El Poder Político y las Fuerzas Armadas

Suplemento de la edición Nº 181 de PUNTO FINAL
Martes 10 de abril de 1973.
Santiago – Chile

EL PODER POLÍTICO Y LAS FUERZAS ARMADAS

Por RAÚL AMPUERO

LAS FUERZAS ARMADAS han venido adquiriendo un rol cada vez más relevante en la escena política chilena, después de un paréntesis histórico más formal que real.

La expresión más destacada de la participación directa de las FF.AA. en el escenario político, fue su inclusión durante cinco meses (desde fines de octubre de 1972 a fines de marzo de 1973), en el gabinete del presidente Allende. Durante ese lapso las FF.AA. ocuparon las carteras del Interior, Obras Públicas y Transportes, y Minería, a través —respectivamente— del comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats González, del contralmirante Daniel Arellano, y del general de la fuerza Aérea, Claudio Sepúlveda. Ese gabinete terminó sus funciones el pasado 27 de marzo. Sin embargo, las FF.AA. continúan a cargo de importantes funciones de gobierno. En palabras del presidente Allende: "Seguiré contando (con las FF.AA.) fundamentalmente, en algunos aspectos que en este Instante tienen prioridad en nuestro país: abastecimiento, transporte marítimo, aéreo y terrestre, sistema portuario. Industrias estratégicas, pero indispensable» De la misma manera que se reactualice el Decreto con Fuerza de Ley 181 que creó el Consejo Superior de Seguridad (CONSUPSENA), y la Junta de los señores Comandantes en Jefe. El objetivo el coordinar programas de gobierno a requerimiento de la seguridad nacional, racionalizar las tareas de participación de las FF. AA. para acrecentar el potencial nacional. El procedimiento me parece necesario y es el de adecuar el Estado Mayor de la Defensa Nacional para cumplir como organismo permanente de trabajo de CONSUPSENA y de la Junta de Comandantes en Jefe" (discurso de Allende, 27 de marzo de 1973).

Estas palabras del presidente Allende revelan que el importante rol que han venido asumiendo las FF.AA., continuará creciendo. PUNTO FINAL ha querido ahondar en el carácter y papel que juegan los institutos armados en nuestro país, particularmente bajo un gobierno popular cuyo Programa plantea Iniciar la construcción del socialismo. Como un primer aporte al estudio del tema, presentamos este trabajo de Raúl Ampuero Díaz, ex senador, ex secretario general del partido Socialista y actual dirigente de la Unión Socialista Popular. Como parlamentario, Raúl Ampuero se distinguió por su conocimiento de los problemas que afectan a las FF.AA., tema que abordó en repetidas ocasiones. El trabajo que publicamos en estas páginas fue redactado en vísperas del último cambio de gabinete, o sea, cuando aún las FF.AA. se desempeñaban en tres cargos ministeriales.

LA incorporación a las tareas ministeriales de tres altos Jefes de las Fuerzas Armadas constituyó un acontecimiento insólito en la situación política de Chile. Desde la Iniciación del gobierno de Allende, era la primera vez que se rompía ostensiblemente el monopolio de la UP en el manejo del Poder Ejecutivo, verdadero centro de dirección del proceso, tanto por el carácter pluripartidista del régimen como por la notoria ineptitud de los altos mandos de la coalición de partidos para asumir tal responsabilidad. Era insólito, además, porque la medida —pese a ser espectacular— no removía ninguno de los obstáculos que determinan el estancamiento en la larga pugna entre el Ejecutivo y el Congreso, lo que hace muy incierta su efectiva proyección política.

Nos encontramos, una vez más, ante un hecho difícil de apreciar si partimos de premisas abstractas. Sin entrar a discutir la supeditación Inveterada del comportamiento militar a los cánones del Estado capitalista y a la dominación de clase que éste representa, lo que sorprende es el grado de flexibilidad y el margen de autonomía que —en el plano político— demuestran las Fuerzas Armadas chilenas. Queda por averiguar, sin embargo, si el respeto a la legalidad formal ha permitido ganar a las fuerzas de la Defensa para la empresa de instalar el socialismo, o a la inversa, si el apoyo que éstas le brindaron al gobierno en una amenazadora coyuntura ha colocado de nuevo al Estado sobre su centro de gravedad Inicial, haciéndolo mas invulnerable que antes a los cambios revolucionarlos.

No pretendemos contestar aquí esta pregunta. Trataremos sólo de describir el ámbito ideológico dentro del cual se ha desarrollado el fenómeno; tanto los principias y valores que por su consagración en el derecho positivo y el sentido con que se interpretan tienden a garantizar la inmutabilidad del viejo orden, como aquellas pautas de conducta que por su carácter formal, cambian bruscamente de contenido cuando el vértice político —la suprema instancia jerárquica— cambia de signo.

EL "NEUTRALISMO" MILITAR

El Estado, en su gestación histórica y por su propia naturaleza, asume una cierta tarea social necesaria a la comunidad, y, al mismo tiempo, cristaliza Jurídicamente una cierta dominación de clase. De la medida en que prevalezca su Justificación Ideológica, como protector del "bien común", depende el grado en que su autoridad se ejerce por la vía del consenso y de la obediencia voluntaria de sus súbditos. En ese sentido, es indispensable que sus órganos de coacción física operen como eficaces instrumentos de disuasión, por una parte —desalentando a los rebeldes— y como instituciones políticamente neutras, por otra, rodeadas de un aura de símbolos supremos de la nacionalidad. Ambas atributos se apoyan en el rol patriótico que todos les reconocen a las Fuerzas Armadas, frente a la amenaza o la agresión exterior.

Es, pues, con relación al Ejército —instrumento básico del Estado y la expresión más pura de capacidad compulsiva— que se despliegan los mayores esfuerzos para mantenerlo políticamente incólume, al margen de querellas que podrían debilitarlo como recurso extremo de autoridad y de preservación del orden establecido. Los valores de "patria", "orden", "unidad nacional", y otros, se llevan a un nivel de abstracción que permita manipularlas Impunemente, de modo que su significado práctico calce, en cada circunstancia, con el interés mezquino y concreto de los sectores dominantes.

Conviene advertir aquí que nos encontramos a cada paso con la ambigüedad del vocablo "política", aplicado a temas militares. En general, no lo usaremos para referirnos a los compromisos partidistas, sino a las inevitables conexiones del sector castrense con los asuntos de Estado.

En nuestro país, la tendencia a idealizar la neutralidad de las Fuerzas Armadas y a elogiar su profesionalismo, junto con introducirlas gradualmente y sin escrúpulos en el campo ideológico reaccionario, se acentúa a contar de la segunda administración de Arturo Alessandri Palma. Las fuerzas conservadoras habían asimilado las lecciones recientes. Entre los años 1924-25, una áspera pugna entre diferentes ramas y facciones habla terminado por oponer muy nítidamente a los oficiales jóvenes frente a los personeros del Alto Mando; con el derrocamiento de Ibáñez, el sentimiento "civilista" había deteriorado el prestigio de las formaciones militares; poco después, un golpe de mano que pudo desembocar en un verdadero alzamiento revolucionario, dejó en poder de sus tripulaciones a las principales unidades de la Marina de Guerra. Tales desquiciamientos institucionales culminaron con las jornadas del 4 de junio de 1932, cuando un coronel en servicio proclama la República Socialista, en un gesto de suprema ingenuidad pero, a la vez, de espléndida audacia, como habrá de reconocerse algún día.

Más atrás en el tiempo, la guerra civil del 91 había dejado también perdurables lecciones. De todo ello surgió la consagración formal de la doctrina de la prescindencia política y del profesionalismo castrense. De esa manera se intentaba devolverles a los mecanismos estatales la cohesión que faltó en ocasiones críticas, llegando a poner en peligro la continuidad del régimen de explotación que le servía de soporte y la hegemonía de los viejos clanes oligárquicos. Constituía una fórmula adecuada para unas Fuerzas Armadas que —a diferencia de las de Europa, por ejemplo— sólo excepcionalmente han debido emplearse en conflictos externos y carecen de justificación como instrumentos de dominación colonial. En esencia, se las presenta como encarnación superior, desinteresada y altruista, de un orden que al nivel de los órganos civiles de poder mostraba demasiado ostensiblemente sus grietas, sus mezquindades y sus vicios. La sistemática exclusión de las Fuerzas Armadas de los conflictos entre diversas facciones de la burguesía aseguraba, además, que no se repetirían los enfrentamientos del 91, ni las peligrosas escaramuzas ocurridas entre los años 1924 y 1932. Como resguardo adicional, Alessandri organizó las Milicias Republicanas.

EL SOLDADO Y LAS INSTITUCIONES MILITARES

Ni el profesionalismo, ni la neutralidad ideológica han impedido, como veremos, la integración esencial de las Fuerzas Armadas en el orden capitalista, con los valores y las instituciones burguesas y en el sistema mundial establecido por el imperialismo.

Podríamos decir, con fines preferentemente pedagógicos, que al soldado chileno se le enclaustró paulatinamente en el interior de tres anillos de subordinaciones sucesivas, para segregarlo del medio exterior, evitarle el contagio con las ideas "subversivas" y preservarlo como último recurso de defensa de la vieja sociedad. El primer anillo está constituido por la dependencia estricta del individuo con respecto a la institución militar; el segundo, por la fusión institucional con el sistema socio-político capitalista; y, el tercero, por el sometimiento de la Defensa Nacional del país a una concepción hemisférica, de inequívoca filiación imperial.

Nuestros códigos y ordenanzas militares recogen y traducen en normas expresas los principios de verticalidad del mando, jerarquía y disciplina, que son características universales de las organizaciones de combate. Sin embargo, no en todas partes esos rasgos se dan con las mismas modalidades. Tratándose, en nuestro caso, de instituciones republicanas, de órganos armados de una democracia formal, el principio de la obediencia se halla expresamente limitado por el concepto de la legalidad. Así, el subalterno que recibe una orden dudosa, porque "sabe que el superior, al dictarla, no ha podido apreciar debidamente la situación, o cuando los acontecimientos se hayan anticipado a la orden, o aparezca que ésta se ha obtenido por engaño, o se tema con razón que de su ejecución resulten graves males que el superior no pudo prever, o la orden tiende notoriamente a la perpetración de un delito", podrá "suspender el cumplimiento de tal orden, y en caso urgente modificarla, dando inmediata cuenta al superior". El mismo artículo agrega: "Si éste insistiere en su orden, deberá cumplirse en los términos del artículo anterior" (Art. 335 del Código de Justicia Militar).

La noción sancionada por el legislador es, entonces, la de obediencia reflexiva, y deja un considerable espacio para el discernimiento del subalterno. No obstante, la costumbre, el hábito de asimilar el orden disciplinario de los cuarteles a un mecanismo de obediencia automatizada, la necesidad de contar con agentes ejecutivos y expeditos en circunstancias difíciles, han tendido a darle a la subordinación jerárquica un carácter más o menos absoluto.

A propósito del mando en las Zonas de Emergencia, se suscitó un incidente bastante curioso en el Senado, durante la administración Frei. Los senadores de izquierda sostuvieron en el debate la responsabilidad personal de ciertos oficiales frente a los excesos represivos que tuvieron por escenario los minerales de El Salvador y Chuquicamata, basados en el principio de la obediencia reflexiva. Los parlamentarios de gobierno replicaron airadamente, calificando de abiertamente sediciosas aquellas consideraciones, que no hacían sino repetir literalmente los antiguos preceptos del Código Militar.

También ha contribuido a soslayar la responsabilidad penal y moral de los militares con respecto a la sociedad civil, el fuero que los protege en el orden judicial. Refleja el espíritu de cuerpo y la solidaridad institucional en un campo particularmente delicado.

Abundan los incidentes en que se ha hecho uso abusivo de las armas, segando vidas y destruyendo bienes en un alarde cruel e inútil de violencia, sin que la justicia militar sancionara a los culpables. Pareciera temerse que el castigo a cualquier exceso pudiese atemperar el celo represivo de las formaciones militares, o de las fuerzas policiales, en su caso. Así, el soldado se siente dueño de un poder más o menos discrecional y piensa que su responsabilidad directa se disuelve en una función institucional Inviolable, requisito y asilo de su propia impunidad. Sea porque su culpa se esfuma a medida que encuentra una plena justificación operativa y moral en la larga cadena de órdenes sucesivas, que casi siempre tiene su extremo en las jerarquías mas elevadas, sea porque la Justicia castrense sigue una inspiración corporativa, el hecho es que el hombre de armas se siente protegido en el interior de esa estructura y, en la misma medida, irremediablemente subordinado a ella.

Contribuye a acentuar la supeditación del hombre al oficio la unilateral y excluyente formación profesional. El oficial excluido de las filas, hasta hace poco, tenía cerrados todos los caminos para ingresar a otras actividades, salvo contados especialistas que hallaban en la vida civil alguna ocupación relacionada con sus conocimientos técnicos. En esas condiciones, el sistema de calificaciones y el albur de ser incluido en las cuotas anuales de eliminación constituían —y constituyen aun hoy— poderosos factores de cohesión institucional. El acatamiento riguroso del esquema de lealtades Jerárquicas se apoya principalmente en el temor a ser excluido del único cuerpo para el cual se ha recibido instrucción idónea, o, dicho de otro modo, en el temor de ser proyectado hacia empleos subalternos y mal pagados en la vida civil.

En la esfera constitucional, el principio de la neutralidad se refleja en la prohibición de deliberar. Se trata, por supuesto, de un principio que actúa con mayor rigor sobre los de abajo que sobre los de arriba, puesto que a medida que se asciende en el escalafón y en el mando será inevitable que los asuntos castrenses se ensamblen con las cuestiones políticas, en la mejor y en la peor acepción de las palabras.

También este punto, en momentos de tensión, se ha prestado a interpretaciones extremas. Se ha discutido reiteradamente el significado del vocablo "deliberar", no, por cierto, para satisfacer una curiosidad semántica, sino como manifestación del miedo que invade a las manipuladores del poder militar frente al eventual contagio ideológico de los miembros de las Fuerzas Armadas. Se llegó a sostener, por ejemplo, que les estaba vedado ostentar convicciones y expresar ideas que de algún modo se conectaran con las grandes corrientes del pensamiento contemporáneo —como el socialismo, por ejemplo— aún al nivel puramente intelectual. Para ello se asimiló el verbo "deliberar" a la acción de reflexionar, de discurrir, en suma, de pensar. Sólo muy recientemente se ha hecho evidente que entre el proceso de análisis de una situación dada o de una idea cualquiera, y el concierto colectivo para romper la disciplina de un cuerpo armado, hay la misma distancia que separa el ejercicio de una facultad Inalienable del hombre de la realización de un acto sedicioso.

Determinados criterios interpretativos y cierto rutinarismo práctico atribuyeron, a veces, un valor absoluto a los fundamentos orgánicos del régimen militar. En nombre de la antigua disposición constitucional, que decía: "La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar", tomada en términos literales, se anulaba cualquier tentativa dé discernimiento personal en el soldado, en el interior del ordenamiento castrense.

LAS FF.AA. Y EL ESTADO DEMOBURGUES

Si las formaciones militares constituyen un órgano esencial del Estado, debe suponerse que cualquier crisis política que comprometa a los cuarteles tiende a hacerse más honda y más grave, sea porque las luchas intestinas de la clase dominante alcanzan una virulencia que debilita todo el andamiaje del poder, sea porque pone en peligro la estabilidad del propio Estado tradicional. Para evitarlo se ponen en juego variados mecanismos, que contribuyen a trazar el esquema de dependencia en que se mueven las fuerzas de la Defensa Nacional.

Entre nosotros se ha buscado integrarlas en el sistema demoburgués, sometiéndolas al control directo del poder Ejecutivo, pese a que la Carta Fundamental mantiene una vieja disposición en cuya virtud el Senado califica o autoriza el ascenso de los oficiales desde el grado de coronel, en el Ejército y la Fuerza Aérea, y desde el grado de capitán de navío en la Marina de Guerra. También es preciso contar con el acuerdo del Senado para que el presidente de la República asuma personalmente el mando de las Fuerzas de aire, mar y tierra.

Pese a las disposiciones que entregan al Parlamento, y de preferencia al Senado, algunas funciones de control democrático sobre las Fuerzas Armadas, se ha Impuesto la doctrina que reconoce en el Primer Mandatario a su "Generalísimo", título bastante inapropiado si se advierte que el presidente de la República, en cierto modo, tiene menos autoridad y facultades sobre estos servicios que sobre las ramas civiles de la Administración. Ya hemos visto las limitaciones que le Impuso el constituyente en la promoción de los Jefes superiores, a las que se añade todo un sistema de autogeneración de los mandos en el cual la intervención presidencial es más bien Indirecta.

En los años anteriores al 70 se desarrolló una persistente campaña para entregar en forma exclusiva el manejo de las Fuerzas Armadas al presidente de la República, sustrayéndolas a la supervisión democrática de un Parlamento integrado por una minoría de izquierda cada vez más numerosa y activa. El diputado Pareto, en el afán de oficializar el rango de "Generalísimo" que el lenguaje político había vulgarizado, llegó a proponer la derogación de la norma constitucional relativa a los ascensos de coroneles, generales, capitanes de navío y almirantes, dejándolos entregados a la discrecionalidad presidencial. En el Senado, con motivo del despacho de algunos mensajes de promoción, se recurrió a los argumentos más livianos y rabulescos para impedir que la Comisión de Defensa Nacional, con mayoría de izquierda, se constituyera en las Zonas de Emergencia entregadas al mando de oficiales cuyos ascensos estaban sometidos al estudio de la Corporación. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se limitó a sostener en su informe que las funciones encargadas a esos oficiales eran ajenas al servicio, y carentes de relieve, en consecuencia, para evaluar sus méritos profesionales. Al mismo tiempo sentó la increíble tesis que las Comisiones de las Cámaras legislativas no podían funcionar lícitamente fuera del recinto del Congreso. Ignoró, desde luego, el origen de evidente inspiración política de la disposición que entrega al Senado la facultad que comentamos, como lo había reconocido anteriormente la misma Comisión, en un informe de 1945, donde se sostiene que "la intención del constituyente (de 1833) fue exigir el acuerdo de esta Corporación para conferir los empleos militares que por su alta graduación tienen o pueden tener a su disposición una fuerza irresistible". En otras palabras, el pronunciamiento tanto de la Comisión como de la Sala implica un juicio acerca de la lealtad cívica del oficial con referencia a la legalidad republicana. El mencionado dictamen de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, olvidó también que en decenas de oportunidades las más diversas Comisiones parlamentarias funcionaron sin trabas ni protestas en distintas provincias de Chile, a fin de estudiar en el terreno problemas de toda índole, tales corno los daños de un terremoto, regímenes aduaneros especiales, modalidades de la reforma agraria, etc.

Como dijimos, se tendía a sustraer a los institutos armados de toda forma de control democrático, como se advertirá también en el examen de otras materias más ligadas con las sustancias de la función militar. Se creía ver en la suprema y exclusiva autoridad del presidente sobre los cuerpos armados, una garantía para mantenerlos alejados de cualquier contacto con las ideas y los partidos revolucionarios y de clase.

Pero, en la compleja trama de normas de derecho, cánones de comportamiento y nociones ideológicas que ligan la milicia a los órganos de poder y al régimen social, es la institución de la Zona de Emergencia la que hace resaltar mejor la asociación de las Fuerzas Armadas con el poder civil y, a menudo, con los partidos que específicamente lo ejercen. Se trata de ocasiones en que el Estado apela al uso abierto de la fuerza pública como último recurso compulsivo.

La Zona de Emergencia ha sufrido una evolución curiosa y sugestiva. Hacia fines de la Segunda Guerra Mundial aparece por primera vez en la ley 7.200, llamada de Emergencia, pero concebida con una justificación puramente militar. Hasta entonces, había prevalecido con todo su rigor el artículo 44 de la Carta Fundamental, en cuyo número 12 se prescribe que sólo en virtud de una ley se puede "restringir la libertad personal y la de imprenta, o suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión, cuando lo reclamare la necesidad de defensa del Estado, de la conservación del régimen constitucional o de la paz interior y sólo por períodos que no podrán exceder de seis meses. Si estas leyes señalaren penas, su aplicación se hará siempre por los Tribunales establecidos. Fuera de los casos prescritos en este número, ninguna ley podrá dictarse para suspender o restringir las libertades o derechos que la Constitución asegura".

La ley 7.200 autorizó determinadas limitaciones de los derechos ciudadanos y habilitó al Ejecutivo para hacerlo por simple decreto, en tres casos específicos: los de ataque exterior, invasión y guerra. Todo "previo informe del Consejo Superior de Defensa Nacional", con lo que confirma el carácter bélico de las medidas y justifica la presencia de jefes militares a la cabeza de las Zonas sometidas al régimen de excepción. El debate parlamentario fue particularmente minucioso a este respecto y dio lugar a insistentes seguridades de los ministros para circunscribir su campo de aplicación. Dijo el ministro Matte, de Hacienda, por ejemplo:

"Oportunamente, por medio de la Secretaría General de Gobierno, se han precisado los alcances de los artículos 14, 15 y 16. Las medidas consideradas en ellos están condicionadas a las tareas del Consejo Superior de Defensa Nacional, no se vinculan de manera alguna a situaciones de régimen político y en nada afectan al respeto y observancia de la Constitución por parte del gobierno, no rozando por lo tanto el ejercicio de los derechos que ella consagra".

En 1960, al discutirse un proyecto de ley para enfrentar las consecuencias del terremoto de ese año, se amplió el precepto original, incluyéndose la "calamidad pública" como nueva causal para implantar la Zona de Emergencia. Así se consignó en el texto de la ley 12.927, de Seguridad del Estado. En el curso del trámite parlamentario tampoco hubo dudas acerca del alcance de la nueva expresión: fue manifiesto el consenso para estimar que la "calamidad pública" se refería única y exclusivamente a los daños derivados de fenómenos naturales, ajenos a la voluntad humana.

Sólo mucho más tarde —en especial durante la administración Frei— se sancionó el uso de las facultades presidenciales para enfrentar situaciones de conmoción social o política. Insidiosamente, con un propósito deliberado y antagónico al espíritu y a la letra de la Constitución, se llegó así a comprometer a los jefes militares en las contingencias y los conflictos más agudos. Si fue explicable que asumieran responsabilidades de mando territorial en trances propiamente bélicos, como lo estipulaba la ley 7.200, y fue también comprensible utilizar la capacidad técnica y administrativa del Ejército para restaurar la normalidad en regiones convulsionadas por fenómenos telúricos, no parece igualmente lógico que asuman responsabilidades difusas y casi discrecionales frente a trastornos de evidente carácter político.

En la práctica, los Jefes de Plaza quedan situados en una posición equívoca y curiosa; ejercen el mando natural de la fuerza pública, pero, al mismo tiempo, asumen el carácter de agentes personales del presidente de la República en la esfera del gobierno interior del Estado. Por su parte, la ley les señala un conjunto de atribuciones propias, que parecieran asignarle un considerable margen de autonomía, y, por tanto, de responsabilidad personal en sus decisiones.

Tal ambigüedad se ha prestado para consagrar un régimen de autoridad que no tiene otras fronteras que el criterio y la discreción del Jefe de Plaza. Una suerte de dictadura temporal, al uso romano, aparentemente justificada por circunstancias de apremio o peligro.

Lo más grave, sin embargo, consiste en la imposibilidad práctica de hacer efectivas las responsabilidades penales o administrativas. Sistemáticamente se ha confirmado la impunidad de oficiales envueltos en, acciones luctuosas, como en la masacre de El Salvador, o en hechos menos dramáticos, como atropellos a las garantías constitucionales relativas a la libertad física de los ciudadanos, o a las libertades de reunión o expresión, bajo el pretexto de que se limitaron a cumplir órdenes superiores y deberes legítimos del servicio. A su vez, los gobiernos presentan los mismos hechos como efecto inevitable de la misión pacificadora de las Fuerzas Armadas, que así cumplirían una acción penosa pero patriótica, ajena a cualquier compromiso o inspiración política. A priori y en forma absoluta se tiende a descartar toda responsabilidad moral, política o criminal, por las acciones que se cumplen en una Zona declarada en emergencia. En el trágico suceso de El Salvador, la autoridad virtualmente ilimitada del Jefe de Plaza se extendió a las relaciones industriales internas de la empresa Andes Copper, en virtud de haber asumido también el cargo de interventor de la compañía, de manera que la fusión de las Fuerzas Armadas con los intereses políticos del gobierno de la época y con el orden capitalista alcanzó su más alto grado.

Otros dos mecanismos contribuyen a mantener la subordinación militar al orden tradicional: el proceso de formación de los oficiales y la denegación del derecho de sufragio a los suboficiales.

Como en la generalidad de los países capitalistas, entre oficiales y suboficiales se levanta una barrera infranqueable, profesional y social. Salvo casos muy raros, nunca un suboficial podrá trasponerla. Se origina en las escuelas de formación profesional, separadas y paralelas, y se refleja en cada una de las actividades castrenses. Todo, desde la tela de los uniformes hasta la atención de los casinos, hará ostensible el desnivel entre ambos estamentos.

El derecho a voto es reconocido, como se sabe, a la oficialidad, y negado a los suboficiales, con una incongruencia irritante, puesto que si la libertad de sufragio se estima amenazada por la influencia moral de los superiores jerárquicos, éste es un argumento válido para ambos escalafones. Con la diferencia, en favor de los suboficiales, de que habitualmente son de un promedio de edad más alto, lo que hace presumir en ellos también una personalidad más madura. En la actualidad, la prohibición es casi vejatoria: hombres encanecidos en el servicio de las armas son ciudadanos de segunda clase, en tanto sus hijos —alumnos de la enseñanza media, muchas veces— disponen de plenos derechos cívicos.

LA DEFENSA NACIONAL EN LA PERSPECTIVA HEMISFÉRICA

En otros trabajos hemos analizado la progresiva desnaturalización de los compromisos

contraídos en el ámbito interamericano. Desde sus orígenes, toda asociación de los EE.UU. con América latina se limitó a expresar la dependencia económica en el plano diplomático, pero el comportamiento imperialista cambia bruscamente de orientación hacia los comienzos de la década de los 60.

Recordaremos, para mayor claridad, que en 1947 se suscribió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para organizar la "defensa del hemisferio" ante la eventual agresión de potencias extracontinentales. En una curiosa mezcla de afirmaciones acerca de la comunidad de destino de las naciones situadas en el nuevo continente y de vagas alusiones a los valores democráticos, se puso la primera piedra del sistema que llevaría, con el tiempo, a pactar una Santa Alianza contra la Revolución Cubana y a declarar al marxismo fuera de la ley internacional.

Entre 1952 y 1964 los Pactos de Ayuda Mutua (PAM) implementan el sistema con nuevos compromisos, preferentemente militares, pero dirigidos también a asegurar la provisión de diversos materiales estratégicos a la potencia rectora. El hemisferio pasa a convertirse en una especie de santuario del "mundo libre" y los convenios toman contornos de alianza militar. El enemigo es identificado sin eufemismos: la Unión Soviética y el campo socialista. Chile los suscribe en 1952.

Cuesta creer que pasos tan decisivos en el alineamiento diplomático se dieran sin levantar una oposición vigorosa y auténtica. Sólo algunas agresivas acciones de protesta de la juventud obrera y estudiantil señalaron en 1952 la resistencia popular a la empresa entreguista, mientras las actas de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado dan fe de la obsecuencia de algunos repúblicos de la época al prestar su respaldo a lo que era, en esencia, un pacto bélico. El informe de mayoría lo califica de "expresión y consecuencia necesaria de los compromisos internacionales que han contraído las naciones interesadas en la defensa del mundo libre y de su civilización cristiana" ...

Independientemente de su valor doctrinal, el PAM agregó un nuevo eslabón a las cadenas de nuestra dependencia. La obligación contraída por los norteamericanos de proporcionar material y adiestramiento baratos a nuestras Fuerzas Armadas pasó a constituir un factor de presión económica y de disuasión política. El Pentágono, poseedor de una enorme autonomía para distribuir sus favores entre los países contratantes, casi todos con pleitos territoriales pendientes entre sí, es desde entonces un arbitro silencioso del equilibrio continental a través de la discriminada asignación de recursos. En los casos extremos se apela a la célebre Enmienda Hickenlooper, colocando en grave trance las disposiciones logísticas de la nación que sufre el golpe.

La inserción de Chile en el dispositivo estratégico de defensa del hemisferio importa una adhesión implícita al sistema capitalista en su versión yanqui, significa compartir el principio de que "la adhesión de cualquier Estado miembro al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano", según reza la Resolución de la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (enero de 1962), dirigida contra Cuba; consagra, en suma, nuestra incorporación a un sistema militar directamente manipulado por el imperialismo, con todas las implicancias ideológicas y prácticas que se pueden deducir.

Un episodio ocurrido en la Cuarta Conferencia Naval de Comandantes en Jefe, que agrupó a trece naciones del continente en el curso del año 1964, en la ciudad de Río de Janeiro, ilustra acerca del grado de subordinación mental de algunos gobiernos y de ciertos oficiales con relación a las aventuras bélicas de los EE.UU.

El 3 de agosto de ese año, tres lanchas torpederas atacaron al destructor "Maddox" en aguas internacionales del Golfo de Tonkín, en la Indochina, según informó la prensa. El buque norteamericano salió indemne de la prueba, sin daños y sin bajas, y hasta logró hacer blanco en una de las embarcaciones agresoras, según las mismas fuentes.

Dean Rusk, en nombre del gobierno yanqui, declaró que las torpederas eran de nacionalidad nordvietnamita, con lo que se desató una grave crisis en el sudeste asiático, de dramáticas repercusiones en todo el mundo. En los días siguientes el clima de alarma casi alcanzó los límites de la histeria. "Johnson ordenó destruir todo elemento agresor", titula su información de primera página "El Mercurio" del 4 de agosto, y resume:

"El presidente norteamericano manifestó que luego de enterarse del incidente ocurrido en el Golfo de Tonkín dio instrucciones para que los comandantes de aviones de combate y destructores que están en la región ataquen con la máxima potencia de fuego a quien los agreda en aguas extraterritoriales, y que tal réplica no sea sólo para rechazar sino que para destruir al enemigo".

Fue la señal que dio comienzo a la sangrienta escalada, el prólogo de la horrible guerra que acaba de terminar, ocho años después.

En Río continuaba su marcha la Conferencia Naval. Herido en lo más vivo de su sensibilidad de soldado, el delegado brasileño, vicealmirante Levi Peña Arao, se alzó para pedir la aprobación de un voto de solidaridad con sus camaradas de armas de la Marina norteamericana "por la agresión de las fuerzas comunistas de Vietnam del Norte". El delegado chileno rehusó agregar su nombre al homenaje.

Ahora se sabe, por las revelaciones del "New York Times" en 1971, y por declaraciones más recientes de Walt Rostow, consejero de la Casa Blanca, a la prensa europea, que el incidente fue en rigor una provocación preconcebida, para excitar a la opinión pública en favor de la intervención directa en la guerra, en vísperas de la elección presidencial, y para justificar la horrorosa ofensiva aérea desencadenada en los primeros meses de 1965.

Puede medirse la fuerza coercitiva de los compromisos vigentes, además, por la realización ininterrumpida de la Operación Unitas, que tiene por escenario anual las costas de la América del Sur. Durante una década los senadores de izquierda objetaron esos ejercicios porque traducen mejor que otros el carácter subalterno de las fuerzas navales de la región con respecto a la Marina yanqui, al asignarle a las unidades latinoamericanas misiones de combate antisubmarino contra potencias extracontinentales que son enemigas de los Estados Unidos, pero que no son "nuestros" enemigos naturales.

En una última ocasión, el Senado rechazó sorpresivamente el proyecto que autorizaba el ejercicio. Frei soslayó —o burló— el pronunciamiento parlamentario con el pretexto de que se realizaría fuera de las aguas territoriales. Allende ha usado el mismo procedimiento para darle su aprobación en los años sucesivos, pese a que el Programa de la Unidad Popular propicia el desahucio de todo compromiso de carácter militar.

En un proceso cuya complejidad y cuyos riesgos no ignoramos, parecen insinuarse ciertos síntomas de cambio. La adquisición de unidades navales y aéreas en Europa, así como la apertura técnica de nuestras Fuerzas Armadas hacia otras experiencias institucionales (Cuba, Unión Soviética, p. ej.) puede devolverles una autonomía que gobiernos anteriores les negaron. Junto a ello, las universidades se abren a los jóvenes oficiales y los institutos armados se vinculan orgánicamente a diversas faenas económicas relacionadas con la seguridad del país, e, incluso, a actividades muy variadas en el frente cultural.

Las naturales limitaciones de este trabajo nos impiden demostrar que, en las condiciones modernas y en el cuadro geopolítico de la América actual, la vieja mentalidad, las concepciones ideológicas dominantes en los cuerpos armados, necesitan también de una renovación profunda para adaptarse a las exigencias de una defensa verdaderamente nacional.

LA DOCTRINA SCHNEIDER EN EL BANCO DE PRUEBA

Mientras los gobiernos se sucedieron dentro de los marcos tradicionales, sin colocar en tela de juicio la validez del sistema, la articulada arquitectura que acabamos de describir funcionó con considerable eficacia, por virulentas que fuesen las rivalidades de partido El poder persuasivo de la ideología oficia prevaleció sobre las más amenazantes tensiones y evitó que la normalidad se quebrara aun en aquellos casos en que el fermento se generó en los cuarteles, como quedó demostrado en el episodio de la "Línea Recta", durante la administración Ibáñez, y más recientemente en el incidente del "Tacna", protagonizado por el general Viaux.

La elección presidencial del 70 tuvo, por primera vez, otro significado. La voluntad revolucionaria que simbolizaba la candidatura de Allende ya había demostrado su potencial electoral en 1958 y en 1964. Por su parte, est vez las tendencias moderadas llegaban divididas a las urnas.

En vísperas de los comicios, el general Schneider, Comandante en Jefe del Ejército, declaró: "vamos a llegar a la elección manteniendo nuestra tradición de pleno respeto a las decisiones del gobierno constitucional de la República, vamos a garantizar la normalidad del proceso eleccionario y a dar seguridades de que asuma el poder ejecutivo quien resulte elegido. El Ejército va a garantizar el veredicto constitucional".

En principio, tales palabras no contenían novedad alguna; se limitaban a ratificar la conducta anterior de las instituciones armadas frente a situaciones similares. Sería presidente el ciudadano señalado por el electorado, si alguno obtenía la mayoría absoluta, o el que fuera designado por el Congreso Pleno, en caso que ninguno de los postulantes la lograra. Una ola de conjeturas y de interpretaciones dispares siguió a las expresiones del general, sin embargo, como consecuencia de dos factores que les daban un alcance incierto y hasta enigmático: uno era la generalizada convicción de que la llegada de los tres candidatos sería estrecha, y, el otro, la circunstancia de que ninguno de ellos disponía de apoyo mayoritario en el Parlamento. De ahí que la solemne declaración de acatamiento de los procedimientos constitucionales podía significar tanto el reconocimiento de la victoria de quien reuniera la más alta cuota de sufragios, como asimismo —contra todos los precedentes— la designación del que obtuviera el segundo lugar en los comicios.

Por razones distintas, se levantaron críticas en todos los campos. Para muchos, en la izquierda, la doctrina enunciada en términos tan enfáticos alentaba propósitos continuistas.

Independientemente de los efectos concretos de las declaraciones del Comandante en Jefe, debemos dejar constancia de que obedecían a una línea tradicional, y respaldaban un sistema que, en sí mismo, constituye un dispositivo de seguridad para las fuerzas conservadoras.

Es difícil que vuelva a producirse un período tan convulso como el que corrió entre el 4 de septiembre de 1970 y el 4 de noviembre del mismo año. Entre los varios hechos que colocaron al país al borde de una trizadura fatal estuvo la decisión de Alessandri de optar formalmente a su proclamación por el Congreso Pleno, pese a que sólo alcanzó la segunda mayoría. Su llamado a la Democracia Cristiana para bloquear la victoria de Allende es una obra clásica de lenguaje oblicuo. Dijo el 9 de septiembre, cinco días después de los comicios: "en el caso de ser elegido por el Congreso Pleno renunciaría al cargo, lo que daría lugar a una nueva elección. Anticipo, desde luego, en forma categórica, que en ella no participaría por motivo alguno".

Con esta declaración, la doctrina Schneider, formalmente correcta, adquirió un sentido amenazador y diferente.

La maniobra no prosperó. En las semanas siguientes la oposición se canaliza en dos ofensivas paralelas: una dirigida a neutralizar el carácter revolucionario del nuevo régimen, mediante negociaciones que culminan en el llamado "estatuto de garantías constitucionales" y en el compromiso de apoyo parlamentario de la Democracia Cristiana y otra, clandestina, encaminada a desencadenar un golpe de Estado y a frustrar violentamente el proceso.

Es de conocimiento público que algunos oficiales en servicio fueron reclutados para la aventura, pero es más importante verificar que prevalecieron los conocidos principios de sometimiento a la jerarquía del mando y de subordinación al poder civil, en el lapso más turbulento de las últimas décadas. Sería difícil aislar ese comportamiento de un hecho coetáneo y trágico, de profundas repercusiones sicológicas y políticas, como fue el asesinato del propio general Schneider por un grupo de conjurados reaccionarios. Frente al país se alzó el ominoso espectro de la guerra civil, aglutinando al sector militar y neutralizando las inquietudes generadas por los acontecimientos políticos.

Tampoco puede olvidarse la función tranquilizadora que jugó el "estatuto" mencionado en las filas castrenses, al garantizar a la fuerza pública la intangibilidad de su régimen orgánico y, en consecuencia, la conservación de un rol político tácito o virtual pero efectivo, como pudo comprobarse en las vicisitudes más recientes.

En suma la normalidad se mantuvo por una singular combinación de elementos: el hábito institucionalizado de la obediencia, el impacto emocional de un suceso sin precedentes, la seguridad de que la "vía chilena" respetaría nuestra vida democrática y, sobre todo, la fuerte presión de las masas populares, resueltas a defender su victoria.

MINISTERIO DE "COPARTICIPACIÓN"

Allende fue ratificado por el Congreso Pleno y el 4 de noviembre asumió el mando de la nación. Se produjo así un vuelco trascendental en el centro del ordenamiento que venimos diseñando. Sea como vértice de la pirámide jerárquica, sea como eje de las relaciones entre el país dependiente y la metrópoli imperial, el Poder Ejecutivo constituye el factor principal del sistema. La experiencia comprueba las dificultades insalvables para alterar el estatuto de los servicios armados desde abajo, violando hábitos inveterados de obediencia, como también la imposibilidad de sacudir desde fuera la condición de satélites militares que nos asigna el imperialismo. Desde el gobierno, no obstante, todo eso se hace viable, y ese gobierno pasó a manos de las fuerzas populares, comprometidas a abrir camino a una sociedad socialista.

El cambio de signo en la cumbre, como se ha dicho, ha debido desencadenar un conjunto de iniciativas y reacciones que vale la pena recordar Someramente, para apreciar mejor lo ocurrido en octubre, con motivo del paro patronal.

Los críticos militares de la nueva administración parecieron desalentados durante muchos meses, bajo el peso de una opinión pública aún conmovida por el crimen perpetrado en la persona del general Schneider y por los antecedentes que arrojaba la subsiguiente investigación judicial. Recién con motivo de la visita del Comandante Fidel Castro se ensaya una primera ofensiva de la oposición civil para abrir una brecha entre el presidente y las Fuerzas Armadas. Lograron algún éxito, si nos atenemos a los rumores que circularon en torno a la conducta del director de la Escuela Militar, coronel Labbé, seguidos de su inmediato retiro de las filas. En una sorprendente transfiguración, días después, el coronel de marras se incorporaba al partido Nacional, desplazamiento que únicamente puede explicarse por una estrecha vinculación anterior con los enemigos del gobierno.

El nuevo Ejecutivo ha evitado todo roce con el aparato militar y ha desarrollado ciertas originales y positivas lineas de trabajo, aunque sin afectar la estructura misma de los órganos de la Defensa. Esa conducta se refleja en el respeto riguroso de las reglas relativas a los ascensos, sin forzar en ningún momento los escalafones superiores; en la participación sistemática de las Fuerzas Armadas en la dirección de los servicios y unidades económicas relacionados con la seguridad nacional (Codelco, Gran Minería del Cobre, Dupont. Corfo, etc.) y eh la apertura de carreras universitarias para los oficiales, creando alternativas profesionales para aquellos que deban abandonar prematuramente el servicio de las armas. El nuevo horizonte cultural se expresó también en el relevante papel que se le asignó a algunos oficiales en la preparación y desarrollo de la UNCTAD III.

Hasta ahora, la iniciativa más innovadora ha consistido en entablar vínculos, en el plano del intercambio castrense, con algunos países socialistas, vale decir, con el "enemigo" potencial, si nos atuviéramos al espíritu de los documentos de la Organización de Estados Americanos. Visitas de unidades navales y de delegaciones de alto rango a la Unión Soviética, a China, a Cuba, señalan la ruptura de un confinamiento profundamente dañino para el progreso técnico y la renovación profesional de los institutos chilenos.

A mediados de 1972 se inicia un capítulo , nuevo en la actitud de los partidos hacia las Fuerzas Armadas y el gobierno. La dilatada campaña para privar a este último del apoyo militar empieza a centrarse en un punto clave: la presunta ilegalidad del régimen. Hasta entonces se habían cuestionado múltiples acciones aisladas, pero sólo a contar de agosto de ese año encontramos declaraciones oficiales, terminantes y directas, que sitúan al presidente al margen de la Constitución y la ley. El 4 de agosto, los llamados partidos democráticos (Democristiano, Nacional, Izquierda Radical, Democracia Radical y Democrático Nacional) declaran: "Que en Chile, bajo el actual gobierno, ya no existe verdadera democracia, porque sobrepasando el imperio de la Constitución y de la ley se está conduciendo al país, en forma cada vez más acelerada, hacia una dictadura totalitaria". La sentencia se repite con énfasis parecido en vísperas del paro de octubre, a propósito de la clausura de la radio Agricultura, esta vez en nombre de la Confederación Democrática: "Una medida como ésta —se dice— aisladamente y por sí sola coloca a un gobierno fuera de la legalidad que constituye su única sustentación".

En el fondo era una invitación al Ejército para calificar como juez supremo la legitimidad de los actos objetados y una anticipada justificación del alzamiento militar. La exhortación encontró un destinatario receptivo en el general Canales, autor de unas difusas tesis relativas a la intervención de las Fuerzas Armadas, que vieron la luz en la revista "Ercilla": luego de advertir que en "épocas normales" el Ejército debería dedicarse exclusivamente a sus asuntos profesionales, agrega: "pero en épocas en que la cosa no es normal, y la gente piensa que se podrían representar las inquietudes de la institución, y si hay consenso para el planteamiento, yo estuve y estaría dispuesto a encabezar tal posición". ¡Cuánta distancia entre los claros conceptos del general Schneider y las oblicuas y ambiguas declaraciones del general Canales!

El llamado a retiro del general suscitó un extenso editorial de "El Mercurio" (24 de septiembre de 1972) destinado a probar que se había empleado un procedimiento irregular de eliminación para excluir de las filas "a los jefes y oficiales que se mantienen en la verdadera doctrina de nuestra Defensa Nacional", y a sugerir que el deber de juzgar la constitucionalidad de un gobierno compete al Alto Mando de las Fuerzas Armadas. "No basta entonces —escribe el editorialista— que las Fuerzas Armadas se limiten a no deliberar, esto es, a no intervenir en política contingente, sino que es preciso que su espíritu de lealtad a la Constitución no sea usado para que se mantengan inertes mientras se violan los demás principios de la Carta Fundamental ..." Semanas después volvería sobre el tema, con un enfoque semejante, el senador Aylwin en las mismas columnas.

A la fase de preparación psicológica siguió el estallido del paro, demasiado articulado y bien concebido para estimarlo espontáneo. Bastaría un somero examen de la prensa opositora de esos días para comprobar el propósito vehemente de comprometer al Ejército en las acciones, en busca de una quiebra institucional. Para los más entusiastas, el movimiento debería precipitar un golpe anti-Allende, para acabar radicalmente con la experiencia de la Unidad Popular; para los más cautelosos, la introducción de algunos altos oficiales en el Ministerio debería bastar para neutralizar el Poder Ejecutivo, romper la combinación gobernante y dar la batalla por la renovación del Parlamento en un clima de ofensiva opositora y de repliegue de la izquierda. Una buena oportunidad para derrotar al gobierno por la vía democrática.

El análisis del paro y de sus lecciones constituye un tema ajeno a nuestros propósitos. Mirando las cosas desde lejos, resalta una vez más la cohesión exhibida por la organización militar en el curso de un enfrentamiento social de rudeza sin precedentes. A su vez, esa actitud estuvo fuertemente condicionada por la tranquila pero resuelta demostración de fuerza de la clase obrera y por el crecimiento real del peso político de los militares en el transcurso del conflicto.

El primer hecho es lúcidamente reconocido por el general Prats en una entrevista a la prensa: "Este no es un país de borregos. Los trabajadores representan un poder social. Están organizados. En este país hay dignidad vertical. En este país los dirigentes políticos mueven efectivamente a las masas". Razones más que suficientes para orillar un desafío a la voluntad colectiva.

El segundo, se expresa en la presencia de tres ministros uniformados en el gabinete.

Expliquémosnos. En cualquier régimen gubernativo surgido de las urnas, lo natural es que el mando sea ejercido por los vencedores, con mayor razón si la nueva fórmula de gobierno implica un cambio sustancial con respecto a las precedentes. La introducción, entonces, de personas ajenas a la combinación de Unidad Popular en el equipo ejecutivo sólo puede explicarse por la necesidad de acrecentar su autoridad, y ello no se logra con factores puramente simbólicos. Teóricamente, la fuerza pública estuvo siempre a disposición del presidente, con arreglo a la letra de la ley, pero al incorporar a algunos de sus personeros más calificados al más alto nivel de decisiones gubernativas, se les reconoce implícitamente un cierto valor político, específico y autónomo. Por lo demás, es este el criterio dominante en la opinión pública y la apreciación general de los dirigentes de partidos.

Resta por averiguar el sentido de fondo de la responsabilidad asumida por las Fuerzas Armadas. Es decir, si su presencia vigoriza el proceso revolucionario, o, al revés, es una operación destinada a frenarlo. La conclusión es incierta, porque el presidente y sus partidos no han renunciado explícitamente a ninguna de sus metas programáticas y, en ese contexto, la capacidad de ejecución y el efecto disuasivo que los ministros militares proporcionan, podrían estimarse una contribución importante y positiva. Pero tal conclusión sería superficial, o, a lo menos, prematura. Básicamente el Ejército ha sido formado en una escuela conservadora, difícil de conciliar con su participación directa en la marcha hacia el socialismo.

Sólo el tiempo permitirá evaluar definitivamente el papel concreto que están destinadas a jugar. Existe la impresión de que su presencia se inspiró en el ánimo de garantizar una tregua en la pugna que sacudió al país, un clima de tranquilidad en torno a las elecciones. De las urnas no surgió ninguna solución definitiva, porque los partidos de gobierno no ganaron la mayoría en el Congreso, pero tampoco perdieron el tercio de que disponen en ambas Cámaras, así que la tregua de hoy podría prolongarse en una tentativa de acuerdo parlamentario de mayoría, alentado desde dentro de la UP. pero sobre todo y principalmente, por las Fuerzas Armadas. En tal caso, el breve tránsito de los ministros militares por el palacio de La Moneda habría servido de puente y de nexo para retornar a los cauces tradicionales.

ALGUNAS CONCLUSIONES

1. El riguroso mantenimiento de la legalidad tradicional ha sido un poderoso factor para conservar la lealtad de las Fuerzas Armadas hacia el gobierno de la Unidad Popular. Su incorporación al Ministerio ha traído como consecuencia el abandono de toda acción encaminada a darle un nuevo sentido a la ley a través de interpretaciones más modernas y atrevidas; vale decir, se ha renunciado a lo que la oposición llama peyorativamente la "vía de los resquicios legales".

2. Más que un refuerzo simbólico de la capacidad de mando del gobierno mediante la participación a título personal de altos jefes militares, su presencia tiene cada vez más un carácter institucional. Los Altos Mandos comienzan a tener una intervención corporativa y sustantiva en la conducción del país.

3. La solución de la crisis de octubre desplazó al gobierno hacia el centro. En la imposibilidad política de encontrar apoyo en la Democracia Cristiana, demasiado comprometida en la aventura, el presidente encontró un sustituto en las Fuerzas Armadas, que cumplieron el mismo papel moderador.

4. Dentro de límites más o menos estrechos, se han introducido algunos cambios positivos en el empleo de las Fuerzas Armadas, ampliando sus horizontes profesionales tanto desde el punto de vista de las instituciones mismas, como de sus integrantes individualmente considerados. En cualquier régimen moderno se produce una creciente integración de las funciones propias de la Defensa Nacional con la actividad económica del país.

5. Hasta aquí no se ha intentado ningún cambio en la estructura de las Fuerzas Armadas, ni en sus nexos con la sociedad y con el Estado. Los suboficiales son los únicos chilenos que no votan —ese derecho lo ejercen los analfabetos, los ciegos y los jóvenes de más de 18 años— y la rigurosa estratificación de oficiales y suboficiales se mantiene íntegramente, tanto en su formación profesional, como en los escalafones y la vida interna de los cuarteles.

6. Tampoco ha habido cambio sustancial en las vinculaciones militares con los Estados Unidos. Se ha producido una apertura simbólica a las relaciones interinstitucionales con países del área socialista, como asimismo una tendencia a diversificar los mercados proveedores de armas y máquinas de guerra, pero los lazos oficiales con el Pentágono y en el cuadro de la OEA se mantienen sin variaciones.

RAÚL AMPUERO DÍAZ


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02