Tiene la palabra el Camarada Mauser

Punto Final Nº 190
Martes 14 de Agosto de 1973

TIENE LA PALABRA EL CAMARADA MAUSER
Oficiales arremeten contra la clase obrera

Editorial

LA LEY MALDITA

LA clase trabajadora chilena está sufriendo una insólita embestida de tipo represivo, lo que obviamente —dado el cuadro político interno— persigue debilitarla para enseguida rematarla mediante un golpe de Estado y la instauración de una dictadura fascista.

En un "estado de derecho" —como gusta decir la burguesía chilena— esas maniobras de represión y amedrentamiento, lógicamente, se realizan esgrimiendo una ley. En este caso se trata de la Ley sobre Control de Armas, dictada por el Congreso a proposición de la Democracia Cristiana. En los hechos —después del allanamiento de la CUT de Osorno, el hospital Van Buren, las industrias Cobre Cerrillos y Lanera Austral, etc., etc.—, se ha demostrado que se trataba de una nueva Ley Maldita. Su objetivo preciso es golpear a los revolucionarios y al conjunto de la clase trabajadora, convirtiendo a las FF.AA. en un cuerpo policial que asume un papel activo en la represión de las fuerzas sociales que luchan por una nueva sociedad.

Orientado por la burguesía —que ha mostrado el naciente Poder Popular de los Comandos Comunales, Cordones Industriales y Consejos Campesinos, como el principal enemigo de sus intereses—, el accionar represivo ha cobrado ya sus primeras víctimas, sometiendo además a centenares de obreros a insoportables vejámenes y atropellos durante allanamientos que se originan en anónimas denuncias del sector patronal.

La derogación de esta Ley Maldita se plantea hoy como una necesidad imperiosa. Las masas trabajadoras deben presionar para lograrlo pero en la correcta dirección de fortalecer el Poder Popular, único medio de imponer criterios al poder de la burguesía que se hace fuerte en el Parlamento, los Tribunales y la Contraloría.

Los abusos policiales en que están cayendo las FF.AA., que .son estimulados por los golpistas que se mueven dentro y fuera de ellas, deben ser denunciados sin vacilaciones, justamente para impedir que sean arrastradas a un camino que las conduce a la tiranía.

Las agresiones en contra del pueblo, asimismo, deben ser rechazadas por los sectores que en el seno de las FF.AA. advierten que se les quiere utilizar para un sucio juego destinado a proteger los intereses de una minoría sedienta de venganza.

PF


Política

CAMBIO DE GUARDIA EN EL GOBIERNO

EL jueves 2 de agosto el Presidente Allende escribió al presidente del partido Demócrata Cristiano, senador Patricio Aylwin: "Llevar a cabo un nuevo gabinete, apenas un mes después que asumiera el actual, no aportaría ninguna solución a lo que el país exige... Mi gobierno ha sido el único que ha dado pruebas fehacientes y prácticas, en múltiples oportunidades y circunstancias, de su voluntad de incorporar a las FF.AA. como instituciones a las grandes tareas nacionales... Pero es la robustez de las instituciones políticas donde reposa la fortaleza de nuestro régimen institucional. Y es obligación de los partidos políticos democráticos esforzarse en evitar el desmoronamiento de las instituciones cívicas incapacitándolas para atender las necesidades del país".

Sin embargo, el jueves 9 de agosto, al tomar juramento a su nuevo Gabinete en el que participan los comandantes en Jefe del Ejército, la Fuerzas Aérea, la Armada y el Director del Cuerpo de Carabineros, el Presidente Allende destacó la significación de este Gabinete al que definió como de "seguridad nacional" y de "última posibilidad" ante la crisis.

Esa misma tarde, en un mitin en la Avda. Bulnes, el Secretario General de la CUT, Rolando Calderón, tuvo que hacer esfuerzos para dominar las muestras visibles de desagrado de la masa ante la composición del Gabinete que había jurado ese día. Señaló que la clase obrera apoyará al gobierno en la medida que permita desarrollarse al Poder Popular. "Este Gabinete, dijo, tendrá respaldo en la medida que respete a la clase obrera". Por primera vez, desde 1970, se pone en duda si el gobierno que encabeza Allende respetará o no las conquistas y prerrogativas de la clase trabajadora".

La duda, lógicamente, proviene de la presencia en el Gabinete de los Comandantes en Jefe del Ejército (Defensa Nacional), Fuerza Aérea (Obras Públicas y Transportes), Armada Nacional (Hacienda) y Director de Carabineros (Tierras y Colonización). Las masas comprenden que esa presencia reviste caracteres muy distintos a los que tuvo la presencia militar en el Gabinete en octubre del año pasado.

Esta vez se trata de lo que Aylwin definió en su carta a Allende como la "participación institucional de las FF.AA. con poderes suficientes, en mandos superiores y medios".

Tanto en 1972 como ahora, el ingreso de las FF.AA. al Gabinete fue patrocinado por los organismos empresariales y por su portaestandarte político: el PDC. El miércoles 25 de octubre del año pasado, en pleno paro patronal, el senador freísta Rafael Moreno dijo en "El Mercurio" que la ciudadanía quería a las FF.AA. como "árbitros" y "garantes" de las elecciones parlamentarias de marzo. Recogía así planteamientos similares de los gremios patronales. Esta vez —48 horas antes que se iniciara el diálogo Allende-Aylwin—. La Cámara Chilena de la Construcción publicó en "El Mercurio" un aviso exigiendo un Gabinete con participación militar decisiva. Inicialmente el PDC no había incluido ese planteamiento en los puntos que llevaría a discusión en La Moneda. Pero Aylwin se apresuró a recoger la sugerencia patronal y el Gabinete militar surgió como la condición sine qua non para un entendimiento a nivel parlamentario entre el Gobierno y el partido "democrático" de oposición.

La negativa inicial del Presidente de la República a "mezclar" a las FF.AA. en la "política contingente", se desmoronó rápidamente. Como marco general de esta decisión tenía lugar una huelga de los dueños de camiones que duraba ya 15 días al momento de jurar el Gabinete (ver págs. 30, 31 y 32), afectando seriamente el abastecimiento en las ciudades. El paro camionero —tal como en octubre— se convirtió en una poderosa arma de presión para despejar el ingreso "institucional" de las FF.AA. al Gabinete. Resulta interesante verificar que hasta el momento de producirse el cambio de Gabinete, tanto Carabineros como las FF.AA. habían encontrado toda clase de dificultades para llevar a la práctica requisiciones masivas de camiones, concentrados en siete puntos estratégicos cerca de Santiago.

El Presidente de la CUT, Luis Figueroa, comunista, no tuvo las reticencias de Calderón en el mitin del jueves 9 en Avda. Bulnes. El ex ministro del Trabajo aseguró que el nuevo Gabinete "fortalece" al gobierno de la Unidad Popular y que llevará a la práctica el programa de septiembre de 1970. Un ostensible escepticismo de la masa que escuchó sus palabras, puso fría rúbrica a esta pueril afirmación. El Presidente de la CUT tuvo que apelar a todos sus recursos de orador para poner de relieve los difíciles momentos porque atraviesa la clase obrera, pidiendo mantener serenidad y salvar la unidad de clase.

Por su parte, hablando en el juramento, el Presidente Allende aseguró que el Gabinete militar no será de "retroceso" sino de "ordenación" El mandatario dijo que el Gabinete luchará contra la "subversión" e impondrá el “orden político”. Sin embargo, sus palabras se prestaron para diversas interpretaciones porque Allende puso a un mismo nivel de amenaza a su Gobierno, el fascismo y a lo que definió como "ultra-izquierda". Para el Presidente Allende un caso típico de "alianza tácita" entre ambos extremos, sería el apresamiento de 23 marineros de "ultraizquierda" del crucero "Almirante Latorre" y del destructor "Blanco Encalada", un hecho que ha venido a demostrar con absoluta claridad que el nivel de la lucha de clases en el país ha alcanzado también como es lógico a instituciones de severa disciplina, como la Armada Nacional. Allende dijo que el gobierno rechazará toda tentativa de "infiltración suversiva" en las FF.AA. y Carabineros, preservando la verticalidad del mando e impidiendo la creación de un "ejército paralelo", argumentó este último que emplea la derecha para atacar los verdaderos fines del Poder Popular. Aylwin en su carta exigió que no existan "otros grupos armados paralelos" a las FF.AA. En su discurso de instalación del nuevo Gabinete, cuyo eje se desplazó objetivamente de la Unidad Popular a las FF.AA. y Carabineros, Allende asomó algunos de los temas pendientes en el "diálogo" con el PDC, tal como la delimitación de las áreas de propiedad y la probable ley de delito económico para reprimir el mercado negro de enorme magnitud que se ha desatado en el país.

Superado el problema más álgido —o sea la designación de un Gabinete militar—, es posible que el diálogo gobierno-PDC siga adelante.

Pero es legítimo dudar que el copamiento del gobierno de la UP termine en esta fase. El propio Aylwin fue jesuítico el miércoles 8, al anunciarse las características que tendría el Gabinete. Dijo el influyente político que sólo "aparentemente" significaba una rectificación pero que no satisfacía "los requerimientos de real participación de las FF.AA. en todos los niveles y con el poder suficiente. ..".

Las palabras de Aylwin, que sin duda recogen el pensamiento de los organismos empresariales, tienen un significado obvio. Siempre —hasta que se produzca la capitulación total o el desplome del gobierno—, cada paso atrás de Allende aparecerá insuficiente.

Desde octubre del año pasado, el PDC (y naturalmente con mucha mayor virulencia el partido Nacional y grupos extremos como "Patria y Libertad"), vienen presionando por la capitulación total del gobierno. Lo somete a la interdicción de las FF.AA. —como en 1970 lo sometió al Estatuto de "Garantías Democráticas"—, pero no queda conforme. Pide más. Y esa constante presión —si no encuentra resistencia en las organizaciones de masas—, llevará a un resultado previsible: la caída del gobierno, ya sea por un golpe o por su desmoronamiento casi natural.

Es de importancia destacar que un partido político como el Demócrata Cristiano ha sido el encargado en 1972 y ahora de abrir paso a la subordinación de la autoridad civil a la militar. Esta observación tiene significado ya que se trata de un partido formalmente apegado a las normas democrático-burguesas y que, además, estuvo en el gobierno entre 1964 y 1970. Durante su período, el PDC tuvo que hacer frente a una difícil situación que estalló a fines de 1969 en el Regimiento de Artillería "Tacna". El "tacnazo" se originó en múltiples errores cometidos por el PDC en el manejo de problemas de la defensa nacional. Pero fueron la CUT y partidos de izquierda, como el PC, los que salieron de inmediato en defensa del poder civil. En el papel de opositor, sin embargo, el PDC no ha hecho otra cosa que debilitar la autoridad del gobierno y fortalecer el poder castrense. Es posible que algunos de sus dirigentes y militantes, sinceramente democráticos, tengan que lamentar en el futuro la inconsecuencia de sus actos. Muy pocas dudas caben, además, que si el PDC ha tomado en sus manos la representación del "partido militar", propugnando su participación "en todos los niveles y con el poder suficiente", es porque su vinculación con los Altos Mandos son muy estrechas. En ningún momento —que se sepa— los Comandantes en Jefe rechazaron la utilización que de ellos hizo el PDC para imponer públicamente un Gabinete militar. Tampoco rechazaron por excesivo, que se pidiera para ellos participación "en todos los niveles". Por ahora —limitados a los hechos ocurridos hasta la tarde del jueves pasado—, se puede concluir que el Gabinete militar en el que también participa la Unidad Popular, se dedicará a poner "orden" predominando en su accionar el estilo de los Comandantes en Jefe. Con la experiencia a la vista de lo ocurrido en la aplicación de la Ley sobre Control de Armas, resulta realista advertir a la clase obrera que se aproximan días muy duros. Además, atendiendo a la "insatisfacción" del PDC, se puede pronosticar una extensión y profundización del poder militar. ¿Hasta qué punto? Difícil preveerlo hoy.

Manuel Cabieses Donoso


Lucha Popular

"AHORA PASAMOS HAMBRE IGUAL"

EN Barrancas hay una población aproximada de setecientos mil habitantes. Como en otras comunas populares, existe un déficit de viviendas y de medios de transporte, de obras de infraestructura... y de alimentos. En el Campamento "Playa Girón", PF conversó con la pobladora Isabel Hernández, de 27 años, casada, madre de cuatro niños.

¿Cuáles son las actividades diarias de las mujeres del campamento? ¿Cómo distribuye usted su tiempo?

—"Bueno, uno se lo pasa todo el día consiguiéndose cosas para darle algo de comer a los niños. En mi caso, tengo que levantarme a las seis de la mañana, o antes, para ir a comprar el pan. Y allí estoy en la cola, como dos horas, dos horas y media, y a veces alcanzo y otras veces no. Con lo que sea regreso a la casa para dar desayuno corriendo y poder volver a la parafina, porque en los almacenes —que están todos fuera del campamento— le dan preferencia a los que están inscritos y a los que somos del campamento no nos inscriben, porque parece que no tenemos derecho a comer, según ellos ... Antes nos arreglábamos mejor, ya que por lo menos había una persona aquí, en el campamento, que se encargaba de traerle parafina a todos los compañeros, pero ahora no tenemos nada, nada, y hay que estar dos y tres horas todo el día a veces ... esperando la parafina. Hay que ir a comprarla como a doce cuadras de aquí, a pie, porque la micro nos podrá llevar, pero no nos trae, porque el chofer tiene miedo de que le incendiemos la micro. Yo llevo dos tarros, pero a veces no nos venden y tengo que traerlos vacíos.

Así se lo lleva uno, todo el día, colas en la mañana, en la tarde, todo el día... Nosotros almorzamos como a las doce y media y ya como a las dos, hay que estar en la cola de nuevo... para salir a las cuatro, a las cinco y hasta a las siete de la tarde... y todo eso para qué, apenas para conseguir una o dos cosas. Hace varios meses que no compro carne ... papas, aceite, arroz, salsa de tomate, caldos Witt, Omo, todo eso uno ya no lo conoce. Para hacer de comer... nada más que tallarines con huevo... y eso, porque los huevos están tan caros —a quince escudos— que uno ve que con los cuatro niños y nosotros dos, un par de huevos no es nada.

¿En qué tipo de negocios hace las compras?

—"Viviendo aquí uno no tiene dónde comprar, porque en el campamento no hay ni un sólo almacén ... Los únicos almacenes son los de la población del frente, de la Elias Lafferte, y ahí no nos venden nada... Solamente tallarines y a veces verduras, lo que no está escaso, porque exigen que uno esté inscrita por la JAP, pero a nosotros nos dicen que no nos corresponde inscribirnos, así que no tenemos vuelta. Y de lo que está escaso, en toda una tarde, apenas consigo un paquete de té... y otras no consigo nada. Azúcar, es muy poco, un cuarto nos venden, o sea que lo que sobra se lo dan a uno. Entonces uno tiene que ir juntando: un cuarto aquí, otro cuarto en el Blocs: 70, un medio kilo cuando mucho. Harina, tampoco encontramos, no la veo hace tres meses ya, y lo mismo la mantequilla. Antes de venirnos al campamento, nosotros arrendábamos dos piezas en Lo Prado y ahí nos daban por la JAP, también a nosotros, una vez a la semana: un cuarto de aceite, un kilo de azúcar... y eso era todo. Lo demás, lo que no estaba escaso, lo vendían asi no más. Y así fue como una vez tuve que gastar hasta quinientos mil pesos para conseguir dos kilos de azúcar, porque no me quedaba nada y tenía que darle a los niños ...".

¿De cuánto dinero dispone usted diariamente?

—"Mi esposo trabaja semanal, es pintor y no es apatronado, así que trabaja casi independientemente. .. gana un promedio de dos millones ochocientos semanales ... pero de ahí hay que sacar para todo —aunque ropa casi no compramos porque yo arreglo lo que queda de deshechos—. Total, que yo me quedo como con doscientos mil pesos por día ... Con eso me alcanza para cinco litros de parafina, dos kilos de pan, o tres también; y lo demás, para comprar algún fideo y un par de huevos... y nada más, porque se acabó la plata... Y la verdad es que por aquí hay cosas... yo no sé cómo llegan, pero por ejemplo, hay mantequilla... claro que a sesenta escudos el pan de octavo. Todo es igual de caro. Hay carne de vacuno también, en todos los almacenes, yo no sé de dónde. Pero venden a trescientos cincuenta el kilo de cazuela, así que yo no puedo ni soñar con comprar eso...

... Pero yo no podría decir que éstos son los problemas míos no más, porque la mayoría de la gente acá tiene los mismos problemas que uno. Todos hablan de lo que cuesta para conseguir algo aquí en la comuna... Y tampoco se saca nada con salir para afuera, porque es lo mismo y más encima uno gasta en micro ... Claro que para allá arriba es otra cosa: ahí tienen plata para cambiar por los alimentos y por el tiempo que uno gasta en las colas. Ellos son los que menos tienen problemas y alegan tanto porque quieren hacernos caer a todos. En cambio nosotros, calladitos no más, pero cuando estallamos lo hacemos en forma...".

¿Qué es lo que han conseguido desde que instalaron este campamento?

—"Hasta hace poco, casi nada. Y todavía falta mucho. Llevamos cuatro meses aquí ... a lo mejor no es tanto, pero a uno le parece mucho porque siempre están faltando muchas cosas. Por ejemplo, todavía no tenemos agua en el campamento... y eso sí que se hace pesado porque los compañeros del fondo tienen que caminar como seis cuadras para ir a buscar el agua a la casa de un compañero de izquierda que nos convida a todos. La gente del fondo, que tiene sus tarritos más grandes va una vez al día no más, yo voy dos, tres veces, porque no estoy tan lejos... pero también hay horas de cola, por ser, cuando las compañeras lavan ... Hasta ahora nadie nos ha hecho caso, puros trámites ... igual que con las viviendas. Hay muchas familias aquí que todavía no tienen mediaguas.

¿Y la locomoción?

—"Bueno, en Barrancas hay bastantes recorridos, pero lo que pasa es que hay pocas micros... y ninguna llega hasta acá: son diez cuadras para arriba para tomar el micro o el bus más cercano. Sale en la mañana y la cola hay que hacerla como a la siete..., a esa hora se va mi esposo y sale recién como a las ocho y media del paradero. Trabaja en Villa México, de Recoleta para allá... en las noches llega como a las once o doce, y eso que se desocupa como a los ocho... Todas estas cosas son las que van cansando a la gente, porque los jefes de campamento van a una oficina, van a otra y ven que nadie hace nada... Aquí hay bastantes problemas de salud también, por la misma alimentación y el barro y la basura... Yo tengo enfermo al más chiquitito, tiene una infección en jos ojos ... y no lo puedo llevar al hospital, porque ya no me corresponde allí donde iba antes, tengo que pedir el traslado, pero tampoco sé si me lo podrán ver por acá... Y con las colas y todo eso no he tenido tiempo tampoco para hacer algo... Al final uno ve que tiene que elegir: O se dedica a los niños solamente, a sus enfermedades, o se dedica a darles algo para que se alimenten...".

¿Este tipo de situaciones se ha producido ahora último? ¿Antes, con otros gobiernos, era diferente?

—"Todas estas dificultades han existido siempre, también en el período de Eduardo Frei pasamos muchas más cosas que ahora. El desabastecimiento es muy viejo para nosotros... Lo único diferente de ahora es que hay un Gobierno de izquierda, que dice que es del pueblo, entonces la gente dice: ¿Por qué pasa esto? ... Muchos dicen que es culpa del Gobierno, otros se dan cuenta de que todo esto es culpa de los ricos ... y un poco también del Gobierno porque no se ha atrevido a ponerse firme. En primer lugar, yo creo que los momios no quieren que hayan cosas, ahora han guardado hasta las micros para que nadie vaya a trabajar... Y, por lo menos, donde uno ve, en las cosas de almacén, cuando llega algo lo pasan al tiro al mercado negro, porque así sacan más plata y se arreglan entre ellos, el dueño del negocio con el que le lleva las cosas ... Pero ahí es donde el Gobierno podría hacer eso de los almacenes populares ... y no ha sido capaz, aunque eso le conviene al pueblo porque ahí no habría intermediario sino que todo lo que llega y lo que se vende estaría controlado por los obreros o por los pobladores, como es el caso de nosotros. Hasta ahora no nos han dado la cabida para poner un almacén de esos, así que yo creo que el Gobierno también tiene su buena parte de culpa.

Por eso creo yo que es ahora cuando el Gobierno tiene que decir si es realmente un Gobierno del pueblo —porque el verdadero pueblo somos nosotros— o si está más con los ricos que con los trabajadores".

¿Qué medidas tendría que tomar el gobierno para ir solucionando los problemas de los trabajadores ...?

—"Para mí, tendría que expropiar también todas esas industrias y los campos que los tienen ellos para que nosotros no tengamos qué comer ... Y lo mismo, esos grandes almacenes que no le entregan la mercadería a los pobladores...".

¿Y por parte de los pobladores, los obreros, los campesinos ...?

"Nosotros presionamos..., nos vamos a las calles y hacemos las tomas, como pasó en la comuna de Barrancas, que la tomamos entera. Nosotros queríamos que se expropiara Cenadi. que nos instalaran por fin el almacén popular, pedíamos vivienda, alcantarillado, micros... Y ahí estuvimos, a las cinco de la mañana en las barricadas de la Panamericana, camino a Pudahuel. Después llegaron los carabineros, así que yo tuve que ir a dejar a los niños ... Fue bastante lamentable porque estuvieron contra nosotros como tres horas, con bombas y balazos, que no vayan a decir que no hubo... Pero nosotros no nos movimos. Y por eso tuvieron que venir aquí las autoridades, por primera vez, y tuvieron que ponernos tres recorridos de micros que lleguen hasta el Campamento Playa Girón. Y delante de todos los pobladores y los obreros del Comando Comunal, firmaron para poner el almacén popular y para entregar ciento cincuenta casetas... Y así, por nuestra cuenta, también requisamos tres micros para que los pobladores fueran a trabajar aunque haya paro ...".

Patricia Bravo


Tribuna del PS

LAS FF.AA. CAEN EN LA TRAMPA DERECHISTA

EN los últimos días se han producido importantes hechos políticos. Conviene enumerarlos:

1º. —El llamado "diálogo" se empantanó y fracasa por las exigencias de la Democracia Cristiana, que obviamente buscaba colocar al gobierno de rodillas, haciéndolo capitular.

2º —El paro sedicioso patronal está en marcha y la huelga de los camioneros es sólo la primera avanzada de un paro general de la burguesía para derribar al gobierno.

3º. —Siguen los allanamientos a industrias por la FACH y la Marina. El día 5 murió un obrero de Lanera Austral, baleado por un contingente armado de la Fuerza Aérea.

4º. —Los trabajadores anuncian movilización general ante esta escalada de los reaccionarios que buscan hacer coincidir el conflicto institucional con la movilización contrarrevolucionaria.

Todo esto va ubicando el momento que vive el país en una clara situación prerrevolucionaria.

Está por definirse, a breve plazo, si el país seguirá su avance hacia el socialismo o caerá en una dictadura fascista-gorila, como lo quiere la clase patronal chilena, aconsejada y dirigida por la CIA.

El día sábado 4 de agosto la FACH allanó la industria Cobre Cerrillos, desplegando un operativo similar al que mostró en el allanamiento del Cementerio Metropolitano. La Marina por su parte allanó al Hospital Van Buren de Valparaíso.

El allanamiento de Cobre Cerrillos fue realizado por los Grupos 10 y 7, acogiendo una nueva e irresponsable denuncia.

Hay que destacar que no sólo se destruyó instrumental tecnológico, materia prima vital para la industria, sino que además llegaron a la empresa disparando y encañonando a los trabajadores.

Esta manera de practicar allanamientos, constituye una ofensa gratuita a la clase obrera —y además— es aplicar en forma represiva la Ley de Armas.

El allanamiento de la Marina en el Hospital Van Buren fue también increíble. Se buscó armas en el pabellón de lisiados y en la sala de prematuros. Con denuncias de este tipo se hace un flaco favor a nuestras FF.AA. Pero donde la cosa ya pasó de castaño oscuro, es en el allanamiento ocurrido en Punta Arenas, en Lanera Austral. Ahí la Fuerza Aérea disparó contra los trabajadores y resultó herido grave y murió poco después, el obrero Manuel González Bustamante. También el allanamiento fue realizado por denuncias irresponsables de la derecha.

La declaración de la FACH, al respecto, termina diciendo: "Es preciso, además, dejar claramente establecido que este fue el único lesionado en la diligencia judicial".

La verdad, que entre lesionado y un muerto, hay un mundo de diferencia. Los reaccionarios hacen estas denuncias y provocan estos allanamientos siguiendo dictados de la CIA; con ellos se busca conseguir objetivos claros.

Arrastrar a las FF.AA. a una posición antiobrera.

Piensan los derechistas que allanando fábricas, los uniformados van a ir adquiriendo experiencia en formas de represión de los trabajadores.

Provocar odio de los trabajadores a los soldados y viceversa. Con ello tratan de impedir la hermandad que nace y se desarrolla entre suboficiales, clases y soldados con el pueblo.

Conseguir que las FF.AA. disparen contra los trabajadores y llegar a la generación de enfrentamientos.

Amedrentar, asustar a los trabajadores.

Es lamentable que nuestras FF.AA. no entiendan el papel que se les quiere hacer jugar y pisen el palito de denuncias irresponsables.

Es lamentable que el gobierno no ponga coto a la aplicación de la nueva "Ley Maldita", lo que daña también su imagen a los ojos del pueblo.

Y si algunas personas o sectores de las FF. AA, empujan también hacia objetivos golpistas, la solución es sacarlas de inmediato de sus ubicaciones, sin debilidad, sin flaquezas.

Los trabajadores exigen que este accionar no continúe.

Que nadie juegue con fuego, porque es peligroso.

La paciencia de los trabajadores tiene su límite. Ellos tienen claro lo que se busca, y se preparan para salirle al paso a los golpistas.

EL EMPLAZAMIENTO PATRONAL Y LA OFENSIVA REVOLUCIONARIA

Está claro que los patrones emplazan al gobierno, acumulan fuerza para derribarlo, empujan el país al caos. Tratan de unir el conflicto institucional con la movilización contrarrevolucionaria, hacerlos coincidir. Dialogando, pretenden dividir las fuerzas revolucionarias, piensan estimular a elementos vacilantes que creen en vías inexistentes dentro de la lucha de clases que vivimos.

La actitud del freísmo fariseo, acudiendo al llamado del Cardenal, recuerda el dicho: "A Dios rogando y con el mazo dando". Porque mientras se dialoga, Frei empuja el paro camionero, agrava el desabastecimiento, busca un paro de profesionales y sus peones lanzan una intensa campaña de sabotaje y terrorismo..

Ante esta realidad, orientada al derribamiento de Allende, el gobierno, la UP y los trabajadores, deben desencadenar una ofensiva revolucionaria, única manera de detener el avance de los golpistas que pretenden provocar la guerra civil en defensa de sus privilegios y de los intereses extranjeros.

El gobierno debe confiar en las fuerzas que tiene, debe confiar en las masas y actuar de cara a ellas. Nada de acuerdos supra-estructurales con la clase patronal, porque debilitan al proceso revolucionario.

Debe terminar con las vacilaciones, pasar a la ofensiva. Responder golpe a golpe al enemigo de clase. El gobierno debe ser una herramienta para abrir el surco de la revolución.

Debe colocarse a la altura de la responsabilidad histórica e iniciar la construcción del socialismo. Si la institucionalidad y la legalidad burguesa son barreras en el camino al socialismo, hay que cambiar dicha institucionalidad, echar en el tarro de la basura la legalidad de los patrones.

LA ENORME FUERZA DEL PUEBLO

Debe entender que no hay fuerza capaz de oponerse a un pueblo que ya descubrió su destino, un pueblo dispuesto a empezar a escribir una nueva historia. La violencia reaccionaria arrecia, la violencia revolucionaria puede salirle al paso.

La UNIDAD POPULAR debe elevarse a la altura de la situación, impulsar una gigantesca ofensiva de masas, orientada hacia la toma total del poder. Los vacilantes, los dialogadores, deben comprender la inutilidad de sus intenciones. No puede haber diálogo con los tiburones.

La UP debe dar orientación clara a los trabajadores y a las masas en general. Palta una dirección consecuentemente revolucionaria. Debe empujar al gobierno para que tome medidas firmes contra el paro patronal en marcha, para terminar con las amenazas golpistas, para rechazar emplazamientos, para que no caiga en capitulaciones.

Los TRABAJADORES deben olvidar cualquier sectarismo que exista. Es criminal dividir a la clase en estos momentos. Hay que armar a los trabajadores con su unidad, de organización, de disciplina, de confianza. Las ambiciones personales, el personalismo, deben ser desterrados.

Deben convertir los Cordones Industriales en organismos territoriales bases de la CUT. Si la CUT no está a la altura de las circunstancias, hay que virarla, transformarla, pero por ningún motivo desarrollar organismos paralelos.

Deben hacer que los Cordones, que son organismos de poder de la clase, constituyan los Comandos Comunales. Para ello, deben convocar a los pobladores y a los estudiantes del sector a organizar estos Comandos Comunales. Los Cordones Industriales son poder de clase, los Comandos Comunales son poder popular. El frente laboral, el poblacional y el estudiantil, el campesino si existe, deben elegir delegados al Comando Comunal. Estos delegados deben ser verdaderos "diputados del pueblo", elegidos en asamblea de cada frente, cambiables en cualquier momento si no cumplen con los mandatos de sus asambleas.

Pronto se incorporarán a estos Comandos Comunales delegados o diputados de los trabajadores con uniforme.

TAREAS DE LOS COMANDOS COMUNALES

Esos Comandos Comunales, formados así, serán realmente un poder alternativo al poder burgués. Ellos sí deben formar un coordinador provincial, la asamblea provincial.

Deben ocupar todos los fundos de 40 a 80 has. básicas y exigir su intervención.

Deben colocar bajo el control obrero a todas las empresas del sector privado. Deben ocupar y exigir requisición de todas las empresas que los Cordones Industriales consideren vitales o estratégicas.

Todas las medidas señaladas deben ser discutidas en asambleas de trabajadores, deben ser enriquecidas por la masa, deben ser banderas de lucha contra las vacilaciones.

Realizándolas rápidamente, se terminará con la insolencia de los patrones y de los fascistas.

Nicolás García M.


Tribuna de la Izquierda Cristiana

ENTRE EL DIÁLOGO Y EL ENFRENAMIENTO

LOS cristianos revolucionarios abandonaron definitivamente el Partido Demócrata Cristiano hace justamente dos años. Un par de meses después, constituyeron la Organización de Izquierda Cristiana. Su ingreso posterior a la Unidad Popular y al Gobierno, así como numerosas otras actuaciones suyas, despejaron muchas dudas, dejaron en claro su carácter básico y contribuyeron a definir las líneas esenciales de su línea política.

Pero hay que reconocer que ciertos aspectos producen todavía desconcierto en diversos sectores. Uno de ellos es el "extremismo" que presentarían los cristianos de izquierda. Tratándose de "extremismo" de izquierda, el desconcierto es mayor en la medida que el partido en que antes militaban no ha sido precisamente una organización de izquierda y está hoy cada vez más lejos de serlo.

Sin embargo, es bueno recordar que el papel desempeñado por los cristianos de izquierda dentro del PDC estuvo destinado, de manera preferente, a izquierdizarlo, a convertirlo en un movimiento verdaderamente revolucionario.

Por otra parte, mantuvieron siempre una actitud crítica frente a la izquierda tradicional. Y si optaron finalmente por unirse a ella, fue en el entendido que lo hacían para empujar, críticamente, el proceso.

No aceptaron, además, que se les asignara la función de reclutar, meramente, pequeña burguesía moderada. Se trazaron, en cambio, la tarea de insertarse en el proletariado y entre los pobres en general, para sumar fuerzas revolucionarias nuevas, especialmente de origen cristiano, a las ya existentes y contribuir a su conducción, sin supeditaciones ni complejos de ninguna especie.

Los factores señalados, entre otros, insertos en un período de máxima agudización de la lucha de clases como el que hoy vivimos, no podían sino dar como resultado una acelerada, progresiva y positiva radicalización, máxime si se había roto con viejas ataduras y limitaciones.

Consideraciones como éstas nos parecen útiles para entender los pronunciamientos políticos de la Izquierda Cristiana. Dos de ellos quisiéramos destacar en esta oportunidad. Uno lo emitió con ocasión del llamado formulado por el Cardenal y el Comité Permanente del Episcopado chileno a mediados de julio pasado. El otro, relativo a la situación actual, 10 entregó a través de su secretario general, Bosco Parra, en un comentario radial, en radio Portales, el día 2 de este mes.

El llamado de la Iglesia está destinado a evitar la guerra civil y construir la justicia social.

Formulado en circunstancias de máxima agudización de la lucha de clases, este llamado es considerado positivo por la Izquierda Cristiana. Porque aun cuando los obispos no adoptan una posición proletaria, rechazan la posibilidad de asumir la defensa de la burguesía.

"Describen los riesgos que amenazan al país, pero no dicen que ellos se deban a que el gobierno popular actúe en forma ilegítima, a que tenga pretensiones totalitarias o a que cometa fraude a la Constitución. Y esas son precisamente las alegaciones de la derecha y la burguesía; con tales expresiones agotan el universo de lo sucedido y lo explicable. Los obispos no las hacen suyas".

La petición de calma formulada por la Iglesia para encontrar "soluciones duraderas" constituye, a juicio de la Izquierda Cristiana, una acertada apreciación de lo que es el fondo del problema actual y un estímulo para expresar el pensamiento de la Organización en relación a su significado.

La búsqueda de "soluciones duraderas" y de "formas de justicia" ha de significar que los cristianos contribuyan a suministrar las bases histórico-morales sobre las cuales ellas deban edificarse.

Para tal efecto, "el cristiano debe ser capaz de identificar las exigencias históricas que, a esta altura del desarrollo humano, tienen ya las características de inaplazables e ineludibles". Es decir, que el capitalismo tiene que ser reemplazado por el socialismo y que el proceso de creación de la nueva sociedad debe ser dirigido por el proletariado, sus partidos y las organizaciones de clase.

A su vez, lo anterior implica que el "cristiano puede encontrar en el evangelio el estímulo espiritual necesario para despojarse de sus intereses de clase —si es burgués de origen— y hacer suyos los intereses y el proyecto histórico del proletariado. Si ese cristiano es trabajador, encontrará allí mismo estímulos para unir a su clase, para valorar correctamente, para impedir, mediante su movilización, la erección de nuevos privilegios, cosa que, acertadamente, preocupa también a los obispos".

En dicha tarea histórica el cristiano se enfrenta con el problema de la violencia, que constituye otra de sus preocupaciones actuales. Hoy, ésta se nos presenta —es importante comprenderlo— como un subproducto de la lucha contrarrevolucionaria, antisocialista. La paz, en cambio, es el producto del reconocimiento oportuno de las exigencias históricas objetivas.

Un último punto nos interesa destacar en relación a la opinión de la IC frente a la posición que ha adoptado la Iglesia. El se refiere a la legitimidad del gobierno.

A la luz de la sabiduría tradicional cristiana, aun "en el hipotético caso de que hubiere falta de sujeción a algunos formulismos, la legitimidad del gobierno popular se mantendría, atendida la circunstancia de ser el único agente capaz de poner en movimiento las energías fundamentales de la nación y procurar de esa manera el bien común".

En cuanto a la posición de la Izquierda Cristiana ante la situación actual, que oscila entre el enfrentamiento y el diálogo, ella se sintetiza en la afirmación siguiente: "Hoy es más necesario que nunca recalcar que la fuerza fundamental de la revolución es la clase obrera y que el método principal de lucha es la movilización popular ininterrumpida. Vale decir, lo importante es el aumento de la unidad, el aumento de la disposición combativa y el mejoramiento de la organización de los trabajadores en las nuevas condiciones de lucha.

"Aumentar la unidad, expresó Parra, significa concretamente crear un clima favorable a la participación de los obreros y campesinos democratacristianos en las tareas generales de la clase. No se trata de dividir a nadie. Se trata de que la lealtad proletaria de muchas bases de la DC encuentre fraternidad proletaria por parte nuestra. Hay aquí muchos errores que corregir y muchos avances que lograr.

Aumentar la disposición combativa, agregó, significa acometer desde la base las tareas urgentes, sin esperar los resultados de Ib que se esté haciendo en la cúspide. Hay que enfrentar en todo momento la actividad contrarrevolucionaria: los paros patronales, el terrorismo, la agitación fascista, la propaganda golpista. Hay que salir a su encuentro, hay que hacerla desaparecer. Hay que ubicar las armas enemigas y denunciarlas. Para todo esto no tenemos que esperar el resultado de ningún diálogo. Los partidos tenemos que estimular y no desanimar el impulso de la base, que busca expresarse ahora y en todo momento".

Mejorar la organización de la clase significa compatibilizar y unificar las organizaciones antiguas con las nuevas. Es necesario resolver, por ejemplo, las contradicciones que se plantean entre los Cordones Industriales y la estructura tradicional de los trabajadores, la Central Única de Trabajadores, de rica experiencia y tradición de lucha, pero que necesita "dinamizarse con urgencia para recoger la nueva dimensión territorial y de combate que pueden suministrarle los cordones".

Hay que coordinar y enlazar, asimismo, las organizaciones de obreros con las de pobladores, con las de estudiantes y mujeres, así como las tareas de producción y defensa en cada fábrica.

En síntesis, el reforzamiento del poder popular es lo central para evitar la guerra civil o ganarla, si el fascismo la desencadena.

En la medida que el diálogo superestructural ayude a dicho reforzamiento, dando oportunidad para que sectores atrasados avancen y no conciliando con ellos, sea él bienvenido.

De otra manera, el pueblo seguirá su marcha por la "vía chilena", con las alteraciones que el enemigo obligue a efectuar.

Carlos Donoso P.


Tribuna del MIR

EL PODER POPULAR Y LA LUCHA DEL PROLETARIADO CHILENO

EL ascenso de las luchas de la clase obrera y de las masas populares en Chile, unido a la ofensiva constante de las clases poseedoras, ha polarizado en grado extremo el enfrentamiento social, al tiempo que ha posibilitado al surgimiento de iniciativas políticas y orgánicas autónomas de la clase obrera y el movimiento de masas.

Cuando la clase obrera empieza embrionariamente a movilizarse y organizarse en dirección al cuestionamiento y supresión de los mecanismos consolidados e institucionalizados de explotación y opresión de clases, que resumen el Estado y la institucionalidad burguesa, requiere necesariamente apoyarse en el desarrollo de un poder distinto, de un poder que se afirme en la iniciativa directa de las masas, desde abajo, y no de una ley promulgada por el poder centralizado del Estado burgués.

En el caso concreto de la experiencia chilena, la creciente polarización de la lucha de clases la agudización del enfrentamiento social, toma cada vez más marcadamente un carácter burguesía-proletariado, empujando las masas a desarrollar iniciativas autónomas en el plano político, programático y organizativo. Tal es la situación social que permite el surgimiento y desarrollo de las distintas experiencias y formas orgánicas de poder popular.

Pero la posibilidad del desarrollo y extensión del poder popular que se han generado en Chile, están limitadas y constreñidas por una lucha de clases que tiende a ser orientada y a desenvolverse dentro del marco de la institucionalidad burguesa y dentro de un campo de acción política en que el reformismo sigue teniendo un peso significativo entre las masas.

La experiencia histórica y la propia experiencia del "insólito" proceso chileno, muestra que la lucha revolucionaria de la clase obrera, sólo puede desarrollarse si las iniciativas autónomas e independientes de las masas encuentran cauce para ampliarse, extenderse y desarrollarse en una dirección anticapitalista y antiestatal y logran sortear el peligro constante de la reabsorción en el marco de la institucionalidad burguesa; de lo contrario la lucha de la clase obrera se enreda en el callejón sin salida de la institucionalidad burguesa.

A esa disyuntiva se ve confrontado hoy el proletariado chileno. Por una parte la persistencia de la estrategia UP-PC que busca institucionalizar todas las iniciativas autónomas e independientes que logra desarrollar el movimiento de masas, inscribiendo su línea política y su acción en el marco de un proceso de democratización del Estado burgués y de una transformación de estructuras que define como enemigos a los monopolios, el latifundio y el imperialismo. En este campo estratégico, la lucha de la clase obrera, la lucha de las masas, queda encerrada dentro de los marcos de la democracia burguesa y sus instituciones.

Paralelamente, se desarrolla una estrategia revolucionaria, que pretende orientar el movimiento de masas en una dirección anticapitalista y proletaria, buscando ampliar, fortalecer y extender las expresiones de un comportamiento autónomo de las masas; la organización del Poder Popular, desarrollado como un poder distinto y como un poder paralelo al burgués y a la institucionalidad vigente.

El desarrollo del Poder Popular y sus instituciones, es la coronación orgánica de un movimiento de masas en ascenso, del proceso de constitución del bloque histórico revolucionario. Es decir, debe ser la expresión orgánica institucional del proceso de gestación y desarrollo de la alianza revolucionaria de la clase obrera, el subproletariado y campesinado pobre urbanos, el campesinado pobre y las capas bajas de la pequeña burguesía.

En este sentido, la organización y desarrollo del Poder Popular en Chile y sus instituciones, los Comandos Comunales, Cordones, Consejos, deben ser expresión de esta fuerza social revolucionaria, pues los Comandos y futuros Consejos pretenden realizar la alianza de todos los explotados y unificar a la clase obrera y las otras clases y capas explotadas. El grado de conciencia y organización, la experiencia de lucha de la clase obrera, los pobladores, el campesinado pobre, los estudiantes, y el nivel alcanzado por él enfrentamiento social, hacen posible y necesario la organización inmediata del poder Popular y de los Comandos Comunales.

En la polémica, reabierta en estos días, en torno a la organización y desarrollo del Poder Popular, volvemos a encontrarnos en el contexto de la política del diálogo, con las posiciones que plantean las institucionalización de todas las iniciativas autónomas de las masas y, entre ellas, las del poder Popular y de los Comandos Comunales, de los Cordones y Consejos. Todo esto se realiza en el marco de un proceso de democratización del Estado burgués. Tal es la posición sostenida y abiertamente por Allende en su discurso del miércoles 25 de junio y es también en definitiva, la posición sustentada por la dirección del PC y de la CUT de forma más sofisticadas, cuando tratan de reincorporar al marco de la democracia burguesa, las formas de organización independiente de las masas, surgidas en el último período.

En este sentido, la organización, desarrollo y extensión del Poder Popular y sus instancias orgánicas, corren hoy la seria amenaza de ser reabsorbidas en el marco institucional de la democracia burguesa y canalizadas hacia un proceso de democratización participacionista del Estado.

Es preciso, en este sentido, definir una táctica que permita extender el proceso de creación de órganos embrionarios de un poder distinto.

¿COMANDOS COMUNALES O CORDONES INDUSTRIALES?

La discusión de si el proletariado y las vanguardias deben impulsar hoy la organización de los Comandos Comunales o Cordones Industriales, en el proceso de desarrollo y fortalecimiento del Poder Popular, no es una discusión secundaria, es una cuestión decisiva. El desarrollo del Poder Popular, el impulso a los Comandos y Consejos es parte orgánica de una estrategia de conquista del Poder que parte de una determinada concepción de la alianza de clases llamada a llevar adelante y a consumar la revolución proletaria en Chile.

La particular estructura de clases de la sociedad chilena (y en general de los países dependientes) otorgan una enorme importancia como sujetos revolucionarios al subproletariado, a las capas urbanas pobres, al igual que al campesinado pobre y las capas bajas de la pequeña burguesía.

Toda la ciencia de la estrategia proletaria reside precisamente en resolver correctamente el problema de cómo la clase obrera logra construir rápidamente su bloque histórico, para plantearse el problema del poder y del asalto al poder. Esto sólo puede realizarse si el proletariado levanta un programa capaz de unificar al conjunto de los explotados, los moviliza y articula en una institución política de clase, que exprese y realice orgánica y políticamente el bloque histórico de las clases revolucionarias.

Por eso, cuando en las condiciones actuales de Chile, el proletariado se ve enfrentado a la amenaza de la contrarrevolución burguesa abierta, el proletariado requiere rápidamente desarrollar su unidad interna y fortalecer su alianza con el resto de los explotados. Este proceso sólo se puede alcanzar si el proletariado constituye un órgano, una institución capaz de expresar los intereses de todas las capas del pueblo y crear las condiciones de fuerza y organización para a través de su lucha, realizar sus intereses inmediatos e históricos.

UNA TÁCTICA ERRÓNEA

Por eso cuando se asume la táctica de organizar los Cordones como paso previo a los Comandos, en verdad se incurre en un grave error. Pues con ello no se hace sino organizar a los ya organizados, al proletariado ya ganado para el desarrollo del Poder Popular, mientras se mantiene a la clase obrera aislada del resto del pueblo. Con ello se retarda gravemente la unificación y alianza de todos los explotados, a la vez que se retarda el desarrollo y cristalización del poder Popular mismo, como poder alternativo, como poder dual, porque para ello se requiere de la constitución del bloque histórico revolucionario. Por otra parte, cuando se asume la iniciativa de la organización de los Cordones Industriales y se lo hace a partir de los sindicatos industriales, en verdad no se escapa al campo organizativo de la democracia burguesa y lo que en definitiva se logra, es desarrollar y gestar un movimiento sindical más combativo y una estructura sindical más flexible y con mayor capacidad para recoger la energía combativa de la base. Pero, en definitiva, la clase obrera, recluida en el sindicato o en la fábrica, se aísla y no logra acumular la fuerza que le permita efectivamente desarrollar un poder distinto, organizar su propio poder.

Por eso es necesario plantearse desde un principio la organización y constitución de los Comandos Comunales, como órganos que unifiquen y expresen a la clase obrera y al conjunto de los explotados de la comuna, como órganos que se organizan a partir de la iniciativa directa de las masas, al margen del Estado y la democracia burguesa, y gestan embrionariamente las bases de un nuevo poder. Los Cordones Industriales permanecen dentro del campo de la democracia burguesa y por eso pueden ser reabsorbidos por la institucionalidad. Los Cordones industriales no logran gestar una institución distinta, para ello se requiere la alianza con las otras capas explotadas. El Cordón sigue dependiendo de la estructura de los sindicatos, operando en el territorio de la fábrica y operando dentro de la institucionalidad y el Estado.

FUNCIÓN DEL COMANDO

El Comando Comunal actúa sobre el territorio de la comuna, levantando en el hecho una embrionaria institucionalidad alternativa, choca con la expresión del Estado en el territorio de la comuna y empieza a manifestarse como poder independiente.

En este sentido el Comando Comunal desarrolla una estructura montada sobre instituciones nuevas. El Comando se basa en la democracia directa, en la existencia de la asamblea de frente, fábrica, barrio, población, liceo, como órgano de base de un consejo de delegados, que concentra en sus manos el poder ejecutivo y legislativo. El Comando es, por tanto, un órgano político de las masas y no una organización partidaria. Es una democracia directa de las masas, una democracia no delegada, que se afirma en el poder de control y remoción de los dirigentes.

ESTUDIANTES PERSEGUIDOS EN LA U. DE CONCEPCIÓN

Compañero Director:

Con extraordinaria sorpresa pudimos ver en el diario "Clarín" del 17 de julio, una información referente a la detención de tres estudiantes de "Patria y Libertad" que incitaban a las Fuerzas Armadas al golpe, frente a esto queremos puntualizar lo siguiente:

1,— Que los compañeros detenidos por oficiales del Ejército son militantes del Movimiento Universitario de Izquierda (MUI), de larga trayectoria en las luchas del movimiento estudiantil, estudiantes y dirigentes de la Escuela de Economía y Administración.

2.— Que la propaganda que los compañeros Pedro Morales Carrasco, Juan Carlos Aguilera y la compañera María Gabriela López Valenzuela, estaban repartiendo a los soldados tenían como consigna central "Soldado: desobedece a los oficiales que incitan al golpe".

3.— Que nos parece reprochable que un diario que hace pública "fe" de izquierdista y que tiene como lema "firme, junto al pueblo", confunda al pueblo con informaciones falsas y denigrantes para con los compañeros detenidos por oficiales reaccionarios de las FF.AA., compañeros que en más de una ocasión han arriesgado su vida por la causa de los obreros, campesinos, pobres del campo y la ciudad al tratarlos como "dos pijecitos y una milonga de regular cuero".

4.— Que si la actividad de un diario de izquierda es la de educar al pueblo con una información veraz y pedagógica, en esta coyuntura, la actitud de la prensa debería ser: a) denuncia de los oficiales reaccionarios que vejaron, insultaron e injuriaron a tres militantes de la revolución; b) tomar parte activa en la orientación política de los soldados, clases y suboficiales; en la discusión que se da hoy en día en los diferentes cuarteles, porque, señor Director, negar que existe lucha de clases al interior de las Fuerzas Armadas es hacer la política del avestruz y en la situación política actual esta actitud es sencillamente entregar a la tropa al manejo que de ellos quieran hacer los oficiales golpistas.

5.— Que notificamos a los oficiales golpistas, a los Frei y los Jarpa, que los revolucionarios continuaremos con un trabajo en el seno de las Fuerzas Armadas tendiente a que conozcan y desobedezcan a los oficiales que llaman al golpe y a los intentos de los sectores que a toda costa tratan de imponerle al Gobierno un programa que signifique una claudicación de las medidas que en favor del pueblo éste ha tomado.

6.— Que por último pensamos, señor Director, que "Clarín" fue sorprendido por una información falsa y claramente tendenciosa.

MARIO RICARDI
Presidente Centro de Estudiantes Escuela de Economía y Administración
Representante Estudiantil al Consejo Superior de la Universidad de Concepción

LA CUT Y LOS CORDONES Y COMANDOS

La CUT está desarrollando actualmente una ofensiva destinada a entregar los cordones en la estructura centralizada y burocrática de la CUT, situándolos como órganos de coordinación territorial de sindicatos. Nosotros pensamos al respecto que el movimiento sindical chileno necesita modificar su estructura, hacerla más democrática y flexible, capaz de captar y canalizar la iniciativa y energía de las bases. En tal sentido pensamos que es necesario impulsar un vasto proceso de democratización de la CUT, que debe partir por el establecimiento de los Cordones Industriales como órganos de base de la CUT, a nivel territorial, dotándolos de una estructura democrática, estableciendo la existencia, a lo menos, de un consejo de delegados del Cordón, pero el proceso de democratización y transformación de la CUT exige también la creación de los sindicatos únicos por rama como instrumento necesario para impulsar el control obrero.

Al mismo tiempo, las CUT provinciales requieren democratizar su estructura estableciendo un consejo de delegados integrados por delegados de los Cordones.

La CUT debe, por otra parte, impulsar y no oponerse al desarrollo y gestación del poder popular.

LAS TAREAS INMEDIATAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL PODER POPULAR

La tarea más importante en el momento actual es pasar masivamente a la organización de los Comandos Comunales. Es preciso tomar la experiencia y autonomía ganada por las masas en los Cordones actualmente existentes, para canalizar la energía e iniciativa almacenada en esos Cordones, no hacia la institucionalización en una CUT democratizada, sino hacia el desarrollo de un poder independiente, de un poder autónomo.

Esto exige, a su vez. desarrollar una táctica que permita el fortalecimiento de los Comandos Comunales existentes y la creación de muchos otros nuevos.

A su vez se hace necesario en las provincias como el caso de Santiago, donde la organización del Poder Popular ha alcanzado un desarrollo significativo a nivel comunal, impulsar la creación del Comité Coordinador de Comandos Comunales, Cordones y Consejos Comunales Campesinos.

El Poder Popular, los trabajadores, los Comandos Comunales de Trabajadores, los Consejos Comunales Campesinos, los Cordones Industriales en proceso de transformación en Comandos, deben desarrollarse independientemente de la CUT, fuera absolutamente del campo de la democracia burguesa; sólo así será posible en perspectiva extender y profundizar la organización del nuevo Poder, del Poder Popular, del Poder Proletario, que fortaleciéndose como Poder independiente, y autónomo, genere la dualidad de poder primero, la crisis del Estado burgués después, y el triunfo de la revolución proletaria. Esto sólo será posible a través de crisis y rupturas.

Nelson Gutiérrez Y.


Reportaje

SIGUE VIVO EL PACTO MILITAR CON EE.UU.

EN el programa de gobierno de la Unidad Popular se consideró "indispensable revisar, denunciar y desahuciar, según las casos, los tratados o convenios que signifiquen compromisos que limiten nuestra soberanía y concretamente los tratados de asistencia recíproca, los pactos de ayuda mutua y otros pactos, que Chile ha suscrito con los EE.UU.".

Hasta ahora al parecer, el gobierno de la Unidad Popular no ha encontrado ningún pacto que tenga esas características, ya que ninguno ha sido revisado y mucho menos desahuciado.

Sin embargo, ha cumplido 21 años el pacto militar con Estados Unidos, publicado el 21 de julio de 1952 en el Diario Oficial. La izquierda libró en aquella época una tenaz lucha contra el pacto militar. El gobierno anticomunista de Gabriel González Videla, que había perseguido duramente al movimiento obrero, lo impuso contra la opinión de vastas manifestaciones de masas. Los oradores en los mítines prometieron solemnemente que, en cuanto las condiciones lo permitieran, ese pacto sería derogado. Incluso el candidato presidencial de 1952, Carlos Ibáñez del Campo, impresionado por las grandes movilizaciones de masas que tuvieron lugar en el país, prometió desahuciarlo. Pero el anciano ex general de Ejército, convertido en presidente, dejó de lado el asunto por completo. Los mandatarios que le sucedieron (Jorge Alessandri y Eduardo Frei), como es lógico dados sus compromisos abiertos con el imperialismo, no tocaron un pelo del pacto militar. Y ese instrumento sigue allí, junto con las operaciones navales Unitas, el entrenamiento de oficiales en Panamá y la presencia de misiones militares norteamericanas en Chile. El pasado 24 de julio, sin ir más lejos, el mayor Cleveland F. Pratt, miembro de la misión del ejercito de EE.UU. en Chile, recibió la Estrella Militar de las Fuerzas Armadas chilenas, con motivo de regresar a su patria después de cuatro años de "servicios" en nuestro país. A la ceremonia asistieron sonrientes el coronel Ray Davis, jefe del Grupo Militar, Naval y Aéreo de los Estados Unidos, y el coronel Carlos E. Urrutia, quien a pesar del nombre, es el jefe de la misión del ejército norteamericano en Chile.

Para pronto se anuncia la realización de la Operación Unitas correspondiente a este año. Se trata de maniobras navales conjuntas con la Armada norteamericana que a veces requieren autorización del Senado, cuando las naves extranjeras tocan puertos chilenos y sus tripulaciones bajan a tierra. En los últimos años, debido a la tenaz oposición que hasta 1970 hacían los senadores de izquierda las Operaciones Unitas se han efectuado sin que los marines pisaran suelo chileno. Pero las maniobras navales conjuntas siguen realizándose. Las naves chilenas se han encontrado estos últimos años en altamar con los buques yanquis para los ejercicios que habitualmente incluyen combate antisubmarino.

La importancia que Estados Unidos atribuye al pacto militar que acaba de cumplir 21 años, se pone de relieve al observar que ha funcionado sin quebrantos desde 1970 hasta ahora. Los créditos para la compra de equipas bélicos y los préstamos y arriendo de armamento y repuestos además de la asesoría técnica, han seguido fluyendo hacia Chile sin interrupción, aún cuando las líneas de crédito para otros fines han sido prácticamente estranguladas desde que Chile nacionalizó el cobre sin pagar indemnización. El bloqueo yanqui no ha tenido réplica que menoscabe el funcionamiento del pacto militar.

Los llamados Convenios de Asistencia Militar fueron propuestos por Estados Unidos a América latina durante el gobierno de Harry S. Truman, el pianista presidente norteamericano que no vaciló en lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. En esa época el embajador yanqui en Santiago era Claude G; Bowers, que tuvo gran influencia en el gobierno de González Videla. Bowers y el canciller chileno Eduardo Yrarrázaval firmaron el 10 de abril de 1952 el convenio de asistencia militar, mientras se gestaba un amplio movimiento de protesta contra el pacto. En un marco de combativas movilizaciones de masas contra el pacto, el Senado lo aprobó el 3 de julio del mismo año por 25 votos contra 6.

Entre los senadores que votaron en contra estaban Salvador Allende y Carlos Ibáñez que a fines de ese mismo año se convertiría en presidente de la República. Entre los que se pronunciaron a favor del pacto militar estuvo —¡cuando no!— el actual Presidente del Senado, Eduardo Frei.

El pacto militar se basa en las leyes norteamericanas: la de Ayuda Recíproca para la Defensa, de 1949, y la de Seguridad Mutua, de 1951, ambas concebidas en pleno desarrollo de la "guerra fría". Esas leyes norteamericanas, en esencia, disponen que el Pentágono proporcionará ayuda militar a los gobiernos que se unan a los Estados Unidos en acuerdos de "seguridad colectiva". Este eufemismo, claro está, significa concretamente que la ayuda militar se entrega a los gobiernos que apoyan las políticas del imperialismo. Para disfrazar el verdadero objetivo del Tratado, éste se disfraza bajo el nombre de Pacto de "Ayuda Mutua" (PAM). En este caso, Estados Unidos proporciona equipos, adiestramiento y asesoría, y Chile proporciona apoyo a los planes globales de seguridad norteamericanos.

Los equipos y elementos recibidos por las Fuerzas Armadas de Chile, en virtud del PAM, son un "secreto militar". Pero su cuantía se revela en esta sigla impresa en vehículos, toda suerte de equipos y hasta en uniformes de campaña en uso por las diversas ramas de las FF.AA.

(Los materiales para uso policial no están contemplados en este rubro. Los créditos para adquisiciones de Carabineros se tramitan a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (!!), AID).

En noviembre de 1969, "El Mercurio" publicó un cálido elogio del PAM. El reportaje reseña con lacrimosa gratitud algunos de los elementos recibidos por Chile en virtud del pacto militar. Entre ellos, los submarinos "Thompson" y "Simpson", los destructores "Blanco Encalada" y "Cochrane", y el buque oceanógrafico "Yelcho". Todos ellos han participado en las Operaciones Unitas. La Fuerza Aérea —según esa información— ha recibido "una buena parte de los efectivos que se emplearon en la década del cincuenta, incluyendo aviones a chorro como los T-37, los F-80 y los B-26", además de los transportes C-47. El Ejército "ha recibido unidades mecanizadas como tanques y vehículos, así como maquinaria pesada de ingeniería, hospitales de campaña y gran variedad de otros elementos".

Pero además, en virtud del PAM, las tres ramas de las FF.AA. chilenas han enviado miles de oficiales a los cursos de la Escuela de las Américas en Panamá y a niveles de especialización en bases militares de los Estados Unidos.

Alrededor de 1967, no obstante, las Fuerzas Armadas chilenas comenzaron a dejar un poco de lado el PAM, utilizándolo más bien para requerir ayuda técnica y adiestramiento de sus oficiales. Esto obedeció al deseo de diversificar las fuentes proveedoras de armamentos y equipos bélicos, incluso dentro de los propios Estados Unidos. Así fue como, por ejemplo, se hicieron las primeras compras de aviones Hawker Hunter en Gran Bretaña, para reemplazar equipos entregados por Estados Unidos en virtud del pacto. La relativa desligazón de Chile del PAM, a fin de recuperar la capacidad de seleccionar sus propios equipos y materiales de guerra, coincidió asimismo con un menor interés norteamericano en aplicar estrictamente las disposiciones del pacto. La "guerra fría", en efecto, fue sustituida por la "coexistencia pacífica" y esto aminoró en alguna medida la imposición en América latina de determinados esquemas defensivos elaborados por el Pentágono. Los norteamericanos volcaron toda su atención a las zonas conflictivas para Washington en el sudeste asiático y el Medio Oriente. Sin embargo, en la misma medida en que la balanza de pagos norteamericana ha comenzado a resentirse y conforme a la declinación del esfuerzo bélico del Pentágono, luego del cese de hostilidades en Vietnam, se ha reactivado el interés de las fábricas estadounidenses de armamento en vender equipos a América latina, incluyendo a Chile. En fecha reciente visitó Washington el Comandante en Jefe del Ejército chileno, general Carlos Prats, en una gira que incluyó la URSS, A su regreso al país, el general Prats fue claro al comentar que Chile no cambiará a sus proveedores tradicionales de armamento, entre los cuales un lugar prominente lo ocupa Estados Unidos.

Tanto en 1967 como en 1969, los gobiernos de Chile y Estados Unidos firmaron convenios para sujetar a determinadas normas la presencia en nuestro país de las misiones militares yanquis. Están concentradas bajo una dirección única conocida como "Grupo Militar", aún cuando incluye ramas de marina, aviación y ejército. Su participación en la vida militar activa de nuestro país no es despreciable. Al Grupo Militar norteamericano se le admite como un equipo destinado a cooperar con las distintas ramas de las FF.AA., y a prestar asesoría "para incrementar la eficiencia técnica y táctica en beneficio de la defensa hemisférica". Eso le permite a la misión yanqui desplegar una actividad bastante fluida en Chile. Los miembros del Grupo Militar norteamericano, en efecto, se mezclan con la oficialidad chilena y en sus tareas de asesoría pueden con relativa facilidad difundir en el seno de las FF.AA., las tesis políticas que forman parte del instrumental ideológico imperialista.

Es por eso que el Pacto de Ayuda Mutua ha tenido ya demasiado vida en Chile. Parece llegado el momento de ponerle fin, llevando a la práctica las fundadas críticas que la izquierda hizo al PAM en 1952, tanto en las manifestaciones callejeras como en el Senado. El programa de la Unidad Popular fue cauteloso pero elocuente en esta materia. Incluyó expresamente a los pactos de ayuda mutua con Estados Unidos, entre los convenios a ser revisados, desahuciados o denunciados por el actual gobierno.

En otro de sus aspectos el programa de la UP rechaza categóricamente que las FF.AA. chilenas puedan ser usadas para reprimir al pueblo "o participar en acciones que interesen a potencias extrañas". Esto último es, justamente, lo que pretende el pacto militar con_ Estados Unidos. Así también el programa del actual gobierno señalaba para las FF.AA. una "formación técnica y abierta a todos los aportes de la ciencia militar moderna y conforme a las conveniencias de Chile, de la independencia nacional, de la paz y de la amistad entre los pueblos". Sin embargo, desde que se instaló el actual gobierno, los oficiales jóvenes chilenos siguen acudiendo en procura de formación técnica a las escuelas y academias militares norteamericanas, en Panamá y en Estados Unidos.

A los 21 años de su creación, el pacto militar continúa manteniendo sujeto entre los dientes una parte significativa de nuestra soberanía nacional.

J. C. M.


Análisis

LA DEPENDENCIA TECNOLÓGICA DE CHILE
II

HISTÓRICAMENTE, los pasos que sigue la penetración de las corporaciones norteamericanas en un mercado como el chileno son aproximadamente los siguientes: Primero, hay una pequeña inversión directa. En segundo lugar, ésta es complementada con generosas aportaciones de crédito (en muchos casos proveniente del capital que se genera dentro del país extranjero); en tercer término, hay un período de espera para que en el mercado pueda percibirse la calidad que proporciona el proceso tecnológico de patentes. Esta tecnología crea por sí misma las fuerzas productivas que eliminan cualquier competencia y le permiten conquistar el mercado. Una vez eme el mercado ha sido conquistado y su calidad ha sido suficiente para suponer futuras ganancias, la corporación transnacional puede aumentar el control apoderándose de cualquier residuo de competencia que presenten las compañías nacionales, o participando con capital local en empresas comunes o, en el mejor de los casos, estableciendo su propia subsidiaria donde no solamente el envío de regalías sino todas las ganancias irán a parar directamente a la compañía matriz.

Las corporaciones trasnacionales concentran sus patentes en áreas estratégicas de la Industria chilena. Por ejemplo, hacia 1969 las empresas extranjeras contaban con más del 94% de patentes registradas para productos químicos, caucho y derivados del carbón y el 79% en maquinaria y metalurgia. En un principio las corporaciones transnacionales registraron patentes en estas áreas de la economía chilena, con el fin de controlar su propia producción. Pero también usaron patentes para contrarrestar la amenaza del nacionalismo:

"La existencia de fuertes sentimientos nacionalistas en un país puede hacer de las patentes una ayuda especialmente importante al realizar negocios. Si los empresarios extranjeros desean aumentar las facilidades que sus compañías tienen para trabajar en un país cuyo gobierno está controlando la expansión, es un hecho que esa expansión permitirá poner a disposición de la economía local, productos protegidos por las patentes de la compañía, productos que no se pueden conseguir en ninguna otra manera, así que un arreglo satisfactorio entre la corporación y el gobierno se puede obtener con más facilidad". [1]

Las leyes arancelarias para proteger a la incipiente industria chilena son neutralizadas dentro de Chile al dar preferencia a las patentes de las corporaciones transnacionales y así legitimar la hegemonía de éstas. El sistema internacional de dominación a través del control sobre patentes y la técnica del "know how" creados para beneficio de los países desarrollados, anula medidas nacionalistas como la creación de barreras arancelarias e impide el desarrollo efectivo de una planeación económica estatal.

El sistema de patentes en áreas estratégicas de la economía de los países subdesarrollados no sólo permite a las corporaciones transnacionales penetrar y apoderarse de lo más productivo de la economía sino también sirve para neutralizar si no todas, la mayoría de las amenazas nacionalistas. La naturaleza multifacética e integradora de la tecnología comercializada hace que la más pequeña cantidad de tecnología y los servicios que se relacionan con ella, sean sumamente estratégicos para que siga operando el proceso productivo en el país subdesarrollado. La tecnología vendida por las corporaciones viene en paquetes, incluyendo la venta del "know how" y servicios técnicos conexos. Los elementos no patentados del paquete son a menudo los elementos más valiosos en la transferencia de tecnología. El precio total del paquete es menor que si cada uno de sus componentes fuese vendido por separado. La compra por separado de los componentes es en realidad muy difícil, si no imposible.

Si un país subdesarrollado expropia tecnología patentada, puede encontrar que los diversos recursos necesarios para que esta sea efectiva, resultan tan caros o tan difíciles de obtener que se hace imposible la utilización de su tecnología. Cuando la corporación transnacional advierte que su propiedad ha sido expropiada, interrumpe el suministro de tecnología. Esto ocurrió en Cuba a principios de los años 60 y actualmente está causando grandes problemas a la producción en Chile.

DESCAPITALIZACION POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Precio de Transferencia es la cantidad que paga uña subsidiaria sobre sus ventas y compras con otra subsidiaria que pertenecen a una misma empresa matriz. Entre los productos sujetos a precios de transferencia se encuentran materias primas, productos semielaborados y elaborados, investigación y asesoría, patentes, derechos, marcas registradas, proyectos, en suma todo lo que circula entre la matriz y sus subsidiarias.

El comercio basado en el incremento de bienes de capital y equipo provenientes de los países metropolitanos está minando los ya exiguos recursos de América latina para el intercambio comercial internacional. Como señala el estudio de la UNCTAD:

"Se ha calculado que en toda América latina, durante el período 1960-65, cada año fueron gastados cerca de 1.870 millones de dólares en importaciones de maquinaria y equipo. Estas importaciones significaron un 31% de las importaciones hechas a esa área. También constituyeron cerca del 45% del total gastado por América latina en bienes de capital durante el mismo lapso. Por países, esta relación constituyó un 28% para Argentina, 35% para Brasil, 61% para Colombia y 80% para Chile".

El estudio de la UNCTAD estima que alrededor de "un tercio del total de las importaciones de maquinaria y equipo en América latina son realizadas por subsidiarias de compañías extranjeras". Este aumento de importaciones y exportaciones ocurrido entre subsidiarias o afiliadas de la misma corporación hace que los precios de transferencia sean altamente significativos.

El suministro de tecnología entre departamentos de una misma corporación permite a estas instituciones hacer casi imposible el conocimiento real de los precios de tecnología. Las corporaciones transnacionales, al sustituir su estrategia global interna por los mecanismos tradicionales de precios, pueden elevar o bajar fácilmente los precios según convenga a sus intereses, ya que el comercio se realiza entre departamentos ligados entre sí. Se calcula que posiblemente entre el 40 y el 60% de todo el comercio latinoamericano se hace bajo el sistema de precios de transferencia.

De esta forma, los precios de transferencia constituyen un método por el cual las corporaciones transnacionales descapitalizan a los países subdesarrollados. Algunos países, entre ellos Chile, pueden gravar las ganancias de las corporaciones según impuestos justos, pero estos países suelen ser discriminados en favor de otras naciones (como Panamá y Puerto Rico, donde los impuestos son bajos) tan sólo con disminuir los precios de las exportaciones de los países donde los impuestos son altos y enviándolas a los países donde los impuestos son bajos. Al mismo tiempo, los precios de las importaciones a las áreas donde los impuestos son abundantes, pueden ser aumentados de tal manera que la subsidiaria local puede mostrar una contabilidad con altos costos y beneficios bajos, para reducir o evitar el pago de impuestos locales.

Por diferentes razones, pero utilizando métodos parecidos, países como Chile pueden ser afectados por sus leyes que limitan el envío de ganancias en favor de países como Argentina cuyas limitaciones sobre salidas de divisas son más elásticas.

De manera similar, los cargos nacionalistas de "explotación" que se hacen a la subsidiaria de una corporación transnacional en un país subdesarrollado, pueden ser disminuidas reduciendo artificialmente los márgenes de ganancia y trasladando ésta a cualquier otro lugar.

Los precios de transferencia son usados también para aumentar la capacidad de competencia de una nueva subsidiaria. Las normas del Departamento del Tesoro norteamericano permiten la reducción de precios y de hecho la promueven con el fin de facilitar la penetración en los mercados extranjeros.

Las estadísticas de la UNCTAD sobre Colombia y Chile, ilustran ampliamente el impacto de los precios de transferencia:

"En la industria farmacéutica colombiana, una encuesta indicó que el volumen promedio de sobreprecios de productos importados por las subsidiarias de compañías extranjeras fue de un 155% mientras que en las firmas nacionales era de un 19%. La cantidad total de los sobreprecios en el caso de las compañías extranjeras estudiadas resultó equivalente a seis veces las regalías y veinticuatro veces las ganancias declaradas. Pequeños muestreos en la industria farmacéutica de Chile indicaron un aumento de precios de un 500% en productos importados".

De acuerdo con el estudio de la UNCTAD, las corporaciones transnacionales con frecuencia "prefieren recibir sus ganancias implícitamente, a través de precios de transferencia, mas que de una manera explícita a través de regalías, pagos y remisión de ganancias". En otras palabras, a través de simples trámites administrativos, adjudicando precios elevados a sus importaciones, la subsidiaria chilena de una transnacional puede encubrir sus ganancias pagando a la matriz por la tecnología importada. Esta es una importante vía de descapitalización para un país subdesarrollado, y una de las muchas razones por la cual la reserva de dólares en Chile se encuentra ahora muy debilitada.

Además, los precios de transferencia ayudan a la corporación transnacional a sobre-valorar sus inversiones extranjeras, cargando artificialmente una alta depreciación de costos para su subsidiaria en otro país, como Chile. Algunas naciones subdesarrolladas como Chile han permitido tradicionalmente la amortización durante períodos contratados según el valor declarado de las inversiones y han autorizado la salida de utilidades con porcentajes de aproximadamente el 10% de la inversión. Cuando la inversión es sobrevalorizada, la amortización y la salida de ganancias alcanzan niveles más altos que los que en otra situación podrían obtener. La sobrevaluación de las inversiones de la ITT en la compañía Telefónica de Chile fue uno de los principales temas de discusión en las negociaciones del gobierno de Allende para adquirir las acciones que la ITT tenía en la empresa chilena.

Además, la superioridad que las corporaciones transnacionales tienen a través del control de patentes y tecnología, puede ser utilizada para lograr ventaja en los tratos sobre otras actividades conexas en los países subdesarrollados. Por ejemplo, chile ha hecho frente a problemas muy concretos en la renegociación de su deuda extranjera, que suma cuatro billones de dólares, y uno de los principales motivos de discusión que emplean los acreedores extranjeros ha sido precisamente su monopolio de tecnología.

Los precios de transferencia descapitalizan a los países subdesarrollados no sólo a través de la exageración de costos y sobrevaluación de activos en las subsidiarias sino a través de la reducción de los precios de exportaciones provenientes de países subdesarrollados. Mueller y Morgenstern han mostrado en una encuesta realizada entre 258 compañías exportadoras en diez países latinoamericanos que representan el 25% de la industria de manufactura para exportación en esa zona, que hubo un promedio de devaluación de 45,3% en las exportaciones de manufacturas. Esto representó "una pérdida en el intercambio extranjero de utilidades de casi 500 millones de dólares, los cuales hacia 1970 eran aproximadamente el 4%, según las estadísticas oficiales del total de exportaciones y un 25% de las manufacturas exportadas oficialmente» [2]

Cuando se realizan exportaciones e importaciones entre corporaciones transnacionales que no están estrechamente vinculadas, o entre sus afiliados, los acuerdos internacionales (tipo carteles) y la interdependencia de precios creada por el relativo estado de equilibrio entre oligopolios pueden aumentar la descapitalización de los países subdesarrollados.

LAS PATENTES COMO UNA RETAGUARDIA
DE LAS CORPORACIONES TRANSNACIONALES

Aun cuando una corporación transnacional pierde el control de las acciones de bolsa en su subsidiaria, puede conservar su dominación a través de las patentes. Como ha señalado el "Columbia Journal of World Business" (enero de 1971), la posesión de toda la mercancía en una subsidiaria no constituye un requisito previo para que haya transferencia de precios: "verdaderamente, la práctica de control sobre licencias o la distribución ejercida gracias a la habilidad para dirigir los resultados de la investigación, resulta con frecuencia más efectiva que el control legal realizado a través de la posesión de las existencias". Mueller y Morgenstern han demostrado que, en el renglón de compañías exportadoras de manufacturas, las empresas transnacionales participando en empresas conjuntas con gobiernos de países subdesarrollados o con inversionistas privados usan casi tres veces más frecuentemente el sistema de exagerar los precios de transferencia que lo que usan las empresas locales en el mismo ramo.

Los autores que escriben en las publicaciones especializadas en asuntos de negocios aconsejan a los ejecutivos de las transnacionales que acepten empresas conjuntas con gobiernas de países subdesarrollados como una manera para contrarrestar el nacionalismo y también como vía para asegurar una mayor cantidad de utilidades.

DANIEL G. ZUCK, JAMES D. COCK-CROFT Y EL RUTGERS LIVINGSTON
TRANSNATIONAL CORPORATION RESEARCH GROUP.


PUNTILLAZOS

¿ES DE LA CIA O LA DEFIENDE PORQUE SÍ?

EN los comentarios palaciegos de la corte de políticos que rodea a Eduardo Frei hay consenso unánime acerca de que la labor desplegada por el hoy diputado Claudio Orrego en la pasada administración democristiana, tuvo sólo dos expresiones visibles: las doce horas que actuó como locutor oficial el día del "tacnazo", cuando era asesor de difusión de la Presidencia, en reemplazo de Germán Becker, y los afanes que gastó durante un día consecutivo —olvidando el almuerzo y la "copita"— para que su conmilitón Patricio Rojas, fuera designado último ministro del Interior del régimen freísta.

La risa y los borborigmos característicos de Orrego fueron obstáculo para que su carrera de locutor continuara después de la rendición del general Viaux, pero esa experiencia la capitalizó Orrego, posteriormente, cuando actuando muy seriamente y en medio de una abstinencia singular —que jamás parece haber repetido en el futuro—, influyó en Eduardo Frei para que descartara candidatos como Enrique Krauss y Carlos Figueroa en la pugna por la designación de ministro del Interior, que al final ganó Patricio Rojas.

Hasta ese entonces, Claudio Orrego había pasado como un católico observante, con inquietudes sociales que lo llevaron a estudiar en la Universidad Católica la carrera de Sociología. Políticamente formaba en la Falange y como tal fue elegido dos veces presidente de la FEUC, con el extraño apoyo de los sectores derechistas de la UC, en un momento en que la pelea política allí era entre falangistas y conservadores (aún no bautizados como "momios").

Muchos de sus compañeros de la Acción Católica Universitaria no entendieron en esa ocasión porqué votos conservadores afirmaron a Orrego. Esas mismas personas lo comprendieron más tarde perfectamente, cuando algunos emigraron al MAPU (varios sacerdotes) y en él alcanzaron puestos relevantes (Rodrigo Ambrosio). A partir de ese cambio consecuente, Orrego los atacó con virulencia y en el caso de Ambrosio la animosidad llegó hasta la delación para acusarlo de "marxista infiltrado".

Si bien no estuvo presente durante la campaña electoral de 1964, regresó a Chile desde Europa —donde realizaba cursillos para redondear su no logrado título de sociólogo en la UC criolla—, después del triunfo de Frei, nimbado con una artificial aureola de filósofo activo de los principios demócratas y cristianos.

El ex presidente lo destinó a manejos en la superestructura partidaria de la DC y fue así como Claudio Orrego apareció de reorganizador de la "Cosa Nostra", venida a menos por las actuaciones personalistas de Rafael Moreno y Juan Hamilton, convertidos ya en "vedettes" ministeriales.

Fue Patricio Rojas quien designó Director General de Investigaciones a Luis Jaspard a quien le cupo tan desmañada actuación en la pesquisa para dar con los asesinos del Comandante en Jefe del Ejército, general Rene Schneider, en el complot montado por la CIA para impedir el ascenso a la presidencia del candidato electo, Salvador Allende.

En todas esas ocasiones y especialmente en el asesinato del general, Orrego guardó absoluto silencio. Era un guardaespaldas eficiente, que en honor al conmilitón ministro, prefirió callar todo comentario.

Pero el tiempo y las circunstancias han cambiado. Ante otro asesinato de un uniformado, el del edecán Arturo Araya, Claudio Orrego salió temprano a la palestra y muy a caballo, por cierto, acerca de lo que tenía que decir y comentar.

Fuera de las declaraciones hechas como diputado —con igual bagaje de informaciones que el que tuvieran otros sospechosos informantes como Gustavo Alessandri y el periodista Mario Carneyro—, se aventuró a hacer un análisis más acabado en "La Prensa" bajo el sugestivo seudónimo policial de "Sherlock". Era como si la ocasión lo hubiera desdoblado. Allí su relación oculta con la organización de espionaje norteamericano surgió clara, mostrando el profundo conocimiento que Orrego tiene de la acción sediciosa y conspirativa. Pero hasta en ello se mostró adocenado.

Si bien fue explícito y franco cuando se refirió al objetivo final del asesinato del edecán Araya ("...el muerto no es la fama del blanco. Pero está al lado") se desmandó por la ingenuidad que se le escapó cuando afirmó que los que ahora actuaron "no son aficionados, como en el caso del general".

Para los que vieron este debut de comentarista policial de Claudio Orrego, no cabe duda que la exigencia en carácter urgente que le fue hecha por la organización para incorporarse al equipo periodístico que trató de cambiar los términos del atentado contra el comandante Araya, limitó la originalidad e inteligencia del redactor. A menos que cuando escribió estuviera en especial e impensado estado de temperancia.

D.


Denuncia

LA CIA Y LA DERECHA EN EL ASESINATO DEL EDECÁN

EL asesinato del Capitán de Navío, Arturo Araya Peeters, Edecán Naval del Presidente de la República y Jefe de la Casa Militar de La Moneda (1.30 horas del viernes 27 de julio), se inserta en el cuadro clásico de las operaciones planificadas para provocar un alto grado de conmoción interna, justificativo ideal de un golpe de Estado. La ubicación del incidente, al centro de una serie de hechos políticos y policiales, asombra menos que sus consecuencias que se concretaron planificadamente al estilo indisimulable de las operaciones de la CIA y en cuya orquestación fueron participando ordenadamente los comandos terroristas de la derecha (Patria y Libertad y Partido Nacional), como ejecutores del crimen político, y luego los elementos más representativos de la reacción: la prensa de oposición, los agentes infiltrados en los servicios policiales y de Inteligencia, los órganos más conspicuos de la administración de justicia y, por último, los oficiales golpistas que pululan en las Fuerzas Armadas como promotores de la mutación de la verdad de lo ocurrido. Puede afirmarse con certeza que, en estos tonos, el asesinato del Edecán Naval, supera en mucho al plan realizado con ocasión del crimen político que acabó con la vida del General Rene Schneider. Entonces se trató de evitar la asunción al mando del Presidente electo, Salvador Allende, pero manteniendo cierto grado de continuidad "constitucional". Ahora la pretensión era más ambiciosa, porque trascendía los límites nacionales, y más sangrienta, porque iba a justificar una represión cruenta a toda la izquierda, al estilo indonesio. A estas alturas no se puede asegurar que ese peligro haya pasado.

En efecto, el asesinato era sólo un detonante. El objetivo principal iba más allá de la desaparición física de un colaborador íntimo del Jefe del Estado. Pretendía derribar al gobierno, animando a las Fuerzas Armadas a dar un golpe desde el momento que los "autores" del crimen eran militantes de la propia izquierda que lo sostenía y del grupo de vigilancia personal del Presidente Allende, y, finalmente, tomaba ribetes internacionales ya que las acusaciones de la derecha comprometían a la Embajada de Cuba. Por otra parte, como efecto secundario, el crimen afectaba conversaciones políticas entre el gobierno y la Democracia Cristiana.

LA CONSPIRACIÓN

En la madrugada del viernes 27 de julio un comando derechista integrado por elementos de Patria y Libertad y del Partido Nacional se ubicó frente al domicilio del Edecán Naval con el objeto de asesinarlo. Coordinadamente otro comando inició una operación de diversión y atacó, a corta distancia de la residencia, a una camioneta de INDAP, destrozándola al hacer estallar un explosivo en el motor, mientras se dedicaba a sembrar de "miguelitos" el sector respectivo de Avenida Providencia con Carlos Antúnez, habitual foco de conflictos derechistas. Junto con esta operación, baleó a transeúntes que transitaban por la zona, para dispersarlos, con el objeto de no dejar testigos de la" acción central.

Tal como lo esperaban los asesinos, al ruido de la explosión y los disparos el Edecán Naval salió a la puerta de su casa para averiguar lo que ocurría y, al ver el grupo desplazado frente al jardín, subió a su dormitorio a buscar una pistola ametralladora. Cuando salió al balcón de su pieza, en el segundo piso, los asesinos lo atacaron. Un certero balazo le perforó un pulmón dejándolo mortalmente herido; media hora más tarde fallecía en el Hospital Militar.

El asesinato conmovió a la opinión pública. El Presidente Allende coordinó las investigaciones policiales, para darles un carácter de seriedad y de objetividad indiscutibles, centrándolas en los servicios de Inteligencia de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y en Investigaciones. El acuerdo tomado por el Consejo Superior de Seguridad Nacional, siguió las aguas del operativo que se desarrolló con motivo del asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, General Rene Schneider, en octubre de 1970.

En las primeras veinte horas posteriores al crimen del Capitán Araya, las novedades en torno al hecho se circunscribieron a pesquisas policiales habituales en esos casos (allanamientos y detenciones de sospechosos) mientras las acusaciones de los órganos informativos se volcaban en la oposición o en la izquierda, según fuera la respectiva tendencia. La bomba noticiosa habría de estallar al día siguiente. Sin embargo en la tarde del viernes, dentro de la artillería acusadora, se deslizaron dos noticias significativas, que pasaron inadvertidas. De ambas fue autor personal el diputado del PN, Gustavo Alessandri. El parlamentario afirmó a las 15.30 horas en Radio Agricultura que "se habría visto merodeando por el lugar de los hechos a un funcionario del Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados de CORFO (SEAM) y cuyo nombre conocía y había denunciado al Fiscal Naval". Cuatro horas y media más tarde —a las 22 horas— refrendó la misma denuncia en el informativo de Canal 13, pero entonces agregó que "el autor del crimen ya estaba detenido".

Una hora más tarde se recibía en la Armada una extraña denuncia de un "médico" que se negó a dar su nombre. El anónimo aseguraba que en el avión de Cubana de Aviación que debía partir de Pudahuel a la medianoche, se fugarían del país los integrantes del comando asesino. Con la diligencia que los círculos castrenses han acogido este tipo de irresponsables denuncias, se hicieron presentes en Pudahuel tres oficiales (un marino, un militar y un carabinero) que bajo el pretexto mencionado revisaron, primero, el pasaje, provocando serias molestias a los viajeros y luego extendieron la inspección —abusando de la paciencia y buena voluntad de los cubanos— al avión mismo y al equipaje. En esta última revisión extremaron la búsqueda hasta la exigencia de abrir un cajón en el que suponían que se escondía una persona. Por supuesto que nada se halló y no cabe suponer otra cosa que las pesquisa tenía visos de provocación, desde el momento que la lista de pasajeros, confeccionada dos días antes, correspondía exactamente a lo declarado de acuerdo con la rutina habitual. Incluso un diplomático chileno (Francisco Fernández) fue despojado de su pasaporte en el abusivo procedimiento.

Al dia siguiente, sábado, el vespertino "La Segunda", el órgano más agresivo de la empresa "El Mercurio", cuyo director Mario Carneyro, es el periodista que aparece más vinculado a la CIA y a la embajada norteamericana de los llamados "periodistas libres", dio cuenta en primera página y a grandes titulares que "cayó el asesino del Edecán". Simultáneamente radio Agricultura, que dirige Alvaro Puga, también comentarista pro-norteamericano de "La Segunda" dio a conocer la misma noticia y los detalles de ella, en igual forma que el vespertino.

Según ambas crónicas el asesino era José Luis Riquelme Bascuñán, técnico electricista del SEAM y "experto en explosivos", quien se había entregado a Carabineros y confesado su delito. La información apuntaba a que Riquelme era miembro de un "grupo extremista de izquierda", que había integrado un comando en el que formaban parte tres cubanos (lo que comprometía a la embajada de Cuba), que en la operación había participado Bruno Blanco, miembro del grupo de seguridad presidencial, y que estaba involucrado, además, un grupo de trabajadores de la industria Edwards y Cerutti. En la acción había sido usado un jeep rumano de color verde. Estaban todos los elementos de una "operación CIA" clásica.

Se configuraban así tres hechos: los asesinos eran izquierdistas (MIR y PS); sus cómplices eran cubanos y rumanos, y estaba comprometido también el propio Presidente de la República. También quedaba confirmada la noticia del diputado nacional Gustavo Alessandri y a cuyo apresurado y sospechoso anuncio del día anterior se agregó el de otro parlamentario, el demócrata cristiano Claudio Orrego, que después de la publicación de "La Segunda" se adelantó a dar por verídica la confesión de Riquelme y a agregar que, a su juicio. Investigaciones estaba en complicidad "con extremistas y extranjeros".

LA ORQUESTACIÓN

Las publicaciones radiales y periodísticas causaron natural revuelo. Era lógico que los antecedentes dados a conocer se habían filtrado desde Carabineros, que aparecía participando en la detención del "asesino" y que refrendaba con hechos bien detallados la confesión publicitada. La infidencia de esos círculos había saltado la valla de reserva que guardaba la comisión especial que integraban los servicios de Inteligencia Militar y la policía civil. El investigador que aparecía dirigiendo el interrogatorio de Riquelme no había dado cuenta del resultado ni a sus superiores jerárquicos ni a la comisión especial. Había preferido hacerlo, en cambio, a un senador de oposición, a los diputados Alessandri y Orrego y a los directores de "La Segunda" y radio "Agricultura". Su nombre: Germán Esquivel, Capitán de Inteligencia de Carabineros.

Esa misma tarde, el Prefecto de Carabineros de Santiago, General Fabián Parada, desmintió los infundios desde radio Agricultura, adonde llegó intempestivamente y exigió el uso de los micrófonos para dar a conocer que se había violado el secreto del sumario, que el detenido era un "ebrio" cuyas declaraciones no estaban confirmadas, que el subordinado que había dado presuntamente las informaciones estaba sumariado y que el Cuerpo de Carabineros no se prestaba para "canalladas" de esta índole.

Posteriormente, en la noche del sábado el Ministro del Interior, Carlos Briones, desmintió en parecidos términos las informaciones de la prensa y radio de la derecha y les atribuyó la intención política de hacer fracasar las conversaciones que se gestaban entre la DC y el gobierno.

Ninguno de estos desmentidos amenguó las informaciones que los matutinos de oposición dieron a publicidad el domingo. Por el contrario, estas fueron lanzadas con la espectacularidad que requería el plan, y, en muchos casos, enriquecidas con nuevos antecedentes, entre estos últimos los relativos al allanamiento ya mencionado del avión cubano que cumple el itinerario semanal entre Santiago y La Habana. Se creó así el estado de "conmoción pública", que permitió la entrada en escena de la reaccionaria Corte Suprema.

Hasta ese momento se había producido una cuestión de competencia judicial entre el Sexto Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago y la Fiscalía Militar. Ambos tribunales alegaban mejor derecho para conocer el delito. El tribunal civil, por haberse producido el crimen mientras el Edecán estaba fuera de servicio. El militar, porque le correspondía su conocimiento desde el momento que los edecanes "están permanentemente en cumplimiento de su función".

En el fondo, este era un conflicto de poderes más político que legal. Las Fuerzas Armadas conocen la "competencia" de la justicia civil a través de experiencias bien amargas. Un juzgado militar condenó a 20 años de prisión al general Roberto Viaux por su responsabilidad en el asesinato del General Schneider y la pena fue rebajada a sólo dos años por la Corte Marcial, en una votación dividida. Dos ministros de ese tribunal —los civiles Enrique Paulas y Eduardo Bravo—, más el auditor del Ejército, Camilo Vial, hicieron mayoría en contra de los votos de los auditores de Aviación y Carabineros. Apelada esta sentencia a la Corte Suprema, esta última instancia fue rechazada por el tribunal civil, con la que el asesinato del más alto jefe militar, como es el Comandante en Jefe del Ejército, resultó castigado con una pena que se suele dar en los tribunales civiles a los que roban una gallina, y en los militares a los que no cumplen con la Ley de Reclutamiento.

Pero ese domingo 29 de julio no estaba en juego solamente este aspecto. La prensa de derecha lanzada, con todo su poder para probar la raigambre "izquierdista" del crimen, invocaba desembozadamente la "conmoción pública" desatada para requerir la intervención de todos los poderes de la burguesía, "La Tribuna", diario de la ultraderecha, puso en boca del juez del Sexto Juzgado del Crimen la siguiente declaración: "El Juzgado Militar es legal, indudablemente, pero hay argumentos avalados en la ley para estimar que es más factible que se ocupe de investigar el asesinato del Edecán, un juzgado común. Este da el máximo de garantías a la ciudadanía, ya que no está sujeto a ninguna presión superior. Los juzgados militares tienen sobre sí la jerarquía militar que termina en el Comandante en Jefe e incluso en el propio Presidente de la República, ya que el primero es nombrado por el Primer Mandatario".

La Corte Suprema atendió de inmediato el llamado. Con una diligencia que jamás ha adoptado para condenar y sancionar el terrorismo fascista, se reunió en un "pleno extraordinario" y designó Ministro en Visita para conocer el caso al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Abraham Meershon. Si extraordinario fue el dominical apuro del tribunal supremo, no fue menos extraordinanaria la designación. El Ministro Meershon se ha hecho de triste celebridad; en 1970 puso en libertad a varios terroristas, que posteriormente volvieron a las andadas esta vez para participar en el asesinato del General Schneider, además tomó partido a favor de varios conspiradores.

Otros organismos burgueses —la Cámara de la Construcción, la Sociedad de Fomento Fabril— y con un desplante extraordinario, el propio partido Nacional se agregaron al plan que exponía la prensa reaccionaria y al que adhería la Corte Suprema.

SE DESINFLA LA CAMPAÑA

La euforia y desbande publicitario de la prensa de oposición, que había alcanzado su punto álgido, comenzó a desinflarse cuando el lunes 30 de julio, el Juez Militar de Santiago, General Mario Sepúlveda Squella, con antecedentes precisos, analizó en reunión del Consejo Superior de Seguridad Nacional de ese día, la patraña montada en torno al "asesino" José Luis Riquelme. La versión aportada por el militar dio como resultado inmediato la decisión de anunciar la incompetencia de la Fiscalía Militar para conocer el sumario y la orden de remitirlo al Juzgado Naval "por considerar que la sustanciación de dicho proceso corresponde a la competencia de este tribunal". Esa misma tarde la Superioridad de la Armada designó al auditor, Capitán de Fragata Aldo Montagna, para que llevara la investigación judicial correspondiente.

Otras consecuencias más visibles para la opinión pública se reflejaron en la prensa opositora el martes 31. "El Mercurio" redujo sus informaciones (durante tres días había titulado a ocho columnas) a una sola y modesta columna; "La Prensa" que hablaba de Riquelme como "asesino", lo disminuyó a "testigo clave", mientras que los otros órganos también cambiaban esa calificación, rebajándola a "sospechoso". El acusado ("confeso" ante, el autor indudable de la gigantesca provocación —el capitán de Carabineros, Germán Esquivel— y publicitado como tal ante los políticos derechistas por otros oficiales reaccionarios) ahora no pasaba de ser un ebrio envuelto en el engranaje del siniestro plan.

Sin embargo quedaba aún otro recurso. El Fiscal Naval el miércoles 1º de agosto declaró reo a José Riquelme "por existir presunciones en su contra por el delito de maltrato de obra a personal de las FF.AA.". La decisión, natural dentro del procedimiento judicial cuando vence la incomunicación de un detenido (Riquelme había enterado los cinco días de la incomunicación dictada primitivamente por la Fiscalía Militar), no implicaba culpabilidad. Sólo significaba que por las presunciones mencionadas podía ser sometido a proceso. La prensa magnificó la decisión dándole alcances que obligaron a desmentirlos al propio Fiscal Montagna.

Pero la verdad desmoronadora de toda la intriga debía llegar por el conducto lógico de las investigaciones que realizaba la comisión designada por el CONSUPSENA. La policía civil había destinado para tal efecto, de acuerdo con la comisión, coordinador de la pesquisa al director de la Escuela Técnica de Investigaciones, Prefecto Hernán Romero, quién, en base a interrogatorios a detenidos en el sitio del suceso y diligencias realizadas en el curso de la semana, logró la detención el viernes 3 de agosto, a las 6.30 horas, del fascista Mario Eduardo Rojas Zegers, estudiante de ingeniería eléctrica de la Universidad Católica, de 22 años. El prefecto Romero dirigió la investigación del "caso Pérez Zujovic" y es insospechable de izquierdismo. Como jefe de la policía política persiguió duramente a muchos revolucionarios.

Rojas Zegers delató en su confesión a sus compañeros del comando asesino: Guillermo Necochea Aspillaga, Edmundo Enrique Sebastián Quiroz Ruiz, Miguel Víctor Sepúlveda Campos, Guillermo Bunster Thiesse, Carlos Fernández Farías, Juan Antonio Tacconi Quiroz y Guillermo Claverie Barbet.

Allanamientos a las casas de los fascistas mencionados, durante las pesquisas, permitieron descubrir un verdadero arsenal entre rifles Winchester 30-30, Remington con mira telescópica, metralletas Marcatti, escopetas de dos cañones y toda clase de revólveres, pistolas, explosivos y municiones. En menos de una semana la policía juntó más armas que las escasas que han recogido las FF.AA. en los represivos allanamientos que han realizado en todo el país a fábricas e industrias.

La detención de Rojas Zegers cambió los términos de la actitud de la derecha en lo que se refiere a la campaña de su prensa, aunque insistió en su acción en los tribunales y en los círculos militares adictos. El senador del partido Nacional, Fernando Ochagavía, acompañado de una decena de abogados derechistas, llegó a Investigaciones la mañana del viernes para proteger al detenido. Las vinculaciones de Ochagavía con lo más granado de la oligarquía criolla y su influencia dentro del partido Nacional donde aparece como uno de sus hombres más influyentes y promotor del grupo ultrarreaccionario denominado "Los Halcones", hicieron más sugestivas estas gestiones. Ante su fracaso, el senador Ochagavía cambió de frente y al día siguiente dirigió sus esfuerzos a la Fiscalía Naval, donde había quedado a disposición Mario Eduardo Rojas Zegers. Allí se entrevistó con el Fiscal Montagna pero también inútilmente, como que ese magistrado envió a la cárcel incomunicado al fascista detenido.

Por su parte, el ministro Meershon, sensible a la detención producida, también visitó a las 20.30 horas del sábado el Cuartel General de Investigaciones. Su objetivo aparente: "evitar apremios coercitivos de otros presuntos detenidos". La maquinaria derechista funcionaba a todo vapor. El magistrado a quien el Fiscal Naval le había pedido se inhibiera para seguir conociendo del asesinato cuando asumió su cargo, había respondido que él era competente para conocer la causa. Lo probaba claramente esta visita personal a Investigaciones.

A todo esto la prensa derechista enfiló sus fuegos a tender una barrera protectora sobre el fascista detenido, pero 48 horas más tarde debió enfrentar otro hecho nuevo. Uno de los prófugos —Guillermo Necochea Aspillaga— se entregó "voluntariamente" al Fiscal Naval. Rojas Zegers había señalado a Necochea como el miembro del comando fascista que andaba más fuertemente armado la noche del asesinato del Edecán Naval.

Los periodistas derechistas destacaron como prueba de la inocencia de Necochea su entrega voluntaria, "a pesar de estar enfermo en cama debido a una caída en la nieve, mientras se encontraba en Farellones". Según esas informaciones el "convaleciente Necochea se vino a pie, bordeando cerros, para entregarse a la Justicia Naval". Ninguno de estos infundios le valió a Necochea. El lunes pasado fue enviado detenido e incomunicado a la Cárcel Pública por el Fiscal Montagna.

Los antecedentes entregados y la aparición de Necochea Aspillaga probaron que el infundio de culpar a la izquierda del asesinato del Edecán Naval no tenía asidero, fuera de significar una cortina de humo para ocultar a los verdaderos culpables. Pero todavía quedan defensores de la tesis derechista, aunque ellos lo disfracen con argumentos bastante personales.

Cuando el segundo fascista ingresaba a la Cárcel, el presidente de la comisión investigadora designada por el CONSUPSENA, general de brigada aérea Nicanor Díaz Estrada, le salió al encuentro a sus propios investigadores y desmintió que el caso estuviera resuelto con la detención de Rojas y Necochea y con la identificación del resto del comando que seguía prófugo. Lo sorprendente en la declaración del militar fue su propósito de esconder la clara y demostrada filiación fascista de los asesinos, y mantener la defensa incondicional de las clases patronales que algunos militares están mostrando sin pudor alguno.

Esta posición fue afirmada al día siguiente, el lunes pasado, por la Corte Suprema que reunida en pleno acordó amonestar al Director General de Investigaciones, Alfredo Joignant, socialista, por haber "roto" el secreto del sumario, cuando entregó informaciones relativas a la detención de Mario Eduardo Rojas Zegers. Trece "supremos" consideraron irregular la conducta del jefe policial. Ninguno de ellos ni siquiera había bostezado en sus respetables curules, cuando el Capitán Esquivel, de Carabineros, olvidándose del secreto del sumario, de sus superiores jerárquicos y de toda moral funcionada, inventó, para uso de la derecha conspiradora y de sus asesores de la CIA, a un curadito asesino: José Luis Riquelme.

¿Con tales defensores de nuestra institucionalidad democrática, quién asegura que ella pueda durar mucho tiempo más?

Mario Díaz B.


Reportaje

GOLPISMO SOBRE RUEDAS

MIENTRAS los trabajadores hacían denodados esfuerzos para solucionar el problema del transporte, los reaccionarios se unían la pasada semana al bloqueo montado por el imperialismo contra Chile.

El paro decretado por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, coincidió con maniobras imperialistas para dañar al sector transporte de nuestra economía.

La primera manifestación de ese bloqueo fue la negativa del EXIMBANK para otorgar un préstamo de 21 millones de dólares para renovar los equipos de vuelo de Línea Aérea Nacional. El siguiente paso fue el cierre de las líneas de crédito para repuestos destinados al transporte. En 1970, el Federal Comité Insurance American (FCIA), que garantiza y asegura las operaciones norteamericanas en ultramar, decidió no cubrir el riesgo de ninguna operación con Chile.

Como una respuesta al bloqueo norteamericano y al mercado negro interno, fue creada la Empresa Nacional de Repuestos Automotrices (ENARA). Pero las dificultades siguieron: a ENARA se le rechazó un crédito por 900 mil dólares, pagadero a 180 días, para importar repuestos indispensables.

Otra expresión de la hostilidad de las empresas estadounidenses tuvo lugar en mayo de 1971, con motivo de la intervención estatal de Ford Motors. Había en el Banco Central registros de importación convenidos con la firma, que estaban aprobados y tramitados. Esta operación demora un mínimo de nueve meses. No obstante, Ford cerró todos los registros y hubo que iniciar una nueva tramitación, la cual fue, finalmente, rechazada.

Esta situación ha provocado desajustes en un país en que la mayoría de los vehículos son de procedencia norteamericana, especialmente los de locomoción colectiva urbana.

Los hechos mencionados muestran una dramática realidad. El 30% de los microbuses particulares, el 20% de los taxibuses y el 33% de los buses de la ETC se encontraban paralizados a mediados del año pasado.

Pese a tales dificultades, se ha tratado de establecer mecanismos que permitan la reposición de repuestos. Por ejemplo, la compra de repuestos norteamericanos se ha buscado hacerla a través de países tales como México, Canadá y Japón. Por otra parte, se está realizando una campaña tendiente al ahorro de divisas, factor indispensable para la solución de este problema. Además se han incrementado las relaciones comerciales con España, Brasil, Alemania, Polonia, Yugoslavia, Inglaterra, Japón, Australia, Italia, Canadá, México y Argentina. En estos países se está adquiriendo ahora más del 40% de las piezas que anteriormente se traían desde Estados Unidos.

EL PARO

En estas condiciones, el sector pivote de la sedición, en la estrategia del fascismo, que es el de los camioneros que dirige León Vila-rín, iniciaron el paro de transportistas como detonante para un nuevo octubre, esta vez perfeccionado. Abrieron la huelga bajo el pretexto de "reivindicaciones gremiales" para ocultar el carácter golpista del paro. Plantearon que los camiones estaban pasando al área social, a sabiendas que en Chile faltan 6.000 camiones para el transporte. Argumentaron, con descaro, que carecen de repuestos pese a tener conocimiento que en lo que va corrido de 1973 el país ha gastado 30 millones de dólares en repuestos. Por último esgrimieron como causal de "su" huelga "pocas utilidades". La realidad es que el negocio de los camioneros es fabuloso. En 1971 obtenían Eº 1.000 por tonelada, tarifa que este año les ha sido reajustada a Eº 3.000.

León Vilarín y sus secuaces fueron recibidos dos veces por el Presidente Allende y hubo cinco horas de conversaciones. Se les resolvieron peticiones y se les aceptaron demandas, cuya concreción debía volver a buscar Vilarín a La Moneda. Pero no volvió e inició el paro.

En verdad, este paro no venía aislado. Constituía pieza importante en el tablero golpista que el fascismo construyó para derribar al gobierno. El primer paso fue el asesinato del Capitán de Navio y Edecán presidencial, Comandante Arturo Araya, en la madrugada del 27 de julio.

No obstante los acuerdos que los Ministros de Economía y Obras Públicas alcanzaron con la directiva de la Confederación del Transporte Terrestre, ésta también promovió la extensión del paro camionero al sector de locomoción colectiva en un intento de repetir la experiencia de octubre de 1972.

La situación esta vez fue controlada con energía. El gobierno designó interventor general, al subsecretario de Transportes, Jaime Faivovich, cuyo desempeño como fiscal de CODELCO, Intendente de Santiago y en la Subsecretaría de Transportes, marcan la misma y firme línea revolucionaria. Faivovich aplicó las requisiciones y enfrentó el paro golpista con decisión.

Sin embargo, poco después comenzaron las vacilaciones en el gobierno y Faivovich quedó prácticamente atado de pies y manos para seguir actuando.

El terrorismo desatado por los camioneros se traduce en más de 200 atentados con víctimas inocentes, 5 muertos, decenas de heridos, siete puentes de ferrocarriles dañados o destruidos y más de 20 millones de dólares en pérdidas materiales. Aparte de esto, la población, especialmente, los sectores populares, han debido sufrir los efectos del desabastecimiento de parafina, alimentos y otros artículos esenciales por la paralización de las más poderosas empresas de transportes.

En Chile hay actualmente 45 mil camiones, de los cuales paralizaron alrededor de 21 mil. El MOPARE con alrededor de 10 mil vehículos y los requisados permitieron organizar convoyes de suministros esenciales a diversas zonas. Una vez más, como en octubre, la participación de los trabajadores ha sido vital en la lucha contra la "insurrección" burguesa. En lo económico, los principales efectos se han registrado en el transporte de leche y productos del agro. La escasez de parafina se observó por la falta de camiones para trasladar el producto a lugares de abastecimiento de la población. 165 camiones particulares trabajan en este rubro con ESSO, SHELL y COPEC. Todos se plegaron al paro. En estas condiciones también se registró problema con la bencina. Pese a esa situación, debieron exportarse 25 millones de litros de este combustible a fin de impedir la detención de las refinerías por la formación de enormes stocks sin salida por falta de camiones. La situación se vio agudizada ya que Santiago se abastece con aproximadamente 2.200 metros cúbicos de parafina y una cantidad semejante de bencina. La demanda de parafina en invierno aumenta en 80 por ciento y afecta a los sectores populares.

Por otra parte, en el plan sedicioso también se buscaba la suspensión del suministro de petróleo a las industrias, situación con la cual habrían debido paralizarse los hornos.

ALGUNOS "CAPOS"

Es necesario que el país conozca quiénes son algunos de los principales responsables del paro camionero.

Los siguientes antecedentes corresponden a lo que son en verdad, los "dirigentes" del Sindicato de Transportes Interurbanos, fieles seguidores de León Vilarín, el cabecilla que no es camionero, porque no aparece inscrito en el Registro Nacional de Dueños de Camiones. Sin embargo, este agente provocador, bajo un aparente "gremialismo", sólo está sirviendo intereses políticos destinados a derribar el gobierno. Esta es parte de la estrategia trazada por la burguesía y para lo cual, entre otros, utiliza a los siguientes "dirigentes" del Sindicato de Transportes Interurbanos:

ADOLFO QUINTEROS SOTO, Presidente.— Pese a que sus maniobras son un poco menos oscuras que los restantes miembros del directorio, se las arregla para obtener ganancias millonarias, utilizando su cargo como elemento de presión. Tiene pocos camiones, pero como "dueño" de varias concesiones de transporte en diferentes industrias, explota al máximo a "los medios pollos" que son los pequeños transportistas. Su jugada maestra la realizó hace poco tiempo cuando le vendió a 60 pequeños empresarios una línea de transportes en el norte, previo pago de una elevada cantidad de millones de escudos.

BORIS GARAFULIC.— Detrás de esta imagen de "deportista ejemplar" se esconde uno de los más grandes imperios del transporte que existen en el país. Dueño de la empresa "Transportes Cóndor", posee más de 200 camiones. Entre sus muchos negociados, se cuenta el del monopolio del transporte de madera hacia la Papelera de El Laja. Allá tiene trabajando un total de 60 camiones de alto tonelaje. La compra de esa línea y de los primeros camiones que formaron este grupo de transporte, se realizó a través de pequeños empresarios. En 1956. Garafulic contrató a 40 pequeños empresarios con sus respectivos camiones para trabajar en esa zona. Como los caminos estaban en pésimas condiciones, el empresario les ofreció, como compensación al desgaste de sus máquinas, la entrega de nuevos camiones importados. Sin embargo, cuando llegaron las nuevas máquinas, se olvidó del compromiso y luego de un boicot que contempló la no entrega de bencina, repuestos y alimentos, logró que los pequeños empresarios y sus gastados camiones regresaran a Santiago. Con esta jugada, se apropió de los camiones nuevos, con los cuales comenzó a construir su imperio.

También Garafulic es propietario de los camiones que hacen el transporte de la yesera El Volcán, además de Transportes Andinos. Es poseedor de los mejores fletes que existen en el país. A los pequeños transportistas solo les cede excedentes, previo pago de una comisión.

También tiene el monopolio del transporte del fierro de CAP. Pero como este flete es poco rentable, lo acarrea por medio de "medios pollos". Cuando los pequeños empresarios han tratado de protestar, señalando que se trabaje en rotativa, de tal manera que todos tengan oportunidad de recibir buenos fletes, Garafulic ha utilizado a sus matones para hacer valer sus "derechos".

Transportes Pareche.— Junto con Garafulic, explota el transporte de CAP a través de los "medios pollos". La totalidad de sus mejores camioneros (20) están trabajando en el mineral El Teniente.

Hugo Cuchi.— Monopoliza casi todo el flete de ECA. En base a este contrato de casi absoluta exclusividad y a las enormes garantías y privilegios que obtuvo de gobiernos anteriores, se hizo multimillonario después de estar en quiebra. En 1960 tenía sólo un camión y ahora cuenta con una flota que sobrepasa las 20 máquinas. Sus acciones de explotación de los pequeños transportistas revisten formas un poco más elegantes y sofisticadas. Ha inventado, por ejemplo, lo que el denomina "el flete armónico" que es una pantalla hábilmente levantada. Se trata de una argucia legal, que le permite pagar a los "medios pollos" la mitad de lo que el percibe por el kilo de flete por parte de ECA.

Lautaro Moya.— Empresario que, sin tener los antecedentes tan oscuros como el resto, posee una flota de 10 camiones de 45 toneladas cada uno, que trabajan para la Disputada de Las Condes.

Bettino Bettati.— El más grande transportista en líquidos y vinos. Tiene 30 camiones especializados en este rubro, con lo cual se asegura entradas suculentas, debido a que este flete es bien pagado.

Max Alicke.— Especializado en el transporte de automóviles, tiene la exclusividad de este rubro. También es "cortador de cola", contrata el flete a un precio y al transportista le paga un precio inferior, quedándose con la diferencia. Experto explotador de pequeños transportistas.

Bernardino Bustos (Transportes Bustos).— Monopoliza todo el flete de INCHALAM. Propietario de una flota de 15 camiones de gran tonelaje, también recurre a los pequeños transportistas para acrecentar sus ganancias. Maneja a su antojo los fletes de esa industria de alambre, lo cual le permite entregar las peores cargas (que se pagan a un menor precio el kilo o que deben ser entregadas en sitios de difícil acceso) a los fleteros. Cuando falta carga en INCHALAM, solamente usa sus camiones, mientras deja a los "medios pollos" sin trabajo.

Javier Cortés.— Propietario de Transportes Concepción, monopoliza los mejores fletes de Cobrechuqui. "Cortador de cola" experto, explota los pequeños empresarios con pagos arbitrarios con cheques a fecha.

MEDIDAS

El golpismo sobre ruedas para dar comienzo a un nuevo octubre y derribar al gobierno, impulsó la aplicación de enérgicas medidas, cuyo principal ejecutor fue el Subsecretario de Transportes, Jaime Faivovich.

Algunas de ellas, puestas en práctica de inmediato, fueron:

—Intensificar las requisiciones de vehículos paralizados y ubicarlos en las empresas del área social, bajo custodia de los trabajadores;

—Dar prioridad en las requisiciones a camiones estanques, por ser los más necesarios para transporte de combustibles.

—Promover la requisición de empresas distribuidoras de combustibles. En Santiago la situación era la siguiente:

Empresa

Flota Normal

Flota Trabajando

COPEC

40

38

ESSO

41

11

SHELL

25

9

El total de camiones de combustibles que se encontraban trabajando en Santiago debería haber sido suficiente para abastecer a la provincia. Sin embargo, como las empresas distribuidoras no fueron requisadas ni intervenidas, resultaba difícil su control. Esta anomalía redundó en trabajo lento, inadecuado aprovechamiento de los vehículos y bajo rendimiento.

—También fue resuelta la cancelación de la "personalidad jurídica" de las organizaciones de transportistas sediciosas y la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado contra sus dirigentes. Debe considerarse que en la situación presentada, los "parques" de concentraciones de vehículos paralizados constituían verdaderas fortalezas que rodeaban todos los caminos de acceso de la capital. De esta manera, el fin sedicioso quedó al descubierto. Cada concentración de camiones era un reducto paramilitar destinado a presionar, en cualquier instante, sobre la capital dentro del cuadro de afanes golpistas.

—Los predios donde se han concentrado los camiones plegados al paro serán expropiados (ya se hizo en "El Peñón" de San Bernardo), a través de CORA y CORMU, según sea el caso.

—La insuficiencia de fuerza pública para proteger convoyes o parques de vehículos requisados, como también para retirar éstos de los lugares donde estaban concentrados —caso de "El Peñón", donde hubo una batalla campal de diez horas para retirar alrededor de 200 vehículos desde ese lugar y poder trasladarlos al Parque O'Higgins— determinó que las organizaciones de masa, como los Cordones Industriales, Comandos Comunales, la CUT, etc., dispusieran el alerta y vigilancia de los trabajadores para cumplir con la requisición.

—También se dispuso la derogación inmediata de todas las disposiciones o decretos relativos a la asignación de chassis para camiones o microbuses, taxibuses y taxis, y una nueva dictación de normas con la eliminación de toda opción a postulantes que participaron en el paro. Igual proceder se aplicará en lo que respecta a neumáticos y repuestos.

—El objetivo es terminar con el chantaje que periódicamente ejerce León Vilarín y su "mafia" al cual arrastran a pequeños propietarios por la violencia, como se pudo comprobar en el requisamiento de 760 camiones concentrados en el fundo "El Peñón" de San Bernardo. El paro de camioneros-empresarios deja otra gran experiencia para el curso del proceso en que está empeñado el país y en el cual la fuerza motriz y decisiva son los trabajadores.

Sin embargo, al cierre de esta edición se observaban notorias vacilaciones del gobierno para apoyarse en las masas y requisar y hacer funcionar camiones, taxibuses y taxis. Por "orden superior" se dejó sin efecto la requisición planificada de vehículos estacionados en terrenos de la Papelera de Puente Alto. Lo mismo ocurrió con los "parques" de camiones paralizados en Reñaca Alto, Curacaví y Colina. Las vacilaciones del gobierno desalentaron a los Comandos Comunales y Cordones Industriales. En cambio, envalentonaron a los dueños de camiones, taxibuses y taxis que exigían la remoción del Subsecretario Jaime Faivovich. La actitud de Carabineros y de las FF.AA., luego de la actuación de los primeros en el fundo "El Peñón" de Nos, era un escaso deseo de apoyar la diluida energía de la autoridad civil.


Notas:

1. John R. Shipman: "International Patente Planning en Harvard Business Interview, marzo-abril de 1967, p. 67.

2. Ronald Mueller y Richard Morgenstern, "Economic Evidencie of Multinacional Corporate Behavior: Transfer Pricing and Exports in Less Developed Countries" (Fall, 1972, no publicado pero disponible si se lo pide del Prof. Mueller, Dept. Economics. American University, Washington, D. C.).


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02