El Golpismo empuja a las Fuerzas Armadas a la Represión

DOCUMENTOS
Suplemento de la edición Nº 190 de PUNTO FINAL
Martes 14 de agosto de 1973
Santiago - Chile

EL GOLPISMO EMPUJA A LAS FUERZAS ARMADAS A LA REPRESIÓN

LA abusiva aplicación que hacen oficiales golpistas de la Ley sobre Control de Armas, ha venido empujando a las. Fuerzas Armadas a un rol policial y represivo que ya está cobrando sus primeras victimas entre la clase obrera.

En Punta Arenas, en el extremo austral de Chile, el sábado 4 de agosto, cayó el obrero de la industria Lanera Austral, Manuel González Bustamante, de 27 años. Una ráfaga de ametralladora lo hirió de muerte en el bajo vientre y en una cadera, durante un allanamiento en que actuaron fuerzas combinadas del Ejército, Fuerza Aérea y Marina. La inusitada acción represiva fue comandada por el general Manuel Torres de la Cruz, Comandante de la Quinta División del Ejército, quien dirigió las operaciones desde un avión bimotor de la FACH.

El general Manuel Torres, que se desempeñó como Intendente de la provincia de Magallanes, era considerado en ciertos círculos políticos como un "oficial progresista". Se recuerda que en una oportunidad tuvo un incidente en Santiago, cuando al pasar por una calle céntrica fue provocado por un elemento fascista. Era la época en que la derecha concentraba su presión sobre las FF.AA. lanzando granos de maíz en el patio de la Escuela Militar "Bernardo O'Higgins", enviando por correo plumas blancas a los oficiales o cacareando —en brutal imitación de las gallinas— en las reuniones sociales a las que concurrían uniformados.

DE LA OFENSA AL HALAGO

Actualmente la derecha aplaude a rabiar cada uno de los allanamientos que las Fuerzas Armadas practican en industrias o poblaciones obreras en búsqueda de armas que regularmente jamás encuentran. Desde que las FF.AA. tomaron en sus manos la aplicación de la Ley sobre Control de Armas, actuando como un verdadero cuerpo represivo en contra de la clase obrera, se terminaron las ofensivas alusiones a las gallinas que la derecha venía haciendo respecto a la oficialidad. Pero si bien estas acciones represivas les ha hecho ganar méritos a los ojos de la burguesía, los oficiales responsables de los abusos cometidos en fábricas y poblaciones están enajenando el apoyo y amistad que las FF.AA. deben tener en la masa trabajadora.

Los trabajadores de Magallanes, por ejemplo, tuvieron que llamar a un paro en esa provincia para protestar contra los abusos cometidos en el allanamiento y que costaron la vida a un obrero y dejaron herido a bayonetazos a otro. En Santiago, entretanto, los trabajadores del Cordón Cerrillos convocaron el lunes 6 de agosto a un mitin de protesta en la plaza de Maipú por el brutal allanamiento de la industria Cobre Cerrillos. Los partidos populares y la CUT, a su vez, tuvieron que emitir duras declaraciones enjuiciando el comportamiento provocador de los sectores de las FF. AA. embarcados en los allanamientos.

La Ley sobre Control de Armas —que fue ideada por la Democracia Cristiana y calurosamente apoyada por el partido Nacional—, se ha convertido, efectivamente, en una nueva "Ley Maldita". Incluso los sectores más cautelosos de la izquierda, que en su oportunidad libraron insignificante resistencia a la dicta-ción de esa ley, han caído en cuenta de la gravedad que entraña y se han pronunciado, cuando menos, por su modificación. Los sectores más avanzados exigen lisa y llanamente su derogación.

INSTRUMENTO GOLPISTA

El hecho es que la Ley sobre Control de Armas —cuya paternidad reclama el senador democristiano Juan de Dios Carmona, el mismo que siendo ministro de Defensa Nacional en 1966 provocó la masacre de El Salvador—, cayó de perillas en las manos del golpismo. Se ha convertido para los golpistas —que actúan dentro y fuera de las FF.AA.— en un arma poderosa para tratar de intimidar a la clase obrera y para asegurarse que los trabajadores no posean elementos que les permitan repeler un golpe de Estado.

El domingo 22 de julio, el diario "El Mercurio" dedicó su comentario político a las "condiciones para el diálogo", a raíz del llamado que formulara el Cardenal Raúl Silva Henríquez. El vocero de la reacción y del imperialismo, subrayó que el "desarme de las manos" (frase del Cardenal Silva) significaba concretamente la aplicación por los Altos Mandos de las FF.AA. de la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas. "En la medida en que los institutos de la Defensa —escribió "El Mercurio"— tengan buen éxito en su labor y sorprendan los arsenales ilícitos y las armas vedadas, se alejará el peligro del choque sangriento entre chilenos. En la medida en que nuestros soldados puedan contrarrestar la artera preparación a la violencia que realizan en el país asilados extranjeros, habrá más posibilidades de diálogo entre los connacionales.

"DESARMAR" AL PODER POPULAR

Aparte de este estimulo a la conversión de las FF.AA. en un cuerpo policial represivo, "El Mercurio" marcó la dirección que debía seguirse en los allanamientos.

Para el vocero publicitario de los reaccionarios, el verdadero enemigo es el Poder Popular, o sea los Comandos Comunales, Cordones Industriales, Consejos Comunales Campesinos, etc., que con especial vigor se han venido desarrollando desde el paro patronal de octubre del año pasado y que mostraron disciplinada y rápida capacidad de respuesta antigolpista el 29 de junio, cuando el fracasado intento del teniente coronel Roberto Souper y sus tanques.

"El Mercurio", en el comentario ya señalado, indicó claramente la orientación que seguirían los altos mandos de la Defensa. Agitó frente a sus ojos al Poder Popular como el principal enemigo a ser "desarmado". Textualmente el periódico derechista dijo: "Ese "Poder Popular" armado está organizándose, cuenta con arsenales, dispone de técnicos, se vale de instrucción y literatura para distintos niveles de preparación, emplea los recursos del Estado y las empresas del área social o intervenidas, sigue modelos extranjeros probados en el terreno; en fin, es una organización facciosa con capacidad para llegar a un enfrentamiento y decidirlo a su favor si lucha con una ciudadanía democrática desarmada. De ahí que el esfuerzo por reducir el potencial ofensivo de ese "Poder Popular" sea un requisito mínimo para evitar un enfrentamiento grave y extenso".

La orientación señalada por "El Mercurio" es la que ha seguido el alto mando de las FF.AA. La Ley sobre Control de Armas se ha enarbolado como un garrote contra el Poder Popular y, hasta el cierre de este número de PF, la acción más elocuente de esta odiosa y reaccionaria orientación se había producido en Punta Arenas, justamente en una empresa del área social.

EL ALLANAMIENTO DE LANERA AUSTRAL

Luego de una denuncia que, como todas las anteriores, fue anónima y por lo tanto quedó protegida por la más absoluta impunidad, fuerzas combinadas de Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Punta Arenas, realizaron el 4 de agosto, un allanamiento a todo el sector norte de la ciudad, donde está ubicada la más alta concentración obrera.

En ese sector se encuentran las industrias Gildemeister, el frigorífico-matadero de SOCOAGRO, la Empresa Magallánica de Construcciones (EMCOR), el picadero de cuero de la Corporación de Magallanes, una fábrica de ladrillos, los talleres de reparación y mantenimiento de maquinaria avícola, y la industria Lanera Austral.

La operación militar se efectuó con un despliegue sorprendente de fuerzas. Se utilizaron diversos vehículos blindados, entre ellos doce tanques, cañones de diversos calibres y ametralladoras montadas sobre jeeps. Desde un avión bimotor que sobrevolaba la zona afectada por el operativo militar, dirigía las acciones el general Manuel Torres de la Cruz, Comandante de la V División del Ejército. La violencia aplicada sobre los centros fabriles del Cordón puntarenense, alcanzó su máxima intensidad en la industria Lanera Austral, una empresa que fue pasada al área social de propiedad.

Lanera Austral pertenecía al consorcio textilero del clan Sumar y a su frente estaba César Sumar Pacha, quien gozó de significativa influencia en el pasado gobierno. César Sumar empleaba como asesor al contador Arturo Frei Montalva, hermano del ex presidente de la República. Las gestiones administrativas que en esa época llevó a efecto Lanera Austral —que incluso operaba en el rubro de la aviación comercial— encontraron siempre fácil solución en las oficinas públicas.

El sábado 4 de agosto, cuando se produjo el allanamiento, terminaba de trabajar el tercer turno de operarios en Lanera Austral. Efectivos de la Fuerza Aérea, con fusiles ametralladoras y bayoneta calada, irrumpieron en la industria, golpeando y empujando a los trabajadores. Un obrero que en ese momento salía del baño, Manuel González Bustamante, fue tiroteado y cayó mortalmente herido. La ráfaga le había destruido el bajo vientre y una cadera. Murió el domingo 5 en el hospital de las FF.AA.

Otro obrero, Guillermo Calixto, fue sorprendido en su trabajo en las calderas de la industria, situadas en el subterráneo. Los efectivos de la FACH lo insultaron (como hicieron con todos los demás trabajadores): "Así que estai escondido, concha de tu madre" y lo hirieron con una bayoneta.

Entretanto, en la puerta principal de la industria, oficiales de la FACH impedían entrar al recinto industrial al Intendente civil de la provincia y al interventor de la fábrica.

Los trabajadores de Lanera Austral fueron sometidos a un increíble trato. Un chofer fue obligado a golpes a caminar de rodillas sobre la nieve, mientras otros operarios —entre ellos dos mujeres— eran obligados a permanecer tendidos varias horas en la nieve.

La violencia utilizada por la FACH en el allanamiento produjo subidos daños materiales. Los armarios donde los trabajadores guardan sus ropas mientras laboran, fueron descerrajados, aunque se les ofrecieron las llaves de los respectivos candados. Las oficinas administrativas, que estaban cerradas a esa hora, fueron abiertas a culatazos. Las puertas fueron arrancadas y la documentación y útiles de trabajo quedaron desparramados por el suelo. La maquinaria para el mantenimiento eléctrico y mecánico de Lanera Austral también sufrió daños por la acción increíblemente atrabiliaria de los uniformados. Algunas delicadas maquinarias de la sección acrílicos, cuyos 'operarios fueron llevados fuera de la sala a punta de bayonetas, sufrieron daños muy graves. Los cálculos iniciales sobre la magnitud de los destrozos arrojó una suma no inferior a los 15 millones de escudos y se indicó que la normalización de la industria duraría a lo menos quince días. Algunos repuestos importados, en cambio, no podrán ser reemplazados antes de seis u ocho meses.

Aparte de la incautación de una o dos armas cortas, utilizadas por los guardianes de Lanera Austral, el allanamiento no arrojó ningún resultado positivo en lo que se refiere al hallazgo de armas o explosivos. Sin embargo, a los obreros de la industria se les dio un trato vejatorio, del que no escaparon ni siquiera las mujeres que trabajan como operarlas en esa industria textil. Esto ocasionó la justa reacción solidaria de la clase obrera de Magallanes, que el martes 7 de agosto realizó un paro provincial protestando contra la inusitada acción policial cumplida por las FF.AA: bajo el mando del general Manuel Torres de la Cruz.

EL ALLANAMIENTO DE COBRE CERRILLOS

Algo parecido había ocurrido dos días antes en Santiago, durante el allanamiento de la industria Cobre Cerrillos. En este caso también fue personal de la Fuerza Aérea el que, utilizando como manto legal la Ley sobre Control de Armas, irrumpió en la industria con gran despliegue de armas largas mientras un helicóptero sobrevolaba la fábrica.

En Cobre Cerrillos, los obreros fueron francamente provocados. Un oficial no identificado, por ejemplo, mientras daba empujones y profería insultos, gritaba: "Si quieren que la guerra civil empiece ahora mismo, hagan algo maricones..." En ese y en otros oficiales, los obreros vieron claramente reflejado un odio de clase que no deja lugar a dudas de la ideología que alientan ciertos mandos de las FF.AA.

La industria Cobre Cerrillos pertenece al Cordón Cerrillos que integran numerosas fábricas y talleres de esa zona suburbana de Santiago. Horas antes de producirse el allanamiento en busca de armas y explosivos que, naturalmente no existían, los dirigentes del Cordón habían designado a Cobre Cerrillos como la base para articular el trabajo de requisición de vehículos que tomó en sus manos la clase trabajadora con motivo del paro de los dueños de camiones. Si la FACH recibió alguna denuncia sobre la presunta existencia de armas en Cobre Cerrillos, seguramente se originó en alguno de los poderosos dueños de camiones contra los cuales se preparaban a actuar los obreros, poniendo en marcha los vehículos paralizados. El allanamiento a Cobre Cerrillos, celebrado con alborozo por los diarios, radios y canales de TV reaccionarios, causó conmoción en la clase obrera de Santiago, que 48 horas más tarde se vería conmocionada por el allanamiento de Lanera Austral en Punta Arenas, donde perdió la vida el obrero textil Manuel González Bustamante, de 27 años.

OTRA VÍCTIMA DE LOS REACCIONARIOS

El mismo día 5 de agosto, mientras en Punta Arenas moría el obrero ametrallado por efectivos de la FACH, en el Hospital Regional de Temuco fallecía el obrero ferroviario Róbinson Gutiérrez, de 50 años, casado, otra víctima de los fascistas que, en realidad, tienen armas y explosivos y que gozan de toda clase de protección y prerrogativas.

Róbinson Gutiérrez, fue hallado gravemente herido e inconsciente al anochecer del viernes 3, junto al puente Chada, entre Pitrufquén y Gorbea. Ese puente había sido dinamitado días antes por elementos fascistas que secundaban con actos terroristas el paro de los dueños de camiones. Una vez que el puente Chada fue reparado, los obreros ferroviarios crearon un comité de vigilancia y la empresa de FF.CC. del Estado designó a un funcionario, en este caso Róbinson Gutiérrez, para que montara guardia permanente y diera vía libre a los trenes que debían pasar por ese lugar. Róbinson Gutiérrez estaba allí —por Ib tanto— para proteger las vidas de los pasajeros. Sin embargo, su noble tarea fue tronchada por un comando asesino que lo sorprendió golpeándolo hasta inferirle lesiones que le causaron la muerte. Esa misma noche el comité de vigilancia creado por los obreros ferroviarios fue atacado a tiros sin que se produjeran heridos, mientras la casa de un funcionario del gobierno era atacada con una carga de dinamita.

El asesino del obrero ferroviario Róbinson Gutiérrez, conmovió a la provincia de Cautín, donde se declaró duelo oficial el día del funeral, izándose la bandera a media asta en los edificios públicos y en las poblaciones obreras.

Es difícil comprender cómo las FF.AA. están siendo utilizadas contra la clase obrera bajo el pretexto de despojarla de armas que no posee, en los mismos momentos en que la derecha fascista arrecia a sus atentados criminales. En una exposición pública del ministro del Interior, por ejemplo, se reseñaron más de cien atentados dinamiteros y de otra índole, cometidos en sólo dos días, por comandos de acción ligados al paro de los camioneros. La ley sobre Control de Armas, en cambio, está siendo manipulada de manera de servir únicamente para arremeter contra las organizaciones obreras.

FOLLETO FASCISTA EN LAS FF.AA.

La derecha reaccionaria, entretanto, maniobra con las manos libres.

Sus activistas, por ejemplo, han estado distribuyendo un folleto impreso titulado "Golpe de estado comunista con apoyo de las FF.AA." que firma Juraj Domic K. colaborador habitual en "El Mercurio" sobre temas anticomunistas. El folleto advierte que se trata de la separata del Nº 36 de la revista "Portada" (enero-febrero de 1973). Esa revista es una publicación de extrema derecha.

El folleto contiene un relato amañado de los sucesos ocurridos en Indonesia a partir del 30 de septiembre de 1965. Pretende demostrar que el partido Comunista indonesio cometió "atrocidades" contra la oficialidad. Escrito a raíz del gabinete UP-generales de noviembre del año pasado, el folleto de Juraj Domic traza una imagen distorsionada de la historia indonesa, donde más de medio millón de personas fueron masacradas por las tropas fascistas del general Suharto. Como se sabe, bajo el pretexto de que seis generales habrían sido muertos (y en algunos casos mutilados) por las tropas del teniente coronel Untung, comandante de la guardia presidencial de Sukarno, los fascistas indonesios desataron un baño de sangre cuyo recuerdo todavía horroriza a la humanidad El folleto que militantes del partido Nacional han estado distribuyendo a oficiales y suboficiales de las FF.AA., pretende exacerbar la animosidad de algunos uniformados contra el pueblo trabajador, lanzándolos contra todos aquellos que honesta y lealmente luchan por el socialismo.

Lo ocurrido en Indonesia sirve, además, para que los fascistas envíen a dirigentes políticos, sindicales y a periodistas de izquierda tarjetas numeradas con la siniestra inscripción "Djakarta". La misma inscripción es pintarrajeada en los muros de Santiago y otras ciudades, pronosticando la masacre que desataría el fascismo si alcanza sus objetivos.

La distribución de folletos como el de Juraj Domic, como es lógico, no merece ningún reproche a los políticos y voceros publicitarios de la derecha que, en cambio, ponen el grito en el cielo porque el MIR y otros partidos de izquierda, dirigen propaganda pública hacia las FF.AA. llamándolas a "no morir por los patrones" y a luchar junto al pueblo por una sociedad justa y libre.

QUIEREN EMPUJAR A LAS FF.AA. AL CAMINO DE URUGUAY

La Ley 17.798, que está llevando a las FF.AA. a asumir un papel represivo antipopular,

fue concebida por el sector freísta del partido Demócrata Cristiano, al parecer en relación con los sectores más conservadores de las propias FF.AA. Al menos como vocero político usual de esos sectores actúa el senador Juan de Dios Carmona Peralta, ex ministro de Defensa Nacional, a cuya responsabilidad se atribuyen las desatinadas órdenes que én 1966 dieron como resultado la masacre de obreros y mujeres del mineral de cobre El Salvador.

El senador Carmona es identificado, asimismo, como activo impulsor de grupos de choque democristianos y se le considera ligado a la organización fascista PROTECO (Protección a la Comunidad), que actúa de preferencia en el barrio alto de Santiago. Fue ese senador el que patrocinó e impulsó la ley sobre control de grupos armados. La prensa derechista, a su turno, estructuró toda una campaña de presión sobre el gobierno para impedir que el proyecto fuera sustancialmente modificado. Se llegó, en términos publicitarios, a identificar el proyecto del senador Carmona con los deseos en esa materia del alto mando de las FF.AA. La actitud de la izquierda en el Congreso Nacional fue vacilante y contemporizadora, intentando acceder, cuando menos, a una parte significativa de lo que planteaba el proyecto de Carmona. Finalmente, el proyecto fue aprobado en el Parlamento. Después de muchas consultas, idas y venidas, el gobierno decidió vetarlo pero ocurrió algo que nadie hasta ahora ha podido explicar coherentemente. Para enviar el veto al Congreso se esperó hasta el último minuto y cuando así se hizo, el oficio del gobierno contenía una serie de errores que lo invalidaron. De esta manera, la nueva ley salió del Congreso casi tal como la había presentado el senador Carmona y así fue promulgada por el presidente de la República.

Las advertencias de que se convertiría en una nueva "Ley Maldita" no conmovieron al conjunto de los partidos de la Unidad Popular que creyeron ver en esa afirmación una protesta interesada de la "ultra izquierda". Los hechos han venido a demostrar, sin embargo, que al calificarla como "Ley Maldita" (en recuerdo de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia que sirvió para ilegalizar al PC y reprimir al conjunto del movimiento obrero), el MIR tenía amplia razón.

Tácitamente aquello ha sido reconocido por sectores comunistas, como el presidente de la CUT, Luis Figueroa, quien después del brutal allanamiento de la CUT Provincial de Osorno pidió la reforma de la ley 17.798 y la calificó también de "Ley Maldita".

Las denuncias (cuyos autores se mantienen en estricto secreto), ponen en marcha la Ley sobre Control de Armas. Las FF.AA. pueden intervenir directamente o transferir a la policía esa acción en búsqueda de armas y explosivos. Hasta ahora han preferido actuar directamente y así ellas mismas han caído en una trampa obvia de aquella ley. En efecto, la ley 17.798 tiene como propósito evidente convertir a las FF.AA. en un cuerpo policial que tome a su cargo tareas represivas, asignadas normalmente a Carabineros.

En este sentido, se trata de una maniobra derechista ya puesta en práctica en otros países de "sólida tradición" democrático-burguesa, como Uruguay. En 1968 y 1969 fueron las fuerzas armadas uruguayas —como recuerda un reciente manifiesto del MLN-Tupamaros— las que encarcelaron a miles de trabajadores y apalearon obreros, confinando trabajadores a la Isla de Flores y a los cuarteles militares. En 1969 morían los primeros trabajadores bancarios en los cuarteles militares uruguayos. El recorrido siguiente es bien conocido. Las fuerzas armadas, junto con la oligarquía y el imperialismo norteamericano, se han convertido en los principales enemigos del pueblo uruguayo, con el agravante de que en Uruguay las fuerzas armadas aparecen en una abierta subordinación a los "gorilas" brasileños. Pero lo significativo es que el rol represivo que asumieron las FF.AA. uruguayas degeneró en una franca dictadura militar que gobierna desde junio pasado con un presidente títere.

En el caso chileno, la Ley sobre Control de Armas puede arrastrar a las FF.AA. a una situación tan abominable como la que viven sus congéneres uruguayas, identificadas con la represión, los allanamientos brutales, la tortura, las aprehensiones abusivas, los interrogatorios atrabiliarios y la muerte de trabajadores. Es un deber oponerse a que esto ocurra en Chile. Los reaccionarios que hacen infundadas denuncias contra la clase obrera, acusándola de poseer armas o explosivos, y los oficiales que extreman su celo represivo hasta el punto de dejar ver la hilacha golpista, están arrastrando al despeñadero a las FF.AA. Intentan cavar un abismo entre el pueblo trabajador y las FF.AA. para impedir que los oficiales honestos y los suboficiales, clases y soldados que comparten los anhelos revolucionarios de las masas, tomen el activo papel a que tienen derecho junto a la clase obrera, los campesinos y los trabajadores en general. Creen que embarcando a las FF.AA en la represión, bajo el pretexto de aplicar una ley, podrán impedir que trabajadores y soldados se encuentren luchando del mismo lado. Ante esa maniobra de los reaccionarios y golpistas, debe responderse con energía y haciendo claridad a las FF.AA. en el sentido de que se les pretende usar para una sucia maniobra: para reprimir al pueblo por cuenta de los intereses de una minoría privilegiada que mira desde lejos cómo los abusivos allanamientos van engendrando un cuadro amenazante para los intereses del pueblo, tanto del que viste de civil como del trabajador de uniforme.

REACCIONES DE LA IZQUIERDA

El inconcebible allanamiento de Lanera Austral suscitó, como es lógico, la reacción de los partidos populares.

El Socialista manifestó "su condena por los allanamientos indiscriminados que se están practicando en empresas y fábricas del país, y repudia la violencia utilizada en despliegues de fuerzas que constituyen verdaderos operativos de guerra". El PS llama al obrero Manuel González Bustamante un "nuevo mártir de la clase obrera, caído en defensa de un gobierno legítimo y popular, como consecuencia de una actuación indebida, sospechosa y desorbitada de determinados elementos de las FF.AA.". La Brigada Parlamentarla Socialista, en una declaración aún más categórica, termina pidiendo "una modificación sustancial" de la Ley sobre Control de Armas "llamada por el pueblo Ley Maldita, y que ha descargado todo su peso exclusivamente sobre las espaldas de los sufridos trabajadores de esta patria".

Por su parte, el MIR denunció que "altos oficiales reaccionarios han persistido en dirigir la aplicación de la Ley de Control de Armas en contra del movimiento obrero y la izquierda", señalando que "los abusos y excesos de algunos oficiales de las FF.AA. en contra de la clase obrera y el pueblo no son otra cosa que brotes de lo que el pueblo de Chile y el mundo conocen como "gorilaje" y no pueden, la izquierda, el gobierno y los trabajadores, cruzarse de brazos ni evadir sus respectivas responsabilidades".

El MIR, junto con señalar que la responsabilidad no es del conjunto de las FF.AA., sino de los "oficiales golpistas y gorilas", hace concretas denuncias. Señala que el general Manuel Torres de la Cruz, rompiendo todas las normas de la propia Ley sobre Control de Armas, "permite que las esposas de los oficiales hagan instrucción de tiro" en Punta Arenas. Agrega que el jefe de la Inteligencia Naval en Talcahuano, capitán de fragata Rene Gajardo Alarcón, se reúne con los fascistas de "Patria y Libertad" periódicamente. También acusa que el coronel Cristian Aecknecht se reúne con el diputado del PN, Patricio Mekis, y con dirigentes de "Patria y Libertad", para hablar de futuras acciones terroristas en Rancagua. Asimismo, que el coronel Luciano Díaz Medina, jefe del Estado Mayor del Cuartel General de la III División del Ejército en Concepción, por instrucciones del general Washington Carrasco, se reúne en las oficinas militares con dirigentes de "Patria y Libertad". También se refiere al capitán Germán Esquivel, de Carabineros, que montó la provocación tratando de implicar a militantes del FTR, PS y MIR en el asesinato del Comandante Arturo Araya. También denuncia las actitudes del general de la FACH, Nicanor Díaz Estrada, "que trata de esconder la clara y ya demostrada filiación de derecha de los asesinos del Comandante Araya".

La respuesta del Comandante en Jefe del Ejército fue anunciar querellas (Ley de Seguridad Interior del Estado) contra el MIR y el jefe de los diputados socialistas Mario Palestro, aunque admitió que se harían "las investigaciones internas de rigor". La FACH, por su parte, anunció querella contra una radio de Punta Arenas y le echó la culpa a "personas de la industria Lanera Austral" de los destrozos que ocasionó el allanamiento. En cuanto al obrero Manuel González, éste fue baleado —según la FACH— "al no obedecer la orden de detención".


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02