo social otorgado al Gobierno en dicha consulta popular, y el 29 de junio de 1973, en que se legitimó cualquiera acción revolucionaria, después de haber roto la burguesía la legalidad con el alzamiento militar de ese día.

Nadie podrá decir honestamente que no había fuerza en las masas para pasar a la ofensiva en cada una de estas coyunturas políticas, lo que faltó fue decisión revolucionaría. En vez de ella, primó el espíritu de la conciliación, que no puede llevar a otra parte que no sea a la liquidación del proceso de cambios revolucionarios.

EL DIÁLOGO: POBRE RESPUESTA AL ENEMIGO

En ese marco político, se ha producido el último acto de este proceso, que se está tornando por demás dramático: el así denominado diálogo del Gobierno con la DC, que consiste, pura y simplemente, en la búsqueda afanosa de un acuerdo que, a la larga, paralizará el proceso de cambios y destruirá el poder popular en formación, sometiendo de nuevo a las masas trabajadoras al simple rol de espectadores o de instrumentos de una política que ya no responderá, de ninguna manera, a sus intereses históricos y que, por su naturaleza, tendrá que ser ejecutada fatalmente por personeros representativos de otros sectores sociales. Pobre respuesta es esta invitación a dialogar al enemigo de clase, frente a la despiadada ofensiva de éste para derrocar al Gobierno o hacerlo capitular.

Esta política contradice abiertamente la nueva línea de acción, pedida por los trabajadores, sentida por ellos, impulsada por los Cordones Industriales y los Comandos Comunales. Línea que ofrecía a las masas un camino de combate para la conquista de la plenitud del poder.

De igual modo, esta política contradice la opinión mayoritaria existente en la clase obrera, en el sentido de no aceptar la realización de una política de conciliación, que paralice al proceso, introduzca al enemigo en el seno mismo del Gobierno, sea este civil o uniformado, exponga a los trabajadores al riesgo de la represión armada por la gravitación de los sectores reaccionarios v, en suma, coloque al Gobierno en interdicción.

Por eso, este "gabinete de garantías", fue recibido mal por los trabajadores. La concentración de la Avda. Bulnes mostró la disconformidad con lo obrado por el Presidente de la República, la indignación de los trabajadores, fue evidente.

La conclusión es clara: "la clase no acepta bajo ningún pretexto ni subterfugio, que se trance el Programa, se marche hacia atrás en las conquistas logradas por los trabajadores, o se retroceda o congele el proceso revolucionario. Tampoco acepta la desfiguración del carácter popular del Gobierno.

CLAROS SÍNTOMAS DE BONAPARTISMO

No obstante lo anterior, se produjo el Gabinete con los Comandantes en jefe de las FF.AA. y el Director General de Carabineros que, a todas luces, es el primer paso del "gabinete de garantía" para la burguesía que exigiera la DC. al sostener que para continuar el diálogo era necesario "la formación de un Gabinete en que participaran las FF.AA. "Institucionalmente", exigencia que también hicieron presente, en términos similares, los Jefes militares en un petitorio del 21 de julio de 1973.

Así, una vez más, se ha pasado por encima de la opinión de las masas, por decisión del Presidente y de fuerzas políticas con un enfoque común del proceso y de la apreciación equivocada de las circunstancias.

Nuevamente han chocado las dos concepciones diferentes a que hacemos referencia al comienzo y "la brecha que separa ambas concepciones se ha ido ensanchando en el desarrollo de los acontecimientos, llegando al punto crítico en que hoy nos encontramos". Una vez más se ha impuesto una línea de conciliación de clases, magnificando el poder de los elementos sediciosos y golpistas y subvalorando la capacidad de combate de la clase obrera.

"¿ES INSÓLITO EL PROCESO CHILENO?

Es sabido que, por peculiar que sea este proceso, no puede escapar a las leyes generales de la revolución, como lo demuestra la escalada ininterrumpida de violencia reaccionaria. Al respecto, hay que decir: "El carácter revolucionario del proceso chileno está determinado por las condiciones en que se desenvuelve, por las fuerzas motrices que lo sustentan y por los objetivos programáticos que se ha trazado. Pero, "carácter revolucionario" no significa carácter socialista. Ni le da por sí carácter socialista al Gobierno Popular la presencia de los partidos obreros. En última instancia, son las medidas que van derrumbando el sistema e incorporando a la clase obrera al poder las que provocan el cambio cualitativo".

Por lo mismo, un Gobierno que pretende alterar negativamente sus objetivos programáticos, debilitar la participación de las fuerzas sociales que lo sustentan y buscar apoyo en fuerzas sociales antagónicas perderá irremisiblemente su carácter revolucionario. Esta desviación se agrava más aún, cuando ese Gobierno hace depender su estabilidad y supervivencia del apoyo de las FF.AA. y no de los trabajadores, debidamente preparados tanto desde el punto de vista subjetivo como desde el punto de vista objetivo. Una verdadera revolución sólo puede ser defendida por sus propios protagonistas históricos, quienes deben sostener, por eso a través de sus partidos y organizaciones de clase, el derecho a defender por todos los medios su revolución En una revolución nada existe de estable fuera de lo que ha sido conquistado por la masa del pueblo. Recordemos cuáles son nuestras conquistas sólidas y efectivas, las conseguidas con lucha de las masas.

Ni los más liberales cultores del carácter "insólito" del proceso chileno pueden negar estas verdades fundamentales.

Nadie puede engañarse con las perspectivas del compromiso o "mínimo consenso". La DC ha sido clara y tajante. Antes de tratar acerca de los problemas concretos derivados de la crisis de fondo, ha exigido el "restablecimiento" completo de la institucionalidad, que supone la disolución de los órganos de poder popular en cuanto contrarían el régimen establecido: la promulgación de las reformas constitucionales sobre las áreas de la economía y la. propiedad de la tierra; la irrestricta aplicación de la ley sobre control de armas, colocando a los trabajadores en la indefensión frente a los golpistas, y la devolución de las empresas ocupadas. Después, se apronta para discutir el "restablecimiento" del orden económico, cuyo desenlace está por verse, aunque no es difícil presumir sobre quiénes se pretenderá descargar los efectos de esta "política reordenadora".

HAY QUE IMPULSAR LAS POLÍTICAS DE CLASE

Estos resultados no pueden extrañar a nadie que utilice el instrumento de análisis del marxismo. La DC es, en efecto, la agencia principal de la burguesía y del imperialismo en Chile, por encima de sus contradicciones internas, se destaca su esencia burguesa que la convierte, en los hechos, en el arma más poderosa del orden capitalista. Por eso, toda su acción está dirigida a obstruir el proceso revolucionario y defender los intereses de las clases dominantes, su orden político burgués su orden económico burgués.

En este sentido, quienes auspician o toleran estos entendimientos con la DC deberían recordar la reafirmación de su política de clase hecha por el PS en la resolución política aprobada en el XXIII Congreso General, celebrado en La Serena: "El Partido Socialista postula la independencia de la clase de los trabajadores frente a la burguesía chilena, que, como clase sostenedora del orden vigente, constituye, junto con el imperialismo, una fuerza irreversiblemente contrarrevolucionaria. Las alianzas y compromisos permanentes con ella, han traído sólo derrotas y postergaciones en el campo de los explotados".

El gabinete cívico-militar-policial, constituye un trágico error toda vez que la nueva coalición no hará más que abrir paso a la restauración de los intereses de la burguesía, a través de un golpe institucional. Sólo a pocos días de constituido dicho gabinete, se agregan nuevas exigencias de la DC, como la plena vigencia del Estado de Derecho, que significa el acatamiento por parte del Gobierno de todas las decisiones de la institucionalidad burguesa; la eliminación de los grupos armados, identificando como tales a las organizaciones de izquierda y del poder popular; el cambio de los mandos medios por militares o por funcionarios de confianza de éstos, restableciendo la verticalidad de la disciplina administrativa, a semejanza de la existente en las FF.AA.

A lo anterior, se agrega la amenaza de represión en contra del MIR y la llamada "ultra izquierda", en la cual se involucra al PS: se intensifican los allanamientos de los centros de trabajo y locales sindicales, y se desata la más brutal represión interna, en la Armada, en contra de suboficiales y marineros, por el "delito" de oponerse a los designios de oficiales golpistas y aprestarse a defender el Gobierno legítimo.

No se puede guardar silencio frente a esta última iniquidad, por el contrario, hay que manifestar pública solidaridad a los marineros perseguidos y exigir el respeto que merecen como chilenos y patriotas, de modo que tengan un proceso justo y público.

La salida que debió adoptarse para encarar la crisis provocada por la clase patronal y el imperialismo, era la formación de un Gabinete civil UP. Junto con la movilización de las masas plenamente informadas de los peligros que se ciernen sobre el proceso. En suma, pasar a una contra-ofensiva revolucionaria.

UNIDAD PARA LA REVOLUCIÓN

Es urgente fortalecer la unidad de la clase, fortalecer la Central Unica de Trabajadores y dar un impulso fuerte a los Cordones Industriales, terminar con las divergencias que existen en el seno de estos organismos. Cualquier división de la clase es criminal en estos momentos.

En cuanto a la unidad política de la clase, sólo puede darse plenamente cuando concurre la voluntad común de los partidos obreros, con la misma doctrina, para desarrollar el proceso revolucionario y afianzar el rol dirigente de la clase obrera y su vanguardia.

Es necesario tener conciencia que quienes buscan alianzas o entendimientos con la burguesía "progresista", representada por la DC están deteriorando la unidad política de la clase.

Por lo tanto, hay que desarrollar la unidad de la clase tras sus objetivos históricos y rechazar todo compromiso con la burguesía.

No hay que perseguir la unidad por la unidad, sino la unidad para la revolución.

Esto, es más necesario entenderlo ahora, ya que la constitución del Gabinete "cívico-militar-policial", ha creado nuevas condiciones políticas en el país, cuyas consecuencias naturales serán de la más extrema gravedad.

No sólo se ha desfigurado el carácter popular del Gobierno, sino que se hace peligrar la hegemonía de los partidos obreros en él.

Nicolás García Moreno


Reportaje

LOS CAMIONEROS SE PASARON A LLEVAR AL GOBIERNO

 

Si no queremos convertirnos en pacifistas burgueses o en oportunistas, no podemos olvidar que vivimos en una sociedad de clases, de la que no hay ni puede haber otra salida que la lucha de clases.

Lenin

NUEVE días bastaron para testimoniar una vez más que la debilidad gubernamental frente a la acción sediciosa de la burguesía y a su hábil estrategia de clase, permite a ésta fortalecerse en cada uno de sus intentos golpistas. En esta realidad puede encontrarse la razón del estancamiento del proceso en curso, que a 33 meses de su iniciación, se mantiene en el punto muerto central de la fórmula "avanzar-estancarse-retroceder".

Esos días entré el jueves 9 y el sábado 18 de agosto —ingreso de los tres Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y del Director de Carabineros al "Gabinete de Seguridad Nacional" y la marginación de éste del General del Aire, César Ruiz Danyau, de la Cartera de Obras Públicas y Transportes, conjuntamente con la dejación del uniforme— reafirmaron que la vacilación gubernamental para apoyarse en las masas y enfrentar el paro sedicioso de los transportistas a través de las requisiciones que golpearan a los empresarios en sus intereses, facilitó la prolongación de ese movimiento político criminal contra los sectores humildes de población y, especialmente, contra el país.

Los Comandos Comunales, los Cordones Industriales y los trabajadores quedaron desmovilizados frente a la nueva escalada burguesa. Carabineros y Fuerzas Armadas, pese a tener sus máximos jefes en el Gabinete, mantuvieron actitud pasiva en los dos únicos operativos de requisición dispuestos y ordenados por la autoridad civil, el Interventor General y ex Subsecretario de Transportes, Jaime Faivovich.

El paro de los transportistas, iniciado este año el miércoles 25 de julio, igual que en octubre de 1972 puso otra vez en jaque al gobierno. El gobierno optó por la capitulación, antes que por una solución con claro y resuelto sentido de clase, donde los trabajadores tuvieran parte activa.

Los transportes en manos privadas con alto poder económico y con la presencia de "dirigentes" corrompidos, constituyen útil vanguardia de acción de la burguesía para todo intento de paralizar el país y provocar el caos que derrumbe al gobierno popular.

Se podrá tejer muchas argumentaciones de aparente rechazo a "ultimátums" o presiones de los huelguistas. Pero, lo cierto es que éstos lograron evitar el golpe a sus intereses, impidieron que los vehículos paralizados pasaran bajo requisición al área social para servir al país, removieron un funcionario de la exclusiva confianza presidencial y, por último, quebraron por segunda vez en 24 días un Ministerio.

ANTECEDENTES

El 25 de julio los camioneros iniciaron el paro, que venían preparando táctica y estratégicamente con eficaz asesoría y cuantiosa disponibilidad de recursos. Tras ellos, como en octubre dé 1972, se movieron el imperialismo y la reacción nacional, a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Kennecott Corp., Partido Nacional, "Patria y Libertad", los incondicionales de Eduardo Frei y otros sectores golpistas, a cuyo servicio actúan León Vilarín y Juan Jara Cruz, dos venales "dirigentes" del rodado.

La misma noche del 25 de julio el Consejo de Gabinete nombró como Interventor General al Subsecretario de Transportes, Jaime Faivovich, con amplias facultades para requisar vehículos paralizados.

Dos días más tarde, fueron requisados 760 camiones en el predio "El Peñón", junto a la Carretera Panamericana, en Nos, de propiedad del ex Ministro del Trabajo, de Jorge Alessandri y militante del PN, Hugo Gálvez Gajardo. La insuficiencia policial impidió el retiro de los vehículos. Tres días más tarde se logró trasladar 113 camiones al Parque O'Higgins, para su destinación a empresas del área social, en medio de una lluvia de piedras y balas que lanzaban los camioneros dirigidos por los parlamentarios del Partido Nacional, Patricio Mekis y Gustavo Alessandri.

Para el 8 de agosto se había trazado otro operativo de requisición, que a última hora debió ser suspendido por "orden superior". El jueves 9 de agosto asumió el "Gabinete de Seguridad Nacional". El nuevo Ministro de Obras Públicas y Transporte, Comandante en Jefe de la FACH, César Ruiz Danyau, cambió los delegados-interventores civiles por interventores militares, cuando se estaba realzando una requisición de 1.650 vehículos, en El Monte.

PLANES Y FRENOS

Cuando asumió César Ruiz el paro de los camioneros iba a ser enfrentado con el siguiente plan:

 

—Intensificar las requisiciones de vehículos y ubicarlos en las empresas del área social, con prioridad para los camiones estanques de combustible.

—Estudiar la requisición de las empresas distribuidoras de combustible, (COPEC, SHELL y ESSO).

—Se aplicaría la Ley de Seguridad Interior del Estado a los transportistas en huelga.

—Las requisiciones se harían con los Comandos Comunales, Cordones Industriales, que participarían en la custodia y puesta en marcha de los vehículos requisados.

—Se planteaba que la FACH en vez de allanar locales sindicales y empresas del área social protegiera los convoyes y allanara los parques de vehículos, convertidos en„ arsenales.

—Se cancelaría la personalidad jurídica de la Confederación de Dueños de Camiones y Taxis y de la Confederación Nacional del Transporte Terrestre, los dos principales focos del paro.

—Se revocarían los decretos y resoluciones relativos a la asignación de taxis, camiones y chassis de locomoción colectiva, excluyendo de toda opción a los transportistas en paro.

—Se aseguraría trabajo a los choferes de camiones requisados y se les defendería de posibles represalias.

Todas estas medidas, propuestas por el Interventor General, Jaime Faivovich, tendían a quebrar el paro en breve plazo y al afianzamiento de la autoridad civil frente a la agresividad creciente de los transportistas.

Sin embargo, al asumir César Ruiz Danyau este plan quedó frenado. El nuevo ministro optó por la vía del diálogo conciliatorio, para lo cual, comenzó por invitar a su residencia a Juan Jara Cruz y otros instigadores del paro. Esta primera entrevista hogareña continuó con otras en su gabinete de Ministro, que resultaron estériles.

Resulta útil precisar que hasta ese instante los transportistas no planteaban como "exigencia" la salida de Jaime Faivovich de la Subsecretaría de Transportes. Sin embargo, después de las primeras entrevistas de Juan Jara con el ministro Ruiz, el "dirigente" planteó a la prensa que "Faivovich sería removido en 48 horas". De esa manera, el problema se centró en la permanencia o salida del Subsecretario de Transportes, que fue planteada en carácter de ultimátum.

LA CONCILIACIÓN

Nueve días de conversaciones estériles donde los camioneros reafirmaron sus exigencias, llevaron a Ruiz Danyau a la conclusión, según sus declaraciones a la prensa, que debía renunciar. El sábado 18 de agosto, puntualizó: "Me voy porque no pude cumplir con las metas que me había fijado". Agregó: "Quería llevar paz y tranquilidad a los gremios en huelga".

El freno que aplicó a las acciones firmes emprendidas para liquidar el paro, fue del agrado de la derecha. Por eso, para respaldar la remoción de Faivovich —a la cual no se oponía el ministro— la prensa y radio reaccionarias lanzaron la más canallesca campaña publicitaria con todo el odio de la burguesía en contra del Subsecretario de Transportes. Coordinadamente el 2º Juzgado del Crimen, dictó una orden de arresto contra Faivovich, y el Colegio de Abogados notificó a Faivovich de suspensión del ejercicio de su profesión de abogado por tres meses.

Cuando Ruiz Danyau dejó el ministerio, el Partido Nacional declaró que "el problema del paro del transporte no pudo ser solucionado por falta de respaldo del gobierno al ministro del ramo".

El ya conocido Juan Jara Cruz también entregó un comunicado donde "agradece al señor General don César Ruiz Danyau, su preocupación e interés para solucionar las justas peticiones de los transportistas" (?).

Cuando el general Ruiz dejó el ministerio de Obras Públicas y Transportes, el sábado 18 de agosto, se hablan registrado hasta entonces 360 atentados a camiones, microbuses y otros vehículos en servicio, a vías ferroviarias, puentes y un túnel.

El resultado fue: siete muertos, incluyendo al Secretario del MOPARE de La Granja, militante comunista, Oscar Balboa, asesinado a balazos; 35 heridos y cuantiosas pérdidas en daños y 3 mil millones de escudos en perjuicio para la economía del país.

PRONTUARIO

En el cuadro general de la escalada sediciosa, cuyo primer peldaño estaba en el paro camionero, ocupa lugar destacado un personaje a través del cual se movió el gobierno y especialmente Ruiz Danyau, en la conciliación. Se llama Juan Jara Cruz y es el dirigente máximo de los transportistas, desde su cargo de presidente de la Confederación Nacional del Transporte Terrestre. Fue funcionario de la Empresa de Ferrocarriles del Estado hasta el 3 de septiembre de 1972. En esa fecha fue exonerado de la Empresa, cuando ocupaba el cargo de ayudante segundo, en el grado 9 del Escalafón Administrativo. Pero también se había encaramado al puesto de tesorero de la Federación de EE. Ferroviarios, en el cual no resistió a la tentación de estafar a sus propios compañeros de trabajo. "Una Comisión Investigadora y Revisora del Balance de la Tesorería, entre junio y septiembre de 1972, estableció algunas de sus "mañas":

 

—Pagó 33 defunciones falsas con cargo al fondo de solidaridad de los funcionarios. Estos pagos fueron cobrados por cuatro compinches suyos, ajenos a la Empresa, por un total de Eº 1.600 de la época.

—Hizo 23 pagos indebidos, por un monto de E«? 9.200 de la época, con cargo a la Unión de Obreros Ferroviarios.

—Hizo otros 14 pagos de contabilidad doble por un valor de E? 1.600 (del año 1962).

—Se lucró a costa de los trabajadores mediante descuentos indebidos por fondos de solidaridad y cuotas sociales por un total de Eº 43.307 (de 1962).

—Celebró contratos con firmas comerciales y comprometió el crédito de la Federación en su provecho.

Con tales comprobaciones, el director de la Empresa de FF. del Estado, en ese año 1962, Waldo Palma, y el jefe del personal, Fernando Ferreira, cursaron el decreto Nº 3719, expulsando a Juan Jara Cruz del servicio. Se le retuvo todo el desahucio que le correspondía para cubrir, en parte, el monto de la cuantiosa estafa a los empleados y obreros de la Empresa. La Comisión Investigadora fue presidida por Héctor Garrido Carabantes y Edmundo Polanco Elgueta, como secretario.

Una vez expulsado de la empresa ferroviaria, Juan Jara Cruz apareció como propietario de taxis. Posteriormente, durante el gobierno de Eduardo Frei, consolidó posiciones económicas y "gremiales" hasta llegar a la presidencia de la Confederación de Dueños de Taxis, también manejada por León Vilarín, al servicio del Partido Nacional.

Vilarín presidió el año pasado la Confederación del Transporte Terrestre, sin poseer un solo camión. Ahora, situó a Jara como dirigente máximo del rodado y en calidad de mascarón de proa para el intento golpista de este año. Tal como Vilarín es peón del PN, Juan Jara Cruz es arrenquín del freísmo. Así se da la alianza golpista reaccionaria en el frente del rodado.

PROYECCIONES

Al cierre de esta crónica (21-8-73) el "dirigente" Juan Jara informaba que en sus conversaciones con el general y nuevo Ministro Humberto Magliocchetti, se habían solucionado nueve de los 14 puntos del petitorio sedicioso. Destacó que sólo restaban dos aspectos conflictivos: a) la eliminación del MOPARE, organización surgida tras el paro de octubre y que, lógicamente, escapa al control de la maffia camionera; b) la devolución de los camiones requisados mientras fue Interventor General Jaime Faivovich y que se encontraban trabajando al servicio de empresas del área social. Se anunció que el gobierno accedía a entregarles 2.233 camiones y 1.000 taxis nuevos junto con cuotas fijas de repuestos a los transportistas, fortaleciendo esa actividad privada.

Dentro del estilo de capitulación que anima al gobierno, no resulta osado predecir que estas peticiones "gremiales" también podrán ser satisfechas.

Organismos como la Central Unica de Pobladores rechazan la conciliación y piden:

"Requisar y pasar al área social a todos los vehículos, sean estos de transporte o de movilización colectiva particular, y que estos por ningún motivo sean devueltos a quienes están haciendo la antipatria".

Igualmente expresa su "apoyo irrestricto a la actuación revolucionaria del compañero ex Subsecretario de Transportes, Jaime Faivovich"

En ningún caso, los problemas se resuelven definitivamente a través de acuerdos políticos, por la superestructura o en conciliaciones que son sólo momentáneas. Ellas constituyen sólo treguas dentro de la lucha de clases. Es a través de esta lucha que se deben consolidar las soluciones definitivas con verdadero sentido revolucionario.

La experiencia de los 33 meses transcurridos, y la reciente asonada nuevamente impuesta a través del paro camionero, como en octubre de 1972, plantea una interrogación inquietante: ¿Se busca efectivamente construir el socialismo o simplemente se trata de mantener hasta 1976 una cómoda y estabilizada social-democracia que, en lo que resta de este proceso, no llegue a quebrar el Estado burgués?

Héctor Suárez Bastidas


Notas:

1. Citado en "Latin America and Empire Report" publicado por NACLA en noviembre de 1971.

2. Subrayado añadido por David Barkin, "Automobiles and the Chilean Road to Socialism" en Dale L Johnson (ed.) "El Camino Chileno al Socialismo" (Nueva York, Doubleday Anchor, 1973; México. Fondo de Cultura Económica, 1974).

3. Citado en "Chile Hoy", noviembre 24-30. 1972. Pág. 29.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02