La Distribución: ¿Tarea de masas o de las FF.AA.?

Suplemento de la edición Nº 182 de PUNTO FINAL
Martes 24 de abril de 1973.
Santiago - Chile

LA DISTRIBUCIÓN
¿Tarea de masas o de las FF.AA.?

Por HÉCTOR SUÁREZ BASTIDAS

EL martes 27 de marzo llegó a su término el gabinete UP-generales, estructurado en la última semana de octubre de 1972. Incluía al Comandante en Jefe del Ejército, general de división Carlos Prats González; al contralmirante de la Armada, Daniel Arellano y al general del Aire, Claudio Sepúlveda. Este triunvirato uniformado se desempeñó cinco meses en las Carteras del Interior, Obras Públicas y Transportes y Minería. El general Prats también ocupó la vicepresidencia de la República por dos semanas. Todos eran cargos claves.

El reemplazo de los Secretarios de Estado con uniforme por personeros políticos hizo pensar —pocas horas— que los miembros de las Fuerzas Armadas retornaban a sus funciones habituales y que la conducción política, económica, administrativa y social del país, en proceso de revolución, volvía integralmente a la responsabilidad de los partidos de la UP y de los trabajadores. Esto, pese a saberse que, de todos modos, importantes puestos o actividades permanecían bajo control de los institutos armados.

El presidente Salvador Allende aclaró la situación el mismo día durante la ceremonia de asunción de los nuevos ministros:

Seguiré contando con las Fuerzas Armadas —enfatizó— fundamentalmente en algunos aspectos que en este instante tienen prioridad en nuestro país.

El mandatario precisó que esas funciones serían cumplidas por las Fuerzas Armadas en actividades de abastecimientos, transportes, industrias estratégicas y planes para fortalecer la seguridad nacional, en estrecha coordinación del gobierno con los Comandantes en Jefe de la Defensa Nacional.

Al día siguiente, el general del Aire, Alberto Bachelet Martínez —Secretario Nacional de Distribución y Comercialización, nombrado por decreto Nº 41, del mes de enero, para ocupar ese puesto con funciones asesoras y fiscalizadoras— fue recibido por el presidente Allende. Al término de la entrevista el general Bachelet anunció que pediría la renuncia a los gerentes y subgerentes de las empresas distribuidoras del complejo estatal, todos civiles. Estos ejecutivos habían sido nombrados por el presidente de la República a proposición y en representación de los partidos de la UP.

Bachelet explicó su propósito de "racionalizar" la distribución de artículos básicos a través de una canasta familiar con 14 a 20 productos. También adelantó que los Almacenes del Pueblo existirían "solamente en los campamentos en que no haya comercio establecido. En el resto, las ventas se harán por los canales normales de distribución". La "canasta popular" ya estaba vigente en campamentos, poblaciones y sectores de bajos ingresos y había derribado a dos gerentes generales de Agencias Graham en un mes. Hubo discrepancias con el Secretario Nacional de Distribución y Comercialización respecto a su forma de distribución. Situación semejante también se había planteado con los Almacenes del Pueblo.

El general Bachelet además anunció haber pedido a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas la designación de seis oficiales "de ciertos grados" para incorporarlos a las tareas directivas de la distribución.

La situación despertó inquietudes y preocupación en sectores populares, especialmente en aquellos donde ya funcionaba la "canasta" o el Almacén del Pueblo. Los trabajadores replantearon que ellos son los más golpeados por el desabastecimiento y por la pérdida de poder adquisitivo, derivado del proceso alcista. Conscientes que en la organización hay un camino hacia el poder y que la distribución de abastecimientos representa una cuota importante de poder, si ella se ejerce bajo control y con participación de la masa, analizaron el problema. En las organizaciones que los mismos trabajadores se han dado —Comités Coordinadores, Comandos Comunales, Consejos Comunales Campesinos y JAP— los asuntos de producción, distribución, comercialización y todo lo que incida en el abastecimiento para el pueblo se discute y se le trazan políticas. Así, en la práctica, habían comprobado lo positivo de un sistema de abastecimiento y distribución, como el representado por la "canasta popular" y los Almacenes del Pueblo, que estaba extendiéndose.

Tras los nuevos planteamientos del general Bachelet, las organizaciones se movilizaron. Lo hicieron en defensa de la política base que lleva al control popular en la distribución y precios de productos esenciales y que fue gestada en octubre del 72 por los propios trabajadores.

La clase trabajadora, en su gran mayoría, ha clarificado que mediante la presión que ejerza a través de sus organizaciones de base, se conducirá el proceso hacia la expropiación de todas las grandes distribuidoras que continúan en manos de los patrones, bajo el control de la burguesía. De este modo, no le resulta comprensible o consecuente que ahora se busque imponer un sistema de distribución de abastecimiento desde la superestructura. Esto significaría marginar a la masa de esa función vital para la economía y desmovilizarla en una acción de tanta importancia en un proceso revolucionario. En ese entendido las organizaciones plantearon la discusión y, en algunos casos, la movilización masiva en defensa de su participación en la política revolucionaria, como es la correcta distribución bajo el control popular directo.

En el lapso de permanencia del gabinete UP-generales se registraron hechos de "suavización" en diversos aspectos del proceso.

Tras el paro patronal de octubre del 72 fueron aceptadas importantes demandas de la "maffia" de los camioneros. Se devolvió CENADI —baluarte distribuidor de la burguesía, desde donde mueve su capital especulativo— que se había requisado durante el paro patronal. Fue entregada radio Sociedad Nacional de Agricultura de Los Angeles, se desalojó a los trabajadores de "El Sur" de Concepción y se reintegró "La Mañana" de Talca a su explotador propietario. Se otorgó fuerte aumento de precios a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y se aligeró la severidad legítima adoptada inicialmente contra ejecutivos promotores del paro.

La política económica del gobierno, expuesta por el ministro de Economía, Fernando Flores, al país el 10 de enero, quedó sin aplicarse. Con ella se perseguía fundamentalmente controlar el proceso de producción y de distribución por parte de las organizaciones de masas. Al dejarse de lado esta política se produjeron las siguientes repercusiones:

a) Cambios en el manejo del sistema de distribución del gobierno y el cual hasta ahora carece de una política clara y definida sobre materia tan fundamental;

b) Surgió una reglamentación para las JAP, en cuanto a su organización y funcionamiento. Esto puede entenderse como concesión a la burguesía para atenuar la violenta campaña publicitaria que desató contra estos organismos de masa. Hasta se instruyó a Carabineros para no incentivar las JAP.

c) Quedó suspendida toda iniciativa destinada a establecer formas de racionamiento de productos básicos para la población. Así se desmintió el anuncio hecho por el ministro de Economía, el 10 de enero.

d) La política de abastecimiento para los sectores poblacionales quedó sujeta a vacilaciones. Se trabó la "canasta popular" y se obstruyeron los Almacenes del Pueblo, a pretexto de si hay o no comercio establecido en dichos sectores.

e) CENADI prosiguió sus funciones con capital especulativo y fomento al mercado negro con "su" distribución a través del comercio establecido y sin control de nadie. Se sabe que dispone del 70 por ciento de los bienes de consumo habitual. Pero se ignora dónde van a parar, cómo se llevan y a cuánto se venden. Su acción política es evidente, pero continúa al margen del área social.

Las alternativas de este proceso y la importancia que tiene la correcta utilización del mecanismo de distribución del Estado en las actuales condiciones del país, determinaren esta crónica-análisis. PF buscó información, recopiló antecedentes, encuesto funcionarios, economistas, políticos y otras personas vinculadas al abastecimiento-distribución. Opinaron pobladores y burócratas; dirigentes organizacionales y ejecutivos de empresas. La situación, en síntesis, va a continuación.

GENERAL PRATS NO OPINA, PERO SIGUE CON INTERÉS EL DEBATE QUE INICIO PF

PUNTO FINAL —a través de nuestra compañera María Eugenia Saúl— solicitó el 5 de abril una entrevista con el general Carlos Prats González, Comandante en Jefe del Ejército. Se le sometió a un cuestionario que abarca diversos aspectos de interés sobre el rol actual que cumplen las Fuerzas Armadas en nuestro país. Al mismo tiempo, se le dio a conocer al general Prats que PF se proponía realizar una serie de crónicas y reportajes sobre este tema, estimando sumamente valioso incluir en forma prioritaria una entrevista al Comandante en Jefe del Ejército. Asimismo, anteriormente, PF había intentado, sin éxito, entrevistar al ministro de Defensa Nacional, José Tohá González. A raíz de la respuesta del general Prats —que publicamos a continuación— PF ha dirigido el mismo cuestionario al ministro Tohá, en un nuevo esfuerzo por informar ampliamente a nuestros lectores de un asunto que hoy en Chile tiene máxima importancia pública.

La carta del Comandante en Jefe del Ejército y ex ministro del Interior, es la siguiente:

COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO, CHILE.
Santiago, 10 de abril de 1973.

Señorita
María Eugenia Saúl
Presente.

Señorita periodista de "Punto Final":

Ayer me impuse de su nota y cuestionario de fecha 5 de abril.

Le agradezco su deferencia de informarme del interés que tiene la Dirección de "Punto Final" en abordar el tema "Los Militares y el Poder Civil", en torno al cual se pedirá la participación de diversas instituciones, iniciándolo con una crónica del ex senador don Raúl Ampuero.

En cuanto a su petición de que dé respuesta al cuestionario que me enviara, le ruego me excuse de hacerlo, por el momento, ya que sus preguntas sobre "Seguridad Nacional" y sobre "Independencia o dependencia de las Fuerzas Armadas del sistema capitalista", siendo las de mayor interés, inciden en temas de Política Militar, que correspondería abordar al "escalón político", a través de su ejecutor, que es el señor Ministro de Defensa Nacional, en función de lo que denominamos el "debido conducto regular".

Las preguntas referidas al "Ejército como Institución", que podrían aparecer como de mi directa incumbencia, tienen también un carácter extensivo a las tres Instituciones Armadas y algunas de ellas inciden en materias técnicas "clasificadas" y no meramente de sociología militar, que son las que procede debatir públicamente.

Junto con disculparme de nuevo, por no estimar adecuado acceder por ahora a sus deseos, le aseguro que seguiré con especial atención el debate público en que esa revista involucrará al sector militar de la sociedad chilena.

Saluda atentamente a Ud..

(Fdo.) CARLOS PRATS GONZÁLEZ,
General de Ejército, Comandante en Jefe.

ESTRATEGIA DE LA BURGUESÍA

El asunto de producción, abastecimiento, distribución y comercialización es uno de los frentes que actualmente presenta mayores dificultades al gobierno de la Unidad Popular. Constituye un propicio "talón de Aquiles" y la burguesía mantiene puesta su mira sobre este problema.

La burguesía, a pesar de sus fracasos anteriores, ha seguido perfeccionando su estrategia para derrocar al gobierno. Su objetivo es llegar a imponer una dictadura fascista. Esto se desprende de la forma en que ha ido lanzando su escalada, a un ritmo de ofensiva creciente. Puede apreciarse, por ejemplo, que en 1971 la burguesía soltó su ofensiva con la participación de mujeres, niños y hasta ancianos, para crear toda una imagen en torno al problema del desabastecimiento.

Procuraba agudizar el clima de descontento que existía y ganarse sectores de capas medias. Buscaba, así, crear mayor disconformidad en la población. Con las señoras encopetadas del barrio alto desfilando con ollas nuevas por Providencia perseguía exhibir para provincias y el extranjero una visión caótica del momento chileno.

La escalada continuó en 1972, cuando apareció la segunda tentativa con el llamado "paro de octubre". En esa ocasión se pudo apreciar que la burguesía se había perfeccionado. El intento ahora iba más a fondo, estaba mejor planificado y se hablan calculado perspectivas de duración y proyecciones. Con este movimiento insurreccional la burguesía se lanzaba derechamente por el camino del asalto al poder, para lo cual contaba hasta con financiamiento adecuado, interno y externo. Logró vincular sectores importantes de la economía, como el de transportistas, comerciantes, industriales, productores y algunos bancarios. Con este movimiento trataba de derribar el gobierno, creándole un serio problema respecto a distribución de mercaderías y el descalabro de a producción. De ese modo golpeaba para profundizar el problema del desabastecimiento. La decisión y conciencia de la clase obrera, campesinos —trabajadores en general— frustró el plan fríamente trazado por la clase dominante.

Las ofensivas de 1971 y de 1972 tuvieron como objetivo táctico de la burguesía destacar que en este país existía un desabastecimiento que imposibilitaba la subsistencia de la población y del cual era único responsable directo el gobierno de la Unidad Popular. También se procuró agravar más el problema de distribución para golpear directamente el abastecimiento de materias primas, productos intermedios y bienes esenciales requeridos por los centros de consumo.

La burguesía había hecho un análisis del modelo utilizado por el gobierno popular. No se le escapó que el punto más vulnerable para atacar se presentaba en el desabastecimiento. Por eso, centró ahí todo el fuego de la fiera embestida publicitaria que lanzó por la maraña de medios de comunicación bajo su control con la utilización de periodistas mercenarios.

Pese al fracaso que sufrió en octubre, la clase dominante creyó ver su próxima oportunidad en marzo de 1973. Esa idea la mantuvo en todo el curso de la campaña electoral. La reforzó a través de todos los candidatos espuriamente amarrados en la CODE, con el fuego graneado sobre el desabastecimiento. Tampoco le fue exitosa esta acción.

En este cuarto mes de 1973 se repiten dos hechos que traen la misma interrelación desde 1971:

1.— El desabastecimiento se mantiene como problema impactante y sin perspectivas de solución inmediata; no hay poder para la masa.

2.— La burguesía continúa con el ojo puesto sobre este blanco, en el cual no pierde la esperanza de hacer "fama", provocando las condiciones adecuadas.

Entonces, cabe preguntarse: ¿qué hará la burguesía en este año? Respuesta: se prepara, se organiza y se articula para el invierno de 1973. Esa es la mejor época para ella, que no separa la vista del desabastecimiento. Un pequeño temporal en este país, por los problemas de infraestructura y la carencia de planificación previa a estas emergencias, facilitará la tercera tentativa en la escalada burguesa. Se cortan puentes, se interrumpen vías ferroviarias, se derrumban terraplenes, se producen inundaciones. Todo esto significa inutilización de las principales vías de acceso de los centros de producción a los de consumo. Se añaden dificultades en los puertos importantes y la creación de otra infinidad de condiciones difíciles que el invierno crea para el gobierno y la población.

La burguesía está consciente de cómo utilizar este tipo de emergencias en su favor. Por eso, defiende fieramente sus posiciones en el sistema de transportes, en el manejo de las distribuidoras y en los canales de abastecimiento. Fortalece el comercio minorista y el de todo comerciante establecido. También se encastilla en sus medios de comunicación de masas e impide que le toquen a cualquiera de ellos por que sabe el valioso aporte de la penetración ideológica opositora al gobierno. De ese modo, la clase dominante espera. Entretanto, se fortalece con ayuda económica extranjera y activa la ocasión para su tentativa de tercer asalto al poder y derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular. La burguesía se ha vigorizado. Así como progresó en su intento de 1972, con relación al de 1971, ahora persigue una perfección que no le permita fracasar esta vez.

No podría negarse que la burguesía sabe actuar con sutileza y habilidad para organizarse y unirse sin complejos en la defensa de sus intereses. No repara en cualquier tipo de alianzas para fortalecerse, incrementa su base de apoyo a través del llamado “gremialismo”. Incorpora a su acción a los Colegios profesionales, cuyo control tiene en su totalidad; influye en el sector de técnicos, penetra en las capas medias y ensancha su órbita de acción con la agudización del descontento. La clase dominante carece de inhibiciones políticas o morales porque carece de principios. Solo está la defensa de sus privilegios. Por eso, orquesta su accionar político-sedicioso-obstruccionista aglutinándose en la CODE. Como esto todavía no garantiza el éxito futuro de su estrategia, extiende su labor de captación hacia sectores de oficiales de las Fuerzas Armadas. Levanta como símbolo politiquero "nacionalista" al ex director de la Escuela Militar, Alberto Labbé Troncoso. Es de ascendencia pequeñoburguesa, pero de útil arribismo para la clase dominante. Pero, no es suficiente. Falta apoyo "desde abajo". La burguesía está consciente que "sin pueblo" no irá a parte alguna. Sabe que el trabajador, el obrero, el campesino no podrá ser ahora embaucado. Entonces, trata de ganarse al lumpen. Lo "contrata" y lo incorpora a sus planes para añadirlo a los sectores de pequeña burguesía y de capas medias donde ya ha penetrado.

La alta burguesía está frenética. Quiere prontas resoluciones. Pero, debe esperar el invierno, mientras en estos meses se intensifica el descontento, el rumor, las críticas, el negativismo y la campaña para presentar el desabastecimiento como uno de los "flagelos" del gobierno de la Unidad Popular. Tras esto, ya podrá lanzar su tercer intento de asalto al poder.

OFICIALIDAD Y "CANASTA POPULAR"

Dentro del cuadro socio-económico actual y sin dejar de lado la coyuntura política accionada por la burguesía, resulta lícito preguntarse: ¿qué rol están cumpliendo los militares a cargo del complejo distribuidor del Estado para enfrentar el abastecimiento en el marco de una política popular y revolucionaria y golpear a la burguesía?

Son varios los aspectos por enfocar. Los oficiales —todos de alta graduación y miembros de las tres ramas de las FF. AA. y de Carabineros— han hecho su análisis de la situación. Ellos coinciden con la burguesía al considerar que el eslabón más débil del gobierno está justamente situado en el frente del abastecimiento.

Pero, también visualizan que en el frente de la burguesía está Rafael Cumsille, con el manejo de todo el comercio establecido; actúa León Vilarín, quien controlaba hasta hace poco todo el transporte camionero; operan Castillo y Hamuy, quienes timonean las centrales de compras más grandes del país, entre ellas CENADI (ex-CODINA). Esto representa que, mientras la distribución del Estado se realiza en sólo un 30 por ciento y sin conducción política ni orientación ideológica firme, el aparato distribuidor privado dispone el 70 por ciento del abastecimiento y está conducido con resuelto carácter político.

Se reafirma que en la distribución opera con fuerte poderío la burguesía, a la vez que por ese canal mueve el gran capital especulativo con el que impulsa el mercado negro.

El manejo de la distribución permite también a la clase dominante el contacto permanente con otros sectores de fuerte implicancia en el rubro de abastecimientos y a los cuales mantiene bajo su control. De ese modo, se proyecta hasta, los niveles rectores de la producción. De aquí, está sabido, emana toda alternativa en favor o en contra del abastecimiento y consecuencialmente de la distribución. Así se mantiene el 70 por ciento de los alimentos, el cien por ciento de los detergentes y de papeles, arroz y otros productos básicos a disposición de la burguesía. Como estos son elementos de imprescindible necesidad en todos los niveles familiares, el poder adquirido por la clase dominante sub siste con incalculables proyecciones.

Ahora bien, ¿cómo enfrentar esta situación? Sólo la utilización al máximo de la distribución estatal canalizada por las organizaciones populares en forma directa puede permitir restarle parte de esa influencia a la burguesía. Paralelamente se le aumentará la cuota de poder al pueblo.

La experiencia histórica comprueba que en todo proceso pre-revolucionario a través de la distribución de abastecimientos se define la cuestión del poder. De los resultados que se logren emanan o no los conflictos sociales. La masa llegará a SUFRIR una falla de abastecimiento que no podría —por mucha que sea su conciencia revolucionaria— tolerar indefinidamente. Si ella, la masa, no está actuando en la búsqueda de sus propias soluciones comienza a presionar para movilizarse. La masa se moviliza cuando ve ineludible la amenaza para su consumo familiar. Advierte que se aproxima el hambre y que su derecho al alimento se le sigue arrebatando por quienes siempre detentaron el poder y explotaron a los pobres. Frente a esa eventualidad surge el llamado "espontaneísmo" y brotan sucesos que desbordan la llamada constitucionalidad. En esas condiciones, no valen reglamentos, promesas ni programaciones por la superestructura para su aplicación en descenso por conducto regular. Tampoco, resultan válidas disposiciones o normas, por bien intencionadas que sean, con sentido y práctica burocrática.

No se aventura un juicio "a priori" al señalar que es precisamente esto lo que la burguesía espera que ocurra. Por eso, está en la práctica del boicot comercial de alimentos, de la especulación, del acaparamiento y del mercado negro. Provoca la escasez para exasperar a las masas. Los patrones, industriales, latifundistas, comerciantes, la burguesía toda, sabe que las masas no se movilizan ni reaccionan por que sí, simplemente. Es su necesidad, su aspiración o su frustración las que las mueven.

Pero, la pregunta sigue: ¿qué rol están jugando los militares en la distribución? Resulta evidente que, en ningún caso, el ejercicio de una acción para restarle cuotas de poder a la burguesía y sumárselas a la masa. Su actuación se ejerce con criterio tecnicista y bajo ese prisma la oficialidad militar se encuadra en el concepto de que la distribución debe operar manejando volúmenes físicos. Pero, no aplica una adecuación, flexibilidad o sentido político para que ese manejo se realice discriminadamente al servicio de los sectores populares. Esto debiera hacerse conforme a la realidad del problema de abastecimiento y producción dentro del momento que vive el país. Que no se clame por que aquí se habla de que la oficialidad debe aplicar un sentido político. Tiene que entenderse que el problema es de origen y proyecciones políticas y en consecuencia las soluciones deben encararse con esa misma perspectiva. No se trata de asuntos militares para la búsqueda de soluciones militares. Se trata de militares encargados de enfrentar una realidad de orígenes, latencia y proyecciones seriamente políticas y en un momento político. Desde la Secretaría Nacional de Distribución y Comercialización, se imparten normas con criterio tecnicista, en virtud de las cuales se sigue pensando que los mejores canales de distribución son los tradicionales. Vale decir, el comercio establecido o distribuidoras que han operado y lo siguen haciendo con éste.

En tales condiciones, el asunto plantea a la oficialidad en la distribución otro problema. Ella comprende que para operar de otro modo más concluyente resultaría imperativo el racionamiento. Pero, ¿qué entiende por racionamiento la Secretaría Nacional de Distribución? Simplemente, la "tarjeta". Se resiste a este sistema y se enfrenta a una barrera artificial. No busca ni analiza si es factible partir de otra forma más inteligente de racionar. Después del "paro de octubre", por ejemplo, los propios trabajadores dieron una salida al gobierno a través de la "canasta popular". Este sistema es una forma de racionamiento inteligente que permite, sin la tarjeta, abastecer equitativamente a los sectores proletarios, a los de más bajos ingresos, a la ciudad y el campo. Por eso la burguesía ha jugado —y lo seguirá haciendo— todas sus cartas para estrangular la "canasta popular".

Hay otros factores en juego como implacables adversarios de la "canasta". Si en una adecuada distribución se define también la cuestión de poder. La "canasta" representa una cuota de poder para los pobres de la ciudad y del campo. Su entrega se hace en la base de la organización de masas. El sistema permite movilizar a grandes sectores de la población. En lo urbano, participan las JAP. (Comandos Comunales, Comités Coordinadores, que son los que organizan y crean los Almacenes del Pueblo. En el sector rural, están los Consejos Comunales Campesinos, organismos responsables, que organizan los centros de abastecimiento en el campo. El "paro de octubre" permitió a todas estas organizaciones mostrar su provechosa función al servicio de la clase trabajadora. En esas condiciones, la "canasta popular" va destina da de acuerdo a la participación efectiva popular y con el control de la masa. Aquí reside su significado de cuota de poder que van conquistando las masas.

Cuando dentro de una sociedad burguesa se plantea la cuestión de poder en detrimento de quienes antes lo detentaron, para con su utilización explotar implacablemente a las masas, el asunto se torna ahora escabroso. Especialmente, si por una parte está la burguesía en la defensa de su poder y por la otra está la masa que, como en este caso, su cuota de poder legítimo depende de la función que cumplen oficiales de las Fuerzas Armadas.

La oficialidad sabe que el desarrollo del poder popular, junto con ser algo nuevo en este país, resulta limitante del que tradicionalmente ha regido. Presenta, entonces, una resistencia pasiva al requerimiento de ese poder popular. Pero, esta postura se contradice cuando el análisis de los hechos le revela a la oficialidad que debe aceptar, por presión de las masas, continuar con el desarrollo de una política que realmente va destinada a fortalecer el desarrollo de ese mismo poder popular que ella no desea. Puede estimarse buenamente que habría cierto temor o aprensión al poder popular.

Los oficiales militares de la distribución también piensan que el desarrollo del poder popular puede llevar a una dualidad de poderes. Pero, ¿cuál es el otro poder? ¿El de la burguesía? Se sabe que lo tiene, lo ejerce y lo defiende. También se sabe que, precisamente, el objetivo de una revolución es el de quitarle ese poder a la burguesía para que éste pase al pueblo. ¿Por qué, entonces, la aprensión de los oficiales? En todo caso, donde verdaderamente resulta incomprensible es que dentro de la misma Unidad Popular haya partidos que, no sólo experimentan esa aprensión, sino que rechazan de plano toda posibilidad de entrega de un poder real a los trabajadores, a pretexto de crear esa "dualidad". La verdad es que cuando esta dualidad surge nace la vanguardia. Y cuando la vanguardia se ha fortalecido ella crea las condiciones para derrotar definitivamente a la burguesía en todos los frentes.

ALTOS MANDOS Y BURGUESÍA

A través de la "canasta" hay toda una organización combativa de los pobladores, de los campesinos y de la masa. Esta masa defiende la política que ha nacido del seno de sí misma. Hay conciencia que la masa será la base del apoyo al gobierno de la Unidad Popular para enfrentar el tercer intento de asalto al poder que, —está claro—, hará la burguesía tan pronto las condiciones se lo permitan. La oficialidad que trabaja en la Secretaría Nacional de Distribución y Comercialización conoce esa perspectiva. La acción de esta Secretaría de Distribución está ligada a la línea política que dejó el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, encabezado por el General Carlos Prats, cuando abandonó las funciones ministeriales. En ella se pone énfasis sobre la ley de control de armas. Piensan que si no se ejerce dicho control puede surgir el problema del "espontaneísmo", más difícil' de encarar para las FF.AA.

En los mandos militares se considera que puede brotar una situación revolucionaria que llegue a sobrepasar a la Unidad Popular.

El estricto cumplimiento de la ley sobre control de armas y el rígido control sobre el abastecimiento se les presentan a las FF.AA. como instrumentos para asegurar condiciones de mantener la paz social y la seguridad nacional.

Estas apreciaciones no aparecen sin razón. Si se observa la actuación de los uniformados en la Secretaría Nacional de la Distribución, se visualiza que ella obedece a una dirección central que, tratándose de institutos armados, no puede ser otra que la que emane del Alto Mando. Esto explicaría que el gobierno haya entregado a las FF.AA. uno de los sectores más importantes y más conflictivos de la economía, como es el relativo a la distribución de abastecimientos.

Pero, eso ha generado problemas, una oficialidad que obedece a una dirección, que no es política y que tiende, generalmente, a abstraerse de lo que es la lucha de clases, sitúa el profesionalismo y el tecnicismo por sobre la función social que debe cumplir la distribución. Esto ha creado las contradicciones registradas en relación a funciones de las JAP, "canasta popular" y Almacenes del Pueblo.

En este aspecto no puede desestimarse la conciencia que tiene en estos instantes gran parte de la gente que vive en los cuarteles. La tropa —el soldado y el suboficial— es afectada por los hechos y por el proceso histórico que vive Chile. También ese sector está inserto dentro del carácter en que se está dando la lucha de clases. Ellos ven, que la oficialidad actúa obedeciendo a una dirección, pero esta dirección posee una ideología y la ejerce. El Alto Mando actúa sobre la base de la constitucionalidad, del respeto a la Constitución y las leyes. De acuerdo al neutralismo militar para ellos resulta justificable esta postura. Pero, votan políticamente. En cambio, para la tropa —suboficiales y soldados— la situación y la perspectiva son distintas. Ella, al ver el desarrollo del proceso, de las cosas que ha hecho el gobierno, de lo que se propone realizar, está en la posición de hacer avanzar este proceso y no de congelarlo. La tropa también se da cuenta que es importante ahora empezar a golpear a la burguesía y comenzar a debilitarla definitivamente para quitarle el poder que aún queda en sus manos.

Así aparece que, ni la profesionalización de las FF.AA. ni el neutralismo ideológico que se han impuesto, han permitido que se sustraigan de lo que ocurre políticamente. En el contexto general —tropa y oficialidad— no se ha dejado de crear realmente una ficción, y hay conciencia de lo que defiende una y otra. Sin embargo, hay que reconocer también que dentro de la oficialidad hay gente que tiene una clara posición junto al pueblo.

No podría negarse que existe deliberación en los Institutos Armados. El Alto Mando estudia, discute, analiza, proyecta y dispone actuaciones sobre situaciones políticas. En Chile, a la altura del proceso revolucionario que se vive, no cabe pensar en la existencia de un "neutralismo" o un "profesionalismo" químicamente puros en las FF.AA.

Los hechos expresan que ya nadie se puede abstraer a la lucha de clases, como se está dando. De esto deriva que dentro de los cuarteles se planteen discusiones y se manejen alternativas posibles de poder.

Se pueden vislumbrar tres posibilidades:

a) La dictadura militar —fascista— sobre la base de un gobierno a semejanza del modelo que ha llevado adelante Brasil, sobre la base de una explotación a las masas y una represión como jamás se había registrado en el continente a todo lo que represente movimiento popular;

b) Una posición adicta a un gobierno centrista. Sobre un modelo desarrollista, con énfasis en el fomento tecnológico y el aprovechamiento de contactos estrechos con Estados Unidos; y

c) Una tercera alternativa, que la mayoría de la oficialidad posiblemente rechazaría pero que contaría con sectores que están conscientes que es la mejor salida, tendería a un gobierno de izquierda revolucionario. Así se buscaría el real camino hacia el cambio de estructuras, con la meta de iniciar la construcción del socialismo.

En el Alto Mando y en la oficialidad se formulan críticas a la gestión del presidente Allende, al Comité Económico de Ministros y en especial al de Economía. Censuran la carencia de una dirección homogénea, señalan falta de definición de políticas, indecisiones, vacilaciones, improvisación y todos los factores que derivan del problema existente por la misma estructura de la Unidad Popular. Los militares también se dan cuenca que los grandes problemas de este gobierno están en el seno de la Unidad Popular y no fuera de ella. A los miembros de las FF.AA., conformados en todo orden dentro de rigideces y del acatamiento al mando de las jerarquías, esta situación les resulta difícil de entender. Especialmente, sabedores de estar participando en funciones de importancia vital.

La prensa derechista, usualmente bien informada del pensamiento interno en las FF.AA., asegura que ellas rechazan además el proyecto de Escuela Nacional Unificada (ENU). Esas fuentes aseguran que oficiales de las tres ramas se habrían expresado en contra durante una disertación sobre la ENU que ofreció el ministro de Educación, Jorge Tapia, en el Ministerio de Defensa.

El Alto Mando y la oficialidad destacada en la Secretaría Nacional de Distribución también hace análisis de correlación de fuerzas, desde la perspectiva del abastecimiento. Ellos utilizan, además, los análisis que formulan los partidos marxistas y de ese modo están conscientes que el problema central es el dé producción y que el de abastecimiento depende de aquél. En la búsqueda de caminos a la mayor producción han abierto acercamientos con la Sociedad de Fomento Fabril. Desean conocer cuál sería la forma en que esos empresarios podrían colaborar. Pero, evidentemente, se les ha escapado que esa auscultación significa contactar precisamente con quienes encabezan la resistencia al gobierno. Vínculos semejantes se han realizado a nivel de la Sociedad Nacional de Agricultura, con ofrecimientos de créditos para aumentar la producción agropecuaria. Estas gestiones significan abrirle vías, darle oxígeno, a la burguesía agraria que está temerosa y no invierte frente a la realidad de la situación en el campo, donde ha sido golpeada, aunque no en la medida de liquidarle todo su poder. Conversaciones con la Cámara Chilena de la Construcción, con el comercio organizado y con personeros del PN del PDC configuran otra parte del cuadro que maneja la oficialidad dentro del proceso de distribución.

También los militares en la distribución han tenido contactos con partidos de izquierda frente a los cuales se han mostrado decididamente progresistas.

La oficialidad de la Secretaría de Distribución ha buscado apoyo en las Juntas de Vecinos, a las cuales ha entregado funcionas de distribución y de abastecimientos. Así trata de ganar capas medias y dueñas de casa de sectores residenciales y de la pequeña o mediana burguesía. Con ello la distribución se canaliza hacia barrios donde hay comercio establecido, como es el caso de Providencia y de Las Condes. En el caso de Providencia, la Secretaría Nacional de Distribución tenía plazo hasta el 10 de abril para pronunciarse sobre un plan propuesto por una "Comisión Comunal". Ese acuerdo se logró el jueves 29 de marzo en una reunión presidida por el alcalde Alfredo Alcaíno con asistencia del capitán de bandada de la FACH, Raúl Vergara, en representación del general Bachelet, y personeros de Juntas de Vecinos. Centros de Madres y sindicatos de comerciantes. En el plan de nueve puntos se expresa inicialmente que la "población de Providencia expresa su representación en las Juntas de Vecinos y, en consecuencia, se rechazan las JAP", Para nadie es misterio que en esa comuna está el bastión de la burguesía nacional.

Existe, sin embargo, una razón que determina eso. La oficialidad de la Secretaría de Distribución cree que esos sectores son ganables. Pero, está comprobado que están firmemente en la resistencia pasiva al gobierno.

TÁCTICA HACIA EL CENTRISMO

En el sector de la distribución parecen acentuarse una estrategia y táctica tendientes al cambio de política de la Unidad Popular en esta materia. Se trataría de llevarla a posiciones centristas, que significarían fortalecer los puntos vitales de poder de la burguesía. Se estimaría con esto calmar en parte a ese sector para lograr tranquilidad y paz social. Sería un grave error. En situación de desabastecimiento, cuando no existe un volumen físico de productos adecuados para dar a toda la población, la paz social se distancia si hay sectores importantes que quedan desabastecidos, como es el caso de los sectores proletarios. También, se han podido apreciar en la Secretaría Nacional de Distribución, actitudes agresivas contra sectores revolucionarios de la Unidad Popular. Estas acciones contribuyen al juego de la burguesía que busca la manera de provocar quiebres, dificultades y manejos para facilitar la caída del gobierno. La persecución contra los revolucionarios, dentro y fuera de la Unidad Popular, ha significado distraer al gobierno en luchas internas que otorgan tiempo a la burguesía para fortalecerse y ampliar la preparación dé su tercer asalto al poder. En esa actitud los militares en la distribución, sin darse cuenta, también refuerzan políticamente el juego del reformismo en su ataque constante a los sectores revolucionarios. Así se encuentran en la misma línea los militares con los políticos reformistas que procuran imponer en la UP su conducción.

Los militares —hay conciencia de ello en los organismos de distribución— han centrado su ataque en las empresas del área social que impulsan la política de abastecimientos que tenía el gobierno y que fue expuesta el 10 de enero de 1973 al país por el ministro de Economía de esa fecha, Fernando Flores. Esas empresas son: Agencias Graham, Supermercados Monserrat y PERLAK. Se las ahogó financieramente y se persiguió a sus ejecutivos. ¿Se buscaba demostrar que los ejecutivos estaban administrando mal esas empresas? Si fue eso, se interpretaría como una sunuesta justificación ante el pueblo por la exoneración de los ejecutivos. Pero, desde otro ángulo el asunto aparece como meramente político: ¿se quiso eliminar a esos ejecutivos para poder impulsar un cambio de política consecuente con la línea reformista que se postula?

En este proceso no pasan inadvertidas las contradicciones de los militares que actúan en la distribución.

La oficialidad de las FF.AA., por su formación y carrera son hombres rígidos, muchos de ellos ajenos al argumento y realidades. El oficial está acostumbrado a un estilo de trabajo y es regido por esas normas durante toda su vida. No entiende ni se adapta a otro sistema. Es así por educación y doctrina.

Su vida de cuartel y la organización de los Institutos Armados, como cuerpos jerarquizados, le impiden adecuarse a la realidad de que una empresa de distribución requiere de conducción ágil, flexible y dinámica. La empresa no soporta una dirección jerarquizada y con un conducto regular como el que existe en las FF.AA., por que la función de éstas es diferente a la que cumplen las empresas. En éstas las decisiones deben tomarse sobre la marcha sin esperar que ellas vengan desde arriba, por el conducto regular. Esto es importante que se entienda —a juicio de quiénes están entroncados en el problema— porque en la Secretaría Nacional de Distribución habrá que emplear métodos de empresa en vez de normas de ejército. En la Secretaría Nacional de Distribución se piensa que el problema está en los mandos medios y que las órdenes "de arriba" deben ser rigurosamente cumplidas al minuto por las empresas distribuidoras. Los militares caen en el error de querer manejar a las empresas como un Estado Mayor, situado en la Secretaría Nacional, para dar las órdenes desde ahí, como si se tratara de una "Central de Operaciones" en un frente de batalla. Pero, de lo que se trata es de dar una orientación general sobre un marco político bien definido. De esa manera se podrá llegar a formular un plan nacional de distribución, cosa que hasta ahora no se ha hecho.

También, se presenta otro hecho importante. Por un lado, los militares tratan de desarrollar y justificar las JAP. Pero, por otro, imbuidos del espíritu reglamentario que les inculcó su carrera, imponen un "Reglamento" a las JAP. Aquí se produce otra contradicción. La organización de las JAP no resiste ese reglamento, porque no es para ser regida por una teoría burocrática o jerarquizada. La JAP es una organización de masa, donde participan, discuten, critican y resuelven las propias masas. Situación semejante se plantea en la existencia de la "canasta" y los Almacenes del Pueblo.

El Secretario Nacional de Distribución por un lado parece defender las JAP, la "canasta popular", los Almacenes del Pueblo; pero, por otro, en la acción ejecutiva, busca reglamentarlas, controlarlas, "encuadrarlas".

Ese tipo de contradicciones hace ver que los militares pueden en el futuro no dar en el clavo de la solución del problema de la distribución, junto a las masas, como no lo han dado en estos meses.

SITUACIÓN DE LAS FF.AA.

En las FF.AA. no está ajeno el problema del desabastecimiento. Mientras mayor es el grado o el rango de la oficialidad, menor es la dificultad que tiene ese sector para abastecerse. De este modo, la oficialidad de mayor grado no sufre serios problemas. La mayor cantidad de productos básicos y de consumo familiar, de mejor calidad, se canaliza hacia estos sectores y se alejan de la tropa, suboficiales y soldados del cuadro permanente. También se presenta esta discriminación con la oficialidad de menor rango. Este es uno de los aspectos en los cuales más se manifiesta la diferencia "clasista" en los Institutos Armados.

La oficialidad es casi toda proveniente del sector medio y alto de la burguesía. Al correr del tiempo en la institución se acentúa el rodaje discriminatorio. Los grados más altos del escalafón son obtenidos por aquellos oficiales ligados, en una u otra medida, por influencias a la burguesía. Por lo general, la eliminación en las Juntas Calificadoras para los oficiales superiores sólo va dejando en carrera a elementos que obedecen a dichas características. No se registra el caso de un hijo de obrero o de campesino que haya llegado a general. Pero ha habido oficiales de ese origen que han quedado en el camino antes de llegar a teniente coronel. Un suboficial puede alcanzar el grado de oficial, tras cumplir serios requisitos. Pero, en ningún caso sobrepasará el grado de coronel. Para los altos grados están llamados los hijos de industriales, grandes comerciantes, capitalistas, financistas o profesionales. Es decir, provenientes de sectores de altos ingresos. En cambio, el suboficial vivió y vive conociendo la miseria. Su niñez se ha desarrollado en hogares modestos sufriendo el miserable ingreso de sus padres, hasta que ingresó al ejército como soldado. Ahí nunca salió deja apretura económica durante todo el transcurso de los años de servicios. El suboficial, el soldado, viste el uniforme después de ser víctima, él o su familia, de la explotación de sectores burgueses. Los Altos Mandos de las FF.AA. se dan cuenta de esta situación. En términos generales saben que la mayoría de los oficiales son hijos de burgueses, de explotadores; la totalidad de suboficiales y soldados son hijos de hogares humildes, hijos de explotados por la burguesía.

Pero, nada surge para superar ese estado de cosas. Por el contrario. Se vuelca sobre la disciplina el recurso para abstraer a la tropa del análisis de la situación. Esto impide, por ejemplo, que la tropa repare en los hechos concretos que los hace seguir siendo los humildes, la clase desposeída, dentro de las FF.AA., donde se dice no hay clases sociales. Los hijos de la alta oficialidad pueden ser médicos, agregados consulares, ocupar puestos privados o públicos de alta renta y "jerarquía social", llegar a ser dueños de grandes industrias o empresas. En cambio, los hijos de la tropa sólo están llamados a ser modestos empleados, obreros y, en algunos casos, técnicos de bajo nivel. Mientras los primeros pueden aspirar a una formación permitida por el alto ingreso de sus padres oficiales superiores, los segundos están con la limitante económica del bajo ingreso familiar del soldado o suboficial.

La diferencia no sólo se registra en este tipo de aspectos. La oficialidad, incluso, se siente mejor dotada para deliberar sobre asuntos nacionales y por eso cuenta con el derecho a voto. Puede elegir. Los soldados aparecen como ciudadanos de segunda categoría, que carecen del requisito del derecho a voto para ser realmente ciudadanos. Es un contexto netamente clasista: los que pueden pensar, actuar y salvar sus dificultades económicas y los que no pueden siquiera analizar o buscar soluciones a su apremiante situación socio-económica. De aquí proviene también el aislamiento del oficial hacia el sector "popular" inserto en las FF.AA. Al suboficial y al soldado, se les prohibe, por ejemplo, incorporarse a las JAP. Es como si esas familias, por el hecho de ser de los de abajo, no tuvieran las mismas necesidades de abastecimiento, de comer, de vivir, de los demás.

Frente al criterio de que las FF.AA. podrían seguir siendo una isla dentro del proceso chileno, parte de la oficialidad joven —que es la de menor grado jerárquico y de menor influencia en la burguesía— y la tropa ya empiezan a ver con claridad los problemas socio-económicos contingentes. En esta etapa del proceso chileno ese sector uniformado empieza a observar su propia realidad, la fuerza y conciencia del pueblo y, especialmente, su responsabilidad para con ese pueblo y con su desarrollo, en el cual está comprometida la mayoría del país.

Es por eso que los oficiales que están en la Secretaría Nacional de Distribución y Comercialización tienen, ahora más que nunca, una tarea de delicada y gran responsabilidad. Si en el abastecimiento de los institutos militares los mejores productos van para los oficiales de más alto rango, esa distribución agudiza el problema. Además, refleja un criterio que, a nivel nacional, constituiría la negación de todo el actual proceso. En la población civil la burguesía representaría el "alto rango".

De los antecedentes expuestos podrían desprenderse dos interrogantes:

a) ¿Es interés de las FF.AA. la toma final de toda la dirección en la distribución y controlar cada una de las empresas distribuidoras del área social para manejarlas con criterio militar?

b) ¿La oficialidad busca llegar al cambio de la política de producción y de distribución para situarla más acorde con la institucionalidad demoburguesa vigente, que no responde a las condiciones de desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones de producción que en estos momentos se dan?

PUEBLO CON CONCIENCIA

El pueblo ya entiende las contradicciones que se están dando en la conducción del aparato estatal de distribución a cargo de las FF.AA. El pueblo comprende que en las FF. AA. hay pueblo uniformado, el soldado, que llegó desde los sectores explotados por la burguesía. También entiende como pueblo uniformado a esa oficialidad, sin distingos de grados, que se encuentra comprometida con el interés de la clase obrera y campesina, de los trabajadores, de la masa explotada.

Concretamente, en el plano de la distribución, el pueblo sabe que parte de su cuota de poder está en la "canasta" y en el Almacén del Pueblo. Frente a la "racionalización" de la canasta se abre un aspecto ineludible para la Secretaría Nacional de Distribución. En el abastecimiento de productos esenciales para el consumo familiar deberá analizar el volumen físico total que controla el país, más las importaciones que constituyen la oferta global. Sin esto no se puede desarrollar una política de distribución que no consulte el control total de las industrias que producen alimentos básicos, cualquiera sea el tamaño económico que ellas tengan. No puede desestimarse que las industrias que producen alimentos básicos tienen un carácter estratégico para la economía.

En la situación actual, vale decir con el gobierno en el control de sólo un 30 por ciento de la distribución de productos básicos y la burguesía, representada por sectores intermedios y altos, manejando el 70 por ciento, se puede augurar un futuro de violencia en torno al problema de los abastecimientos.

Hace días —el lunes 9— una orden del gerente de Operaciones de DINAC, Rolando Caicedo, restó el 50 por ciento a la distribución de "canastas" que efectuaba "Supermercados Monserratt". Se atendía por este sistema a 30 mil familias. Las posibilidades se redujeron a sólo 15 mil. Esta determinación fue adoptada conjuntamente con el gerente comercial Salomón Farrú. Debe considerarse que la Gerencia Comercial sólo alcanza a servir el 39,27 por ciento de las necesidades del programa de abastecimiento. Pero, de este porcentaje (39,27%), solamente queda disponible un 7,83 por ciento para "operaciones especiales" o abastecimiento directo ("canasta popular"). En esto entran los Centros de Abastecimiento Rural, minero, móviles, Monserratt, Almacenes Populares, etc. Cabe preguntarse: ¿qué destino tiene el resto del total de abastecimientos? Va a distribución privada.

Si el gobierno decide el control total de los alimentos básicos desde su producción, su importación hasta llegar a la comercialización, al usuario, al consumidor y a la familia chilena, el problema tendería a diluirse, aunque no a superarse. El problema del abastecimiento estará presente durante todo el tiempo que dure el mandato, ya que obedece a factores internos y externos de nuestra economía, gravitante casi en forma permanente. Es uno de los problemas de país sub-desarrollado, que supone una agricultura subdesarrollada y un presupuesto de nación subdesarrollada. Esta es la situación que el pueblo sabe debe encararse. La realidad actual es que los sectores de mayores ingresos tienen más productos, compran más barato por las infraestructuras comerciales que poseen y el sector proletario tiene más escasez y sufre con más rigor los efectos del desabastecimiento y de la especulación.

En este marco de realidades no está ausente CENADI. Como principal expresión del capital financiero, que está actuando políticamente para obstaculizar el abastecimiento racional y equitativo que debe hacer el gobierno y que fue enunciada el 10 de enero por el entonces ministro de Economía, debe ser incorporada definitivamente al área social por cualquier medio. Un economista indicó a PF: "Cuando la ley atenta contra el bien común es legítimo alzarse contra la ley".

Una institución amparada en la legislación pretende obstaculizar la distribución de alimentos al pueblo o de bienes básicos para las masas y se llama CENADI. Es legítimo intervenirla aprovechando todos los vacíos legales y las facultades que realmente tiene el gobierno con el Decreto ley 520 del año 1932. ("Vías Legales hacia el Socialismo". Profesor Eduardo Novoa, "Revista Derecho Económico". Octubre 1970 - marzo 1971. Págs. 27 y siguientes).

El problema del abastecimiento —se señaló a PF— no puede considerarse como un factor externo al proceso revolucionario. No se trata de soluciones desde una superestructura o una decisión gubernamental. Es un problema que se analiza en la base, se estudia en la organización de trabajadores, de pobladores, y desde esa base se exigen definiciones. De esta manera, si los Almacenes del Pueblo han permitido que la masa en forma organizada y responsable participe en la distribución y comercialización de los productos y hace que éstos lleguen normalmente a los grupos familiares en forma racional y equitativa, de acuerdo a la necesidad —según la política enunciada por el ministro de Economía en enero—, con esa declaración o sin esa declaración del gobierno, igual tiene que desarrollarse esa política. Es una expresión de la masa frente al problema del desabastecimiento. Nadie puede desentenderse de lo que están diciendo los organismos responsables que representan a los trabajadores. La respuesta al problema del desabastecimiento la están dando, por un lado, los Consejos Comunales Campesinos, dispuestos a entregar sus productos a los Almacenes del Pueblo. Por otro lado, están los Comandos Comunales, donde van incorporadas las industrias que producen los bienes. Así, llega a confirmarse que "el pueblo abastece al pueblo". Por eso, en torno a la "canasta popular", a los Almacenes del Pueblo, a las JAP, y al problema todo del desabastecimiento hay toda una praxis rica en experiencias entregadas por el propio pueblo.

CONFLICTOS EN DISTRIBUCIÓN

El jueves 29 de marzo los Comandos Comunales de Abastecimiento del Pueblo realizaron una movilización masiva, por unas horas, en el edificio de Agencias Graham, distribuidora estatal. La actitud de los trabajadores derivó del incumplimiento de promesas oficiales para enfrentar exitosamente en el plano de la distribución la ofensiva y el boicot de la burguesía. Ese día en la mañana el general del Aire, Alberto Bachelet, designado Secretario Nacional de Distribución según el decreto Nº 41, de 31 de enero, había pedido la renuncia inmediata a todos los gerentes y subgerentes de las empresas del complejo de distribución estatal. La razón fue estudiar una "racionalización" de la canasta popular. Los trabajadores formularon tres planteamientos concretos: a) pronunciamiento definitivo sobre la canasta popular; b) definición clara sobre una política de distribución basada en el control popular del abastecimiento; y c) inoperancia de sectores de la Secretaría de Distribución, sin capacidad de resolver después de tres meses de labor, los más apremiantes problemas de los trabajadores sobre la materia.

Al día siguiente (viernes 30 de marzo) se reunió el Comando Provincial Santiago de Abastecimiento, en representación de 160 mil familias proletarias, y expuso: "Nuestra organización nació en octubre por el paro de los patrones y este poder popular de obreros, pobladores, campesinos, todos juntos, será la locomotora de la revolución. Nuestras organizaciones lucharán por la generalización de los Almacenes Populares y el abastecimiento directo. Queremos que el pueblo controle toda la producción y distribución de alimentos". El representante del Cordón Industrial Panamericana Norte, Marcos Prieto, puntualizó la decisión de ese sector de entregar los productos de las fábricas del área social directamente al abastecimiento popular.

Quedó reafirmado el apoyo total a la política de desarrollo de las canastas populares y Almacenes del Pueblo.

Estas reacciones constituyeron la culminación de inquietudes populares latentes desde el 12 de marzo, a raíz de una circular del general Bachelet ordenando la entrega de mercaderías solamente al comercio privado.

La circular expresa:

"Señor Gerente:

En atención a que esta Secretaría debe atenerse a las políticas fijadas por el Supremo Gobierno en materia de Distribución y ante las repetidas denuncias de transgresiones a ellas formuladas por autoridades civiles, Juntas de Abastecimientos y Precios, Juntas de Vecinos, comerciantes, etc., el Secretario Nacional de Distribución infrascrito, reitera:

1. La distribución de bienes de consumo básico deberá hacerse exclusivamente a través del comercio establecido con la única excepción de los sectores donde no los haya.

2. La distribución que se efectúe directamente en aquellos lugares carentes de comercio establecido deberá ajustarse a las cantidades y frecuencias conforme a las demandas poblacionales, evitando con ello la especulación.

3. Esta Secretaría tomará las medidas conducentes a lograr la mayor coordinación con los comerciantes detallistas y las organizaciones de base de tal forma de obtener control sobre los productos.

4. Los señores gerentes generales adoptarán todas las medidas conducentes al cumplimiento de esta política denunciando a esta Secretaría cualquiera transgresión, la que será severamente sancionada".

El tono de estas instrucciones, sin concordancia con los objetivos fijados al gestarse la "canasta popular" y los Almacenes del Pueblo, aparte de la segunda remoción de gerente general en Agencias Graham, en menos de un mes, (ambos socialistas) caldeó la temperatura en los sectores populares. Estos no defienden hombres; respaldan políticas.

El análisis de las contradicciones suscitadas en el proceso de distribución dirigido por los oficiales revela también otras causales de la inquietud popular. Desde hace tres meses se encuentran con el control de la distribución y abastecimiento en sus manos los siguientes miembros de las Fuerzas Armadas:

—Secretaría Nacional, General del Aire, Alberto Bachelet Martínez. Asesor Económico, Capitán de Bandada, Raúl Vergara; Jefe Administrativo, Coronel del Aire, Manuel Soto Peralta, y Contador-auditor, Mayor de Ejército, Samuel Silva.

—Agencias Graham, presidente del Consejo, Capitán de Navío (Comandante) Alfonso Parodi. Asesor, Capitán Arturo Vásquez.

—DINAC, presidente del Consejo, Teniente Coronel de Ejército, Patricio Torres. Asesor, Coronel de Ejército (R) Omar Blancheit. Asesor, Teniente Coronel Barros, de Ejército.

—GIBBS y Cía, Comandante Raúl Limóngues, Carabineros.

—Williamson Balfour, Comandante Campos, Carabineros.

Aparte de estos mandos militares en el complejo estatal de distribución, el general Bachelet declaró haber pedido a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas que le "destinen otros seis oficiales de alta graduación para asumir cargos directivos en estas labores. Esto demorará unos quince días". Ahora bien; si con el aparato directivo de oficiales que ya tiene montado el general Bachelet se plantean contradicciones e inoperancias, ya analizadas en estas páginas, se ofrecen dos explicaciones: a) hay incapacidad o falta de claridad en el enfoque y ejercicio de la distribución y por eso el general Bachelet precisa de más copilotos, para lo cual pidió otros seis; b) si hay claridad sobre objetivos, tácticas y estrategias a cumplirse a través de la canasta, los Almacenes del Pueblo y todo el complejo estatal de distribución y no se llevan a la práctica ¿es porque se busca el control total con fines de variación de la política surgida desde las bases?

GENIO Y FIGURA DEL GENERAL

Alberto Bachelet Martínez, tiene 50 años, ingresó a la FACH en 1939 y un año más tarde egresó como Subteniente-Contador. Adquirió experiencia "reglamentista" como profesor de Reglamentación Administrativa en la Escuela de Aviación "Capitán Avalos". En 1953 ya cumplió funciones de gobierno en el ministerio de Economía, como enlace con la Compañía Nacional Procesadora de Pescados. También estuvo en Washington en 1964 y el año pasado asumió el cargo máximo de su especialidad, como Director de Contabilidad de la Fuerza Aérea de Chile.

Como Secretario Nacional de Abastecimientos, en tres meses ha merecido variadas acusaciones. Algunos cargos en su contra son:

1º. Supresión de las comisiones a percibir por venta de productos Chiprodal, ascendiente a la suma de aproximadamente 15 millones de escudos mensuales, restándoselos a Agencias Graham del APS y favoreciendo con ello al consorcio multinacional, monopolio Chiprodal S.A.

2º. Canalización de las ventas de uniformes a través de la Cámara del Vestuario

(asociación patronal) y no por Agencias Graham como estaba convenido, restándosele a esta empresa del APS, la suma de más de 14 millones de escudos, en favor del área privada.

3º. Suspensión del suministro de materias primas a PERLAK, intervenida, por el hecho de entregar sus productos a Agencias Graham, perjudicando con ello no sólo a la industria al ponerla al borde de la paralización casi total, sino, en contra de la población infantil para quienes se producen concentrados para lactantes y niños.

4º. Declaración del general Bachelet ante los dirigentes de pobladores de querer asfixiar financieramente esta empresa, mientras estén los ejecutivos socialistas, ya que su interés es poner militares en Agencias Graham.

Por su parte, el general Secretario Nacional de Abastecimiento y Comercialización, el 31 de marzo se entrevistó con el Presidente Allende. Ahí obtuvo la ratificación para pedir las renuncias a la casi totalidad de los gerentes y subgerentes de las distribuidoras estatales, no miembros de las FF.AA. Dio como motivo poner en práctica un nuevo plan de "racionalización" en el aparato distribuidor. El general Bachelet anunció que personalmente darla a conocer los nuevos planes, pero sin señalar el grado de incidencia que éstos tendrían para favorecer a los sectores populares. Las renuncias le fueron entregadas el lunes 2 de abril. Una semana más tarde sólo se conocía el reemplazo del socialista Sergio Juárez por el socialista Eduardo Child, en la gerencia general de Agencias Graham. Se esperaban los nombramientos de los seis oficiales de alta graduación solicitados por Bachelet a los Altos Mandos.

El miércoles 4 de abril en un tabloide, de procaz oposición al gobierno de la Unidad Popular, el general Bachelet formuló declaraciones. Reveló su petición de oficiales "de ciertos grados" y adelantó que "en pocos días más espero que habrá muchas novedades".

Entretanto, no ha surgido una palabra sobre CENADI, INDUS LEVER y PERLAK, grandes empresas privadas, de carácter estratégico para el abastecimiento, que promueven el mercado negro y la especulación y cuyo paso al área social es exigido por los trabajadores. CENADI —ex CODINA— fue requisada en octubre, pero después se puso término a la requisición. Ahí está el centro vital de control del 70 por ciento de la distribución de productos esenciales. Es la gran herramienta económica de abastecimiento manejada por la burguesía. Si los militares realmente desean y pueden enfrentar una distribución equitativa, mantener la "canasta popular" y fortalecer los Almacenes del Pueblo, CENADI deberá ser incorporada al área social y al control de los trabajadores como paso fundamental de control a la producción y distribución.

Después del cambio de gabinete y del término de funciones de los ministros generales, el presidente Allende otorgó amplias atribuciones al Secretario Nacional de Distribución y Comercialización, general Alberto Bachelet, para "organizar de una vez por todas el suministro racional, proporcional, adecuado y oportuno de los alimentos básicos a toda la población". Sin embargo, el uso de esas atribuciones hasta el momento parece contraponerse con el significado político de poder para los trabajadores que encierra la distribución.

El Pleno del PS efectuado la última semana de marzo puntualiza en su informe: "se debe establecer el control popular de la distribución, estatizando los monopolios de distribución mayorista y utilizando todos los mecanismos del comercio establecido como fundamentalmente los nuevos canales de distribución creados por las masas y el gobierno para enfrentar con éxito los problemas de abastecimiento y reprimir con energía la especulación y el mercado negro".

También el secretario general del PS, senador Carlos Altamirano, en carta al secretario general del PC, senador Luis Corvalán, el 13 de febrero, manteó: "damos todo nuestro apoyo a la política expuesta a nombre del gobierno por el ministro Fernando Flores, cuyo mérito fundamental reside en el propósito de encarar la distribución del producto real de los bienes esenciales, asegurando un reparto equitativo, basado en el control de las organizaciones populares, como las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) y los Comandos Provinciales de Abastecimiento y en la acción de los organismos del Estado. Esta política corresponde, en líneas generales, a los acuerdos logrados entre ustedes y nosotros cuando estudiamos específicamente esta materia".

El curso de los hechos en los últimos tres meses revela incumplimiento de estos propósitos. Una política que otorga cuota de poder a las masas, tan importante como es la de su participación y control en abastecimiento, distribución y comercialización, evidentemente no resiste la conducción jerarquizada propia de la dirección militar ni burocratizada. Ahí, parece estar la incomprensión del problema.

DECLARACIONES DE BACHELET

El lunes 9 del actual, a las 17 horas, este cronista solicitó telefónicamente una entrevista al General Alberto Bachelet, por intermedio de una secretaria se le hizo saber que se publicaría un análisis crítico sobre el proceso de distribución y que PF deseaba ofrecerle tribuna para ampliar los ángulos de observación del problema. No se trata de un hipócrita antifaz de "objetividad", siempre usado por los servidores de la prensa reaccionaria. Se persigue entregar al lector de PF el máximo de antecedentes que le permitan clarificar sus propias conclusiones.

El Secretario Nacional de Distribución y Comercialización solicitó un cuestionario por escrito para aportar sus antecedentes.

El cuestionario y sus respuestas son:

PF.: El decreto 41 que integró a la oficialidad a las funciones de abastecimiento y distribución le asignó una acción de asesoría y de fiscalización. ¿Se está cumpliendo en esa forma o desde la Secretaría Nacional se están dictando políticas determinadas?

Bachelet: El DS Nº 41 no sólo incorpora algunos miembros de las Fuerzas Armadas a las funciones de la Distribución, sino también fija la política por la cual éstos debían guiar su acción.

De ello se desprende que la Secretaría Nacional no dicta políticas sobre la materia, sino que se esfuerza por dar una solución adecuada al problema general del abastecimiento y distribución dentro del marco previamente establecido por las autoridades de Gobierno.

Lo mismo debe entenderse de las Distribuidoras que dependen de la Secretaría Nacional.

Por otra parte lo anterior no significa carencia de autonomía ni asfixia a las iniciativas que puedan surgir. Por cierto que no. La flexibilidad se ejerce dentro de los marcos generales previamente definidos.

Dentro de ellos podemos dictar subpolíticas o normas, las que a su vez constituirán el marco de acción para los organismos que de nosotros dependen.

PF.: En la política económica enunciada por el Ministro de Economía, en nombre del gobierno, se planteó la "canasta popular" y los Almacenes del Pueblo como cuotas de poder popular para que las masas intervengan en el control y organización de la distribución. La aplicación de estas líneas de políticas acarreó la exoneración de dos gerentes de Agencias Graham por discrepancias con su criterio. ¿Cuál es la política definida que la Secretaría Nacional implanta o busca implantar en estas materias?

Bachelet: Insistiendo que las políticas son definidas por los organismos superiores de Gobierno, la Secretaría Nacional estima que cualquier intento serio en solucionar el problema del abastecimiento debe basarse en las organizaciones de masas.

La alternativa a este curso de acción no sería sino un ejército de funcionarios que, aparte de los problemas burocráticos y económicos que origina, nunca lograría la eficiencia que es posible obtener de la propia comunidad organizada.

La razón nos parece obvia. Nadie puede solucionar mejor un problema que el propio afectado, que en este caso son los consumidores, calidad en la que están incluidos todos los chilenos.

Todos son pues los llamados a completar el esfuerzo estatal en la lucha por lograr una distribución justa y oportuna.

PF.: Está comprobado que la distribución y el abastecimiento, dependientes directamente de la producción, estructuran parte importante del poder político y económico de la burguesía. Si por sus orígenes, realidades y proyecciones se trata de un problema político, ¿puede conciliarse esto con una acción eminentemente técnica o no política que emane de la Secretaría Nacional de Distribución? ... ¿Cómo?.

Bachelet: A mi modo de entender, la solución técnica de un problema es producto de una definición política previa.

En materia de Distribución y Comercialización, evidentemente que los caminos que se elijan dependen de la concepción ideológica que anime al planificador.

Cuando el Gobierno nos ha dicho que la acción de la Secretaría debe regularse por una política determinada, las soluciones téc nicas que se busquen deben ajustarse a ella, por lo tanto las alternativas a considerar se restringen a aquellas acordes con la definición previa.

Se desprende entonces que la instancia política de la esfera de la distribución ha sido resuelta en niveles superiores, correspondiéndonos solamente administrar el componente técnico del problema.

PF.: En tres meses de función, con oficiales en los altos cargos de las empresas del complejo estatal de distribución y con otros miembros de las FF.AA. pedidos por Ud. para lo mismo, hasta ahora no surge con claridad cuál es la política definida sobre la "canasta", y los "Almacenes del Pueblo". ¿Mantendrán las formas de organización que se dieron los propios trabajadores en octubre al gestarlas o serán sujetas a reglamentación o nuevas normas?

Bachelet: La "canasta" nos parece una muy buena solución, como también las formas de organización que se dieron los propios trabajadores para implementarla.

La imagen que algunas personas han pre tendido dar en el sentido que esta Secretaría estaría contra esa forma de solución es errónea, y ha surgido de una mala interpretación que se ha hecho de nuestros esfuerzos por conciliar los intereses de dos grupos de trabajadores: los pobladores y los pequeños comerciantes.

Son alrededor de 300.000 las familias que viven de esa actividad, componiendo un grupo muy importante cuyas necesidades son también comprensibles.

Por otra parte no podemos desconocer el servicio que prestan y la infraestructura con la que cuentan.

De allí entonces que, donde existe comercio establecido, tratamos de encauzar a través de ese canal el flujo del abastecimiento. (Donde no hay comercio, la canasta es la única solución).

El problema surge cuando se trata de establecer la distribución directa en lugares donde hay comerciantes establecidos.

Sabemos también que entre los comerciantes hay gente que trata de abusar de su condición, pero allí debe actuar la comunidad organizada para controlar, fiscalizar y denunciar a los deshonestos.

Por otra parte, la racionalización que haremos en la distribución de los alimentos y productos esenciales conflictivos no constituye sino una forma de canasta que distribuiremos a los dos millones de familias chilenas, empleando para ello a los comerciantes honestos.

PF.: Respecto a las JAP se registran contradicciones. Está sabido que su organización por la base, desde el seno mismo de la masa, no soporta reglamentos rígidos como la "cartilla" propuesta por Ud. ¿Cuál es el criterio de esa Secretaría Nacional en este sentido?

Bachelet: La verdad es que la "rigidez" de la cartilla no es tal. La iniciativa de las bases es buena y tratamos de estimularla. Creo que el instructivo facilita y orienta el desarrollo de ella.

La intención de la cartilla fue más bien dictar normas generales que despojaran públicamente a las JAP de la imagen con que se las venía cubriendo, de tal forma que todo

el mundo conociera las reglas del juego y participaran.

También buscamos eliminar los vicios reales de que adolecían algunos de estos organismos.

Finalmente tratamos de dar cierta uniformidad que permitiera un "enganche" regular entre la estructura estatal de distribución y las organizaciones de base, regularización que hará más expedita la operación final de la distribución.

PF: El manejo de la distribución a cargo de oficialidad de las FF.AA., ¿representa una función ajena a los institutos militares propiamente tales o corresponde a directivas o normas que emanan de los altos mandos sobre la materia, por tratarse de un problema estratégico?

Bachelet: Como es de su conocimiento, el Supremo Gobierno solicitó á las instituciones de la Defensa y Carabineros la presencia de algunos oficiales, los que fueron comisionados al Ministerio de Economía. Este último les destacó en las responsabilidades de la Distribución.

En otras palabras, sólo se está aprovechando la experiencia de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, pero no se están aplicando directivas de éstas sobre la materia.

Indudablemente que los institutos Armados tienen dentro de sus planificaciones de emergencia criterios definidos para el problema de distribución, pero ellos sólo son aplicables en situaciones y marcos muy específicos, que no son los vigentes en la actualidad.

Es bueno entender que no son las Fuerzas Armadas las que tienen la responsabilidad de la Distribución, sino algunos de sus miembros son los que, al servicio de organismos estatales civiles, materializaron las políticas que éstos definen en materias de distribución y comercialización.

PF.: El criterio de la Secretaría Nacional ¿se inclina por restarle poder a la burguesía u otorgarle más al pueblo a través de la incorporación o nó al área social de CENADI, Indus Lever, Perlak y otras empresas de los centros de concentración económica privados?

Bachelet: El criterio de la Secretaría es solucionar el problema del abastecimiento básico a diez y medio millones de personas, con absoluta prescindencia de los niveles de ingresos ni cualquiera otra consideración.

Para lograr estos objetivos se hace necesario incorporar a la programación no sólo a las empresas estatales sino también a las privadas.

Los esfuerzos por lograr una distribución justa, pasan por centralizar la' distribución de los productos cuya oferta aparece como crítica.

También es necesario orientar la esfera productiva de estos rubros, de tal forma de ordenar las disponibilidades a las necesidades reales de toda la población.

Desde el punto de vista técnico, es lo mínimo indispensable para compatibilizar racionalmente disponibilidades con requerimientos.

PF.: ¿Qué medidas tiene planificadas esa Secretaría Nacional para enfrentar los problemas de abastecimiento por las contingencias que el invierno origina en los sectores de bajos ingresos?

Bachelet: Los esfuerzos de la Secretaría están básicamente orientados a fortalecer las dos columnas que sostienen la función de distribución a nivel nacional: la eficiencia del aparato de distribución nacional y la eficacia de las organizaciones de base.

En relación a lo primero, estamos acelerando la especialización de las empresas estatales de producción, de tal forma de, como lo decía antes, centralizar el flujo.

Estamos tratando de adelantarnos a los hechos, a través de una programación que nos permita informar con la suficiente anticipación a las JAP, las cuotas de alimentos y la oportunidad con que llegarán los abastecimientos a cada unidad vecinal, de tal suerte que los problemas puedan organizarse en forma tal que se aminoren las incomodidades del mal tiempo.

La seguridad de la llegada de esos productos evitará que las dueñas de casa, víctimas de la. incertidumbre, busquen desesperadamente los productos esenciales.

La otra cara de la moneda está en la eficiencia de las JAP, su organización y dinamismo. Constantemente hemos estado reunidos con estos organismos, no solamente en Santiago sino que también en provincias, planteando la necesidad de un trabajo más intenso, que permita un feliz término de la cadena de distribución.

PF.: ¿Cuándo, cómo, sobre qué criterio político piensa resolver la Secretaría Nacional el problema de distribución, o al menos, aminorarlo?... ¿Aumentará el margen de distribución estatal?

Bachelet: Bueno, ya lo decía anteriormente, el criterio político está definido. Nuestros esfuerzos son técnicos dentro del marco previamente definido.

El margen de distribución ejercido por las empresas estatales está en aumento, puesto que están ingresando productos que anteriormente o eran comercializados directamente por las empresas productoras, o su distribución la hacía la actividad privada.

El "cuando" no es posible de adelantar pues los esfuerzos por aumentar los productos controlados continúan.

Lo que sí es posible asegurar, es que toda la distribución será programada por la Secretaría Nacional, tanto la de distribuidoras estatales como privadas, ya que es la única forma de lograr una racionalización oue asegure una distribución justa y equitativa.

HÉCTOR SUAREZ BASTIDAS


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02