Ahora el pueblo juzga

PUNTO FINAL
Año VII. Nº 185.
Martes 5 de junio de 1973

Editorial

AHORA EL PUEBLO JUZGA

LA reacción espontánea de la clase trabajadora frente a la petición de inhabilidad presentada por Punto Final en contra del senador Eduardo Frei, ha movido a esta revista a dedicar su separata al detalle de esa denuncia y a incluir las opiniones formuladas por sectores ampliamente representativos de numerosas organizaciones obreras, de estudiantes, de pobladores y también políticas.

Si bien en el Senado, se desestimó con ligereza la presentación, en una actitud lógica de defensa de las intenciones del Congreso, de convertirse en poder omnímodo de la nación para legislar por sobre los intereses populares, no lo han entendido así los trabajadores que ven claramente cómo las relaciones del acusado con el imperialismo y los sectores más reaccionarios de la burguesía y del imperialismo constituyen prueba de su incapacidad moral para ejercer la senaturía y, mucho más todavía, la presidencia del Senado.

Ya ellos tenían clara esa opinión frente a la actitud de Frei cuando como cabeza de gobierno fue responsable por las masacres de El Salvador, Santiago, Pampa Irigoin y Puente Alto, donde cayeron asesinados obreros, pobladores y estudiantes. Lo que fue aclarado después, a través de la documentación recogida a la Kennecott, en la investigación del asesinato del general Schneider, y en las denuncias de su colusión con la CIA, el Departamento de Estado y la ITT, probó por añadidura la entrega del actual presidente del Senado a los intereses imperialistas y a su decisión presente de derrocar por todos los medios al gobierno popular.

Por eso el juicio iniciado por PF para inhabilitar a Eduardo Frei no está terminado en el Senado por la simple decisión interesada de uno de sus conmilitones. El senador —que no ha aclarado en ningún momento la evidencia que le compromete— seguirá cuestionado ante el Tribunal del Pueblo, que tiene bastante más fuerza y autoridad que la que pretende arrogarse una simple mayoría que no representa los intereses populares.

PF


Análisis

DICTADURA POPULAR O DERROTA

"El que dispone de mayores reservas, de más fuerzas humanas, el que está
más sólidamente arraigado entre las masas, ése ganará la guerra".

Lenin (citado por Giap en "Guerra de Liberación").

EL cuadro político al término de la semana pasada señalaba con claridad para los revolucionarios la necesidad de prepararse para decisivas coyunturas. En realidad nada de lo que está sucediendo puede causar sor presa. La táctica de la burguesía y del imperialismo para ahogar el proceso iniciado en 1970, ha sido afinada en documentos públicos de organizaciones empresariales como la Sociedad de Fomento Fabril, de partidos políticos como el Demócrata Cristiano y el Nacional o de monopolios extranjeros como la ITT y la Kennecott.

PF y otras publicaciones de izquierda han analizado en su oportunidad —desde sus propias perspectivas— esos documentos, declaraciones y discursos que trazan las líneas esenciales que siguen los enemigos del pueblo. Si bien no hay sorpresa en constatar el camino que siguen las fuerzas reaccionarias, lo sobresaliente de la situación es un retraso objetivo en las medidas para montar, una contraofensiva que pueda romper el cerco de aniquilamiento que va montando la. derecha.

Esto quizás se debe a un hecho ya varias veces registrado en estas páginas: a la ausencia de una dirección revolucionaria y proletaria que oriente el conjunto de las luchas del pueblo y que supere definitivamente las concepciones democrático burguesas que predominan en sectores del gobierno.

UN PODER REVOLUCIONARIO

La tardanza en crear un verdadero poder revolucionario, o sea de métodos de manejo estatal alternativos al encuadramiento del Esta do burgués, se está pagando en la forma de un desgaste visible y crónico del gobierno.

Pero lo más peligroso es que —corregidos los errores y deficiencias del paro de octubre de 1972—, la burguesía se ha volcado a la diabólica tarea de romper la unidad del movimiento obrero. Se apoya en sectores de trabajadores que sufren enorme retraso ideológico, producto de la erosión de más de medio siglo de luchas puramente economicistas. Se trata de una herencia entre cuyos legatarios figura la propia izquierda que no ha sido capaz de revertir esa realidad en los últimos tres años. ¿Por qué importantes sectores de trabajadores pueden ser hoy, eventualmente, usados como carne de cañón por la burguesía? una razón es que esos sectores —y el conjunto del pueblo explotado— no han sido conmocionados por la fuerza del sismo revolucionario. El excesivo cuidado en guardar las formas que distinguen la "vía chilena", ha logrado ocultar incluso a los ojos de vastos sectores de la clase trabajadora el carácter revolucionario que obligadamente asume el propósito programático de "iniciar la construcción del socialismo".

La burguesía y el imperialismo, que estaban destinados a permanecer adormecidos y en cierto modo engañados por la "vía chilena", mientras se desbrozaba el camino de monopolios y terratenientes, abrieron los ojos aun antes que se instalara el gobierno del presidente Allende. Intentaron todo —incluso el golpe, el terrorismo y el asesinato político— para impedir en 1970 que asumiera el nuevo gobierno. Luego del transitorio fracaso, reordenaron sus filas, lucharon internamente por la hegemonía del movimiento opositor, se concertaron con el imperialismo y afinaron una táctica que bien podría llamarse "vía chilena" hacia la restauración capitalista.

EL PAPEL DE LA DC

En todas esas etapas que incluyen el paro empresarial de octubre del año pasado, es necesario admitir que ha sido la Democracia Cristiana (por sus mejores vínculos con el imperialismo, su realidad de partido de masas y su mayor poder específico en todos los planos), el partido que ha impuesto su estrategia.

Desde el "estatuto de garantías constitucionales" con que condicionó su reconocimiento al presidente electo en 1970, hasta hoy en que modifica la Constitución a su amaño o destituye ministros a su antojo, ha sido el PDC el guaripola político de la burguesía, imponiéndose a los corcoveos del partido Nacional o de Patria y Libertad.

La DC —para decirlo de otro modo— ha impuesto al conjunto opositor la madurez estratégica que le aporta el imperialismo, habituado a manejar a control remoto situaciones en extremo complejas.

En efecto, ha sido la DC la que impuso al PN y otros partidos burgueses menores la táctica de enfrentar una "vía chilena" al socialismo, basada en el apego y respeto real a las normas legales, con una "vía chilena" a la restauración capitalista que, sin desdeñar las formas ilegales y armadas de lucha, las somete a la utilización intensiva y extensiva de los recursos legales.

La Constitución en manos de la burguesía es un calcetín viejo que se da vuelta al revés y al derecho sin que nadie pueda objetar el procedimiento. Las leyes, decretos, reglamentos y resoluciones, que forman una montaña en un aparato estatal hipertrofiado Como el nuestro, son de fácil manejo para los tribunales, la Contraloría y el verdadero ejército de burócratas controlados ideológicamente por la burguesía.

Al gobierno no le quedó más remedio que buscar los "resquicios" legales para tratar de avanzar hacia los objetivos señalados en su programa. Ha sido tarea relativamente sencilla para la burguesía ir taponando uno tras otro esos "resquicios" hasta convertir la legalidad en una pared lisa en que empiezan a resbalar todas las iniciativas del gobierno.

¿FUERA DE LA LEY?

Los desplazamientos opositores, conducidos por la DC, han apuntado a un objetivo central, poner al gobierno fuera de la ley. O sea, construir el supremo argumento que permita utilizar una ultima ratio: la intervención de las fuerzas armadas.

La clase obrera y el campesinado, sometidos a grados importantes de confusión por la carencia de una dirección revolucionaria y proletaria coherente, capaz de infundir una verdadera conciencia acerca de la oportunidad de la hazaña histórica a que tienen derecho hoy en Chile, han hecho, sin embargo, lo imposible por desbaratar la estrategia enemiga. En marzo de este año, por ejemplo, deshicieron como pompa de jabón el sueño reaccionario de obtener los dos tercios del Parlamento, con lo cual le habría resultado fácil y limpio destituir constitucionalmente al presidente de la República.

El camino del revanchismo burgués tuvo que volver a su cauce principal: estrechar el cerco en torno al gobierno usando otras instituciones del Estado. El Congreso, los Tribunales y la Contraloría son utilizados como poleas de transmisión con la "oposición desde la base". Un caso típico es el conflicto en el mineral de cobre El Teniente, que en la superestructura institucional manejada por la derecha repercute en la próxima destitución de los ministros del Trabajo (comunista) y de Minería (Izquierda Cristiana).

La DC hace sentir el peso de su mano al resto de la oposición, por ejemplo, cuando se niega a votar la acusación presentada por el PN contra el ministro de Economía porque, en cierta forma, afectaba a las fuerzas armadas, ya que implicaba al Secretario Nacional de Distribución, general Alberto Bachelet. Pero al mismo tiempo, al terminar la pasada semana, anunciaba que destituiría al mismo ministro (y a cualquiera, que lo reemplace) por mantener la vigencia de las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), que es una de las formas de organización ideadas por el pueblo para luchar por una justa distribución de alimentos.

La Corte Suprema, —por su parte— enviaba un oficio representándole "por enésima vez" al presidente de la República la "ilícita intromisión en asuntos judiciales" de autoridades administrativas. Se trata de intendentes y gobernadores que han ordenado a Carabineros no cumplir órdenes de desalojo de industrias o fundos dictadas por tribunales. Poniendo su granito de arena a la táctica de "defensa del régimen legal" que hipócritamente propugna la DC, la Corte Suprema asevera que estos hechos significan "no ya una crisis del estado de derecho, como se le representó a S. E. en el oficio anterior, sino una perentoria o inminente quiebra de la juridicidad del país". Impotente en su propia frustración, la Corte Suprema advierte que "ha requerido a la Justicia Militar para que instruya el proceso correspondiente". Ella también, como es lógico, trata de implicar a las fuerzas armadas en el plan maestro de la oposición.

Mientras las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados pasaban a manos del jefe tácito de la oposición, Eduardo Frei, y de un audaz parlamentario ligado a los sectores fascistas, Luis Pareto, la Contraloría General de la República, a su vez, redoblaba sus dictámenes ordenando devolver industrias requisadas o intervenidas, tratando por todos los medios de probar que el gobierno se desplaza en la más absoluta ilegalidad. El Tribunal Constitucional, por su lado, luego de ser sometido a intenso "ablandamiento" publicitario, terminaba dando la razón a la mayoría del Parlamento en la discrepancia surgida entre el gobierno y el Congreso a raíz de la reforma que somete la formación del área social de propiedad a la voluntad de la mayoría burguesa parlamentaria. El Senado y la Cámara de Diputados, previamente, habían proclamado que desconocerían el fallo si les era desfavorable.

El PDC, formalmente, ha proclamado que "repudia toda solución que implique la búsqueda de salidas políticas al margen de la Constitución y de la ley" (voto político de la Junta Nacional, "La Prensa", 15 de mayo). Pero su accionar concreto revela que esta afirmación debe interpretarse en el mismo sentido del gesto de Poncio Pilatos. Tal como en la conspiración de 1970, el PDC se lava las manos por si las cosas salen mal. Y si salen bien se prepara a cosechar en el plano de un partido cuya imagen "democrática" se mantenga relativamente limpia. Su sentido de orientación política se revela en el esfuerzo principal volcado a movilizar sectores de trabajadores engañados o ideológicamente retrasados contra el gobierno. Es la criminal "oposición por la base" que de tener éxito podría enfrentar a explotados contra explotados en la arena del Nerón burgués. Para ello la DC necesita disfrazar sus intenciones y someter al PN a una táctica política que se basa en el levantamiento de una alternativa de "centro izquierda". El PDC mantiene una federación con grupos como el PIR y el PADENA a la cual "pueden sumarse en el futuro otras fuerzas políticas y sociales que, estando por la creación de una nueva sociedad, sean a la vez verdaderos pilares de sustentación de las bases esenciales de una verdadera y auténtica democracia". Bajo el toldo de un "socialismo comunitario", versión corregida y aumentada de la "revolución en libertad" de 1964, la DC busca agrupar a sectores socialdemócratas que incluso están todavía en la Unidad Popular. El PN y otros grupos de extrema derecha estarían obligados, como hace nueve años, a prestar su apoyo a esa combinación que bajo la mentira de luchar por "la sustitución total y definitiva del régimen capitalista", devolviera a éste y al imperialismo todo el vigor que alcanzó en el sexenio freísta. En esta línea la "oposición desde la base", resulta fundamental para enervar el apoyo que sectores populares, aún no penetrados por la conciencia de clase, deberían entregar a la izquierda.

LECCIONES POLÍTICAS

Sin duda ha llegado la hora de sacar una enseñanza de los últimos tres años, y de ella deducir una línea revolucionaria correcta.

Desde luego, han fracasado todos los intentos patrocinados por algunos sectores en el seno de la Unidad Popular para llegar a un entendimiento con grupos de la burguesía, como la DC. Leyes inexorables de un proceso revolucionario siguen imponiéndose en el cuadro político. Las negociaciones celebradas con la DC en 1972 y la política económica conciliadora con la burguesía aprobada en la reunión de la UP en Lo Curro, llevaron directamente al paro patronal de octubre. La política del ministro de Economía, Orlando Millas, que ofrecía "nuevas garantías a la burguesía y a los partidos que la representan" (carta del PS al PC, 13 de febrero de 1973), tuvo como respuesta una reactivación generalizada de la burguesía y abiertos llamados al golpe de parte de los organismos patronales.

Está demostrado, pues, que la lucha de clases ha tocado a zafarrancho en nuestro país. Se trata de un combate dónde los protagonistas no buscan sino la victoria; particularmente esa disposición se avizora con toda claridad en los representantes políticos de la burguesía.

Sin perjuicio de postergar un enfrentamiento que asuma características de una guerra civil, al menos mientras la correlación de fuerzas no sea claramente favorable al proletariado, resulta una ingenuidad costosa llevar a los trabajadores al convencimiento que ese peligro puede ser conjurado mediante la desactivación de sus propias luchas. El secretario general del PC, Luis Corvalán, ha dicho correctamente que "la lucha contra la guerra civil no debe conducir en modo alguno a la "paz social" ni nada que se le parezca. La "paz social" es una ilusión en una sociedad dividida en clases antagónicas...".

La campaña contra la guerra civil, obviamente, persigue disuadir al enemigo de apelar a ese recurso. Pero si no se maneja con exactitud y clara orientación revolucionaria, también puede desarmar a la clase obrera y a los sectores aliados del pueblo, que a pretexto de no desatar el enfrentamiento podrían quedar amarrados de pies y manos ante el constante avance reaccionario.

La clase trabajadora no puede olvidar que la guerra civil es la culminación de la lucha de clases, que sólo se puede evitar si previamente la burguesía ha sido debilitada, aislada y reducida a simples manotazos defensivos. Por eso la campaña publicitaria contra la guerra civil no puede asumir un tono pacifista porque sólo conseguiría desarmar al proletariado que, por el contrario, necesita cobrar conciencia de que la única manera de impedir un enfrentamiento generalizado es golpeando los reductos económicos y políticos de los que la burguesía extrae su fuerza. La clase obrera debe estar preparada —si el enemigo desata la guerra civil— a ganar también en ese terreno.

UNA DICTADURA POPULAR

A pesar de todas las dificultades y de las cortapisas que han opuesto los propios sectores conciliadores de la UP, la clase obrera chilena está haciendo los "prodigios de organización proletaria" de que hablaba Lenin en 1914. Creaciones populares como los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, los Cordones Industriales, etc., muestran que en forma casi intuitiva, guiada por aún débiles vanguardias políticas, la clase obrera chilena ha intentado estructurar un poder revolucionario. En el último Mensaje del presidente Allende al Congreso Nacional (21 de mayo), se reconocen estas creaciones del genio de nuestro proletariado y se les estimula a diseminarse por todo el país. Ese reconocimiento es bueno, como buena ha sido la decisión del PC de incorporarse ahora a esos organismos.

Pero no basta. El poder revolucionario dirigido por el proletariado y con la participación de todos los sectores explotados y pobres, debe organizarse para tomar "directamente en sus manos los órganos del poder del estado", como señalaba Lenin. Es necesario —más aún, es imprescindible— que los obreros controlen todo el aparato del Estado. Si bien ese es un objetivo revolucionario, en esta etapa de transición es preciso crear condiciones mediante el traspaso de poderes a manos proletarias, a manos del poder popular y de sus expresiones: Comandos Comunales, Cordones Industriales, JAP, etc. Esto conlleva, sin duda, un riesgo calculado que es salirse de la máscara de hierro de las formas democrático burguesas. Supone, ciertamente, un grado de dictadura popular ejercido a través de organizaciones que dirija el proletariado con apoyo o al menos simpatía de las fuerzas armadas. Pero esa dictadura popular, que traslade el epicentro de la contienda desde las instituciones dominadas por la burguesía, al terreno que controla el proletariado, parece ser el único modo de desarmar ahora la máquina infernal que han montado la burguesía y el imperialismo.

MANUEL CABIESES DONOSO


Historia viva

LA LARGA LUCHA DEL PROLETARIADO CHILENO

CADA vez que la lucha de clases se agudiza en Chile, aquellos que tratan de crear confusión en torno al proceso se escudan en el viejo mito de que aquí se ha dado un desarrollo pasivo y evolutivo duran, te los últimos 150 años. Sin hacer a un lado las investigaciones de historiadores como Luis Vitale y Marcelo Segall, la mayoría de los historiadores quisieran hacernos creer que el desarrollo histórico de Chile ha sido fundamentalmente diferente al del resto de América latina: que la temprana construcción de una fuerte superestructura política fácilmente eliminaba cualquier tendencia a la revolución violenta o a la lucha armada. Según estos mismos historiadores, gran parte del crédito de esto se debe a Portales. Jorge Basadre, por ejemplo, escribe que portales, "al no trabajar en pro de una autocracia, al no practicar el mesianismo ni el providencialismo, al hacerse intérprete de la clase social más preparada en aquella época para el ejercicio del poder, evitó que con su muerte se destrozara su obra, y resultó así, creando el concepto objetivo de "orden público...".

Más aún, los historiadores tradicionales, al enfocar lo que Alberto Edwards consideró la "continuidad en el orden jurídico y una verdadera tradición política", han negado el rol fundamental que ha ejercido el conflicto de clases como la fuerza primordial en la modelación de la historia chilena de los últimos 150 años, y de hecho, desde mucho antes.

ORÍGENES DE LA LUCHA DE CLASES EN CHILE

En ambos casos se equivocan. Ya en el siglo XIX, los conflictos al interior de la burguesía rompieron con frecuencia la fachada institucional y las luchas entre trabajadores y burguesía constantemente desmintieron el concepto de paz social.

Con la conquista de la independencia a principios del siglo XIX, estallaron, casi siempre en forma violenta, numerosos conflictos entre los diversos sectores de la burguesía así como entre un proletariado incipiente y la burguesía unificada. En ese mismo siglo el orden institucional chileno se vio sacudido por tres guerras civiles (1851, 1859, 1891) y un período de siete años de anarquía (1823-1830). Las divisiones internas de la burguesía, entre sus sectores mineros, agrícolas y comerciales surgieron con toda claridad en osos períodos de crisis y demostraron que aunque el movimiento de independencia, en sí mismo, no produjo más que una revolución política, implicó cambios de mayor trascendencia en la estructura socioeconómica de la naciente república.

El imperialismo británico, activo desde el momento mismo de la independencia, también creó serias escisiones en la burguesía chilena. La dependencia comercial de Chile respecto de Inglaterra en el siglo XIX trajo consigo una división interna de la burguesía criolla entre aquellos sectores cuyos intereses se beneficiaron por las estructuras de dependencia (comerciantes, terratenientes de la zona central, empleados de las casas comerciales extranjeras, etc.) y aquellos cuyos intereses se vieron perjudicados (los propietarios de las minas, terratenientes de provincia, etc.). A medida que las contradicciones en el seno de la burguesía se fueron agudizando, tomaron el carácter de guerras civiles y ninguna estructura institucional, a pesar de lo que digan los historiadores, fue capaz de contenerlas.

Evidentemente, el relato tradicional se presta a equívocos en niveles muy obvios: los conflictos entre los diversos sectores de la burguesía produjeron crisis institucionales en Chile —asi como en otros países de América latina— a lo largo del siglo XIX.

HISTORIA DE COMBATES

Sin embargo, incluso durante estos períodos en que la estabilidad institucional sí reinaba, la lucha y el conflicto moldearon la Historia de Chile, y no la "continuidad en el orden jurídico".

Los cambios socioeconómicos que inicialmente provocaron esa lucha entre la burguesía en el siglo XIX, también agudizaron los conflictos entre ese grupo y el proletariado incipiente. Pero, si bien la primera sufrió divisiones en sus relaciones con el imperialismo británico y en la dirección del desarrollo económico chileno, se unió frente a las crecientes demandas de los trabajadores. Al igual que con las luchas entre los sectores de la burguesía, los conflictos entre los trabajadores y sus patrones no fueron ni pacíficos ni ordenados.

Las primeras rebeliones de un "proletariado en formación" se concretaron en las minas debido a que las relaciones capitalistas de producción se desarrollaron con mayor fuerza. Allí, con frecuencia, las luchas tomaron la forma de insurrecciones abiertas, tales como las acaecidas en los distritos mineros de Copiapó, Huasco y Coquimbo en 1723 o en las minas de plata de Chañarcillo, en el momento de su apogeo un siglo más tarde, pero las revueltas abiertas fueron sólo la punta del iceberg, dejando cubierta todavía una gran fuente de descontento y de rebelión inarticulada entre los mineros.

Con sus ojos pegados a la ilusoria "continuidad institucional", los historiadores no han sido generalmente capaces de apreciar el carácter masivo de las rebeliones de los mineros antes de que un proletariado con conciencia de clase desarrollara sus propios instrumentos de lucha. Al igual que en la mayoría de las revueltas de los trabajadores, antes de tomar conciencia de clase, eran consideradas éstas como "crímenes" más que como rebeliones; supuestamente demostraban la perversidad humana más que la lucha de clases.

Los "crímenes" más comunes eran el robo de minerales, la fuga de un minero de una mina a otra antes de haber trabajado por un adelanto de su salario, y la Instigación de numerosos conflictos en las minas, que interfirieran con las operaciones normales de trabajo. La frecuencia con que dichos "crímenes" se producían es prueba suficiente de que se trataba de una incipiente rebelión de clases en contra de un sistema de producción intolerable, más que de actos individuales.

REVELACIONES DEL PASADO

Si les historiadores no han comprendido la naturaleza política de estas acciones en las minas, es evidente que aquellos que se veían más amenazados por el desarrollo de una fuerza de trabajo consciente —la burguesía—, se daban perfecta cuenta de los cambios que se estaban produciendo entre sus trabajadores. Más aún, se movieron con rapidez para aplastar la rebelión laboral mediante la manipulación de las estructuras que dominaban más plenamente: la estructura jurídico-política del país.

Los Archivos de la Intendencia de Coquimbo —el mayor centro minero del país durante la primera mitad del siglo XIX—, crecían cada vez más con las restricciones a la libertad de los llamados mineros "libres". Todos los mineros estaban obligados a llevar "pasaportes" repartidos por el patrón. Todos los visitantes de la mina necesitaban obtener un permiso del gobernador local o del Juez de Minas para poder entrar. El robo de minerales era castigado con latigazos, prisión o multas. A los mineros casados se les prohibía llevar a sus esposas o familiares a los campamentos mineros. Todos los mineros tenían que comer juntos; el licor y el juego estaban estrictamente prohibidos. (Archivo Nacional, Intendencia de Coquimbo. Vols. 10, 48, 156, 181, 206, 232, etc.).

Pero la ley que aparecía con mayor frecuencia era la que se refería al movimiento de trabajadores de una mina a otra antes de haber trabajado por el adelanto de su salario. El patrón llevaba cuenta de todos los adelantos, en el "pasaporte" del trabajador, el cual debía ser presentado al patrón de la nueva mina antes de ser contratado. Los trabajadores sin pasaporte o aquellos que se hubieran cambiado de una mina a otra con una deuda eran severamente castigados.

De esta manera, según Marcelo Carmagnani, a principios del siglo XIX, "la legislación había creado un poderoso sistema tendiente a la reducción de los costos de producción, reduciendo la movilidad laboral, limitando las deudas de los peones y transformando los distritos mineros en zonas secas, donde estaba prohibido el expendio de bebidas alcohólicas. ..".

La proliferación de estos reglamentos en la primera parte del siglo en cuestión, es una prueba contundente del incipiente conflicto de clases que sacudía las bases de los distritos mineros. El proletariado, demasiado joven aún para haber desarrollado una conciencia de clase, respondía a las condiciones de explotación de manera primitiva pero política: mediante actos de robo, fugas y ocasionalmente, rebelión. La burguesía, más madura en términos de desarrollo histórico y por lo tanto ya en posesión de una conciencia de clase, comprendía esta amenaza como una amenaza de clase y trató de controlarla a través de la legislación.

LEYES VS. LUCHA DE CLASES

Pero ni entonces ni ahora ha sido capaz la legislación de aplastar la lucha de clases, aunque pudo haber engañado a algunos historiadores en el camino. La necesidad de la burguesía de reelaborar constantemente sus leyes diseñadas para controlar el movimiento de los mineros, señala claramente el hecho de que se estaban infringiendo. Después de más de 60 años en que muchas leyes fueron elaboradas con el fin de impedir la fuga de mineros de un distrito a otro, el gobernador de Freirina se vio obligado a informar al Intendente de Coquimbo en 1843 que: "Ya no sólo es insoportable la fuga de peones socorridos de este Departamento, sino asombroso ver el descaro pugnible con que lo hacen llevándose los adelantos que les suministran sus patrones por asegurarlos, y dejándolos burlados con sus faenas o trabajos de para. Ya esto no se nota en uno o dos, o rara vez al año, sino por cuadrillas y con una frecuencia escandalosa...". (Intendencia de Coquimbo, Vol. 207).

La guerra no declarada entre los mineros y sus patrones en el siglo XIX, se ajustó a las estructuras económicas, sociales y finalmente políticas de los distritos mineros, del mismo modo que los conflictos entre trabajadores agrícolas y terratenientes lo hicieron en el campo, y en las zonas urbanas los conflictos entre jornaleros y sus patrones. La superestructura política construida por la burguesía en respuesta a los avances del proletariado trató de postergar la lucha de clases pero no pudo ponerle fin. Una lucha de clases, llevada a sus últimas consecuencias, es una lucha por el poder del Estado; si el sistema político trata de bloquear el camino para alcanzar esta meta, tanto peor para el sistema político.

S. S. V.


Periodismo

UN ARMA DE PAPEL

CAMILO Taufic ha entregado un buen aporte al esclarecimiento del rol que deben jugar los medios de comunicación en un proceso revolucionario. Su libro "Periodismo y lucha de clases", (Quimantú, 227 páginas, 1973), difunde una imagen bastante completa del carácter de esos instrumentos del combate ideológico.

Es posible, sin embargo, que en algunos pasajes de su libro Taufic explore el tema en un estilo que puede resultar poco asequible a lectores que necesitan ser armados de un cabal conocimiento en esta materia. Hasta ahora la polémica sobre la exacta naturaleza de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, cine, etc.) resulta restringida al sector de ciudadanos que por especialidad profesional o científica aparecen directamente implicados. Pero no cabe duda que este asunto y su inevitable corolario —la propiedad de los medios de comunicación— debe abarcar al conjunto de la sociedad, en especial a la clase trabajadora.

Camilo Taufic analiza correctamente la naturaleza política del periodismo y las concepciones burguesa y proletaria sobre libertad de prensa. "Se informa —sostiene Taufic— para orientar en determinado sentido a las diversas clases y capas de la sociedad, y con el propósito de que esa orientación llegue a expresarse en acciones determinadas. Es decir, se informa para dirigir". En cuanto a la libertad de prensa Taufic trae a colación la pregunta clave de Lenin: "Aclaremos el hecho de ¿qué libertad de prensa?, ¿para qué?, ¿para qué clase?".

El concepto predominante en nuestro país, como en otros aspectos, es el concepto burgués de libertad de prensa que sirve para amparar los negocios y utilidades que la clase propietaria hace bajo el manto de sus propias "libertades". El esclarecimiento de esta situación está bien analizado en el libro de Taufic. Se incluye, asimismo, una visión comparativa del periodismo en los países socialistas y capitalistas, estableciendo las tajantes diferencias entre uno y otro. También está tratado el periodismo en los países subdesarrollados, donde el dominio burgués se combina agudamente con la penetración imperialista

EL PERIODISTA: UN POLÍTICO EN ACCIÓN

Un aspecto que el libro de Taufic trata con especial profundidad es el rol del periodista como político en acción. Entre muchas mistificaciones, la prensa burguesa ha intentado crear la imagen de un periodista "imparcial", "profesional químicamente puro" que es "testigo de su época" pero que se abstiene de intervenir activamente en ella. Contra esa falsa imagen lucharon durante muchos años los periodistas de izquierda en Chile. El mito se vino abajo como resultado no sólo de esa lucha sino por efecto directo del alto nivel alcanzado por la lucha de clases. Nadie escapa a las leyes de esa lucha encarnizada y definitiva. A los periodistas burgueses no les ha quedado más remedio que asumir frontalmente su verdadero papel de activistas políticos, mientras que hasta los más tímidos periodistas de izquierda se ven forzados a abandonar su adhesión puramente intelectual al proletariado, para tomar un puesto de primera fila en la batalla contra la burguesía.

Una profesión prestigiada por quienes la ejercieron como filuda arma del proletariado (Marx, Lenin, Recabarren entre otros), el periodismo tiene hoy en Chile una función revolucionaria que no se está cumpliendo a cabalidad. Taufic —por ejemplo— replantea que la información (que es una forma del poder político) no puede estar en manos de los monopolios dueños de los medios de comunicación. Desde abril de 1971, cuando se celebró la I Asamblea Nacional de Periodistas de Izquierda, se viene proclamando la necesidad de rescatar esos medios de las garras de los monopolios. Muy poco se ha avanzado y determinadas vacilaciones han llevado —por el contrario— a que diarios, radios y estaciones de TV se consoliden bajo el poder burgués. Hay casos increíbles en ese sentido, como las facilidades dispensadas al PDC para que se hiciera del diario "El Sur", de Concepción, o la tolerancia suicida con el Canal de TV de la Universidad Católica. Lo mismo puede decirse de la casi absoluta impavidez con que el gobierno soporta la provocación y las injurias de la prensa reaccionaria, mientras llama la atención por sus "excesos" a algunos medios de comunicación de izquierda.

COMBATIR CON GANAS

En este sentido cabe recordar lo que decía Lenin a los periódicos bolcheviques: "No somos capaces de llevar a los periódicos la lucha de clases como lo hacía la burguesía. Recuerden cuán magníficamente acosaba a sus enemigos de clase, cómo se ensañaba con ellos, cómo los ridiculizaba y les hacía la vida imposible". ("Pravda", 20-9-1918).

El libro de Camilo Taufic señala con razón: "La nacionalización de la prensa (y de todos los medios de información) forma parte esencial de la revolución cultural que deben emprender los pueblos paralelamente a la revolución agraria, industrial, económica, política y jurídica, que abre paso al socialismo y libera a las masas del dominio —incluso ideológico— de las clases parasitarias y explotadoras".

Poco se ha hecho en esa dirección en el proceso chileno. Más bien en esferas superiores del gobierno, predominan visiblemente las ideas liberales burguesas sobre la materia. En cuanto a libertad de prensa, inobjetablemente, el sello distintivo es burgués y no proletario. Esta debilidad es claramente aprovechada por el enemigo de clase, que ha convertido sus medios de comunicación en eficaces engranajes de una maquinaria que trabaja dia y noche por destruir las conquistas de las masas.

Taufic trae a colación en su libro el necesario estímulo que deben tener los periodistas revolucionarios. "No deben limitarse, sostiene, a reflejar más o menos pasivamente el mundo y sus luchas, sino deben participar en ellas sumando sus fuerzas intelectuales (y físicas diríamos nosotros) a la revolución, con la polémica, la sátira, la denuncia, la exaltación de los valores populares, el desenmascaramiento de los intereses reaccionarios, el hostigamiento a los enemigos, la colaboración con todas las causas progresistas en cualquiera parte del mundo ...".

En efecto, el periodista revolucionario no debe ser una caña hueca que se conforme con dar las notas agradables al gobierno. Debe insertarse en la lucha de clases y tomar de los trabajadores los elementos que hagan del periodismo un arma temible contra la burguesía.

ESCRIBIR CON IRA

Taufic recuerda que Lenin empujaba a la lucha a los diarios bolcheviques. En 1912 escribía: “Pravda se comporta ahora, en las elecciones, como una solterona vieja y soñolienta. Pravda no sabe guerrear. No ataca ni persigue ...”. Y en 1917 sostenía: "¿Desde cuándo el tono airado contra lo que es malo, nocivo y erróneo perjudica al diario? Todo lo contrario, colegas, por Cristo que es todo lo contrario. Escribir de lo nocivo sin ira significa escribir aburridamente".

El problema de los contenidos sigue siendo una cuestión no resuelta en la prensa de izquierda chilena. Toneladas de papel impreso se malgastan en necedades o en un vano sensacionalismo que deriva a la tradicional explotación del crimen, las miserias humanas y la intrascendencia. Entretanto, la prensa reaccionaria no pierde un gramo de papel en atacar, zaherir, injuriar y —peor aún— confundir a las masas, haciendo equivocar su derrotero a vastos sectores populares. Lo mismo puede decirse de la radio y televisión que, en términos generales, también están muy lejos de servir de ariete ideológico en la lucha de clases. Reiteramos que, en nuestra opinión, esto se debe fundamentalmente al concepto democrático burgués que predomina a ese respecto en esferas dirigentes del actual proceso.

El libro de Camilo Taufic presta un servicio positivo al combatir esas tendencias erróneas. Aún cuando los postulados revolucionarios en esa obra estén algo "ideologizados". lo cual les quita filo, de todas maneras sus planteamientos entran en contradicción con las tendencias liberaloides que predominan. Y éso es un paso adelante en una realidad sobre la cual presionan las nuevas condiciones que va imponiendo la inatajable lucha de clases animada por el proletariado.

SEVERIN


Entrevista

El MAPU SE GANÓ UN LUGAR EN LA LUCHA

EL MAPU acaba de cumplir cuatro años de vida. Con este motivo, PF entrevistó al secretario general de ese partido, Oscar Guillermo Garretón, actual diputado por la provincia de Concepción. Este fue el diálogo con el máximo dirigente del MAPU.

PF: ¿Qué papel ha desempeñado el MAPU en estos cuatro años de vida?

O.G.: El MAPU ha sido un factor fundamental en los avances del proceso revolucionario. Fue uno de los creadores de la Unidad Popular. Sus contribuciones al Programa fueron decisivas; el MAPU ha insistido permanentemente en la lucha antimonopólica, antimperialista y anticapitalista. Igualmente, siempre se ha distinguido en la Unidad Popular, a través de sus distintos militantes, en el cumplimiento de las tareas programáticas planteadas, lo cual ha transformado al partido, y a los funcionarios de él, en enemigos predilectos de la derecha.

En estos cuatro años, el MAPU se ha desarrollado como partido proletario, creando las bases para una conducción realmente revolucionaria del conjunto de la clase obrera y el pueblo.

Por otra parte, siendo profundamente unitario en su acción, y habiendo sido un factor de unidad en la izquierda, el MAPU ha sabido ser crítico cuando observa debilidades en el proceso, como ha sido el caso de la política económica a partir de Lo Curro y como lo es en torno al desarrollo del poder popular en el último período.

PF: ¿En qué medida tiene vigencia un partido como el MAPU, que ha sido quebrado y acerca del cual la UP todavía no se pronuncia oficialmente?

O.G.: En torno a la vigencia del MAPU, cada cierto tiempo surgen en el seno de la izquierda los analistas políticos que decretan su muerte. Pero ya estamos vacunados.

Cuando el MAPU nació a la vida política, nadie dio ni una chaucha por él. Sin embargo, el partido se desarrolló, adquirió vida e hizo contribuciones importantes a la Unidad Popular y a su programa.

Al formarse la Izquierda Cristiana, muchos sabios de la política chilena decretaron la muerte del MAPU. En esa oportunidad el partido señaló que su vigencia no dependía de personas, sino de su línea política y del reconocimiento del pueblo como su conductor.

Pasó el tiempo; vinieron las elecciones de la CUT y se comprobó que el muerto gozaba de excelente salud: el MAPU se consagró como el tercer partido de la izquierda.

En ese período sobrevino la muerte de Ambrosio, que ahora recordamos. Nuevamente se planteó que el MAPU se terminaba al morir su cabeza más importante. Pero hay diferencia entre un caudillo y un conductor. Y con el fallecimiento de Ambrosio su calidad de conductor aparece agigantada, lo que se demuestra en la fuerza con que el partido siguió creciendo.

En las elecciones de marzo, el MAPU se ratificó como el partido que más crece en la izquierda, alcanzando las metas propuestas: cien mil votos en todo el país.

Viene después la ruptura. ¡Estamos vacunados de rupturas! No nos asustan.

¿A qué se debe esta situación? A que el MAPU y su vigencia no depende de la voluntad de personas dentro del partido, sino de que el pueblo lo reconozca o no como su conductor.

Nosotros pensamos, además, que nuestra línea política es la correcta y que es imprescindible la presencia del MAPU en la Unidad Popular y en la izquierda.

PF: ¿Qué piensa el MAPU del polo revolucionario?

O.G.: Tal como lo señaló el partido en el pleno de abril, nosotros estamos en contra del llamado "polo revolucionario" planteado como reagrupamiento de fuerzas que incluya a sectores de la UP y fuera de ella, como una conducción alternativa a la Unidad Popular.

Creemos que esa es hoy una desviación de ultraizquierda, que divide al pueblo y pone en peligro la posibilidad de conquistar el poder.

PF: Ud. como secretario general de un partido que postula la creación de un poder alternativo al del Estado burgués, ¿cómo justifica su presencia en el Parlamento?

O.G.: No entender esto sería desconocer las diversas formas tácticas que asume la lucha política en el país. Estar ausentes de la lucha electoral significaría abandonar un campo de lucha de masas. Lo importante es ver cómo cada uno toma esas luchas.

Para nosotros la campaña electoral no fue sólo una caza de votos, sino que se convirtió en una lucha de masas, en organización del pueblo.

Ahora estamos en el Parlamento. Aquí, los representantes populares seremos minoría. Creemos que en el pensamiento de la derecha está transformar el Parlamento en la cabeza de una conducción antagónica a la del Gobierno Popular. Por lo tanto, es necesario dar, desde las masas, una lucha a fondo contra el carácter reaccionario que la mayoría parlamentaria le conferirá a la marcha del Congreso.

PF: ¿Cómo son las relaciones con el Partido Comunista, luego que este partido hizo declaraciones a favor de la fracción de Gazmuri?

O.G.: Creemos que en torno al problema del MAPU no se trata de simpatías, sino de un criterio de principios; la UP debe aclarar si acepta o no los golpes de facto.

En todo caso, el problema no es sólo de simpatías, sino que además en la base nos hemos encontrado con la sorpresa de que militantes comunistas han pretendido establecer un veto con respecto al MAPU, intentando bloquearlo en muchas partes y actuando abiertamente a favor del grupo de Gazmuri. Eso no ha pasado desapercibido para el MAPU y, por lo tanto, existe hoy un repudio a nivel de base por esta forma de acción, hecho que la dirección del partido encuentra comprensible y nos preocupa.

Nosotros deseamos un trabajo unitario en la UP, sobre la base de una conducción única y colectiva, lo que implica aceptar que esa unidad sea sobre la base de una lucha ideológica.

Esperamos que, por el interés de la clase obrera que hoy quiere esa unidad para avanzar en la conquista por el poder, se establezca una relación de respeto mutuo y de discusión sobre los problemas políticos fundamentales del país.

PF: ¿Qué diferencias habría entre un nuevo paro patronal y el paro de octubre pasado?

O.G.: En primer lugar, la reacción está hoy más experta. En segundo lugar, si entonces las posiciones del partido Nacional y de la Democracia Cristiana eran duras, hoy lo son mucho más. Ellos saben que si el gobierno avanza con decisión, un ilusorio triunfo para el 76 estaría demasiado lejano.

En tercer lugar, la derecha también aprendió que la presencia de las FF.AA. cohesionadas era obstáculo para sus intentos golpistas. Por eso se ha lanzado en una labor de descomposición de las FF.AA. en la cual aparentemente ha tenido algunos éxitos, por las declaraciones en contra del gobierno de algunos altos oficiales, como el almirante Huerta.

Además, las condiciones económicas son hoy más difíciles que en octubre y eso hace que la derecha encuentre campo fértil para su agitación demagógica.

Por último, el imperialismo después de la elección de marzo ha comprendido que la reacción interna requiere de toda su fuerza para actuar en contra del gobierno y la clase obrera.

En este cuadro, la ofensiva de la derecha es mucho más global incluso que la de octubre. El pueblo también podría haber salido con mayor experiencia de octubre; sin embargo eso no se ha analizado ni se ha aprovechado plenamente. Todas las formas de poder popular que ayudaron a aplastar el paro de octubre se deben revisar y reorganizar.

La gran base de defensa de la Unidad Popular frente a un paro —necesariamente con marcados caracteres golpistas— es el desarrollo del poder popular: cordones industriales, comandos comunales, comandos de defensa en barrios e industrias, etc.

PF: Con respecto al Plan 74, ¿considera correcto centrar la cuestión en las utilidades de las empresas o en el control obrero de la producción?

O.G.: Pensamos que cualquier batalla por la producción, la distribución o las utilidades —que son batallas correctas e importantes— tienen como supuesto la incorporación de todos los trabajadores a las decisiones en cada una de esas áreas.

En ese sentido pensamos que hoy es condición básica de la batalla por la mayor eficacia en el funcionamiento de la economía, el desarrollo de la decisión de los trabajadores en el área social y privada.

El control de masas y del gobierno sobre el conjunto de la economía es la única garantía para aumentar la eficacia técnica de las empresas.

Acerca de las utilidades, nos parece correcto e importante luchar porque las empresas del área social se financien y dejen excedentes. Pero, como conjunto de empresas. Sería un error aplicar el criterio mercantilista de pensar que las utilidades son un índice de eficacia en cada empresa.

En un manejo planificado de las empresas se determina que algunas dejen utilidades y otras no. La medida de eficacia está dada si cada empresa cumple o mejora las metas exactas que se han fijado entre el gobierno y los trabajadores.

PF: ¿Por qué el gobierno aparece incapaz de resolver los problemas sobre » los cuales la derecha centra sus ataques: abastecimiento, distribución, salarios, inflación?

O.G.: Plantear el problema de la incapacidad del gobierno para resolver los problemas como la inflación es un simplismo que desconoce el carácter político de los problemas económicos centrales que hay en Chile.

Es un error en que ha caído intencionadamente la oposición, y con la mejor intención el gobierno.

Los problemas económicos de hoy son el resultado de la lucha política por el poder. Es cierto que hay dificultades, burocracia, ineficiencia, errores; pero no está allí la raíz principal de los problemas.

En toda sociedad donde la lucha política por el poder alcanza la intensidad que en Chile, nadie puede esperar que la economía se mantenga aislada del proceso.

Por el contrario, en Chile la economía ha sido el principal campo de batalla. Es en este campo, por ejemplo, que se ha constituido un área social, se ha roto con el imperialismo y se ha expropiado parte importante del latifundio, lo que ha significado destruir las bases fundamentales de funcionamiento de la economía capitalista chilena sin haber resuelto la lucha por el poder.

Por otra parte, al pretender aumentar el ingreso de los trabajadores, sin contar con la fuerza necesaria para reducir drásticamente los ingresos de la burguesía, ello repercute en desabastecimiento e inflación.

Los problemas no son técnicos, sino políticos, y por lo tanto, la solución económica definitiva depende de que se resuelva el problema político del poder.

O.I.F.


Polémica

PODER POPULAR:
UNIÓN Y LUCHA DEL PUEBLO

EL nivel de desarrollo alcanzado por el poder popular en Chili exige de sus organismos nuevas etapas de organización. E asi que el partido Socialista ha propuesto la realización d un congreso provincial de Comandos Comunales de Trabajadores Cordones Industriales en Santiago.

La proposición fue recogida de inmediato por el MIR, pero haciendo la salvedad que es necesario hacer primero reuniones comunales. "Solamente una discusión amplia en la base puede garantizar una verdadera democracia. De nada sirven hoy organismos burocráticos, que no representen a nadie o que sólo integre a los sectores más avanzados de la clase. El problema es crear poder popular. El poder popular nace de la base misma de las organizaciones de masas, y se ejerce por la fuerza que da la unida del pueblo expresada en los Comandos Comunales" ("El Rebelde Nº 82, 15-22 de mayo).

El MIR piensa que tales reuniones comunales deben elegir los delegados al congreso de Santiago que propone el PS, y después de una discusión que aglutine a todos los sectores de la común detrás de una plataforma única de lucha. En otra parte de su res puesta, el MIR señala que los congresos provinciales deben discutir un "Programa del pueblo".

El Comando Comunal de Estación Central realizará un encuentro con vistas al congreso provincial. Otro tanto hará en un fecha próxima el Cordón Industrial de Cerrillos. Esto demuestra que los organismos de base están interesados en buscar la mayor representatividad, que asegure un poder efectivo de convocatoria [de] los acuerdos del congreso.

Una de las cuestiones que ha levantado polémica en torno al poder popular es si sus organismos son élites de la superestructura proletaria o comprometen a la masa laboral. En la separata de PF Nº 183, Hernán Aguiló, dirigente nacional del FTR y consejero provincial de la CUT, dejaba entrever críticas al funcionamiento de algunos organismos de base. Ahora hemos querido ahondar en los planteamientos y balance del MIR sobre el poder popular, entrevistamos para eso a Víctor Toro, jefe de la Comisión Nacional Sindical del MIR, cuyas respuestas son las siguientes:

NUEVO ORDEN PROLETARIO

PF: ¿Cómo define el MIR el poder popular?

V.T.: "Para definir el problema del poder popular en Chile, es fundamental caracterizar el viejo Estado burgués como instrumento de dominación de clase que trata de mantener a una mayoría explotada dominada por una minoría explotadora.

"El Estado mantiene su dominación bajo la forma de la represión (recordemos Pisagua, los desalojos, en fin la represión policial o militar en distintas situaciones) y con su ideología de dominación. Nos referimos a la moral, el derecho, la legalidad, y otros valores establecidos para mantener la explotación y dominio que ejerce la burguesía. El viejo Estado cuenta con el aparato ejecutivo las Fuerzas Armadas, verdadero esqueleto del Estado, la burocracia estatal, el Parlamento, las cárceles, la policía y el poder judicial todos los cuales cumplen distintas funciones de opresión y explotación.

"Frente a este Estado capitalista está surgiendo el poder popular, los Comandos Comunales de Trabajadores, que es y debe ser absolutamente contradictorio y alternativo como base de un nuevo orden, al poder burgués: y no cabe ninguna posibilidad de subordinarlo, por el contrario, los Comandos Comunales se forman en una lucha abierta con el aparato estatal burgués.

"En segundo lugar, concebimos el poder popular como un poder independiente del gobierno actual, como un poder autónomo que unifica al conjunto de los sectores sociales (obreros, estudiantes, campesinos, empleados, pequeños comerciantes) de una determinada comuna, tomando a ésta como la organización celular de toda ciudad o región. Un poder popular que desarrolle una dirección revolucionaria, coordinando las luchas del conjunto del pueblo, una dirección capaz de gestar el futuro poder local que creará las condiciones para la Asamblea del Pueblo. Este poder no puede estar separado de las organizaciones gremiales tradicionales del pueblo. La CUT, por ejemplo, no puede excluirse de él, ya que es la organización de la primera escuela del proletariado y juega en la actualidad un papel muy importante. Las juntas de vecinos, las federaciones sindicales, en fin, todas las organizaciones de masas y gremiales deben unirse bajo la conducción única de los Comandos Comunales de Trabajadores.

DILEMA FALSO

PF: ¿Este poder popular es antagónico al gobierno de la UP?

V.T.: "Hemos dicho más de una vez, que el problema no puede plantearse en el choque entre el pueblo y el gobierno. Nosotros valoramos la existencia de este gobierno, pues a pesar de sus debilidades e inconsecuencias, a pesar de sus conciliaciones de clase, ha permitido terminar lo que llamamos la "rutina represiva" del Estado burgués.

"Con Frei o Alessandri, lo rutinario, lo normal, es que se respondiera a los trabajadores con la represión, con la violencia física desatada. Nadie puede decir, en cambio, que eso sea lo normal en este gobierno, a pesar de algunas incursiones represivas como en Lo Hermida. Por el contrario, nosotros valoramos las libertades democráticas que el pueblo ha logrado en estos dos años, y que le permiten organizar a nuevos sectores, a la vez que posibilita una gran difusión de las ideas revolucionarias entre las masas.

"Valoramos el gobierno, sí, pero no amarrar el movimiento de masas como un apéndice de su política. De lo contrario no habríamos podido denunciar las vacilaciones en la reforma agraria, en el proyecto de las tres áreas de la economía o en el problema del abastecimiento. El gobierno muchas veces ha actuado en forma contradictoria con las masas y éstas tuvieron que obligarlo a cumplir ciertas tareas, sobrepasándolo en sus objetivos, en especial para ganar más poder dentro de la sociedad.

"Esto no significa —y lo decimos claramente— que el dilema sea entre poder popular y gobierno. Ese es un dilema falso. Nosotros no planteamos la oposición entre pueblo y gobierno, sino entre pueblo y Estado burgués. El Estado burgués no ha sido tocado, no ha sido destruido, y permanece por tanto como instrumento de dominación en contra de los trabajadores.

"La tarea de la clase obrera es destruir el Estado capitalista y para ello debe desarrollar el poder popular, que progresivamente deberá enfrentar al poder de los patrones. Estos organismos del pueblo deben ser independientes del gobierno. Si el gobierno quiere mantener las luchas de los trabajadores dentro de la ley patronal habrá problemas entre los trabajadores y el gobierno, pero si —por el contrario — el gobierno se apoya en las luchas del pueblo, se encontrará una importante unidad, donde el instrumento gobierno podría servir como palanca de apoyo a la lucha por el poder".

SEPULTAR A LA BURGUESÍA

PF: ¿Hay poder popular en Chile? ¿Dónde está?

V.T.: "Hemos sostenido que el país vive una etapa prerrevolucionaria, determinada principalmente por una gran actividad política del pueblo que ha llegado a los niveles más agudos de enfrentamiento social con la burguesía. En el curso de esta lucha, la clase obrera ha logrado una gran fuerza de masa, organización y conciencia que se expresa en nuevas organizaciones del proletariado. Estas son los Cordones Industriales, los Comandos Comunales, etc., que surgen en todas partes como gérmenes de un poder popular paralelo al Estado burgués. En el presente, los Comandos Comunales de Trabajadores sólo constituyen organismos de coordinación e impulso de las luchas del pueblo. Pero son capaces, en los momentos más agudos de los enfrentamientos, de asumir tareas concretas de poder popular y reemplazar a los viejos organismos burocráticos del poder estatal.

"Un ejemplo reciente es el caso de Constitución, donde el Comando Comunal de Trabajadores mantuvo bajo su control la ciudad, gobernándola sin problemas, en una clara demostración de poder popular.

"Respecto a dónde está el poder popular, seguro que no se encuentra en el Parlamento ni en las oficinas de ningún burócrata. El poder popular es para nosotros el que nace en las fábricas, en los fundos; el poder popular está en los Comandos Comunales de Trabajadores. Este es el poder que temen los patrones, porque saben que unifica al pueblo y cuando se lo propongan los barrerán de la faz de la tierra.

"Hoy en Chile existen solamente embriones de poder popular, que toman cada día más tareas propias de la burocracia estatal. Junto a estas organizaciones embrionarias, y como garantía de su maduración, está la conciencia de la clase obrera de que sólo su acción combativa genera más poder y más fuerza.

"Esta conciencia es el punto de partida para que este poder se desarrolle, se amplíe, y sea capaz de ir enfrentando progresivamente al Estado capitalista. Así será capaz de impulsar las tareas que conduzcan a generar una crisis revolucionaria, donde se plantee en definitiva el asalto al poder total".

"El poder popular no se crea por gusto de nadie. Nace y se fortalece al calor de la lucha. Por el control obrero en la pequeña y mediana industria, por la dirección obrera en las empresas del área social, por el control popular del abastecimiento para responder al mercado negro de la burguesía, por la formación de los comités de autodefensa para hacer frente a la sedición fascista. Se crea incorporando todos los organismos de base a los Comandos Comunales de Trabajadores, sean éstos Comandos de Abastecimiento, JAP. Cordones Industriales, etc.

"Los Comandos Comunales de Trabajadores son propios de este período de la lucha de clases, nacen bajo condiciones distintas de las que originaron las organizaciones obreras tradicionales, como la CUT. Nacen cuando la clase patronal lucha denodadamente por mantenerse en el poder".

EL PODER ESTÁ EN LOS CCT

PF: ¿Cuál es el balance del MIR sobre el desarrollo y crecimiento de los Comandos Comunales de Trabajadores, y qué opinión tiene sobre el papel que juegan los Cordones Industriales como organismos de poder popular?

V.T.: "A juicio del MIR, los Cordones Industriales tienen una debilidad como órgano de poder popular. Agrupan sólo a un sector de los trabajadores y se limitan a cumplir un papel que muy bien puede corresponder a una CUT provincial o departamental, si su dirección no estuviera controlada por reformistas o demócratacristianos.

"Por ejemplo, asesorar y coordinar la lucha de los obreros industriales de un sector, pero sin hacer participar a las demás capas del pueblo, como los campesinos, pobladores, estudiantes.

"No negamos su importancia en las ofensivas de los patrones, en el desenmascaramiento del reformismo cuando quería devolver industrias, y ha sido el MIR el más activo dentro de los Cordones Industriales.

"Pero no debemos caer en lo que los patrones siempre han querido, en la división de los trabajadores, para derrotarlos en mejor forma.

"Nosotros planteamos transformar los Cordones Industriales en verdaderos organismos de poder de la clase obrera, donde participen al lado de los trabajadores industriales, los campesinos, pobladores, estudiantes, etc., con sus respectivas organizaciones de masas y con una plataforma de lucha común. Este papel sólo le cabe y puede hacerlo el Comando Comunal de Trabajadores formado por la base.

"Los Comandos Comunales juegan en una situación prerrevolucionaria el papel que han jugado todos los organismos de poder popular en otras revoluciones. En la Rusia de Lenin, fueron los soviets. En Cuba, el Ejército Rebelde de Fidel y el Che, y así en China, Vietnam y Corea, donde los trabajadores se han dado la organización de poder popular determinada por las características de la lucha de clases de sus propios países. En Chile, el poder popular tomará el camino por el cual los patrones vayan desarrollando el combate.

"El balance anota un crecimiento de los Comandos Comunales de Trabajadores en provincia, especialmente en Cautín, Concepción, Antofagasta. y algunos puntos relevantes como Talcahuano y Constitución. También en Santiago mantienen una tendencia a aumentar, aunque en algunos puntos existen sólo Cordones Industriales. Los de más reciente formación, son los Comandos Comunales de Barrancas, Conchalí, Ñuñoa-Macul y Estación Central".

SUMAR FUERZAS

PF: ¿Qué razones justifican en Chile la existencia de un poder popular, si hay un gobierno donde participan los partidos de la clase obrera?

V.T.: "Primero porque son sectores reformistas los que tienen la fuerza en los partidos obreros, y hacen depender la revolución de sus vacilaciones e insuficiencias programáticas.

"Hay cuestiones del programa de la UP que no se han cumplido y otras que sencillamente no aparecen. Por eso nosotros pensamos que el Programa del Pueblo expresa mucho mejor las aspiraciones de los trabajadores para este período.

"Una segunda razón es el problema de acumular fuerzas. Un período prerrevolucionario implica una forma particular de sumar fuerzas, a través de la unidad de todas las capas del pueblo, agrupadas en torno a los obreros en organismos de poder popular. Estos irán forjando una alianza de clase maciza a lo largo de los enfrentamientos sociales, y de allí harán madurar la situación a una situación revolucionaria que permita a la clase obrera tomar el poder.

"La lucha por el poder para los reformistas que dominan en los partidos obreros, está postergada, y la tarea más importante para ellos, como dice Luis Corvalán, es ganar las elecciones en 1976. Por eso sólo les interesa democratizar el aparato estatal y darle cierto grado de participación a la clase obrera y al pueblo.

"De manera que por razones de programa, como por tareas de acumulación de fuerzas, se hace necesario el poder popular independiente del gobierno y alternativo al Estado burgués. Es el propio reformismo obrero el que obliga a levantar políticas revolucionarias que desarrollen la fuerza de las masas".

AUGUSTO CARMONA A.


Lucha obrera

CONTROL OBRERO DE LA DISTRIBUCIÓN

EL esfuerzo de diversos núcleos de trabajadores, especialmente de las empresas incorporadas al área social, por levantar y a veces duplicar la producción y el hecho de que esta sobrecuota de producción pase en un altísimo porcentaje al "Mercado Negro", constituye una de las mayores contradicciones del momento económico. La deficiencia deriva, para los mismos trabajadores, de la ausencia de control obrero en los mecanismos de distribución y comercialización de los productos que ellos elaboran.

En ese cuadro, el caso textil constituye uno de los ejemplos más reveladores. Dirigentes sindicales calculan que un sesenta por ciento de la actual producción nacional de géneros pasa directamente a las operaciones de reventa, en las cuales los comerciantes cobran al pueblo, en géneros o productos de confección, hasta el cuádruple del valor real de la mercadería. El hecho fue extensamente analizado en un encuentro interno realizado por los dirigentes del Comité de Producción, de Administración, Planta de Relaciones Laborales y un representante por cada quince trabajadores del Sindicato Industrial Sumar Polyester —una de las cuatro plantas de ex-Sumar— y en la que laboran mil cien obreros.

CONTROL OBRERO EN LA DISTRIBUCIÓN

Durante el encuentro y dividido en comisiones, los trabajadores revisaron la labor realizada durante el año, los éxitos —como la duplicación de la producción— y los errores cometidos, y trazaron las líneas fundamentales de una futura acción política. Estas líneas serían propuestas a nivel de toda la empresa —abarca otras 3 plantas: algodón, nylon y sederías— en una próxima asamblea general o Encuentro Textil.

En el conjunto de proposiciones, dos sobresalieron por los debates y proyecciones que suscitó su anuncio: el papel de los trabajadores en la política de distribución y control de precios y el papel del sindicato en el actual proceso socio-político.

En el segundo punto, existe consenso unánime en terminar con el actual sistema de distribución que deja liberado a través de OCENDIT al arbitrio de los comerciantes, los precios que pondrán a las cuotas que le son entregadas. Los obreros textiles proponen que se continúe distribuyendo a las industrias privadas de confecciones o venta siempre que en ellas operen comités de vigilancia obrera. Paralelamente que los excedentes de producción vayan directamente a las organizaciones populares, como las JAP. En las prolongadas sesiones de este encuentro interno, los trabajadores insistieron en la incongruencia de que las empresas del área social creadas en beneficio popular estuvieran, por efectos del anterior mecanismo, produciendo artículos que, en definitiva, benefician a los estafadores del pueblo. En esa instancia buscaron otros frentes laterales como el reforzamiento de plantas de trabajadores-inspectores —muchos de los cuales ya hicieron los cursos respectivos— para entrar a fiscalizar la venta de los productos.

Del período de sistema capitalista que imperó desde la creación de la industria Sumar, hasta su acceso al área social, quedaron "reglas de juego" que han debido ser paulatinamente derrotadas y variadas. Una de esas reglas fue el papel que se intentaba atribuir como rol específico de un sindicato.

Hugo Valenzuela, presidente del Sindicato Industrial Sumar Polyester, analizó ese aspecto en conversación con PUNTO FINAL:

—Cuando recién se instaló la planta existía consenso de que la política no podía intervenir en el sindicato, que no se podía "meter" política. Sin embargo, el tiempo fue demostrando que aquellos que propugnaban esta idea, lo hacían intencionalmente. Es decir, utilizaban contradictoriamente ese argumento para imponer o beneficiar sus criterios, contrarios al interés de los trabajadores.

Durante el encuentro, PUNTO FINAL escuchó otros pronunciamientos similares en su objetivo:

"—El papel del sindicato es político, es ideológico. El sindicato debe interpretar y orientar el momento político, debe explicar a los miembros este momento y el proceso".

Y el momento político es de movilización obrera, de alerta y de ofensiva revolucionaria, a juicio de los mismos dirigentes.

—La paciencia de los trabajadores —recalca Hugo Valenzuela— se acaba. Y esta es más que una frase. Corresponde a la realidad. Ya no es hora de diálogo, ni de mano blanda. Es hora de mano dura.

A juicio del dirigente sindical, la hora del diálogo ya pasó.

—El principal error de este gobierno es haber utilizado la mano blanda. El ministro del Interior ha dicho que se aplicará "mano dura" y se debe aplicar a los golpistas de "Patria y Libertad". Se debe pensar que si hubiera un gobierno derechista, ya estarían encarcelados los dirigentes obreros, estarían presos compañeros socialistas, compañeros del MIR, compañeros de todos los partidos políticos de izquierda. No habría mano blanda para quienes defendieran los intereses del pueblo.

La disposición del trabajador de defender el proceso existe y es fuerte. Hugo Valenzuela desmiente categóricamente a quienes sostienen que ha producido una desmovilización de la clase trabajadora después de octubre en que repunto con signos claros de organización y de empuje:

—Nosotros —reitera— estamos dispuestos a salir a la calle. Nosotros no nos hemos desmovilizado. Hemos salido y seguiremos saliendo. Pero nosotros tenemos conciencia de que no puede ocurrir de nuevo que haya víctimas de la clase trabajadora.


Planteamiento

ATEÍSMO ANTIMPERIALISTA: CAMINO PARA CRISTIANOS

“Hace casi exactamente mil seiscientos años que un peligroso partido de subversión provocó una gran conmoción en el Imperio Romano. Minó la religión y todos los fundamentos del Estado; negó radicalmente que la voluntad del César fuese la ley suprema; era un partido sin patria, internacional; se propagó por todos los países del Imperio, desde la Galia hasta el Asia y traspasó las fronteras imperiales. Durante mucho tiempo llevó a cabo una agitación secreta, subterránea; pero ya hacía años que se sentía lo bastante fuerte como para mostrarse abiertamente a la superficie. Aquel partido de subversión, conocido con el nombre de cristiano, tenía una fuerte representación en el ejército; había legiones enteras compuestas por cristianos. Cuando se ordenaba a estas legiones que asistiesen a los sacrificios rituales de la Iglesia pagana establecida para rendir los honores, los soldados rebeldes tenían la audacia de ostentar emblemas propios —las cruces— en sus cascos, en signo de protesta.”

Federico Engels. Introducción a "Las luchas de clase en Francia".

CUANDO el imperio romano entra en crisis y empieza a derrumbarse, surge el culto al emperador. El emperador se declara dios y exige que todos sus súbditos le adoren. La sacralización del imperio no es la consecuencia de un delirio de grandeza o un arrebato de orgullo o vanidad por parte del César. La sacralización del imperio era una necesidad política para un imperio amenazado y en vías de descomposición. La adoración del César era un acto de sumisión política a un sistema de dominación. La sacralización y la conservación del imperio romano respondía a un mismo interés político.

Cuando los cristianos del siglo primero afirmaban su fe en el hombre Jesús como el único Dios, ésto tenía necesariamente una dimensión política. Era un acto subversivo contra el César. Se quitaba al César su condición divina. Se quitaba al César su legitimación ideológica. Se abría un camino a la revolución. Las masacres continuas de cristianos eran así necesarias desde un punto de vista político. Los cristianos significaban un peligro real para el imperio romano. La fe de los primeros cristianos ponía directamente en crisis el sistema de dominación imperante. El cristianismo surge en contradicción con el imperio romano. Engels da en el clavo cuando describe la comunidad primitiva de los cristianos como "un peligroso partido de la subversión". El cristianismo "minó los fundamentos del Estado" y los signos cristianos eran "signos de protesta".

Este espíritu rebelde y subversivo de los primeros cristianos se sintetiza en la frase del evangelio: "Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". La religión dominante del imperio daba al César lo que era de Dios y daba a Dios lo que era del César. Convertía al César en un Dios y a Dios en un César. Con estos se sacralizaba el sistema de explotación y se transformaba a la religión en una religión imperial de dominación. El César era el símbolo supremo del sistema esclavista de dominación. La revolución de los esclavos implicaba necesariamente la desacralización del César. La fe de los primeros cristianos era la fe de los esclavos, de los explotados, los pobres y de todos los aplastados por el régimen imperial del César. La fe en Cristo implicaba un acto de rebeldía contra la explotación del sistema. El cristianismo, a partir del Siglo IV, va a traicionar radicalmente, en sus expresiones institucionales oficiales esta dimensión del cristianismo primitivo.

LOS DIOSES IMPERIALES DEL CAPITALISMO

Hoy asistimos también a un proceso de sacralización de la institucionalidad burguesa de explotación. Se sacraliza el Estado, la propiedad privada, el capital, las leyes, los tribunales, las universidades, etc. Son los nuevos dioses del imperio. El sistema de dominación se presenta en la conciencia con cualidades divinas. La revolución socialista se presenta, a la conciencia burguesa, como un acto de profanación irreverente. El sistema capitalista se presenta como un Dios supremo, omnipotente, intocable, eterno e inmutable. Rebelarse contra el sistema es como rebelarse contra Dios. Se infunde en las masas un temor religioso reverencial frente a los sumo-sacerdotes del templo capitalista: los jueces, los honorables, los altos burócratas, los catedráticos, los profesionales. Ellos dominan el orden divino. Quien los ataca incurre en castigos terribles. Su amistad asegura estabilidad y prosperidad. Se infunde en el pueblo explotado el terror religioso: "Hay que estar bien con los de arriba. . .". "No hay que irritar al patrón .. .". "La rebeldía trae desgracias . . .". "No hay que ser soberbio, hay que contentarse, no sea que Dios nos castigue . ..". etc. etc.

PODER POPULAR CONTRA LOS ÍDOLOS DEL CAPITALISMO

Los pobres y explotados empiezan hoy, como los primeros cristianos, también a rebelarse contra este "orden divino capitalista". La lucha del pueblo es anti-idolátrica, es una lucha contra los falsos dioses del capitalismo. Cuando los trabajadores organizados se ponen de pie y se toman una fábrica, un fundo o un terreno, están en su misma praxis, atacando al dios de la propiedad privada. El dios cae y no pasa nada, se pierde el miedo y el temor reverencial. Cuando un grupo de vecinos organiza nuevas formas de justicia popular, se desacraliza y se viene al suelo la diana capitalista de la justicia. Cuando se organizan nuevas formas de distribución y vigilancia, caen los falsos dioses del "orden" y la "ley" burguesa. Cuando el poder popular presiona sobre la burocracia, sobre las escuelas y las universidades, sobre los fundos y las fábricas, el pueblo destruye en su misma praxis todas las falsas mistificaciones y los falsos dioses. El pueblo comienza a dar al César lo que es del César y no da al César lo que es de Dios. El pueblo empieza, en su misma praxis revolucionaria, a desacralizar la institucionalidad burguesa y a rebelarse contra ella.

LUCHA REVOLUCIONARIA, LUCHA CRISTIANA

Los cristianos revolucionarios comienzan a entender que en la praxis revolucionaria de los pobres y explotados contra el poder burgués ellos reencuentran su propia identidad. En esta praxis anti-ideológica, en este ateísmo anti-capitalista y anti-imperialista los cristianos redescubren su fe evangélica. A partir de la lucha de clases, los cristianos redescubren el significado político de su fe. Su fe en Cristo implica necesariamente la destrucción de los falsos dioses del capitalismo. Los cristianos se afirman como cristianos en la guerra a muerte contra el orden y el poder burgués. Pero esta lucha no es voluntarista. anarquista o espontaneísta. Es una lucha organizada y consciente. El poder burgués se destruye creando poder popular y esto exige táctica y estrategia. La historia tiene sus leyes y el pueblo trabaja con sus vanguardias políticas. Es el protagonista de la historia. Los cristianos revolucionarios ven la lucha del pueblo en la línea de su fe evangélica y no en oposición a ella. La fe cristiana encuentra en la lucha contra el sistema capitalista de dominación la posibilidad histórica de su realización.

PABLO RICHARD G.


Lucha obrera

SEÑOR JUEZ: LAS FÁBRICAS NO SE DEVUELVEN

“ESTAMOS conscientes de que los patrones, recurriendo al Poder Judicial quieren impedir a toda costa la formación del área social, como parte de esta nueva escalada contra los trabajadores". Con estas palabras, uno de los dirigentes sindicales de Hilandería Andina enjuició el fallo de la Corte Suprema, que el 8 de mayo ord'enó que debía procederse de inmediato a la cancelación del valor de la industria o, en su defecto, devolverla a sus antiguos propietarios. La Corte reajustó la indemnización en un 100 por ciento del monto fijado primitivamente, demostrando como se esmera en velar por los intereses de los capitalistas. Pero con esto no hacía más que calentar al rojo la guerra que declararon los jueces a los trabajadores, desde que decidieron tomar partido aplicando medidas precautorias contra las empresas intervenidas.

Los trabajadores no están dispuestos a someterse a la medida judicial: "Todos los trabajadores de Andina, incluso los que no están en la UP, están decididos a no entregar la industria y a no permitir que se pague un peso por ella", declaró a PF el presidente del sindicato industrial, Haroldo Leiva.

El 29 de mayo, los trabajadores de Tejidos Caupolicán, de la planta Chiguayante, realizaron una asamblea de todo el personal donde decidieron rechazar otro fallo de la Corte Suprema, que declaró ilegal la requisición de la empresa, e igualmente ordenaba su devolución.

"Los patrones se lanzaron contra Hilandería Andina y otras industrias del área social, desconociendo los decretos de insistencia, desconociendo la legalidad del gobierno de Allende, porque lo que ellos quieren es acabar con el gobierno y detener este proceso. Pero eso no lo vamos a permitir jamás", expresa Haroldo Leiva en sus declaraciones a PF.

Por otra parte, cuando fue intervenida la industria Mademsa, sus propietarios (el clan financiero "Los Pirañas") advirtieron a través de avisos en "El Mercurio" que no entregarían la empresa, y por consiguiente no venderían acciones al gobierno. Inmediatamente presionaron a la Contraloría para que rechazara los decretos d'e Intervención y recurrieron a los tribunales con el objeto de que concedieran medidas precautorias contra los interventores.

Lo consiguieron, y el primer interventor de Mademsa, Raimundo Beca (PS) sufrió las consecuencias antes de abandonar el cargo. Beca debió tomar en sus manos la administración de la empresa, pasando por encima de la medida precautoria, porque el gerente que estaba operando por efecto de dicha medida, no acató las instrucciones del interventor como le correspondía hacerlo legalmente. Es entonces cuando entra a tallar la Contraloría, la que finalmente emite un dictamen el 10 de mayo último declarando ilegal lo actuado por Beca en el plano administrativo. A consecuencia de ello, el dictamen señala que el gobierno "tiene la obligación de devolver la industria".

"Queda comprobado una vez más que la Contraloría echa mano de cualquier tinterillada, por burda que sea, con tal de actuar en favor de la clase dominante y, por lo tanto, en contra de los trabajadores. ¡Y de este tipo de gente quieren que dependa el destino de los trabajadores! La Justicia y la Contraloría pueden determinar lo que quieran, pero no hay uno de los dos mil trabajadores de Mademsa que esté dispuesto a devolver la industria a los patrones", señaló a PF el presidente del sindicato industrial de esa empresa, Domingo Cansino.

Será difícil que las empresas logren algún resultado presionando al gobierno con el poder judicial, porque la salida no depende únicamente de su consentimiento. Difícilmente, el gobierno acatará esos fallos (lo cual significaría quebrar la resistencia proletaria con medidas represivas), estando de por medio la voluntad en contra de los obreros. Más aún, la posición de los trabajadores ha llegado a determinar la actitud del gobierno, como se vio en las indicaciones que ampliaron el "proyecto Millas" sobre el área social. Los obreros han desarrollado poder propio para gravitar en la pelea por la posesión de las fábricas, y es con ellos con quienes tendrá que vérselas la burguesía en última instancia. "Aunque el propio gobierno quisiera devolver Mademsa, se encontraría también con todos los trabajadores de esta industria para impedírselo”, dice Domingo Cansino. "Incluso los democratacristianos que votaron en contra de la intervención, declararon que no piensan entregar la empresa", agregó el dirigente.

En la Hilandería Andina, los trabajadores recurrieron al Cordón Vicuña Mackenna en busca de apoyo. Es en esos organismos de poder comunal de los trabajadores donde está la fuerza. La ofensiva del Poder Judicial contra los obreros no está golpeando a grupos aislados. Marta Miranda, delegada de la Hilandería ante el Cordón Industrial, expresó a PF que "todos los trabajadores del sector están dispuestos a movilizarse en cualquier momento en defensa de la fábrica, y ya lo han demostrado antes con otras industrias amenazadas".

Los antiguos empresarios de Mademsa no renovaron los stocks de materia prima y paralizaron las faenas después de la elección del presidente Allende, lo que determinó la intervención. Los trabajadores de Mademsa señalan que en el segundo semestre de 1962 redoblaron la producción.

En Hilandería Andina, que fue tomada porque sus dueños abandonaron la producción, lograron aumentarla de 40 a 50 por ciento, después de la intervención. Han reemplazado a sus antiguos patrones y se sienten justificados para no devolver las empresas. Sólo desean ganar mayor participación en la dirección de las industrias y controlar la distribución de sus productos, porque "se continúa dependiendo de las decisiones del interventor y los organismos del gobierno" en esas materias.

P. B. I.


Testimonio

Trabajadores de la Salud piden inhabilidad de Frei

Al cierre de esta edición continuaban llegando a nuestra redacción pronunciamientos de trabajadores que apoyan la petición de PF en el sentido de inhabilitar moralmente al senador Eduardo Frei. (En la separata de esta edición ver otras declaraciones de trabajadores y pobladores.

COMPAÑERO Director:

Hemos tenido conocimiento de su petición de inhabilidad del ciudadano EDUARDO FREI MONTALVA, ex presidente de la República y actual senador.

Nosotros, dirigentes de los trabajadores de la Salud, hemos decidido apoyar públicamente la petición de inhabilidad moral de este señor para cualquier cargo de representación popular.

Al igual que el conjunto de los trabajadores chilenos, hemos sido testigos directos de la trayectoria política de Frei. al servicio de las grandes empresas monopólicas nacionales y extranjeras, primero en su calidad de abogado y periodista, más tarde como parlamentario y, finalmente, desde su cargo de presidente de la República, al que llegó gracias a los generosos aportes monetarios de sus patrones norteamericanos, como Ud. lo demuestra claramente en su petición.

Compañero Cabieses, ningún chileno desconoce el trato que este señor nos dio a los trabajadores cuando nosotros, ahogados por la feroz explotación capitalista y sus consecuencias de miseria económica y social, iniciábamos una lucha en defensa de nuestros más legítimos derechos a una vida digna de seres humanos. Allí está la sangre heroica de obreros, campesinos, estudiantes, pobladores; la sangre luminosa de hombres, mujeres y niños, que durante el mandato de Frei corrió en abundancia a lo largo y a lo ancho de nuestra patria; allí está la presencia silenciosa de los caídos, de los maltratados, de los lisiados, de los torturados, de los ofendidos, para recordarnos una y otra vez cuál es la esencia doctrinaria de este "demócrata".

Los trabajadores de la Salud, también tuvimos la desgraciada oportunidad de sentir en carne propia el efecto de los principios humanistas cristianos que llevó a la práctica el señor Frei durante su período: en el mes de diciembre de 1966, nuestra Federación (FENATS) planteó ante las autoridades de ese gobierno la necesidad de atender las peticiones reivindicativas de nuestro gremio, uno de los sectores peor pagados de la administración pública. Desde luego que el gobierno de Frei rechazó de plano nuestras peticiones, entablándose un conflicto del cual guardamos grandes recuerdos acerca de la vocación democrática de Frei: la más brutal represión, encarcelamiento de nuestros dirigentes, la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, el intento de dividir nuestra organización, la más feroz campaña de desprestigio a través de la prensa reaccionaria, etc. Después de estar aproximadamente veinte días enfrentando la represión, la noche de Pascua el gobierno de Frei nos regala con una limosna de un préstamo de E̊ 150 y con algunas facilidades para el descuento de los días en huelga. Triste Navidad en los hogares de miles y miles de trabajadores de la Salud.

Durante el resto de su mandato, Frei manifestó un completo desprecio por los trabajadores y las autoridades a él subordinadas se mantuvieron ajenas al sentir de las bases de nuestra Federación, negándose al diálogo y empeñándose por crear organizaciones fantasmas con el vano intento de dividir y destruir nuestra organización gremial.

Más tarde, poco antes de finalizar su mandato, nuevamente los trabajadores de la Salud debimos iniciar un movimiento reivindicativo, cuando el gobierno de Frei se negó a escuchar a nuestros dirigentes. Nuevamente se repitió el ritual represivo de su gobierno reaccionario: brutales apaleos por el Grupo Móvil a hombres y mujeres en las calles de Santiago y otras ciudades, centenares de trabajadores detenidos, encerrona en la Dirección General del SNS por matones del PDC contra hombres y mujeres, dejando como resultado decenas de heridos y el compañero Luis Ramírez D., trabajador del Hospital San Borja, a las puertas de la muerte, procesamiento a los dirigentes ante los Tribunales de Justicia, etc. Después de prolongarse por más de 25 días el paro, el gobierno de Frei firmó un acta en que reconocía la justicia de nuestras peticiones.

Lo anteriormente señalado demuestra la concepción que tiene el señor Frei de lo que es la dignidad humana, del papel de un gobernante como defensor de un sistema de explotación de clase, como defensor en definitiva de los grandes intereses económicos de capitalistas chilenos y extranjeros. Es esta cuestión en definitiva la que explica su actuación política, su ligazón con los clanes financieros nacionales y extranjeros.

Por ello es que coincidimos con Ud., compañero Cabieses, en que este señor está inhabilitado moralmente para ejercer un cargo de representación popular, para representar a los mismos que durante su gobierno persiguió, reprimió, despreció. Queremos señalarle nuestro completo respaldo y apoyo en su petición. Entendemos que la composición del Parlamento y su carácter de instrumento de dominación no nos permite abrigar esperanzas con respecto al resultado de la petición, sin embargo cumplimos también con un imperativo de conciencia".

Fraternalmente,

GERMÁN MORENO FUENZALIDA, Dirigente Nacional FENATS.
OCTAVIO TAPIA HERRERA, Dirigente Asociación Posta Central.
ABEL SEPULVEDA PÉREZ, Dirigente Asociación Posta Central.
CARLOS HENRIQUEZ GÓMEZ, Dirigente Asoc. Reemplazantes Posta Central.
CARLOS CORDOVA, Secretario Asociación Hospital Sótero del Río.

EL CASO DEL SR. FREI

Compañero Director:

Sinceras y efusivas felicitaciones se merece Ud. por su altivo gesto de solicitar que el Senado de la República juzgue a Eduardo Frei Montalva, el "hombre de Washington" como Ud. le llama, por sus implicancias en los sucesos promovidos por el imperialismo yanqui y la ITT al tratar de impedir que el presidente Salvador Allende asumiera el mando.

Mucho se ha dicho y se dice en contra de estas implicancias del Sr. Frei, implicancias que son negadas furibundamente por sus partidarios, vale decir, los adversarios del gobierno popular, y sobre las cuales, algunos prohombres de la izquierda chilena tratan de tender un piadoso manto y esto es realmente triste.

El propio presidente Allende ha repudiado la actitud suya y las publicaciones contra Frei que algunos valientes voceros periodísticos han hecho basándose, sin duda, en hechos que causaron resonancia mundial y de los cuales hay clara y perenne constancia en los documentos de la ITT que han sido difundidos ilimitadamente.

¿Qué se gana con ello? Nada práctico ni constructivo como no sea el querer aparecer indulgente y generoso con la conducta de un hombre que, tal como Ud. lo ha dicho, estaría inhabilitado moralmente para ejercer el cargo de senador.

A su anterior pecado el Sr. Frei ha agregado otro: su cerrado silencio ante lo que de él se dice en los Documentos de la ITT y lo que salió a luz en la investigación pública llevada a cabo por el Senado y la prensa de los Estados Unidos. Diríase que el Sr. Frei no halla qué responder, o bien, mira con indiferencia o desprecio lo que el pueblo de Chile piense de él.

Ya es hora de que en nuestro país se termine con una mala costumbre que nos ha perjudicado mucho: esa estólida bondad que nos hizo aparecer tan olvidadizos e indulgentes con Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri Rodríguez, su padre, Arturo Alessandri y, ahora, con Eduardo Frei.

Baste recordar que Ibáñez en la elección presidencial de 1952 obtuvo una aplastante mayoría de votos después de su oprobiosa dictadura de 1927-31; Arturo Alessandri volvió a ser presidente de la República después de tantas masacres de obreros, campesinos y estudiantes; Jorge Alessandri fue nuevamente candidato a la Presidencia a pesar de las masacres que ordenó y de su fría insensibilidad como Mandatario 1958-64, y por último Eduardo Frei sale elegido senador por Santiago con alta votación no obstante su fama de cruel masacrador (El Salvador y Puerto Montt) y su aparición en los siniestros planes de la ITT contra Chile y su pueblo.

Esta norma de conducta sólo se presta para confusiones y desorientación. Nada sacamos con no sancionar las veleidades y villanías de los políticos. Una perfecta democracia no puede consentirlo.

CARLOS PEREGRIN
Chillán


Reportaje

¿ES POSIBLE AVANZAR PARA ATRÁS?

LOS MINISTROS que deberán abandonar sus cargos en el gabinete del presidente Salvador Allende son las "bajas" más inmediatas pero menos sorpresivas, tras el conflicto del mineral de cobre El Teniente que ya entraba a su séptima semana.

En Santiago, el Parlamento se dispone a dar luz verde para las acusaciones constitucionales contra los Ministros del Trabajo y Minería. En Rancagua, que es como la entrada a uno de los complejos cupreros más grandes del mundo, los Tribunales de Justicia inician su acción contra más de cincuenta detenidos por infracciones a la Ley de Seguridad Interior.

De este modo, los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— aparecen envueltos en la avalancha que se precipitó desde el yacimiento cordillerano cuando el 19 de abril estalló la huelga. La paralización de la mina que por más de medio siglo explotó la Kennecott Copper Corporation es más desastrosa que cualquier avalancha o rodado. Algunos cálculos indican que las pérdidas para el país sobrepasan los 20, los 30 o incluso los 40 millones de dólares.

Por eso, al proyectar el asunto en función de lo que represento la nacionalización del cobre concretada hace veintidós meses, los protagonistas de este conflicto aparecen en una posición insólita. Tan insólita como la inconsciente actitud de aquellos choferes de microbuses que, volviendo el rostro hacia el pasillo repleto de pasajeros, lanzan su conocida y contradictoria letanía:

—Señores, avancen... Avancen para atrás...

PUERTA DE ESCAPE

Y así como el pasajero que se va deslizando por el pasillo del vehículo descubre que efectivamente la puerta de salida está allá atrás, la oposición recurrió en su última ofensiva a la ya conocida maniobra de las acusaciones constitucionales.

Paralizar todo el cobre fue la meta que surgía en el horizonte cuando la Democracia Cristiana y los grupos de derecha consiguieron desatar la huelga en El Teniente. Pero a mediados de mayo esos intentos habían fracasado. Chuquicamata, El Salvador, La Exótica y Andina siguieron trabajando sin aceptar las insinuaciones de "solidaridad gremial". Los obreros de El Teniente aceptaron la fórmula del gobierno y comenzaron el reintegro paulatino a sus labores. La zonal de sindicatos de esa empresa nacionalizada virtualmente se quebró cuando tres de sus cinco dirigentes máximos renunciaron a sus cargos. La violencia del sector que persistía en el conflicto se extendió por las calles de Rancagua como una secuela de descontrol.

Y mientras el mineral lentamente entraba al período de convalescencia luego de su larga enfermedad, surgió la vieja herramienta: destituir a Luis Figueroa, Ministro del Trabajo, y a Sergio Bitar, titular de la cartera de Minería.

Esta semana, como en tantas otras oportunidades, la Cámara de Diputados aprobará el libelo acusatorio con los votos favorables del Partido Nacional y la Democracia Cristiana. Lo mismo hará después el Senado. Y lo único novedoso en esta oportunidad será el aparente origen de la acción derechista. A diferencia de las anteriores, esta destitución de autoridades gubernativas, tuvo su nacimiento en una asamblea de trabajadores huelguistas celebrada en Rancagua.

Frustrada en sus intentos de detener todo el cobre y de reeditar por allí lo que fue el paro de octubre, la oposición encontró una salida honrosa.

Pero por la puerta trasera del pasillo.

SOLIDARIDAD GROTESCA

Después que los cuatro sindicatos industriales de El Teniente aprobaron el reintegro de los obreros al trabajo a partir del 7 de mayo, una ola de solidaridad creció en favor de los empleados que mantenían la huelga. A la cabeza de ese apoyo desinteresado y esa muestra de sensibilidad social aparecieron los más recalcitrantes grupos del conservantismo criollo: el Partido Nacional, la Democracia Cristiana con sus estudiantes secundarios, la secta Patria y Libertad con sus "heroicos" muchachos que se tomaron el local de los trabajadores del cobre en Santiago, el Colegio Médico, los empresarios transportistas de León Vilarín, los comerciantes de Rafael Cumsille, el Frente Universitario Libre de Edgardo Boeninger, el Canal Trece del Padre Hasbún, la radio Agricultura de Benjamín Matte ... y hasta los propios supervisores del cobre que sin embargo no se atrevieron a declarar una huelga de apoyo.

El presidente de la zonal El Teniente, Guillermo Medina —cabeza visible de este movimiento—, debe haberse sentido incómodo con estos aportes de ayuda material y espiritual. Medina, que se define como independiente de izquierda y que hasta hace un mes y medio mostraba públicas simpatías por el socialismo, pudo preguntarse como tantos obreros y empleados de El Teniente: ¿Alguna vez antes estos sectores acudieron en auxilio de los trabajadores del cobre en tiempos de la represión... ? ¿Cuál fue la solidaridad de estos grupos cuando allá mismo en El Teniente se produjo la catástrofe del 19 de junio de 1945 que dejó decenas de muertos en los días de la Kennecott...? ¿Cuál fue el respaldo moral o real de estas corrientes democráticas cuando treinta obreros de Chuquicamata cayeron para siempre en agosto de 1967, bajo el reinado de la Anaconda...? ¿Dónde estuvo la mano de estos gremialistas cuando el gobierno de Eduardo Frei masacró a los obreros de El Salvador el 11 de marzo de 1966...?

Por aquellos días trágicos de la matanza de seis mineros y dos de sus mujeres, el mundo del cobre realizaba una huelga de solidaridad con El Teniente, donde el conflicto duraba ya tres meses. El gobierno demócratacristiano era socio con las compañías extranjeras. El Ministro de Minería, uno de los artífices de esa sociedad, era Alejandro Hales.

Hoy, numerosos dirigentes sindicales de El Teniente —quizás sin quererlo— son socios de aquellos que antes nunca los miraron de frente. Y el asesor legal de la zonal que preside Guillermo Medina en este conflicto tan lleno de contrasentidos es un brillante abogado.

Se llama Alejandro Hales.

También estos dirigentes sindicales, como la oposición, pretendieron avanzar... retrocediendo.

COBRE Y GUERRA CIVIL

Si resulta sorprendente está mezcla de intereses antagónicos empujando el carro de la huelga de los empleados de El Teniente, también fue en cierto modo inesperado que Chuquicamata no se hubiese plegado al movimiento. El tajo abierto de Antofagasta es el más conflictivo de los cinco yacimientos nacionalizados y desde hace dos meses se viene agitando allí la idea de un paro general.

Ya el año pasado hubo en Chuquicamata 94 paros seccionales y desde enero hasta hoy ya van más de 30, con una pérdida para el erario nacional que supera los 22 millones de dólares. De ahí que, cuando hace tres semanas se votó la posibilidad de una huelga en apoyo del sector profesional de El Teniente, los dirigentes de la izquierda y las autoridades de gobierno se prepararon para lo peor. Estas dos minas representan en conjunto las tres cuartas partes de la producción total de cobre en el país. Y el metal rojo significa para los chilenos más del 70% de sus ingresos por exportaciones de materias primas.

La huelga fue rechazada en Chuquicamata por escasos 89 votos. Pero a fines de la última semana la oposición insistió en su tentativa. Bernardino Castillo, demócratacristiano y presidente de la zonal de sindicatos nortinos se vino a la capital. Trató de obtener una audiencia privada con el presidente Allende. Y cuando en eso estaba le llegó una carta firmada por el vicepresidente de la zonal, el comunista Isidoro Alvarez:

—Compañero Castillo —dice esa nota—: La derecha sólo está esperando producir y ahondar la división entre los trabajadores, para desatar la guerra civil. No nos prestaremos a ello. No paralizaremos. Esperamos que usted y sus compañeros mediten su responsabilidad.

Esta esperanza de Isidoro Alvarez tenía un precedente como punto de apoyo. Ya la Democracia Cristiana y el Partido Comunista habían logrado acuerdos positivos para estructurar las nuevas directivas sindicales después de la elección celebrada en febrero.

PRONTUARIO VIOLENTO

Pero la violencia, que para muchos es como la antesala misma de la guerra civil, surgió precisamente de los sectores que persistían en mantener el conflicto de El Teniente tras los cuales estaban las manos de la derecha, la Democracia Cristiana, Alejandro Hales, los gremialistas y Guillermo Medina. La siguiente es una breve cronología de aquellos episodios:

7 de Mayo: Se reintegran a sus labores los obreros de El Teniente, tras el acuerdo de sus cuatro sindicatos que aprobaron la fórmula de solución.

8 de Mayo: Empleados —y también obreros— se toman los caminos de acceso a las faenas, apedrean buses e impiden de hecho la subida a la mina del segundo turno.

9 de Mayo: Empleados —y también obreros— chocan con la policía en Rancagua y se apoderan de las oficinas de El Teniente. En la madrugada del día siguiente abandonan el local después de insistentes pedidos de Guillermo Medina.

10 de Mayo: El Gobierno decreta el "Estado de Emergencia" para la provincia de O'Higgins y designa como jefe de la zona al teniente coronel Christian Ackernecht. En Santiago Guillermo Medina califica esta medida como "un burdo engaño a los trabajadores...".

17 de Mayo: Los dirigentes de la zonal El Teniente se reúnen en Machalí con una comisión mediadora formada por la CUT y la Confederación de Trabajadores del Cobre. Guillermo Medina no concurre a la sesión. Surge el rumor de que ha sido asesinado. Pero la policía civil lo ubica en el departamento 103 del edificio de la caja de empleados particulares de Rancagua.

—No estoy de acuerdo con la comisión mediadora— responde cuando se le consulta por qué no asistió.

La fórmula de arreglo es aprobada en Machalí por 23 votos a favor y cuatro abstenciones. Los once dirigentes de la Democracia Cristiana y otros grupos de la derecha se habían retirado antes de la votación.

21 de Mayo: El Presidente Allende, después de leer su mensaje anual ante el Congreso Pleno, concurre en Machalí a los funerales de Juan Bello Contreras, un obrero de El Teniente que murió cuando se hallaba en su puesto de trabajo. A esa misma hora, en Rancagua, los sectores huelguistas acuerdan pedir la presentación de una acusación constitucional contra los Ministros de Minería y del Trabajo.

22 de Mayo: El Presidente Allende, horas antes de partir a la Argentina, llega a un acuerdo con los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre para buscar un camino de solución integral. Pero en esos precisos instantes, un grupo de mujeres impulsadas por los dirigentes políticos de oposición ocupa las dependencias de Radio Rancagua. A través de sus ondas difunden marchas militares, lanzan consignas contra el Gobierno y entregan las direcciones de los obreros que han vuelto al trabajo.

Uno de esos obreros es atacado con arma blanca. Se llama Marcos Pezoa y es dirigente del sindicato industrial Sewell y Mina. Horas después, en circunstancias similares, cae herido el tesorero del sindicato industrial Rancagua Luis Vergara.

23 de Mayo: Dirigentes de Chuquicamata y El Salvador se disponen a viajar a Rancagua en la gestión mediadora acordada con el Primer Mandatario. Pero la emisora sigue tomada, pese a que la zona está bajo la autoridad militar. Estudiantes secundarios encabezados por el demócratacristiano Miguel Salazar se concentran en la Plaza de Armas, no obstante hallarse prohibidas las manifestaciones de este tipo por el teniente coronel Ackernecht...

Después de su concentración, los muchachos rompen los cordones policiales. Llegan hasta el local del Partido Socialista. Insultos... Pedradas... Disparos... Enardecidos los estudiantes queman dos automóviles frente al edificio... Uno de los jóvenes es alcanzado por las llamas... Y otras ocho personas resultan también heridas en el incidente.

En ese momento, el teniente coronel Ackernecht decide poner orden. La sede socialista de Rancagua es allanada. Treinta de sus dirigentes caen detenidos y contra ellos se inicia un proceso por Ley de Seguridad Interior. Entre los estudiantes no hay detenciones. Tampoco se sabe quiénes fueron los que incendiaron los automóviles.

Y la radio sigue tomada.

24 de Mayo: El Gobierno refuerza la dotación militar en la provincia de O'Higgins y designa como jefe de ella a un oficial de mayor graduación: el coronel Orlando Ibáñez.

Una patrulla del Ejército es atacada en las afueras de la ciudad por elementos que tienen en su poder la planta transmisora de radio Rancagua. Todos los civiles —40 en total— son detenidos. En su poder aparecen armas, bombas, dinamita y otros explosivos. También serán procesados por Ley de Seguridad Interior.

25 de Mayo: Estudiantes secundarios manejados por la oposición vuelven a enfrentarse con la fuerza pública en Rancagua. Hay barricadas y fogatas. Dieciséis personas pasan a engrosar las filas de los detenidos. Ocho buses con obreros que van al trabajo son apedreados. El local de las Juventudes Comunistas sufre sucesivos apedreamientos entre las dos y las cinco de la tarde.

Y en el Diario Oficial aparece el Decreto que ordena la Reanudación de Faenas para El Teniente.

26 de Mayo: Empleados de las oficinas de Chuquicamata en Santiago se toman el edificio de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Cuando son desalojados, se descubre que sólo 8 de ellos eran funcionarios de la compañía cuprera. Los restantes, con nombres y apellidos, son militantes de la secta Patria y Libertad.

27 de Mayo: Llega a Rancagua una original marcha de solidaridad, organizada por la Juventud Demócrata Cristiana.

28 de Mayo: Para ser más originales, los jóvenes del Partido Nacional también envían su marcha a la ciudad heroica.

29 de Mayo: Cuatro de estos Jóvenes tratan de incendiar la tienda Scapini de Rancagua, como prueba de solidaridad con el sector huelguista. Son descubiertos a tiempo por la policía y horas después se allana la sede del Partido Nacional, donde caen otros diez detenidos. También aparecen armas, linchacos, bombas caseras y, naturalmente, dinamita.

30 de Mayo: El Partido Nacional, agraviado y ofendido, anuncia una acusación constitucional contra el Intendente de O'Higgins, Luis Baeza. Se produce un muerto cuando una patrulla militar abre fuego contra una camioneta cargada de fascistas que intenta impedir que un bus con obreros suba al mineral.

Cuando termina el mes todavía no hay avances en la búsqueda de un arreglo.

EL GOBIERNO

Al finalizar la semana última, el decreto de reanudación de faenas no había surtido los efectos que se anunciaron: la normalización de las faenas de El Teniente no era total, sino paulatina.

La Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre, dirigida por militantes de la Unidad Popular, expresó su "enérgico rechazo" al decreto gubernativo, fundamentando esta decisión en cuestiones de principios. Lo mismo hizo el sector en huelga.

Una gestión mediadora anunciada por dirigentes de la Confederación de Empleados Particulares de Chile fue desautorizada en los medios gubernativos. Un alto personero dijo al respecto:

—No habrá más mediaciones ni nuevas fórmulas del gobierno.

En tales circunstancias, el conflicto de El Teniente entró a una etapa que parece ser definitiva: El reintegro al trabajo, aunque sea paulatino, deberá producirse sobre la base de la fórmula que ya aprobaron los sindicatos de los obreros. (PF. 184).

EL OTRO CONFLICTO

Para algunos representantes de la izquierda —entre ellos el ex senador Raúl Ampuero— la situación de El Teniente trae a la memoria las pasadas luchas de los trabajadores. En tiempos de la Democracia Cristiana los partidos que hoy forman la Unidad Popular se empeñaron en fortalecer la unidad sindical, oponiéndose a los intentos paralelistas del gobierno. Hoy, la estructura sindical de El Teniente aparece quebrada y dividida, en una especie de paralelismo para doblegar la intransigencia de los grupos en huelga.

Para otros personeros izquierdistas, como el profesor Jorge Palacios, todas las huelgas reivindicativas son justas. Y el caso de los empleados de El Teniente no sería una excepción.

Para Guillermo Medina, en la mina de la provincia de O'Higgins "se está escribiendo la historia negra del gremialismo".

Desde el punto de vista legal, el sector en conflicto se apoya en las propias declaraciones del ministro Orlando Millas, de Economía o en artículos del diario "El Siglo" y otros durante la discusión del proyecto de reajuste de sueldos en octubre pasado.

Sostienen los empleados que esa ley —17.713— les aumentó sus rentas vigentes al treinta de septiembre en la misma proporción en que subió el costo de la vida. Si ellos ya habían acumulado un 30,4 por ciento de aumento por el sistema mensual de la escala móvil (PF 184), el gobierno no tenía derecho a descontárselo del reajuste general, porque ese es un beneficio ya adquirido y conquistado desde 1943.

La propia Reforma Constitucional que nacionalizó las minas de cobre establece que las conquistas de los trabajadores se mantendrán.

Frente a esa argumentación, el gobierno responde en términos legales. El ministro de Minería Sergio Bitar asegura que la "escala móvil" se mantendrá como sistema. Lo que ocurre, según señala, es que el gobierno no puede actuar en contra de su propia política económica, otorgando un reajuste sobre otro reajuste.

De este modo, queda en pie el otro conflicto.

El trabajador del cobre quiere seguir en un mundo diferente al de los demás chilenos. Ni su participación en la dirección de las compañías nacionalizadas, ni los desafíos que surgieron tras ese paso revolucionario lograron cambiar de manera fundamental su manera de vivir. En Chuquicamata hay más de ciento noventa secciones, departamentos, super-intendencias y gerencias. El obrero de la fundición de la planta de sulfuros poco es lo que sabe de la maestranza de los servicios generales. Y el minero de El Salvador sólo conoce de oídas lo que pasa allá en los yacimientos del carbón de Lota.

En este sentido no se puede generalizar, pero el caso de El Teniente es un ejemplo significativo. Un ejemplo en el que no bastan los argumentos sobre interpretaciones de leyes. Es insólito caer en la actitud del chofer del microbús.

Hay que avanzar... pero hacia adelante.

ENRIQUE J. FERNÁNDEZ


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02