Por sus frutos los conoceréis

PUNTO FINAL
Año VII. Nº 171
Martes 21 de noviembre de 1972

Editorial

MÁS EXPRESIONES DE PODER POPULAR

MIENTRAS surgen nuevas aprensiones acerca del futuro de la lucha de clases que se lleva a cabo en Chile, tanto por los peligros externos como internos que la amenazan, vuelven las masas trabajadoras a mostrar la fuerza de su voluntad de impedir que bajo cualquier pretexto se concilie el programa de la Unidad Popular, limitando hasta lo ya logrado la vía al socialismo que les fue prometida.

A la demostración de conciencia revolucionaria hecha concreta y real en el curso del paro patronal del mes de octubre por los trabajadores, ha seguido ahora su decisión de continuar adelante en el avance para tomar bajo su control las fábricas, que aun quedan en manos de los monopolios criollos, y las tierras, que todavía mantienen los latifundistas, que hasta ahora han escapado a la Reforma Agraria. En esta tarea es el pueblo mismo el que ha creado su nuevo programa —el "Pliego del Pueblo"— y una herramienta eficaz, nacida al rigor de las maniobras sediciosas de la burguesía, los Comités Coordinadores Comunales.

Esta es la causa misma de su decisión —la desconfianza natural de los trabajadores a ser llevados a engaño— el motor poderoso que la mueve. No pueden aceptar las masas una "paz social" que las retrotraiga al inmovilismo en que se quedaron después del 4 de septiembre de 1970, y del que salieron más combativas que nunca, en este octubre de 1972.

Tampoco está en su ánimo observar tranquilamente la devolución de algunas empresas requisadas en octubre y que han sido reintegradas a quienes se prestaron a la sedición empresarial, como no darán su acuerdo, mucho menos, a una conciliación que signifique el atropello de sus legítimos intereses.

Por eso han organizado en defensa de su pliego popular este plan de acción, en el que juegan papel primordial los Comités Coordinadores Populares que ya están en plena tarea de integración de todos los organismos de masas en el ámbito territorial respectivo, sin sectarismos de ninguna especie, señalando objetivos específicos y buscando como objetivo de poder la nueva institucionalidad revolucionaria que reemplace al estado burgués.

En esa tarea las masas no están solas. Hay sectores revolucionarios que se mueven dentro y fuera de la Unidad Popular, e incluso dentro del mismo gobierno. Unos y otros aseguran la vigilancia y la movilización combativa del pueblo, pero sin duda quienes darán fe absoluta de que no habrá entreguismos de ninguna especie serán los propios comités coordinadores, a través de los trabajadores que los integren. Están ubicados en el camino que lleva al poder y fortalecidos en su conciencia clasista y revolucionaria. Por hoy esperan y observan. Si son traicionados aventarán obstáculos y opositores.

PF


Opiniones

¿CAMBIÓ O NO EL GOBIERNO POPULAR?

EL paro empresarial fracasó.

Primero, porque no suspendió las actividades fundamentales del país. Según el Ministro del Interior, General Prats, continuaron trabajando el 100% de los obreros, el 99% de los campesinos y sobre un 80% de los empleados de los sectores público y privado.

Segundo, porque no consiguió su objetivo fundamental que consistía en derribar al gobierno.

Tercero, porque no fueron aceptadas las exigencias políticas contenidas en el pliego de los patrones.

Cuarto, porque fue el gobierno el que decidió el plazo e impuso las condiciones para la vuelta al trabajo y el retorno a la normalidad. No hubo arreglo o acuerdo formal entre las partes ni se firmó acta alguna, sino que los empresarios tuvieron que confiar en la palabra del gobierno.

CONCLUSIONES

El paro empresarial permite sacar variadas conclusiones.

Las empresas pueden seguir funcionando perfectamente sin sus patrones e incluso algunas sin sus técnicos.

Generalmente la lucha y el enfrentamiento de clases, que en toda sociedad es permanente, para muchos pasa inadvertida o se desarrolla en forma disimulada o imperceptible.

En esta ocasión todos los chilenos reconocieron cuartel junto a su clase, consciente o instintivamente. La burguesía cerró filas contra el gobierno, arrastrando a importantes sectores de las capas medias. Los obreros, campesinos y empleados, por encima de diferencias ideológicas o políticas, reaccionaron también como clase, junto al gobierno. Los trabajadores democratacristianos repudiaron igualmente el paro patronal y se situaron en las faenas, al lado de sus demás hermanos de clase.

Jamás antes en Chile la separación de la burguesía y la clase trabajadora había sido tan categórica. El antagonismo y la lucha de clases se mostró al desnudo y con toda su crudeza. Ningún trabajador defeccionó y se pasó al campo de la burguesía.

Durante mucho tiempo se ha discutido en el seno de la Unidad Popular qué conducta debe adoptarse con las capas medias. Ciertos sectores se hacen demasiadas ilusiones sobre la posibilidad de atraerlas. No es efectivo que a las capas medias las asusten los extremistas de izquierda y por esa razón le den la espalda al gobierno popular.

Las capas medias son esencialmente conservadoras y tienen una escala do valores, ambiciones y metas que las aproximan a la burguesía. Las capas medias desconfían del gobierno popular, porque estiman que pone en peligro su forma de vida, su concepción de la propiedad, sus bienes, sus negocios, los lícitos y los ilícitos.

Está claro que el gobierno popular no es enemigo de las capas medias ni las debe considerar irremediablemente perdidas y entregadas a la burguesía. Pero no las va a atraer ni conciliando con ellas, ni ofreciéndoles dádivas, ni asegurándoles beneficios o granjerías que son incompatibles con los cambios sociales que pretende introducir.

La acción frente a las capas medias debe ser fundamentalmente de esclarecimiento ideológico. Pero sobre todo hay que tener cuidado en transar con las capas medias a expensas del programa y de las clases trabajadoras.

El comportamiento de los trabajadores demuestra que es el principal soporte de este gobierno, que lo siente como propio a pesar de sus defectos, vacilaciones y errores. Es respecto de ellos que hay que enfatizar la política de gobierno. Darles cada vez más participación en la administración de sus empresas, entregarles cada vez mayores responsabilidades, darles más ingerencia en la discusión y en la decisión de la política gubernativa, mantenerlos más informados, estimular su organización, escucharlos más antes de tomar resoluciones.

EL COSTO DEL PARO

La burguesía conserva su vigor, su fuerza y potencialidad, a pesar de la ampliación del área social de la propiedad, de las requisiciones e intervenciones, de la estatización de la banca y de las expropiaciones de predios agrícolas. El paro le significó al país una pérdida superior a los 200 millones de dólares, según cálculos oficiales. Pero, ¿cuánto le costó a la burguesía montar y mantener este movimiento?

Gran parte del financiamiento del paro sedicioso fue proporcionado por los norteamericanos, como lo demostró la inundación de dólares y la baja consiguiente que esto produjo en la cotización del mercado negro. Pero también hubo aporte interno de la burguesía. De acuerdo con las denuncias formuladas en el canal 9 de TV, cada camionero recibía cinco mil escudos diarios por no trabajar. ¿Cuánto se otorgaba a cada comerciante por mantener cerrados sus negocios? ¿Cuánto se gastó en el financiamiento de la estructura orgánica del movimiento sedicioso? ¿Cuánto en publicaciones? Las sumas tienen que ser siderales.

La vitalidad que exhibe la burguesía comprueba que es necesario acelerar y profundizar la supresión de su poder económico, incorporando al área de propiedad social numerosas empresas que nutren y alimentan no sólo sus bolsillos como patrones, sino la caja de la sedición.

Durante el paro se requisaron todas las industrias y empresas que sus dueños pretendieron paralizar. Hubo requisiciones masivas y es probable que en los 26 días que duró el paro hayan sido intervenidas o requisadas más empresas que en todo el transcurso de este gobierno.

Así como es efectivo que la burguesía demostró que conserva su fortaleza y poderío, también es correcto afirmar que no tuvo por sí sola la fuerza necesaria para derrocar al gobierno.

¿Dónde estuvo la falla del habilidoso y bien estructurado plan de la oposición?

O bien la burguesía subestimó a la clase trabajadora y supuso que no respondería con criterio de clase ni defendería al gobierno y se sumaría al paro o aceptaría tranquilamente que sus patrones cerraran las fábricas. Y este error de cálculo es difícil atribuírselo a la derecha que es políticamente ladina y bien informada.

La otra explicación, que puede ser más realista, es que la oposición cifró esperanzas, que resultaron ser absolutamente infundadas, en que por lo menos algún sector de las Fuerzas Armadas se inclinaría en favor de los insurrectos, como consecuencia de este clima de caos que los sediciosos intentaban crear no sólo con el paro, sino con numerosos hechos y actitudes previas. Ese es el alcance que tenían las destituciones de Ministros de Estado e Intendentes, las violentas manifestaciones y asonadas callejeras, las acusaciones que se lanzaban al gobierno de estar trasgrediendo la Constitución y las leyes, y los llamados que hacían los personeros de la derecha a la desobediencia y resistencia civil contra el gobierno.

GENEROSIDAD

Las condiciones dictadas por el gobierno para poner término al paro resultan demasiado generosas dada la situación existente en ese momento, el perjuicio irrogado al país y la finalidad subversiva del movimiento.

Cuando la oposición creyó que podía triunfar, tiró todas sus fuerzas al combate. Camioneros, comerciantes, profesionales, especialmente médicos, funcionarios de algunos bancos, pilotos de LAN; pero hubo un momento en que sus fuerzas se agotaron y no tenían más soldados sediciosos que lanzar a la batalla contra el gobierno. Por otra parte, no lograron paralizar la movilización colectiva particular, ni los taxis, salvo por algunos días. Además, lejos de incrementar sus efectivos, los insubordinados empezaron a sufrir deserciones entre los camioneros especialmente, y también entre los pequeños comerciantes. Los abundantes recursos de que dispusieron los opositores, se enredaban en las manos de los dirigentes, de los políticos y de algunos empresarios, pero no "chorreaban" a todos los camioneros y comerciantes. En consecuencia, era presumible que las deserciones continuaran, sobre todo porque se habían suspendido los ingresos, había que efectuar muchos pagos pendientes y cancelar a los empleados los reajustes respectivos.

Especialmente controvertibles, y con razón, aparecen los ofrecimientos de restituir las empresas requisadas o intervenidas durante el paro, en especial las de mayor envergadura, así como la nulidad de todos los partes y sanciones administrativas a los negocios que estuvieron cerrados y la reincorporación a sus trabajos de los profesionales y funcionarios que dejaron de concurrir a sus labores habituales.

La oposición pretende justificar esta amnistía a los empleados, funcionarios o técnicos que abandonaron sus funciones, alegando que es usual, al término de un conflicto gremial, pactar la no aplicación de represalias. Pero indiscutiblemente que éste no fue un paro gremial sino insurreccional y, en consecuencia, el trato tiene que ser diferente.

Sin embargo, preciso es reconocer que en algunos casos el gobierno ha procedido con severidad, aceptando que se mantengan despidos efectuados legítimamente, como sucedió en el Banco Central.

Pero más conflictiva puede resultar la devolución de empresas o establecimientos comerciales requisados. Si bien puede ser explicable el propósito del gobierno de restablecer la tranquilidad, hay que considerar el sentimiento de frustración que esto provocará en los trabajadores que hicieron funcionar esas industrias y comercios, mientras sus patrones intentaban derribar el gobierno para perseguir después y explotar más duramente a sus obreros y empleados. Y no está bien provocar resentimiento y frustración justamente en la clase social que es el sostén y el pilar del gobierno frente a los intentos sediciosos de la burguesía, que por cierto no terminarán con este paro empresarial.

Además, la restitución de esas empresas significa fortalecer a grupos patronales que son enemigos irreconciliables de La Moneda y de los trabajadores y que no cejarán en sus propósitos sediciosos. Evidentemente que esas empresas constituyen un botín de guerra durante una batalla insurreccional contra el gobierno y los trabajadores.

Afortunadamente, por un lado la actitud del gobierno ha sido bastante flexible y, por otra parte, se abre la perspectiva de una lucha política y de masas para corregir o rectificar decisiones que puedan adoptarse en definitiva.

ALTERNATIVAS

Algunos se preguntan si la incorporación de los militares al Gabinete era la única solución para derrotar el paro y sofocar la sedición.

El debate en estos instantes resulta inoficioso, bizantino o intrascendente.

Aparentemente existieron esas otras alternativas, pero es difícil evaluar su factibilidad.

Una de ellas era dividir a las fuerzas sediciosas y entenderse con la DC. Esta habría sido la peor salida de la crisis y al parecer era impracticable porque era rechazada abruptamente por el gobierno y el partido opositor.

Otra, era fortalecer la autoridad del gobierno con una política más dura y más firme contra los insubordinados, con el apoyo y la participación más activa y combativa de los trabajadores. Habría sido saludable, sin duda, haber provocado en ese momento el enfrentamiento que buscaba la burguesía, haberle dejado a las masas populares la tarea de quebrar el paro, atajar la insubordinación, normalizar el transporte prescindiendo de los camioneros sediciosos, incautarse de las empresas y negocios más importantes que estaban cerrados y no haberlos tenido que devolver. Pero esto dependía de la correlación de fuerzas que sólo algunas personas de gobierno, dirigentes políticos y sindicales podían conocer.

Es preferible suponer que no se reunían todas las condiciones para escoger esta alternativa.

Más importante y más constructivo es analizar la fórmula conocida y que prosperó en definitiva y que significó la incorporación de tres ministros militares al Gabinete.

ACLARANDO UNA "ACLARACIÓN"

Compañero Director:

El ex ministro de Justicia, Jorge Tapia, estimó oportuno "aclarar" en "La Nación", del 25 de octubre, una crónica nuestra que a su juicio contiene inexactitudes. Como el ex ministro no envió esa "aclaración" a PF. le ruego se sirva reproducirla. Es la siguiente:

"La Revista "Punto Final" ha publicado en su Nº 169, correspondiente al día de hoy, un artículo de crónica titulado "Regalos para la Corte Suprema", firmado por el periodista señor Héctor Suárez Bastidas, en el cual se alude al Ministro infrascrito, poniendo en tela de juicio alguna de sus actuaciones públicas.

Frente a tales afirmaciones, puntualizó lo siguiente:

1.— No es efectiva la concurrencia del Ministro de Justicia al almuerzo que el día 14 de septiembre habría ofrecido el Presidente del Senado, senador Ignacio Palma, a distintas personalidades.

2.— No es efectivo que la ley que establece la Corte de Apelaciones de Puerto Montt haya exceptuado a los miembros del Poder Judicial de las normas sobre rentas máximas de la Administración Pública. Ella sólo sanea las situaciones producidas hasta el momento de su vigencia.

3.— No son efectivas las afirmaciones sobre competencia de segunda instancia en materia del trabajo que tendrían las Cortes de Apelaciones creadas en el proyecto recién aludido, lo cual refleja un total desconocimiento por parte de esa revista del mencionado proyecto de ley, como asimismo de otros hechos y razones de la actividad desarrollada por este Ministerio.

4.— Las declaraciones del Ministro Infrascrito respecto del discurso pronunciado por el Senador Altamirano enjuiciando a los miembros de la Corte Suprema, no fueron de carácter personal, sino que reflejaron el pensamiento del Gobierno.

5.— En lo relativo a la proposición de normas especiales de desahucio en favor de los miembros de la Corte Suprema, basta acotar que no ha sido solamente el diario "El Mercurio" el despistado".

(Fdo.) JORGE TAPIA VALDÉS
MINISTRO DE JUSTICIA

Al respecto le preciso al ex ministro:

1.— Es posible que no haya asistido esta vez a tan agradable reunión con los magistrados de la Corte Suprema, dado el cúmulo de otros compromisos semejantes que debe cumplir. En todo caso, esto no es lo fundamental. El lo sabe.

2.— ES EFECTIVO que en el Art. 22 de ese proyecto de ley se marginó a los Ministros de la Corte Suprema del límite de rentas mínimas, como lo publicó PF. No significa otra cosa el texto de la disposición: "Condonánse las sumas percibidas por los funcionarios del Poder Judicial que, en la aplicación de los Art. 34 y 72 de la ley 17.416, no incluyeron sus pensiones de jubilación como abogados". Esto revela que los Magistrados podrán seguir cobrando sus Jubilaciones mínimas de Eº 5.000. Con ellas superan el tope de veinte sueldos vitales, puesto que sólo con sus rentas de Ministros do Corte ya quedaban en ese tope. ¿Hay algún Ministro de la Suprema que gane CINCO MIL ESCUDOS menos de los veinte vitales?...

3.— El proyecto en el Congreso (Boletín 1145-72-2) plantea lo contrario de lo que Jorge Tapia está afirmando en su aclaración. En la parte expositiva del proyecto que está en nuestro poder, se consulta la creación de Cortes de Apelaciones en Copiapó. en Los Angeles, en Puerto Montt y se fijan sus respectivas Jurisdicciones. El mismo texto expresa el "beneplácito" de quienes concurrieron a la Comisión por "este aumento de tribunales a través del país". ¿Acaso las Cortes de Apelaciones no tienen competencia de segunda Instancia? En consecuencia, el Ministro parece desconocer su propio proyecto.

4.— SI el Ministro puntualizó que "el Gobierno no comparte ni el tono ni la fraseología, ni los propósitos del senador socialista Altamirano" —como lo publicó textualmente PF— resulta obvio que su "aclaración" está de más. PF no ha dicho que fuera "su" declaración personal.

5.— Al parecer el Ministro desea seguir "despistado". ¿Es efectivo o no que había acuerdo para asignar 480 vitales como desahucio a los Ministros de la Suprema y que "El Mercurio" en un editorial calificó como "una nueva afrenta al Poder Judicial". Ignorando que todo obedecía a un "entendimiento" de ese Poder con el Ejecutivo?... Por eso, la indicación no pasó en la Comisión, boleada por... ¡la derecha!

Por lo tanto, queda en pie nuestra información, sobre la cual volveremos próximamente con nuevos antecedentes.

HÉCTOR SUREZ BASTIDAS

Algunos piensan que esto es lo que buscaba la oposición y fundamentalmente la DC, para neutralizar al gobierno.

No comparto la opinión. Por el contrario, la oposición se muestra desconcertada y preocupada por las proyecciones que esto puede tener y por el compromiso que puede implicar de parte de las Fuerzas Armadas con el gobierno y el programa.

Así lo expresó Eduardo Frei en una entrevista con estas palabras: "No hay ninguna duda que en primer término produce un cierto desconcierto, que los días y el tiempo aclararán, respecto al hecho de que tenemos un Ministerio en el cual existen representantes de las Fuerzas Armadas, junto a representantes de otras corrientes políticas que yo creo que por primera vez en América latina se ven representadas en un Gabinete; y en segundo término, es también un hecho de que dentro del Ministerio algunas personas representan corrientes de extrema izquierda, más allá de las posiciones normales del Partido Comunista y Socialista..."

Es innecesario especular sobre el alcance y significado que tiene la presencia .de los ministros militares en el gobierno, porque el propio General Prats lo ha precisado en diversas intervenciones:

a) No es un cogobierno.

b) Los ministros son colaboradores del Presidente y trabajan bajo su dirección.

c) El gobierno tiene legítimo derecho a aplicar el programa. Los cambios de Gabinete no pueden alterar ese programa, que se caracteriza por su definición antimperialista y antimonopólica.

d) El Presidente decide el cambio de sus ministros.

e) Este es un gobierno constitucional que dura hasta 1976.

f) El ingreso de los ministros militares constituye una reafirmación vigorosa de la autoridad presidencial.

Si se mantiene el programa, si los ministros se identifican con su contenido antimonopólico y antimperialista, si como miembros de este gobierno están dispuestos y consideran legítimo aplicarlo, si no tienen derecho a veto en el gobierno y no discrepan del contenido del programa, no parece razonable sostener, como dicen algunos, que ha cambiado el carácter del gobierno.

Más aun, sabemos que a veces el gobierno se muestra duro, agresivo y avanza a un tranco acelerado, pero en otros períodos se muestra débil, vacilante, conciliador, contradictorio. Si esto ocurre no tiene por qué imputarse necesariamente a los militares, sino que a indecisiones o contradicciones de la combinación política de gobierno.

Ningún revolucionario debería juzgar prematuramente los riesgos o peligros que para el movimiento popular representa la participación de militares en este Gabinete.

No se deberían tener prejuicios frente a este problema ni aplicar ningún tipo de esquemas rígidos. El proceso chileno es muy fluido, muy rico en acontecimientos y en posibilidades. Es bueno proceder con audacia e imaginación creadora frente a los nuevos y asombrosos sucesos que ocurren en nuestra patria.

Es preferible definir posiciones frente a actitudes concretas que vaya adoptando el gobierno y su gabinete integrado por militares. Lo que no se debería hacer es suponer anticipadamente que la presencia de los militares significará reprimir a los sectores revolucionarios, frenar el problema o la lucha de masas.

VIGILANCIA, MOVILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Cualquiera que sea la composición del gobierno, sin vigilancia y sin la movilización y organización combativa del pueblo, pueden producirse desviaciones o retrocesos o conciliaciones.

Lo fundamental es construir una táctica, una estrategia y una posición partiendo de la situación real y actualmente existente, no de abstracciones.

Los hechos actuales con los que tenemos que trabajar son los siguientes: abortó un paro sedicioso de la burguesía; ésta es fuerte y se ha replegado, pero intacta, con toda su organización fascista y paramilitar. El peligro subsiste para el gobierno y el enfrentamiento será inevitable. En el gobierno hay militares cuya presencia lo fortalece y no lo debilita. La clase trabajadora también está intacta, ha fortalecido su conciencia clasista y su experiencia. Las masas no tienen hasta ahora motivos para recelar de los militares. Las contradicciones que surjan entre el gobierno y las masas pueden decidirse con la acción y la movilización de los trabajadores. ¡Este sigue siendo un gobierno de la clase trabajadora!

JAIME FAIVOVICIH


Entrevista

SÓLO EL AVANCE CONSOLIDA EL PROCESO REVOLUCIONARIO

LA nueva situación surgida de la designación de un gabinete con participación de representantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y derivada de un juego de fuerzas entre el gobierno y un sector "gremialista" movilizado por la oposición, obligó a los partidos y grupos a replantearse el panorama político y revisar sus respectivas apreciaciones y tácticas.

El 13 de noviembre, la Izquierda Cristiana entregó a la publicidad una declaración de nueve puntos que iniciaba informando la decisión de su Comisión Política de "no participar en el actual gabinete".

En uno de los párrafos más significativos reiteraba su participación en la Unidad Popular y su apoyo al Gobierno de Salvador Allende, pero puntualizaba "que tal adhesión no la obliga a respaldar decisiones administrativas que se apartaran" de las pautas que la Organización se había trazado desde su fundación.

La declaración sucedía a un detenido análisis de la coyuntura política recién planteada. Bosco Parra, Secretario General de la Organización de la Izquierda Cristiana accedió a responder a cinco preguntas que le fueran formuladas por PF PRECISAMENTE sobre esa nueva coyuntura y las situaciones en que derivó.

P.F.: ¿Cuál es, a su juicio, el balance político del reciente paro?

B.P.: Fue un intento de golpe fallido. Como tal, debió ser desbaratado no sólo en proporción al resultado que efectivamente obtuvo, sino en relación con su intención original. Pensamos que esta acción no se ha emprendido. Entonces, la reacción puede recuperarse, ya que obtuvo importantes logros alternativos: se hizo más estrecha la alianza monopolios-gran burguesía y sectores profesionales y de burguesía pequeña; el poder civil resultó disminuido al menos en términos sicológico-políticos; la subsistencia jurídica de los organismos patronales promotores del golpe les asegura impunidad para futuros intentos. En resumen, se le impuso a la reacción sólo una derrota táctica siendo lo necesario —y, en un momento, lo posible— desarmarla en términos finales y estratégicos.

Es cierto que por el lado del pueblo se produjeron importantes aumentos de conciencia revolucionaria. Pero esos avances no alcanzaron a los grupos más altos de la dirigencia política. La base sigue siendo más rica que la dirección. La CUT y los cordones son más eficientes en su plano que la UP en el terreno propiamente político.

Estas circunstancias actúan negativamente sobre la posibilidad de obtener una correlación de fuerzas definitivamente favorable a la revolución, posibilidad que creemos que existe.

P.F.: ¿Y su opinión expresa en torno al gabinete?

B.P.: Lo conoceremos por sus hechos. No queremos profetizar. La Dirección Nacional en reunión que celebramos el 11 del presente señala las condiciones que determinan nuestro apoyo y nuestras discrepancias.

P.F.: En relación a la salida del Ministerio de Agricultura de Jacques Chonchol. ¿Existe una explicación política? ¿Deteriora o no la relación entre la Izquierda Cristiana y el gobierno? ¿Cuál es la tónica de esa relación en estos momentos? Se ha dicho que Chonchol habría sido sacrificado por la Izquierda Cristiana y afectado por errores de esa colectividad.

B.P.: No hemos sabido hasta ahora de ninguna explicación política. Está bueno que se recuerde que un partido que renunció de verdad al cuoteo y a las ventajas administrativas no considera que se le viene el mundo abajo por lo que le pase a un Ministro. Todos sabíamos que la acusación se aprobaría y que Chonchol tendría que salir. Pero queríamos (y no sólo nosotros, sino que los campesinos también, como dijo el Presidente de la Unidad Obrero Campesina, compañero Olivero) que el Ministro le diera la pelea a fondo a la Derecha empleando el Congreso como tribuna. No hay que quitarle el bulto a ningún encuentro con la reacción.

¿"Sacrificamos" a Chonchol? No. Nunca faltan tonterías y mentirillas, pero el mismo compañero Jacques las ha aclarado.

DECLARACIÓN DE LA IC.

1.— La Dirección Nacional de la Izquierda Cristiana aprobó por unanimidad la decisión de su Comisión Política de no participar en el actual Gabinete.

2.— De igual manera, acordó seguir impulsando las movilizaciones de masas orientadas a mantener en poder de los trabajadores las empresas requisadas e intervenidas con motivo del último paro gol pista de la Derecha, con el objeto de ampliar el área de propiedad social y constituir un importante contingente de empresas directamente gestionadas por los obreros.

3.— También insistirá la Izquierda Cristiana en que debe cancelarse la personalidad jurídica de los organismos patronales que organizaron el fallido intento golpista.

4.— Paralelamente promoverá una cada vez más estrecha alianza entre el Gobierno de la Unidad Popular y los frentes patrióticos de transportistas, comerciantes y otros sectores económicos que sostuvieron una conducta constitucional y legal en los días del paro reaccionario.

5.— La Dirección Nacional instruye a los militantes de la Izquierda Cristiana para integrarse prontamente a los Comandos Comunales de Trabajadores, destinados a coordinar el trabajo revolucionario del Gobierno y de todos los organismos de masas existentes en el ámbito territorial respectivo, sin exclusiones sectarias de ninguna especie.

6.— La Izquierda Cristiana piensa que el Estado y los trabajadores deben promover formas de propiedad o de control social capaces de garantizar en el futuro el normal funcionamiento del país en actividades estratégicas de transporte, movilización, distribución de alimentos, etc.

7.— La Izquierda Cristiana reitera su participación en la Unidad Popular y su apoyo al Gobierno del compañero Salvador Allende, pero declara que tal adhesión no la obliga a respaldar decisiones administrativas que se aparten de las pautas anteriormente expresadas.

P.F.: La inclusión de las Fuerzas Armadas en el Gabinete, ¿favorece, a su juicio, al Gobierno y a la Unidad Popular?

B.P.: Todo depende de la Unidad Popular. El responsable político del Gobierno es la UP. Si la UP decide avanzar, todo el gobierno y sus Ministros deben avanzar. Si la UP decide congelar, el gobierno ño tendrá otra alternativa.

La IC piensa que sólo el avance consolida el proceso revolucionario y que las "congelaciones" colocan al Gobierno en pugna con la masa, lo que se traduce en debilidad.

P.F.: ¿El efecto del cambio ha sido radicalizar más algunos sectores o fortalecer a los grupos partidarios de consolidar el proceso?

B.P.: Algunos sectores se han radicalizado. Otros sectores se congelaron. Pero el problema no es de "sectores" sino de masas. Y todos sabemos que los obreros y campesinos saben perfectamente por qué luchar: por más fábricas para el pueblo, por mayor igualdad en el consumo. Tales objetivos no son "radicales", pero suponen liquidar cualquiera tendencia a congelar o a imponer treguas utópicas. La IC ha insistido: desde hace tiempo el área social dejó de ser una simple conveniencia estratégica; sin área social ya no se puede afrontar los problemas más cotidianos de producción, distribución y transportes.

P.F.: ¿Hay realmente una estrategia derechista para llegar a las elecciones de marzo o impedirlas? ¿Cuáles son las posibilidades reales de la Unidad Popular en esas elecciones?

B.P.: Creemos que la mayoría de la dirección del PDC prefiere esperar las elecciones de marzo y las del 76. Creen que ganarán el 76 y temen que alguien pudiera adelantarse en beneficio propio. En el PN y, más que nada, en los planificadores políticos de los todavía subsistentes organismos "gremiales" de la burguesía, la cosa es diferente. Ellos representan de manera muy próxima el interés inmediato de cada burgués monopolista que no puede aceptar que lo expropien hoy a él. Reaccionan, junto al imperialismo, buscando el golpe hoy y cada día. La DC y Frei en especial, defienden el interés "histórico" de la burguesía, interés que no es incompatible con algún grado de área social fácilmente convertible en mecanismos capitalistas de estado, después de un cambió legal de gobierno.

Allí está la base social de su ideología democrática. Claro está que ello mismo la obliga a seguir el pandero de la burguesía empresarial cuando ésta y el PN desatan una ofensiva en términos agresivos y de masas, como sucedió en el último paro golpista.

La UP sacará los votos suficientes para —por lo menos— impedir que la Derecha pueda consumar un golpe vía acusación constitucional. Pero, por ser votos principalmente obreros, la masa electoral de la UP representa un poder social mucho más importante que el que indican las cifras aritméticas. Si ese poder social se organiza en nuevas formas de coordinación territorial, fabril y de defensa, la situación se torna definitivamente irreversible. La irreversibilidad puede traducirse en mayor capacidad de planificación y producción, con la consiguiente adhesión de nuevas capas sociales al campo popular y revolucionario.

En tal caso, un triunfo incompleto en marzo del 73 puede convertirse en un triunfo completo —también electoral— en 1976.

M.E.S.


Testimonio

EL PASADO DESMIENTE A FREI

NOVIEMBRE, 1962. El pueblo desborda su repudio contra el gobierno reaccionario de Jorge Alessandri. El aparato represivo de la burguesía es lanzado contra los trabajadores. Se provoca la masacre de la Población Caro.

El entonces pre candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano, Eduardo Frei Montalva, no pierde la oportunidad. Posa con el rostro compungido junto a un ataúd en la pobrísima vivienda. Luego se integra al cortejo fúnebre para que lo vea todo Santiago en su expresión dolorida. Más tarde suelta la frase que lo amarra frente a sus inconsecuencias posteriores:

—¡Cuando el pueblo pide pan, le dan balas!... ¡Cuando pide trabajo, le dan balas! ¡Y cuando pide techo, le dan balas! ...

¿Qué hizo, cuando estuvo en La Moneda para dar más pan y menos balas al pueblo?

A menos de un año de asumir el mando —1965— la profesora primaria Magaly Honorato, fue arrastrada a Investigaciones. La tuvieron 38 días incomunicada y sometida a flagelaciones físicas y psicológicas. La Policía Política del régimen freísta comenzó entonces a mostrar sus garras. La desesperación y el miedo llevaron a Magaly Honorato al suicidio. Jamás se investigó este crimen.

Meses más tarde, un grupo de campesinos se tomó el fundo "Los Cristales", en Curicó. Este predio estaba para expropiación. Pero, el aparato represivo fue puesto de inmediato en movimiento. Se efectuó el violento desalojo, con el asesinato a bala del campesino socialista Carlos Cereceda. Otros campesinos fueron implacablemente golpeados.

SANGRE Y TERROR...

Eduardo Frei Montalva, no hace muchos días habló por TV sobre la "libertad", "el pueblo", e incluso contra la "represión". ¿Cómo lo hizo él desde la presidencia de la República? He aquí un apretado itinerario del crimen:

*** El 11 de marzo de 1966 cayeron ocho muertos y 60 heridos graves en el mineral cuprero de "El Salvador". Fue la masacre fríamente ordenada por Juan de Dios Carmona, entonces Ministro de Defensa. El mecanismo represivo se lanzó contra los trabajadores. Dos mujeres, madres de familia, son asesinadas. Cerca de 50 de los heridos quedaron lisiados para toda la vida. Todos los dirigentes sindicales y cientos de obreros fueron arrojados a la cesantía.

*** El 23 de noviembre de 1967, nuevamente se le dan balas al pueblo. La Central Unica de Trabajadores realiza su paro reivindicativo. Para el gobierno de Frei ya no puede aceptarse que el pueblo pida pan. Siete trabajadores son muertos a balazos. Entre las víctimas cae un niño de 12 años, Jaime Valenzuela Carvajal, tronchada su vida por la furia policial.

*** Llega 1968. La represión se desata en Arica contra las familias sin casa. Un dirigente de los pobladores, Enrique Quiroz Venegas, es muerto a balazos.

*** Un mes y medio más tarde se produce otro hecho semejante. Esta vez le toca a Rancagua experimentar la arremetida represiva. El poblador Luis Hevia, cae asesinado durante la acción policial contra un grupo "sin casa", que busca donde instalarse.

*** El año 1968 se presenta sangriento. En el mes de febrero es asesinado por un sargento y un cabo de carabineros, el regidor radical, profesor primario y periodista, Ernesto Cárdenas Bustamante. La víctima se había distinguido por su permanente defensa de los campesinos. No hacía mucho había denunciado el asesinato de cinco trabajadores agrícolas cometido por un latifundista de la zona. El sargento Loncomilla y el cabo Burgos ultiman al regidor. El Director General de Carabineros, Vicente Huerta Celis, minimiza el hecho ante los periodistas, protege a los homicidas y ordena se les mantenga en el cuartel policial de Valdivia y no se les envíe a la cárcel. Antes de terminar el mandato de Frei los asesinos son dejados en libertad.

*** Un mes más tarde, en marzo de 1968, los profesores van a la huelga como protesta por haber sido burlados por el gobierno, que no respetó el convenio laboral. Se efectúa la concentración en el Teatro Normandie y hasta ahí llega la horda policial que apalea, golpea mujeres y rompe cabezas a culatazos. Quedan numerosos heridos.

*** Días después, el 18 del mismo mes, el senador socialista Carlos Altamirano es desaforado y condenado por el Poder Judicial a 60 días de cárcel. Su delito es haber pronunciado una conferencia en la Universidad de Concepción, donde denuncia las taras del sistema.

*** Sigue 1968. Jóvenes socialistas son reprimidos a golpes y culatazos, en calle San Martín, cerca de la sede del PS. Uno de los muchachos es apresado. Dentro del furgón policial lo patean duramente. El joven socialista pierde un ojo, que le fue vaciado de un "tacazo" policial.

*** El 31 de agosto termina el itinerario sangriento de 1968. En once fundos de la comuna San Esteban se mantiene una huelga de 45 días. Los campesinos buscan por ese medio llamar la atención del gobierno que les ofreció "revolución en libertad" y que ha sido incapaz para resolverles sus problemas básicos. Frei ordena la solución. Hacen su aparición las tanquetas policiales, el armamento de guerra, los culatazos. Ciento un campesinos son apresados y se les mantiene en prisión durante tres meses. El dirigente campesino socialista Rolando Calderón es implacablemente perseguido y debe mantenerse en la clandestinidad. Frei y el PDC culminan así dos años de sangrienta represión contra el pueblo que pide pan, trabajo y techo ...

AL PAN, BALAS...

— Amanece el domingo 9 de marzo de 1969 en Puerto Montt. Un grupo de familias angustiadas por la falta de techo y la farsa de la llamada "Operación Sitio", montada por el entonces Ministro de Vivienda. Juan Hamilton, se ha tomado terrenos a tres kilómetros del centro de la ciudad. Es la Pampa Irigoin, donde se consuma otra de las grandes masacres contra el pueblo. Diez pobladores, entre ellos un niño y dos mujeres, son asesinados a balazos. Quedan cincuenta heridos, la mayoría lisiados para toda su vida. Frei es el Presidente; Edmundo Pérez Zujovic, el Ministro del Interior; Juan Achurra, el Subsecretario del Interior y Jorge Pérez Sánchez, el Intendente de Puerto Montt. Todos son demócrata cristianos y por conducto regular se consultaron e impartieron las órdenes de desalojo "como sea".

El 29 de agosto de 1969 otro asesinato cae sobre la roja historia del PDC y sobre el prontuario de Eduardo Frei, Un trabajador, Pedro Opazo, funcionario de la Municipalidad de San Miguel es víctima de un disparo a quemarropa con bomba lacrimógena que le destroza el cráneo.

Simultáneamente se ha desatado una cacería implacable contra el MIR y cuando es detenido algún militante el odio de la represión se ensaña a través de torturas y flagelaciones.

— Por esos mismos días los trabajadores de la Industria SABA son víctimas de una siniestra maniobra que llega hasta a culparlos de un incendio simulado que provocó la misma fuerza represiva. Los modestos obreros son arrastrados a la cárcel y el rencor de la burguesía, encarnado por el gobierno de Frei y el Poder Judicial, los mantiene meses y meses entre rejas, pese a una dramática huelga de hambre declarada por las madres, esposas y novias en los jardines del Congreso.

— El año 1969 sigue su transcurso y la represión continúa acentuándose. Se viola la autonomía universitaria en Concepción y los estudiantes son apaleados brutalmente junto a sus profesores. Manuel Rodríguez, entonces Vicepresidente de la FEUC es apresado. Poco después en su febril cacería contra dirigentes del MIR en la clandestinidad, la represión llega salvaje e injustamente hasta el hogar del profesor universitario francés Fabre, quien es golpeado y conducido a la cárcel. Más tarde el catedrático es sobreseído por la justicia, pero regresa a Francia sordo. La policía le hizo pedazos los tímpanos. La cultura y la inteligencia parecen dolerle al gobierno de Frei. Por eso, su "razzia" también alcanza a un grupo de diez profesores argentinos y científicos que trabajan en la Universidad de Chile, a los cuales se expulsa del país.

— Así llega el 11 de septiembre de 1969. Un nuevo muerto queda en el camino del gobierno freísta. Es el joven de 19 años Carlos Adonis Maldonado, ultimado de un balazo en Copiapó por la policía, cuando los estudiantes estaban movilizados para lograr mejoramiento de sus locales escolares. Días más tarde hay una reunión de latifundistas en el fundo "Los Robles" de Chillán. El presidente de la SNA, Benjamín Matte, amenaza: "No tememos a la CORA" ... "Para desalojarnos de nuestras tierras tendrán que hacerlo cuando no haya uno con vida ..." No pasa mucho tiempo y el joven funcionario de CORA Hernán Mery, al tomar posesión de un predio es asesinado a garrotazos en presencia de más de 200 carabineros, al mando de un coronel. Frei asiste al funeral con rostro aparentemente compungido.

Pero, tras "la última paletada", no dice nada... y tapa el crimen cometido por sus compadres de la burguesía agraria.

1970, SIGUE EL TERROR...

— El lº de mayo deja una nueva víctima obrera. Los trabajadores han efectuado la concentración tradicional.

Un grupo regresa a la sede del Partido Socialista. Las balas policiales derriban a Alfonso Guerra, lisiado para el resto de sus días. En el mismo mes el Fiscal Militar de Chillán condena a cien días de prisión al alcalde de la Comuna y al presidente de la CUT, socialistas, por ayudar a la lucha de los pobladores sin casa.

En el mes de junio se produce un sospechoso incendio en la sede del MAPU, que se ha sumado a las luchas de la Unidad Popular. Antes había sido asaltado el local de la JJ. CC. en Santiago, el local del PC en Arica y varios recintos del PS. Nadie establece nada de nada en estos hechos.

— Junio termina Con otros asesinatos. Los jóvenes Claudio Pavez y Patricio Núñez son ultimados en Puente Alto.

— El miércoles 8 de julio se ha efectuado el paro de protesta organizado por la Central Unica de Trabajadores. En la Plaza Tropezón un grupo de pobladores celebraba un mitin. Un subteniente de Carabineros, enviado por "sus superiores", provoca a los trabajadores. Luego dispara a quemarropa contra el estudiante de 17 años, de la Universidad Técnica del Estado, Miguel Ángel Aguilera. La bala le destroza el cerebro.

— Llega el 4 de septiembre. Salvador Allende es elegido Presidente de la República. El 22 de octubre se comete el cobarde atentado contra el Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider. Era Presidente Eduardo Frei; Ministro del Interior, Patricio Rojas; Vicente Huerta, Luis Jaspard da Fonseca, Camilo Valenzuela, Andrés Zaldívar y muchos otros estaban en el gobierno y SABÍAN lo que se traía entre manos el cabecilla del "tacnazo" Roberto Viaux.

Así culminó el itinerario de sangre de los seis años del gobierno de Frei. Es el mismo que hace poco volvió a entornar los ojos para decir beatíficamente por TV: "La mentira engendra la violencia ..."

HÉCTOR SUAREZ BASTIDAS


Periodismo

LA BATALLA POR LA PALABRA

LA lucha por rescatar para el pueblo los medios de comunicación se estrelló esta quincena con la institucionalidad y el estado de derecho en dos casos bien concretos. El primero fue el del diario "La Mañana" de Talca, tomado por sus trabajadores desde agosto de 1971. El segundo caso fue el del diario "El Sur" de Concepción, cuyos trabajadores en valiente actitud evitaron que estimulara la "insurrección de la burguesía" durante la huelga patronal. En cumplimiento de sendas ordenes judiciales, ambos diarios fueron desalojados por la fuerza pública y entregados nuevamente a sus propietarios, que son activos enemigos del proceso social que tiene lugar en nuestro país.

Las debilidades en la organización de los trabajadores de medios de comunicación impidieron —aparte de algunas muestras formales de solidaridad con los personales de "El Sur" y "La Mañana"— llevar a cabo una movilización eficaz para sostener ambos movimientos. Algunos sectores de izquierda sostienen en el seno de los trabajadores de medios de comunicación (prensa, radio, televisión y cine) que la lucha por liberar esos órganos de expresión debe estar mediatizada por la institucionalidad vigente. Este hecho ha dificultado en grado apreciable los esfuerzos por impulsar una lucha de características revolucionarias en el conjunto de los periodistas, obreros gráficos, técnicos, empleados administrativos, etc. que integran el conjunto de trabajadores de este sector.

En los primeros días de diciembre próximo, tendrá lugar una nueva confrontación ideológica entre los periodistas chilenos. En esa oportunidad deben ser elegidos cinco nuevos miembros del Consejo Nacional del Colegio de Periodistas. Este organismo —que componen diez consejeros— se encuentra actualmente dominado por la derecha. El presidente del Colegio es el demócrata cristiano Carlos Sepúlveda Vergara, ex militante del Partido Radical. Sepúlveda pertenece a la corriente freísta del PDC y en esa calidad ha pretendido con relativo éxito sumar el Colegio de Periodistas al llamado Frente Nacional de Profesionales, que maneja la extrema derecha. Uno de los máximos dirigentes de ese organismo es el abogado de la Confederación de Dueños de Camiones, Valentín Robles Letelier, quien entre sus múltiples negocios posee un aserradero en la provincia de Córdoba, Argentina, en sociedad con un ciudadano canadiense. Robles es miembro del movimiento fascista "Patria y Libertad" y asesor directo de León Vilarín. el "capo" de los dueños de camiones.

La izquierda viene desarrollando una larga lucha para impedir que el Colegio de Periodistas sea llevado a la alineación de profesionales que en el último paro se sumaron al movimiento empresarial. En el actual Consejo Nacional del Colegio, los periodistas de izquierda tienen cuatro representantes. En las elecciones próximas la izquierda militante presenta dos candidatos: Alfredo Olivares Román, comunista, que reemplazará a Enrique Martini Araya, también del PC, y a Hernán Uribe Ortega, socialista, a quien apoyan el MIR, la Izquierda Cristiana y los periodistas independientes de izquierda, que en este gremio son numerosos. Uribe fue anteriormente secretario general del Colegio y ha sido dirigente de la Organización Internacional de Periodistas (OIP). También postula un candidato pro-izquierdista, Simón Eterovic.

Por estas razones ofrece mayores perspectivas para una lucha de contenido verdaderamente revolucionario, la que han planteado algunos sectores de izquierda al impulsar la organización de todos los trabajadores de medios de comunicación en pos de una meta común: rescatar para el pueblo el dominio y uso de los medios de comunicación. Sin embargo, las vacilaciones que subsisten en algunas fuerzas de izquierda han impedido avanzar con paso firme en esa dirección. Una muestra es lo ocurrido con los diarios "El Sur" de Concepción y "La Mañana" de Talca.

"LA MAÑANA" DE TALCA

"La Mañana" ha sido siempre uno de los diarios más reaccionarios de la zona agraria. En agosto de 1971, el propietario de "La Mañana", Juan Bravo Ramos, despidió en forma arbitraria a algunos de los trabajadores. La reacción fue unánime: la toma del periódico. Comenzó entonces un largo forcejeo judicial que culminó hace poco, cuando la Corte Suprema —como era de esperar— ordenó a la fuerza pública que desalojara el periódico y lo entregara a su dueño.

Simultáneamente se libró una batalla de tramitaciones a nivel de diversos organismos del Estado. Los trabajadores de "La Mañana" encontraron una actitud más bien fría de parte de las autoridades de gobierno. En cambio, en la zona de Talca se suscitó un amplio y profundo movimiento de solidaridad. Los trabajadores agrícolas e industriales de la región comprendieron que se trataba de una justa lucha y apoyaron a sus compañeros de "La Mañana", que después de un periodo reiniciaron la circulación del diario, poniendo sus columnas al servicio de los intereses de la clase trabajadora. Numerosos políticos influenciados pollos terratenientes, grandes comerciantes e industriales de Talca, se movieron en las esferas administrativas y judiciales en favor de Juan Bravo. El dueño de "La Mañana" pudo reiniciar su actividad normal, al servicio de la burguesía agraria y comercial, el 9 de noviembre. Pocos días antes, bajo el estado de Zona de Emergencia, los trabajadores habían sido desalojados por fuerzas policiales que cumplían la orden de la Corte Suprema. En su primer editorial, después de recuperar el diario "La Mañana", el propietario escribió: "Seguiremos en la brecha, en pro del progreso y urbanismo de la ciudad, la provincia y la zona".

Durante los largos meses que duró este conflicto, el dueño de "La Mañana" contó con el apoyo entusiasta de todos los órganos de prensa reaccionarios; incluso el problema se llevó a la asamblea que la SIP efectuó en el Hotel San Cristóbal-Sheraton en Santiago. Por otra parte, el vigoroso respaldo que los Tribunales, la Contraloría y otros organismos del Estado, dieron al propietario de "La Mañana" de Talca, contrasta vivamente con la frialdad que respecto a los trabajadores de ese diario observó el gobierno. Después de numerosas vacilaciones, el Ministerio del Trabajo designó un interventor en "La Mañana", lo cual permitió sacar la publicación bajo control de los trabajadores. Para obtener que el diario fuese intervenido, los trabajadores tuvieron que vencer la timidez de algunas autoridades de gobierno, que consideraron que esa medida podría afectar la "libertad de expresión" que establece el estatuto de garantías constitucionales que la Unidad Popular se vio obligada a aceptar en 1970.

EL CASO DE "EL SUR"

"El Sur" de Concepción, que es el equivalente de "El Mercurio" en toda la región del Bío-Bío, merece consideración aparte. Sus trabajadores impidieron, mediante la toma del periódico, que ese órgano reaccionario le echara más leña al fuego fascista durante los 26 días que duró la huelga patronal. Finalmente, el 9 de noviembre, la fuerza pública desalojó a los trabajadores mediante una orden que dictó el juez Carlos Luengo Contreras. Se trata del mismo magistrado que ordenó devolver la industria Caupolicán Chiguayante a sus antiguos dueños.

El conflicto en el diario "El Sur" se inició el 16 de octubre, con la toma aprobada por el sindicato que integran 203 trabajadores. Tres días antes, cuando ya Concepción se encontraba en Zona de Emergencia, la empresa publicó en la edición del sábado 14 de octubre, siete avisos llamando al cierre del comercio y a la huelga de los camiones. Los trabajadores —que en el pasado han tenido numerosos conflictos con la empresa— se entrevistaron con el director de "El Sur", Iván Cienfuegos Uribe, para hacerle ver la inconveniencia de publicar tales avisos, que contravenían disposiciones adoptadas por el Jefe de la Zona de Emergencia, general Ervaldo Rodríguez Thedor. Los textos de esos avisos, en efecto, constituían una clara violación del bando sobre difusión de noticias que había dictado el general Rodríguez. No obstante, la empresa argumentó razones comerciales para publicar los siete avisos y rechazó la petición de los trabajadores. Los avisos sediciosos fueron publicados en la última y penúltima páginas de la edición de "El Sur" del día 14, y fueron repetidos al día siguiente. El lunes 16 de octubre, la empresa constructora Rucan y el sindicato de trabajadores de esa firma, llevaron dos inserciones a la sección avisos de "El Sur", pidiendo su publicación. Esos avisos denunciaban a la Cámara Chilena de la Construcción por su llamado a la huelga patronal y señalaban que los trabajadores de la empresa Rucan entregaban pleno apoyo al gobierno. "El Sur", sin causa justificada, se negó a publicar los dos avisos. En ese momento, colmada la medida, los trabajadores paralizaron sus labores, denunciando que la empresa editora (también publica el vespertino "Crónica"), estaba directamente implicada en el intento de la burguesía por derrocar al gobierno de la Unidad Popular.

A la semana de huelga de los trabajadores de "El Sur", y a sugerencia de la Inspección Provincia] del Trabajo, se buscó solucionar el conflicto sobre la base de centrar las conversaciones en un petitorio económico que el sindicato había presentado el 11 de octubre.

"El Sur" paga excelentes sueldos al personal ejecutivo, pero en cambio explota descaradamente a los trabajadores. Sin considerar el reajuste de 99,8 por ciento, que se hizo efectivo en todo el país a contar del primero de octubre, algunos sueldos de "El Sur" son los siguientes:

Aurelio Lamas, gerente, gana Eº 46.079; Ernesto Escobar, administrador. Eº 37.536; Carlos Paul, gerente oficina Santiago, Eº 27.770; Rafael Maira, gerente subrogante, Eºº 27.769; Iván Cienfuegos Uribe. director de "El Sur", Eº 28.115; Jaime Sánchez, director de "Crónica", Eº 15.552; Mario Bizama, contador, Eº 26.060. A pesar de estos grandes sueldos, la empresa es deudora de un crédito vencido y actualmente exigible a favor de CORFO por 60.535 dólares y también adeuda desde julio de 1971, las imposiciones de sus trabajadores a la Caja de Empleados Públicos y Periodistas. El conflicto se agravó cuando la empresa presentó una querella criminal en contra de sus trabajadores por "apropiación indebida de especies". Los trabajadores —para responder a la coyuntura que atravesaba el país—, sacaron a la calle un periódico que era de circulación interna, "Surazo", en las maquinarias y con materiales de la empresa. "Surazo", que se puso como es lógico junto a la clase obrera, encontró amplia acogida en Concepción. Sin embargo, este importante avance de la clase trabajadora quedó frustrado el 9 de noviembre, cuando la fuerza pública desalojó el diario ocupado y procedió a restituirlo a los empresarios. A pesar de estas transitorias derrotas, los trabajadores de medios de comunicación de Chile no cejarán en su lucha por recuperar la prensa, radio, televisión y cine para el supremo interés de la clase trabajadora.

C. C. M.


Polémica

LOS CATÓLICOS EN LA CRISIS DE OCTUBRE

LAS realizaciones o proyectos en el plano económico y político adquieren fuerza movilizadora cuando son "procesados" ideológicamente en la conciencia social.

La "lucha ideológica" debe expresar en la conciencia las luchas económicas y políticas del proletariado.

Esta lucha ideológica se hace tanto más urgente cuanto que la lucha económica y política debe darse en gran medida en el marco de un sistema económico, un aparato de estado y una cultura de corte capitalista.

Sin lucha ideológica, las luchas del proletariado corren el riesgo de mantener y reproducir simplemente el sistema capitalista establecido.

La lucha por la conquista de todo el poder para la clase trabajadora, debe plantearse en la lucha ideológica como una lucha por una democracia obrera, una justicia y legalidad nuevas, que representen los intereses de la clase trabajadora; una lucha para establecer un régimen de paz y fraternidad para todos y no para unos pocos. Habrá que oponer, en la conciencia social, democracia obrera a democracia burguesa; legalidad y justicia proletaria a legalidad y justicia burguesa; libertad y paz para todos a libertad y paz para un grupito de privilegiados; moral proletaria a moral burguesa, etc.

Al enfrentamiento con la burguesía en el terreno económico y político, debe corresponder un enfrentamiento ideológico. Este enfrentamiento ideológico deben producirlo los elementos más conscientes de la clase, de las vanguardias, las organizaciones y partidos proletarios.

LA BURGUESÍA INSURRECCIONADA

La "insurrección de la burguesía" en el mes de octubre movilizó a la clase trabajadora. La movilización produjo claridad ideológica y ganamos en organización y conciencia. Se formaron y fortalecieron los comités de defensa en poblaciones e industrias. Se fortalecieron los CUP y las JAP. Hubo movilizaciones para abrir negocios, vigilar los abiertos, se aumentó el control y la participación en las industrias, se mantuvo la producción y la distribución, se hicieron trabajos voluntarios masivos, se tomaron algunas industrias. Se empezaron a formar los comandos comunales o comités coordinadores. Se discutió el Pliego del Pueblo y otros programas semejantes. Todos estos hechos y muchísimos otros ¿cómo serán procesados ideológicamente?

Un diario de izquierda, después del paro patronal, tenia el siguiente titular: "El país volvió a la normalidad". ¿De qué "normalidad" se trata? ¿La normalidad que quería imponer la burguesía o la normalidad que buscaban destruir las movilizaciones de masas? Mientras exista una estructura económica, una legalidad, una justicia, un "orden" que oprime a la mayoría de los chilenos, el país está en una situación de continua anormalidad. Decir que se volvió a la normalidad o se impuso el "orden", es afirmar el triunfo de la burguesía.

Lo mismo puede decirse de todas las consideraciones que se hicieron respecto a la "legalidad". La gente de izquierda como de derecha hablaban de la legalidad. ¿De qué legalidad se trata? Hay claramente una legalidad burguesa y una legalidad obrera. La burguesía busca ilegitimar toda la acción de la clase trabajadora y el gobierno diciendo que es "ilegal". El reformismo, en vez de afirmar una nueva legalidad o un nuevo concepto de legalidad, respondía a la burguesía que toda la acción de las masas y el gobierno era absolutamente legal.

Las luchas del proletariado en lo económico y en lo político, no buscan afirmar la legalidad burguesa, sino crear una nueva legalidad proletaria. La única legalidad justa, racional y democrática es esta legalidad obrera. Recurrir al concepto de legalidad burguesa para legitimar ideológicamente las luchas del proletariado es una contradicción. No se pueden procesar ideológicamente las luchas del movimiento obrero recurriendo a la ideología burguesa.

El problema de la legalidad es distinto del problema de la "vía constitucional". La lucha de clases se da en parte fuera y en parte dentro de la constitucionalidad vigente. Si se da dentro, es decir, si se usan los resquicios de la actual legalidad o una interpretación de ésta favorable a los intereses de la clase trabajadora, lo que se busca es ir creando, en estos resquicios o en esta interpretación, una nueva legalidad. Lo que da legitimación ideológica a las luchas del pueblo es esta nueva legalidad y no la legalidad vigente.

LA INSTITUCIONALIDAD CRISTIANA

En este cuadro general quisiera analizar la actuación de la "institucionalidad cristiana" durante el paro patronal. La burguesía, en su ofensiva ideológica, utilizó todos sus recursos disponibles. La utilización ideológica de lo "cristiano" durante los días del paro patronal, desenmascaró definitivamente a muchas instituciones y personas "cristianas", que escondidas en el "apoliticismo", significaban para la burguesía "fuerzas legitimadoras de reserva". Es interesante estudiar estas "fuerzas legitimadoras de reserva", pues la burguesía las seguirá usando, las desarrollará y las lanzará con fuerza y vigor en momentos decisivos de la lucha futura.

Los sectores más duros y reaccionarios de la burguesía utilizaron descaradamente, por ejemplo, el carácter "católico" de la Universidad Católica. Los fariseos del siglo XX, los "gremialistas", pusieron a los pies del Cristo de la UC en la casa central, todas sus consignas anti-obreras y anti-populares. El padre Hasbún y el Tele-13 mostraron igualmente su definición política reaccionaria. Pusieron justamente un cura como director del Canal, para legitimar mejor sus ataques a los intereses de la clase trabajadora. Esta "operación Canal 13" fue planificada con muchos meses de anticipación. La actitud de radio Chilena fue bastante semejante (véase PF Nº 170. Supl. pág. 14).

Quedó también al descubierto el carácter burgués de otras instituciones "católicas", como los colegios particulares, la Unión Social de Empresarios Cristianos (U. S.E.C.), la Academia San Lucas de los médicos y otras instituciones que adhirieron al paro patronal. Se inscriben en esta misma línea las cruzadas de "oraciones" por la "Patria". Este tipo de campañas tuvo muy buen resultado en Cuba, Brasil y Bolivia. El padre jesuita Miguel Contardo Egaña, escribía lo siguiente en la página editorial de "Tribuna", del 19 de octubre: "Y ahora, ¿qué falta para desterrar el comunismo ateo de nuestra patria?, ¿cuál será el golpe de gracia para consolidar definitivamente nuestra total independencia del marxismo? Falta la oración fervorosa y continuada de todos nosotros, juntamente con el sacrificio diario de nuestros deberes de estado, ofrecidos al Señor por nuestra libertad. Ya muchas familias se han comprometido a rezar el Santo Rosario, por lo menos hasta el 8 de diciembre, por esta urgentísima intención. Estamos seguros que será el golpe de gracia, pues la patria que reza unida, permanecerá unida, cristiana, libre y democrática".

ACTITUD DE LA JERARQUÍA

La jerarquía católica asumió en el conflicto una actitud distinta. No actuó como hubiera querido la alta burguesía.

Sin embargo, las declaraciones del Episcopado, por su ambigüedad, favorecieron fuertemente el reformismo. Sus llamados a la "paz", el "orden", la "fraternidad", etc. La urgencia de respetar las "autoridades", la "verdad", el "hombre" y la "Patria".

Todos los chilenos que sufren la explotación de un sistema que los mismos obispos han llamado de "violencia institucionalizada" se habrán preguntado: ¿de qué "orden" o "paz" se habla?, ¿del "orden" y la "paz" que quiere imponer la burguesía o del orden y la paz que quiere construir el proletariado en la medida que conquista el poder y cambia el sistema establecido? ¿fue "paz" y "orden" lo que impuso la burguesía en la Escuela Santa María de Iquique, en Ranquil, en El Salvador o Puerto Montt? Se habla de respeto al "hombre". ¿Qué significa "respetar" a millones de chilenos que sufren hambre, privación de salud, habitación, cultura y recreación? Respeto a la "patria". ¿La "patria" anterior al 4 de septiembre de 1970 o la patria libre y democrática que queremos construir con la revolución socialista? Respeto a la "verdad". ¿La "verdad" de "El Mercurio", "La Prensa" o "Tribuna" o la verdad de la cruda realidad que sufren miles de chilenos? El lenguaje de los obispos no fue claro y definido. Cristo habló de otra forma. Los pobres lo entendieron y lo siguieron. Los ricos también lo entendieron y lo mataron. En una situación de conflicto social como el que vivimos, es imposible pretender ser "arbitro". Si Cristo hubiera hablado este lenguaje ambiguo, hubiera muerto de viejo, sin pena ni gloria.

LOS CRISTIANOS Y EL SOCIALISMO

El grupo "Cristianos por el Socialismo" sacó una declaración durante el paro patronal bastante definida (véase PF Nº 170. contratapa).

Fue leída y entendida en poblaciones, fábricas, lugares de trabajo voluntario, en asambleas de CUP, JAP, co mandos comunales y en todas las comunidades de base de "Cristianos por el socialismo".

Se difundieron unos 30.000 ejemplares en unas 18 provincias del país.

La lucha ideológica que es tos cristianos tendrán que hacer para enfrentar al fascismo y a la burguesía, en su instrumentalización contrarrevolucionaria de la religión (Tele-13. UC. cruzadas de "oraciones" lanzadas por "Tribuna", etc.) tendrá que reforzarse.

Primero: estos cristianos, para poder hacer una lucha ideológica correcta, tendrán que insertarse aún más plenamente en las luchas económicas y políticas del proletariado. En las organizaciones y partidos proletarios, en los Comandos comunales, los CUP, las JAP, etc. Es imposible plantear una lucha ideológica correcta y con fuerza, sin esta participación directa en la lucha por la toma del poder. Segundo: se deberán mejorar todos los mecanismos de difusión y propaganda de este nuevo cristianismo revolucionario. Falta mayor comunicación a nivel masivo. El trabajo en las comunidades de base es importante. Allí se reflexiona y se vive una nueva expresión de la fe y una nueva forma de vida cristiana comprometida. Pero es necesario enfrentar a la burguesía públicamente y masivamente. Dos días que se avecinan serán difíciles. No se ha vuelto a la "normalidad" y a la "paz". Mientras exista un sistema capitalista que es de "violencia institucionalizada" habrá que seguir luchando.

ESTEBAN TORRES


Recuento

LOS CONOCERÉIS POR SUS FRUTOS

EL miércoles 23 de octubre, en pleno desarrollo de la huelga empresarial que se prolongó hasta el 6 de noviembre, el senador Rafael Moreno, vocero de Frei en la Democracia Cristiana, declaró al diario "El Mercurio": "Las FF.AA. son garantes asumiendo el control de los organismos claves que tienen relación con el proceso electoral y con el control de los medios que un gobierno puede usar en una elección. Creemos que lo que deberá hacerse es que las FF.AA. participen dentro del gabinete del señor Allende, para tener así una efectiva garantía de que las palabras empeñadas serán respetadas. La palabra de un soldado siempre se ha cumplido. Es una cuestión de honor".

Los deseos del freísmo se vieron realizados.

El 2 de noviembre, asumió el nuevo gabinete que integra el Alto Mando de las FF.AA.

La "insurrección burguesa" —que duró 26 días— terminó oficialmente tres días después.

En esta forma quedó cerrada la primera fase de una crisis que, por sus características sociales, no tiene visos de estar liquidada. Solamente la victoria de uno de los bandos —burguesía o proletariado— permitirá definir la pugna en términos claros.

SORTEANDO EL ENFRENTAMIENTO

El ministro del Interior, general Carlos Prats González, quien a la vez es Comandante en Jefe del Ejército, escribió el 5 de noviembre en "El Mercurio": "Cuando la serenidad retorne a los espíritus, creo que se apreciará la trascendencia de haber evitado que un sangriento choque armado entre hermanos, de duración y extensión imprevisibles, reemplazara en Chile la vigencia del Estado de Derecho por la tenebrosa "ley de la selva".

De esa magnitud, a juicio del jefe del ejército, era el enfrentamiento que intentó provocar la burguesía.

Momentos después de asumir el más importante cargo ministerial —tiene en sus manos la conducción política del gabinete y su titular es potencial Vicepresidente de la República—, el general Prats puntualizó el carácter de la participación de las FF.AA. "No es —dijo— un compromiso político, sino que se trata de una colaboración patriótica en aras de la paz social". Asimismo señaló que la "meta" del gabinete son las elecciones parlamentarias de marzo próximo. ("El Mercurio", 3 de noviembre).

De hecho, la "paz social" (fórmula enunciada por Frei el 22 de octubre) se vio reflejada con la integración del Alto Mando de las FF.AA. al gabinete.

Pero los partidos de la Unidad Popular no coincidieron plenamente con el carácter atribuido al gabinete. El comité central del Partido Socialista, por ejemplo, el mismo día que juraron los nuevos ministros, declaró: "...El PS exige no conciliar ni seguir conversando con los antipatriotas y servidores del golpismo, sino, por el contrario, sustentándose en la fuerza demostrada por el pueblo, golpear y derrotar definitivamente a los sediciosos ... Lo importante es que se desarrolle una política que garantice el cumplimiento integral del Programa de la UP, haciendo irreversible la construcción del socialismo. El partido se opone a cualquier política que signifique congelar el proceso, aunque ello sea hasta las elecciones de marzo próximo..." ("Ultima Hora", 3 de noviembre).

Ese mismo día el general Prats invitó a La Moneda a los dirigentes de los gremios patronales en huelga y posteriormente anunció que el conflicto se solucionaría mediante diálogo en un plazo de 48 horas.

DEFINICIÓN DEL GABINETE

El día 5, en vísperas del término del plazo, se divulgó por cadena nacional de radios una declaración firmada por el jefe del gabinete y los ministros de Hacienda, Orlando Millas (PC), Economía. Fernando Flores (MAPU) y Trabajo, Luis Figueroa (PC).

La declaración daba a conocer las bases de una solución, señalando —en primer término— que, restablecida la normalidad, "el gobierno ordenará el desestimiento de las querellas y de las otras acciones legales que se hayan presentado en relación a los movimientos gremiales iniciados el 10 de octubre".

Agregaba que no habría represalias para quienes "promovieron" o "acataron" el paro. Asimismo: "Todos los partes, las requisiciones y las intervenciones dispuestos a contar del 10 de octubre, que afecten al comercio, a los transportistas, a las empresas constructoras y a la pequeña o mediana industria y el artesanado, serán dejados sin efecto..." ("El Mercurio", 6 de noviembre).

Estos dos puntos, justamente, encabezaban el memorándum que el 27 de octubre el "comando nacional de defensa gremial" presentó al presidente Allende ("El Mercurio", 28 de octubre).

La misma noche que Allende recibió ese memorándum habló por cadena nacional de radio y TV 7 para rechazarlo. Un periódico tituló la respuesta: "Categórica advertencia del presidente Allende: "No discutiré exigencias politiqueras; para los fascistas no habrá tolerancia". ("El Siglo", 29 de octubre). En su exposición, el mandatario dijo que rechazaba el memorándum patronal porque, en síntesis, era el mismo "Pliego de Chile" que la burguesía publicó el 22 de octubre, documento que pretendía —señaló Allende— hacer creer que el gobierno estaba en interdicción.

Un análisis comparativo del memorándum empresarial (publicado en "El Mercurio" del 29 de octubre), y de la exposición hecha por los ministros ("El Mercurio", 6 de noviembre), deja en claro que —cuando menos— fueron aceptadas doce de las 28 exigencias formuladas por la burguesía. Otra (el caso de Radio Agricultura de Los Angeles) quedó en acuerdo bajo la fórmula de que la Sociedad Nacional de Agricultura pidiera la renovación de la concesión. El "caso" de la Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones S. A., para la cual se pedían reajuste de precios y garantías de que no será llevada al área social, no figuró en la respuesta ministerial. Pero León Vilarín, presidente de los dueños de camiones y líder del conflicto, aseveró: "Estamos muy cerca de una solución justa para la Papelera... La Papelera continuará en el área privada" ("El Mercurio", 6 de noviembre).

En todo caso, la respuesta ministerial dejó de lado aspectos del memorándum empresarial que, según el presidente Allende, pretendían cercenar sus derechos constitucionales y limitar sus facultades. En cambio, los ministros encabezados por el Comandante en Jefe del Ejército aceptaron dejar sin efecto las requisiciones, intervenciones, querellas, sanciones y multas dictadas durante la huelga, disolver la personalidad jurídica a las instituciones "gremiales" a las que se les había cancelado, etc. El gobierno proclamó que "nunca ha tenido dentro de sus objetivos la estatización del transporte terrestre camionero" y. a este efecto, suspendió la iniciativa de crear una empresa de transporte integral en la provincia de Aysén y que fue el "leit motiv" de la huelga de los camioneros.

En cuanto al comercio, que fue el otro pivote del paro empresarial, los ministros señalaron que "es criterio categórico del gobierno que toda comercialización y venta directa al público debe ser realizada por el comercio detallista..." En este sentido, agregaron, las Juntas de Abastecimientos y Control de Precios (JAP) no tienen como función expresa la venta directa de productos al público". Asimismo, se creará una comisión permanente con los comerciantes que, entre otras cosas, estudiará "la reglamentación de las funciones y atribuciones de las JAP".

A este respecto —en el marco conocido del país— resulta algo ingenua la afirmación ministerial de que para mantener el diálogo con los comerciantes, se les exige adquirir el compromiso de respetar y hacer respetar los precios oficiales, colaborar en la denuncia del mercado negro, el clandestinaje y el acaparamiento". La declaración agrega que "el gobierno está dispuesto a declarar que CENADI ex CODINA) sea excluida de la llamada lista de las 91 empresas monopólicas industriales y comerciales" que deberían integrar el área social de la economía.

La declaración de los ministros contiene también una afirmación de singular importancia: "En cuanto a tomas de empresas, el gobierno rechaza las que no corresponden a claro abandono de sus funciones por parte de los propietarios y/o ejecutivos. Por lo tanto, asegura la protección de los propietarios que se sientan amenazados y dispondrá las medidas administrativas para la restitución de sus derechos en caso de haber sido objeto de tales tomas infundadas. Asimismo, actuará con energía ante el sabotaje patronal contra la producción".

En respuesta a la declaración oficial, el "comando de defensa gremial" dijo por cadena de radios: "Una parte fundamental de las aspiraciones gremiales consistía en contar con autoridades de gobierno que dieran confianza a los gremios en conflicto de que sus problemas serían tratados con ánimo real de resolverlos..." Refiriéndose al nuevo gabinete, añadió el comando patronal: "Garantiza a los gremios, a través de la patriótica presencia de las FF.AA.. que en lo sucesivo habrá un real respeto y cumplimiento al texto y al espíritu de nuestras leyes y a nuestra Constitución, lo que en el fondo constituye la esencia de todas las demás peticiones gremiales".

LAS EMPRESAS REQUISADAS

En conferencia de prensa conjunta de los ministros del Interior, Economía. Hacienda y Trabajo, el 6 de noviembre, se explicitaron aspectos de la solución alcanzada el día anterior.

El ministro del Trabajo, Luis Figueroa, presidente de la CUT, dijo que respecto a industrias como CIC (productos metálicos) y SOPROLE (productos lácteos) "y algunas otras, nosotros no nos hemos comprometido a ninguna devolución en ese aspecto, y está reafirmado que la política antimonopólíca del gobierno se seguirá sosteniendo" (versión taquigráfica de la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República).

Las Industrias requisadas o intervenidas —desde el 18 de octubre— fueron numerosas; entre ellas figuran algunas incluidas en la lista de las 91 empresas que originalmente definían el área social. Por ejemplo: CIC, SOPROLE, Petroquímica Dow, Aceros Andes, Compradora de Maravillas (COMARSA), CORESA, Cía. Electrometalúrgica y Metalúrgica Cerrillos.

También se requisaron otras de importancia, como la electrónica Mellafe y Salas, INDUGAS, IPAC y CENADI (ex CODINA); esta última distribuidora devuelta a la Confederación del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria y Artesanado que aparece como propietaria actual.

También fueron requisadas 12 empresas del sector electrónico con sede en Arica, consideradas "medianas", entre las que figuran Toshiba, Chilevisión, Sindelén, Sintel, Satel, Coelsa, Electromecánica, Condensa, una industria tapicera de Santiago (TRIMSA), una de calzado (Ward y Latham) y una de refrigeración en Iquique, MAPRESA.

En Santiago fueron también requisadas la firma automovilística Salinas y Fabres, y las constructoras DESCO, Ready Mix, Tasco, Boetsch, Viecobal, Figueroa y Alemparte, Browne, Tecsa y Ecaval, esta última de Valparaíso.

En casi todos los casos fueron requisiciones dictadas a raíz de la presión de los propios obreros, cuando los empresarios intentaron paralizar las industrias por orden de la Sociedad de Fomento Fabril, durante la huelga patronal.

En las empresas constructoras —donde domina el capital ligado a la Democracia Cristiana—, se presentó una difícil situación, una vez terminado el paro. Casi mil obreros de las tres compañías DESCO fueron despedidos por haberse negado a secundar la huelga patronal. Los despidos fueron notificados por un impertérrito notario, en nombre de los socios de las empresas. El gobierno inició una laboriosa negociación con la Cámara Chilena de la Construcción, tendiente a devolver las empresas requisadas a cambio de la anulación de los despidos y de las querellas contra los interventores, que habían presentado las firmas constructoras.

Mientras esto ocurría, se divulgó que la Contraloría General declaró ilegal la requisición de FENSA, una de las más importantes industrias de la línea blanca, incluida en el área social de propiedad. Entretanto, cumpliendo un dictamen de la Corte Suprema, la fuerza pública res ti tuyo a su propietario el diario "La Mañana" de Talca, donde en agosto de 1971 estalló un conflicto que culminó con la toma del periódico y su posterior intervención por el gobierno.

Por su parte el juez del Tercer Juzgado del Crimen de Concepción, Carlos Luengo Contreras, de triste memoria en los anales de la clase obrera de la zona, ordenó el desalojo del diario "El Sur" ocupado por los trabajadores. El desalojo fue cumplido por la fuerza pública el jueves 9 de este mes.

Existen, asimismo, numerosos fallos judiciales que ordenan restituir a sus dueños diversas textiles que forman el grueso de las industrias "estatizadas".

Seguramente estos hechos impulsaron a un Vocero periodístico del Comité Regional Santiago-Centro del PS a titular: "Trabajadores: no devolver nada y seguir avanzando" ("La Aurora de Chile", Nº 4, 9 de noviembre).

DE SEDICIOSO A GREMIAL

El paro empresarial, justamente caracterizado como político por el gobierno, se convirtió súbitamente en "movimiento gremial", de acuerdo a la declaración ministerial del 5 de noviembre.

El senador Volodia Teitelboim publicó el 29 de octubre un artículo ("La sedición por escrito") en el que señalaba: "El movimiento no tiene nada de gremial; es político por los cuatro costados y hasta los tuétanos de los huesos. Lo demás es farsa y comedia". Añadió el dirigente comunista: "El insolente pliego de la sedición —que el Presidente de la República ha rechazado virilmente— encierra una lista de las exigencias golpistas. No tiene valor gremial, sino como pieza o documen to probatorio en el mecanismo del golpe" ("El Siglo").

Sin embargo, seis días después los ministros encabezados por el general Prats ponían el siguiente corolario a su declaración conjunta: "El gobierno reitera una vez más que está abierto al diálogo y a la búsqueda de soluciones a problemas concretos planteados por las diversas instituciones sociales o profesionales, para lo cual se pueden establecer los mecanismos adecuados".

Las razones de este giro en la apreciación que el gobierno tenía del paro empresarial, hay que buscarlas en la readecuación política que envuelve el gabinete construido en base al Alto Mando de las FF.AA., a la CUT y al beneplácito de la Democracia Cristiana.

Resulta evidente que si la huelga patronal pretendía "paralizar al país a fin de derribar al gobierno constitucional" (Teitelboim), o provocar "un sangriento choque armado entre hermanos" (general Prats), no podía terminar sino con la rendición y el castigo de la burguesía que lanzó tan osado plan. Esto era lo que se podía esperar —y seguramente la mayoría de los trabajadores esperaba— cuando el Alto Mando de las FF.AA. decidió ingresar al gabinete junto con la CUT. Para un grueso sector de opinión ese hecho significaba el fortalecimiento del gobierno de la Unidad Popular. De alguna manera envolvía la decisión de las FF.AA. de incorporarse al proceso, junto a la clase obrera, o sea para impulsar el cumplimiento del Programa de la UP. Incluso la hostilidad de los sectores fascistas contra el ejército, reflejada en numerosos actos de provocación, y la frialdad inicial hacia el gabinete observada por la derecha que maneja el Partido Nacional, ayudó a crear esa imagen. Una revista ("Chile Hoy"), hizo una encuesta entre obreros fabriles encontrando abrumadora opinión favorable al gabinete FF.AA.-CUT.

Quizás al calor de esa perspectiva fue que el PS en su declaración del 2 de noviembre, simultánea al nuevo gabinete, propuso al gobierno: a) incorporar al área de propiedad social las empresas importantes requisadas; b) deducir querellas contra quienes han injuriado a las FF.AA., tales como los senadores Bulnes (PN) y Hamilton (DC); c) cancelar definitivamente la personalidad jurídica de organismos empresariales como la SOFOFA, Confederación de la Producción y el Comercio, etc.; d) garantizar el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones populares de masas que constituyen el mejor soporte del proceso revolucionario; y e) poner término al estado de emergencia. Sólo el último de estos cinco puntos se había concretado al terminar la primera semana del nuevo gabinete.

En esa declaración, el PS acordó apoyar los comandos comunales que coordinan los frentes de masas, y que son obra de la creatividad demostrada por la clase trabajadora en la última crisis. El PC, en cambio, ha restado su apoyo a esos comandos comunales que se plantean como simientes de poder popular al tomar en sus manos diversas tareas concretas.

Un gabinete para tratar de instaurar la "paz social", y en el cual el Alto Mando de las FF.AA. pidió la incorporación de la CUT, no tenía posibilidad real de operar sino era en base a reconocer como "gremial" un paro que hasta el día anterior se calificaba de "sedicioso". De allí que la derrota casi definitiva que se pudo infligir a la burguesía fue escamoteada; el diálogo suplantó al castigo que merecían los que duran te 26 días dificultaron el abastecimiento de la población, cometieron actos de sabotaje y atentados personales y provocaron daños a la economía nacional equivalentes a más de 300 millones de dólares; las concesiones, finalmente, reemplazaron a la justa severidad que pudo usar con ayuda de las FF. AA. el pueblo trabajador.

Para que reine la "paz social" hasta marzo próximo, o sea, para que se produzca la "tregua democrática" planteada por la DC, se requiere no sólo ponerle camisa de fuerza al sector fascista de la burguesía. También se necesita disuadir de sus movilizaciones a la clase obrera y al campesinado, mediatizar las JAP, impedir la formación de comandos comunales coordinadores, y convencer a los trabajadores que la institucionalidad en cuyo marco casi fue derrocado el gobierno de la UP, merece ser respetada y, aún más, consagra da como la mejor defensa de un proceso revolucionario. En resumen no es tarea de ministros, sino de malabaristas.

J. C. M.


Lucha obrera

COMITÉS COORDINADORES, RUTA DEL PODER OBRERO

ALREDEDOR de un centenar de comités coordinadores comunales de trabajadores han surgido hasta la fecha en todo el país, después que muchos pensaron que esta nueva clase de organización de la masa desaparecería, una vez terminado el paro de los empresarios en octubre. La suerte de los comités o comandos de trabajadores es mirada con interés político por el vuelco que pueden dar al proceso revolucionario chileno, ya que su objetivo declarado es iniciar una etapa de poder popular alternativo que empuje la lucha de clases a su fase decisiva.

Una declaración de la Comisión Política del Partido Socialista señaló que "los Comandos Comunales son una nueva forma de ejercicio del poder de los trabajadores". Y un documento del MIR puntualiza que los objetivos de los coordinadores son "crear las bases del poder proletario".

Como se sabe, el origen de los comités comunales está en la respuesta que dieron los trabajadores al paro empresarial de octubre. En esa fecha, la burguesía, en un esfuerzo por hacerse indispensable, trató de detener la actividad productiva. Pero los trabajadores demostraron que podían asumir esa tarea de poder desde abajo, y mantuvieron en funcionamiento el país.

Después de la vuelta a la normalidad, los sindicatos y organizaciones vecinales persisten en buscar las formas de coordinar sus fuerzas para estar preparados en todo momento. Terminado el paro se han formado nuevos comités, en diversas comunas del Gran Santiago, lo que demuestra que hay conciencia generalizada de que se intensificará el enfrentamiento de clases. La Izquierda Cristiana, por ejemplo, llamó a "integrarse prontamente a los Comandos Comunales de Trabajadores, destinados a coordinar el trabajo revolucionario del Gobierno y de todos los organismos de masas existentes en el ámbito territorial respectivo, sin exclusiones sectarias de ninguna especie".

COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS

En general existe consenso en la mayoría de la izquierda para organizar a las masas en una forma distinta, que les permita abrir paso al desarrollo de un poder popular alternativo a la fuerza de la burguesía. El PS señaló que los comandos comunales deben "capacitar a la masa, a través de la práctica diaria, en la ejecución y solución de las tareas de gobierno, y crear desde ahora mismo, las bases del poder obrero".

Sin embargo, hay diferencias con el Partido Comunista, que levanta un modelo de organización distinta para los comités coordinadores, supeditados por completo a la dirección de la CUT. Hernán Aguiló, dirigente del FTR señaló que el PC rechaza la incorporación a los coordinadores de las JAP, juntas de vecinos y otras organizaciones de masas que no sean exclusivamente sindicatos de obreros y empleados, porque de esa forma el comité entra a plantearse tareas de poder que chocan con la política central de la CUT. "Pero más que un problema de la CUT, se puede apreciar que se trata de un problema de la dirección nacional del PC", agrega Aguiló. En algunos sectores, como San Miguel, el PC ha organizado comités sindicales paralelos.

El Partido Socialista no tiene la misma posición en todas partes, pero el último Pleno acordó impulsar los Comandos Comunales bajo el carácter de organismos de poder local que integren a la totalidad de los frentes de masas organizados de un mismo sector. Por otra parte, los socialistas difieren del MIR en la estructura que le asignan a los comités. Según declaró a PF Silvio Espinoza, encargado sindical del PS, para ese partido los coordinadores son reuniones de directivas de un mismo frente de masa, que como tal se incorporan a un Consejo Comunal de Trabajadores. En este sentido, para los socialistas es muy importante el desarrollo de los "cordones industriales", al estilo del cordón Cerrillos-Maipú que lideriza en estos momentos las luchas de los trabajadores de esa zona.

Para los dirigentes de la Comisión Nacional Sindical del MIR (Nelson Gutiérrez, Fernando Retamales, Alejandro Alarcón), entrevistados por PF, un comité coordinador comunal de trabajadores reúne a todas las organizaciones de masas de un sector o comuna (JAP, juntas de vecinos, centros de madres, juntas de vigilancia, campamentos de pobladores, sindicatos obreros, de empleados y de campesinos, trabajadores de los servicios públicos locales, de la salud, consejos locales de salud, estudiantes de liceos, universitarios, profesores, SUTE local, etc.), y cada uno de estos frentes elige representantes en sus asambleas, para que participen en un Consejo de delegados, que designará a la vez a un Comité Ejecutivo.

Estos comités coordinadores, según el MIR, son un requisito previo para crear las condiciones que hagan factibles los Consejos Comunales de Trabajadores, cuya acción abarcará un radio geográfico mayor y estarán sostenidos en la experiencia ganada a través de los coordinadores.

En cambio, el Departamento Sindical del PS, piensa que los cordones Industriales cumplen con el objetivo de ganar experiencia "en el ejercicio del poder comunal popular", pero sin que haga cuestión de esta diferencia de nombres para participar en experiencias de coordinación de todas las fuerzas organizadas del pueblo en una comuna o sector, y es así como algunos de sus dirigentes de masa se han incorporado espontáneamente a la mayoría de los comités coordinadores existentes. El PS piensa que desde ya deben constituirse los Comandos Comunales de Trabajadores, entre otros fines, con el objetivo de "dar una dirección centralizada a los diferentes organismos de masa existentes en una comuna, y lograr a través de esta dirección, una mayor unidad de acción en la clase trabajadora", según un documento oficial de ese partido. En los últimos días, las comisiones políticas del MIR y del PS tomaron contacto oficioso para adecuar sus coincidencias con respecto a los comandos y comités coordinadores.

ESQUEMAS DE ESTRUCTURACIÓN

En los hechos, el Partido Socialista se ha adelantado al resto de la izquierda en dar un esquema teórico de estructuración a los Comandos Comunales de Trabajadores, a pesar que esta consigna fue lanzada originalmente por el MIR. Este esquema incluye en el Consejo Comunal, a todos los organismos vecinales conocidos, a los sindicatos, y además a los Frentes Patrióticos de profesionales y voluntarios, a los centros culturales, a los clubes deportivos o sociales, e incluso a las Municipalidades, con derecho a voz solamente.

El consejo tendrá una dirección general, formada por dos delegados de cada frente de masa de la comuna. Por ejemplo, todos los centros de madres de una comuna elegirán dos representantes; el conjunto o "pleno" de delegados designará un Comité Ejecutivo de cinco personas. Los delegados no se eligen por cada fábrica o población, sino por frente de acción, sindical, vecinal, etc., según el esquema previo socialista. Existirán, además, comisiones "encargadas de los respectivos frentes", como comisiones de vigilancia, abastecimiento, salud, educación, deporte, etc.

Un proyecto similar, pero menos preciso, maneja el MIR por los Comités Coordinadores Comunales. Se preocupa fundamentalmente del carácter de organización, que define a priori como "ampliamente democrático y representativo de las bases, en donde a cada organización, reconocida o no, le bastará para integrarse su voluntad de participar en las luchas del pueblo". En el mismo sentido, el proyecto del MIR señala que los partidos políticos de izquierda deben participar a través de sus dirigentes de masas en la comuna, y no por derecho propio aunque no tengan representación en los organismos sindicales o vecinales. "La práctica misma del desarrollo de estos coordinadores nos irá señalando con más precisión su organización y funcionamiento, al mismo tiempo que nos definirá sus objetivos más específicos", señala un documento del MIR. Pero precisa que los coordinadores son "organismos de poder" a diferencia de los "organismos sindicales" como la CUT, cuya lucha es reivindicativa y debe someterse al marco institucional burgués. El MIR plantea para los coordinadores la tarea de ir creando, a través de las luchas del pueblo, una nueva institucionalidad revolucionaria que reemplace por completo al Estado burgués capitalista.

COMITÉS EN ACCIÓN

El lunes 13 de noviembre, se reunieron en el sindicato de Cristalerías Chile las directivas de la mayor parte de los comités coordinadores que funcionan en el Gran Santiago. Asistieron cerca de cien dirigentes, que acordaron un plan de acciones de solidaridad combativa con los diversos sindicatos en conflicto, entre ellos los trabajadores de la industria cerrajera DEVA, tomada por sus operarios. La empresa desestimó un acuerdo sobre el pliego de peticiones después que se conoció la nueva constitución del gabinete. Los obreros mantienen funcionando la fábrica.

Igualmente se acordó pedir la libertad de los dirigentes sindicales de Bata, detenidos durante el pasado conflicto en esa empresa. Los coordinadores se movilizaron en apoyo a los 750 obreros despedidos por la empresa constructora DESCO, que fue requisada durante el paro empresarial, y que ahora será devuelta por decisión del Gobierno. Los coordinadores levantaron la consigna de defender las empresas requisadas y que según anuncios oficiales serán entregadas a los empresarios que participaron en la intentona sediciosa de octubre. Una nómina oficial del Ministerio de Economía, señala que el total de empresas que serán devueltas asciende a 20 de las 28 intervenidas durante el paro de la SOFOFA. No se cuentan aquí las empresas constructoras, de distribución y de transportes requisadas en gran número y que han sido o serán devueltas. De esa lista, se entregarán a los empresarios MELLAFE Y SALAS, CODINA, IPAC, INDUGAS, y 16 industrias electrónicas y artesanales de Arica.

Este cuadro general da una idea de las razones objetivas que mantienen movilizados a los trabajadores. En la mayoría de esas empresas, los sindicatos han reafirmado su voluntad de no entregar las fábricas y "defenderlas hasta las últimas consecuencias". Así lo hizo una delegación de Mellafe y Salas que se trasladó a Santiago para dar a conocer su posición.

Hasta el momento se contabilizan en Santiago los siguientes coordinadores:

1) Vicuña Mackenna: uno de los más dinámicos, que además de los sindicatos cuenta con cinco centros de madres y tres JAP.

2) Conchalí o Área Norte: incluye a los sindicatos de las industrias y empresas DEVA, (200 obreros) Fundición Libertad (400 trabajadores); Nobis (150); Ceresita (80); Ferriloza (900); Productos Plásticos del Pacífico (150); Vía Sur (120); CCU (600), y otras como Burger, Magne, etc. Ademas las poblaciones La Palmilla, Juanita Aguirre. Patria Nueva, Población Parque Santa Mónica: JAP y Unidad Vecinal 33; Unidad Vecinal 3, Unidad Vecinal 26; el sindicato Bash. sindicato de pionetas de CCU, empresa Constructora Edwards y Cerutti; el liceo 25, la escuela 428. la comunidad del Liceo Gabriela Mistral; las escuelas de Medicina y Dental de la Universidad de Chile; los hospitales Psiquiátrico, San José y el Consultorio La Pincoya. Estaba en discusión la incorporación de todo el Consejo Comunal de salud del Área Norte, que agrupa a 18 consejos locales de salud. Además, está integrado el Sindicato Campesino Fidel Castro, de Conchalí. Este comité coordinador comunal no demoró más de tres reuniones en formarse, hace poco más de un mes. por iniciativa del sindicato DEVA, Fundición Libertad y campesinos de Conchalí. Su consejo de delegados se reúne todas las semanas, los días miércoles, y está presidido por Alberto Matta, presidente del sindicato industrial de DEVA.

3) Estación Central: organismos vecinales y sindicatos, de creación muy reciente, funciona en torno a los sindicatos de las empresas ENAFRI y Montero.

4) Barrancas y Quinta Normal: hay dos comités coordinadores, uno de ellos con mayoría y control de la UP, y un segundo del FTR. A pesar de todas las gestiones no se ha producido la unificación. Sólo el segundo de ellos es masivo, y agrupa a 16 organizaciones entre sindicatos y juntas de vecinos. Entre otras, participan las industrias Trotter, Termometalúrgica (área social), y el Campamento O'Higgins. El primer coordinador, sindical exclusivamente, funciona en torno a la ENDESA.

5) Cerrillos-Maipú: cronológicamente, el primero en formarse (ver PF 170), presenta las posiciones más avanzadas, pero ha sido criticado entre los trabajadores por funcionar fundamentalmente en base a la acción de su directiva. Contrasta con su madurez ideológica el que haya permanecido estancado al mismo número de organizaciones y frentes de masa de la comuna. Últimamente se formó un segundo comité coordinador, de carácter sindical, con sede en la industria Sindelén. en la Avenida Pajaritos.

6) Macul o Ñuñoa Centro: 19 frentes, entre ellos Rittig (450 trabajadores), Textil Sudamericana (280), Bromack (150), Kattan (160), Kores (180), etc; campamentos con 250 familias en total, y la población Jaime Eyzaguirre con 1.100 familias. Antes existió como "cordón industrial Macul". El área geográfica comprende seis grandes industrias, 50 medianas y 200 pequeñas, una importante zona estudiantil como el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, además de 15 liceos de enseñanza media. En este sector hay una gran concentración de poblaciones de la pequeña burguesía, como Villa Frei, Los Presidentes y otras.

7) San Bernardo: diez organizaciones de masas además de sindicatos (Carozzi, Rotwell, Bulco, Carbumet, Aceros Andes). Es de reciente creación, impulsado por la CUT departamental de San Bernardo con mayoría UP; no se cuestiona la ampliación de todas las fuerzas organizadas de la comuna. Acaba de aprobar una plataforma de lucha que rechaza la devolución de las empresas requisadas durante el paro, forma economatos sindicales, y pide sanciones por el paro médico.

8) Consejo Comunal de Pobladores de Las Condes: tres campamentos (Luciano Cruz, Fidel Ernesto, Manuel Rosales), 4 cooperativas de construcción de viviendas, 4 poblaciones, la mayoría de ellas de El Arrayán, y el sindicato agrícola de El Arrayán. Se acaba de incorporar el Centro de Perfeccionamiento de la Enseñanza (SUTE) y se discute la inclusión de los Obreros Municipales de Las Condes, de acuerdo a un “pacto de ayuda mutua pobladores-obreros” que ha librado ya varias batallas en contra de la mayoría reaccionaria y abiertamente fascista de la Municipalidad, que encabeza el alcalde Luco, y del medio ambiente hostil que existe en la comuna en contra de los trabajadores. Hay también 7 centros de madres. El consejo nació al calor de la lucha por locomoción estatal más barata para el sector. Pobladores y trabajadores en un número superior a los 500 se tomaron la Avenida Las Condes hasta el Arrayán y "raptaron" cuatro buses de la ETC, que iniciaron un servicio permanente al día siguiente de la acción. Por el momento se plantea tareas reivindicativas, como asegurar el abastecimiento, para lo cual se dividen en seis sectores, con responsables de distribución y recaudadores elegidos por el Consejo de Delegados, y que actúan de acuerdo a un racionamiento por familia, previamente empadronadas.

9) Comité Coordinador Ñuñoa Oriente: abarca la zona poblacional de Lo Hermida, fundamentalmente, con numerosos campamentos, JAP, centros de madres, escuelas públicas, trabajadores de la construcción, consultorios del SNS. El área corresponde a la segunda concentración poblacional más grande de Santiago, con alrededor de cien mil trabajadores.

10) Santiago Centro: agrupa a la segunda y novena comuna. La situación es confusa porque han surgido coordinadores paralelos que entrecruzan sus fronteras.

11) Séptima comuna: sector Plaza Italia, Bellavista, Santa María y Vicuña Mackenna hasta Avenida Matta, con predominio de organizaciones vecinales y empleados de servicios públicos, especialmente de la salud. El PC ordenó el retiro de sus dirigentes gremiales por estar en desacuerdo con las fronteras del coordinador.

12) Parque O'Higgins: tal vez el de creación más reciente. Aún está en gestación, en base a los sindicatos de Yarur, Coresa y Salinas y Fabres.

13) San Miguel: hay dos coordinadores, uno de ellos exclusivamente sindical, que gira en torno a Madeco y Mademsa, las industrias más representativas del sector. El segundo agrupa a sindicatos, como Sumar Polyester (830 afiliados). Silverman, etc., y organizaciones vecinales y centros de alumnos de liceos industriales. En total 14 agrupaciones.

En algunos coordinadores, la izquierda revolucionaria tiene presencia predominante en las directivas, lo que puede conspirar contra su mayor ampliación a los ojos del resto de la izquierda, aunque eso no es resultado sino de su mayor iniciativa. Sin embargo, las mayorías políticas deben sacrificarse en favor de la más amplia participación de los sectores políticos de los trabajadores. La discusión ideológica entre los trabajadores debe darse en el interior de sus organizaciones, principalmente en los casos cuando se trata de construir órganos de poder local del pueblo, en donde las masas, una vez incorporadas todas las comentes, deben tener la posibilidad de elegir las mejores posiciones.

La suerte de los coordinadores o comandos de trabajadores se jugará ahora, pasadas las necesidades inmediatas que imponía el paro patronal, lo que obliga a elevar su calidad programática a tareas de mayor alcance y contenido revolucionario. En este sentido el cordón Vicuña Mackenna lanzó un programa de unidad revolucionaria, llamado el "Manifiesto del cordón Vicuña Mackenna", e ideas semejantes se debaten en los otros comités coordinadores. Fundamentalmente importante es el afán de avanzar en la conquista del poder para los trabajadores, que el manifiesto expresa, rechazando cualquier devolución de empresa o industria requisada. El manifiesto también plantea la propiedad del pueblo sobre los medios de comunicación, el transporte y la distribución comercial, así como una acción drástica y definitiva contra todo vestigio de imperialismo en Chile.

La Comisión Política del PS, declaró que los comandos "empiezan a convertirse en escuelas activas de las masas para discutir sus problemas locales y generales, para ejercer la crítica constructiva y estimulante, para planificar soluciones y coordinar iniciativas". Por su parte, la Comisión Sindical del MIR también cree que el desarrollo de los comités está asegurado a partir de la confianza en si misma que ganó la clase trabajadora durante el paro patronal: "descubrió algo muy importante que a veces la izquierda chilena no valora, y es que en realidad la clase obrera tiene la capacidad, la fuerza y la decisión para asumir mucho más poder del que tradicionalmente sectores de la izquierda creen que pueden ser asumidos en este instante, por una equivocada valoración de la correlación de fuerzas y la forma como una correlación desfavorable se quiebra".

AUGUSTO CARMONA A.


Balance

SE CIERRA EL CERCO IMPERIAL SOBRE CHILE

EL ministro de Hacienda Orlando Millas al leer la exposición de la Hacienda Pública ante la Comisión Mixta del Presupuesto (15 de noviembre de 1972) denunció que Chile es víctima "de una agresión económica en vasta escala, que pretende obligarnos a dejar sin efecto la nacionalización de la gran minería del cobre". Millas resumió así el cerco económico cada vez mas agresivo que se ha levantado contra Chile y que ha dificultado el manejo de la política económica y financiera del país.

Tradicionalmente los ministros de Hacienda han expuesto ante la Comisión Mixta del Presupuesto del Congreso, el estado de la hacienda pública. Con el correr del tiempo, esta exposición se fue convirtiendo en un documento fundamental, en el que se resume la política financiera y económica del gobierno respectivo para los próximos doce meses. En el caso particular del documento leído por Millas existen ciertas particularidades. La política financiera, en materia de reajuste de sueldos y aumentos de precios, había sido definida ya con anterioridad, en los meses de agosto y septiembre, que fue el período de despegue de la estrategia elaborada por los Ministros Millas y Matus y cuyas consecuencias un tanto dudosas se hicieron sentir en el país en los últimos meses.

EL CERCO DE LOS IMPERIALISTAS

El ministro de Hacienda concentró por eso el análisis de su exposición en la lucha que está sosteniendo el pueblo chileno contra la agresión externa e interna. Sin duda el cerco imperialista contra Chile, que comenzó a cerrarse justo con el triunfo de la Unidad Popular en septiembre de 1970, se ha agudizado considerablemente en los últimos meses, paralizando el comercio exterior del cobre, a través de los embargos logrados por la Kennecott Copper en diversos países europeos: 'Las acciones de la Kennecott, señala Millas, han derivado hasta el momento en daños indirectos inmediatos ascendentes a 50 mil dólares por los intereses del pago diferido en Francia, 42 mil dólares por los intereses en otros países y la apertura de cartas de créditos cargadas a CODELCO, 20 mil dólares por comunicaciones y viajes para encarar la defensa contra la acción jurídica de la Kennecott, 5 mil dólares por el costo del reloteo de partidas y 23 mil 500 dólares de costos de fletes adicionales. Pero los daños son inmensamente superiores.

Desde ya debe tenerse en cuenta que las acciones judiciales de la Kennecott han obligado a reasignar por CODELCO a otros clientes y mercados cinco mil toneladas métricas de cobre avaluadas en cinco millones de dólares. A continuación, en un periodo de tres meses, la suspensión de embarques por 12 mil toneladas y su recolocación perturbará parcialmente el comercio exterior chileno". Millas recordó que de las 740 mil toneladas de cobre de producción programadas para 1973, se pensaban colocar en Europa 600 mil y esas ventas ahora corren serio peligro, ante los embargos de la Kennecott Copper.

CIERRE TOTAL DEL CRÉDITO

El boycot contra el cobre, señala el ministro de Hacienda, constituye una escalada más agresiva de un complot permanente en contra del pueblo chileno que se inició al triunfar la Unidad Popular en las elecciones presidenciales. El primer indicio de ese boycot se observó en el cierre de las líneas de crédito en los bancos norteamericanos y que eran fundamentales para el comercio exterior chileno. El año 1970 el país tenía 219 millones de dólares en líneas de créditos, las que bajaron a 32 millones luego de la ascensión al poder de Salvador Allende. Un boycot similar se hizo extensivo a todos los organismos crediticios tradicionales que otorgaban préstamos a Chile. En los últimos cuatro años ni un solo dólar ha sido concedido por esos institutos, debido a las presiones norteamericanas.

Millas destacó que el boycot financiero, agravado por una debilidad crónica en la Balanza de Pagos, una deuda externa cuantiosa heredada de los gobiernos anteriores y un brusco aumento de las importaciones debido al auge económico interno y al mayor poder consumidor de los trabajadores, está ocasionando serias dificultades en la disponibilidad de divisas que han obligado a restricciones severas. Junto con una política interna restrictiva, el Gobierno ha iniciado la conquista de nuevos mercados financieros, encontrando favorable acogida en países latinoamericanos y muy en especial en el mundo socialista. Millas destacó que el bloque socialista ha concedido créditos a mediano y largo plazo para financiar el desarrollo que asciende a 446 millones de dólares. De ese total 259 millones han sido otorgados por la URSS; 55 millones 500 mil por China: 35 millones por Polonia; 25 millones por Bulgaria; 22 millones por Hungría; 20 millones por la RDA; 20 millones también por Rumania; 5 millones por Checoslovaquia e igual cantidad por Corea del Norte. Millas señaló que "está planteada hoy día la más estricta política de restricción del uso de divisas, la más firme economía de las mismas, todo lo cual deberá reflejarse en el presupuesto de divisas para el año próximo y la estricta sujeción a él de todas las unidades económicas. La vigilancia de las masas en este sentido es decisiva".

EL PARO PATRONAL

Dentro de la estrategia imperialista contra Chile, el ministro Millas calificó el paro empresarial que afectó al país en el mes de octubre y que dejó una secuela de daños de algo "peor que un terremoto". Sus repercusiones, explicó, se harán sentir de manera directa o indirecta por lo menos durante cinco o seis meses. Se liquidaron los stocks mínimos en distribuidoras que son las que determinan en términos más inmediatos los flujos de abastecimiento. Ahora, al restablecerse la normalidad se ha necesitado dedicar principalmente el transporte a las materias primas industriales, lo que obliga a postergar la recuperación de dichos stocks mínimos en distribuidoras. Esto sin contar que, además, la inestabilidad creada aumenta la demanda de alimentos y tiende a retrasar la reposición en flujos normales con reservas adecuadas de aceite, trigo, harina y otras mercaderías".

CRECEN LOS EFECTOS ADVERSOS

El ministro calculó que el menor rendimiento tributario provocado por el paro patronal asciende a mil cien millones de escudos. Pero lo que es más grave, los efectos del paro serán muy adversos para la economía chilena en su conjunto. El ministro destacó que el daño causado a la producción agropecuaria —por ejemplo— tendrá serias repercusiones: "La no contratación, por dificultades de transporte, de cinco mil hectáreas de remolacha implica un gasto adicional en divisas de aproximadamente seis millones de dólares. La interrupción del abastecimiento normal de insumos en la época crítica para la siembra de primavera ocasionará una disminución del rendimiento en muchos cultivos y un retraso en la cosecha. Al impedir el traslado oportuno de semillas de maíz, porotos, y papas, se calcula una disminución del rendimiento de un cinco por ciento en cada uno de esos rubros. El retraso, especialmente en la aplicación del guano blanco, disminuirá en otro diez por ciento el rendimiento esperado de la papa. En la agricultura las pérdidas mínimas previsibles por los conceptos indicados, serán del tres por ciento del valor de la producción esperada ascendiendo a 250 millones de escudos".

La exposición ministerial también hizo un análisis detallado de las dificultades económicas que han afectado al país, tales como la inflación, los problemas de financiamiento y otros. En materia de alzas de precios el Ministro destacó el fuerte aumento en los precios alimenticios que se ha observado en el mercado mundial, lo que ha sido decisivo para el aumento inflacionario que se ha registrado, no sólo en Chile, sino que en todos los países latinoamericanos. Comparando los precios promedios de 1970 con el primer semestre de 1972, las alzas han sido cuantiosas en el mercado internacional. La leche ha aumentado de 295 a 662 dólares la tonelada; el kilogramo de novillo en pie de 0,46 a 0,66 dólares; el café de 725 a 1.059 dólares la tonelada. Para Chile esta situación ha sido agudizada por la baja del precio del cobre, producto que aporta el 70 por ciento de las divisas que el país obtiene. La libra de cobre, que se cotizaba a 61 centavos de dólar en 1971, bajó a 50 en 1971 y este año no superará los 48 centavos. Cada centavo menos, en el precio del cobre, le significa al país un menor ingreso de 17 millones de dólares.

Sin embargo, pese a las dificultades y presiones externas e internas, el país ha seguido avanzando en su proceso de transformaciones, señaló el ministro de Hacienda. La gran minería del cobre, el fierro y el salitre han sido nacionalizadas. El sector reformado de la agricultura representa ya un 35 por ciento del terreno agrícola, porcentaje que es mayor en ciertas clases de suelos, como en el caso de las tierras de riego, en que alcanza a un 45 por ciento. El 80 por ciento de la banca ya ha sido estatizada. A las 27 empresas industriales del Estado que existían a fines de 1970, se han agregado otras 119 empresas y se encuentran en negociación otras 12, en tanto 29 más están consideradas para su paso al área social. La producción industrial del área social de la economía representa ya un treinta por ciento de la producción total de este sector.

En el hecho las riquezas básicas son hoy propiedad de todos los chilenos; el latifundio está prácticamente erradicado de los campos, en donde el sector reformado de la agricultura alcanza al treinta y cinco por ciento del total de terreno agrícola; ha bajado la cesantía, mientras la mortalidad infantil ha descendido del triste índice que tenía en las anteriores administraciones a sólo 71 por mil.

EL EJEMPLO DE LOS OBREROS

Millas concluyó que "a pesar de las enormes dificultades propias de las tareas patrióticas que estamos abordando, hay concretamente más producción industrial, más producción agropecuaria, más producción minera, menos cesantía y mejores condiciones de vida de la mayoría de los chilenos. Este es el comienzo de la construcción de la grandeza de la patria, que exige a nuestra generación sacrificios y esfuerzos, una disciplina social consciente y la decisión de poner término implacablemente a los privilegios. Día a día la clase obrera y el conjunto del pueblo entregan ejemplos magníficos de su elevada conciencia. Por eso, tenemos razón para reafirmar nuestra plena confianza en el futuro de Chile".

A. B. R.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02