Institucionalidad burguesa o poder proletario en la experiencia chilena

Suplemento de la edición Nº 169 de PUNTO FINAL
Martes 24 de octubre de 1972
Santiago - Chile

Polémica

INSTITUCIONALIDAD BURGUESA O PODER PROLETARIO
EN LA EXPERIENCIA CHILENA

EL problema del poder es el problema central en toda revolución. La especificidad del caso chileno hace que surjan frente a él una serie de opiniones; interesantes unas, extravagantes otras, Mas, toda actitud frente al poder político es una actitud de clase o de representación de clases. Así, es evidente que desde el punto de vista del proletariado, el problema del poder no aparece resuelto. Sólo quienes actúan según otros puntos de vista pueden dar por solucionado el problema del poder. Pero no tomar el objetivo histórico de los explotados es pasar sobre sus intereses o proponer la transacción de ellos.

No obstante, habrá una "mala conciencia" que acusa esta trasgresión. Entonces buscará justificarse ideológicamente ante si misma y ante los afectados. Es aquí cuando la ideología juega su papel ilusionista. La legitimación ideologizada de la transacción en cuanto ésta es legitimada en base a un poder aún no obtenido, no tarda en aparecer. Hay distintas versiones. Primero, afirmar que el gobierno es el poder y que llegó la hora de construir el socialismo. Pero ya nadie cree en eso. Luego, señalan: hay dualidad de poderes en el interior del Estado burgués y no hay, en consecuencia, que movilizar a las masas en dirección distinta al Estado; mal malabarismo que no puede demostrarse. Por último, señalan: la institucionalidad burguesa es hoy revolucionaria porque permite neutralizar a la derecha; igualmente a la proposición anterior, el resultado es la exclusión de una institucionalidad proletaria, pues ésta se da por descontada en el mismo gobierno.

Vemos que esta última proposición tiende paulatinamente a ser dominante en los medios ejecutivos. No nos interesará discutirla en la forma consignista que asume. Por eso, para contradecirla hemos elegido el trabajo de Joan Garcés "Revolución, Congreso, Constitución ..." (El caso Tohá) en tanto vemos que es en el campo del reformismo político, la más lúcida e inteligente argumentación aparecida hasta la fecha.

Sólo nos referiremos a los argumentos contenidos en los capítulos I y II del libro. Allí encontramos los fundamentos teóricos que nos interesa discutir. El capítulo IV, corolario ideológico de los primeros, reúne afirmaciones que dan para una discusión posterior.

I

El trabajo "Revolución, Congreso y Constitución ..." de Joan Garcés, busca aparentemente demostrar lo siguiente: que en el interior del Estado chileno actual, hay mecanismos constitucionales, institucionales y jurídicos que lejos de desfavorecer la gestión y estabilidad del gobierno de Allende, las favorecen.

Como establece el autor al final del Cap. I:

"...un gobierno como el del Presidente Allende, que no sólo reposa sobre la legitimidad revolucionaria, sino también sobre la institucional, es el gobierno revolucionario que está en mejores condiciones objetivas para sostener lo contrario a la proposición que hemos escogido como contrapunto, para intentar disputar mano a mano a la burguesía el manejo de una legalidad que ella misma ha inventado. Negar que el dominio del campo institucional pertenece al enemigo, es la tarea que enfrenta día tras día, en la acción práctica, el Gobierno Popular" (Pág. 19).

Tal proposición es, a nuestro juicio, coherentemente demostrada. No es novedad, en términos de experiencias revolucionarias pretéritas, que la clase dominante llegue a encontrarse en contradicción con la institucionalidad que ella misma ha inventado. No discrepamos en este punto. Es una demostración tan obvia que prácticamente no requiere ser discutida.

Pero hay en un proyecto teórico dos aspectos a lo menos que hay que tener en cuenta: "aquello que se demuestra" y "cómo se demuestra aquello". Ya Marx al polemizar con Proudhon descubría que detrás de la frase terriblemente revolucionaria en apariencia, "la propiedad es un robo", se escondía todo un proyecto de conciliación de clases, o sea, que aparentemente Proudhon tomaba el punto de vista del proletariado, pero esencialmente tomaba el punto de vista de la pequeña burguesía. El malestar de los tenderos se expresaba filosóficamente.

Vemos claramente en los capítulos teóricamente fundamentadores del libro señalado, que la argumentación de la demostración va mucho más allá de la misma demostración, vale decir, que la verdadera demostración es su argumentación.

Es su argumentación por el contexto ideológico en que se encierra. Trataremos de demostrar cómo llevada esta argumentación a sus consecuencias prácticas, niega de plano la expresión del proletariado en cuanto clase, limitando por ende su ascenso al poder efectivo.

Trataremos de demostrar cómo detrás de una metodología de análisis formalmente marxista subyace su negación. Nos pondremos al lado de la realidad concreta, asumiendo toda su particularidad. Pero también nos pondremos al lado de la generalidad, intentando no hundirnos en el mundo de lo particular. Particularidad y generalidad que hay que tener en cuenta para entender cualquier proceso en cualquier lugar de la tierra.

Antes una reflexión ad-hoc. Dijimos que no discreparíamos de la demostración aparente del autor. Pero aun, si esa fuera la demostración real, y no aquella encubierta por una ideología, pensamos que a estas alturas, eso no es lo más importante a demostrar. Es cierto; cada uno percibe sólo lo que consciente o inconscientemente quiere percibir. Desde luego que un teórico de la burguesía percibirá como trascendente otro fenómeno. Un reformista otro, y un revolucionario, otro. Ahora bien, que se ponga acento en lo institucional-jurídico habla a las claras no de un libre albedrío, sino que de una elección ideológicamente determinada.

Como no es propósito connotar sin denotar, digamos que una exposición teórica puede avalarse como revolucionaria cuando toma en cuenta los elementos del presente sin perder de vista las perspectivas del futuro. Cuando sólo se asume los elementos del presente sin percibir el futuro o lo que es lo mismo, cuando sólo se señala una táctica sin la estrategia en que se encuentra inserta, estamos ante un abierto acomodamiento.

Con su aparente demostración. Joan Garcés sólo nos deja claro en relación a una táctica a implementar —una de las múltiples y que hace referencia a la utilización del cuerpo legal desde el gobierno en contra del Parlamento, al interior del aparato del Estado— y no aclara en relación a los fines históricos de esta táctica.

Es evidente que al nivel de la superestructura, el gobierno de Allende ha representado una ampliación de la democracia, la cual pese a ello, no ha dejado de ser una "forma de dominación democrática de la dictadura burguesa" (Lenin).

Si sólo se tratara de defender la ampliación de la democracia como un hecho final y no como un medio para un objetivo que la trascienda, la conquista efectiva del poder, no valdría la pena discrepar. El problema es cuando determinados medios nos son presentados como fines.

II

La clave de una incorrección también se encuentra en su método. Y salta a primera vista cómo Joan Garcés no ha entendido la interaccionalidad dialéctica de los fenómenos.

Una prueba al canto:

"La Unidad Popular orienta la acción del poder Ejecutivo; la, DC es el centro de gravedad en el Congreso. En las relaciones entre ambos poderes, dos son los actos que hasta la fecha simbolizan mejor el distanciamiento progresivo entre las dos fuerzas políticas, marcando como piedras liminares las distintas fases de la administración Allende. En el primero, la caída de la mesa de izquierda de la Cámara de Diputados por iniciativa de diputados democratacristianos. El segundo, la acusación y destitución de un Ministro de Estado por iniciativa de los parlamentarios del mismo partido. RESULTA SUGESTIVO COMPROBAR QUE CADA UNA DE ESTAS ACTUACIONES APARECE PRECIPITADA POR HECHOS QUE NO SOLO SON AJENOS A LA INICIATIVA DEL GOBIERNO POPULAR, SINO QUE TIENEN UN ORIGEN CONFUSO QUE SORPRENDE A LAS PROPIAS AUTORIDADES. En el primer caso se trata del asesinato de Edmundo Pérez Z., el 8 de junio de 1971. En el segundo, la denominada marcha de las cacerolas del 1º de diciembre siguiente". (Pág. 11: las mayúsculas son nuestras).

"Hechos ajenos a la iniciativa del gobierno", ... "origen confuso" ... Solamente pueden ser considerados hechos ajenos a un gobierno por aquel que, cortando la sociedad en dos partes, no logra entender la comunicabilidad entre ellas. Nada de lo que ocurre es ajeno al gobierno; de la misma manera nada de lo que el gobierno decide es ajeno a lo que aparentemente constituye su ámbito externo. Los dos hechos que destaca Garcés no son ajenos a la lucha de clases; constituyen sus expresiones. Hasta el mismo gobierno es expresión de esta lucha de clases. Es claro, si sólo nos ponemos desde una perspectiva institucional tendremos necesariamente que considerar las expresiones de lucha de clases como ajenas. Ponerse desde la perspectiva del gobierno a mirar la lucha de clases obliga a permanecer estáticos frente al movimiento. Si nos ponemos de parte del movimiento no veremos ningún elemento de la realidad como estático. El ajusticiamiento de Pérez Zujovic, la VOP, ¿excrecencias insólitas o expresiones ideológicas, políticas, quizás hasta sociales de fuerzas desbordadas de un cauce o que no encuentran cauce? ¿Y que no encuentran cauce no hace acaso referencia a un período de agitación del cual procede el mismo Gobierno Popular? Las "marchas de las cacerolas" ... hecho independiente ... vamos con cuidado. ¿Pueden ser ajenas a la iniciativa del gobierno las respuestas reaccionarias que provocan acciones de ese gobierno? La separación de toda relación del gobierno y las consecuencias que genera constituyen la negación de la dialéctica como un método de enfoque. Balconeando desde el gobierno el devenir de la lucha de clases, Garcés nos anuncia indirectamente el camino que ha escogido. Demasiado estático. Estructuralista en el mal sentido del concepto.

Tendríamos que concluir en que prácticamente todo lo que ocurre en la realidad social resultará... ajeno a la iniciativa del gobierno ... y es claro... teniendo un origen confuso.

Continúa más adelante el autor:

"A lo largo del primer año de Gobierno Popular, éste ha sido el leit-motiv (de la derecha) en sus campañas políticas y propagandísticas. Combate ideológico que dista de ser irrelevante, pues afecta nada menos que a la legitimidad institucional del gobierno de Allende. Algo fundamental y que no siempre ha sido visto por políticos de la propia izquierda cuando tienden a buscar y reconocer una sola legitimidad: la revolucionaria. Pero no se dan cuenta de que el camino revolucionario actualmente seguido por Chile, presupone la legitimidad institucional que le dio la forma de llegar al gobierno y su ejercicio dentro de los márgenes de la ley y la Constitución. La revolución social no necesita, es cierto, de esta última legitimidad. Pero sí se desea llevarla a cabo sin verse abocados ineludiblemente a la quiebra violenta de la estructura social y los procesos productivos, sin enfrentamiento con las instituciones coercitivas del Estado, sin recurso a la sola fuerza física como medio resolutivo de las contradicciones sociales, la legitimidad revolucionaria del gobierno de Allende necesita conservar su legitimidad institucional". (Pág. 16).

Nuevamente tenemos separaciones arbitrarias de niveles, que tan sólo buscan, por lo visto, amoldar la realidad a un esquema que a su vez busca justificar una política. Por un lado, la legitimidad revolucionaria. Por otro lado, la legitimidad institucional. Y cabe preguntarse ¿acaso la legitimidad revolucionarla no es también institucional? No hay en verdad ningún caso histórico donde la revolución social se haya hecho, sin el levantamiento de una institucionalidad revolucionaria. Aún más, ha sido condición necesaria para el establecimiento de un poder revolucionario el levantamiento de una institucionalidad revolucionaria.

Estaría de más señalar el caso ruso, donde los soviets expresaban un poder de clases, distinto y antagónico al Estado cuya forma visible era el gobierno provisional.

Estaría de más señalar el caso chino, donde, paulatinamente, en cada territorio conquistado al enemigo, era levantada una institucionalidad de poder obrero-campesino.

Habría que señalar que una distinción correcta habría sido separar la legitimidad no revolucionaria (o institucional burguesa) de la legitimidad revolucionaria (o institucional proletaria). Queda la pregunta ¿es que la particularidad de la vía chilena no admite una institucionalidad revolucionaria?

La respuesta nos lleva a remitirnos a dos aspectos: 1) el sistema de alianza de clases que presuponga el mantenimiento de la estabilidad y permita a la vez el uso de una legalidad no revolucionaria CON OBJETIVOS PRESUNTAMENTE REVOLUCIONARIOS. No ha de bastar aquí que se señale la base popular del gobierno, pues eso es algo evidente. Pero también hay que tener en cuenta que no ha de bastar la base popular del gobierno para que ipso facto quede asegurada una impulsividad revolucionaria. No sería novedad histórica que fuerzas populares con vanguardización popular, de carácter socialista, e inclusive con formalidades marxistas, a través del sistema de alianzas contraído para funciones tácticas, hayan realizado delegaciones hegemónicas a otras clases o a fracciones de ellas, arreglos tácticos que han traído consigo la pérdida de toda una estrategia de poder. Ejemplos sobran. Ahí están las posiciones de los mencheviques, los cuales eran representantes objetivos de muchas capas del proletariado. Ahí están las matanzas obreras de Shangai y de Cantón, fruto de una política de la delegación hegemónica a la burguesía nacional china. Ahí está el trágico ejemplo de la socialdemocracia alemana. Ahí están las políticas claudicantes de los partidos socialistas italianos que, debilitando al proletariado, abrieron la puerta al fascismo. Ahí está, por último, el Frente Popular chileno que al delegar conducción en la burguesía —arreglo político de traspaso social— terminó dramáticamente con un partido Socialista despedazado y un partido Comunista reprimido y en la clandestinidad.

Querernos pues poner el acento en que una legalidad no revolucionaria puede ser asequible a fines antisistema, sólo si realmente el proletariado ejerce hegemonía sobre las otras clases y si esa hegemonía, por otro lado, al adscribir a una legalidad institucional que no es la del proletariado, no implica su imposibilidad.

2) Aun en las condiciones ideales señaladas, la utilización de la institucionalidad burguesa de nada valdría si es que no marcha junto a la utilización de una institucionalidad proletaria.

Ello seguramente no cabe en el esquema que maneja Joan Garcés, pues para él aparentemente sólo existe legitimidad institucional (burguesa) y no legitimidad institucional proletaria. Es más, tiende a establecer una contradicción entre la institucionalidad vigente y la acción organizativa del proletariado. En consecuencia, todo intento del proletariado por movilizarse fuera, o más allá, o contra el marco de la institucionalidad burguesa, sería contrarrevolucionario en tanto desbarataría el manejo revolucionario que de él hace, según Garcés, el gobierno.

III

Con la separación arbitrarla de niveles, todo intento por realizar un buen manejo antisistema de la legalidad burguesa, sirviéndose de la institucionalidad vigente (burguesa), resultará obturado si no va acompañado de una ruptura de esa misma institucionalidad a partir de otra institucionalidad. La dificultad para comprender esto tan elemental obedece, según percibimos, a una concepción que sublima ideológicamente una transacción de ciases.

Al separar niveles y tornarlos artificialmente contradictorios, esa teoría se muestra insuficiente para abarcar cualquiera totalidad.

Valgámonos didácticamente de un ejemplo histórico, tal vez el más significativo de todos: los soviets.

Pudiera parecer a primera vista, que los soviets constituían una abierta negación al Estado dominante. Y en efecto lo eran. Pero también estaban unidos a él. La unidad de los contrarios es explicable en esta ambivalencia supraestructural. Los soviets estaban en contradicción con el Estado dominante, pero también se alimentaban de él. Traigamos dos testimonios, uno de Trotsky y otro de Stalin.

En sus "Lecciones de Octubre", Trotsky nos relata:

"Entre nosotros y los conciliadores se empeñaba una lucha por la legalidad soviética. Para las masas, los soviets eran las fuentes del poder. De ellos habían salido Kerensky, Tsereteli, Skobelev. Pero también estábamos nosotros ligados a los mismos por nuestra consigna fundamental de "todo el poder a los soviets". La burguesía derivaba su filiación de la Duma del Imperio. Los conciliadores tomaban la suya de los soviets; pero pretendían reducir el papel de éstos a nada. De ellos procedíamos también nosotros, aunque para transmitirles el poder. No querían romper con tales lazos los conciliadores, de modo que se apresuraron a tender un puente entre la legalidad soviética y el parlamentarismo. A este efecto, convocaron a la Conferencia Democrática y crearon el pre-Parlamento. La participación de los soviets en el pre-Parlamento sancionaba su acción hasta cierto punto. Los conciliadores trataban de embarcar ia Revolución con el señuelo de la legalidad soviética para canalizarla en el parlamentarismo burgués.

Pero también nosotros teníamos interés en utilizar la legalidad en cuestión.

Al final de la Conferencia Democrática arrancamos a los conciliadores su consentimiento para la convocatoria del 2º Congreso de los Soviets. Este Congreso los puso en un punto extremo. Porque no podían oponerse a su convocatoria sin romper con la tan invocada legalidad. Por otra parte, se daban cuenta perfectamente de que en virtud de su composición, nada bueno les prometía el tal Congreso. Así pues, validos de aquello, apelábamos con mayor insistencia a éste, como el dueño de los destinos del país, y en toda nuestra propaganda invitábamos a apoyarlo y protegerlo contra los ataques inevitables de la contrarrevolución. Si los conciliadores nos atraparon en el terreno de la legalidad soviética con el pre-Parlamento procedente de los soviets, nosotros a nuestra vez, los atrapamos por medio del Segundo Congreso de los Soviets en el mismo terreno. Una cosa era organizar una insurrección armada con la consigna de la conquista del poder por el partido; pero prepararla y luego realizarla, invocando la necesidad de defender los derechos del Congreso del Soviet era otra cosa".

A su vez Stalin nos dice:

" .. .El Soviet de diputados y obreros y soldados ha tomado de hecho la iniciativa en la ejecución de la transformación revolucionaria. El Soviet es el dirigente revolucionario del pueblo insurrecto, un órgano de control sobre el Gobierno Provisional. Por otra parte, el Gobierno Provisional ha asumido el papel de consolidador de las conquistas del pueblo revolucionario. El Soviet moviliza las fuerzas y ejerce el control, mientras que el Gobierno Provisional, errando y embrollando, asume el papel de consolidador de las conquistas del pueblo... Tal situación tiene sus ventajas y sus desventajas. No sería ventajoso para nosotros, en el momento actual, forzar los acontecimientos y hostilizar así desde ahora a aquellos sectores de la burguesía que inevitablemente nos abandonarán en el futuro. Es necesario que ganemos tiempo frenando las desbandadas de esos sectores, de modo que nos preparemos para la lucha contra el Gobierno Provisional". (Citado por Isaac Deutscher, en Stalin).

Desde luego que Allende no es Kerensky y que el gobierno de la UP no es provisional, y que las condiciones son absolutamente distintas. Si nos extendimos en las citas señaladas, sólo fue para entregar una imagen del funcionamiento por interacción de dos fuerzas institucionales contradictorias. Si esta interacción era válida entre formas de representación de poder burgués como el Gobierno Provisional, y proletario, como los soviets, con mucha razón ha de tener validez si la cimentación del gobierno Allende, es predominantemente proletaria.

Podría alegarse que el gobierno de Allende es representación proletaria en el Estado y que por lo tanto no necesita de otro poder externo. La consigna de "aglutinar fuerzas alrededor del gobierno" expresaría nítidamente tal proposición ideológica. Pero esa misma proposición, no para mientes, o pasa por alto, el lugar de inserción del gobierno, que es el Estado capitalista. En cuanto se tiene en cuenta esta inserción, se comprueban los obstáculos que el gobierno, aun si fuera realmente la vanguardia proletaria —algo que difícilmente puede ser un gobierno, independientemente de su voluntad— encontrábase bloqueado por un conjunto de instituciones, mecanismos, leyes y personas hostiles. Una vanguardia no puede estar bloqueada, es algo sumamente elemental. Hacer pues, depender de un gobierno todo el desarrollo de la lucha de clases en virtud de su representabilidad social, es proponer el seguimiento a una fuerza bloqueada, algo tan burdo que no vale la pena discutir lo contrario.

Como demostraban las citas, hasta un gobierno de esencia realmente burguesa como el Provisional en Rusia, basaba su legitimidad también al exterior del mismo Estado capitalista, de la misma forma que los órganos de poder proletarios adquirían legitimidad institucional, en cuanto las fases atravesadas por la revolución, eran predominantemente democrático-burguesas. Desde luego que si el Gobierno Provisional no hubiese sido el encargado público del interés de la burguesía sino que del proletariado, el camino obvio habría sido no el de clausurar los soviets, sino que delegar mayores cuotas de poder institucional a ellos y recibirlos al mismo tiempo de ellos. El Estado burgués habría sido destruido desde dentro y desde fuera, de la misma manera que el Estado zarista fue destruido desde dentro y desde fuera cabiéndole al propio Gobierno Provisional un rol importante en esta destrucción (argumentación que entregamos en calidad de suposición ejemplificadora).

Por esas razones resulta absurdo, para un gobierno de base popular, recluirse sólo dentro del Estado, pidiendo apoyo dentro de ese Estado, negándose a salir a buscar la legitimidad revolucionaria que tiene que ser necesariamente institucional, so pena de ser espontánea y no servir para nada más que hacer grandes concentraciones; algo que comprendieron muy bien las masas y la izquierda de Concepción al plantearse la Asamblea Popular, que si bien no eran poderes alternativos, por lo menos podían ser el comienzo de ellos. La actitud asumida en contra de esta Asamblea por parte del gobierno y de un sector que lo apoya, revelan hasta qué punto la mala comprensión de un fenómeno, puede llevar a la destrucción de las únicas defensas naturales de un gobierno, las organizaciones de masas, restándoles no sólo la legitimidad revolucionaria, sino que también la institucionalidad revolucionaria, y por lo mismo, la propia legitimidad institucional.

Y después de todo, ¿no buscan los enemigos del gobierno encerrarlo cada vez más y más dentro de la órbita del Estado burgués? ¿Acaso no es esa la táctica "de los generales rusos", preconizada por Claudio Orrego en la revista democratacristiana "Política y Espíritu"?

IV

Joan Garcés razona sobre la no conveniencia de entregar las herramientas institucionales al Parlamento, so pena de convertir, como él mismo señala, a la DC en arbitro del proceso.

"Esto último de consumarse, significa hipotecar la suerte de la revolución, impulsada desde el Ejecutivo, a las mayorías eventuales que pudieran pactarse en el Congreso. En otros términos, aceptar al PDC como juez y arbitro de la política presidencial, como corresponde dentro de un régimen parlamentario al grupo político que se encuentra en el fiel de la balanza entre dos bloques" (Pág. 24).

Esta afirmación tácticamente correcta en el sentido de utilizar la legalidad en contra de sus aparentes cauteladores, y la necesidad de que el Ejecutivo batalle al interior del Estado, legalmente contra la derecha, muestran sin embargo una hipervaloración no casual del mecanismo legal vigente. Porque si bien puede demostrarse —y el caso Tohá constituye una buena demostración— que ni con mucho está agotada la capacidad de maniobrabilidad dentro del marco institucional vigente, ella de por si no es autosuficiente para asegurar el acceso del proletariado al poder. Maniobra licita y táctica, pero que no puede constituir el abracadabra de la vía chilena. O mejor dicho lícita para la defensa, pero no tanto para el ataque, en cuanto este último implica la necesaria movilización social donde realmente mecanismos legales, aun los del Ejecutivo, no constituirían aportes, sino que estorbos.

Nuestra proposición parte por el contrario, no sólo de una dicotomía entre legitimidad institucional y legitimidad revolucionaria, sino que de una relación entre ambas, en diferentes instituciones. Así, como en las actuales condiciones, instituciones revolucionarias necesitan del gobierno, este último necesita de las instituciones revolucionarias.

En un caso de prescindencia de la institucionalidad revolucionaria respecto al gobierno, ésta correría el riesgo de la marginación; en caso de prescindencia del gobierno respecto de la institucionalidad revolucionaria surgida del proceso que el propio gobierno ayuda a desencadenar, correría el riesgo de quedar aislado, al interior del Estado, y a merced del mecanismo cuya historicidad lo señala inequívocamente como antiproletario. Si el gobierno desperdiciara esa oportunidad, impulsión para apoyarse en una legitimidad institucional de expresión social diferente a la del resto del Estado, estará perdiendo la oportunidad del poder.

Si efectivamente el gobierno significó una ampliación efectiva de la democracia, ella no ha dejado de ser forma de enmascaramiento de una dominación dictatorial de clases. En esa ampliación de la democracia pueden caber sólo dos posibilidades:

1) Que esta ampliación que incorpora "civilmente" a sectores no incorporados tradicionalmente, se constituya, a la vez, y a través de esta misma ampliación, en negación institucional de la esencia dictatorial subyacente en esa forma democrática; y

2) Que la UP sólo provoque a la postre una acción perfeccionante de la maquinaria de dominación, transfiriendo inclusive sectores sociales dominados a la institucionalidad de dominio en lugar de transferir institucionalidad de dominio a los sectores dominados.

De hacerse efectiva la segunda alternativa, pese a las muchas batallas legales ganadas por el gobierno, el Parlamento resultará el gran vencedor en el sentido que ha logrado su cometido histórico funcional: alejar al pueblo del poder. Y eso sí, efectivamente, implicaría concederle de hecho el papel de juez y arbitro al PDC.

Por de pronto, la DC hace valer su imperio en el Parlamento. Por otro lado, la UP hace valer su imperio en el gobierno. La contradicción entre Parlamento y Ejecutivo es también, por tanto, la contradicción entre la DC y la Derecha y la UP (como también respecto a la izquierda no alineada en las filas gubernamentales). Contradicción institucional que es también contradicción política. Lo mismo puede decirse de los conflictos y contradicciones que se presentan entre el gobierno y los demás departamentos de Estado (Contraloría, Corte Suprema, etc.).

Desde el Parlamento, la DC, haciendo valer su número y su alianza con la otra derecha, busca mantener al Ejecutivo bajo su eje. Las leyes para tal efecto no le son siempre favorables. Pero la legalidad en su conjunto si, puesto que ello obliga al Ejecutivo a socializar esa legalidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues, que cada movimiento social tiene también que ser legal, según la legalidad que comparten Ejecutivo y Parlamento en tanto miembros del Estado. En síntesis, la legalidad por imposición a las masas significa a la postre subordinar a éstas al predominio del Estado capitalista en su conjunto.

Por otro lado, el predominio político de la DC no sólo se explica por el número. En tanto el Parlamento, mediación política, quedara en contradicción con la base social, su legalidad comenzaría paradojalmente a perder legitimidad, es decir, sería poder institucional, pero no ya poder social. Pero eso no ocurre en estos momentos. La legalidad del Parlamento está socialmente legitimada. Lo peor es que cualquiera potencialidad de legalidad extraparlamentaria es deslegitimada legal, política y socialmente por el mismo Ejecutivo y sectores que lo apoyan.

En consecuencia, el PDC, junto a la deslegitimación de la institucionalidad revolucionaria se legitima, en tanto se legítima (por el peso de la legalidad que impulsan, tanto el gobierno como el PDC) la vía legalista. Legitimación social que se origina en las divisiones profundas que acusa el proletariado en vista de la socialización de la legalidad. Socialización que no es sólo el producto de una dificultad del gobierno para romper las franjas legalistas contrarias sino que también de una línea ideológica imperante.

V

Sería tal vez fácil caricaturizar nuestros planteamientos como ataques afiebrados a la legalidad y a la institucionalidad vigente. Previa esta caricaturización no sería difícil destruirlos.

Previniéndose contra ello clarificamos que nuestro eje no es la legalidad, pero tampoco la ilegalidad. De acuerdo con Luckas:

"Pues la cólera contra la ley en cuanto ley, la preferencia por ciertas acciones a causa de su ilegalidad, significa que para los que así se conducen el derecho sigue teniendo su naturaleza de vigencia vinculadora" (Historia y Conciencia de Clases, pág. 275).

Dicho de otra manera, intentamos sustraernos al peso ideológico de la legalidad que también puede presentarse en su forma opuesta, de la ilegalidad. Razón para que señalemos que un seguimiento estratégico de las masas a la legalidad imperante o lo que es igual, la virtual negación que genera esta última de su institucionalidad (puesto que sin esta última no hay legalidad) tiende a perpetuar un ordenamiento espiritual condicionador a su explotación material.

En el seguimiento propuesto a una legalidad que no les pertenece porque nunca la han sentido más que como externa a ellas, existe el propósito" indeliberado de impedir su transformación de objeto en sujeto. En el caso de Joan Garcés que en otra oportunidad acude al llamado de la conciencia de clase para la comprensión de la utilidad "revolucionaria" de la legalidad vigente, se presenta abierta la contradicción de quien llama a una conciencia sin abrir oportunidad para que ella pase de lo falso a lo verdadero, pues la subyugación a los fines legalizadores, la confirma (a la masa) como externa a la legalidad, ajena a ella, sirviendo a ella, o lo que es casi peor, siguiendo sin precisión de fines a sus manipuladores, en la oscura noche de su inactividad.

Volviendo a citar a Luckas:

"Pues por robustas y brutalmente materiales que sean las medidas constructivas de la sociedad en casos particulares, de todos modos el poder de toda sociedad es esencialmente un poder espiritual del que sólo el conocimiento puede liberarlos. Y no un conocimiento meramente abstracto, que quede en la conciencia (muchos socialistas tienen este conocimiento) sino que uno que se haga carne y sangre, un conocimiento que sea, según las palabras de Marx, actividad práctico-crítica'". (Luckas, op. cit., pág. 274).

Y también...

"Ese es el fondo ideológico de la legalidad. No es siempre traición consciente, ni siquiera consciente compromiso. Es más bien, la aceptación natural e instintiva por el Estado, o sea, por la única formación que les parece a los hombres que actúan en un punto fijo en el caos económico", (op. cit., pág. 274).

En síntesis, teorizaciones como la de Garcés no constituyen una óptima contribución a la liberación ideológica del proletariado, sino que por el contrario, resultan cómplices de un orden de perpetuación espiritual y por tanto inactivadoras de la práctica revolucionaria real.

Esas teorizaciones no tardarán en volverse bruscamente en contra del fin perseguido: defensa del gobierno. Esto por dos razones. Una ya anotada: que la legitimación legal burguesa del gobierno es también legitimación legal social del Parlamento, su contrario. La otra razón se deriva de la anterior; el gobierno, al perder contacto con la institucionalidad popular no sólo enajena las masas de su conciencia y práctica histórica, sino que se enajena él mismo; no sólo no libera a las masas, sino que se aprisiona él mismo. Profundicemos un instante en estas dos razones:

1) Acerca del Parlamento. Nos parece absolutamente limitada la concepción que tienen escritores como Garcés del sentido de clase de las instituciones. Según su modo de ver, "hoy se ha dado vuelta la tortilla" en el sentido de que antes el Parlamento, al contar con mayoría de izquierda, representaría una fuerza popular, en tanto el Ejecutivo una fuerza impopular, siendo ahora la situación totalmente inversa.

"El presidente Allende sacó la conclusión del nuevo contenido de clase de la estructura del Estado después de noviembre de 1970, cuando en la misma declaración del 24 de enero de 1972. formuló algo pocas veces escuchado a un marxista chileno: "El régimen presidencial no surgió para defender minorías privilegiadas, sino por el contrario, como consecuencia de las dolorosas experiencias provocadas por la esterilidad del sistema parlamentarista. El país no retornará a la etapa superada por la historia y condenada por el pueblo". ¿Se contradice esto con la posición tradicional de la izquierda? En absoluto, simplemente significa que ha dejado de estar encerrado en el Congreso y ahora está en la presidencia frente a un Congreso adverso y por consiguiente, que defiende los mecanismos institucionales ganados, para darles una orientación social nueva y aprovecharlos debidamente" (pág. 25).

Resulta muy superficial reducir el problema del carácter de clase de una institución a un problema de mayoría. Así, si la UP ganara algún día el Parlamento, este pasaría a ser un órgano de poder de las masas. Suposición que descarta el problema de la funcionalidad de clase de las instituciones. Ya los clásicos advertían que el conjunto de Estado, en cuanto es aparato de dominación y de coerción, aun en un período de transición, sigue siendo un aparato burgués que controla el proletariado. Esto es, tampoco cambia el carácter de clase del Parlamento por la fuerza que lo detenta sino que por el cambio de su funcionalidad estructural. El Parlamento actual no sólo es burgués porque lo domina la Democracia Cristiana. Ocurre si que se da hoy la sincronización de una institución burguesa controlada por un partido burgués (de la misma forma que el gobierno es una institución burguesa ocupada por una fuerza de izquierda).

Legitimado el Parlamento en virtud de la obcecación ante la institucionalidad vigente, no puede extrañar que entre a reforzar su cometido histórico-funcional, esto es, cumplir el papel de representación ficticia de la "sociedad civil". Dicho de otra manera, la mistificación ideológica que se hace caer sobre las masas con la llamada "vía institucional", conlleva necesariamente la respetabilidad parcial o total por parte de éstas, a las instituciones de dominio. "El Parlamento es un órgano de constitucionalización —dice Johanes Agnoli en la "Transformación de la democracia":

"... que hace aparecer las decisiones ligadas e intereses como conforme a la Constitución y les confiere, por consiguiente, tanto ideológicamente, como institucionalmente, la consagración de la decisión democrática" (Pág. 78).

En nuestros términos, la socialización de la legalidad es también la socialización del Parlamento al cual presuntamente se le quiere desquiciar con esa misma legalidad.

Citando nuevamente a Agnoli:

"La representación popular "legislativa" es en realidad un órgano ejecutivo que en lugar de transmitir tendencias a la población, lleva normas de la política de arriba hacia abajo. Pero sería erróneo ver aquí la pérdida de toda representación, pues en el Parlamento se siguen representando al igual que antes, sólo que no al pueblo, sino precisamente a los titulares del poder, esto es, al grupo de carácter arcano —oligocrático, en gran parte privado, que posee el privilegio de disponer de poder público— democrático y gozan del privilegio de estar sustraídos al control público-democrático" (Pág. 84).

La legitimación social del medio institucional vigente para combatir desde el Ejecutivo a sus contrarios inter-estatales, trae consigo la legitimación social de esos mismos contrarios. La legitimación del Estado en su conjunto. (Por eso, no nos extraña en absoluto que posteriormente, Joan Garcés llevado por la pendiente de su propia demostración, entre a justificar al Estado como conjunto).

"El Parlamento representa al Estado ante el ciudadano corriente, y el representante del pueblo se convierte en un "representante del Estado" (Agnoli, pág. 84)". Así, la apología del Parlamento, efectuada cotidianamente por la derecha, no caerá en el vacío, por el contrario, se hará receptiva en tanto la masa no tiene, ni se le ha proporcionado, la oportunidad de adscribir a otra institucionalidad que le pertenezca más directamente. Considerarán al parlamentario, cualquiera sea su color político, como un representante legítimo de ella.

En la legitimación legal-social de sus enemigos, el gobierno diluye el conflicto ante si mismo, pero también lo diluye ante las masas. La legalidad comienza a cubrirlo todo. Al proletariado le son ocultados sus enemigos políticos de clase. Advertirá que al interior del Parlamento el diputado o el senador trabaja en su contra y de su gobierno. Quisiera poder enfrentarlo. Pero una cortina legalista le cubrirá la mirada. Voces en las que él cree ciegamente le dirán: "Detente... sus injurias son legales; son legales sus defensas a tus enemigos y todo lo legal es bueno para el gobierno; si atacas a tu enemigo legalizado, le quitarás a tu gobierno, su principal arma; limítate a obedecer; el gobierno te indicará dónde están tus enemigos".

El Parlamento cumplirá la trama de la representación. Cubrirá legalísticamente la contrarrevolución preventiva y al golpismo. Estarán dentro de la ley porque así estarán a salvo de las masas, lejos de ellas, y aparentando, inclusive, representarlas.

La democracia ampliada por el gobierno empieza a perfeccionarse sin negarse a sí misma. Su ensanchamiento será tan grande que hasta la contrarrevolución vestida de oposición cabrá dentro de ella. El Estado en su conjunto legitimado ante el proletariado por el gobierno, no tardará en volcar sus fuerzas en contra de ese injerto, que lo lesiona internamente; o lo absorberá, asimilándolo, o lo expulsará violenta o gradualmente de su seno.

La tesis que trae consigo la negación implícita de la institucionalidad revolucionaria, sólo puede ir aparejada con un proyecto perfeccionista de Estado que Joan Garcés no puede eludir:

"... lo que no cabe es la irresolución, sino impulsar el buen funcionamiento del aparato del Estado. Es decir, procurar que al menos sea consecuente consigo mismo. Y cuando las normas legales favorecen las posiciones del Gobierno Popular, hacerlas observar" (Pág. 28).

La contradicción queda al desnudo. La lícita utilización de las normas legales que favorecen las posiciones del gobierno pueden llegar a promover también el buen funcionamiento del aparato de Estado.

Nosotros, en cambio, partimos de la necesidad de que la utilización de la legalidad del Estado no conlleva el perfeccionamiento del resto de las instituciones coercitivas sino su deterioro. Pero ese deterioro jamás podrá ser logrado mediante la afirmación del Estado en su conjunto, sino que de otra institucionalidad que surja fuera de su dominio, de las clases explotadas y del gobierno. Quién no entienda eso después de múltiples experiencias históricas, después de la experiencia misma del gobierno estará cayendo en aquel error que imputara Marx a los revolucionarios franceses por haber perfeccionado la maquinaria de Estado en lugar de destruirla. Con la salvedad que los franceses eran pioneros de la revolución. Estaban históricamente justificados. Y los chilenos no.

2.— Acerca del Gobierno. La negación de la institucionalidad proletaria por parte del gobierno, trae pues por consecuencia legitimar y legalizar socialmente al conjunto del Estado, al Parlamento y a la clase dominante, envolviéndolos en la nebulosa de la oposición.

El gobierno entonces quedará aislado.

Ese es el peor camino que se puede escoger para "ayudar" a un gobierno.

Se nos puede decir que las masas le darán su apoyo; pero será un apoyo no institucional, o con arreglo institucional de acuerdo al enemigo; será entonces un apoyo inorgánico, difuso, con el que no se podrá contar en cuestiones decisivas.

El aislamiento del gobierno, dijimos, traería dos consecuencias. O su expulsión (institucional o no) de la institucionalidad vigente, o su absorción por la misma.

El aislamiento no sólo podría asumir una forma institucional. También asumiría una forma social.

Las dos alternativas (expulsión o absorción) serian las consecuencias naturales de no colaborar, y si obstruir, en una institucionalidad proletaria. En el primero de los casos, el resultado sería el producto de una voluntad revolucionaria gubernamental sin apoyo de masas. En el segundo de los casos, sería el producto del desaparecimiento de la misma voluntad revolucionaria.

En tanto el gobierno asume este aislamiento, no tiene más índices de corrección para su política que aquel que le proporcionan sus enemigos.

El alejamiento de las masas permitirá que tendencias no políticas, sino que meramente burocráticas, se posesionen conscientemente o inconscientemente del personal gubernamental. Pero en cuanto burocracia no sería independiente de una política de clases. Significaría que políticas de clases no proletarias, se expresarían burocráticamente. De tal manera que aquellos errores burocráticos autorreconocidos por el Gobierno no son sino expresiones naturales de un aislamiento progresivo y descomponedor, suicida para el mismo gobierno, y que es también el resultado de una política incorrecta que teme a las masas y se niega por lo mismo a conferirles poder institucional. Se expresaría aquello que Ernest Mandel denomina "la dialéctica de las conquistas parciales", por parte de

"... aquellos que se comportan como si toda nueva conquista del movimiento obrero tuviera que estar subordinada de manera absoluta e imperativa a la defensa de lo que existe" (La Burocracia, pág. 5).

En nombre del socialismo se estaría defendiendo a su mayor obstáculo, la institucionalidad dominante, y desfavoreciendo a su principal fuerza, la institucionalidad de los dominados. Tal vez no haya nada más explicativo que cuando un funcionario de gobierno decide no permitir más "territorios libres". Aquí monstruosamente se expresa la defensa que un burócrata hace del Estado, represivamente, en contra de las masas, creyendo a lo mejor de buena fe que así se defiende el gobierno.

FERNANDO MIRES


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02