Las Fuerzas Armada y la Historia Política chilena

Suplemento de la edición Nº 187 de PUNTO FINAL
Martes 3 de Julio de 1973
Santiago - Chile

LAS FUERZAS ARMADAS Y LA HISTORIA POLÍTICA CHILENA

Por RENE BALART CONTRERAS

“La fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Sólo en virtud de una ley podrá fijarse la dotación de estas instituciones”.Art. 22, inciso 19, de la Constitución Política del Estado.

“El esfuerzo que supone la conquista inminente de este futuro exige el concurso de todos los hombres y mujeres del país, de sus obreros manuales y de su intelectualidad, de sus organizaciones civiles y de sus Fuerzas Armadas y Carabineros”.

Salvador Allende G., Segundo Mensaje ante el Congreso Pleno. 21 mayo 1972.

EN un foro que se realizó en Santiago el mes de diciembre de 1963, bajo el auspicio de nada menos que del anticomunista Comité Chileno del Congreso por la Libertad de la Cultura y de la Biblioteca Nacional (dirigida en ese entonces por el hispanista Roque Esteban Scarpa) el profesor universitario Jorge Guzmán Dinator, al hacer, en su calidad de director del debate, la presentación, se refirió a los "grupos de interés", es decir, a aquellos "elementos que pretenden dirigir la política nacional, pretenden gobernar, como se dijo, no gobernando ellos, no asumiendo la responsabilidad del gobierno, sino que dirigiendo ellos a quienes gobiernan" ("Nueva Sociedad, vieja Constitución". Ed. Orbe. Santiago. 1964, pág. 24-25) y entre estos grupos nombró a las Fuerzas Armadas. "Cuando estos grupos de interés —agregó— tratan de obtener o arrancar decisiones del gobierno mediante su influencia sobre él, se les denomina "grupos de presión".

Ninguno de los participantes del foro se refirió, ciertamente, a la influencia de las Fuerzas Armadas en el Gobierno de la República. Ello ha sido y es un tema "tabú". La inmensa mayoría de los chilenos, orgullosos del sentido "profesional" y de la "subordinación al poder civil" de nuestro Ejército, no quiere oír ni hablar de que ello no es más que un mito y si alguien osa alzar la voz; ahí está para rebatirlo el famoso artículo 22, cuyo antiguo texto (antes de la reforma de 9 de enero de 1971) expresaba: "La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar".

Pero hay quienes recuerdan que las Fuerzas Armadas son, en América latina, la estructura de mayor presión social, que la entidad castrense se presenta en nuestras convulsionadas sociedades como un organismo jerárquico, disciplinado, compacto y dueño de las armas, lo que explica que sean, en verdad, el poder decisivo en varios países situados al sur del Río Bravo.

¿Ocurre lo mismo en nuestro país? Si recordamos que en Chile no se producen los típicos Golpes de Estado que se repiten a lo largo de la historia de otros países latinoamericanos, estamos tentados de afirmar que no; en sostener que nuestras Fuerzas Armadas no intervienen en política y que, por el contrario, se caracterizan por el irrestricto respeto y obediencia a los gobiernos civiles democráticamente elegidos.

Por ello no puede ser poca nuestra sorpresa cuando constatamos que un autor francés Alain Joxe, expresa categóricamente:

"El Ejército chileno, lejos de no haber intervenido nunca en asuntos políticos, ha sido, por el contrario, el agente principal en la corporación del Estado que hoy subsiste". ("Las Fuerzas Armadas en el sistema político chileno". Ed. Universitaria. Stgo. 1970, pág. 40). Lo que pasa, según el mismo autor, es que las "intervenciones de las Fuerzas Armadas, después de la Guerra del Pacífico, han sido en realidad tan importantes y tan decisivas (la Marina en 1891; el Ejército en 1924), que han podido, en cada ocasión, remodelar el Estado "en forma", con gran eficiencia, de modo que encuentran inútiles intervenciones numerosas". El hecho de que las Fuerzas Armadas chilenas no sigan ejerciendo directamente el poder, después de cada intervención exitosa, "produce una ilusión óptica. Una intervención militar en Chile equivale a diez en otros países: es perfecta" (Obra citada, p. 43).

Esta nueva perspectiva de encarar el problema nos obliga a revisar conceptos hondamente arraigados y a examinar objetivamente cuál ha sido la realidad histórica en nuestro país, en relación al tema expuesto.

EN VÍSPERAS DE LA EMANCIPACIÓN POLÍTICA

En el tomo I de la "Historia Militar de Chile" (Biblioteca del Oficial), Volumen XXXVIII, Estado Mayor del Ejército, Instituto Geográfico Militar, Santiago, 1970, p. 55 y siguientes) se afirma que el gobernador don Alonso de Rivera, uno de los más afamados capitanes con que contaba el imperio español de la época, con 22 años de eminentes servicios a la Corona en las guerras que sostenía en Europa, al desembarcar en Talcahuano a mediados del mes de febrero de 1601, recibió la impresión de que la situación militar del reino de Chile era desastrosa. De ahí que sus esfuerzos tendieran a la organización de un ejército permanente con carácter netamente profesional y por tal motivo sugirió al monarca un aumento de la dotación de tropas y de recursos. "Por real cédula de enero de 1603 el Rey Felipe III aprobó el establecimiento del ejército permanente, elevó el auxilio que debían remitir las cajas del virreynato del Perú a 120 ducados y le despachó un refuerzo de 1.000 soldados más. El virrey por su parte, le destinó 370 y tantos hombres "donosamente aderezados".

“Tal es el origen del actual Ejército de Chile, honra y prez de la nación” (id. pág. 59).

Al finalizar el s. XVIII contaban con unos 2.000 hombres y su presupuesto ascendía a unos $ 280.000, de los cuales ochenta mil eran consumidos por la plaza de Valdivia (unos 500 hombres), pagados por el tesoro del Perú. El comando en jefe de este ejército correspondía al gobernador, en su carácter de capitán general: el nombramiento de los jefes y oficiales los hacía (desde mediados de ese siglo) directamente el Rey, pero en la práctica era el gobernador quien hacía las propuestas. Los sargentos, cabos y soldados, salvo contadas excepciones, eran criollos o mestizos. Gran parte de estos últimos eran enrolados en contra de su voluntad, acusados de "vagancia" u otros delitos menores; otros se habían enrolado en el Ejército para hacerse soldados profesionales y, por último, se contaban en sus filas algunos jóvenes "distinguidos", 'según el decir de Encina (Francisco A. Encina, "Historia de Chile", Tomo V, Ed. Nascimento, Stgo. 1952, p. 532), hijos de los mismos jefes y oficiales o pertenecientes a la aristocracia empobrecida, que iniciaban su carrera como simples, soldados. Sin embargo, las diferencias de clases eran manifiestas: estos jóvenes "distinguidos" conservaban, aún en las filas, el tratamiento de "don", por escrito y de palabra, y solamente ellos podían aspirar a convertirse en oficiales, ya que para lo cual no sólo se les exigía servicios efectivos y aptitudes, sino que, también, un "buen linaje" y, si eran casados, que su mujer pudiera figurar "decorosamente" en la sociedad.

Junto al Ejército de línea existían las milicias, en las que estaban obligados a servir todos los individuos, de 15 a 45 años, salvo los eclesiásticos, jueces, notarios, médicos, boticarios, sacristanes, maestros de escuela y otras personas que ejercieran funciones similares.

En resumen, el Ejército al finalizar la época colonial tenía un carácter esencialmente clasista y toda su oficialidad, sin excepciones, pertenecía —y sólo podía pertenecer— a las clases dominantes. Si bien era considerado el mejor Ejército de la América hispana, su valor militar era escaso: desde que la Guerra de Arauco derivara hacia la convivencia o la tregua semipermanente no tuvo ya ocasión de adiestramiento práctico; no se contaba con suficiente número de armas, confiándose sólo en la vocación por la carrera, que desde un principio había sentido el mestizo, y las milicias, que debían respaldar a las fuerzas regulares, sólo servían para satisfacer la vanidad de los ricos criollos.

La única instrucción verdadera que tendrían los futuros jefes de los ejércitos que lucharían en las guerras de la Independencia sería lo que recibieron en 1808, con motivo de la expedición inglesa al Río de la Plata.

DURANTE LA INDEPENDENCIA

Desde la instalación de la Primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre de 1810 hasta la ascensión al poder de José Miguel Carrera, el 15 de noviembre de 1811, no se hizo prácticamente nada en materia "de defensa nacional en nuestro país. No se trataba de que los dirigentes del movimiento "juntista" no comprendieran el peligro que entrañaba una posible intervención del virrey del Perú, sino que todos los proyectos, contratos y negociaciones, emprendidos por Juan Enrique Rosales o por Juan Martínez de Rozas, encaminados a aumentar las fuerzas militares, comprar armas o fabricarlas en Chile, fracasaron. Como dice Luis Vítale ("Interpretación marxista de la Historia de Chile", tomo III, Ed. Prensa Latinoamericana. Stgo. 1971, p. 121, mientras el sector centrista de esa época "procuraba crear el ejército nacional para enfrentar un eventual golpe militar de la reacción española, el ala derecha saboteaba esa iniciativa. La necesidad del ejército nacional se hizo presente a raíz del motín contrarrevolucionario del 19 de abril de 1811, dirigido por el coronel Tomás Figueroa y alentado por la Real Audiencia".

La aristocracia terrateniente comprendió que la organización de un ejército nacional le iba a significar la pérdida de labradores en el campo y el pago de nuevos tributos, ya que el gasto de los cuerpos fijos solamente excedía de los $ 210.252, en tanto que el aumento del impuesto al monopolio del tabaco y de los naipes (expediente al que se había recurrido para este efecto) no podía producir más de $ 65.000.

Lo anterior explica las razones por las cuales ni Infante, Eyzaguirre o los "ochocientos", no obstante contar estos últimos con un militar europeo con cierta preparación, como el capitán de ingenieros don Juan Mackenna, pudieran organizar la defensa nacional.

El golpe de Carrera del 15 de noviembre de 1811, verdadero punto de partida del proceso emancipador, significó la realización de una serie de medidas dilatadas por los gobiernos anteriores, a la vez que la incorporación de sectores populares al proceso revolucionario. "El mérito de José Miguel Carrera —dice Vitale (obra citada, pág. 21)— fue haber comprendido que sólo la participación popular podría acelerar la lucha rupturista con el imperio español, paralizada por los elementos vacilantes de la burguesía criolla".

Con el objeto de aumentar la tropa se ordenó a las milicias que de cada regimiento se remitieran 25 hombres a la brevedad posible, con lo cual pudo crear el regimiento "Húsares de la Gran Guardia", aumentó la dotación del Regimiento Granaderos a 1.500 hombres y organizó en dicho regimiento la primera Escuela Militar. (Ver Melchor Martínez, "Memoria histórica sobre la Revolución de Chile, desde el cautiverio de Fernando VII hasta 1814", Valparaíso, 1848, p. 351), cuyos cadetes se batirían bravamente en Yerbas Buenas, San Carlos y Chillán, defendiendo el primer tricolor —azul, blanco y amarillo—, símbolo de la naciente nacionalidad.

Después del Desastre de Rancagua cabe señalar los preparativos del gobernador de Cuyo, general José de San Martín, para organizar el ejército de los Andes, con el cual liberará a Chile. Poco tuvieron que hacer en él los soldados chilenos, ya que —según cálculos de F. A. Encina (Tomo VII, Nascimento, 1953, p. 190) —no pasaba del 7 al 8% del total y sólo O'Higgins y Freire tenían mando superior. Los oficiales chilenos que participaron en la batalla de Chacabuco alcanzaron sólo a 24.

La batalla de Maipú (5 de abril de 1818), en que se batió bravamente el recién formado Ejército de Chile, consolidó la Independencia de nuestro país.

¿Cómo se había formado este ejército? Había sido obra del Director Supremo Bernardo O'Higgins, quien una vez en dicho cargo inició con gran actividad su organización. colocándolo bajo el mando de San Martín. Encargó al coronel Juan de Dios Vial la formación del Batallón de Infantería Nº 1, en Aconcagua, y al teniente coronel Joaquín Prieto la de un cuerpo de artillería; el 16 de marzo ordenaba la creación de la Academia Militar destinada a la formación de oficiales y clases capaces de instruir a los soldados "con los conocimientos tácticos necesarios para las maniobras de batallón y escuadrón...", nombrando como su Director al español Santiago Arcos, el que fue asesorado eficazmente por el teniente de caballería Jorge Beaucheff, oficial de los ejércitos napoleónicos. La flamante Academia, después de adiestrar a unos 90 oficiales y de llevar una lánguida vida por unos cuantos meses, cerraría definitivamente sus puertas el 31 de enero de 1819.

El 24 de junio se creaba el Batallón de Infantería Nº 2 y en el mes de agosto el Batallón de Infantería de Línea Nº 3, de Arauco; a la vez que se organizaba una compañía de caballería, que iba a ser la base del Regimiento Cazadores, que el 18 de septiembre de 1817 pondría a las órdenes del coronel Ramón Freire.

El 19 de diciembre de 1817 el naciente Ejército de Chile ya contaba con cerca de 4.800 hombres perfectamente armados y disciplinados, no desmereciendo en nada al de los Andes (de este último ya el 40% de sus soldados eran chilenos). En conjunto constituían el mejor ejército que hasta la fecha, había conocido la América hispana.

Afianzada la Independencia en los Hanoi de Maipú, el gobierno se dedicó de lleno a organizar la Expedición Libertadora del Perú, cuyo costo total ascendió a unos 4 millones de pesos, lo que fue objeto de acerbas críticas de los terratenientes. Incluso un O’Higginista destacado, como Miguel Zañartu escribía el 4 de abril de 1820 al Ministro Echeverría: "Echen, ustedes, por Dios, al Ejército fuera, para que viva a costa de otro país... ¿Cómo el pobre Chile sostendrá Ejército y Escuadra? (Encina, obra citada y p. 98).

Por fin, el 20 de agosto de 1820 partía el Ejército Expedicionario. Contaba, con poco más de 4.100 hombres, casi todos chilenos, mientras que de sus 296 afiéleles,, el 40% era de nacionalidad argentina. La flota —la gloriosa Primera Escuadra Nacional, al mando del marino inglés , Lord Cochrane estaba formada por la "San Martín", "la "O'Higgins", la "Lautaro" y la "Chacabuco". De sus 31 oficiales, sólo 7 eran chilenos; en cambio en la marinería, había 331 chilenos y 258 extranjeros. También eran chilenos los 37 grumetes y los 255 soldados de Infantería que la completaban.

La campaña libertadora de este ejército no tuvo nada de brillante: en los dos años que permaneció San Martín en el Perú no libró un sólo combate, y sus filas se fueron diezmando por efecto de las fiebres palúdicas, las deserciones o las necesidades de hombres de los regimientos peruanos que requerían de sargentos e instructores.

A fines de 1823, bajo el gobierno del Director Supremo Ramón Freire, el general Francisco A. Pinto ordenaba el regreso de todas las fuerzas chilenas que estaban en el Perú al puerto de Coquimbo.

El ejército, sin embargo, prestaría bajo ese gobierno un último servicio a la emancipación política: en enero de 1826, tras las victorias de Pudeto y Bellavista era liberada la Isla de Chiloé, último bastión realista en Chile. La Independencia estaba consumada y la causa del Rey era sólo mantenida por las bandas que al mando de los Pincheira y otros montoneros asolaron durante más de una década a nuestro territorio.

"Después de quince años de rudo batallar —dice Julio César Jobet ("Temas históricos chilenos", Ed. Quimantú, Stgo., 1973, p. 153)—, los sacrificios, heroísmos y sufrimientos de la sociedad chilena se vieron coronados por el éxito. En 1826 los últimos soldados peninsulares fueron vencidos y expulsados del territorio.

Sin embargo, una vez conseguida la liberación política, la vida del nuevo país no se afianzó ni en la igualdad ni en la justicia. Por el contrario, el abuso, el privilegio y la explotación dominaron sin contrapeso en la República y el pueblo humilde, héroe de las jornadas de la Independencia, debió soportar la más despiadada represión política y la más inhumana explotación económica. La revolución de la Independencia no fue a la vez una revolución social, y por dicha razón ño desapareció el privilegio. La República tuvo un carácter oligárquico, en cuya cima se estableció la aristocracia terrateniente, Cargada de poder y de riquezas, sojuzgando a las grandes masas laboriosas".

El Ejército continuó teniendo el mismo carácter clasista que había tenido en la Colonia. Si tenemos en consideración que a la cabeza del movimiento emancipador se colocaron los terratenientes, mineros y comerciantes más acaudalados, mal podría presentar el ejército otra característica que la ya anotada. Los trabajadores del campo y de la ciudad sólo fueron la carne de cañón y únicamente sirvieron para que la burguesía criolla —que controlaba ya las principales fuentes de la riqueza , esto es el poder económico— desplazara a los españoles en el control del poder político, el aparato del Estado, "única garantía para el cumplimiento de sus aspiraciones generales de clase" (Vitale, obra citada, tomo II, prensa Latinoamericana. Santiago, 1969. p. 165).

Aún más, los sectores populares fueron en un comienzo indiferentes a "una revolución que no significaba la emancipación social sino la consolidación de sus explotadores inmediatos: los patrones criollos". Este estado de cosas se prolongaría durante toda la Patria Vieja, y no tiene otra excepción que la "respuesta a uno que otro llamado esporádico de José Miguel Carrera en demanda de apoyo popular para enfrentar a la oligarquía criolla" (Vitale, obra citada, p. 189 y 190).

Después del Desastre de Rancagua, esta situación se modificó en parte con la Reconquista española, no por un cambio que experimentara nuestra aristocracia criolla sino que debido a los abusos de los españoles.

El hecho es que esta mayor participación del pueblo va a ser decisiva en el desenlace de la lucha. Ella explica el éxito de las guerrillas de Manuel Rodríguez, el mismo que después de Chacabuco va a aspirar a "consolidar la Independencia por la ascensión de las clases humildes, en un régimen de justicia económica y social" (Jobet, obra citada, p. 192); y explica, también, el triunfo de Maipú; la organización del Ejército Libertador del Perú y las hazañas de Lord Cochrane.

"De las campañas de la Independencia Nacional —dice el historiador Roberto Hernández ("El Roto Chileno", Valparaíso, 1929, págs. 6, 7 y 8) —se han referido altos hechos; pero nadie hace recuerdos particulares en obsequio de los rotos que, con el fusil o la lanza, se atrajeron entonces la admiración de sus mitades, no dejando otro monumento de su bravura que las leyendas de los vivaques en el Ejército de la República. Rotos de marca mayor fueron los que batieron a los célebres Talaveras; y rotos pintiparados los que al grito de ¡Viva la Panchita! (¡Viva la Patria!), hicieron frente a San Bruno, tan temido hasta de los hombres de capa larga... Rotos campesinos fueron los que montaron a caballo con Villota en Curicó, con Salas en San Fernando y sirvieron en las montoneras de Manuel Rodríguez, el caudillo popular por excelencia". "Y rotos chilenos, ya más fogueados, compusieron en su mayor parte las huestes de San Martín para la Expedición Libertadora del Perú. En cuanto al roto de a bordo, al roto marinero, tuvo la insigne honra de merecer el elogio de Lord Cochrane, que al mando de la escuadra chilena condujo esa expedición hasta las costas peruanas".

La crisis económica que se hacía sentir en nuestro país, al terminar el período de la Independencia, agravada por la contratación del empréstito de Irrisarri, impidió incorporar a la producción a los miles de soldados licenciados del Ejército al finalizar las luchas por la emancipación. "A su regreso de la Expedición Libertadora del Perú —afirma Vitale (obra citada, tomo III, p. 94)—, los soldados y la baja oficialidad en su mayoría se quedaron en las ciudades como cesantes, sirviendo de trampolín para cualquier golpe militar que les garantizara al menos el pago de los sueldos atrasados".

Era el período denominado de la Anarquía, que desembocaría inevitablemente en una guerra civil —la de 1829— que se definiría en la batalla de Lircay (abril de 1830).

BAJO EL RÉGIMEN PORTALIANO

Mucho se ha escrito sobre la "era portaliana" en nuestro país, recalcando el hecho de que mientras el resto de los países hispanoamericanos se desangraban en cruentas guerras civiles y parecían sucumbir víctimas de la anarquía, en Chile se organizaba un Estado "en forma", que se caracterizaba, entre otras cosas, por su estabilidad política y por la paz social, no alterada por el caudillismo militar que había sido abatido por el peso de la ley civil.

Olvidan dichos historiadores que el régimen portaliano fue el producto no sólo de la personalidad del Ministro don Diego Portales, sino también de una guerra civil (1829 1830), promovida, financiada y orientada por los terratenientes, el clero y la burguesía comercial, decidida a derrocar al gobierno liberal y que durante dicha "era" tuvieron lugar las guerras civiles de 1851, 1859 y 1891, "además de las innumerables rebeliones de los trabajadores e indígenas chilenos y de dos conflictos bélicos con países latinoamericanos: la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en 1837 y la Guerra del Pacífico en 1879" (Vitale, obra citada, tomo III, p. 140).

Un estudio desapasionado de esa época nos lleva a las siguientes conclusiones:

1º) No es efectivo que después de la batalla de Lircay (17 de abril de 1830) se instaurara un Estado civilista. Basta recordar que durante veinte años —desde 1831 a 1851— nuestro país estuvo gobernado por presidentes militares (los generales Joaquín Prieto y Manuel Bulnes) para comprender que esta creencia no pasa de ser un simple mito. El teniente-coronel (R) Alberto Polloni Roldan, en su obra "Las Fuerzas Armadas de Chile en la vida nacional" (Ed. Andrés Bello, Santiago, 1972, p. 78), no puede menos que apuntar: "En los primeros años de vida independiente bien pudo existir tal ambición (militarismo), que podemos calificar de justa, patriótica y comprensible ya que los militares fueron los forjadores de la Independencia de la Madre Patria, pudiendo sentirse con derecho a tal circunstancia, en La organización estatal, para encauzarlos en las doctrinas administrativas y políticas del gobierno de la época. En los primeros cuarenta años (considerando la Patria Vieja) hubo 7 militares en el gobierno del país entre 1811 y 1851...".

Lo que hizo Portales, durante la guerra civil de 1829, fue disciplinar a los pelucones y liquidar "las miras caudillistas de los partidarios de O’Higgins, logrando ponerlos al servicio de sus planes y dándole, más tarde la Presidencia de la República al general Joaquín Prieto, su principal figura" (J. C. Jobet. "Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile", Ed. Universitaria, Santiago, 1955, p. 32).

2º) Lo que pasó, en realidad, es que una fracción del Ejército fue aplastada con mano de hierro por el Ejército vencedor, "cuyos jefes miembros natos de la aristocracia de la tierra, o muy ligados a ella, respetaron dócilmente las órdenes impartidas desde la casa de gobierno" (Domingo Amunátegui Solar, "Nacimiento de la República de Chile (1808-1833)", Imp. Balcells, Santiago, 1930. p. 195).

El mismo día de la batalla de Lircay, Portales borró del escalafón al total de los oficiales de tendencia liberal (más de 200) y a la tropa que había luchado en el Ejército de Freiré, es decir, "a los más ilustres y gloriosos jefes de la Independencia, los héroes de Chacabuco y Maipú" (J. C. Jobet. Obra cita da, p. 32).

3º) Sobre la base de las fuerzas de Prieto, portales formó un nuevo Ejército, preocupándose especialmente de que no se atrasaran los pagos mensuales de los cuerpos y oficinas militares, ya que el permanente atraso en ellos era una de las principales causas de la crisis por la que atravesaba el Ejército. Reabrió, igualmente, la Academia Militar (julio de 1831), que se propuso crear una nueva oficialidad, pero con motivo de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, las autoridades, por razones de índole económica, volvieron a clausurar dicho establecimiento.

4º) Para complementar la labor del Ejército —no para oponérsele, como cree Alain Joxe ("Las Fuerzas Armadas en el sistema político de Chile", Ed. Universitaria, Santiago, 1970, p. 44).— se crearon las milicias cívicas, estrictamente controladas por el gobierno, y que significaba un tremendo poder de coacción de la clase dirigente. Sus efectivos alcanzaban a unos 25 mil hombres. "El Ejército no sólo toleró la creación de esta guardia nacional —dice Vitale (obra cit., tomo III, p. 201)—, sino que le proporcionó instructores y orientación político-militar. Los jefes de estas guardias eran, por lo general, miembros de la clase dominante que utilizaban sus cargos para afianzar los planes de control social y político". Basta recordar al efecto la carta de Santiago Arcos a Francisco Bilbao, de 29 de octubre de 1852, en que escribe: "El oficial es el patrón. El oficial siempre es un rico, y el rico no sirve en la milicia sino en clase de oficial".

5º) El papel político que desempeñó el Ejército no lo hacía únicamente por medio de la aristocracia de Concepción, con la que estaba relacionada desde los tiempos de la Colonia —como sostiene Joxe—, sino que, como se ve obligado a reconocer dicho autor francés (obra cit., p. 45), "la oligarquía que "hace" los presidentes se hallaba también representada en la cabeza del pequeño ejército, y las guardias cívicas, que en las ciudades se mantendrían fieles al poder presidencial, en los campos se encontraban manejadas por la oligarquía terrateniente".

El papel político que jugó el Ejército fue aún más relevante con motivo de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839). Después del brillante triunfo de Yungay (20-enero 1839), "el hecho más trascendental en la historia de la República", según F. A. Encina, el general Bulnes fue proclamado presidente por la clase dominante porque su presencia garantizaba, al igual que ya lo había hecho el general Prieto, "el apoyo de un ejército que respaldaba los planes económicos y el rígido control político y social" (Vítale, ob. cit., t. III, p. 202).

No debe creerse que la importancia del Ejército como factor de poder político disminuyó con la elección de presidentes civiles, sino que, por el contrario, los gobernantes pelucones aquilataron bien dicha importancia, como lo revela el hecho de que bajo el gobierno de Manuel Montt se gastaba el tercio de las entradas del Erario Nacional en la mantención del Ejército.

6º) La Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana fue, en un comienzo, bastante impopular, lo que provocó el estallido de numerosos motines a lo largo del país. Rumores, tal vez inspirados por emisarios del mariscal Santa Cruz, expresaban que el poderoso Ministro, en su calidad de civil, despreciaba al Ejército y que era su propósito substituirlo por la Guardia Nacional y el conflicto bélico no era más que un expediente diabólico para concluir con lo más granado de las tropas en los campos de batalla y en los desiertos que debía atravesar (Ver "Historia Militar de Chile", Bibl. del Oficial, t. II, p. 10). El más grave de estos motines fue el de Quillota (6-jun. 1837). dirigido por el coronel José Antonio Vidaurre y que costara la vida al Ministro Diego Portales. Después de este alevoso asesinato la situación cambió completamente. "La casi totalidad de la clase dirigente pedía la guerra, ante el convencimiento absoluto de que el mariscal Santa Cruz había tenido ingerencia en el asunto". (Id. p. 12). Los sectores populares corrieron a alistarse a los cuarteles; y es así como nuestro "roto" va a marchar contra la Confederación.

Gracias a un parlamento celebrado con más de 20 caciques para frenar la rebelión mapuche que había resurgido en 1837, el gobierno pudo desplazar al Perú parte del Ejército de la Frontera. El 15 de septiembre de ese año partió la expedición desde Valparaíso (unos 3.300 soldados, más la columna peruana de 400 hombres) al mando del Almirante Manuel Blanco Encalada; dos meses más tarde, el 17 de noviembre, firmaba el Tratado de Paucarpata, sin haber combatido ni siquiera una vez, lo que fue desaprobado por el gobierno de Prieto.

El 10 de agosto del año siguiente partían en 16 transportes, convoyados por 4 buques de guerra con 79 cañones, los 5.400 hombres que componían una nueva expedición al mando del general Manuel Bulnes, la que derrotó el 30 de enero de 1839 al ejército confederado en Yungay, una de las batallas más sangrientas de la historia latinoamericana: cerca de 3 mil muertos y heridos de la Confederación y unos 1.500 del Ejército chileno. Días antes (el 12 de enero) la flota chilena, mandada por el almirante Simpson, derrotaba a los corsarios de la Confederación en la batalla naval de Casma.

La guerra exterior había servido para cicatrizar toda posible herida ocasionada por la oposición —si es que la hubo— entre el Ejército y las milicias: ambos habían abatido el poder del Protector de la Confederación Perú-Boliviana, el mariscal de Zepita, Andrés de Santa Cruz.

"Nuestro pueblo, que vistiera el uniforme del Ejército en esa prueba de fuego —dice el teniente-coronel Sergio López Rubio ("Historia del Ejército", Ed. Quimantú, Stgo. 1973, p. 17)—, mostró al mundo lo que vale". El sentimiento patrio reaccionó en forma unánime al saberse el fracaso de la expedición de Blanco Encalada y nuestro pueblo marchó decidido a lavar la "ignominia" de Paucarpata. El pueblo chileno, el "roto" que había dado muestras de un valor y de un coraje a toda prueba, inmortalizados en una estatua que hoy se levanta en una plaza santiaguina y en una canción —especie de segundo himno nacional— que se sigue cantando en nuestras escuelas, corrió a los cuarteles. Los ejemplos de Candelaria Pérez, la popular sargento, y de Juan Colipi —el valiente araucano que defendió el puente del Buin— son sólo algunos de los muchos que brindó nuestro pueblo en la sierra peruana.

Terminada la guerra el gobierno se apresuró a reducir al Ejército permanente a 2.200 hombres y a vender en pública subasta los anticuados buques que habían hecho la campaña. Más tarde, Bulnes, el vencedor de Yungay era elegido Presidente de la República. Consciente de la necesidad de que existiera un instituto formador de la oficialidad del Ejército reabrió las puertas de la antigua Academia, la que pasó a denominarse Escuela Militar (1849), si bien sus planes docentes y su organización no adquirieron plena madurez.

LAS GUERRAS CIVILES DE 1851 Y 1859 Y LA PACIFICACIÓN DE LA ARAUCANÍA

Con motivo de la elección de Manuel Montt como presidente de Chile estalló la revolución de 1851, guerra civil que fue la "expresión violenta de las contradicciones que se habían acumulado en la sociedad chilena de mediados del siglo pasado" ... "La nueva estructura social fue determinando conflictos interburgueses y agudizando la lucha de clases entre los patrones y los trabajadores proletarios y artesanos. En la década de 1830-40 se produjeron varias rebeliones mineras, como la de 1834 en el mineral de plata de Chañarcillo. Posteriormente, "en 1847 —narra Roberto Hernández— cuando la inundación de la plata de Chañarcillo subía a límites fantásticos, llegó a temerse un alzamiento general de modo que el gobierno mandó un destacamento a guarecer esos parajes" (Ver Vitale,. ob. cit. t. III, p. 224).

Antes de la elección presidencial ya habían tenido lugar la frustrada rebelión de Aconcagua en noviembre de 1850, en la que tuvo activa participación la Sociedad de la Igualdad, y el motín del 20 de abril de 1851 en Santiago, "en el que participaron la intelectualidad liberal, los igualitarios de Arcos y Bilbao y el batallón "Valdivia" al mando de Pedro Urriola" (Vitale, t. III, p. 229).

Como bien dice J. C. Jobet ("Ensayo crítico...", p. 37): "La Sociedad de la Igualdad despertó un considerable fervor en las masas de la época. Tuvo su himno de guerra: "La Igualitaria"; sus diarios: "El Amigo del Pueblo" y "La Barra"; inauguró el sistema de las conferencias populares y de la discusión pública de los problemas que afectaban a las masas necesitadas. Su organización constituye la base lejana de los modernos partidos obreros. Sus concentraciones políticas reunieron a miles de ciudadanos, hecho inusitado para ese tiempo".

Fracasadas esas intentonas, la oposición levantó la candidatura del general José María de la Cruz, de gran ascendiente en Concepción. La oposición provinciana, a pesar de las vacilaciones de los liberales santiaguinos, tras acusar al gobierno de fraude electoral, desencadenó la guerra civil en septiembre de 1851. Montt, apenas instalado en el mando supremo, nombró a su antecesor, Bulnes, como general en jefe de las fuerzas gobiernistas. El conflicto se definió en la batalla de Loncomilla (8-diciembre), una de las más sangrientas de la historia de Chile (de 7.000 que combatieron, 2.000 cayeron muertos y hubo 1.500 heridos).

En el Norte (Coquimbo y La Serena), la rebelión tuvo un carácter netamente popular. Benjamín Vicuña Mackenna y José Miguel Carrera Fontecilla, apoyados por los "igualitarios", lograron formar un Consejo del Pueblo y organizar milicias. Sin embargo, derrotados los insurgentes en Hierro Viejo (Petorca) por el coronel Juan Vidaurre Leal, pudieron sostenerse sólo por tres meses en la sitiada ciudad de La Serena. El 8 de enero de 1859 las fuerzas gobiernistas de Victorino Garrido derrotaban en Linderos (cerca de Copiapó) al Ejército de los Libres, poniendo fin al primer ensayo de toma del poder por sectores populares de una zona importante de la República.

No se puede silenciar el apoyo dado por la escuadra inglesa al gobierno de Montt, manifestado en el bloqueo del puerto de Coquimbo, su intervención en Magallanes y en el rescate del vapor "Arauco" para el gobierno de Santiago.

La revolución de 1859 constituyó algo así como la segunda fase de la de 1851: nuevamente tenemos las provincias por un lado y la capital por el otro; los intereses mineros del Norte Chico o agrícola (trigo) de la zona sur y los intereses comerciales y de los terratenientes santiaguinos; el autoritarismo presidencial y las aspiraciones liberales. Hasta los personajes casi eran los mismos: el presidente Montt en el gobierno, José Miguel Carrera Fontecilla y Vicuña Mackenna entre los opositores; el general Juan Vidaurre-Leal derrotando a los sublevados en el Norte Chico (en Cerro Grande, el 29 abril), ahora mandados por Pedro León Galló y la resistencia desesperada de Copiapó, que cayó recién el 12 de mayo.

"Durante este período —dice Alain Joxe (ob. cit., p. 45)— puede encontrarse siempre, contra una fracción del ejército de línea sublevado (ejército que no contaba mucho más de 3.000 hombres en total), una cifra igual o superior de oponentes con armas y mandos adecuados, debido el débil poder militar del ejército propiamente dicho".

Como una prolongación de la guerra civil de 1859 tenemos el levantamiento araucano de ese mismo año, el que comprendió un mayor número de tribus que en 1851, y que, teniendo al cacique Juan Manil a la cabeza, originó una reiniciación de las incursiones mapuches a los poblados del sur del Bío-Bío. Este levantamiento continuó cerca de un año, no obstante la derrota de la oposición liberal en abril de 1859. "Los clamores de los habitantes de la Laja y de Arauco —afirma Encina (ob. cit., t. XIII, p. 582-583)—, obligan al gobierno a destinar a Arauco parte del ejército que acaba de triunfar en Cerro Grande". El comandante en jefe del ejército de la Frontera, el teniente-coronel Cornelio Saavedra sometió en junio de 1859 al presidente de la República un plan para pacificar la Araucanía, lo que no se lograría en definitiva hasta un cuarto de siglo más tarde.

LA GUERRA DEL PACIFICO

Según Alain Joxe (ob. cit., p. 45), "entre 1879 y 1891 se revisan todos los factores del equilibrio portaliano. La Guerra del Pacífico, las conquistas del salitre (1879-84) y la dominación definitiva de la Araucanía (1887); el derrocamiento de Balmaceda por la marina y los civiles controlados por la oligarquía, así como el establecimiento del régimen parlamentario y, finalmente, la profesionalización del ejército, son otros tantos elementos nuevos, que modifican el status de las fuerzas armadas dentro del Estado".

La guerra no fue impulsada, en verdad, por los militares, sino por los civiles que estaban a cargo del Estado. Como consecuencia de la baja del precio del cobre en los mercados mundiales (desde 108 libras esterlinas la tonelada en 1872 a 37 en 1878), la crisis económica se había agravado en nuestro país y, con ello, las dificultades políticas, sociales y financieras. En diciembre de 1878 la crisis alcanzaba a su punto culminante: el oro había desaparecido totalmente; se suspendió el pago de los sueldos de los funcionarios, y los efectivos de las fuerzas armadas se redujeron en un 50%. La ley de 12 septiembre de 1878 había fijado la dotación del ejército en 3.122 plazas, pero las dificultades económicas citadas habían reducido sus fuerzas a 2.440 plazas, y ni aún éstas se mantenían completas. Si se considera que la mitad de sus efectivos se encontraba en la frontera araucana, cabe concluir que no estaba preparado para una guerra. Puede agregarse que, por razones de economía, la Guardia Nacional se había reducido a 6.687 plazas; que la Escuela Militar —cuyos planes de instrucción se habían reformado en 1862, bajo la dirección del coronel Antonio de la Fuente— había sido declarada en receso en noviembre de 1876 y que el servicio militar funcionaba con el sistema de enganche voluntario, por lo que las reservas no eran seleccionadas en un alto porcentaje. En cuanto a la escuadra sólo se contaba con dos blindados: el "Blanco" y el "Cochrane"; tres corbetas: "Esmeralda", "Abtao" y "Chacabuco"; dos cañoneras: "Magallanes" y "Covadonga" y un transporte, el "Toltén". Ocho en total.

La situación era crítica desde 1873 y había culminado en los años 1877-78. Los precios de los productos agropecuarios, habían descendido; la exportación agrícola se había reducido de 112 millones de pesos de 6 d., a 50 millones en 1881; en el rubro minero había tenido lugar el agotamiento de las minas de alta ley y una apreciable baja de la producción. A fines de la administración de Federico Errázuriz la situación ya era insostenible. El presidente Aníbal Pinto (1876-1881) asumió el mando en medio de una difícil situación, a la que se sumaba la escasez de circulante. Así a la crisis económica se agregó la crisis monetaria.

En el plano internacional los problemas limítrofes con Bolivia tornábanse amenazantes. La situación era, en general, tan crítica que "el presidente liberal, Aníbal Pinto, corría el riesgo de ser derrocado por una revolución si no hubiera venido a salvarlo la guerra decidida en el momento oportuno". (A. Joxe, ob. cit. p. 46).

Es por las razones anotadas que al iniciarse las hostilidades con el desembarco y ocupación de Antofagasta. (14-febr. 1879) se tuvo que tomar a toda prisa una serie de medidas: reabrir la Escuela Militar (marzo de 1879), la que comenzó a funcionar con 37 alumnos; la contratación en el extranjero de pilotos para nuestra marina; la promoción a suboficiales de todos los soldados; la completación del cuadro de oficiales con "jóvenes de cierta cultura que mostraban entusiasmo y aptitudes para las armas" (I. Téllez, ob. cit. p. 158).

Si bien era cierto que "el ejército no estaba, al iniciarse la conflagración, en condiciones de enfrentar una situación bélica contra dos países simultáneamente y teniendo en sus fronteras del sur dificultades con los mapuches, zona geográfica donde se encontraban acantonadas gran parte de las unidades" (S. López. Ob. cit., p. 31), no lo es menos que, comenzando el conflicto, todo el país se irguió como un solo hombre, que los hombres de nuestro pueblo corrieron a enrolarse a los cuarteles, dispuestos a rendir la vida si fuera necesario. Así se explica que en junio de 1879 ya había en las filas del ejército 18.550 hombres y a fines de 1880, en vísperas de la victoriosa expedición a Lima, 41.413, de los cuales 2.500 permanecían en las provincias centrales y 4.500 custodiaban la frontera araucana.

En los cinco años que duró la guerra, las arenas del desierto y el accidentado terreno de la Sierra, fueron testigos del valor desplegado por nuestro pueblo hecho ejército. En cinco campañas (Antofagasta, Tarapacá, Tacna y Arica, Lima y Sierra) y dirigido por tres generales en jefe (Justo Arteaga, Erasmo Escala y Manuel Baquedano, sin contar a Pedro Lagos y al almirante Patricio Lynch, quienes tuvieron a su cargo el ejército de ocupación después de consumarse la ocupación de Lima), brindó ejemplos de valor, como el sacrificio de Eleuterio Ramírez en Tarapacá (27-nov.-1879); la toma del Morro de Arica por los infantes del 3º y 4º de Línea mandados por el coronel Lagos (7-jun.-1880); las victorias de Chorrillos y Miraflores (13 y 15 enero 1881); la valiente defensa de Sangra por el capitán José Luis Araneda (26 y 27 jun. 1881); el heroísmo del capitán Ignacio Carrera Pinto y sus 77 hombres en La Concepción (9 y 10 jal. 1882); etc. Las aguas del Pacífico también pudieron dar fe del valor y heroísmo de nuestros marinos: la epopeya de Arturo Prat en Iquique (21 mayo 1879) merece figurar entre las más grandes gestas de la historia universal de la marina.

En verdad, "la ocupación de Antofagasta despertó la voluntad guerrera del pueblo chileno que dormía desde los días lejanos de Paucarpata y de Yungay" (Id., p. 270).

Pero ya a lo largo del conflicto, especialmente después de las detenciones de la guerra en Tarapacá primero y en Sama, después, va a aparecer en la correspondencia de algunos soldados oficiales el calificativo de "guerra del salitre", aplicado a este conflicto. Igual denominación le daría Vicuña Mackenna. "La guerra del Pacífico —dice J. C. Jobet ("Ensayo crítico...", p. 65)— fue una solución a la crisis económica de 1873-1878 en que se debatía el país, y la riqueza salitrera reemplazó a la plata y a los dineros provenientes de la exportación de cereales, permitiendo de nuevo a la clase gobernante dominar sin sacrificios para sus intereses particulares. Nuestros trabajadores, "rotos" convertidos en soldados, lucharon con sin igual valor, conquistando esa valiosa riqueza para el exclusivo provecho de la clase poseedora y el capitalismo imperialista. Terminada la guerra volvieron a la explotación y a la miseria".

LA GUERRA CIVIL DE 1891

La conquista de la región del salitre, "trajo consigo la existencia de otro peligro para la independencia nacional: el capital imperialista. Hasta ese instante el capital extranjero había intervenido a través de algunos empréstitos, del establecimiento de sucursales de algunas grandes casas de comercio, de navegación, seguros y créditos, pero es el salitre el que sirve de auténtico vehículo al imperialismo" (Id., p. 66). Desde 1880, pues, el imperialismo penetra en el salitre y en nuestra economía hasta deformarla totalmente.

Otros dos hechos políticos suceden en ese tiempo, junto con la terminación de la Guerra del Pacífico: el Tratado de 1881 con Argentina que significó, lisa y llanamente, la entrega de la Patagonia a esa República (precio, según algunos, que tuvimos que pagar por su no intervención en la guerra) y la conclusión de la pacificación de la Araucanía, iniciada en la década de 1860. Aprovechando que la casi totalidad de las fuerzas militares estaban en el norte, los mapuches se sublevaron en 1880, pero el coronel Gregorio Urrutia, tras una larga campaña (1881-83) logró someter totalmente las regiones del Alto Bío-Bío, Cautín y Toltén. Los territorios "pacificados" fueron repartidos entre los miembros de la clase dominante, los altos jefes militares y las familias concesionarias del ejército.

Por otra parte, "la obediencia del ejército al poder civil —dice Joxe (ob. cit., p. 42)— no se explica por el mismo tipo de equilibrio antes y después del período-recodo que empieza con la Guerra del Pacífico y termina con la muerte de Balmaceda; este cambio de equilibrio es en parte una manifestación de la penetración del imperialismo británico y alemán ... La tradición de no intervención militar en el Estado portaliano, descansaba en la sumisión permanente de los militares ante la fuerza armada civil, y en el empleo de las tropas regulares en las guerras exteriores o interiores. Después de Balmaceda, esta no intervención política descansa sobre la profesionalización del aparato militar, sobre la carrera armamentista y sobre las crisis internacionales organizadas u orquestadas por las potencias europeas.

Si la Guerra del Pacífico dejó en poder de Chile la región salitrera, pasó esta riqueza rápidamente a manos extranjeras: en 1878 los ingleses tenían el 13% de las salitreras; en 1885 el 34% y en 1901 ya tenían el 55% del resto, el 30% pertenecía a otras naciones y sólo el 15% eran de chilenos, (Aníbal Pinto, "Chile un caso de desarrollo frustrado", Ed. Universitaria, Stgo. 1962, p. 55 y siguientes).

En el campo militar, la victoria dejó en gran parte de la oficialidad de nuestro ejército, la convicción de que los procedimientos estratégicos, tácticos y orgánicos adoptados durante su desarrollo no hablan dejado nada que desear. Las combinaciones tácticas eran, según ellos, complicaciones inútiles, cosas de "gringos", impropias de un pueblo viril y valiente. No faltaron, sin embargo, aquellos profesionales que concedieron a los hechos su justo valor y se dieron cuenta de la necesidad impostergable de encauzar a la institución por rumbos más a tono con las modalidades y adelantos de la época (Ver "El Ejército de la República", articulo en el magazine "Patria", Nº 417-418, de enero 1961, Santiago).

Fue el general Emiliano Sotomayor el que hizo ver la necesidad de iniciar una reforma a la organización y métodos de instrucción del ejército, proponiendo, asimismo, la contratación de un instructor alemán idóneo. El presidente José Manuel Balmaceda contrató la misión prusiana del Capitán Emilio Körner Henze, profesor de la Escuela de Artillería e Ingenieros de Charlottenburgo, quien llegó a Chile en 1886, para que se desempeñara como subdirector de la Escuela Militar. "Körner sirvió las asignaturas de Dibujo y Fortificaciones y, como novedad táctica, introdujo el "orden disperso" en la instrucción de infantería (hasta entonces se conocía el ataque en "línea frontal") (Jorge Núñez Pinto: "El héroe ausente", Ed. Quimantú, Santiago, 1972, p. 64).

Bajo el gobierno del presidente-mártir se adoptaron otras importantes medidas tendientes a renovar el ejército: la Escuela Militar modificó substancialmente sus planes de estudios; sus oficiales ya no iban a ser reclutados entre los sargentos primeros o entre algunos "paisanos distinguidos", sino que iban a formar en cursos especiales, en un edificio especial, cuya construcción se inició. En 1889 la Escuela Militar contaba con cien cadetes en sus aulas y graduó a nueve subtenientes. En 1887 se creaba la Escuela de Clases para formar la suboficialidad. A mediados de ese mismo año entró en funciones la Academia de Guerra, instituto superior equivalente a la Universidad y cuyo objetivo es el perfeccionamiento de oficiales de alta graduación. Como la guerra había puesto de relieve que el ejército no tenía preparación alguna en lo que a servicios logísticos se refiere —por lo que fue preciso improvisarlo todo—, se organizó la Dirección del Servicio Sanitario, la Dirección General de Parque y Maestranza y la Intendencia General del Ejército.

La política militar de Balmaceda, tendiente a profesionalizar el ejército, debía, en principio, ganarle el apoyo de Alemania, "pero su fin último consistía en hacer de Chile la Prusia de la América latina, es decir, un país autónomo y conquistador. Creyó contraponer —en provecho de Chile— la influencia de Inglaterra en la marina, por la influencia prusiana en el ejército, al mismo tiempo que equilibrar la influencia del parlamento oligárquico, por medio del apoyo popular al presidente". (Joxe, ob. cit. p. 47 y 48).

Los acontecimientos demostraron que el equilibrio local se hallaba ya roto a causa de los armamentos y del paso de los intereses extranjeros sobre el país.

En lo que dice relación con nuestra Marina, Balmaceda proyectó convertir a Chile en una potencia mundial de primer orden: ordenó la construcción del acorazado "Capitán Prat" de 6.670 toneladas, dotado de los últimos adelantos de la técnica náutica; encargó a los astilleros de "Forges et Chantiers de la Méditerranée" los cruceros "Presidente Pinto" y "Presidente Errázuriz", de 2.080 toneladas cada uno, y en los cuales cifró vanamente sus esperanzas de un rápido triunfo en la guerra civil; la compra de dos cañoneras lanzatorpederas —la "Almirante Condell" y la "Almirante Lynch"— de 770 toneladas cada una, dos escampavías —"Cóndor" y "Huemul"— de 148 toneladas, y dos lanchas torpederas, las que venían a completar la ya poderosa escuadra chilena. "Las nuevas adquisiciones, junto con los blindados "Cochrane" y "Blanco", daban a nuestra Armada una potencialidad que no era superada por las fuerzas navales de Perú y Argentina combinadas y la colocaban entre las diez primeras del mundo". (Jorge Núñez, P., ob. cit., p. 61).

Además, en 1887 se creaba la Escuela de Grumetes y Aprendices de Marineros, destinada a la formación de los cuadros de la institución; el 3 de julio de 1889 iniciaba sus actividades la Escuela de Ingeniería Naval, y se fortificaba, por ese tiempo, a Valparaíso, convirtiéndolo en una plaza inexpugnable en el Pacífico. "Pero la mirada del visionario fue más allá de los farellones costeros. En septiembre de 1887 autorizaba al capitán Policarpo Toro para iniciar las negociaciones que finalizarían con la incorporación de la isla de Pascua a nuestra soberanía. La estrella solitaria —como otrora— seguía flameando rumbo a Oceanía". (Jorge Núñez, ob. cit., p. 63).

Conviene destacar las diferentes actitudes asumidas por las fuerzas armadas durante la guerra civil: la marina, equipada y entrenada por ingleses, ligada a los poderosos grupos británicos de Valparaíso y del salitre —de igual modo que a la banca y a las élites parlamentarias— por intereses comunes o por medio de la ideología liberal, se puso a la cabeza de la sublevación "constitucionalista"; el ejército, cuyo entrenamiento a la prusiana recién comenzaba, permaneció fiel al presidente, a pesar de la deserción de un grupo de oficiales de origen oligárquico.

Mientras la marina constituía un cuerpo capaz de dominar la economía del país por medio del bloqueo de las costas (en un período en que el fisco dependía esencialmente de las ventas del salitre), el ejército se encontraba disperso en el territorio nacional, y si bien en 1890 contaba con 5.885 hombres (de ellos 445 oficiales, alto número debido a la Guerra del Pacífico), la especial configuración geográfica de nuestro territorio hacía imposible su reagrupamiento. Así las fuerzas gobiernistas del extremo norte estaban totalmente aisladas —y con mayor razón debido al bloqueo naval de los puertos, acordado por los "congresistas"— de las del centro del país. La movilización de hasta cien mil hombres sobre las armas en menos de 48 horas y la integración en el ejército de los 24 mil hombres de la Guardia Nacional no pasaron de ser meros proyectos de Balmaceda. "En realidad, la Guardia Nacional no tenía otra preparación que la indispensable para presentarse en desfiles". (Sergio López R., "Historia del Ejército, p. 49).

¿Cómo se explica que la marina y estos oficiales abandonaran a un Mandatario que tanto había hecho por las fuerzas armadas? ¿Por qué el propio Körner, contratado por Balmaceda, se puso al servicio de sus enemigos? Difícil es contestar estas interrogantes sin tener en consideración a los intereses políticos, tanto nacionales como foráneos, que se movían tras las bambalinas.

Los intereses del imperialismo inglés eran cuantiosos en Chile, especialmente en la provincia de Tarapacá, los que chocaban con la política nacionalista de Balmaceda, quien en uno de sus discursos, pronunciado en Iquique el 8 de marzo de 1889, había dicho: "El Estado habrá de conservar siempre la propiedad salitrera suficiente para resguardar, con su influencia, la producción y su venta, y frustrar en toda eventualidad la dictadura industrial de Tarapacá", proclamando que "no debemos consentir que aquella vasta y rica región sea convertida en una simple factoría extranjera". Como bien dice Jorge Núñez O. (ob. cit., p. 27): "Los planteamientos del presidente Balmaceda y las actividades del capital inglés sugerían un enfrentamiento, no sólo de voluntades, sino también de toda una política que iba a decidir el futuro de nuestro país. La disyuntiva conocía dos extremos: o Chile se convertía en una potencia industrial, utilizando las rentas del salitre, o quedaba como una factoría dependiente del capitalismo británico". Las andanzas de Mr. John Thomas North, el "rey del salitre", son bien conocidas: el uso y abuso que hizo del soborno para comprar abogados, políticos y periodistas (¿antecesores de los "periodistas libres"?) es materia que han analizado diversos autores. Por eso no es de extrañar que Mr. Patrick Egan, enviado de los Estados Unidos en Santiago, informara a su gobierno: "Se sabe que muchos hogares ingleses han contribuido generosamente al fondo revolucionario. Entre otros, los líderes de la revolución indican claramente que John T. North contribuyó con la suma de mil libras esterlinas" (citado por Crisóstomo Pizarro", "La Revolución de 1891", Ed. Universitaria de Valparaíso, 1971, p. 63) y Mr. Kennedy, representante británico en Chile, lo hiciera en la siguiente forma: "No hay duda que nuestros marinos y la comunidad británica de Valparaíso prestaron una ayuda generosa a la oposición y rompieron la neutralidad en varias oportunidades". (Id.).

Todos estos antecedentes hacen que J. C. Jobet ("Ensayo crítico ... ", p. 92) exprese: "La acción del imperialismo inglés tiene, de tal manera, una gran responsabilidad en la preparación y ejecución del movimiento revolucionario de 1891, que provocó la caída y muerte de Balmaceda".

Los intereses del imperialismo alemán que había comenzado su penetración en Chile hacia 1870. Aprovechándose de la actitud anti-inglesa de Balmaceda este imperialismo hizo significativos avances, pero, de todos modos, terminaría por chocar con la política nacionalista del presidente. De este modo el embajador alemán en Santiago, el barón von Gutschmid, fue el centro de las intrigas diplomáticas contra Balmaceda. Pero, sin duda, la responsabilidad máxima en la guerra civil la tiene el imperialismo inglés.

Los intereses de la oligarquía criolla, entendiendo por tal no tan sólo la aristocracia tradicional terrateniente —que veía que sus peones abandonaban los fundos atraídos por los mejores salarios que se les pagaba en las innumerables obras públicas emprendidas por el gobierno—, sino también a la naciente plutocracia comercial-bancaria-minera, cuyos intereses estaban íntimamente vinculados al capital inglés, a tal punto que en 1888 el norteamericano W. E. Curtis decía que Valparaíso no era más que "una colonia británica". Esta nueva aristocracia del dinero sería la encargada de financiar, en gran parte, a la Revolución. Edwards, Matte y Ross fueron los promotores de la guerra civil y los beneficiados con ella. Es bien conocida la ayuda que prestó el Banco A. Edwards y Cía —incluso el financiamiento de todos los gastos hechos en Europa durante los primeros meses de la revolución— a la causa del Congreso. Razón tenía el conservador Rafael Egaña, quien, como opositor, señalaba que estaban contra el presidente "las personalidades mas altas de la comunidad chilena en el nacimiento, en el talento, en la fortuna, en la milicia, en el clero, en todas las esferas de influencia y de prestigio", en una palabra, la oligarquía era la que estaba contra Balmaceda y, herida en sus intereses, no vacilaría en hacer —según expresara el propio presidente-mártir— "una revolución antidemocrática, iniciada por una clase social centralizada y poco numerosa".

En cuanto a la guerra civil misma, el 7 de enero de 1871 se produjo la sublevación de la Armada, embarcándose el vicepresidente del Senado, Waldo Silva, y el presidente de la Cámara, Ramón Barros Luco, quienes aparecían como jefes civiles de la rebelión. Jefe militar era el capitán de navío Jorge Montt. El presidente Balmaceda respondió asumiendo de inmediato el ejercicio de todo el poder público, razón por la cual la oposición parlamentaria encontró otra justificación para sus actividades sediciosas: "había que derribar a la dictadura".

Las operaciones militares se circunscribieron a dos campañas: la del norte (17 de febrero al 7 de marzo de 1891) y la del centro (20 al 28 de agosto de 1891), cuyo escenario geográfico fue la provincia de Valparaíso. (Sergio López R., ob. cit., p. 49).

En el norte, después de encarnizados combates los sublevados lograron apoderarse de la región salitrera, con lo cual tuvieron una fuente permanente de entradas que les permitieron crear una fuerza armada. Numero-son oficiales balmacedistas, entre ellos el coronel Eulogio Robles, veterano de la Guerra del Pacífico, fueron asesinados.

A fines de abril había cuatro provincias en poder de los sublevados: Tacna, Tarapacá, Antofagasta y Atacama; el 12 de ese mes se había constituido una Junta Revolucionaria en Iquique. El influyente banquero Agustín Ross, en Inglaterra, y Augusto Matte, en Francia, conseguían armas, municiones y vituallas para el ejército "congresista" que organizaba el teniente-coronel Körner, llegado el 14 de mayo a la ciudad nortina.

En el mes de agosto la Junta de Iquique consideraba que sus tropas podían desembarcar en el centro del país, para luego marchar a la capital, única forma de obtener la victoria, dada la inferioridad de fuerzas militares, ya que mientras el gobierno podía movilizar de 30 a 40 mil hombres (eso sí que dispersos a lo largo del territorio), los "congresistas" pudieron alistar a sólo unos diez mil. El 19 de ese mes comenzó el desembarco de este ejército en la bahía de Quintero. La infantería estaba armada con fusiles Manlicher, de repetición, y Grass, lo que le daba una manifiesta .ventaja sobre las fuerzas gobiernistas; la artillería contaba con 16 cañones Krupp de montaña y 12 Grieve anticuados, y sus oficiales eran los mismos "futres" de la Guerra del Pacífico. El 21 de agosto tuvo lugar la batalla de Concón donde las fuerzas gobiernistas, batidas continuamente por el fuego de la escuadra, fueron derrotadas, a pesar de los esfuerzos de sus jefes, los generales Orozimbo Barbosa y José Miguel Alzérreca. Más de 2.200 muertos y heridos quedaron en el campo de batalla. El 28 las fuerzas "congresistas", dirigidas por el general Estanislao del Canto, derrotaban completamente a los balmacedistas en las alturas de Placilla, en la más sangrienta batalla de la guerra civil: los gobiernistas tuvieron 1.800 bajas y los "congresistas" 3.363. Los generales Barbosa y Alcérreca fueron asesinados a mansalva por los vencedores y en la noche los cuerpos de ambos, héroes de la pacificación de la Araucanía y la guerra del Pacífico, entraron a Valparaíso en un carretón de basura.

En la noche del 28 el presidente Balmaceda se refugiaba en la Legación argentina. El 19 de septiembre, el mismo día en que terminaba su mandato presidencial, se suicidaba; antes había escrito lo que se ha dado en llamar su "Testamento Político".

DURANTE EL PARLAMENTARISMO OLIGÁRQUICO

En 1891 por primera vez en 60 años, un gobierno fue derribado en Chile por la violencia. La guerra civil que lo derribó ha sido severamente juzgada desde los más diversos ángulos. Así, por ejemplo, Hernán Ramírez Necochea habla de la "contrarrevolución de 1891", ya que ella puso término a la audaz iniciativa revolucionaria que constituyeron las diversas medidas políticas, económicas, financieras y educacionales tomadas por el presidente Balmaceda, mientras que Guillermo Izquierdo Araya habla de la "herejía política de 1891", uno de los más graves errores en la historia de Chile.

Desde el punto de vista político, el triunfo del Congreso trajo como consecuencia la implantación —sin necesidad de modificar la Constitución— de la República Plutocrática y Parlamentaria, la que duraría hasta septiembre de 1924.

En cuanto a la fisonomía de la clase dirigente, ella conservó, en general sus caracteres tradicionales, pero no pudo menos que teñirse un poco más en (el sentido plutocrático. "La antigua intervención gubernativa en las elecciones fue reemplazada por el dinero y los sillones parlamentarios pasaron a ser el adorno de los acaudalados y la expresión ostentosa de los clanes plutocráticos". (Ricardo Donoso, "Breve historia de Chile", Ed. Universitaria de Buenos Aires, 1963, p. 91). A la sombra del régimen político prosperó la corrupción administrativa, a la que no fueron ajenos senadores y diputados.

El capitalismo nacional de la "libre empresa" y de la "libre competencia" terminó por ser controlado por el capitalismo internacional y nuestro país "adquirió la fisonomía de una semicolonia dependiente, que entró a producir en calidad de factoría de los grandes consorcios foráneos, imperialistas" (Jobet, "Temas históricos chilenos", p. 199). La penetración imperialista en forma intensa se inició durante los gobiernos de Jorge Montt (1891-1896) y de Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901). Capta las finanzas nacionales y se apodera del salitre y del cobre. El imperialismo predominante fue, por supuesto, el inglés, que tan decisivo papel había jugado en la derrota de Balmaceda, pero el imperialismo alemán también se hizo presente a través de importantes inversiones en el salitre, en las industrias y en la energía eléctrica.

"En medio del predominio de los intereses de una plutocracia ávida y antichilena, que provoca el atraso y decadencia del país al permitir la desnacionalización de la economía, la desvalorización de la moneda, la especulación y el encarecimiento de los artículos de primera necesidad, la inflación y la miseria del pueblo; en medio de tan lamentable panorama, surgen los primeros grupos obreros y lanzan sus publicaciones periódicas iniciales, las que manifiestan ya un fuerte sentido de clase" (Jobet, "Ensayo crítico ...", p. 123).

Los lancheros de Iquique dan vida a una forma más combativa de sindicalismo: la Mancomunal Obrera, la que se generaliza a partir de 1900. Paralelamente se organizan las "sociedades de resistencia" de corte anarquista o libertario. Al despuntar el siglo XX la lucha social tiene como escenario la pampa salitrera, los puertos del Norte, Santiago y Valparaíso, la cuenca carbonífera del golfo de Arauco (Lota y Schwager) y Magallanes. Pero la lucha va a seguir dándose en condiciones desmedradas, dentro de un "cauce constitucional" que dejará al proletariado indefenso frente al poder político de sus adversarios, los que no vacilan en recurrir a las bayonetas y a las ametralladoras para reprimir los movimientos reivindicativos de los obreros, tan abundantes en la primera década del siglo XX.

Es en esa etapa de la lucha obrera donde surgen diversos caudillos populares que se entregan por entero a la organización de los trabajadores, destacándose, entre ellos, Luis Emilio Recabarren.

¿Y qué acontecía en las fuerzas armadas en este largo período de dominio oligárquico? Los autores que lo han estudiado señalan que en él nació el ejército profesional y se modernizó la marina.

Esto nos obliga a estudiar el significado de esta "profesionalización" y el papel que jugó el ejército en la República Parlamentaria:

1º La "profesionalización" del ejército fue obra de la misión alemana del coronel Körner" pero mientras en Prusia la profesionalización había sido un factor indispensable para el imperialismo nacional —necesario en un país que aún no lograba su unidad y que había alcanzado un alto ritmo de industrialización—, en Chile —donde recién se había entronizado el régimen parlamentario y donde no existían industrias productoras de armas— sólo servía para asegurar una adquisición constante de dichas armas y para garantizar la neutralidad política de un cuerpo —el ejército— que era preciso mantener alejado del juego político que caracterizó a aquel régimen: la "profesionalización" mantiene a los soldados ocupados.

2º) A las potencias europeas, al apoyar la profesionalización del Ejército y la modernización de la Marina, les interesaba abrir un nuevo mercado para vender sus implementos bélicos. Lejos de coincidir con Balmaceda, quien pretendía de este modo crear un poder político autónomo, estimaban que "el debilitamiento del Ejecutivo —no su fortalecimiento— era el complemento indispensable de una política simplemente comercial, orientada hacia la venta de armamentos".

3º) La Marina, que había jugado un papel fundamental en la victoria "congresista", se fortaleció extraordinariamente, llegando a contar con más de 4.500 hombres. "Llegó a ser una Marina de Guerra digna de consideración aún a nivel mundial Se constituyó en una rama prestigiosa de las Fuerzas Armadas, en la cual servían los miembros de las familias de la oligarquía" (A. Joxe, p. 49).

En cuanto al Ejército, sus efectivos fluctuaban en alrededor de 6.000 hombres, triplicando esta cifra a principios del siglo XX (problemas con Argentina, iniciación del Servicio Militar Obligatorio).

Presupuesto ordinario para la defensa —que ya durante Balmaceda se había duplicado— se mantuvo durante F. Errázuriz E. en el 25% de los gastos nacionales, no obstante las dificultades financieras debido a una crisis, de superproducción de salitre.

4º) Los nuevos cuadros de oficiales ya no van a pertenecer, como antes, en su totalidad a la aristocracia tradicional. Debido a los requerimientos de la Guerra del Pacífico y de la Revolución de 1891, fue preciso movilizar a quienes pertenecían a otros sectores sociales. Algunos autores hablan de un "acceso de las clases medias al cuerpo de oficiales": la clase media en Chile se habría desarrollado considerablemente en Chile con motivo de la redistribución de los recursos proporcionados por el salitre, por intermedio tanto del sector privado como del público.

Discrepamos de este punto de vista, pues pocos conceptos son tan vagos y difusos como este de la "clase media". En Chile se pasaron a denominar así los que, sin pertenecer a la clase alta tradicional, habían alcanzado un alto grado de bienestar económico en la industria, el comercio, la minería, etc. Pronto la entran a engrosar aquellos trabajadores —empleados públicos, profesionales, artesanos, intelectuales— que no se consideran, o realmente no son, obreros asalariados, esto es, no se sienten parte constitutiva del proletariado y aspiran a "mejorar", es decir, a vincularse cada vez más con la oligarquía.

A nuestro juicio, lo que pasa en realidad es que, al perder la agricultura su importancia en la realidad chilena, (como lo revela entre otras cosas el aumento creciente de la población urbana en comparación con la rural), la clase dominante no fue "alimentada" exclusivamente por la aristocracia terrateniente, sino que —y previa una inútil resistencia de ésta— por los sectores mas pudientes de los grupos que hemos mencionado. De igual modo como algunos de los hijos de sus más caracterizados representantes llegaron a la Universidad para obtener el título de una profesión liberal, otros, en cambio, abrazaron la "carrera" de las armas, que también era una profesión y, por cierto, una de las que concedían mayor prestigio.

5º) Según Laín Diez ("Los alemanes del 70 en Chile”. En Revista Babel Nº 45, mayo-junio 1948), la última intervención de Körner en los asuntos de Chile, tuvo por resultado la introducción del Servicio Militar Obligatorio.

La nueva institución, destinada por sus modalidades a desterrar el viejo y peligroso concepto de milicia o guardia civil, era el instrumento adecuado para consolidar el poder del régimen "oligárquico-parlamentario", que insurgió en 1891.

Sin embargo, es conveniente advertir que la Ley sobre Servicio Militar Obligatorio de 5 de septiembre de 1900 (para los chilenos de 20 a 45 años) establecía un exceso de excepciones, por lo que pronto cayó en desuso.

6º) La neutralidad política de los militares sólo se observa, en este período, en lo que dice relación a las luchas de las diversas facciones partidistas, pero no en cuanto a todo fermento de agitación social que pueda hacer peligrar la situación de la clase dominante. El Ejército aseguraba "profesionalmente" la estabilidad del sistema y, con toda lógica, se prestó para reprimir las voces de protesta que ya se oían en el naciente proletariado; Valparaíso en mayo de 1903; la Plaza Colón de Antofagasta en febrero de 1906 y la Escuela Santa María de Iquique, el 21 de mayo de 1907, donde murieron más de 2.000 hombres, mujeres y niños (la "más aviesa masacre de trabajadores que conozca América latina y tal vez el mundo". "Quién es Chile". Ed. Quimantú, p. 107), son algunos ejemplos de la sangrienta participación de las Fuerzas Armadas en la política represiva; pero 293 huelgas, desde 1911 a 1920, atestiguan el nacimiento del movimiento sindical chileno.

7º) En este período nace la Fuerza Aérea de Chile, por Decreto de 11 de febrero de 1913 se creó la Escuela de Aviación, designándose como Director al Capitán Manuel Avalos, el que dos años antes había sido enviado a Europa a hacer su primer curso de piloto aviador. En 1915 el Ejército disponía de dos escuadrillas constituidas cada una por cinco aviones. En 1918 llegó a Chile una misión británica para reorganizar nuestra aviación de acuerdo con las experiencias adquiridas en la guerra 1914-18. Poco después los tenientes Dagoberto Godoy y Armando Cortínez (12 dic. 1918 y 5 abril 1919) cruzaron la cordillera de los Andes. En 1921 se resuelve crear un cuerpo aéreo destinado a operar con las unidades de la Escuadra y bajo el mando inmediato de la Marina.

GOLPES MILITARES DE 1924, 1925 y 1932

La influencia de las nuevas ideas sociales se hacían sentir —al igual que en el resto de la sociedad chilena— en las Fuerzas Armadas, sobre todo en la oficialidad joven.

Ya en 1907 se formó una "Liga Militar" destinada a prestar apoyo a los reclamos netamente profesionales y a luchar contra el favoritismo que beneficiaba a aquellos oficiales que tenían apoyos personales entre la oligarquía. (Ver Joxe, ob. cit., p. 54). En 1912 esta "Liga", mezclada en una conspiración cuyo objeto era derrocar al gobierno, presentó un programa de renovación política:

La orientación política se percibe más claramente aún en el complot de 1919, llevado a cabo por una "Sociedad del Ejército de Regeneración", que reagrupaba a ciertos oficiales de la conspiración de 1912. Se trataba, en esencia, de exigir el fortalecimiento del Poder Ejecutivo, así como cierto número de reformas sociales destinadas a evitar la posibilidad de la toma del poder por los comunistas (recuérdese que dos años antes se había iniciado la Revolución Rusa). El Ejército se pronunciaba por reformas que evitasen las tareas de represión, cada vez más numerosas y violentas, que le eran encomendadas, por falta de dichas reformas (Id.).

En 1920, a los sones del "Cielito Lindo" y del apoyo popular, Arturo Alessandri Palma triunfó en las elecciones presidenciales, lo que señaló "el ocaso del predominio político de la oligarquía" (R. Donoso, "Breve historia" p. 95). Como lo señala Alberto Edwards, en 1920 "la verdadera lucha de clases se encendió entre la pequeña burguesía educada en los liceos y la sociedad tradicional".

"El gobierno de Alessandri —dice Jobet ("Ensayo crítico..., p. 159)— fue de una trágica inoperancia. Es verdad que renovó el personal político en un sentido democrático, pero no reveló mayor capacidad que sus antecesores".

En este estado de cosas, agravado por el atraso del pago de los sueldos de los empleados públicos y el proyecto de crear la dieta parlamentaria, el 4 de septiembre de 1924 tiene lugar un "pronunciamiento" militar que lleva al Ministerio del Interior al general Altamirano.

Esta Junta, constituida por jefes de alto grado, viejos y ligados a la clase dirigente, terminó por chocar con la oficialidad joven, la que el 23 de enero de 1924 dio un segundo golpe militar, a raíz del cual se constituye una nueva Junta (Bello, Codecido, Ward y Dartnell), la que llamó de vuelta a A. Alessandri. Ese mismo año se dictó una nueva Constitución de corte presidencialista, para poner término al desgobierno parlamentario.

La constante presión ejercida por los militares en favor del Ministro de Guerra, Carlos Ibáñez del Campo, precipitó la renuncia de Alessandri, quien entregó el poder a su contendor de 1920, Luis Barros Borgoño, lo que indica la desorientación y carencia de principios del mandatario "popular" (Jobet, ob. cit., p. 168). En la próxima campaña obtuvo el triunfo Emiliano Figueroa. Gobernó año y medio para dar paso a Ibáñez, que en 1927, fue elegido Presidente con el 98% de los sufragios.

Nuevo Presidente fue elegido el radical Juan Esteban Montero, de carácter débil y contemporizador. "Envuelto por los intereses poderosos, toda su gestión gubernativa estuvo al servicio del latifundio, de la banca, del clero y de las empresas imperialistas" (id.). El descontento de las masas laboriosas se manifestó en diversos movimientos huelguísticos y en la sublevación de la escuadra, que puso al país al borde de la guerra civil, siendo sofocada después de una gran movilización de las fuerzas armadas. Finalmente, el 4 de junio de 1932, tiene lugar un golpe revolucionario encabezado por el comodoro del aire Marmaduke Grove Se forma una Junta (Arturo Puga, Carlos Dávila y Eugenio Matte), la que proclama la "República Socialista". A los 13 días fue derrocada por un nuevo golpe militar impulsado por uno de sus miembros, el periodista Dávila, ex-embajador en los Estados Unidos. A los cien días de gobierno, Dávila cayó por un tercer golpe, el 13 de septiembre, pasando a ocupar la Presidencia "provisional" el general Bartolomé Blanche, quien renunció, entregando el gobierno al Presidente de la Corte Suprema, de acuerdo con los preceptos constitucionales.

Si, al igual que en otras partes del presente trabajo, examinamos la actuación de las fuerzas armadas en este período, podemos observar que:

1.— Las intervenciones de las fuerzas armadas no muestran una línea uniforme en este período. Así como los oficiales del ejército que iniciaron la "revolución de septiembre" en 1924 se sentían los representantes de la clase media, de igual modo, el "ruido de sables" que aceleró la aprobación por el Congreso de numerosas leyes sociales revela que en las filas castrenses habían quienes no eran insensibles a los problemas sociales que, en forma cada vez más intensa, se hacían sentir en nuestro país. En cambio, en los altos mandos del ejército y en la marina predominaba el espíritu oligárquico y sólo se tendía a la restauración de la "normalidad", a la "paz veneciana", en provecho de los círculos privilegiados.

2.— El golpe militar de septiembre de 1924, que desencadenó una serie de pronunciamientos, sólo tuvo lugar cuando los militares se vieron directamente perjudicados. En efecto, desde hacía varios meses que estaban atrasados en sus pagos. Es así como, cuando los nuevos parlamentarios, en vez de despachar un aumento de sueldos y salarios, se dedicaron a discutir el proyecto de dieta parlamentaria, la paciencia de las fuerzas armadas se agotó y los acontecimientos terminaron por precipitarse.

3.— El grueso del Ejército demostraba una falta casi absoluta de sentido político. La oficialidad joven, no obstante estar de acuerdo con las principales reformas propiciadas por Alessandri en su primera administración, era permeable a la propaganda de la oligarquía, tendiente a desacreditar el gobierno por la situación económica y los bajos sueldos, en circunstancias que eran precisamente los miembros de ella los únicos culpables al obstaculizar y oponerse a todo mejoramiento.

En realidad, en todos estos pronunciamientos hay un deseo de "regeneración moral", de "terminar con el estado de postración en que vive el país", de "poner fin a la anarquía", sin entrar a analizar las causas de dichas situaciones; pero tanto en 1924-25 como en 1932, lejos de terminar con la anarquía y la crisis, la intervención militar en el gobierno las agravó. La necesidad de llamar nuevamente a Alessandri en 1925 y la entrega del gobierno a quien constitucionalmente le correspondía en 1932 constituyen la mejor prueba del fracaso castrense en estas oportunidades.

4.— La lealtad del ejército para con la Constitución de 1925 fue muy relativa. No obstante que esta Constitución sólo fue posible por la "revolución militar de septiembre de 1924", los círculos castrenses no se jugaron en este período en defensa de su vigencia, ni en la del régimen presidencial que ella estableció. Anularon la autoridad del Presidente Figueroa, obligándolo a renunciar, no concurrieron a defender a Ibáñez antes de su caída, derribaron al Presidente Montero, disolvieron el Congreso con Puga y realizaron una serie de "pronunciamientos" antes que se normalizara el "orden constitucional".

5.— La teoría del "golpe militar de clase media" no se comprueba en el caso chileno. Según el sociólogo argentino José Nun ("El golpe militar de clase media", pags. 82 a 132 de "El conformismo en América Latina", edición dirigida por Claudio Veliz. Ed. Universitaria, Stgo. 1970) el cuerpo de oficiales de las fuerzas armadas latinoamericanas está reclutado en su gran mayoría de la baja clase media y la intervención de dichos militares en política ha sido casi siempre en favor de los intereses políticos declarados de la clase media. En Chile vemos una sucesión de golpes y contragolpes dados por sectores antagónicos del ejército que representan tendencias antagónicas. Lo más que se puede observar es un debilitamiento de la aristocracia tradicional que, en las fuerzas armadas, estaba representada por la marina. La rebelión de la escuadra de septiembre de 1931, al poner de manifiesto el decaimiento de la autoridad de los oficiales navales, eliminó momentáneamente a esta rama de nuestras fuerzas armadas cómo fuerza de presión política, en tanto que el nacimiento de una nueva arma, la aviación (la FACH fue creada en marzo de 1930 por Ibáñez en base de las aviaciones militar y naval), sin lazos con los grupos tradicionales, explica —según Joxe (p. 72)— "el deslizamiento hacia la izquierda de las fuerzas militares activistas". Pero, la realidad es que después de todos estos golpes militares, la reacción volvió tras las elecciones de 1932 en gloria y majestad.

6.— El gobierno de Ibáñez no puede presentarse como una simple dictadura militar. Carlos Ibáñez había desempeñado un papel importante en el "ruido de sables" del Congreso y en los dos golpes de estado que siguieron, por lo que con razón pudo declararse "mandatario de la juventud militar y representante legítimo de la revolución de septiembre", cuando Alessandri pretendió que renunciara como Ministro. Su ascensión al poder revela una singular astucia política, ganando primero el apoyo de las tendencias de izquierda y luego la adhesión de las de derecha, hasta alcanzar "constitucionalmente" la presidencia. Su mérito fue haber moldeado la estructura institucional que rige a Chile hasta el presente; su mayor defecto, el haber permitido la penetración yanqui en el país.

LA VUELTA DE LA OLIGARQUÍA

Arturo Alessandri Palma (1932-38), a poco de empezar su nuevo gobierno, dice Ricardo Donoso, inició una "política abiertamente reaccionaria, de franca tendencia al más perfecto entronizamiento oligárquico, que se creyó un día barrido de la vida pública chilena". Con el pretexto de defender la estabilidad del régimen hizo aprobar por un Parlamento obsecuente continuas leyes represivas; se organizaron cuerpos civiles armados dirigidos contra el pueblo (Milicias Republicanas) favoreció los intereses económicos de los terratenientes y al imperialismo (entrega de las salitreras) y desató diversas represiones sangrientas (matanza de Ranquil), en el Alto Bío Bío, en junio 1934: cerca de 500 muertos; ocho muertos y 200 heridos en el local de la FOCH, en Santiago; represión a ferroviarios y municipales, etc.). La penetración del imperialismo norteamericano en vasta escala "permite la formación de una burguesía financiera, administradora de sus intereses". (Jobet, ob. cit., p. 196). La clase obrera se fortalece, no obstante la represión, y en diciembre de 1936 se constituye la Confederación de Trabajadores de Chile (CGCh).

En las elecciones de 1938 triunfa el abanderado del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, no sin que antes ocurriera un terrible hecho de sangre, cual fue la masacre del Seguro Obrero (5 sept. 38), donde 63 jóvenes nacistas fueron asesinados. Los esfuerzos de la reacción encaminados a desconocer el triunfo de Aguirre Cerda se estrellaron con la actitud del General en Jefe del Ejército, Oscar Novoa, quien reconoció expresamente el triunfo del abanderado popular.

DEL 38 HASTA NUESTROS DÍAS

1.— El despertar de las clases populares y los excesos de la oligarquía van a explicar el nacimiento de una etapa de nuestra historia en que las masas van a buscar nuevas formas de solución a su cada vez más graves problemas: Frente Popular y gobiernos radicales (1938-52); populismo ibañista (1952-58); neoliberalismo alessandrista (1958-64 y reformismo democristiano (1964-70), antes de elegir, finalmente, una nueva opción: la construcción del socialismo, proceso que se inicia con la victoria de la Unidad Popular (4 sept. 1970).

En los tres primeros de los catorce años que duraron los gobiernos radicales, durante el gobierno de Aguirre Cerda (1938-41), se crearía la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la que impulsaría la industrialización del país y a cuya sombra se formó una burguesía industrial; el gobierno de Juan A. Ríos (1942-46) "consolidó" en provecho de los intereses privados los avances logrados en el gobierno anterior, en tanto que bajo Gabriel González Videla (1946-52) se llevó a cabo la más enconada política represiva y antipopular, se dictó la Ley de Defensa de la Democracia y se instaló un campo de concentración en Pisagua.

Durante el sexenio de Ibáñez, el "general de la esperanza", también en un principio se adoptaron diversas iniciativas de hondo contenido popular, pero, carente el gobierno de mayoría parlamentaria y habiéndose agudizado el fenómeno inflacionista, posteriormente transó permanentemente con las fuerzas tradicionales.

La conquista del gobierno por parte de la derecha, con Jorge Alessandri, gracias a una precaria mayoría, significó un claro retroceso.

Después del fracaso del "gobierno de los gerentes", Eduardo Frei, quien ofrece una revolución sin sangre —la "Revolución en Libertad"— Obtiene la Presidencia. Su gobierno está dominado por el eclecticismo, en que junto con aprobar una Reforma Agraria, que hirió sin duda a los intereses de la aristocracia terrateniente, fortaleció al régimen capitalista y a la dependencia.

2.— La penetración imperialista se hace cada vez más intensa en este período: Durante el Frente Popular nuestro país como una contribución al "esfuerzo de guerra" vendió a bajo precio su cobre a los Estados Unidos y no se tocó ninguna empresa norteamericana, ni mucho menos se pensó en nacionalizar nuestras riquezas fundamentales, a pesar del ejemplo de Lázaro Cárdenas en México que acababa de nacionalizar el petróleo. Las inversiones norteamericanas que en 1940 llegaban a 414 millones de dólares, en 1953 ascendieron a 642 millones; en 1960 a 739, en 1965 a 845 y en 1968 alcanzaron a los 963 millones.

3.— En el plano económico-social los gobiernos radicales sólo ofrecen algunos rasgos de reformismo burgués. El partido Radical, a través de 14 años de gobierno, se transforma en un grupo de presión económica. "Los dirigentes se convirtieron en banqueros, empresarios, directores de sociedades anónimas, grandes duques de la burocracia, parlamentarios y presumidos funcionarios internacionales. Una nueva clase desplazó a la oligarquía tradicional o fundió su sangre con ésta en matrimonios de conveniencia". (Mario Garay. "La cuestión de la unidad". Prensa Latinoamericana. Stgo. 1968, p. 15). Algo similar ocurrió durante el gobierno de la democracia cristiana, donde junto con abrirse las puertas al imperialismo (convenios del cobre, etc.), los gerentes de la "revolución en libertad" hicieron de la política crediticia del Banco del Estado una fuente inagotable de enriquecimiento y poderío.

La clase obrera y el campesinado muestran un espectacular avance en este período, debido más a sus propias fuerzas que a iniciativas gubernativas.

4.— Las fuerzas armadas chilenas han figurado, en este período, como las más tranquilas del continente, lo cual no quiere decir que no hayan tratado de intervenir en política. Así tenemos el "ariostazo" —del general Ariosto Herrera—, en 1939, contra Aguirre Cerda, que fracasara debido a la movilización popular y a la negativa de la mayoría de los soldados a seguir las inclinaciones de ciertos oficiales.

Desde 1943 se dejó sentir en nuestro país la influencia del peronismo: bajo la vicepresidencia de Duhalde se constituyó un Ministerio de "Tercer Frente", "híbrido compromiso de algunos altos oficiales, seducidos por la estelar carrera político-militar de Perón, con jefes socialistas" (Raúl Ampuero. "La izquierda en punto muerto". Ed. Orbe, Stgo. 1969, p. 21) y bajo González Videla tuvo lugar la conspiración llamada de "las patitas de chancho". Durante el gobierno ibañista, algunos oficiales, con el fin de liberar al Presidente que se sentía "prisionero de las leyes", se entregaron a actividades ilegales, si bien no triunfan en sus propósitos al encontrar, a diferencia de 1924, la hostilidad abierta de la masonería y la inferencia de Ibáñez, quién dejó que el alto mando adoptara las medidas que correspondieran a los conjurados. Su mayor aspiración era aparecer como Presidente constitucional y civil, "disponiendo de plenos poderes, no deseaba —ni tenía necesidad— de embarcarse en la dictadura para defender los intereses de la clase media" (Joxe, p. 82). El primero de estos movimientos fue el denominado PUMA ("Por un mañana auspicioso"), desarrollado antes de la elección presidencial y destinado a apoyar la victoria de Ibáñez en caso que fuese "demasiada estrecha". Se dice que su jefe era el coronel Abdón Parra, quien llegaría a ser general y Ministro del interior. Más tarde, en 1955, cuando el Presidente tuvo dificultades con el Senado, se organizó el movimiento "Línea Recta", a fin de apoyar a Ibáñez u obligarlo a seguir en "línea recta" el programa que sustentaba y que fracasaría a consecuencia de un "té" a que fueron invitados por el Presidente a su domicilio.

A fines del gobierno de Frei, el 21 de octubre de 1969, ocurre el episodio del "tacnazo": un grupo de militares, encabezados por el general Roberto Viaux, se encierra en el Regimiento Tacna y plantea una serie de reivindicaciones económicas, en lo que algunos interpretan como la "primera huelga militar de Chile". Desde ese momento Viaux se dedica a conspirar con el fin de impedir que Salvador Allende pueda hacerse cargo del gobierno, hasta culminar su actitud sediciosa con la trágica muerte del comandante en jefe del ejército, comandante Rene Schneider, sólo dos días antes que el Congreso Pleno proclamara a Salvador Allende como Presidente de Chile.

Desde el punto de vista de nuestras fuerzas armadas el hecho más importante de este período es la concertación con los Estados Unidos en 1952 del Pacto Militar, un hito más en la política norteamericana tendiente a encuadrar a todo el hemisferio en un vasto sistema de pactos bilaterales bajo la dirección ideológico-militar del Pentágono.

En los diversos gobiernos no falta el empleo de las fuerzas armadas como elementos represivos: en 1946 tiene lugar la matanza de la Plaza Bulnes (8 muertos y centenares de heridos); el 2 de abril de 1957 la represión sangrienta en las calles de Santiago (18 muertos según las fuentes oficiales); el 19 de diciembre de 1962 la masacre de la Población José María Caro (8 muertos y muchos heridos) y, bajo el gobierno de Frei, el asesinato de los mineros de El Salvador el 11 de marzo de 1966 (8 muertos y 37 heridos), la masacre de Puerto Montt el 9 de marzo de 1969 (9 muertos y 30 heridos) y el asesinato de dos estudiantes en Puente Alto (julio de 1970).

5.— El gobierno de Salvador Allende se ha caracterizado por una definida política antimperialista (nacionalización del cobre, salitre y hierro), por la aceleración de la reforma agraria y la constitución del área social. Esos son los puntos más relevantes de su política económica. En cuanto a las fuerzas armadas, se les ha asignado un papel totalmente diferente al que antes desempeñaban. Ya no se les emplea en actuaciones represivas, sino que se tiende a incorporarlas a la política liberadora que se lleva a efecto; de ahí que se aproveche la capacidad y la preparación técnica de no pocos oficiales en la distribución, la gran minería del cobre y en las empresas del área social.

CONCLUSIONES:

1) Las fuerzas armadas nacen con la Independencia y han tenido un papel relevante en la Historia de Chile, por lo que son respetadas por todos los sectores que ven en ellas al "pueblo uniformado".

2) Durante todo el período comprendido desde la emancipación hasta nuestros días no han conocido derrotas en los conflictos bélicos, lo cual, más que a la dirección estratégica o táctica de sus superiores, se ha debido al valor indomable de nuestro pueblo, el mismo que está esculpido en la plaza Yungay o que está enterrado junto al monumento de Baquedano.

3) El proceso social y político que ha vivido el país ha repercutido en las fuerzas armadas, de igual modo que éstas han sido un factor de poder en la vida política nacional. Las grandes transformaciones políticas del país: independencia política; régimen autocrático; sistema parlamentario; gobierno presidencial, se han debido, en buena parte, a la acción de las diversas ramas militares.

4) En todos los movimientos militares se observa que no hay una orientación uniforme en los mandos castrenses y, por el contrario, en las guerras civiles vemos que toman partido en bandos distintos (en 1829, 1851, 1859 y 1891), o bien dan origen a una sucesión de golpes militares de distinto signo político (1724, 1925 y 1932).

5) Ahora se vive en una nueva etapa, donde los conceptos de seguridad nacional, democratización de las fuerzas armadas, mayor compenetración en la comunidad, están en el tapete de la discusión, lo que no significa en modo alguno —como trataremos de probar en un próximo artículo— que se discuta el carácter eminentemente profesional de los institutos armados.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02