Al pueblo no lo para nadie

DOCUMENTOS
Suplemento de la edición Nº 179 de PUNTO FINAL
Martes 13 de marzo de 1973.
Santiago - Chile

¡AVANZAR SIN TRANSAR!

AL PUEBLO NO LO PARA NADIE

EN las páginas siguientes hacemos un análisis de las elecciones parlamentarias del 4 de marzo. Ese análisis es fruto del trabajo conjunto del equipo de redacción de PUNTO FINAL. Se incluyen antecedentes, entrevistas y observaciones que, pensamos, ayudarán a nuestros lectores, tanto de Chile como del exterior, a formarse un criterio acerca de ese importante hecho político.

En PF 178 advertíamos que la elección del 4 de marzo provocaría un reordenamiento de las fuerzas políticas. Ese proceso ya se inició. Dentro de la llamada Confederación Democrática (CODE), o sea la coalición reaccionaria, se mantiene la pugna principal entre los partidos Demócrata Cristiano y Nacional por imponer su hegemonía y conducción al movimiento opositor al gobierno. Ambos partidos no obtuvieron en la elección parlamentaria la fuerza suficiente como para definir allí mismo esa cuestión. Otros sectores políticos de la CODE, tales como la Democracia Radical, PIR y PADENA, virtualmente pasaron a mejor vida y están hoy convertidos en simples apéndices de las fuerzas mayoritarias, PDC y PN.

Los jefes naturales de la CODE, Eduardo Frei (DC) y Sergio Onofre Jarpa (PN), han formulado planteamientos coincidentes en el sentido de mantener en funcionamiento esa coalición que se formó en vísperas de la elección de marzo. Frei y Jarpa ven en ese instrumento político el medio idóneo para escalar nuevos promontorios —electorales o de otra naturaleza— que permitan a la burguesía recuperar el control absoluto del poder.

En el campo de la Unidad Popular, que obtuvo una excelente votación, también ha comenzado a operar el reordenamiento de fuerzas impelido por el resultado electoral. Aunque en estricta verdad tal fenómeno venía gestándose desde antes, han sido las cifras del 4 de marzo las que han apresurado ese movimiento de reubicación y de definición política. Al interior de la UP, en efecto, se ha venido librando una lucha ideológica bastante fuerte entre dos sectores principales: reformistas y revolucionarios. Esto tuvo expresiones públicas anteriores al 4 de marzo, como el cruce de cartas entre los secretarios generales de los partidos Comunista y Socialista. Pero no sólo se reflejó en documentos, sino también en hechos concretos. En el campo agrario e industrial, en el sector de la distribución y comercialización de alimentos, y en otras esferas, la pugna entre reformistas y revolucionarios ha venido haciéndose sentir con diferentes grados de intensidad. Cada uno de estos sectores busca también imponer su línea al conjunto de las fuerzas populares. Sobrepasada la coyuntura electoral, esa lucha ideológica ha retornado con mayor fuerza al seno de los partidos.

El primer reventón se produjo en el MAPU, partido en el cual no habían quedado bien soldadas las trizaduras que se produjeron en el último congreso. El ala reformista —que fue derrotada en el congreso, donde se demostró que era minoritaria—, procedió a anunciar la "expulsión" de dirigentes de la mayoría y a apoderarse a viva fuerza de algunos locales. En vísperas de la elección parlamentaria ya era de dominio semipúblico que el sector reformista abandonaría el MAPU por sus discrepancias con la dirección elegida en el último congreso de ese partido. El propio ministro de Hacienda, Fernando Flores, señaló públicamente antes de la elección su discrepancia con la comisión política de su partido.

En otras colectividades de la Unidad Popular es previsible un fenómeno parecido, como es el caso del partido Radical cuyo eclipse acelerado era perceptible a simple vista. La elección del 4 de marzo sólo vino a confirmar esa tendencia, que va empujando al PR fuera de la escena política.

Es del caso esperar más novedades de bulto en este sentido, las cuales afectarán a otros partidos de izquierda donde está en pleno desarrollo la lucha ideológica.

Entretanto, al nivel alejado de los militantes y de las masas, donde se elabora lo que en Chile suele llamarse "alta política", están en plena ebullición las conversaciones, contactos, acuerdos y consensos que repercutirán enseguida en la vida partidaria y en el cuadro político general. En ese sofisticado ambiente se traman ingeniosas jugadas en el tablero del ajedrez político.

Sería un error pensar que este reordenamiento al interior de la izquierda se produce impulsado únicamente por una lucha ideológica que enfrenta a revolucionarios con reformistas. En la superestructura intervienen, adicionalmente. otros factores y elementos conflictivos, no exentos —muchos de ellos— de personalismos, antiguas rivalidades y fuertes ambiciones. Esto se ve, en cierto modo, alentado por la pervivencia en el seno de la izquierda de tendencias socialdemócratas que hacen de la vida en el seno de las instituciones del Estado burgués, entre ellas el Parlamento, el eje de la acción política.

En la superestructura de la izquierda todavía tienen considerable peso aquellos sectores que, en la actual situación, sólo avizoran rutas que se internan en las instituciones de la democracia burguesa. Desde el punto de vista de aquellos sectores, un acuerdo por lo menos implícito con partidos de la oposición, particularmente con la Democracia Cristiana, es necesario para seguir gobernando. Se busca lograr un entendimiento que permita despachar las leyes en el Congreso Nacional. Esto supone, desde luego, adecuar cada proyecto —y el esquema global de gobierno— a los intereses que representa en lo político la contraparte en el acuerdo parlamentario, robusteciendo de paso la institucionalidad burguesa. Pero además hay un requisito previo que cumplir en esa táctica: extirpar las llamadas tendencias "ultraizquierdistas" que dentro de algunos partidos se pronuncian por acentuar el proceso hacia el socialismo. En ese sentido, tal como lo señalábamos, la primera manifestación concreta de la ofensiva lanzada por el reformismo para despejar el camino del entendimiento con sectores de oposición, se produjo en el MAPU. Finalmente, la táctica conciliadora necesita transgredir el espíritu y la propia letra del Programa de la UP. A pretexto de impedir las "transgresiones de izquierda", el reformismo desde junio del año pasado viene cometiendo numerosas "transgresiones de derecha". La más importante ha sido la iniciativa conocida como "proyecto Millas", que plantea reducir el área de propiedad social y entregar a la burguesía numerosas ventajas destinadas a neutralizar la actividad opositora.

Las expulsiones de militantes, la remoción de dirigentes y la imposición de una política derrotista y conciliadora a los partidos de la UP que se han pronunciado por avanzar sin transacciones, no es fácil de implementar. Pero todavía más difícil es imponerla a nivel de las masas. En los Cordones Industriales, Comandos Comunales, Consejos Campesinos, etc., organismos donde va despuntando el poder popular, predominan las tendencias más avanzadas. Eso ha quedado otra vez demostrado en la elección del 4 de marzo. Las comunas obreras y campesinas, en efecto, dieron amplio respaldo a los candidatos que interpretaban esas posiciones dentro de la izquierda. La intervención de factores ajenos a los propios partidos puede surtir algunos efectos, tal como ocurrió en el MAPU donde la crisis fue planteada por el sector vinculado a la alta burocracia. Pero es casi imposible que esa manipulación pudiera alcanzar los mismos resultados a nivel de las masas. Esto lleva a pensar que la aplicación de una línea reformista integral supone necesariamente un cierto grado de represión (cualesquiera sean las formas que revista) contra obreros, campesinos y pobladores que insistan en no devolver ninguna empresa, en expropiar fundos entre 40 y 80 hectáreas básicas, en ocupar terrenos baldíos o en impulsar mayores facultades para las JAP, en implantar la "canasta popular" y los Almacenes del Pueblo, etc. Tal perspectiva hace virtualmente imposible para los estrategas del reformismo, salvo a costa de arrastrar al gobierno a un grado de debilidad y aislamiento extremo, llevar hasta las últimas consecuencias su proyecto de entendimiento con la Democracia Cristiana.

Por otra parte, bien mirado, el proyecto reformista de "depurar" los partidos de elementos de "ultraizquierda", o sea de revolucionarios, es incongruente con su pretendido objetivo de ganarse a sectores que hoy están en la oposición, como la Democracia Cristiana. La votación de Freí en Santiago, inferior a lo que la propia DC obtuvo en 1965 cuando sacó tres senadores, está demostrando que ése es un partido en declinación. El incremento de la votación de la izquierda comparada con la que obtuvo Allende en 1970, señala que ella proviene de sectores sociales que antes estuvieron influidos y manejados por el reformismo burgués. Han sido ganados para la causa del socialismo sin necesidad de los halagos y concesiones que, en cambio, se necesitan para llegar a acuerdos o consensos superestructurales. La directiva del PDC manejada por Frei, que seguramente ahora aspira a ser designado presidente del Senado, representa a la burguesía. En cambio, en la base obrera, pobladora o campesina de la DC, la izquierda puede conquistar vastos sectores si aplica con claridad y energía una política de clase, necesariamente antagónica con los agentes políticos de los empresarios que controlan y manejan a ese partido.

El esquema reformista carece de verdadero realismo político y tiende a cercenar las posibilidades que ofrece el proceso hacía el socialismo. Divide a los partidos de la propia izquierda, confunde y desalienta a las masas, fortalece las instituciones de la democracia burguesa dificultando la superación de la actual organización del Estado, y coloca al gobierno al borde del empleo de la represión para contener la lucha de masas.

Los positivos resultados para la izquierda de la elección del 4 de marzo, no deben ser desviados hacia los acuerdos en la superestructura parlamentaria. Debe tenerse claridad que en Chile está en pleno desarrollo una lucha de clases que, si bien asume formas relativamente pacíficas, contiene todos los ingredientes de una lucha a muerte. La burguesía tiene entre sus dedos distintas fórmulas para impedir que los trabajadores chilenos alcancen su objetivo histórico. El golpismo o la guerra civil son sin duda proyectos que la burguesía alienta y que no vacilará en aplicar en condiciones que juzgue convenientes para ella, pero también figura entre sus métodos —y quizás es el más inteligente y sutil—, crear el esquema en virtud del cual el gobierno de la Unidad Popular se caiga solo o termine su período sumido en el fracaso y el desprestigio. Hasta ahora éste parece ser el método que apoya el imperialismo que, a su vez, avizora en esa fórmula la posibilidad de sacar provecho internacional al fracaso del gobierno de la UP como el presunto fracaso de una experiencia socialista.

El avanzar sin transar, como plantean algunas fuerzas políticas, implica impedir que el reformismo moje la pólvora del respaldo popular que mostró la elección del 4 de marzo. Esto hace necesario, a su vez, reagrupar firme y ordenadamente a los revolucionarios, resistiendo el embate reformista y cerrando el paso a las conciliaciones de quienes no ven sino en el Parlamento y en otras instituciones del Estado burgués la posibilidad de llevar a cabo las profundas transformaciones prometidas en el programa de la UP.

Respecto a las fuerzas armadas —el factor político que no suele mencionarse en el análisis de perspectivas—, también se necesita clarificar el carácter de su participación en e] gobierno. Si es para apoyar el esquema de poder concebido por el reformismo y para actuar como factor regulador de la lucha de clases, es evidente que también entrarán en pugna con los intereses de la clase trabajadora. En cambio, si los soldados se convencen que su rol es apoyar una modificación profunda de la sociedad chilena, que alcance a todos los sectores del país, incluyendo a los propios institutos armados, es seguro que el avance del pueblo se verá considerablemente facilitado e imperará en el país una situación de paz y seguridad interna, producto de la firme dirección que la clase trabajadora sabe imponer a un proceso revolucionario.

Cuando un pueblo como el nuestro ha decidido avanzar hacia el socialismo —tal como lo volvió a ratificar la elección del 4 de marzo—, no hay nada ni nadie que pueda cerrarle el paso en forma definitiva.

Pero, ahora, vamos al análisis de la elección propiamente tal.

ANÁLISIS DE LA ELECCIÓN

El domingo 4 de marzo culminó un período político interesante de la vida chilena con la elección general parlamentaria para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado (en las Agrupaciones Electorales pares). En este lapso, que comenzó con la elección presidencial el 4 de septiembre de 1970 (elegido Salvador Allende con el 36,2% de un total de 2.954.799 votos y una abstención de sólo el 16,5%) se realizaron seis comicios electorales de distintas características. El Parlamento elegido en 1969 y que cesa el 21 de mayo planteó durante sus funciones ONCE acusaciones contra ministros del gobierno popular.

Este parlamento obstruccionista y espurio mereció el enjuiciamiento ciudadano, el primer domingo de este mes:

a) El 43,39% (1.589.250 sufragios, de un total de 3.661.898 votantes) le fue otorgado a la Unidad Popular. Esto le permitió elegir 63 diputados (28 del PS; 25 PC; 5 PR; 2 MAPU; 2 API; 1 IC). También eligió 11 senadores (5 PS; 5 PC; 1 PR). Así la UP aumentó en cinco diputados y en dos senadores. (No se renovaron 4 PC, 2 PS, 2 PR y 1 USP).

b) La CODE logró el 54,70% (2.003.470 votos) lo que la hizo bajar de 93 diputados a 87 y de 32 senadores a 30.

c) El electorado repudió a tránsfugas y oportunistas, lo que se reflejó en el inapelable fracaso de la Democracia Radical, PIR y PADENA.

d) La baja abstención registrada —sólo el 18,80%— refleja el interés que hubo por sufragar y la conciencia adquirida sobre la importancia política de los comicios.

e) Las masas populares demostraron su respaldo al gobierno para avanzar sin conciliaciones. Constituye caso poco común el aumento de porcentaje de votación después de dos años y meses de gobierno. Fue la respuesta popular al intento derechista de alcanzar los dos tercios para destituir a Allende.

RECUENTO

Para un análisis del acto electoral resulta útil el breve recuento de los comicios efectuados desde que fue elegido Salvador Allende:

El 4 de septiembre de 1970 la UP obtuvo el 36,2% con 1.070.334 votos para Allende. Jorge Alessandri logró el 34,9%, con 1.031.159 sufragios y Radomiro Tomic alcanzó el 27,8%, con 821.801 votos. Votaron 2.954.799 electores.

— El 4 de abril de 1971 se realizó la elección general de regidores. Votaron 3.792.682 ciudadanos. La Unidad Popular subió su porcentaje al 48,6% con 1.377.709 votos. Deben agregarse 29.527 sufragios de la USP, con el 1%. La oposición ya unida llegó al 48,2% con 1.366.780 sufragios. Su porcentaje fue inferior al de la izquierda.

— El 4 de abril de 1971 también se efectuó la elección extraordinaria de un senador por la Décima Agrupación Electoral (Chiloé, Aysén y Magallanes) para la vacante dejada por Salvador Allende. Triunfó la unidad Popular, con Adonis Sepúlveda, socialista, quien obtuvo 37.343 votos. La CODE, con sus candidatos Andrés Zaldívar, democratacristiano, (24.496 sufragios) y Jorge Ovalle, de la Democracia Radical, (11.602) totalizó entre ambos, 36.098 sufragios.

— El 18 de julio de 1971 debió elegirse un diputado por Valparaíso, en reemplazo de Graciela Lacoste (PDC), fallecida. La derecha unida alcanzó 142.226 votos para Oscar Marín (ex radical y entonces recientemente incorporado al PDC) contra 137.200 que logró Hernán del Canto, socialista, con apoyo de la UP.

— El 16 de enero de 1972 hubo elección senatorial en la Agrupación de O'Higgins y Colchagua para reemplazar a José Isla Hevia (PDC), fallecido. La reacción unida ganó con el democratacristiano Rafael Moreno. Obtuvo 77.830 sufragios. El socialista Héctor Olivares, apoyado por la UP, alcanzó 68.364.

En la misma fecha se realizó en Linares el comicio para reemplazar al diputado del Partido Nacional, Carlos Avendaño, quien se fugó a Australia, después del triunfo de Allende. Las fuerzas reaccionarias ganaron con el nacional Sergio Diez, y 30.016 votos. María Eliana Mery, independiente, con el apoyo de la UP, llegó a 21.200.

En esas dos elecciones se consolidó el pacto de las fuerzas reaccionarias. La Democracia Cristiana apoyó a Diez en Linares y el partido Nacional a Moreno en O'Higgins y Colchagua. De ahí surgió posteriormente la llamada CODE, que incorporó también al PIR, Democracia Radical y residuos del antiguo PADENA.

— El 16 de julio de 1972 se eligió un diputado por Coquimbo, a raíz del fallecimiento de Cipriano Pontigo, comunista. La UP triunfó con Amanda Altamirano, comunista, y 51.087 sufragios. La naciente CODE presentó al empresario minero, ex radical ingresado al PIR, Orlando Poblete. que logró 42.325 votos.

Fue el último comido anterior al 4 de marzo.

En las seis elecciones realizadas en 30 meses la Unidad Popular triunfó en la general de regidores, la senatorial de Magallanes y la de diputado en Coquimbo. La derecha ganó la de un diputado por Valparaíso, la senatorial de O'Higgins y Colchagua y la de diputado por Linares.

PARLAMENTARIAS

La reciente elección general parlamentaria presentaba un cuadro desfavorable para la izquierda.

En 1969 la derecha había llegado al 51,7%, con 1.241.888 votos. La UP logró entonces el 42%, con 1.012.116 sufragios; pero con el Partido Radical compacto. Todavía no se producían las divisiones que parieron al PIR y a la DR desplazados a la derecha.

En 1969 el PDC había marcado 29,8% (716.547 votos); el PN, el 20% (480.523) y el PADENA 1,9% (44.818).

La izquierda tuvo ese año con el PC, 15,9% (383.049); PS, 12,2% (294.448); PR (sin división) el 13% (313.559); PSD (después fusionado con el PR) el 0,9% (20.560) y la USP, un 2,2% (51.904).

Esa correlación de fuerzas, incrementada más tarde para la derecha con las divisiones del PR, dejó compuesto el parlamento 1969/73 por 93 diputados y 32 senadores reaccionarios.

CODE. Diputados: 47 DC, 33 PN, 9 PIR, 4 DR. Senadores: 20 PDC, 5 PIR, 5 PN y 2 de la Democracia Radical.

La izquierda, en cambio, quedó constituida por 57 diputados y 18 senadores.

UP. Diputados: PC, 22; PS, 14; PR, 12 e IC, 9. Senadores: 6 PC, 4 PS. 3 PR, 2 IC. 2 USP y 1 API.

Ahora correspondió elegir toda la Cámara de Diputados y renovar 25 senadores, cinco para cada una de las Agrupaciones Electorales "pares".

En el Senado permanecerán hasta 1977, nueve democratacristianos, tres del pir y cuatro del PN. Son 16 de la derecha.

En la izquierda siguen 4 comunistas, 2 socialistas, 1 radical, 1 Izquierda Cristiana y 1 USP; o sea, nueve senadores hasta 1977. Correspondió renovarse a 11 DC, 2 PIR 2 DR y uno del PN para la derecha. En la izquierda terminaron su período 2 PC, 2 PS, 2 PR 1 IC 1 USP y 1 API.

Para las 25 vacantes del Senado postularon 39 candidatos y para los 150 sillones de la Cámara se presentaron 264 aspirantes. En la provincia de Santiago postularon 59 candidatos para 33 diputaciones.

Los electores hábiles subieron a 4.538.851 (2.384.070 varones y 2.154.481 mujeres). Por primera vez participaron en estos comicios los analfabetos y los ciegos. Los nuevos inscritos, desde la municipal de 1971, totalizaron 741.169.

CAMPAÑA Y ELECCIÓN

La campaña electoral fue planteada por la derecha, a la caza de votos, como un enjuiciamiento al gobierno, en carácter plebiscitario, pero, tal tipo de consultas sólo está contemplado para asuntos específicos. La CODE sostuvo uniformemente que el resultado de la elección inhabilitaría al gobierno para continuar. Planteó derechamente que no se trataba tanto de un cambio de Parlamento, como de un reemplazo de gobierno. Sostuvo que si la UP no obtenía el 51% de la votación parlamentaria debía cambiarse el programa de gobierno o renunciar Allende.

La peregrina teoría de la reacción, sin embargo, carecía de asidero. El transcurso electoral del país establece que Alessandri obtuvo el 31.2% en su elección y permaneció todo el período. Frei alcanzó el 55.7% para ser elegido presidente. Después en 1965 la fuerza electoral de su gobierno bajó al 42.3%. En 1967 descendió al 35.6% y en 1971 cayó al 29.8%.

Pese a ese descenso Eduardo Frei terminó su período y desde la izquierda nunca se insinuó, siquiera, eventual inhabilidad para que siguiera en el gobierno. La burguesía encastillada en la CODE esgrimió ahora esa campaña como elemento disociador para ir pavimentando el camino hacia otra intentona golpista contra el gobierno de la UP.

La respuesta popular fue categórica. Contrariamente a lo ocurrido con los gobiernos reaccionarios, que sufrieron el abandono del apoyo popular expresado en los porcentajes de cada comicio, el 4 de marzo el gobierno de la UP, aumentó desde el 36.2%, con que fue elegido Allende, al 43.39%. Debe considerarse también el 0.28% de la U.S.P. y el 1.04% de votos nulos, que en alta proporción perjudican a la izquierda.

Pese a los factores adversos al gobierno, provocados por razones del mismo proceso de cambios y en gran medida por la burguesía que impulsa el acaparamiento, activa la especulación y controla el mercado negro, el pueblo entregó importante apoyo. La campaña para fomentar el descontento lanzada implacablemente por la oposición, se fortaleció con la escasez, el boicot y el bloqueo. Sumado a lo anterior está la inflación y la baja de producción agraria. Pero la masa respondió. Dentro de este cuadro surgen realidades de gran importancia cualitativa, sin desmerecer el éxito intrínsecamente cuantitativo de las cifras alcanzadas.

Debe estimarse la reacción de la masa frente a la elección como una expresión guía del actual proceso. El paro patronal de octubre dejó a las masas desmovilizadas. Paralelamente se registraron actitudes conciliadoras con la burguesía. El ingreso de las Fuerzas Armadas al gobierno y el llamado "proyecto Millas" reveló al pueblo un retroceso para el proceso. La devolución de empresas iba contra el avance surgido con el paro, en el sentido de ocupar o requisar diversas empresas.

El comicio electoral se abrió como perspectiva de pronunciamiento para la masa que, con claros progresos en su grado de nivel ideológico y de toma de conciencia, se polarizó junto a los partidos de claridad revolucionaria, como el PS. En estas condiciones, el Partido Socialista, que recibió el apoyo del MIR para 17 de sus candidatos a diputados y para cuatro de los cinco postulantes a senadores, adquiere importante rol para el agrupamiento de los revolucionarios. La masa no está por el jreformismo y ya se hizo conciencia de avanzar sin transar. Los Cordones Industriales, los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, las JAP, los Almacenes del Pueblo, la "canasta popular", constituyen para el sector proletario realizaciones concretas. Así se tradujo en la votación al reafirmar al Partido Socialista como mayoritario en la UP.

En Santiago y Concepción, con alta población obrera, el PS obtuvo importante votación. En la capital los seis socialistas electos totalizaron 271.881 sufragios y en Concepción las tres postulantes alcanzaron 50.960 votos, resultando elegidos dos.

Igual situación se registró en las principales provincias agrarias (Bío-Bío, Malleco, Cautín, Valdivia) donde los campesinos respondieron con amplitud. En estas zonas, la acción de los Consejos Comunales Campesinos por la base ha elevado el nivel político y fortalecido la toma de conciencia del campesinado.

También debe señalarse la resuelta participación femenina en esta batalla electoral. La UP obtuvo 682.956 sufragios de mujeres que junto a los 906.069 votos de los hombres produjeron el 43.39% de la votación para la UP. La mujer proletaria ya tiene el nivel de conciencia que le permite visualizar que más allá de las colas, de la escasez, de todos los problemas que ha debido sufrir, están las JAP, la organización y el avance del proceso como soluciones básicas.

De cualquier análisis, por somero que sea, surge, eso sí, una conclusión inamovible. Si no se avanza en el proceso revolucionario no habrán fórmulas mágicas posteriores para consolidar este apoyo popular al gobierno e ir contra la burguesía. La masa en esta ocasión depositó con su voto la decisión de defender al gobierno y de avanzar. El 36.24% logrado por Allende en su elección sirvió de plataforma para aumentarlo hasta el 43.39%. Pero, si la conciliación surge más fuerte que la decisión de avanzar, cualquiera otra consulta popular revelará la frustración de la masa. Por el contrario, si se concreta el avance ese apoyo popular se fortalecerá abriendo el camino a la revolución y cerrando definitivamente el paso al reformismo.

La votación registrada en la provincia de Santiago arrojó 941.887 sufragios para los partidos Socialista y Comunista, sumados los cómputos de diputados y senadores. Esta cifra se descompone así:

PARTIDO SOCIALISTA
Diputados: 271.013 votos
Senadores: 229.281 votos
Total: 500.294 votos

PARTIDO COMUNISTA
Diputados: 203.058 votos
Senadores: 238.535 votos
Total: 441.593 votos

El Partido Socialista supera en diputados al PC por 67.955 votos. A la inversa, en los cómputos senatoriales el PC tiene una ventaja de 9.254 sufragios sobre el PS.

A nivel nacional, el Partido Socialista alcanzó el 18% y el Partido Comunista el 16%.

Y... ¿LA CODE?

La agrupación reaccionaria, bastión de la burguesía. —CODE— logró un 54.70% de la votación nacional, con 2.003.470 votos. En este espurio conglomerado participan el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Nacional, la Democracia Radical, el llamado Partido Izquierda Radical y elementos desplazados del antiguo PADENA. La CODE bajó de 93 a 87 diputados y de 32 a 30 senadores.

El 4 de marzo fue fecha de justicia aplicada por el pueblo a tránsfugas, desclasados y traidores que se marginaron del movimiento popular por oportunismo político y ambiciones personales.

De tal modo, el comicio reveló en la CODE dos hechos fundamentales: a) ningún destino espera a los nacionales y demócrata cristianos unidos como común denominador de la burguesía. El individualismo de sus dirigentes y la carencia de un programa o de principios comunes la muestra como lo que es: enemiga del pueblo; y b) la debacle sufrida por los arrenquines del PIR y la DR que, por voluntad del electorado, fueron borrados del mapa político.

En el primer caso quedaron en claro las ambiciones de predominio de los máximos dirigentes de cada uno de los partidos mayoritarios en el contubernio derechista. Frei sufrió un fracaso al obtener 389.637 sufragios, cifra bastante inferior a la necesaria para sus pretensiones presidenciales. Baste señalar que el Partido Demócrata Cristiano, en la elección senatorial de 1965 (7 de marzo), en Santiago, obtuvo 447.457 votos. En esa ocasión, el PDC eligió a 3 senadores. La primera mayoría, con alta votación, la logró José Musalem. La cifra alcanzada ahora por Frei, y cuando desde entonces a la fecha, hay más de un millón de nuevos electores inscritos, es inferior en 57 mil 820 sufragios a la que tuvo el PDC en la senatorial de hace 8 años.

El intento individualista de Frei para obtener "impresionante" votación, como aval para su eventual precandidatura presidencial por la derecha en 1976, casi derriba a José Musalem. Este alcanzó 106 mil 780 sufragios con apenas 21 mil 610 sobre el "soldado" Alberto Labbé. Entre Frei y Musalem superaron apenas en 48.880 votos la votación del PDC en 1969.

Sergio Onofre Jarpa alcanzó 191 mil 611 votos, lo necesario para dejar sin chance a Labbé, quien totalizó 85 mil 170.

El otro aspecto del desastre de la CODE está en la desaparición del escenario político de los oportunistas de la Democracia Radical y del PIR. La masa repudió a los agentes del imperialismo que. enquistados en los partidos burgueses, habían tenido dolosas actuaciones políticas y personales. Así "se fueron cortados" los del PIR:

Eduardo Clavel (vinculado con la ANACONDA); Manuel Magalahes (al servicio de los empresarios mineros): Orlando Poblete (empresario minero procesado por robarles imposiciones a los trabajadores); Carlos Soya (ex Intendente de Valparaíso removido del cargo a petición de su ex partido, el Radical) ; Pedro Jaúregui (ex socialista, expulsado del PS por reformista); Ernol Flores (ex radical y dirigente de Correos y Telégrafos que traicionó al gremio).

Los peces gordos que cayeron en esta depuración son: Julio Duran (era senador por Bío-Bío, Malleco y Cautín), vinculado estrechamente a los intereses norteamericanos y de Alemania Federal. De tortuosa trayectoria política y profesionalizado en el Parlamento, al amparo de cualquier tendencia ocasional oportuna, por más de 20 años. Ahora estaba en la "Democracia Radical". Enemigo personal y político de Gabriel González Videla desde 1948 y de Luis Bossay desde 1952, cuando traicionó a éste en la campaña presidencial. Posa de "demócrata", pero tiene afanes golpistas.

—Alberto Baltra Cortés. Posó de "izquierdista" para ser elegido presidente de la Convención Radical que "cocinó" Luis Bossay para derrocar el poder derechizante que ejercía Julio Duran en el PR. Llegó a ser hasta presidente del Instituto Chileno Soviético de Cultura y escribió libros halagüeños para la Unión Soviética. Se encaramó como precandidato presidencial de la Unidad Popular. Cuando fue nominado Salvador Allende se marginó del trabajo electoral. Más tarde, resolvió irse del PR, por el cual era senador con el apoyo de toda la Unidad Popular en la Agrupación de Malleco, Bío-Bío y Cautín. Buscó alero en el PIR. dentro del cual pretendía ahora ser reelegido senador por Santiago.

—Raúl Morales Adriasola. Era senador elegido por el PR, en representación de Chiloé, Aysén y Magallanes. De tortuosa vida personal y política. Tuvo líos judiciales por tratar de apoderarse de la fortuna de su suegra, internándola como demente. Más de una vez, cuando era presidente de la Cámara, se "sintió" alternativa del PR para representar a la derecha en una elección presidencial. Por eso se trasladó a la Democracia Radical. Implicado seriamente en el asesinato del General Rene Schneider.

—Eugenio Velasco Letelier. Como militante del Partido Radical fue designado Embajador en Argelia, en el gobierno de Alessandri. cuando ese partido estaba manejado por Julio Durán y sus compinches. Cambió el gobierno y él se negaba a renunciar a la embajada. Sólo cedió ante la amenaza de ser destituido. Repudiado por sus alumnos en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde oficia como profesor y Decano, sin principios ni valor moral, durante su campaña como candidato a senador del PIR por Curicó, Talca. Linares y Maule, agredió a bofetadas y puntapiés a un grupo de ancianos del Servicio de Seguro Social. Le botó los dientes a uno y provocó contusiones a otro que es inválido.

—Julio Mercado Illanes. Ex diputado radical por Atacama, volvió al Parlamento en 1969 por la Democracia Radical, a la cual se trasladó resentido porque fue repudiado en la elección de 1965 que perdió. Fue presidente de la Cámara un breve lapso como representante de la derecha. Ahora se presentaba postulando a una senaturía por Atacama y Coquimbo. La ciudadanía lo rechazó una vez más.

—Rafael Señoret. Ex regidor y diputado radical. Pretendía ser reelegido ahora por la Democracia Radical en la cual se amparó para dar curso a sus "convicciones democráticas", inspiradas por su afán de lucro. Fue desplazado por el enfermizo anticomunista, de oscura trayectoria periodística y correligionario suyo, Rafael Otero.

EN EL PN Y PDC

El Partido Nacional sufrió fuertes golpes contra varios de sus conspicuos personeros. Sus bajas principales —que las masas populares celebran— fueron: el vicepresidente Fernando Maturana, fracasado en su reelección por Colchagua; el secretario general Engelberto Frías, ("firmeza") quien aspiraba a ser reelegido por el Primer Distrito de Santiago; Luis Eguiguren y Oscar Schlayer, ambos postulantes a la reelección de diputados por Cautín; Miguel Huerta, ex gerente general de SOPESUR, que se proponía volver como senador por Bío-Bío, Malleco y Cautín. Antes, había sido diputado como miembro del Partido Liberal.

En el PDC también se produjeron huecos que el pueblo no estimó necesario llenar para su conveniencia: En Antofagasta, se perdió Floreal Recabarren, hombre de Frei e influyente miembro de la directiva nacional, quien postulaba a diputado. En Valparaíso dejaron de pertenecer a la Cámara Eduardo Sepúlveda y Jorge Santibáñez; en el Primer Distrito de Santiago fracasaron Santiago Pereira, ex diputado con arrestos de dirigente sindical y Manuel Fernández, ex alcalde durante el Gobierno de Frei; en Colchagua los campesinos repudiaron a Fernando Cancino. Un párrafo especial merece el ex diputado y ex presidente de la Cámara Héctor Valenzuela Valderrama, conocido como el "Sotana", que pretendía ser senador por Curicó, Talca, Linares y Maule. Este dio mucho que hablar cuando el cantante Raphael lo visitó en la Cámara. Ambos protagonizaron comentadas escenas. Los electores no dieron su apoyo al admirador de Raphael. En Concepción fracasó Mario Mosquera en su intento de ser reelegido y lo mismo ocurrió en Bío-Bío con Pedro Stark. La lista de frustraciones para el PDC se cierra con Pabla Toledo, la abogado que pasó un período por la Cámara sin pena ni gloria.

EN LA UP

La decisión de la masa de polarizarse junto a las tendencias de mayor envergadura tuvo expresión en la UP. Se manifestó en la declinación del Partido Radical que, dada su extracción y estructura de colectividad con resabios burgueses, no tuvo planteamientos claros ni categóricos durante la campaña en relación con la acción efectivamente revolucionaria a través de los Cordones Industriales, Comandos Comunales, Consejos Comunales Campesinos, "canasta popular" y otros caminos para la toma del poder total por los trabajadores. El PR tuvo su principal pérdida en la postulación senatorial de Carlos Morales Abarzúa, indiscutible figura del radicalismo en su nueva línea política junto a la izquierda. Su representación de diputados se vio también fuertemente mermada.

Respecto al MAPU, si bien es cierto que obtuvo dos diputados (Alejandro Bell por Linares y Oscar Garretón por Concepción) no es menos efectivo que también sufrió fracasos importantes: Juan Enrique Vega, ex embajador en Cuba, postuló por Valparaíso; José Miguel Insulza, por el Tercer Distrito; Eduardo Rojas, vicepresidente de la CUT, en el Segundo Distrito; y Juan Codelia, ex Intendente de Colchagua, no recibieron la votación suficiente para ser elegidos diputados. El MAPU nominó sus candidatos con anterioridad al congreso nacional efectuado en Santiago. En ese evento la colectividad varió su posición, para acentuar la línea revolucionaria. No todos los postulantes concordaban con esta política, particularmente los derrotados.

En la Izquierda Cristiana, la pérdida de Julio Silva Solar, candidato a diputado por el Segundo Distrito de Santiago; de Nieves Yankovic, por el Tercer Distrito, y de Osvaldo Gianini, por Valparaíso, puede estimarse sensible para el movimiento popular. La IC mantiene una posición revolucionaria y entre sus candidatos, a través del país, estaban militantes como Lucía Chirinos, Verónica Careaga y el campesino Domingo Paine de probada y consecuente acción junto a los pobres de la ciudad y del campo. Sin embargo, la IC reeligió en el Primer Distrito de Santiago al brillante diputado Luis Maira, con buena votación.

COMPOSICIÓN DEL CONGRESO ANTES Y DESPUÉS DE LA ELECCIÓN

SENADO

CÁMARA

 

Antes

Ahora

 

Antes

Ahora

Oposición

32

30

Oposición

93

87

Gobierno

18

20

Gobierno

57

63

DISTRIBUCIÓN POR PARTIDOS

OPOSICIÓN

 

Antes

Ahora

 

Antes

Ahora

PDC

20

19

PDC

47

50

PN

5

8

PN

33

34

PIR

2

3

PIR

9

1

DR

2

0

DR

4

2

IZQUIERDA

PS

4

7

PS

14

28

PC

6

9

PC

22

25

PR

3

2

PR

12

5

IC

2

1

IC

9

1

MAPU

0

0

MAPU

0

2

USP

2

1

USP

0

0

API

1

0

API

0

2

El API (Acción Popular Independiente) obtuvo un triunfo electoral: eligió dos diputados y no tenía ninguno. No obstante, debe señalarse que en Maule, donde se eligen tres diputados, los tres postulantes de la lista de la UP pertenecían al API. En consecuencia, salió elegido Luis Escobar. En Coquimbo resultó elegida Silvia Araya González, con la tercera mayoría (10.497 votos). La UP eligió cuatro. La cuarta mayoría la tuvo el radical Clemente Fuentealba con 9.380 sufragios. Este hecho se ha interpretado como sorpresivo, al marcarse en esa zona votación superior para el API que para el PR. Este bajó notoriamente su caudal electoral. El PIR y la Democracia Radical no presentaron candidatos en esa Agrupación Departamental.

PROYECCIONES

El resultado electoral constituye un éxito cuantitativo para la Unidad Popular y para el gobierno. Pero cabe preguntarse: ¿En lo cualitativo, qué? La votación popular está impulsada por el deseo de acentuar el camino revolucionario, entendiéndose por esto el fortalecimiento del poder popular a través de Comandos Comunales, Consejos Campesinos, JAP y organización de las masas para llevar a los trabajadores hacia el poder. El respaldo popular, con su votación hacia el gobierno, representa el sentir de que el reformismo carece de destino en el proceso actual. Esto se comprueba con el importante crecimiento porcentual y de votación entregado al Partido Socialista. Este partido planteó desde un comienzo, y lo sigue haciendo, la vía conducente al desarrollo del poder popular. Esta posición quedó reafirmada el 13 de febrero en la carta que el secretario general del Partido Socialista, senador Carlos Altamirano, envió al secretario general del Partido Comunista, senador Luis Corvalán.

Se desprende, entonces, que la masa acogió los planteamientos del PS para profundizar el proceso. El pueblo está por la posición revolucionaria y consciente de que el reformismo está fracasado. Se confirma a través de los dos años y cuatro meses de gobierno en que el estancamiento del proceso, no deriva de que haya fracasado la revolución, sino que el reformismo no conduce a ella.

En estas condiciones, resulta claro, la masa ha situado al Partido Socialista junto al polo de agrupamiento de los revolucionarios chilenos.

La declaración entregada por el partido de la Unidad Popular, en la mañana del lunes 5 de marzo es clara: "El favorable resultado de esta elección significa un decisivo apoyo al gobierno y al programa de la UP. Es un llamado para continuar resueltamente la transformación revolucionaria de nuestra sociedad y el desarrollo del poder popular. Conscientes de los errores cometidos y deficiencias comprobadas, el pueblo los ha juzgado transitorios y superables".

Por su parte, el Partido Socialista puntualizó: —"Ahora más que nunca los socialistas llamamos a reafirmar la necesidad de consolidar y ensanchar el poder generado directamente por los trabajadores en sus organizaciones de base, juntas vecinales, sindicatos, JAP, CAR, Comandos Comunales, Cordones Industriales y llamamos a reforzar la cohesión del pueblo a través de la Unidad Popular, de cuyo avance electoral nos regocijamos todos".

IZQUIERDA CRISTIANA: AHORA A EDIFICAR EL PODER POPULAR

La segunda etapa del proceso que vive el país debe ser la edificación del poder popular, estima el dirigente de la Izquierda Cristiana y miembro de la Comisión Política del Partido Federado de la UP, Luis Badilla, al hacer un análisis de la elección parlamentaria.

El dirigente afirma que la votación obtenida por la UP demuestra que el Gobierno dispone de una cuota de poder político y electoral con mayor conciencia revolucionaria. "A partir de este dato —dice Badilla— la UP debe formularse nuevas tareas, entre ellas la edificación del poder popular, alternativo al poder burgués, que permitan un cambio en la institucionalidad del país y que expresen los avances de la revolución en los niveles económico, político y cultural".

"Aquí radica —afirma— la posibilidad de acometer la construcción del socialismo. No hay que olvidar que sólo la irreversibilidad del proceso crea condiciones para aumentar la producción y derrotar la inflación. La clase obrera y el conjunto de los revolucionarios pueden inducir a una alianza de amplias capas sociales".

Luis Badilla explica que la característica de una nueva institucionalidad debe consultar la participación del pueblo en diferentes niveles de decisión, desde la empresa y el centro industrial hasta la política económica del Gobierno. Igualmente, prefigurar ciertas formas de organización socialista, particularmente en el consumo popular, en la distribución y comercialización de bienes esenciales.

"Lo anterior —precisa Badilla— puede verse ayudado con una nueva Constitución Política que exprese, en forma mejor, la actual agudización de la lucha de clases".

Luis Badilla expresa que a pesar del avance impresionante de la Unidad Popular, con respecto a 1970, la reacción intentará repetir un paro patronal al fracasar su intento de obtener los dos tercios en el Congreso, que le habrían permitido destituir constitucionalmente al Presidente Salvador Allende. "Lo que hicieron en octubre del año pasado no fue otra cosa que el ensayo general de un golpe empresarial", apunta el dirigente de la IC.

"La votación de clase lograda por la Unidad Popular —agrega— hace que ésta disponga de una cuota de poder social y político que, bien utilizada y encauzada, puede ser el centro y motor de la transición definitiva al socialismo. Todo depende de las tareas que la Unidad Popular se proponga ahora. La votación da cuenta de una radicalización ideológica y política. De otra manera no se explicaría el grado de combatividad y claridad ideológica que supone el voto de un obrero o dueña de casa que están viviendo problemas de desabastecimiento o sufriendo los efectos o errores de insuficiencias nuestras".

"Me recuerda esto una frase acuñada por el MAPU que afirmaba que "este es un gobierno de mierda, pero es nuestro gobierno", dice Badilla y recalca: "En la votación de la Unidad Popular es notorio el respaldo que recibieron los partidos obreros, lo que viene a reflejar que la masa está dispuesta a seguir el proyecto histórico del proletariado: construir una sociedad socialista".

La Confederación de la Democracia "representa objetivamente un fracaso para la tesis de la reacción", manifiesta Luis Badilla. Anota: "Desde un comienzo hablaron de un plebiscito y conocidos los resultados, un editorial del diario "La Prensa" afirma que ha quedado consolidado un "plebiscito moral". El mismo Frei, en entrevista concedida a una revista, hablaba que el asunto de los dos tercios era algo difícil, que ni siquiera se daba este caso en otros países".

"Ahora bien, no hay ninguna distinción entre las tesis del PDC ("reconstrucción nacional") y del PN ("resistencia civil"). Estas ideas no son más que matices tácticos de una misma y homogénea estrategia: derrocar al gobierno y erradicar la experiencia socialista. Entretanto, las disputas que surgen en el seno de la CODE caen en el terreno del liderazgo personal en función de 1976".

"Un editorial del diario "El Mercurio" demuestra que a los partidos de oposición los une el odio. Señala textualmente que "la unidad exige metas comunes". El mismo rotativo se refiere a la necesidad de que la oposición cuente con un programa para convertirse en alternativa de poder. Es sintomático, también, que el citado editorial observe que la oposición tiene "comunidad" de fines e intereses".

"Todo esto hace imposible pensar —sostiene Badilla— en un entendimiento y diálogo entre la UP y la Democracia Cristiana, sin que implique una transacción en el contenido del Programa de Gobierno. Por el lado de ellos, Frei disminuiría ante Jarpa la esperanza de ser una alternativa al actual Gobierno... Por nuestro lado, es una pérdida de tiempo dirigir proposiciones a quienes no están en una empresa socialista, en vez de dirigirlas a otros, con el agravante que se introducen en el proletariado factores de confusión".

"Lo que sí es interesante es mantener al PDC en una posición democrática e impedir que se sume al golpismo, que va a prosperar mucho más audaz después de los resultados electorales".

"Habrá intentos del PN para que el PDC haga que la Unidad Popular renegocie su Programa. Como esto no sucederá, los nacionales les demostrarán que fueron incapaces de doblarle la mano a Allende, haciendo presente la necesidad de ir a un nuevo paro".

"Se advierte una ofensiva de la burguesía generalizada y final. En su interior hay un sector más ultrista que encabezan Vilarín y Cumsille, que no está dispuesto a esperar 1976. No creen en las negociaciones políticas y tienen conciencia que sus posibilidades van deteriorándose lentamente. Hay otro sector en la burguesía que tiene una concepción más histórica, es el caso de Frei. Están dispuestos a esperar 1976, a utilizar en su beneficio el área social y piensan que no sería despreciable una buena dosis de capitalismo de Estado para después de 1976".

"La votación obtenida por la Izquierda Cristiana demuestra que es posible construir un destacamento de cristianos para el socialismo", destaca Badilla. Afirma que, sin embargo, lo anterior constituye una jornada larga y difícil. "No es para impacientes —dice— que no puedan soportar la experiencia prolongada que resuelva la relación de la masa con la revolución. Esto guarda relación con la masa que hay aún en la Democracia Cristiana. Esta no se conquista por acuerdos superestructurales. Se la atrae sólo si se atiende al alineamiento de clase. El paro de octubre probó que un militante demócrata cristiano es capaz de reaccionar favorablemente y que es posible contribuir a acelerar el retardo ideológico de las masas cristianas. Y esta tarea puede representar, en un período de proceso revolucionario, una contribución importante. Se puede caminar también hacia la organización del partido único, hacia el Partido de la Revolución. La IC concibe para sí su propia transitoriedad. Hoy se hace necesario edificar un canal de expresión de los cristianos por la revolución y, en general, de las masas".

LAS PERSPECTIVAS:
AGUDIZACIÓN DE LA LUCHA DE CLASES

Incluso desde el punto de vista de la economía, resulta imperioso avanzar sin más dilaciones rumbo al socialismo.

En su informe sobre la economía chilena en 1972, el Instituto de Economía y Planificación de-la Universidad de Chile, analiza las perspectivas de 1973. Sostiene como absolutamente necesario ampliar el área social y mixta de la economía para inclinar en favor de la clase trabajadora la balanza del poder político. El Instituto —que dirige Carlos Romeo de la Fuente— sostiene que en el período que incluye el año 1972 se ha ido "bastante lejos" en el terreno del cambio de estructura económica. Pero "las fuerzas revolucionarias no han conseguido aún resolver en su favor la lucha por el poder político, configurándose en este aspecto prácticamente un empate".

El alentador resultado de la elección del 4 de marzo abre, sin duda, perspectivas concretas de romper ese empate.

El informe mencionado observa que la contradicción entre el plano económico y político "presenta la alternativa cada vez más clara: avanzar hacia el objetivo de construir las bases del socialismo o bien retroceder, inevitablemente, toda vez que las relaciones capitalistas dependientes reabsorberán lo ya avanzado".

Esta es, precisamente, la cuestión que plantea crudamente el resultado electoral. En esa dirección se están moviendo los sectores políticos, tanto aquellos que buscan avanzar en el proceso iniciado en 1970 como los que procuran detenerlo o cuando menos ponerle frenos de aire.

Según el Instituto de Economía y Planificación, a pesar de las dificultades que se esperan para 1973 "el proceso de transformaciones puede avanzar más aún, a condición de que las fuerzas populares utilicen y desarrollen al máximo las posiciones de poder ganadas".

Las complicaciones que tendrán que encararse este año son numerosas. No sólo se trata de problemas internos, como la disminución de las áreas sembradas que hará bajar más aún la producción agraria. También se prevé la profundización de factores negativos que proceden del sector externo de nuestra economía. El presupuesto de divisas para este año tendrá que ser drásticamente reducido. El precio del cobre sigue muy bajo y el bloqueo de los créditos se mantiene imperturbable contra nuestro país. A esto hay que agregar que la devaluación del dólar se ha reflejado en un brusco aumento en los precios internacionales de los productos y materias primas que Chile necesita importar. El agotamiento de la reserva de divisas ha agudizado este problema en el caso chileno. En fuentes bien informadas se calcula que habrá que reducir este año en algo más del 27% las importaciones que requiere la industria. Como es lógico, esto no sólo disminuirá el crecimiento del producto industrial registrado en los últimos dos años, sino que provocaría su caída absoluta. Traerá también como consecuencia un descenso del alto nivel de empleo de mano de obra alcanzado en el periodo.

La inflación, que en 1972 alcanzó al 1637o, se desarrollará en forma más pronunciada. Lo probable es que duplique esa cifra y quizás llegue todavía más lejos. Esto hará más intensa la lucha por la redistribución del consumo, agravando los problemas de abastecimiento. En esta materia el inevitable control popular sobre la producción y la distribución es fuertemente resistido por la burguesía que, incluso, ha encontrado apoyo de las Fuerzas Armadas a través de limitaciones impuestas por la Secretaría Nacional de Distribución a las JAP, la canasta popular y los Almacenes del Pueblo, tema largamente analizado en otras páginas de esta edición de PF.

El Instituto de Economía y Planificación, por su parte, en el informe ya señalado, pronostica la agudización de restricciones en la capacidad para importar, en la producción agropecuaria y en la capacidad productiva instalada. Según ese informe habría que retornar al nivel de 1970 en la capacidad para importar, bajo una presión mayor por el descenso de la productividad agrícola. También el informe prevé la reducción de la ocupación en industrias que utilizan un elevado porcentaje de materia prima importada. El acentuamiento de las restricciones económicas producirá un agudizamiento de las contradicciones de clase, hecho que también recoge el informe del Instituto de Economía. Los trabajadores tendrán que librar una fuerte lucha contra el capital en torno a la redistribución real de los bienes. El Instituto observa: "...la necesidad de continuar las transformaciones estructurales y asegurar el dominio del sector estatal en la economía exigirá: primero, avanzar en el traspaso de la propiedad de los principales activos productivos actualmente en manos de los grandes capitales; y segundo, impedir el funcionamiento espontáneo de las relaciones mercantiles capitalistas introduciendo un sistema de planificación y dirección centralizada de la economía. Por ambas razones, se agudizará necesariamente la lucha de clases en este terreno".

Interpretando una realidad evidente, el Instituto de Economía se pronuncia por avanzar en la constitución del área social y mixta de la economía, expresando que tal medida debe adoptarse en forma urgente en el sector productor de bienes de consumo esencial y en el aparato de distribución y comercialización. O sea, propugna la política que han venido bloqueando en el último período tanto el Ministerio de Economía como la Secretaría Nacional de Distribución a cargo de las Fuerzas Armadas.

En resumen: aclarada la incógnita que representaban las elecciones parlamentarias, y en curso la inevitable reordenación de fuerzas políticas, se abre en la perspectiva de 1973 una dura lucha de clases que los trabajadores tendrán que resolver a su favor aplicando los órganos de poder popular ya creados y procurando convertir al gobierno en un instrumento que de verdad apoye sin reservas la lucha por avanzar hacia el socialismo.

LA POSICIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA

"El pueblo chileno ha ganado una batalla, pero no la guerra. La reacción y el imperialismo han fracasado una vez más, pero viven aún".

El anterior párrafo inició el primer pronunciamiento de la comisión política del Partido Socialista, emitido minutos después de conocerse los últimos cómputos oficiales, la noche del lunes 5 de marzo.

El PS testimoniaba el resultado sin precedentes en la historia de Chile, que evidenciaba un gobierno ganando un respaldo mucho mayor que el logrado cuando fue elegido y se enorgullecía, como colectividad política, no sólo de haberse mantenido como la primera fuerza de la Unidad Popular, sino especialmente de haber elegido "muchos parlamentarios obreros, campesinos, hombres surgidos de las mismas entrañas del pueblo chileno".

Pero junto al júbilo, la advertencia. La declaración se cerró recordando que la lucha continúa frente a un enemigo cuyos "fracasos reiterados le hacen acometer acciones y contubernios de cualquier orden, con tal de recuperar sus mezquinos privilegios". En ese plano se situaba para el PS el paro patronal que la derecha había empezado ya a anunciar.

Y frente a esta amenaza, la pauta que se fijó el socialismo fue la misma que venía signando su acción política y la campaña electoral reciente. La necesidad de consolidar y ensanchar el poder generado directamente por los trabajadores en sus organizaciones de base, juntas vecinales, sindicatos, JAP, Comandos Comunales y Cordones Industriales.

"Llamamos —señalaba— a defender más que nunca el gobierno popular y al compañero presidente Salvador Allende, en definitiva llamamos a permanecer en pie de combate, para que todos unidos, pueblo y gobierno, volvamos a derrotar a la derecha y al imperialismo que propician nuevas acciones contrarrevolucionarias".

La consigna de "Trabajadores al Poder" se mantuvo, sellando la posición socialista.

Por su parte, el reelecto senador Carlos Altamirano, secretario general del PS, juzgaba oportuno replantear algunos principios generales que condicionan la política del Partido Socialista y, a su juicio, "explican su razón de ser como vanguardia de la clase trabajadora".

Altamirano llamaba la atención sobre la abrumadora campaña de mistificación, destinada a desfigurar la verdadera imagen del socialismo, que había lanzado la burguesía, parapetada en los partidos de la llamada "Confederación Democrática".

Para Altamirano, la política socialista en Chile tiene idéntico sentido que la doctrina misma que "se alza contra el egoísmo de la sociedad burguesa y recoge todos los valores de la esencia cultural del universo, como un aporte inestimable a la nueva sociedad que aspira a construir". En su planteamiento, y citando a Engels ("del reino de la necesidad al reino de la libertad") recordaba que esa doctrina "no destruye nada que tenga un signo positivo para la dignificación del hombre, sino que busca la proyección de aquellos valores hacia la clase trabajadora, para que pueda disfrutar de los bienes que ella misma crea" y pasar, precisamente, de ese "reino de la necesidad al de la libertad".

Para el secretario general del PS, en cuarenta años de lucha su partido había adquirido una experiencia que le enseñó fundamentalmente que la revolución socialista constituye un proceso continuo, que debe realizar simultáneamente tareas democráticas que la burguesía —por su carácter dependiente del imperialismo— no fue capaz de llevar a cabo, y las nuevas tareas socialistas.

Altamirano resumió en siete puntos algunas de las tareas inmediatas impostergables que deben cumplirse, además de los cambios estructurales ya realizados:

"lº— Impulsar el desarrollo de todas las formas de poder popular que están surgiendo como expresión de la movilización de las masas en su lucha contra el poder burgués y dirigidas a abrir paso a la nueva institucionalidad.

—Los socialistas —señaló— estamos por eso, por el más amplio desarrollo de los Comandos Populares, los Consejos Campesinos y todos los organismos impulsores de las tareas de estímulo, control y vigilancia de las actividades de la producción y distribución.

2º— Extender el área social de la economía hasta darle efectivamente un carácter dominante, porque ella constituye el origen de la economía socialista. A esta área no sólo deben incorporarse las empresas monopólicas y estratégicas, sino también todas aquellas otras que desafían al gobierno popular no invirtiendo y saboteando la producción.

En relación a ese segundo punto, el dirigente socialista recordó: —Durante el paro sedicioso de octubre dijimos: Industria paralizada por los patrones, será tomada por los trabajadores para hacerla producir. Ahora, ante la cínica pretensión reaccionaria de recuperarlas, agregamos: No devolver a los conspiradores ninguna industria requisada o intervenida. Lucharemos, a la cabeza de las masas, para que esta consigna también se convierta en una realidad inamovible".

En el tercer punto, la acción se proyectaba, al campo:

3º— Profundizar la reforma agraria, poniendo en plena actividad los latifundios hasta ahora expropiados, mediante formas de cooperación solidaria de los campesinos, y extendiendo las expropiaciones a los fundos de la burguesía agraria menores de 80 has. de riego básico y mayores de 40, de modo de incrementar la producción conjuntamente con las transformaciones en el régimen de tenencia de la tierra.

Para alcanzar este objetivo es necesario multiplicar los Centros de Reforma Agraria, incorporando a las actividades productivas a todos los campesinos mediante el apoyo técnico y financiero de los organismos del Estado.

4º— Encarar la distribución del producto real de bienes esenciales, asegurando un reparto equitativo, basado en el control y la participación directa de las organizaciones populares, como las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) y los Comandos de Abastecimientos.

Según Altamirano, sólo así se evitará que continúe el sistema tradicional de "pleno abastecimiento para los ricos y de racionamiento de hecho para los pobres, ahora que éstos disponen de mayores recursos monetarios por la redistribución del ingreso que ha promovido el gobierno popular".

5º— Captar ingresos de la burguesía para fortalecer la inversión pública dirigida a impulsar el desarrollo del área social de la economía, y a la vez, continuar la redistribución del ingreso nacional, mediante el reajuste de las remuneraciones del sector asalariado.

En ese orden, el dirigente del PS estima que el proyecto de ley enviado al Congreso, plantea esos objetivos al exigir el financiamiento del anticipo de reajuste por medio de tributos que recaen exclusivamente sobre la burguesía explotadora.

El cumplimiento de estas tareas —algunas de las más urgentes— exige, para el secretario general del PS, necesariamente, la unión de todos los revolucionarios. "La unidad —destacó— es esencial para defender al gobierno popular, desarrollar plenamente el programa y garantizar todas las conquistas alcanzadas por los trabajadores. Así se podría encarar resueltamente el desafío de los reaccionarios e "infligirles una derrota mayor que la de octubre, esta vez definitiva". En esa batalla —puntualiza Altamirano— el Partido Socialista toma su puesto de vanguardia.

EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS

Lo que haga el gobierno con la fuerza que le entregaron los resultados del 4 de marzo, pasa por la revisión del papel que han cumplido las FF.AA. en el gabinete del presidente Allende.

Los militares se han ubicado en puestos claves que les entregan el control del aparato de comercialización y distribución al mismo tiempo que acrecentaron su influencia para controlar la producción.

El llamado "proyecto Millas", como afirmó un conocido comentarista político, está mal bautizado. Es, en realidad, un proyecto elaborado por el equipo de generales que opera en las esferas de gobierno, y que tiene por objeto, como se sabe, limitar a 49 las empresas del área social, devolver más de cien industrias intervenidas, gratificar con altas indemnizaciones a la burguesía, y en algunos casos crear la administración "integrada" de patrones y trabajadores, como modelo piloto para vacunar al país de la empresa socializada.

El poder militar es una realidad política que se cruza en el camino de la radicalización del proceso. Cuando los tres generales llegaron al gabinete, aparecieron como la salida al grave conflicto planteado por el paro patronal de octubre. La derecha los ataco y los militares aparecieron como árbitros en la enconada lucha de clases chilena, pero "árbitros de izquierda". Así los pintó la prensa gobiernista, y particularmente el PC.

Con el correr de los meses, el "arbitraje" adquirió un claro tono reformista. Un resumen del efecto de la gestión pacificadora de las FF.AA. entrega el siguiente cuadro:

— el 5 de noviembre, el general Prats revela los alcances del acuerdo con la burguesía, en un discurso de garantías leído por cadena nacional de radios y televisión.
— se reinician las transmisiones de Radio Agricultura, de Los Angeles.
— se conceden aumentos de precios mayúsculos a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.
— devolución de los diarios "La Mañana", de Talca y "El Sur" de Concepción.
— devolución de las industrias electrónicas de Arica.
— devolución de supermercados y grandes almacenes.
— devolución de empresas constructoras.
— reincorporación de funcionarios derechistas despedidos a raíz del paro de octubre.

A estos puntos hay que agregar la política de rectificación gradual que imponen las FF.AA. desde el interior del gobierno. Esta política se expresa en el nuevo proyecto de delimitación del área de propiedad social y en la creación del Consejo Nacional de Distribución y Comercialización, y la Secretaría Nacional del mismo nombre.

Con estos antecedentes, se comprende que las FF.AA. también deben sopesar cuál es el sentido de la alta votación obtenida por la UP. Porque es un factor importante —imposible de desconocer— para medir la suerte de su propio proyecto de gobierno.

En la conferencia de prensa del presidente Allende, posterior a las elecciones, los periodistas le preguntaron "si consideraba que después de los resultados electorales seguían vigentes las condiciones que obligaron a incluir en el gabinete a representantes de las FF.AA.". El presidente eludió una respuesta directa, señalando que la Constitución le entregaba la facultad soberana de designar a los secretarios de Estado. Pero agregó que algún día se reconocerá la "importancia histórica" de la incorporación de las FF.AA. al gobierno popular.

Por su parte, el ministro del Interior, general Carlos Prats, no demoró en salirle al paso a la derecha y se puso de parte del gobierno cuando ésta lanzó destempladas acusaciones de fraude electoral. Prats reiteró públicamente su confianza en el subsecretario de la cartera, el comunista Daniel Vergara, y en el intendente Jaime Faivovich, del partido Socialista.

Hay que recordar que en más de una ocasión, el general Prats señaló que la presencia de las FF.AA. en el gobierno tenía por objeto asegurar la paz social y garantizar las elecciones del 4 de marzo contra cualquier salida extralegal. La prensa recogió declaraciones de los ministros militares en el sentido de que la misión de ellos terminaba en marzo, y que la decisión de su permanencia en el gabinete le correspondía al presidente de la República. Esta decisión definirá en adelante el contenido de la marcha del proceso, y es una interrogante crucial en la cual el 43,39% obtenido el domingo 4 le entrega la palabra a la dirección política de la unidad Popular.

Sectores de la izquierda se han preocupado de caracterizar el fenómeno de la alta jerarquía militar incorporada al gobierno. En parte, estas caracterizaciones distinguen dos puntos de vista para definir las FF.AA. El institucional, según el cual las FF.AA. son un "instrumento que resguarda el sistema capitalista en su conjunto", y el punto de vista social, según el cual las FF.AA. acusan la influencia de la pequeña burguesía y levantan una salida "intermedia, inestable y temporal". Es evidente que la incorporación de tres generales al gabinete rompió definitivamente con el mito de la no deliberación de los militares chilenos. Por el contrario, todos los observadores están de acuerdo en que se desarrolla una amplia y rica discusión en el seno de los institutos armados acerca de política y economía. En esta discusión se reconoce con mucha fuerza la tesis que plantea la necesidad de incorporar activa y orgánicamente las FF.AA. a la planificación de la economía, bajo el imperativo de que ésta "está tan deteriorada que dificulta enormemente las posibilidades de una defensa efectiva de la nación".

Estos sectores de las FF.AA. dieron una base política interna de apoyo a los tres ministros militares. Diversos oficiales de alta graduación pasaron a ocupar cargos en el aparato estatal económico, y uno de ellos, el general Alberto Bachelet, se desempeña en la Secretaría Nacional de Distribución y Comercialización.

En la actualidad es posible asegurar que la alta jerarquía castrense que opera en el interior del gobierno sostiene una política de desarrollo económico propia, basada en la "necesidad de garantizar los recursos para una defensa efectiva". Este proyecto tiene dos pilares. Uno de congelación de sueldos, para restringir los niveles de consumo, y el segundo, asegurar el crecimiento económico nacional y dotar a las FF.AA. de los recursos necesarios.

Pero a pesar de que este es el criterio político que impera por el momento en las FF.AA., situaciones concretas en vísperas de las elecciones parlamentarias señalaron que hay divergencias, aún entre los propios ministros militares. La conclusión más evidente de estas divergencias es que la participación de los ministros militares está sujeta al control orgánico de cada rama de las FF.AA. y no a un estado mayor central. Cuando renunció el almirante Huerta, la Marina designó su reemplazante en el ministerio de Obras Públicas.

La prensa acogió la interpretación de que los ministros militares renunciaron después del discurso del ministro Flores. Su permanencia significó nuevas atribuciones para el equipo castrense, fundamentalmente el control de la distribución. Con este paso, los militares pasaron a una nueva etapa, donde demuestran su voluntad de quedarse en el gobierno para imprimirle un nuevo rumbo "restaurador". El ministro Prats, cabeza del equipo, ha expresado públicamente su concepción de que todos los problemas que se le presentan al gobierno deben resolverse aplicando estrictamente la ley. En tal sentido, envió la circular número 17 a carabineros, disponiendo que DIRINCO ejerza sus facultades contra el mercado negro "en presencia de la fuerza pública". Una circular posterior, determinó que las JAP carecen de "facultades ejecutivas" y sólo son organismos asesores. Cinco oficiales de alta graduación fueron colocados en la dirección de las empresas estatales de distribución y comercialización. Cuando el ex gerente de Agencias Graham, Luis Inostroza, declaró que seguiría entregando la "canasta popular", los ministros militares hicieron cuestión de sus cargos si el funcionario socialista seguía en sus funciones. Esta serie de medidas, indica que el proyecto político de los militares significa subordinar a las masas a la acción del aparato burocrático-militar.

El punto álgido de la gestión UP-generales es su política económica que define las 49 empresas que serán traspasadas al área social y devuelve más de un centenar. En este aspecto, los militares abrieron un entendimiento tácito con la burguesía, y en su aceptación el gobierno abandonó la defensa de los intereses obreros. El general Prats mantiene negociaciones políticas directas con la SOFOFA, y las FF.AA. activan un acuerdo definitivo con los empresarios para delimitar el área de propiedad social. Orlando Sáenz, primero; Frei y los nacionales, después, reconocen el papel favorable a la burguesía que juegan las FF.AA. en el gobierno. Con esto, los militares se libraron de críticos. El país entero les confió su suerte, y ya nadie supo si era hasta o después de las elecciones.

Pero esto no es tan cierto. A medida que el eje del gobierno se trasladó al entendimiento con las FF.AA. se produjo el alejamiento con las posiciones del PS, la IC y el MAPU.

La pugna estalló a raíz del llamado "proyecto Millas" para el área social, carta de condicionamiento de las FF.AA. para seguir respaldando al gobierno. El ala izquierda de ]a Unidad Popular no puede dejar de advertir que los militares han asumido el control progresivo del gobierno. La Unidad Popular misma aparece desplazada del centro de las decisiones.

En una entrevista de televisión, el general Prats reconoció que era antidemocrática la discriminación electoral que se hace con soldados y suboficiales, que no tienen derecho a voto, a pesar que en esta última elección participaron los analfabetos, los ciegos y los mayores de 18 años. Pero Prats se pronunció por la idea de que nadie votara en las FF.AA. para evitar el abanderizamiento político de los militares. Lo cierto es que el derecho a voto de los soldados y suboficiales, así como otras medidas que democraticen las FF.AA., como el escalafón único, etc., rompería el actual esquema de los institutos armados y su influencia determinante en la vida política, como el "partido" más organizado y coherente, capaz de mostrar políticas aparentemente independientes de los sectores sociales en pugna.

Los resultados electorales, con el 43,39% para la UP, tendrán que transformarse en definitiva para legitimar el desarrollismo militar en el gobierno popular o para devolver la iniciativa a las masas y permitir que éstas avancen a la conquista definitiva del poder.

DEPURACIÓN IDEOLÓGICA EN EL MAPU

Casi al cierre de esta edición, PF conversó con Eduardo Aquevedo, subsecretario general del MAPU, quien explicó así lo ocurrido en ese partido:

"La situación planteada en estos días no es otra cosa que la culminación de un largo proceso de lucha y definición ideológica y política del Partido. Durante tres años el MAPU ha luchado por autodefinirse, por construirse como destacamento proletario, marxista-leninista. Los hechos de hoy marcan un hito fundamental: el MAPU hoy se depura ideológica y políticamente, se define con mayor nitidez, se libera de pesados lastres pequeñoburgueses, se fortalece orgánicamente. De esta situación el MAPU sale más marxista-leninista y más proletario que ayer, es decir, muchísimo más armado y capacitado para conducir a las masas hacia el Poder y el Socialismo".

"Un grupo de dirigentes y funcionarios públicos del Partido, derrotados en el Segundo Congreso (diciembre de 1972), repudiados abrumadoramente por la base del Partido, convertidos en minoría cada vez menos significativa, se organiza fraccionalmente con el propósito de recuperar la dirección del Partido a breve plazo o provocar la división, si lo anterior no es posible".

"Las bases les dan la espalda. Recuperar la dirección les resulta ya imposible, al menos a corto o mediano plazo. Por consiguiente, montan una costosa e irresponsable maniobra divisionista en contra del Partido, sin ocultar ya su desesperación y su cobardía política. No vacilan, para ese efecto, en entregar un documento de circulación interna a El Mercurio con la finalidad manifiesta de plantear y provocar la crisis al interior del Partido. Posteriormente ocupan locales del Partido por la fuerza, agreden físicamente a dirigentes y militantes de base que rechazan su maniobra y, en un Pleno de Comité Central que existió sólo en su desesperada imaginación, acuerdan "expulsar" a los dirigentes legítimos del Partido, representantes además de la mayoría abrumadora de las bases obreras, campesinas, pobladoras y estudiantiles del MAPU. Pretenden que las bases del Partido y el pueblo en general se traguen el absurdo de que la minoría del Partido puede expulsar a la mayoría, a una mayoría representada por dirigentes elegidos democrática-menie en un Congreso Nacional hace apenas tres meses".

"El viernes 9 de marzo debía realizarse una reunión del Comité Central. El 23 de marzo debía efectuarse una reunión de Pleno del Comité Central. En ambos eventos la minoría fraccional debía explicar al Partido acerca de su comportamiento y acerca de sus propósitos. Optaron, sin embargo, por evitar el veredicto de la base y de los organismos regulares. Tuvieron miedo a la base, como siempre antes. Prefirieron marginarse del Partido antes que reconocer sus errores o subordinarse a la mayoría. En cualquier caso, testimoniaron una vez más su irresponsabilidad, su oportunismo político, el carácter pequeño-burgués de su práctica política permanente".

"El intento divisionista de la fracción de derecha está condenado al fracaso. La inmensa mayoría del Partido, por lo menos el 90 por ciento de las bases, de la Dirección y de los dirigentes de masas, han repudiado la maniobra. Diez de quince miembros de la Comisión Política, 40 de 65 miembros del Comité Central y 65 de 90 integrantes del Pleno del Comité Central han repudiado esta acción divisionista. Acá está, pues, el Partido; allá, una minoría fraccional pequeño-burguesa, sin destino, sin perspectivas, salvo la de ser una comparsa penosa e insignificante de otras organizaciones".

"La minoría disidente tenía posiciones ideológicas y políticas contrarias al Partido, opuestas a las aprobadas en el Segundo Congreso Nacional por la mayoría abrumadora del Partido. Sus posiciones, referidas al proceso revolucionario chileno y mundial, a las alianzas sociales y políticas que corresponde impulsar en este período, al significado y carácter del Gobierno Popular, a la concepción del Partido, al rol del MAPU, etc., eran y son posiciones marcadamente pequeñoburguesas y reformistas. El seguidismo o la subordinación ideológica y política, la incapacidad para pensar y actuar autónomamente, la impotencia y debilidad para enfrentar y rechazar los chantajes políticos externos, etc., revelan manifiestamente el sello pequeñobur-gués de su práctica dentro de la izquierda".

"El MAPU permanece acá, firme, fortalecido, dispuesto a multiplicar su trabajo entre los obreros, campesinos, pobladores, estudiantes. Resuelto, además, a seguir apoyando y fortaleciendo al Gobierno y a la Unidad Popular, en función del Programa aprobado por el pueblo y en función, sobre todo, del avance de las masas hacia el Poder y hacia el socialismo".

"Nuestro apoyo y compromiso con el Gobierno y con la Unidad Popular es un apoyo que se basa en principios, en posiciones políticas y no en la reivindicación de prebendas o beneficios administrativos o funcionarios. Por lo tanto, de nadie más que de la clase obrera y del pueblo, de acuerdo a sus intereses y posiciones permanentes, recibimos autorización o mandato para apoyar al Gobierno. Estamos en la Unidad Popular y allí seguiremos".


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02