Un candado para el Congreso

PUNTO FINAL
Año VII. Nº 186. Martes 19 de junio de 1973

UN CANDADO PARA EL CONGRESO

Editorial

HAY QUE DAR UNA BUENA RESPUESTA AL CONGRESO

UN Congreso Pleno, que no lo fue tanto ya que de él se retiraron todos los parlamentarios de izquierda, aprobó hace una semana una reforma constitucional que prácticamente desbarató todas las conquistas que en el proceso agrario habían ganado los campesinos. Fue otra de las "gracias" montadas por la oposición, que tiene mayoría en las dos ramas del Parlamento, para seguir en su obstrucción al gobierno y en su afán de frenar la evolución económica y social que se ha intensificado en el país desde el triunfo de la Unidad Popular, en septiembre de 1970.

Ya a este congreso no le han bastado las acusaciones a ministros e intendentes, ni tampoco las verdaderas agresiones de que ha hecho víctima a la clase trabajadora al negarse a legislar sobre el delito económico, para detener la especulación y el mercado negro desatado contra ella, y al obstaculizar el despacho de un justo reajuste de sus ingresos. Ahora, ha remarcado más aún su carácter de clase y se ha volcado totalmente en la defensa de los intereses de los latifundistas, perjudicando todo cuanto habían adquirido los campesinos a través de la aceleración que el gobierno popular había impreso a una reforma agraria, retardada por la administración anterior.

Esta actitud refleja la desatada disposición de impedir por todos los medios a su alcance los cambios que exigen los trabajadores. Nada detiene a la mayoría opositora, ni siquiera la propia Constitución que en el asunto de las acusaciones ministeriales ha violado repetidamente. Esa prepotencia aparece avalada además por otra que paralelamente ha surgido de los tribunales de Justicia, coludidos abiertamente con la oposición.

Una acción de este tipo está pidiendo a gritos una respuesta consecuente. Para darla, el gobierno dispone del amplio respaldo de la clase trabajadora que ha sabido crearse órganos de poder que como los comandos comunales, los consejos campesinos, las JAP y sus organizaciones de base ven en el Congreso el freno insolente de todas sus conquistas y el obstáculo para el camino al socialismo. Es de allí de donde surge la petición de que se marche, sin compromisos, hacia un régimen donde el pueblo diga e imponga su palabra, una real dictadura popular que coloque el tapabocas que se merece esta corporación que lesiona sus intereses.


Análisis

EL MOMENTO DEL VIRAJE HACIA LA DICTADURA POPULAR

La situación política ha producido una coincidencia de hecho en los planteamientos que formulan diversos partidos de izquierda. El PS, MIR, MAPU e Izquierda Cristiana, por ejemplo, en pronunciamientos públicos emitidos en días recientes apuntan —en líneas esenciales— en una misma dirección. Sostienen, por ejemplo, que la oposición reaccionaria ha conseguido cerrar uno a uno los "resquicios legales" que daban verosimilitud a la "vía chilena" hacia el socialismo. Añaden que hay una convergencia entre los sectores opositores destinada a provocar —en forma más o menos rápida,— una crisis definitiva. Para el secretario general socialista, Carlos Altamirano, por ejemplo, el partido Nacional busca el golpe inmediato, mientras el Demócrata Cristiano prepara condiciones para agosto o septiembre.

Otra cuestión abordada de manera muy parecida por los partidos de izquierda es lo que se refiere a la manera de encarar el peligro de una guerra civil. Expresan coincidencia en cuanto a que ese riesgo —corolario de una lucha de clases llevada a sus últimas consecuencias—, no será conjurado sino a través de Ha movilización revolucionaria de las masas, ganando —por así decirlo— la guerra antes que ella se desate, o por ultimo en el curso del enfrentamiento. Finalmente esos partidos de izquierda coinciden en que el método correcto es desarrollar el poder revolucionario (o poder popular) a través de organizaciones como los Comandos Comunales de Trabajadores, los Consejos Campesinos, los Cordones Industriales, etc.

Para el partido Comunista "el peligro es tan evidente y próximo que no admite actitudes contemplativas ni indiferentes" ("El Siglo", 10-VI-73).

EL ARMA INSTITUCIONAL

PF ha venido analizando en sucesivas ediciones el empleo a fondo que hace la burguesía de los instrumentos estatales que controla: Parlamento, Tribunales y Contraloría.

El primero destituyó a tres ministros y algunos intendentes en los últimos días, aprobando además dos reformas constitucionales que impiden al programa de la Unidad Popular avanzar en el terreno industrial y agrario.

Los Tribunales desconocieron toda autoridad del gobierno para meter en cintura los desbordes de las radios de oposición y, de paso, declararon reo y están sometiendo a proceso a otro ministro.

La Contraloría, por su parte, continuó emitiendo dictámenes para obligar a devolver industrias requisadas.

Dentro de este cuadro parece un hecho que la Unidad Popular no tiene posibilidad de llevar adelante su programa ("iniciar la construcción del socialismo") si sigue apegada a las normas del "estado de derecho" de la burguesía.

El asunto de quién rompe primero la legalidad actual —si el gobierno o la oposición— aparece ahora cómo un sofisticado problema ético que la propia acción opositora, desde sus bastiones en la institucionalidad, se ha encargado de enervar. El quid de la cuestión es más bien una relación de fuerzas que un problema jurídico. Tener la "razón constitucional" —a estas alturas— no allegará a ninguno de los bandos más recursos humanos y materiales que los que ya disponen. No se está librando una disputa legal en procura del veredicto de un tribunal imparcial. Se está desarrollando una lucha de clases que tiene como fin el dominio de una clase por otra, la subordinación de una a otra clase, el reemplazo de una dictadura por otra. Esa es ni más ni menos el asunto en juego.

Ni la burguesía, ni el proletariado, van a detener su lucha —aquélla por recuperar el gobierno y éste por conquistar el poder— por un quítame allá estas pajas más o menos legal.

Parece también ilusorio que simples argumentos jurídicos y constitucionales —que sirven sólo para malabarismos en la superestructura— vayan a inclinar el conjunto de las fuerzas armadas hacia uno u otro campo. Es un hecho que ellas, factor determinante en el problema, tendrán que entrar en la correlación de fuerzas que establece la lucha de clases. En ese terreno la línea divisoria no pasa por los Tribunales, la Contraloría o los debates parlamentarios, sino por la mayor o menor capacidad dirigente, la coherencia ideológica, firmeza de propósitos y homogeneidad de mando que muestren las clases en pugna. El núcleo más importante de las fuerzas armadas, seguramente, será arrastrado hacia el polo social y político más enérgico y activo, operando en el seno de ellas las mismas contradicciones de clase que tienen lugar en el resto de la sociedad.

LA VÍA DEL GOLPE

La envoltura jurídica del conflicto social, sólo tiene ahora cierto grado de significación para la burguesía. No hay duda que al sector más esclarecido de ella —como lo hemos venido sosteniendo en PF— le seduce la idea de una "vía chilena" hacia el golpe. Se trata —como hemos dicho varias veces— de llevar al gobierno del presidente Allende al desplome. Producir su "muerte natural" para que incluso la intervención de las fuerzas armadas, necesariamente inconstitucional e insólita en los últimos cuarenta años, aparezca como un remedio necesario y transitorio para una situación de caos.

En ese sentido la burguesía quiere usar a las fuerzas armadas como un gendarme de sus intereses. Pero tratando de evitar que el verdadero control político se escape de sus manos. En los cálculos de la burguesía, seguramente, es un factor inquietante pensar que sus públicos llamados a la intervención de las fuerzas armadas, se traduzca en un largo período de dictadura militar. La "vía chilena" al golpe, por lo tanto, tiene que ...erar con los agentes políticos, judiciales y administrativos de la burguesía encarámalos sobre las espaldas de las fuerzas armadas. El papel de éstas se limitarla al de agente represivo del pueblo y del movimiento obrero por cuenta de los burgueses y del imperialismo. Es muy difícil, claro está, que el conjunto de las fuerzas armadas acceda a jugar ese rol.

Otra faceta de esta "vía chilena" hacia la restauración plena del capitalismo —hasta ahora levemente tocado en el país—, es amarrar de pies y manos al gobierno de la Unidad Popular, "perdonándole" la vida hasta 1976, y aprovechando el inevitable deterioro económico de una situación ambigua como la actual para tratar de dividir a la clase trabajadora. Es la línea básica seguida por la Democracia Cristiana desde el "estatuto de garantías constitucionales" de 1970, hasta las reformas de la Constitución introducidas por sus senadores en los aspectos que atañen a la propiedad industrial y agraria. Todo ello secundado por el impulso organizado a la "oposición desde la base", que es el plan más siniestro urdido por la burguesía y el imperialismo para tratar de dividir al movimiento obrero.

EL FRACASO DE UNA LINEA

No obstante, el gobierno no puede aceptar quedar aprisionado en la jaula de acero que le fabrica un sector de la burguesía agitando el caramelo de una "tregua" hasta 1976. Ello significaría el quiebre de la Unidad Popular y por lo tanto un debilitamiento mayor del gobierno, dejándolo a merced de su enemigo. Por otra parte, ya pasó la coyuntura de un eventual entendimiento con un sector de la burguesía, concretamente con aquel representado políticamente por la Democracia Cristiana.

La tesis que dentro de la UP propugnaba ese entendimiento ha perdido toda vigencia y se ha demostrado, en los hechos, el fracaso del socialismo reformista.

El PC parece venir de regreso de esa línea equivocada, lo cual es un síntoma muy alentador para la necesaria unidad del movimiento obrero. Pero la aplicación de la política aprobada por la UP en Lo Curro, debilitó en forma considerable el proceso y es uno de los factores que más pesan hoy, a la hora de medir las fuerzas ante "el peligro evidente y próximo".

Un balance de la situación del área de propiedad social, hecho por el actual vicepresidente de la Corporación de Fomento, Pedro Vuskovic, señala:

"Resta mucho por hacer para culminar los planteamientos programáticos del gobierno sobre esta materia. Las áreas de propiedad mixta distan aún de haber alcanzado la amplitud prevista y requerida. Si sólo se considera la industria manufacturera, de un total de 36.220 empresas existentes, 165 pertenecen a las áreas social y mixta y otras 120 están requisadas o intervenidas. El conjunto de la producción de estas empresas del área social y las que están requisadas o intervenidas representan aproximadamente un 22 por ciento del producto industrial y un porcentaje todavía menor de la ocupación en el sector industrial (19 por ciento). De las 93 empresas industriales que el gobierno ha reiterado en su proyecto reciente que deben incorporarse a las áreas social y mixta, en la actualidad sólo ocho pertenecen a ella, mientras que 48 están requisadas o intervenidas y 37 permanecen bajo propiedad y control privado" ("Ultima Hora", 7-VI-73).

El análisis de Vuskovic agrega que en determinadas ramas industriales, como cuero y calzado por ejemplo, las áreas social y mixta "siguen siendo inexistentes". Son estas razones, anota con exactitud, "las que hacen difícil el desarrollo planificado de la economía".

La franqueza de Vuskovic provocó un insólito ataque personal del diario "Puro Chile" una declaración de solidaridad con el afectado de la comisión política del partido Socialista, partido al que él pertenece.

NECESIDAD DE ROMPER EL CASCARÓN INSTITUCIONAL

Es evidente que la clase obrera ha avanzado poco sobre los auténticos centros de poder (el área social sólo representa el 22 por ciento del producto industrial y el 19 por ciento de la ocupación del sector). A la vez es cierto que los agentes políticos de la burguesía, apoyados en la institucionalidad y en la propaganda y organización abiertas y legales, han caminado un largo trecho hacia su meta.

Pero también es un hecho que a pesar de las debilidades mostradas por la Unidad Popular, la conciencia revolucionarla de las masas ha crecido en apreciable medida. La actitud de la clase trabajadora en el paro de octubre de 1972, luego su rechazo al llamado "proyecto Millas" y el casi 44 por ciento volcado a la izquierda en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, son indicios claros.

Lo mismo puede decirse del ánimo que lleva a sectores de vanguardia a realizar los "prodigios de organización proletaria" que se traducen en los Comandos comunales, los Cordones Industriales, el abastecimiento directo, las JAP, etc. No hay que equivocarse: es la propia masa la que busca crear un poder revolucionario que sustituya al poder burgués.

Por eso la actitud de repliegue, atinando sólo a tratar de disuadir a la burguesía para que no acuda al recurso extremo de la guerra civil, no corresponde exactamente al estado de ánimo de las masas.

Algunos partidos de la izquierda han interpretado correctamente la situación, exigiendo al gobierno que adopte medidas enérgicas y ejemplarizadoras. El propio secretario general de la CUT, Manuel Dinamarca, reprochó en un mitin realizado en la Plaza de la Constitución, la blandura que llevó a levantar la clausura de una radioemisora golpista.

Lenin observaba que "el entusiasmo revolucionario de la clase avanzada puede mucho cuando la situación objetiva exige de todo el pueblo la adopción de medidas extremas... Lo importante es comprender que en tiempos de revolución, la situación objetiva cambia tan rápida y bruscamente como corre la vida en general".

En el caso chileno todo se aproxima a esa apreciación leninista.

La fuerza del pueblo no utilizada —y que se desgasta en la medida que los problemas sin solución y la propaganda enemiga van erosionándola— es todavía muy grande.

Pero cada vez se aproxima el instante del "demasiado tarde", cuando ya no hay caso de revertir la situación en favor de los trabajadores.

"La historia enseña —dijo Fidel Castro el pasado 1º de mayo— que cuando los pueblos están decididos a defender sus derechos, cuando los pueblos siguen un camino firmemente, no hay poderío ni hay fuerza que sea capaz de apartarlos de ese camino".

La Revolución Cubana no tiene por qué ser una excepción que el pueblo chileno no pueda igualar y aún superar.

Pero, sin vuelta de hoja, se ha llegado a una situación que plantea medidas extremas. En este caso, romper el cascarón de la institucionalidad burguesa es una cuestión de vida o muerte para el proletariado, justamente si se quieren preservar formas relativamente pacíficas de transición al socialismo.

Los "brotes" de socialismo que han despuntado en dos Comandos Comunales y Consejos Campesinos deben ser activamente estimulados para que crezca el poder revolucionario. Ganar a los soldados para la causa de la clase trabajadora, dándoles participación en los órganos de poder popular, es una tarea de singular prioridad. Comenzar a ejercer formas de dictadura popular es la única posibilidad de concitar el entusiasmo revolucionario de las masas. Asegurar en la base la unidad de todos los sectores que quieren el socialismo, aboliendo las prácticas sectarias, es un requisito indispensable en esta tarea. Poner bajo dirección y control obrero a toda la producción y distribución, consolidando el predominio absoluto del área social, es el único modo de planificar y" distribuir en resguardo del interés popular.

DIRECCIÓN DE CLASE

Poner bajo dirección proletaria la organización social del trabajo, requiere un cierto grado de violencia. Pero esta será menor, en nuestro caso, en la medida que se logre crear desde ya un poder revolucionario suficientemente fuerte y eficaz.

Está meridianamente claro que persistir en la dirección que desea la burguesía, o sea ciñéndose al esquema institucional creado por ella, conduce directamente al desastre.

Determinados sectores de izquierda agitan con fuerza el inminente peligro de una guerra civil. Pero no complementan esa actividad con desplazamientos que podrían debilitar ahora al enemigo, antes que entre en acción. Antes bien, se crea una imagen en que toda acción de las masas organizadas para crear poder revolucionarlo aparece como una provocación a la guerra civil. La debilidad que trae aparejada esa campaña debe ser contrarrestada para evitar que se convierta en un arma de doble filo.

Los sectores opositores, cuya agresividad se ve estimulada por la propaganda burguesa, han llegado a un nivel de enardecimiento en que cualquier salida, incluso la guerra civil, les parece buena con tal de derrocar al gobierno de la UP. De modo que a "esos sectores la campaña contra la guerra civil no les hará mella.

En cambio los sectores populares, aliados del proletariado en un proyecto revolucionario, pueden ser confundidos por esa campaña si no se le da un contenido de clase bien preciso, tendiente a organizar a las masas en nuevos términos. Nos referimos a la necesidad de organizarse en el marco que exige la nueva realidad: para librar un combate por el poder.

La situación actual no puede, ni con mucho, calificarse de "normal". O sea, no bastan las organizaciones habituales. Hoy son necesarios organismos como los Comandos Comunales donde el proletariado pueda ganar la conducción de todos los trabajadores y de todos los explotados.

Nuestro pueblo puede ejercer con sabiduría y firmeza una dictadura de clase que oriente el proceso de construcción socialista. La clase trabajadora chilena ha demostrado un nivel de madurez muy alto. Su disciplina le ha permitido afrontar —y sigue haciéndolo— problemas graves que siguen creciendo porque no se aplican medidas extremas como las que reclama la clase obrera. Todo ello hace que tenga perfecto derecho a tomar directamente en sus manos los órganos del poder del estado, apoyando su fuerza en el poder revolucionario de sus organizaciones.

MANUEL CABIESES DONOSO


Planteamiento

UN CANDADO PARA EL CONGRESO

Son millones los seres humanos que creen que esta experiencia de Chile vale la pena que fructifique. No defraudemos a nuestro pueblo, no seamos tránsfugas con nuestra propia responsabilidad y no olvidemos que, por último, pretendemos llamarnos revolucionarios.

Salvador Allende (La Moneda, 30-IX-71).

EL senador del PN Francisco Bulnes anunció en una comparecencia de televisión (3-VI-73) que los parlamentarios de oposición llegarían hasta plantear la acusación constitucional contra el Presidente Allende. Así descubrió el verdadero propósito de la burguesía para provocar el "golpe legal". El senador de la oligarquía explicó, además, que "en política estas acusaciones no sólo se presentan para ganarlas". Pese a carecer de los dos tercios necesarios para destituir al Mandatario, los opositores activan un clima de animosidad al gobierno.

Dos días después (5-VI-73) el diputado del Partido Nacional, Aníbal Scarella, profetizó en la Cámara: "En Chile morirá el sistema presidencial por culpa del Presidente Allende".

Al día siguiente (6-VI-73) el presidente del Senado Eduardo Frei —su inhabilidad parlamentaria fue solicitada por PF y ahora la siguen pidiendo los trabajadores, dada su calidad de agente del imperialismo en Chile— habló en Roma ante las agencias noticiosas internacionales para proclamar que el gobierno popular de Chile "ha destruido la democracia y la economía del país".

La Corte Suprema, por su parte, a pretexto de defender una "juridicidad" amenazada, se ha planteado clasista y políticamente en una sucesión de aberraciones legales el quiebre de esa juridicidad. De este modo, el Congreso y la Justicia han llegado a constituirse, coludidamente, en los institutos activistas del "golpe legal", cuyo objetivo táctico es el despojo de las facultades del Ejecutivo para crear una administración paralela del país. Su meta estratégica, derribar al gobierno popular.

La clase dominante lanza así ahora su nueva escalada, después del paro patronal de octubre (ver PF Nº 182), a niveles internacional y nacional. Esgrime dos armas, que en la subversión de octubre no había preparado convenientemente: a) instrumentalizar los resortes "legales" que, con su mayoría parlamentaria le permiten adecuarlos en su favor desde el Congreso, la Corte Suprema y la Contraloría para meter en el cepo al gobierno; b) por ese camino "legal" promueve el golpismo a través de focos huelguísticos, asonadas callejeras, atentados y otras piedras que coloca en la vía del gobierno popular.

La mayoría burguesa parlamentaria obstruye iniciativas gubernamentales y desquicia el régimen presidencial removiendo ministros, intendentes y gobernadores a su antojo, por medio de la acusación "constitucional". La Corte Suprema, al servicio de la clase dominante, con la cual se identifica, ampara a los delincuentes reaccionarios, protege a los sediciosos y fortalece desde sus estrados la táctica y estrategia que emana desde el Congreso.

La Contraloría aparece como cumpliendo su función e "interpreta" leyes y disposiciones a su amaño, también en respaldo de la burguesía. Todo es "legal". A la sombra de este siniestro andamiaje se mueven sediciosamente el Partido Nacional, el Partido Demócrata Cristiano, y el movimiento fascista "Patria y Libertad", que vanguardizan la acción, como arietes políticos. Les siguen orquestadamente el llamado "Comando Gremial" de León Vilarín, los comerciantes comandados por Rafael Cumsille; la SOFOFA, manejada por el patrón de los patrones, Orlando Sáenz; la Sociedad Nacional de Agricultura, bastión de latifundistas; los Colegios de Abogados, Médico y de Ingenieros Agrónomos; el "Frente Universitario Libre", con Edgardo Boenninger y Máximo Pacheco, vinculados al consorcio Rockefeller; la Cámara Chilena de la Construcción; el Canal 13 de TV, dirigido por el cura Raúl Hasbún; la radio SNA, manejada por el Jefe Territorial de "Patria y Libertad", Benjamín Matte y una caterva de llamados "periodistas libres" y de dirigentes gremiales adocenados. En la cúspide de esta maraña piramidal está el Parlamento con su mayoría reaccionaria y a la cabeza de éste el Presidente del Senado, Eduardo Frei.

LAS MARTINGALAS

La "legalidad" ejercida desde el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República, puede apreciarse, "grosso-modo" en la síntesis siguiente:

*** Desde que asumió el gobierno popular (3-XI-70) la mayoría reaccionaria del Congreso, utilizando el recurso de las acusaciones "constitucionales" muestra el siguiente itinerario: Enero 1971, Ministro de Justicia, Lisandro Cruz Ponce, destituido; Marzo 1971, Ministro del Trabajo, José Oyarce, no prosperó; Diciembre 1971, Ministro de Economía, Pedro Vuscovic, destituido; Diciembre 1971; Ministro del Interior, José Tohá, destituido; Junio 1972, Ministro del Interior, Hernán del Canto, destituido; Septiembre 1972, Intendente de Concepción, Vladimir Chávez, destituido; Octubre 1972, Intendente de Bío Bío, Federico Wolff, destituido; Octubre 1972, Intendente de Santiago, Alfredo Joignant, destituido; Diciembre Ministro de Hacienda, Orlando Millas, destituido; Abril 1973, Intendente de Santiago, Jaime Faivovich, destituido; Mayo 1973, Ministro de Economía, Orlando Millas, no prosperó; Junio Ministro del Trabajo, Luis Figueroa, destituido; Junio 1973, Ministro de Minería, Sergio Bitar, destituido; Junio 1973, Intendente de Valparaíso, Carlos González, destituido; Junio 1973, Intendente de Talca, Francisco Reyes, en trámite para destitución; Junio 1973, Intendente de Ñuble, Luis Quezada, en trámite para destitución; Junio 1973, Ministro de Economía, Orlando Millas, en trámite que culminará con la destitución.

El uso y abuso politiquero que ha hecho la burguesía en el parlamento convirtió el "mecanismo legal", de que tanto se jacta la reacción, en una bufonada grotesca. Puede apreciarse que sólo en los días corridos de junio se han presentado siete acusaciones 10 que indica que a partir de este mes la burguesía resolvió agudizar al ataque al gobierno por la "vía legal".

*** El bloqueo al gobierno popular desde el Parlamento también alcanzó a iniciativas fundamentales en beneficio de los trabajadores y del país. La mayoría parlamentaria defendió los intereses de las clanes financieros y de la alta burguesía rechazando el proyecto para perseguir el delito económico. Así impidió que fueran a parar a la cárcel los especuladores y acaparadores y permitió la proliferación del mercado negro. Esto obliga a los sectores populares a gastar el 80 por ciento de sus ingresos en alimentación. El Ministerio del Mar, para impulsar la explotación de riquezas marinas, fue archivado en el Senado después de un año y diez meses de tramitación y de más de cien reuniones. El proyecto de creación de los Tribunales Vecinales también fue rechazado en el Congreso. La mayoría de oposición al Gobierno no podía permitir que se terminara la actual administración de justicia clasista que la burguesía a sí misma se dio. La iniciativa para crear el Ministerio de la Familia y asegurar una mejor atención al futuro del niño fue también "boleada" en el Parlamento. La incorporación de 94 empresas monopólicas al área social, por la vía de la ley, tampoco fue permitida por los reaccionarios de la mayoría parlamentaria. Por último, el proyecto de reajustes de sueldos y salarios para trabajadores salió del Congreso desfinanciado en miles de millones de escudos.

En cambio, hubo disposición para devolver industrias y fundos, a través de una torcida "reforma constitucional", a los explotadores de obreros y campesinos.

*** El Colegio de Abogados planteó a la Corte Suprema la "ilegalidad" del gobierno y pidió al Senado y a la Cámara más acusaciones "constitucionales". El Colegio Médico ha decretado paros y huelgas en servicios asistenciales, en abierto atentado a la salud de la población. El presidente del Senado Eduardo Frei y el de la Cámara, Luis Pareto, se arrogaron la representación de todo el Parlamento para pedir a la Contraloría que "debe promulgarse la reforma constitucional tal como la despachó el Congreso" y anteriormente el PDC y el PN habían advertido al Tribunal Constitucional que no acatarían un fallo adverso sobre la forma en que se despachó dicha reforma.

Surge, entonces, de lo anterior, la clara embestida manejada desde el Congreso contra el gobierno y los trabajadores.

De este contexto de tácticas y estrategias planificadas por la burguesía y el imperialismo, resulta ahora impropio pensar que el proceso de construcción del socialismo en Chile pueda llevarse dentro de los marcos establecidos por la legalidad burguesa. Los pilares básicos de la burguesía están en el Parlamento y en la Justicia. Está visto que uno y otro adecúan "su" legalidad a los fines que les conviene. Ambos mecanismos están obsoletos para el proceso y con ellos en vigencia, como hasta ahora, queda trancado el camino de la revolución hacia el socialismo.

PUEBLO Y PARLAMENTO

En los anales del Congreso quedó por primera vez marcada con indignada crudeza la reacción de los trabajadores frente a la inutilidad y desvergüenza de la burguesía parlamentaria. El dirigente sindical de Huachipato, Publio Mariángel, cuando era interrogado en la llamada "Comisión de Acusación Constitucional" contra los Ministros Luis Figueroa y Sergio Bitar, estalló: "¿Por qué no legislan sobre el delito económico en vez de andar hueveando con acusaciones? ... ¿Para qué creen que les están pagando el sueldo los trabajadores? ...". Los pulcros parlamentarios se sonrojaron ante la verdad e hicieron salir de la sala a su acusador.

No pudieron negar que gozan de una remuneración o "dieta" mensual de 26 sueldos vitales y otras garantías que les totaliza sobre 53 millones de pesos cada treinta días. Además, disponen de pasajes liberados en todos los medios nacionales, placas distintivas especiales para sus automóviles, oficina pagada por el Congreso, secretarios y otras granjerías, como economato (sin problemas de abastecimiento) y jubilación con perseguidora, de por vida, después de 16 años de ejercicio parlamentario. Si viajan al exterior llevan viáticos en dólares, que salen del presupuesto en moneda nacional y extranjera, cuyos ítems ellos mismos determinan, pero que son cargados al Presupuesto General de la Nación, por lo cual los recursos provienen del financiamiento que dan cada uno y todos los chilenos.

Antes de la última elección parlamentaria (4-111-73) en el Senado había 20 demócratas cristianos, 5 del PIR, 5 del PN y 2 de la llamada Democracia Radical. Total: 32 representantes de la burguesía contra sólo 18 de la izquierda.

Después del 4 de marzo la burguesía quedó con 30 senadores, cantidad en la que tuvo notorio aumento el PN. La izquierda cuenta con 7 socialistas, 9 comunistas, 3 radicales y un socialista popular. Total 20. En la Cámara la representación de la burguesía es más decidora. Después de la elección de marzo quedaron 87 diputados reaccionarios, distribuidos en 50 demócratas cristianos, 34 nacionales, 2 de la democracia radical y 1 PIR. La izquierda sólo totaliza 63 diputados (28 PS, 25 PC, 5 PR, 2 MAPU, 1 API, 1 IC. Con esta distribución ¿puede señalarse que en el Parlamento está la representación del pueblo, la de los trabajadores?

El rechazo de la mayoría parlamentaria a legislar contra el delito económico golpeó duramente a los pobres del campo y la ciudad. La inmunidad para especuladores y acaparadores, amparados por la burguesía en el Congreso, impulsó el mercado negro y fortaleció el rápido enriquecimiento sin medida de esos inescrupulosos. Pero la estrategia de la mayoría parlamentaria apuntaba también a otro objetivo. La escasez y el mercado negro provocan descontento y van contra el Gobierno, como un arma contra la especulación y el acaparamiento se alzaron las JAP. Entonces, la burguesía embistió contra estos organismos de poder y control popular. Desató la ofensiva hasta llegar a la acusación contra el Ministro de Economía. Orlando Millas, e inició la arremetida "legalista" contra las JAP para inmovilizarlas.

LOS "LEGALISMOS"

Con motivo del proyecto vetado por el Gobierno sobre reforma "constitucional" para devolver fundos e industrias a los patrones, los Comités Parlamentarios reaccionarios presionaron para lograr la promulgación del texto despachado por el Congreso o para que el Ejecutivo llamara a plebiscito. Eduardo Frei tocó a las puertas de la Contraloría. Francisco Bulnes clamó por televisión y anunció la acusación a Allende, en caso que no siguiera uno de los dos caminos. Curiosamente, para ellos, el demócrata cristiano senador Renán Fuentealba, co-autor de la iniciativa, discrepó de poner al gobierno en ese "zapato chino" y legitimó la promulgación parcial del proyecto.

El mismo Fuentealba declaró que la situación actual iba hacia un enfrentamiento y que algunos sectores de oposición preparaban la acusación constitucional contra el Presidente de la República. Puntualizó que el congreso "no reúne los dos tercios para insistir".

El Gobierno planteó su criterio: "Convocar a plebiscito implica, además, aceptar la tesis inconstitucional del Congreso de que en los vetos no es necesario el trámite de insistencia. Ello se agrava, si se considera que la mencionada tesis significa trasladar el Gobierno desde el Ejecutivo a las mayorías del Congreso Nacional. Además, implica aceptar la insólita pretensión de las mayorías del Congreso de imponer su interpretación jurídica a la del Jefe del Estado, imposición que es inconstitucional y que atenta contra la separación de los Poderes del Estado".

En este caso también quedó demostrado que el sector mayoritario del Congreso buscó torcerle la nariz a la ley para imponer "su legalidad".

En el juego de "legalismos" también ha tomado parte activa la Corte Suprema. Al parecer, sus oídos están siempre gratos a los llamados sediciosos o a los ataques contra el Gobierno, que propalan radios y periódicos de la burguesía. No se explica de otro modo el escandaloso fallo que, en rápidas siete horas ordenó levantar la clausura de radio SNA, procesó y encargó reo al Ministro Secretario General de Gobierno, Aníbal Palma. Todo esto sin defensa del afectado y sin que funcionase el recurso "legal" indispensable para que ese tribunal actuase. Así, la Corte Suprema fue juez y parte y se inhabilitó frente a un eventual recurso de queja. ¿Qué garantía ofrecía recurrir a ella frente a la arbitraria determinación del Ministro de Apelaciones Hernán Cereceda, contra el Ministro Secretario General de Gobierno? Este fue citado por Investigaciones, mantenido cinco horas en el Juzgado y careado con otro funcionario. Fue una abierta provocación que respaldó la Corte Suprema, presidida por Enrique Urrutia Manzano, con quien el mismo Cereceda estuvo para salvar al ex Senador Raúl Morales Adriasola de su desafuero por su implicancia en el asesinato del General Rene Schneider.

Esta misma Corte Suprema, el 3 de marzo de 1967, estableció ante el gobierno de Frei que "el Poder Judicial no puede interferir las decisiones administrativas del Ejecutivo". En este caso lo hizo frente a una medida administrativa de gobierno, aplicada a una radioemisora que propalaba noticias falsas y alarmistas.

Con el mismo criterio y objetivos del Congreso, la Corte Suprema aplica sus "legalismos" conforme a la única ley que rige su buen pasar: la del embudo.

Por eso, la Unidad Popular fue clara para enjuiciar al Poder Judicial: "La Corte Suprema se ha transformado en una trinchera más de la derecha y ha perdido así toda legitimidad y autoridad moral al transformarse __ en otro bastión de la reacción". El gobierno también debió plantear su opinión: "Resulta odioso tener que precisar que esta actitud judicial se ha entronizado en nuestra vida cívica después de asumir el actual gobierno".

Todo revela, entonces, que el Parlamento y la Corte Suprema —Eduardo Frei Montalva y Enrique Urrutia Manzano— orquestan la acción contra el Gobierno. En el Congreso se acusa a los Ministros. En la Corte Suprema se procesa y encarga reos a los Ministros que no son acusados. Esto, al compás de la misma música de la "constitución y la ley".

Es así, como también entra a tallar el Colegio de Abogados. Su Presidente, Alejandro Silva Bascuñán, es accionista de la Papelera, de la Sudamericana de Vapores y del Banco de Chile. Está jubilado de la Sindicatura de Quiebras y sus hermanos, Marcos y Sergio, son socios influyentes de innumerables sociedades anónimas constituidas por capitales extranjeros y nacionales. Silva Bascuñán "solidarizó" con la Corte Suprema porque "el gobierno ha caído en la ilegalidad" y anunció que oficiará al Senado y a la Cámara pidiendo "todas las acciones necesarias para desaforar intendentes y gobernadores que "infrinjan la ley". En ese sentido instruyó también a los Consejos de Abogados locales.

Previamente, la directiva del Colegio de Abogados había tomado parte activa en otro ataque contra el Gobierno. Suspendió de su profesión a los abogados Humberto Trucco, Gerente del Banco Central; Enrique Schepeler, Fiscal del mismo Banco y defensor del Gobierno en querellas contra la SOFOFA y transportistas durante el paro de octubre y defensor de la familia del General Schneider; Jorge Mera, abogado del Banco Central y también defensor de la familia Schneider y Julio Ahumada, otro abogado del Banco Central. En esa forma logró dos objetivos: a) dejar al Instituto Emisor sin defensa jurídica; b) ayudar al reo Roberto Viaux, que espera el fallo de la Suprema sobre el recurso de queja presentado por Schepeler y Mera, contra la sentencia de la Corte Marcial para otorgarle libertad.

DICTADURA POPULAR

El curso de los acontecimientos está comprobando que no se trata de una contienda de poderes, sino de un poder paralelo que se ha establecido "de facto" en el Congreso, con la colaboración de la Corte Suprema.

Un análisis sobre "Las masas, el Estado y problema del poder en Chile", publicado en "Cuadernos de la Realidad Nacional" (Nº 16) plantea:

El Parlamento opera en Chile como el órgano del control burgués sobre el Estado. Existiendo de este modo las condiciones para que se dé una lucha abierta entre dos poderes contrapuestos. Sin embargo, esto no se verifica hasta el surgimiento de un Gobierno Popular, por el hecho que ha sido la burguesía en su conjunto la que ha tenido el dominio sobre ambos poderes. En repetidas ocasiones el Ejecutivo ha contado con una oposición mayoritaria en el Parlamento o en una de sus Cámaras. Ello, sin embargo, no ha originado un conflicto de poderes. El criterio burgués primaba sobre todo. La situación cambia cuando el Ejecutivo llega a ser controlado por fuerzas que no pertenecen a las fracciones burguesas. Desde ese momento el mecanismo de control tiene que operar intentando desplazar al Ejecutivo".

Tal es la situación actual. La oposición pretendió desde el Parlamento "condicionar" la acción del Ejecutivo, dado el predominio de la burguesía en el Congreso. Ahora va más allá: busca administrar. En estas circunstancias, la reflexión actual debe ir a la relación que existe entre el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y la clase trabajadora con la mira puesta en la prescindencia del Parlamento.

La burguesía se ha atrincherado en el Congreso y opera a través de organizaciones políticas y gremiales, como se ha visto. Es el recurso para mantener el control burgués sobre el Estado que ahora la lleva a paralizar, la acción del Gobierno. En esta coyuntura cabe pensar en que si la izquierda ahora tiene el gobierno y quiere alcanzar todo el Poder, resulta básico el fortalecimiento de la relación que hemos mencionado. Por otra parte debe ampliar los organismos de poder popular como los Comandos Comunales, Cordones Industriales, Consejos Comunales y provinciales Campesinos, Juntas de Abastecimiento y Precios para crear mayor grado de poder en manos de los trabajadores.

El proceso de construcción del socialismo en Chile no podrá ser frustrado por la burguesía si la masa se encuentra movilizada y unida. En los organismos de los trabajadores, con la participación activa y resuelta de todos los explotados del campo y la ciudad, descansa la estructura del poder popular. Este poder —¡está comprobado!— no podrá desarrollarse para construir el socialismo, por las vías "legales" o "constitucionales" que el Congreso, la Justicia y la Contraloría adoban para el uso y conveniencia de la burguesía. Si se trata de destruir el poder burgués para instaurar el socialismo, el camino sólo lleva a la estructuración de una dictadura popular que emane desde las bases mismas de los organismos de poder del pueblo.

Un candado en el Congreso abriría la salida para realizaciones populares sin obstrucciones ni bloqueos "legalistas". El transcurso de 31 meses del gobierno popular revela un estancamiento provocado por la mayoría reaccionaria de senadores y diputados. De ahí que deba tenerse presente que "el fascismo dirigido desde el Parlamento no hará distingos entre tendencias de izquierda. No habrá tumbas separadas para los socialistas, otras para los comunistas y otras para el MIR. Fosa común, camaradas, para todos, si no actuamos unidamente". (La "Aurora de Chile", (7-6-73).

HÉCTOR SUÁREZ BASTIDAS


Campesinos

ÑUBLE:
EJEMPLO DE UNIDAD POR LA BASE

EN la última semana del pasado mes de mayo una extraordinaria movilización popular sacudió a la provincia de Ñuble. Campesinos, pobladores y estudiantes se pusieron en actividad y concretaron una férrea unidad de clase para luchar por sus intereses.

La acción organizada y disciplinada del pueblo contó con el apoyo de todas las organizaciones de masas de la provincia. Estuvieron presentes en la lucha las Federaciones Campesinas, la Central Unica de Trabajadores, el Consejo Provincial Campesino, el Comando Provincial de Pobladores y Federaciones Estudiantiles de las sedes de Chillan de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción.

La unidad del pueblo por la base provocó, a su vez, el acuerdo entre las organizaciones políticas de izquierda. Así, el Partido Socialista, la Izquierda Cristiana, el MAPU y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, unieron sus esfuerzos para impulsar estas acciones de masas.

IMPACTO CAMPESINO

Ñuble es una provincia fundamentalmente agraria; por esto, la movilización campesina fue la que mayor impacto produjo y la que mayor resistencia encontró en el sector patronal.

Alrededor de 50 fundos fueron tomados por los trabajadores agrícolas el 23 de mayo. Todos estos predios tienen una extensión mayor a ras 40 hectáreas de riego básico y, por lo tanto, el movimiento campesino exigía su expropiación o al menos su intervención inmediata.

Por su parte, el Comando Provincial de Pobladores, encabezado por su presidente, Bernardo Oliva, miembro del MPR y que agrupa a más de 20 campamentos de pobladores sin casa, procedió a ocupar las oficinas de la Central Nacional de Distribución (CENADI), en la ciudad de Chillán.

La toma de la distribuidora privada obedecía al propósito de resolver los graves problemas de abastecimiento, a través de la imposición del control popular sobre esta central, para impedir así su aprovechamiento por parte de capitalistas que se enriquecen con el negocio del mercado negro.

A su vez, los estudiantes universitarios encabezados por el Movimiento Universitario de Izquierda y en colaboración con el Comité de Estudiantes sin Universidad (CESU), se tomaron la sede de Chillán de la Universidad de Chile, en procura de conseguir mayores matrículas.

Los estudiantes secundarios, por su parte desalojaron a los fascistas de Patria y Libertad que se habían tomado el Liceo de Niñas.

VIOLENCIA PATRONAL

La lucha de todo el pueblo de la provincia encontró lógicamente la agresión permanente de la burguesía que recurrió a todos los instrumentos que tenía a su alcance para intentar frenar la movilización popular.

El principal "argumento" usado por los patrones fue la violencia. Evidentemente, fue en el campo donde la lucha alcanzó los mayores niveles de agudización, especialmente en los sectores de San Carlos, Quirihue, Bulnes y Pinto.

Las "guardias blancas" de los empresarios, agrícolas entraron rápidamente en acción: balearon a un funcionario de CORA, que quedó herido con un balazo en la espalda; balearon al propio Ministro de Agricultura, Pedro Hidalgo, que acudió a la zona ante el ímpetu de la movilización campesina, e intentaron agredir al Intendente en Bulnes.

Sin embargo, la principal acción armada que emprendieron los latifundistas fue tratar, metralleta en mano, de desalojar los fundos tomados.

Se encontraron con la fuerza organizada del pueblo y solamente consiguieron su objetivo en los predios Santa Fresia, tomado por el MCR, y Montserrat, tomado por el Partido Socialista, los cuales fueron nuevamente ocupados pocas horas más tarde por los trabajadores.

LA JUSTICIA A LA PELEA

Ante este fracaso, los empresarios agrícolas recurrieron a su Justicia.

Uno de los fundos ocupados pertenece a Enrique Urrutia Manzano, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Al imponerse de que el predio había sido tomado por los trabajadores y sin considerar la "independencia del Poder Judicial", el magistrado utilizó toda su influencia para presionar a los jueces de Ñuble, los que ya "ablandados" por los patrones de la zona, comenzaron a dictar órdenes de desalojo. Las vacilaciones de algunas autoridades de Gobierno permitieron que muchas de estas órdenes fueran cumplidas por Carabineros.

Asimismo, la Justicia clasista procedió a encarcelar a 22 campesinos del fundo Santa Fresia y al estudiante de Agronomía y militante del MIR, Oscar Angulo.

Entre los trabajadores detenidos figura casi la totalidad de la directiva del Sindicato "Moisés Huentelaf" de Ñiquén.

TRIUNFO DEL PUEBLO

Ninguna de las maniobras de los capitalistas tuvo éxito. La fuerza que le dio a la movilización la unidad de los más amplios sectores del pueblo fue un factor decisivo para la victoria de éste.

El ministro de Agricultura, Pedro Hidalgo, se comprometió a expropiar inmediatamente 50 fundos mayores de 40 hectáreas de riego básico, dejando para más adelante la expropiación de los 400 predios restantes de esa área, existentes en la provincia.

Una vez logrado este acuerdo, los trabajadores devolvieron los fundos, aunque esto no significó que los conflictos terminaran, ya que, por ejemplo, los asalariados del fundo "Cerro Verde", tuvieron que volver a tomarse el predio después del arreglo general, porque los patrones procedieron al despido masivo de 12 trabajadores, lo cual demuestra la justicia de la exigencia del movimiento campesino, en orden a expropiar rápidamente la totalidad de los 400 fundos mayores de 40 hectáreas de riego básico.

Por su lado, los pobladores mantuvieron dos días tomadas las oficinas de CENADI, al cabo de los cuales lograron conquistas aún no alcanzadas por el pueblo en ninguna parte del país.

Como producto de ese acuerdo, que puso término al conflicto, CENADI se comprometió a abastecer a las JAP y los Almacenes Populares y a integrarse al Comando Provincial de Abastecimiento, donde ya están DINAC, Agencias Graham, SOCOAGRO y ENADI. Por último, aceptó la presencia permanente en CENADI de un inspector de DIRINCO, que deberá contar con la confianza de los pobladores, a fin de que les informe de todas las gestiones de la distribuidora privada.

Además, se logró que toda la directiva del Comando Provincial de Pobladores se integre también al Comando Provincial de Abastecimientos.

LECCIONES DE LA LUCHA

Las victorias alcanzadas por el pueblo en Ñuble, vienen a demostrar en la práctica la eficacia de la unidad de todos los sectores del pueblo por la base, detrás de un programa revolucionario que refleje e interprete sus intereses y apunte a la solución de los problemas que hoy afligen a los trabajadores.

La movilización popular de Ñuble demuestra que es posible la unidad de todos los sectores de izquierda que están dispuestos a avanzar hacia la toma del poder y, a su vez, que los sectores reformistas se ven sobrepasados ante la madurez de estas movilizaciones populares.

Por último, es este tipo de acciones el que crea las condiciones objetivas para que nazcan y se desarrollen organizaciones que unifiquen a todos los sectores del pueblo, bajo la dirección de la clase obrera, y le entreguen poder a los trabajadores.

Son estas amplias movilizaciones de masas la base que le permite al pueblo acumular la fuerza y la organización necesaria para generar sus propios órganos de poder.

EDUARDO SANTA CRUZ




A CONSTRUIR MÁS PODER POPULAR

EL Movimiento Campesino Revolucionario de Ñuble llama a los compañeros campesinos a ocupar todos los fundos mayores de 40 H.R.B. y exigir su intervención masiva a cargo de las organizaciones campesinas, hasta su expropiación definitiva, en razón de la nueva ley de la Reforma Agraria.

El M.C.R. de Nuble está apoyando decididamente la lucha por pasar Cholguán al Área Social y la creación de un Complejo Maderero, expropiando además todos los fundos forestales y principales barracas de la provincia.

Nuestras Federaciones Provinciales Campesinas han levantado una plataforma de lucha para el actual movimiento. El M.C.R. llama a apoyar decididamente esa plataforma, ya que participó en su elaboración y porque en gran medida refleja las posiciones revolucionarias del campesinado chileno.

El M.C.R. llama a los compañeros campesinos a constituir Centros de Producción en los fundos que se expropien y a impulsar la Dirección Obrera en todo el sector reformado; es decir que seamos nosotros mismos los que administremos y mandemos en los predios del Área Social.

Llamamos a nuestros compañeros campesinos a luchar por:

—El derecho a voto para soldados y suboficiales.

—El respeto a la jornada de ocho horas y/o el pago de las horas extraordinarias para Carabineros; ya que esos compañeros trabajan por lo general de 11 a 14 horas diarias

El M.C.R. llama a formar los Comandos Comunales de trabajadores para combatir como se debe al momiaje; para pararles el carro a los burócratas y reformistas.

A construir el Poder Popular, independiente del gobierno, para luchar contra los patrones.

Los Campesinos Revolucionarios saludamos al Comando Provincial de Pobladores de Ñuble, que actualmente se encuentra ocupando las oficinas y bodegas de CENADI, exigiendo la expropiación de esta distribuidora que no quiere trabajar con las JAP ni con los almacenes populares.

El MCR saluda también a los compañeros estudiantes que se encuentran luchando por más matrículas para los hijos de trabajadores en la Universidad de Chile. Los Campesinos Revolucionarios apoyamos la toma de la "U" y les decimos que al igual que nosotros, deben darle duro al momiaje y a la burocracia.

Esta actitud criminal, es muy propia de quienes han despreciado a los trabajadores y que han hecho de la libertad y la Democracia todo un negociado para seguir explotándonos y humillándonos.

El MCR llama a seguir dándoles duro a los patrones y a desenmascarar a los reformistas que andan tratando de conciliar con la Democracia Cristiana a espaldas del pueblo y en nombre de la revolución.

¡A construir el Poder Popular!
¡A formar los Comandos Comunales!
¡A luchar por un verdadero gobierno de los trabajadores!

MOVIMIENTO CAMPESINO REVOLUCIONARIO
ÑUBLE


PUNTILLAZOS

SENADOR PORFIADO Y TONTITO

CUANDO el 4 de septiembre de 1964, en esa residencia de la calle Hindenburg se celebraba ya, con repiques y tamboreos muy demócratacristianos, el triunfo presidencial del dueño de casa, un lujoso automóvil llegó hasta el bungalow. De él descendió obsequioso uno de sus ocupantes, que anticipándose al chofer abrió una de las puertas del vehículo, para dar paso al personaje que llegaba en tempranera visita. El lisonjero vaciló un poco antes de seguir adelante con la compañía que traía tan respetuosamente. Pensó que la familia debía estar en medio de su euforia, calculando y ensayando actitudes para los besamanos primeros, que necesariamente debían producirse entonces con motivo de la victoria electoral de Eduardo Frei. Sin embargo fue corto el titubeo. La pareja avanzó decididamente y los periodistas la identificaron sin dificultad. Uno era Jorge Yarur, el magnate textil; el otro, José Musalem Saffie, un parlamentario llegado joven a la política en los brazos del PANAPO. cuando el maremoto Ibañista.

Fueron los primeros visitantes a la casa del elegido, anticipándose por largos minutos a Serafín Romualdi, uno de los jerarcas de más poder de la ORIT (la multinacional organización de trabajadores que financia la CIA). La trilogía, en el orden que hemos mencionado, pareció entonces no tener relación alguna entre sus integrantes y el presidente electo. El tiempo transcurrido hasta ahora, los cambios que la situación de Chile ha experimentado y las recientes infidencias periodísticas de algunos diarios norteamérica nos han probado justamente lo contrario. El hilo sutil de los intereses creados los unía perfectamente. los tres y también el triunfador del "4" eran, "ad pedem litterae", harina de un mismo costal.

Jorge Yarur, había arriesgado parte de su considerable fortuna, en el apoyo a Frei, si bien la inversión del textilero casi parecía una gota de agua en medio del mar de dólares que hinchó la caja electoral freísta con sus olas venidas de Estados Unidos, Alemania e Italia. Llegaba en la más oportuna de las horas a recordar, bajo el disfraz de la cortesía untuosa, su desprendido gesto, aunque la maniobra tenía como original consejero a su acompañante, José Musalem, identificado ya como gestor complaciente de los "más ricos" de la colectividad árabe residente y como el "niño maravilla" de la política de esos años. Yarur se dio maña en la conveniente ocasión para amarrar al flamante mandatario y tranquilizarse respecto a cualquier aprensión que entonces pudo haberle producido la "revolución en libertad".

Musalem cobró dividendos generosos de su gestión y de esta visita con Yarur. Un año más tarde saldría elegido senador por Santiago con la primera mayoría, que integraron muchos votos tejidos a buen precio en las arcas pródigas del magnate. Pero su ingreso al Senado le cortó una de las virtudes de que gozaba en la Cámara de Diputados, particularmente aquella de "niño maravilla", ya que de la otra siguieron disfrutando los más ricos de su colonia. La disminución ocurrió durante un enfrentamiento que tuvo con el senador Carlos Altamirano, en que éste reveló que Musalem, con las opiniones que estaba emitiendo, no hacía más qué confirmar que "era tontito", juicio compartido por sus amigos desde la temprana edad escolar.

Así fue como se comenzó a recordar algunas de sus actuaciones parlamentarias, especialmente el origen de las que más se ufanaba. Por ejemplo, la conquista del "sábado inglés" para los empleados del comercio, acción que se dijo impulsó como un homenaje al gobierno de Su Graciosa Majestad Británica, animado por un bromista que le aseguró que sería recompensado con el título de "Sir" por contribuir a la revitalización de ese imperialismo decadente.

Otros fueron más lejos y se acercaron a su adolescencia para probar, con bastante poca originalidad, que la candidez que se le atribuía era de larga data. Se afirmó que el joven Musalem casi fue rajado en latín cuando le contestó a la comisión examinadora: "No digo Domine meo; es término muy feo. Digo Domine orino, que es término más fino...". [1]

José Musalem Saffie, reelegido padre conscripto con muchos menos votos que hace ocho años —resultado natural de la ausencia de Jorge Yarur— vuelve a insistir en esos revoltijos.

Una petición de inhabilidad contra su "costal harinero", ahora presidente del Senado, lo ha llevado a rasgarse las vestiduras por creer que esa acción era una maniobra para probar que Frei era inhábil, inexperto o incapaz.

¿Barahúnda tremenda del honorable senador o subnormalidad consecuente para no comprender que justamente el acusado es hábil, experto y capaz de confabularse con los enemigos de Chile y de su clase trabajadora, lo que lo inhabilita moralmente para ser senador de la República?


Denuncia

EL MALIGNO "AFFAIRE" DE LOS MEDICAMENTOS

“NO MÁS ESTAFA EN LOS PRECIOS DE LOS REMEDIOS” se tituló la vigésima séptima de las primeras cuarenta medidas que se propuso el gobierno de la Unidad Popular. "Rebajaremos —señalaba— drásticamente los precios de los medicamentos, reduciendo los derechos e impuestos de internación de las materias primas".

La proposición, empero, iba a encontrar en su camino un enemigo que por razones políticas nunca fue descubierto en toda su magnitud en los gobiernos precedentes. Un complejo de corte gangsteril domina en Chile la industria farmacéutica y las relaciones de ésta con los grupos políticos del país le ha asegurado una lucrativa supervivencia.

Dominada la producción de medicamentos y las ventas por empresas extranjeras, este práctico monopolio no sólo ordena la política interna de precios de acuerdo a sus intereses sino esquilma al erario nacional mediante las tretas más conocidas utilizadas por las compañías extranjeras que operan en el marco de economías dependientes. Con el mismo criterio capitalista lucrativo orienta una propaganda irracional de consumo de medicamentos, hábilmente disfrazada tras una supuesta investigación científica.

UN ARMA IMPERIALISTA

El accionar de la mano extranjera en este rubro, como se demuestra más adelante, es fácilmente advertible por la población en dos situaciones artificialmente creadas: la escasez de determinados medicamentos —un alto porcentaje es contrabandeado a países vecinos— y los precios exorbitantes de los mismos.

No está lejos el recuerdo de que fue precisamente este uno de los métodos que el imperialismo norteamericano intentó utilizar para buscar —infructuosamente al final— el quiebre de la estabilidad del Gobierno Revolucionario de Cuba durante el bloqueo económico ordenado contra la isla. La herramienta, en manos extranjeras, puede convertirse fácilmente en una forma de debilitar la estabilidad de un gobierno que precisamente debe, por la naturaleza de los postulados que propugna, garantizar el derecho a la salud de la población.

Las casas matrices de las industrias farmacéuticas radicadas en el extranjero, sus representantes en Chile, y la alianza de ambos con una organización "gremialista", constituida por los dueños de farmacia en el país, y los grupos médicos de investigadores de élite, conforman un "pool" que está operando, guardando las proporciones de ceros a la derecha en el mismo esquema y con los mismos objetivos que buscaron las grandes compañías norteamericanas del cobre, para citar sólo el ejemplo más conocido.

En ese panorama sólo una conducción revolucionaria en esa política industrial y el control de los trabajadores en torno al cumplimiento de la misma, puede quebrar la situación. La aplicación de la doctrina Allende sobre "rentabilidades excesivas" sería en este caso de tan legítima aplicación, como en cualquier otro. Y con un aditamento extraordinariamente grave como argumentación básica: se está vulnerando aquí el derecho esencial a la salud del pueblo.

LA MANO EXTRANJERA

El solo diagrama de la estructura de la industria farmacéutica en Chile, caracterizada por la multiplicidad de laboratorios y el alto índice de aquellos de capital extranjero, denuncia una inconsecuencia primaria en términos económicos, y de servicio.

Existen en el país 51 laboratorios, de los cuales 20 son de capital extranjero, 31 de capital nacional y 2 estatales.

Dos extranjeros se desglosan en ocho norteamericanos —Abbot, Parke Davis, Pfizer, Squibb, Shering, Up John, Sydney Ross y Wyeth—; cuatro alemanes —Bayer, Berlimed, Hoescht y Merck—; tres suizos —Ciba-Geigy, Roche y Sandoz—; dos italianos, —Carlos Erba y Lepetit— y dos españoles, —Laroche y Navarrón—. Junto a otros 31 de capital nacional, existen dos estatales que son Industrias Farmacéuticas CORFO, cuyo capital es un noventa por ciento de la citada Corporación de Fomento y en un diez por ciento de DINAC, y Laboratorio Chile, cuyos accionistas son el Servicio Nacional de Salud (30% de las acciones) el Servicio de Seguro Social (29%), Caja de Empleados Particulares (27%), el Sermena (8%) y 1 Caja de Previsión de Carabineros (6%).

Dentro de los laboratorios de capital nacional figura Farmo-Química del Pacífico, incluida en la lista de las 90 empresas de pase al área social. Los capitales de Farmo-Química pertenecen al grupo Syntex-Oxiquim, con el cual el gobierno no ha llegado a acuerdo para la adquisición de los mismos.

El área privada, formada por las citadas compañías de capitales extranjeros y nacionales, está aglutinada en un organismo tan poderoso en relación al ramo, como lo fuera —o es— la Sociedad Nacional de Agricultura en el suyo. Se trata de la Cámara de la Industria Farmacéutica (CIF). Si se considera que esa área controla el 80 por ciento de la producción de medicamentos y el ochenta por ciento de sus ventas, puede deducirse el ilimitado poderío que posee la organización gremial de sus dueños.

Bajo el simple axioma de que se trata de un nucleamiento de empresas capitalistas, vale decir con fines exclusivos de lucro, podría deducirse la política que esa área aplica. En la práctica ello se ha traducido por décadas en la compra de funcionarios venales para obtener granjerías, las instrucciones de cuerpo para subir artificialmente los precios de importación de materias primas en el mercado internacional, la promoción de la investigación a través de médicos de élite científica o alta burocracia también vinculados a los mismos intereses, amén de una notable flexibilidad para "vincularse" con los partidos de turno en el gobierno del país. Esta última capacidad probablemente explique porqué la citada industria ha resultado intocada por décadas, y también en estos primeros dos años y medio de gobierno de la Unidad Popular, cuyo programa contemplaba una política también revolucionaria en el plano de la salud.

EL ESCÁNDALO DEL COMERCIO EXTERIOR

Las firmas extranjeras no pueden remesar en escudos sus utilidades a sus casas matrices y naturalmente al convertir sus beneficios en dólares deben atenerse al cambio oficial. En esa instancia, los capitalistas recurren a una práctica bastante conocida en las economías dependientes: la sobrefacturación de sus materias primas de importación. Este instrumento que ha hecho escuela en el. mundo (en Canadá, por ejemplo, es utilizada por las empresas estadounidenses de ensamblaje de autos y muchas otras; en México en la industria alimenticia, etc.) permite dejar dólares en las casas matrices, que ciertamente son saqueados a la economía nacional.

Dos ejemplos pueden graficar esta situación: Laboratorios Roche trae Diazepan facturado a DOS MIL DOLARES el kilo, en circunstancias que esta droga tiene en el mercado internacional un valor nunca superior a los 80 DOLARES el kilo. Por su parte Geigy trae Fenilbutazona a 75 dólares el kilo, y el valor de la droga en el mercado externo es de seis dólares el kilo.

Cálculos autorizados indican que del total de dólares que importa el sector farmacéutico y que alcanzó sólo en 1972 a US$ 37.000.000, un veinte por ciento queda en el extranjero por este mecanismo. El hecho cobra mayor gravedad aún si se considera que el área de propiedad privada de la industria, copa divisas por un valor de US$ 22.000.000, en circunstancias que los laboratorios del área social copan sólo once millones de dólares.

De las referencias anteriores se deduce por otra parte que estando la investigación de la farmacología en las manos del mismo grupo, y también la propaganda y en definitiva la orientación de la política de precios, opera en la práctica una relación elemental: el consumidor —que es el enfermo— es la base explotada a través de todo el sistema vertebrado hacia el único objetivo de la ganancia de la casa matriz.

LABORATORIO CHILE: ¿PARA QUIÉN TRABAJA?

Junto a Industrias Farmacéuticas CORFO, Laboratorio Chile es la otra piedra angular de la aún débil y reducida área de propiedad social de la industria. Sin embargo, no se ha instrumentado en él ningún cambio de política acorde con los postulados en materia de salud del programa de Gobierno.

El Laboratorio continúa manteniendo y aún ha aumentado las representaciones de Organón, Lederle, y otros, en vez de dedicar toda su capacidad instalada a la fabricación exclusiva del Formulario Nacional de Medicamentos.

La estructura de poder dentro del Laboratorio ha permitido la perpetuación de una política francamente reaccionaria en el mismo, de la que emerge como primer responsable el Gerente General, Víctor Cereceda. Ex-alessandrista, vinculado por lazos de amistad al Presidente Salvador Allende, el Gerente General mantiene estrechos contactos con los Laboratorios extranjeros, los que le han invitado en varias oportunidades a conocer sus casas matrices en el exterior. Cereceda ha sido el más pertinaz opositor dentro del directorio de Laboratorio Chile al traspaso de las atribuciones de ese mismo Directorio al Consejo de Administración. En ese Directorio figuran varios políticos prominentes.

Bajo la Gerencia se sitúan seis subgerencias, cuatro de ellas ocupadas por antiguos funcionarios demócratacristianos o radicales.

Este Laboratorio constituye una especie de "piedra de tope" dentro de la misma Unidad Popular para articular una política más revolucionaria planteada en ese caso concreto por el Partido Socialista.

El Partido Socialista propugna en primer término la incorporación del patrimonio de Laboratorio Chile que está en manos de la Caja de Empleados Particulares y del Seguro Social a la Corporación de Fomento. En este punto el criterio del PS es compartido por el Partido Comunista.

Las diferencias se originan en otros planteamientos.

El PS plantea la transformación del Consejo de Administración en la máxima autoridad de la empresa, criterio que no es compartido por el Partido Radical cuyos miembros en el Consejo no asisten a las reuniones del organismo.

Frente al Formulario Nacional de Medicamentos la política socialista se dirige a dos objetivos específicos: que Laboratorio Chile elimine las representaciones de Organón, Lederle y otros y dedique toda su capacidad instalada a fabricar ese formulario y segundo, que el Formulario sea difundido a nivel de sindicatos, en una difusión patrocinada por la Central Unica de Trabajadores. Esto último, a juicio del PS, permitiría explicar al pueblo cuando y cómo se debe adquirir un medicamento, y rompería, al menos en parte el efecto de la propaganda capitalista que lo induce a un uso indiscriminado de los medicamentos.

Los planteamientos anteriores son combatidos por el Partido Radical, amarrado por sus conexiones políticas históricas con la Cámara de la Industria Farmacéutica, y por el Partido Comunista que, carente de cuadros políticos en ese sector, vacila y elude avalar una política, cuya conducción y consecuente capitalización sería del Partido Socialista.

En contraposición a Laboratorio Chile, industrias Farmacéuticas CORFO. que depende directamente del Comité Farmacéutico CORFO, ha desarrollado una política un tanto más consecuente e incluso ha acometido realizaciones de importancia. Especialmente en materia de organización interna, con un Consejo de Administración en funciones, y en Comercio Exterior, por un cambio cualitativo en este último sector a través del contrato suscrito con Bulgaria por Farma-CORFO.

Una medida prioritaria sería obviamente ene estas dos empresas del área de propiedad social dependieran del mismo Comité Farmacéutico de CORFO, como medio de realizar una política de conjunto en materia de importación, producción y distribución que afiance la presencia del A.P.S. en el rubro en beneficio de la población y a la vez debilite, en lo posible, los intereses antipopulares de las empresas privadas.

LOS TRABAJADORES EN LA LUCHA

Eh la industria privada farmacéutica la explotación de que son objeto los trabajadores tiene un carácter de "explotación disfrazada". De contrapartida a sus salarios que guardan desniveles impresionantes con las utilidades de las empresas y los sueldos ejecutivos, los trabajadores disponen de un buen hábitat de trabajo en términos generales: casinos, elementos laborales, etc.

Ello empero no ha aminorado su conciencia revolucionaria. Agrupados en un 95% en SUTRAL (Sindicato Único de Trabajadores de Laboratorios), organismo creado en mayo de 1971 y que desplazó a la vieja Federación Farmacéutica que manejaba la Democracia Cristiana, ellos se plantean una línea esencialmente antimperialista y antirreaccionaria. En ella, sin embargo, la Democracia Cristiana intenta introducir planteamientos gremialistas y economicistas. buscando a través de ellos un futuro apoyo eleccionario.

La cuota más alta de personal corresponde a Laboratorio Chile (setecientos obreros y trescientos empleados) y las otras dos más altas a los Laboratorios. Pfizer y Sydney Roas. Los trabajadores de toda la rama industrial suman 4.019, de los cuales 2.188 son obreros y 1.831 empleados.

Este mismo grupo laboral está consciente de que el inicio de una lucha por destruir una estructura viciada es vital, en cuanto la misma rama cubre un servicio fundamental a la sociedad.

Para ellos una política revolucionaria debe apuntar en sus primeras líneas a garantizar a todos los chilenos, sin importar su condición económica o social, el acceso a los medicamentos que necesite, lo que implica un cambio frontal en los actuales sistemas de producción y distribución. La entrega de medicamentos a los más bajos precios y de la mas óptima calidad debe entrar a sustituir al medicamento "sofisticado", en envases de lujo, en tanto la misma investigación farmacéutica debe salir de las élites científicas para ser emprendida por investigadores con clara conciencia de la importancia social de la Medicina.

En este plano el afianzamiento del Área de Propiedad Social aparece imprescindible mediante la expropiación de los laboratorios extranjeros que están adulterando las facturas de compra de materias primas y explotando a la población en este servicio. En este punto parece válido recordar que la Unidad Popular tiene un plan de desarrollo del sector, referido a la creación de un complejo industrial de fermentación y síntesis para la producción de diversas drogas. El proyecto miraba al Mercado Andino, marco en el cual se puede entrar a romper la dependencia frente a los países capitalistas en cuanto al abastecimiento de materias primas. También existen con los países socialistas líneas de créditos no copadas en su totalidad para la misma importación.

En materia de distribución la creación de Farmacias de Urgencia en los barrios y sectores de la periferia de la ciudad, surge como medida tendiente a romper la concentración de los productos en las grandes farmacias del país. En este punto se ha formulado un cargo contra el Gerente General de Laboratorio Chile, Víctor Cereceda, a quien se le acusa de haber boicoteado el funcionamiento de la Farmacia de Urgencia del Barrio Norte de Concepción, porque perjudicaba a las farmacias del centro de la ciudad. En este caso como en muchos otros operan en lazos de clan capitalista los vínculos existentes entre la UNFACH, el Colegio Químico Farmacéutico y la Cámara de la Industria Farmacéutica, del área privada.

Frente al Formulario Nacional de Medicamentos es imprescindible que las autoridades nacionales lo completen y lo promuevan, garantizando a la vez contingentes de producción de los medicamentos que deben conformar el arsenal farmacológico único.

La actual capacidad instalada de Laboratorios puede garantizar en Chile por muchos años, el abastecimiento normal de medicamentos, pero la ausencia de una política revolucionaria en esta materia puede permitir a los intereses capitalistas crear, en este importante sector, otra área de conflicto.


Contrarrevolución

SABOTAJE EN LA COMPAÑÍA DE TELÉFONOS

EL paralelismo sindical, el plan "SACO" y el sabotaje laboral, conforman un triple fenómeno que se está viviendo o en alguna medida se ha vivido —o erradicado— en los sectores laborales del país. El Estatuto de Garantías que permitió la permanencia en altos cargos de militantes de la derecha política se convirtió en el amparo legal de los grupos dispuestos a hacer la contrarrevolución en empresas vitales de la economía nacional.

Los tres fenómenos fueron denunciados por trabajadores de la Compañía de Teléfonos de Chile, área esencial no sólo en el plano económico, sino de la seguridad misma del Estado.

PARALELISMO SINDICAL

Pese a que el Sindicato Profesional de Empleados de la Compañía de Teléfonos de Chile agrupa a 3.400 de los 5.500 trabajadores organizados, con posterioridad al acceso al poder del Gobierno de la Unidad Popular, la derecha impulsó la creación de cinco nuevos Sindicatos. Tres de estos últimos corresponden a sectores claves para el funcionamiento de la empresa: Sindicato de Operadoras y Conexos, Sindicato de Supervisores y Sindicato Profesional de Administrativos y Especializados de la Compañía de Teléfonos de Chile.

Articulados por una dirección política común —"Patria y Libertad", Partido Nacional y Democracia Cristiana— los trabajadores afiliados a estos sindicatos paralelos recibieron en octubre de 1972 instrucciones precisas y terminantes: presionar económicamente, boicotear el tráfico oficial —particularmente a nivel de operadoras— y "mantenerse alertas para una acción organizada en el momento preciso". La situación se repite en mayo-junio de este año durante la asonada fascista en Rancagua.

En esta última etapa los mencionados "sindicatos" comprometieron su apoyo directo a la zonal del Sindicato Profesional Rancagua, durante el conflicto de El Teniente. El día 23 de mayo, la directiva del Sindicato Profesional de Empleados Administrativos y Especializados de la CTC envía una carta de solidaridad al presidente de esa zonal de El Teniente, expresando "su admiración y respeto por la valentía y firmeza— demostrada ante la Patria y el Mundo— en la defensa de sus conquistas e intereses, al no claudicar ante las acciones infames y traidoras de aquellos que pomposamente se autocalificaron "Defensores de los Trabajadores". Junto a otros términos igualmente "elogiosos", el sindicato telefónico informaba al destinatario de la carta: "Ordenamos a nuestras bases y a todos los trabajadores sanos de espíritu de la Compañía de Teléfonos lo siguiente:

a) Vigilar que las comunicaciones de los colegas en conflicto se cursen en forma normal y expedita, y

b) Cuidar que las comunicaciones sean realmente secretas, de acuerdo a lo establecido por la Ley.

La carta agregaba en un párrafo más que significativo sobre la dimensión que el "sindicato" de administrativos y especializados esperaba, tomara el conflicto: "Estas órdenes —decía— deben mantenerse y extenderse a todo el país".

Finalmente, los mismos sindicatos paralelos inician una campaña destinada a presionar económicamente a la empresa intervenida, con demandas salariales absolutamente incompatibles con el criterio de los sindicatos auténticos.

EL PLAN "SACO"

Desde meses hay evidencias en la compañía que los sectores derechistas aplican una política que sigue las directrices del denominado Plan SACO, denunciado públicamente.

Uno de los primeros hechos conocidos por el personal fue la denuncia de que en varias provincias del país, jefaturas derechistas obstaculizan y controlan las comunicaciones telefónicas de personeros de Gobierno. Una de las denuncias cita el caso de La Serena, donde el Jefe de Tráfico, Rodolfo Cardemil, escucha en la mesa de observación las comunicaciones telefónicas de la Intendencia y otros altos funcionarios, e incluso comenta las mismas con el personal de la planta. La gerencia de esa oficina está a cargo del militante derechista, Ramón Distefani Díaz, vinculado a los antiguos directores de confianza de la ITT.

En otros aspectos, el personal se queja de que la circulación de memorándums laborales es constantemente obstruida, en tanto las circulares de los sindicatos derechistas tiene una comunicación expedita.

En octubre pasado los mandos medios de la CTC, en su mayoría en poder de la DC, el PN y "Patria y Libertad", impidieron el reforzamiento de los turnos telefónicos. En la actualidad, con el fin de sabotear el funcionamiento de la empresa, los cargos de operadoras de larga distancia fueron copados también con personal derechista. Se calcula que las operadoras han bajado de una cuota normal de cincuenta, a doce llamadas de larga distancia, tramitadas por día.

Otra acción obstaculizadora se da en el sabotaje a la economía y a los implementos técnicos de la planta. Durante un remate efectuado el 29 de mayo en la Bodega de Lourdes de la CTC, con presencia del martillero público Luis de la Fuente, se entregó a precios irrisorios, material que deberá más adelante, ser repuesto por la compañía. Se denunció por ejemplo el remate de un termo eléctrico de 200 litros, cuyo valor en el mercado es de aproximadamente cien mil escudos, en 500 escudos; un motor generador de 950 revoluciones por minuto, marea "Onan", americano, utilizable como generador de emergencia en plantas automáticas, fue entregado en 10 mil escudos, en tanto su valor es superior al millón de escudos. La División de Suministros, responsable de estas irregularidades, está bajo la dirección de Mario Raúl Domínguez (Partido Nacional) y depende del Director de Operaciones, Hernán Stritter. Stritter fue denunciado ya en una oportunidad ante el comité político de la Unidad Popular como cabeza del plan SACO.

Ante esas evidencias, el consultivo de Comités de Producción y Delegados Sindicales acordó en mayo, exigir además del despacho de la Ley que nacionaliza la Compañía de Teléfonos de Chile, vanas medidas internas.

Entre esas medidas destaca: a) la remoción inmediata de los mandos medios que se oponen a la participación con daño evidente al plan trazado para elevar la productividad de la empresa; b) el compromiso de los trabajadores para efectuar en las diferentes áreas, un inventario de las instalaciones, plantas, oficinas centrales con el fin de evaluar el valor real de estas y considerarlas en el pago o no pago que corresponda hacer a la ITT, c) solicitar a la Intervención que realice una investigación de los cobros que hace a la CTC la Standard Electric, en sus armadurías e instalaciones de equipos, y otras decisiones de control de ingresos y egresos de la CTC.

Pero fundamentalmente se aprobó por unanimidad el "no pago de la deuda externa a ITT y a Bancos Extranjeros filiales de la misma, en atención a las ventajosas utilidades obtenidas por la empresa en los contratos de los años 1930 y 1967".

M. E. S.


Medios de comunicación

Técnicos Cinematográficos derrotaron al sectarismo

LA izquierda triunfó una vez mas en la elección de la directiva del Sindicato de Técnicos Cinematográficos de Chile. Este sindicato agrupa a todos los cinematografistas del país incluyendo entre sus miembros, que suman más de trescientos, a electricistas, sonidistas, camarógrafos, guionistas, directores, carpinteros, escenógrafos, productores y toda la interminable lista de profesionales que se desempeñan en la industria cinematográfica.

De un total de 230 votantes, 124 favorecieron a la lista de la Izquierda Unida, compuesta por representantes del PS, IC, FTR, MAPU e independientes.

La lista del PC obtuvo 65 votos y la lista de la DC 41 votos.

De esta manera, la Izquierda Unida eligió a tres miembros de la directiva, el PC uno y la DC el otro.

El candidato del PTR obtuvo la primera mayoría individual con 41 votos.

Si el PC hubiera aceptado ir en la lista de la Izquierda Unida junto al PS, IC, PTR y MAPU, la DC habría sido derrotada y la izquierda habría elegido cinco miembros, o sea la totalidad de la directiva.

Importa entonces preguntarse cuáles fueron las razones por las cuales el PC no participó en la lista del conjunto de la izquierda.

PROGRAMA DE ACCIÓN

Rodolfo Wedelles, candidato del FTR, lo explicó: "Nosotros iniciamos las conversaciones con todos los partidos de la izquierda buscando los puntos de acuerdo para enfrentar la elección con un programa común. En estas conversaciones participó el PC, PS, IC y el MAPU y en principio todos estuvieron de acuerdo en torno al programa planteado. Los puntos principales de este eran los siguientes:

1) Integración del Sindicato a la Asamblea de Trabajadores de los Medios de Comunicación.

2) Apoyo a los Sindicatos de los Medios de Comunicación que luchan por hacer de estos medios, organismos de expresión de los trabajadores.

3) Realización de la Asamblea de Trabajadores del Cine.

4) Integración del Sindicato a los organismos de poder de la clase trabajadora.

Estos puntos, que sintetizan el programa, demuestran claramente que eran aceptados por los trabajadores que verdaderamente desean un cine al servicio del pueblo. Por esto el representante del PC estuvo de acuerdo con el programa, por lo menos durante la primera semana de conversaciones. Pero una vez nominados los candidatos, ese compañero dejó una nota, la noche antes de entregar las listas, en la que decía que el Comité Regional desahuciaba la lista porque en ella iba un candidato representando al PTR".

Esta actitud sectaria y sin argumentos del PC, obligó a la izquierda a enfrentar dividida la elección y por ello a perder un miembro de la directiva que lo ganó la DC.

Los resultados de la elección fueron la mejor respuesta a esta acción divisionista: los reformistas, probados y conocidos por los trabajadores del cine, bajaron su votación y el FTR obtuvo la primera mayoría individual de votos.

LA NUEVA DIRECTIVA

La nueva directiva, integrada por Carlos Flores Espinoza (IC), Osvaldo del Campo (PS) Rodolfo Wedelles (FTR), Fernando Balmaceda (PC) y Pablo Correa (DC), inició sus actividades preparando la realización de la Asamblea de Trabajadores del Cine.

La mesa directiva piensa que la política cinematográfica nacional debe responder a las necesidades políticas y culturales del país y por ello debe nutrirse de la experiencia de todos los trabajadores del cine.

"Todos tenemos algo que decir en la compleja y vasta gama de niveles en que el cine se produce" —declaró Carlos Flores, Presidente del Sindicato—. "La asamblea nos permitirá tomar acuerdos democráticos y reales".

Otras de las tareas que iniciará el Sindicato de Técnicos Cinematográficos será la de unirse a las luchas de los otros sindicatos de los medios de comunicación de masas y a los organismos de poder de los trabajadores para lograr que sean ellos los que controlen esos medios, arrebatando aquellos que están en manos de la burguesía y exigiendo su dirección en los que son estatales.

La plataforma de acción de la Lista Unitaria de Izquierda está encabezada por una frase de Ernesto "Che" Guevara: "Es la hora de atemperar las discrepancias y ponerlo todo al servicio de la lucha". En el caso de esta elección la cita no deja de ser sugerente. El dogmatismo impidió a la izquierda obtener un candidato más en la directiva. La división de los trabajadores no es la respuesta categórica que se merece la oposición en estos momentos coyunturales por los que pasa el proceso chileno.

Los trabajadores del cine quieren integrar una gran federación en la que participen todos sus organismos gremiales para que sea una fuerza única la que defienda sus intereses en los medios de comunicación. Casos como los que. han ocurrido en el diario "La Nación", en el Canal 9 de Televisión o en la radio Portales no son precisamente los más ejemplares para mostrar una solidaridad y una acción que hoy más que nunca son necesarias.

P.S.J.


Medios de comunicación

Radio Portales en la onda de los despidos

RADIO Portales, "la Primera de Chile", según la propaganda, dio la nota alta en las últimas semanas, en plena ofensiva reaccionaria. Mientras las radios de la derecha notificaban al gobierno que no integrarían ninguna cadena nacional de emisoras y en el Parlamento la oposición barría de su puesto a dos ministros, Arturo Tarud, gerente DC, y Leonardo Cáceres, Jefe de Prensa, hicieron realidad el cuarto despido de la temporada.

Como en ocasiones anteriores, se trataba también de un trabajador de izquierda, el periodista Humberto Zumarán, de larga y destacada trayectoria en Portales. Y quien despedía era Leonardo Cáceres (expulsado de la IC hace algún tiempo; adhirió posteriormente a Volodia Teitelboim), un hombre de muy mala memoria.

No ha pasado mucho tiempo de la toma del Canal 13, en que la izquierda defendía a Cáceres, desahuciado de la jefatura de prensa por los reaccionarios del Consejo Superior de la Universidad Católica.

La noticia desconcertó a los trabajadores de los medios de comunicación, y trascendió más allá concitando la solidaridad de vastos sectores. Y entonces, el despido en sí pasó a ser un problema menor, porque el centro del debate estuvo en los contenidos que está entregando hoy la prensa de izquierda, y el papel que cumple en el proceso.

LOS AUSENTES

En el auditorium de Radio Corporación, pobladores de todos los puntos de Santiago se reunieron el sábado 9 para discutir el problema de los medios de comunicación.

"Uno abre un diario, y se encuentra con lo que hizo el compañero Presidente, que el pueblo eligió. En otra hoja, está lo que dicen los senadores por los que votó el pueblo. Y más adelante, aparecen Opinando los diputados que elegimos nosotros. Pero y yo me pregunto, ¿y el pueblo, dónde está?, ¿los que eligen, dónde aparecen?".

Con esa reflexión, hecha por un dirigente poblacional, se inició el debate, que cuestionó en profundidad las líneas de dirección de los medios de comunicación de izquierda. A la vez, los pobladores repudiaron el despido de Zumarán, interpretándolo como una muestra de sectarismo y expresando que hay tareas urgentes que están planteadas, y que no se cumplen.

Periodistas del Partido Socialista, del MAPU, del Partido Radical, de la Izquierda Cristiana y del FTR hicieron público su rechazo a las medidas adoptadas por la gerencia de Portales. Los periodistas de Corporación, Clarín, trabajadores de Canal 9, Canal 7, el sindicato de Ultima Hora, trabajadores de Canal 13, Cristianos por el Socialismo, Salinas y Fabres, pobladores de la Cuarta Comuna; el Comando Nacional de la Distribución, el Coordinador de Trabajadores de la Comunicación, el cordón Cordillera Mapocho, el Cordón Industrial O'Higgins, pobladores de la Bandera, José María Caro, Santa Adriana, y La Victoria, se sumaron a la protesta de los partidos.

UNA EMPRESA CAPITALISTA

En la radio donde se transmitieron sin problemas, avisos que decían que El Mercurio era el mejor diario de Chile; donde el Contralor Héctor Humeres y Renán Fuentealba han encontrado espaciosa tribuna ("La Gran Encuesta"); donde la gerencia se negó a hacer cadena para transmitir la llegada del Presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós, no prosperaron inicialmente las gestiones encaminadas a lograr la reincorporación del reportero despedido.

La movilización de los trabajadores de la comunicación, y el movimiento iniciado por Cecilia Binimellis, llevaron al Presidente Allende a mediar en el conflicto.

Allende manifestó no estar en conocimiento de la política de persecución a los periodistas del FTR y se comprometió a revisar los antecedentes del caso La Nación, afirmando que en Portales haría todo lo posible por lograr la reincorporación de Zumarán.

De la entrevista surgió también el compromiso de discutir con el Coordinador, una política para los Medios de Comunicación. Gladys Díaz, presidente del sindicato de Periodistas Radiales, recordó al Presidente Allende que fue él quien en la asamblea de Periodistas de Izquierda convocó a los trabajadores a luchar por la participación en estos medios de trabajo.

Agregó Gladys Díaz: "Pero ahora son otras las condiciones. Y nosotros creemos que los medios de comunicación no son como las industrias, que producen algo. Están entregando ideología, están difundiendo un mensaje a todo el pueblo. Y por eso postulamos el derecho del pueblo a controlar la información, el derecho de todos los trabajadores a participar en el manejo de los medios de comunicación, que hoy no están sirviendo de voceros al pueblo".

Radioescucha


Abastecimiento

CONTROL OBRERO DE LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Este es un reportaje realizado por PF para analizar la labor de las JAP. Incluye declaraciones de responsables de Dinac, Dirinco, dirigentes de las JAP, pobladores y comerciantes, que muestran un cuadro bastante completo de los resultados logrados por esos organismos y de los problemas que ellos tienen que enfrentar.

NOSOTROS, dirigentes de JAP, rechazamos todo intento de la reacción por desconocer la autoridad y legalidad de nuestro organismo, que está reconocido, incluso, por la Contraloría General de la República.

Rechazamos los ultimátum que estos sectores politiqueros de la oposición han planteado al Gobierno, pretendiendo desconocer nuestra legítima acción en el control del abastecimiento y de la lucha contra la especulación y el mercado negro". Esta es una parte del voto aprobado por unanimidad por las JAP de la provincia de Santiago, en un acto en el Edificio Gabriela Mistral.

Más que la afirmación de su existencia legal, la presencia activa de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, muestra lo ilusorio del emplazamiento hecho al Gobierno por el PDC que, en uno de sus puntos, pidió la derogación, a plazo fijo, del decreto que regula el funcionamiento de estos organismos.

Al terminar el plazo, el PDC cursó la acusación constitucional contra el Ministro de Economía, Orlando Millas. Días antes, éste había dado a conocer la posición del Gobierno de no derogar el decreto y; no renunciar a "su obligación de asegurar la alimentación del pueblo"

Por su parte, el Gerente de DINAC. Mauro Maturana, expresó a PF: "La JAP es una organización viva, que ha penetrado en la masa, una realidad que no puede ser destruida por voluntad de nadie. Es un organismo válido para el momento que estamos viviendo, porque fue concebida como una organización del pueblo, que actuaría como un nexo entre los organismos de Gobierno vinculados al abastecimiento, y las bases". A continuación, señaló: "Es cierto que la JAP tiene muchas deficiencias y limitaciones, pero ante eso sólo cabe perfeccionarla con la experiencia de los mismos compañeros...".

El ataque reaccionario del PDC a las JAP se complementó con acciones directas. Las comunas de Ñuñoa, Las Condes, La Reina y Providencia, realizaron una concentración el domingo 10 para protestar por el "atropello a la ley Nº 16.880", que rige a las Juntas de vecinos. Los partidos de la burguesía tratan de enfrentar a ambos organismos, sosteniendo que las JAP actúan en un terreno que corresponde a las Juntas de Vecinos. Este problema fue planteado por el Alcalde de Providencia, Alfredo Alcaíno, cuando pretendió obtener del General Bachelet un pronunciamiento que justificara la formación de "Comités de Abastecimiento", dependientes de la Junta de Vecinos. En esa ocasión, Bachelet declaró que las JAP eran "las únicas encargadas de regular la distribución al interior de la Unidad Vecinal respectiva, en el sentido de controlar precios, volúmenes de entrega, fijar mecanismos de distribución, empadronar a vecinos, etc".

Esta confrontación se resuelve legalmente a favor de las JAP, según señala a PF el instructor de DIRINCO, Víctor Ponce: "La Ley de Juntas de Vecinos delimita las facultades de este organismo "a materias que no interfieran a autoridad alguna, sea municipal o de otra naturaleza". Como las JAP fueron creadas por Resolución de DIRINCO, de acuerdo al reglamento que le permite formar los subdepartamentos y secciones que sean necesarias, no cabría la supuesta infracción a la Ley Nº 16.880".

Contra viento y marea, las JAP continúan multiplicándose en todo el país. DIRINCO tiene registradas nueve JAP provinciales. Sólo en la provincia de Santiago existen 1.085 de estas organizaciones, agrupadas en 34 comunas, incluyendo Ñuñoa y Providencia.

"La JAP fue concebida como una necesidad, surgió de una iniciativa superestructural, es cierto; pero luego ha ido tomando cuerpo, ante la necesidad concreta de enfrentar en forma organizada los problemas cada vez más agudos de abastecimiento", afirmó Mauro Maturana. Esta constatación se encuentra generalizada dentro de la izquierda. En el curso de su desarrollo, estos organismos han sufrido adecuaciones que, a juicio de algunos, los acercan a su objetivo original.

UNA JAP EN ACCIÓN

La JAP de la Unidad Vecinal Nº 34, correspondiente a la Población Jaime Eyzaguirre, comuna de Ñuñoa; representa a una población de 18.000 habitantes. Se constituyó en 1971, ante una sugerencia de SOCOAGRO, pero sólo tuvo una actividad real a partir del paro de octubre.

"Entonces hacíamos asambleas periódicas y masivas. Ahí decidimos quitarle la mercadería a un comerciante de la población que también quiso cerrar", dijo a PF Elcira Rojas. Presidenta de la JAP. La directiva se compone de nueve personas —requisito impuesto por DIRINCO— que representan a la Junta de Vecinos, Junta de Adelanto, Centros de Madres y Clubes Deportivos, más dos representantes de la Asociación de Comerciantes Jaime Eyzaguirre.

Coincidiendo con el aumento de las dificultades en el abastecimiento, la JAP se ha transformado en un organismo más representativo y con un nivel mayor de eficiencia. Un poblador de la operación sitio —el resto de la población está compuesto de casas y blocks—, Joel Salas, explicó a PF: "La JAP no tenía el apoyo unánime de los pobladores y los comerciantes trataban de tirar a donde les conviniera más, entonces nosotros empezamos a tomar cartas en el asunto. Como ya estábamos organizados en delegados por sector para el Almacén del Pueblo (Ex-Almac Santa Julia), nos ofrecimos para vigilar la entrega de alimentos en el sector que nos correspondía".

En los últimos cinco meses han implementado el uso de la tarjeta de residencia para identificar al jefe de familia y señalar la cantidad de alimentos que le corresponde adquirir en un almacén determinado.

De este modo evitan las colas, el doble abastecimiento e impiden que el comerciante acapare o venda en forma indiscriminada o a sobreprecio.

La directiva se reúne semanalmente con los delegados de sector —once en total— y los comerciantes para informar de sus respectivas actividades. Los miembros de las JAP se reparten los trámites y gestiones para conseguir el abastecimiento de las distribuidoras estatales. Su principal función es relacionar estas instituciones con los comerciantes y a éstos con los pobladores. Por su lado, los delegados organizan la distribución entre los pobladores, que muchas veces debe hacerse en forma rotativa porque la cantidad de alimentos que reciben es insuficiente.

DEMOCRATACRISTIANOS Y COMERCIANTES

"Dejo en claro que soy demócratacristiana pero no tengo problema para trabajar en la JAP, porque todos estamos conscientes de que aquí se trata de resolver un problema que afecta a la población entera", señaló a PF Daniela González, directora del JAP. Y agregó: "Nos han tocado varios casos de venta clandestina y mercado negro con la harina y los pollos. Los pobladores reaccionan inmediatamente y nos avisan; entonces nosotros llamamos al inspector ad honorem designado para la población y requisa la mercadería. Ahora andamos detrás de una venta de carne que llega en maletas todas las semanas, desde Temuco". La mayor parte de los delegados son también demócratacristianos y trabajan lo mismo que los comunistas, socialistas y miristas de la Jaime Eyzaguirre.

Otro hecho que no se da en la generalidad de las JAP, es la relación con los comerciantes. Hay 30 locales comerciales y. pese a las dificultades iniciales, funcionan en forma conjunta, eso sí, condicionando esta vinculación a los beneficios que obtenga el negocio: "Nosotros aceptamos que el porcentaje de ganancia sea variable y lo fije la asamblea, según el producto y la cantidad en que llegue. Hasta ahora hemos andado bien con la JAP, pero cada vez nos vienen a dejar menos mercadería, así que ayer todos los comerciantes hicimos una solicitud para que venga a abastecernos CENADI", dijo la dueña de un negocio en calle Lo Plaza. A la salida del almacén, una pobladora comentó a PF: "La JAP trabaja bien aquí, pero está trayendo muy pocas cosas y como a los comerciantes les interesa vender, no se hacen problema en comprarle a los momios".

"NOS VAN ATANDO DE MANOS"

La Población Jaime Eyzaguirre recibe abastecimiento de las siguientes distribuidoras:

—SOCOAGRO: Dos animales por carnicería (hay dos en la U. Vecinal).

—GRAHAM: Productos Chiprodal, Nescafé y otros, una vez al mes.

—ENAVT: 1.600 pollos una vez al mes.

—DINAC: Aceite, azúcar, arroz, fideos, casi todas las semanas.

"Lo que pasa es que la Municipalidad de Ñuñoa tiene datos errados de la población: aquí somos 18.000 y ellos consideran 10.000 habitantes. Esa cifra la entregaron a la Secretaría Nacional de Distribución y por eso nos mandan tan pocos alimentos. Nosotros hicimos- un censo hace más de un mes. pero nos dijeron que no servía porque el General Bachelet exige que lo hagan los carabineros. Pero todavía estamos esperando que vengan. No recibimos ningún tipo de información y eso nos desorienta, porque no podemos planificar". Elcira Rojas añadió que la falta de coordinación de las distribuidoras del Estado pasa a llevar la organización que se dan los pobladores: "Acá llegan los camiones de DIRINCO y muchos pobladores también están inscritos en el Almacén del Pueblo para la Canasta Popular, entonces DINAC o Graham tienen que abastecerlos a ellos y a nosotros. ¿Y como podemos normalizar esto para que no haya doble abastecimiento? Porque la Canasta, tampoco se puede terminar mientras no tengamos mayor cantidad de alimentos a través de la JAP. Con todo este desorden no se puede abastecer bien en ninguna parte y a nosotros nos van atando de manos".

COMO MEJORAR LA JAP

La delimitación de funciones y racionalización de las actividades de los organismos vinculados al abastecimiento anunciada por el General Bachelet, aún no se expresa en la práctica. El Gerente de DINAC insistió en la necesidad de esa medida para mejorar las JAP:

"Tienen que saber cuándo llegó la mercadería y en qué cantidad para que posteriormente puedan controlar la distribución. Además hay que profundizar mucho sobre los objetivos y las formas de trabajo de las JAP para que realmente se masifiquen y no pase lo que ahora, que en muchos casos se desvirtúan las funciones y la JAP termina haciéndole el trabajo al comerciante, porque se dedica a conseguir productos y a llevárselos a la población, a veces se olvida que las JAP no están para eso", puntualizó Maturana.

El criterio DIRINCO sobre las JAP es diferente. Víctor Ponce, explicó que ellos reconocen una segunda etapa de las JAP a partir de mayo, que coincide con la aplicación de la "cartilla", la puesta en marcha de la Secretaría Nacional de Distribución y Comercialización y con las presiones contra algunas distribuidoras como Agencias Graham, que estaban abasteciendo la Canasta popular. El instructor de DIRINCO expresó: "Las JAP dejaron de ser instrumentos manejados por malos elementos, espontaneístas, que trataban de utilizarlas políticamente. Ahora responden a una planificación nacional y cumplen con eficiencia un papel técnico. Como el problema del desabastecimiento se produce por el mercado negro, por la existencia de canales irregulares de 'distribución; las JAP deben respaldar en grado sumo a los comerciantes por el bienestar de la masa consumidora, porque así tendrá que normalizarse el abastecimiento a la población".

Sin embargo, la Presidenta de JAP, Elcira Rojas, planteó: "Sabemos que el Estado controla sólo el 30% de la distribución y con eso es imposible que haya una distribución normal, porque tienen que abastecer a todos los comerciantes. ¿Y qué pasa con los productos que controlan CENADI y OONCI? Estaría bueno que el Estado tomara cartas en el asunto, porque nosotros podemos aportar algo, pero siempre que los productos que son del pueblo no vayan a un bolsillo roto".

POR LA OTRA VIA: ABASTECIMIENTO DIRECTO

DINAC abastece a 100 mil familias en Santiago y a 80 mil en las' zonas rurales, a través de la Canasta Popular. La Secretaría Nacional de Distribución señala que este sistema de distribución sólo debe adoptarse donde no exista comercio establecido. Pero en los hechos, la lucha por la canasta y el Almacén Popular se ha extendido a sectores mucho más amplios del pueblo.

El Almacén del Pueblo de Avenida Los Presidentes (Ex-Almac) lucha hoy por mantener la canasta que abastece a 10.000 familias, en un radio de 50 mil habitantes.

"Nosotros no estamos en contra de las JAP, porque cumplen también un papel de importancia, pero creemos que el control del abastecimiento requiere una organización mucho más masiva de lo que hoy son las JAP". señaló Gerardo Ortega, del Comando Comunal de Abastecimiento y trabajador del Almacén. Los pobladores dividieron en 23 sectores las cuatro unidades vecinales que se proveen de alimentos en este Almacén, designando un delegado por sector. Los 23 delegados forman el consejo de Administración, junto con los trabajadores del Almacén y el interventor. De aquí surge la Comisión Ejecutiva, más un representante por cada partido de la UP y del MIR. Se hacen asambleas semanales para discutir el funcionamiento de la canasta.

"Últimamente la canasta está bastante raquítica porque las empresas distribuidoras administran bastante mal el 30% de productos que controlan y muchas veces entregan mercadería a todos los negocios, sin preocuparse de si hay una JAP ahí para que controle. Una de las últimas canastas se vendió a E9 137. Traía Nescafé, leche condensada, margarina, dorina, caldo Maggi y un litro de aceite. Es bastante poco", dijo Antonio Díaz, interventor designado por los pobladores.

La solución propuesta por los pobladores es que los alimentos entregados por las distribuidoras del Estado se centralicen en el Almacén del pueblo y de ahí se planifique una distribución racional para todo el sector, en conjunto con las JAP.

Los pobladores están conscientes de que no es posible encontrar una verdadera salida al problema del abastecimiento y a la crisis económica general, sin tomar decisiones de orden político que permitan terminar realmente con la capacidad económica de la burguesía. Sólo con el control rígido de los obreros en la producción de alimentos y artículos de consumo habitual y con la distribución de estos productos en poder del Estado, dirigida por los trabajadores, se podrán lanzar líneas que permitan planificar formas de asegurar el consumo a toda la población.

En lo inmediato, los trabajadores ven en el racionamiento una medida efectiva para enfrentar la escasez, la especulación y el mercado negro, que los afecta directamente. Antonio Díaz del Almacén del Pueblo, afirmó: "Nosotros estamos viendo día a día que la salida más correcta en este momento es aplicar el racionamiento. Los que temen el racionamiento son los burgueses, porque entonces se verían obligados a comer lo mismo que come el obrero. El obrero no puede temerle al racionamiento porque siempre ha estado racionado y por eso estamos de acuerdo con la canasta y estamos de acuerdo con la tarjeta, que son pasos hacia el racionamiento. Claro que esto no se podría aplicar controlando solamente el 30% de la distribución: sino que hay que tener el control total, por ejemplo, en el agro, de todo lo que producen los campesinos, pero ahí tienen que ser los trabajadores los que controlen, y lo mismo en las fábricas. Cuando nosotros discutimos y planteamos el racionamiento, nos preguntamos lo siguiente: ¿Quién va a controlar esa distribución? ¿Las tarjetas van a ser controladas desde arriba como quien tira números para una rifa o van a ser los trabajadores quienes controlen y decidan lo que puede y lo que debe comer todo el pueblo?".

PATRICIA BRAVO


Notas:

1. La observación no es de Musalem. Pertenece al refranero español, citado por Rodríguez Marín en "12.600 refranes más".


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02