Las tareas de los revolucionarios en la etapa actual

DOCUMENTOS
Suplemento de la edición Nº 160 de PUNTO FINAL
Martes 20 de junio de 1972.
Santiago – Chile

LAS TAREAS DE LOS REVOLUCIONARIOS EN LA ETAPA ACTUAL

"Dijimos que en nuestro país teníamos un gobierno de los trabajadores pero que no sólo bastaba eso. Que lo importante era el control de todo el poder político y que el poder político era la manta que cubría los intereses de los patrones, llamándose Parlamento, Justicia, Leyes, Fuerza Represiva, etc. Señalamos que el socialismo se consigue quitando sin conciliaciones el poder político a los patrones".

(Declaración del Consejo Comunal Campesino de Nueva Imperial).

PUNTO FINAL ha procurado recoger en sus páginas —en todas sus dimensiones— el trascendental debate ideológico que tiene lugar en el seno de la izquierda chilena. Nuestra única limitación ha sido el espacio que se hace insuficiente para registrar tan variadas posiciones políticas. Por eso, lamentablemente, sólo hemos podido publicar aquellos documentos, discursos y declaraciones que cubren lo substantivo de la discusión. Esta lucha ideológica se polariza —básicamente— entre dos posiciones antagónicas, representadas por reformistas y revolucionarios, respectivamente. Entre ambos polos a veces se tienden hilos de comunicación y aún de circunstancial entendimiento. Pero, en realidad, ni con la mejor buena voluntad puede llegarse a una fórmula de conciliación permanente entre ambas posiciones. El debate puede —como ocurre muchas veces— tener reflujos pacíficos, pero las diferencias son tan grandes que no tardan en saltar al primer plano, superando los entendimientos tácticos. Esta divergencia insalvable entre reformistas y revolucionarios se ha dado en todo episodio histórico en que las masas proletarias vislumbraron la conquista del Poder.

El triunfo de los revolucionarios en su confrontación ideológica con los reformistas significó enseguida la victoria del proletariado en su enfrentamiento armado con la burguesía.

O sea, una cosa está ligada a la otra, dialécticamente por así decirlo. La lucha ideológica que precede a una revolución, es condición sine qua non para hacer madurar las condiciones subjetivas del proceso revolucionario. Dicho de otra manera, el proletariado necesita, antes de pasar a la ofensiva revolucionaria contra la burguesía, derrotar al reformismo que actúa en su propio seno.

Otra característica singular, que se reproduce una y otra vez en todo caso histórico, es la minoría inicial en que se encuentran los revolucionarios dentro del país donde se plantean condiciones revolucionarias objetivas.

Contrariamente a lo que pudiera suponerse —ya que los reformistas, mayoría inicial, se empeñan en difundir esa idea falsa—, el proceso revolucionario no se inicia con un aplastante respaldo político y ni siquiera con el apoyo cohesionado y orgánico de las masas obreras y campesinas. La voluntad revolucionaria de las masas trabajadoras corre por cauces profundos que irrumpen en la superficie después que se ha definido la lucha ideológica entre reformistas y revolucionarios. Es en ese instante —el "momento revolucionario"— cuando los trabajadores toman en sus manos la conducción del proceso, bajo consignas revolucionarias. Las masas se lanzan a la lucha, vencen a. sus enemigos de clase y conquistan el Poder. Así ha ocurrido siempre en la historia de las revoluciones y en cada nuevo episodio se repite el esquema señalado. Desde 1917, cuando los bolcheviques derrotaron previamente a los reformistas (mencheviques y social-revolucionarios), que probaron hasta la saciedad ser agentes de la burguesía, a cuyo lado se pusieron en la guerra civil, la lucha ideológica entre revolucionarios y reformistas, y la minoría inicial aparente de los primeros, viene formando parte del cuadro general de toda revolución.

Si bien es cierto que cada revolución es original, tienen entre sí no sólo objetivos comunes que definen su carácter socialista, sino que, también, reproducen condiciones esenciales, como es el previo enfrentamiento ideológico entre reformistas y revolucionarios; entre los que plantean al proletariado no avanzar y le infunden temor y dudas sobre sus propias fuerzas, y quienes —como Lenin en el curso de 1917— muestran a las masas trabajadoras el camino que deben seguir para la toma del Poder.

No queremos, de ninguna manera, ser pedantes en la utilización de ejemplos históricos o de citas de los clásicos de la revolución. Pero los sectores reformistas, en sus argumentaciones, utilizan ahora en Chile todo un arsenal ideológico que en realidad no les pertenece, pretendiendo que las palabras de los revolucionarios fortalezcan precisamente las posiciones que ellos combatieron.

Si bien las citas de Lenin amenazan convertirse en los latinazgos que los teólogos se lanzan por la cabeza, no hay duda de que parte importante de esta discusión es el rescate de las grandes figuras revolucionarias de las manos reformistas en que habían caído. Esto sin contar con que el estudio y análisis de las revoluciones y de los escritos de los revolucionarios, tienen un saludable efecto esclarecedor en una coyuntura como la que vive Chile.

En septiembre del año 1917, en cuyo inicio los bolcheviques eran una minoría insignificante comparada con la fuerza del reformismo, Lenin abordó francamente el problema del Poder.

"El problema principal de toda revolución —escribió— es, indudablemente, el problema del poder estatal. ¿Qué clase es la que tiene el poder en sus manos? Ello decide todo. No se puede esquivar ni apartar el problema referente al poder, pues precisamente este es el problema fundamental que lo determina todo en el desarrollo de la revolución, en la política exterior e interna. El hecho de que nuestra revolución haya "gastado en vano" seis meses de vacilaciones respecto a la organización del poder, es indiscutible, y está determinado por la política vacilante de los socialistas-revolucionarios y de los mencheviques. Pero, a su vez, la política de estos partidos se ha determinado, en última instancia, por la posición de clase de la pequeña burguesía, por su inestabilidad económica en la lucha entre el capital y el trabajo. El interrogante reside ahora en saber si la democracia pequeñoburguesa ha aprendido algo o no en estos tan importantes seis meses, extraordinariamente ricos en contenido. Si la respuesta es negativa, entonces la revolución ha perecido y sólo una insurrección victoriosa del proletariado podrá salvarla. Si la respuesta es afirmativa, hay que empezar con la inmediata creación de un poder firme y estable". "... Sólo el poder soviético podría ser estable, sólo a él no se le podría derrocar, aun en las horas más agitadas de la revolución más violenta..."

"Pero la consigna "El poder a los soviets" se entiende, con mucha frecuencia, si no en la mayoría de los casos, de una manera completamente equivocada, en el sentido de "un ministerio formado con los partidos mayoritarios de los soviets"; y en esta opinión profundamente equivocada desearíamos detenernos con más detalle".

"Un ministerio formado por los partidos mayoritarios de los soviets implica un cambio de personas en el cuerpo ministerial, conservando intangible todo el viejo aparato del poder gubernamental, aparato íntegramente burocrático, íntegramente no democrático, incapaz de llevar a cabo reformas serias que constan incluso en los programas de los socialistas-revolucionarios y de los mencheviques".

"El poder a los soviets significa una transformación radical de todo el viejo aparato del Estado, aparato burocrático que frena todo lo que es democrático; significa la eliminación de dicho aparato y su reemplazo por otro nuevo, popular, o sea, auténticamente democrático, el de los soviets, que implica una mayoría organizada y armada del pueblo: obreros, soldados y campesinos; significa ofrecer la iniciativa y la independencia a la mayoría del pueblo, no sólo en la elección de los diputados, sino también en el manejo del Estado y en la realización de reformas y transformaciones".

"Toda la historia de los países parlamentarios burgueses y, en medida considerable, la de los países burgueses constitucionales, demuestra que un cambio ministerial significa muy poco, pues la labor administrativa real está en manos de un ejército gigantesco de funcionarios. Y este ejército está impregnado de un espíritu antidemocrático, está ligado por miles de hilos con los terratenientes y la burguesía, dependiendo de ambos en todas las formas imaginables. Este ejército está rodeado por una atmósfera de relaciones burguesas, sólo respira ese aire, se ha congelado, encallecido, anquilosado; no tiene fuerzas para liberarse de esa atmósfera, no puede pensar, sentir ni obrar de otro modo que no sea a la manera antigua. Este ejército está ligado por relaciones de respeto a la jerarquía, por determinados privilegios ligados a los "servicios del Estado"; en cuanto a sus cuadros superiores, están totalmente supeditados, por medio de las acciones y de los bancos, al capital financiero y vienen a ser, en cierta medida, sus agentes, los defensores de sus intereses y transmisores de su influencia".

"El intento de llevar a cabo, por medio de ese aparato estatal, transformaciones tales como la supresión de la propiedad terrateniente sin indemnización o el monopolio del trigo, etc., es una mera ilusión, el más grande autoengaño y el mayor engaño del pueblo. Ese aparato puede servir a la burguesía republicana, creando una república a modo de "una monarquía sin monarcas", tal como la tercera república en Francia; pero un aparato estatal de este tipo es absolutamente incapaz de llevar a cabo reformas que no sólo aniquilen, sino que ni siquiera cercenen o limiten seriamente los derechos del capital, los derechos de la "sagrada propiedad privada". Por eso resulta siempre que, con todos los posibles ministerios "de coalición" donde participan "socialistas", dichos socialistas vienen a ser, en la práctica, aun en el caso de una completa probidad por parte de algunos de ellos, un simple adorno o pantalla del gobierno burgués, un pararrayos de la indignación popular provocada por ese gobierno, un instrumento del gobierno para engañar a las masas".

"Falta de fe en las masas, miedo a su iniciativa, miedo a que actúen por sí mismas, estremecimiento ante su energía revolucionaria, en lugar de un apoyo total y sin reservas, tales han sido los mayores pecados de los jefes socialistas-revolucionarios y mencheviques. Allí está una de las raíces más profundas de su indecisión, de su vacilación, de sus interminables e infinitamente estériles intentos de verter vino nuevo en los viejos odres del aparato estatal burocrático". [1]

La lectura de esta cita de Lenin, resulta aleccionadora ya que ayuda a ubicar en sus exactos términos el problema substancial que se debate hoy en Chile.

Cabe, sin embargo, una reflexión adicional. Con todo lo esclarecedor que resulta buscar inspiración y lecciones en el leninismo, es imposible insertar calculadamente una situación histórica determinada —como la chilena— en el contexto peculiar que abordaron Lenin y los bolcheviques. Eso es justamente otro rasgo característico de todo proceso revolucionario. Cada situación histórica que coloca a las masas en posición de avanzar a la conquista del Poder, abre nuevos y multifacéticos problemas, y plantea una diversidad de aspectos importantes o adjetivos, que el genio y lucidez de los revolucionarios de cada país deben resolver por sí mismos.

Creemos que conviene insistir en este punto no sólo porque el propio Lenin rechazó convertirse en "icono sagrado", sino porque, además, en la lucha ideológica entre reformistas y revolucionarios que trae aparejado el proceso chileno, se suelen confundir los "tiempos históricos".

Por ejemplo, el dirigente del Partido Comunista, Orlando Millas, en un artículo que insertamos más adelante, ha buscado inspiración para sus tesis reformistas en la Nueva Política Económica (NEP) que los bolcheviques bajo la dirección de Lenin aplicaron en 1921. Aunque el diputado Millas se apresura a aclarar que "sería absurdo comparar circunstancias históricas tan disímiles como esa y la de Chile de 1972", calificando anticipadamente de "torpeza" copiar las medidas tomadas en la URSS hace más de medio siglo, lo evidente es que él toma pie de la cita de Lenin para propiciar un "golpe de timón" que sería el equivalente de la NEP. Así por lo menos lo han entendido la mayoría de los lectores del artículo de Millas. Pues bien, el principal y no único error que comete Millas al citar a Lenin, consiste en que cuando los bolcheviques diseñaron por necesidad imperiosa la NEP, hacía ya cuatro años que controlaban el Poder y eran la única nación socialista del mundo. Estos detalles trastocan todo el cuadro y convierten el "golpe de timón" en Chile en algo muy distinto al que dio Lenin en 1921. Repitamos la pregunta que hacía Lenin en la extensa cita que reprodujimos más arriba: "¿Qué clase es la que tiene el poder en sus manos? Ello decide todo". En la URSS, cuando se planteó la NEP, después de remontar aislado una sangrienta guerra civil en que la burguesía fue apoyada directamente por el imperialismo, el proletariado ruso tenía todo el Poder en sus manos. Los obreros, soldados y campesinos revolucionarios eran la inmensa mayoría del país. Habían quedado atrás esos meses de la primera mitad de 1917, cuando al partido bolchevique lo seguía una minoría de la clase obrera.

La actitud leninista de 1921, forzosa en un cuadro como el que afrontaban los bolcheviques, solitarios en un planeta capitalista, no "es fuente de lecciones" como pretende Orlando Millas para resolver qué hacer en la perspectiva de Chile. Mucho más provechoso, en cambio, sería que Millas repasara los escritos leninistas anteriores a la conquista del Poder.

Pero así como constituye una falsificación histórica e ideológica la que hace el reformismo, al asimilar la situación chilena a la soviética de 1921, algunos sectores revolucionarios caen en parecido error cuando plantean que el gobierno de la Unidad Popular mantenga una actitud similar a la de los bolcheviques en el Poder, realizando tareas de construcción socialista que corresponde dirigir al proletariado.

En Chile de 1972, después de veinte meses de gobierno con participación de ministros comunistas y socialistas, ni siquiera se ha producido el quiebre de las viejas instituciones burguesas, como el Parlamento, los Tribunales y la Contraloría, y mucho menos el aparato armado se ha fracturado en beneficio de las clases revolucionarias. Por el contrario, es perceptible claramente que la institucionalidad burguesa vive una época de "renacimiento". En términos proporcionales, podría afirmarse que instituciones como el Parlamento, los Tribunales y la Contraloría son en este momento mucho menos cuestionadas que hace dos años. El dominio de la ideología burguesa —mediante el método casi pueril de infundir miedo con una dictadura proletaria que en su fuero íntimo consideran remota—, resulta demasiado ostensible como para subrayar ese aspecto de la oposición burguesa.

Chile de 1972 no es ni la solitaria URSS de 1921, que obligue a un repliegue táctico del proletariado, ni es Rusia de 1917 con los bolcheviques combatiendo al ejército reaccionario y a la intervención militar extranjera, y aplicando con todo rigor la dictadura del proletariado. Ni una ni la otra cosa.

En Chile se da una posibilidad para el proletariado, mucho más favorable que hace cortos años, de avanzar a la conquista del Poder, apoyándose en sus propias fuerzas y en la existencia de un poderoso campo socialista. Pero esto debe hacerse en forma orgánica y cohesionada, bajo la dirección de un partido revolucionario, tal como ha sucedido en otras experiencias históricas. Los revolucionarios necesitan, en primer lugar, ganarse a las masas librando una lucha ideológica contra los reformistas para alinear a los obreros, soldados y campesinos y conducirlos a la lucha contra la burguesía y el imperialismo. Los revolucionarios hoy, en Chile, arrastran a una minoría de la clase obrera. La ideología dominante es la ideología de la burguesía, o sea el reformismo. Aun más, como también ocurría en el Partido bolchevique, hay desacuerdos entre los propios revolucionarios que militan dentro y fuera de los partidos de la Unidad Popular. Pero no cabe ninguna duda que bajo una correcta dirección, basándose en el desarrollo del propio proceso revolucionario, será posible convencer a la mayoría de la clase obrera y de atraer a su lado a los soldados y campesinos.

El propio caso soviético, el chino o el cubano —o la admirable enseñanza vietnamita—, indican que durante un proceso revolucionario la conciencia de clase despierta con increíble rapidez entre obreros y campesinos y en otros grupos sociales, convirtiéndose ese salto en calidad de la conciencia colectiva en el factor impulsor más importante y dinámico de la revolución.

Nada hace pensar que en Chile no vaya a ocurrir igual. El miedo a la iniciativa de las masas, que se trasluce en los planteamientos reformistas, no hará variar el curso de un proceso que ya está en marcha. El estremecimiento que los reformistas sienten ante la energía revolucionaria de los trabajadores, puede —y de hecho lo hace— dificultar y demorar el proceso revolucionario chileno. Pero no podrá detenerlo. Siempre los reformistas han sido derrotados por los revolucionarios cuando éstos, como en Rusia, China o Cuba, han planteado su lucha en los términos rigurosos que exige esa tarea histórica.

Los reformistas serán desplazados por los revolucionarios, además, por un imperativo ineludible. El propio Lenin advirtió que el tránsito de la democracia al socialismo, mediante formas orgánicas, sólo se puede concebir bajo la dictadura del proletariado. Está archiprobado como para abundar en eso. Pero vale la pena añadir que los objetivos puramente democráticos, como los que se plantearon inicialmente los revolucionarios rusos o cubanos, fueron superados en cuanto el proletariado cobró conciencia de su fuerza. En el proceso chileno hay también un potencial emergente en el seno de la clase obrera, que se orienta hacia el socialismo. Esa fuerza que está naciendo a ojos vista en las fábricas y en el campo, se plantea metas mucho más elevadas que una NEP. En la medida en que eso existe, cobra cuerpo otra amenaza peor para los reformistas: la aparición de una fuerza de rechazo al proletariado, dirigida por el fascismo. Esto también se da en el caso chileno y es indiscutible —ahí está el caso español para probarlo— que únicamente con métodos de lucha proletarios, o sea revolucionarios, se puede contrarrestar el peligro fascista. El reformismo es incapaz por sí sólo de atajar al fascismo y mucho menos de conquistar el apoyo de las masas para vencerlo en un combate frontal. El reformismo, como método de transición al socialismo, es perfectamente incapaz, por todas estas razones, de suplantar a la dictadura del proletariado.

II

"Nosotros creemos que frente a este tipo de canallas, de engaño, hay que responder de otra forma. El salitre es de todos los chilenos, la industria textil es de todos los chilenos, el cobre es de todos los chilenos, y todos los recursos que son de la nación pertenecen a la nación entera, porque eso es lo que determina el interés y el deber de los obreros y de todo el pueblo chileno".

FIDEL CASTRO (discurso en la Oficina salitrera Pedro de Valdivia,
hablando sobre las "empresas de trabajadores", PF Nº 144).

El extenso artículo de Orlando Millas —que reproducimos más adelante— tiene una gran importancia política. Por una parte, la línea que allí se traza es más o menos la que, en definitiva, adoptó el gobierno, a juzgar por los hechos conocidos al cierre de esta edición. De otra parte, el artículo de Millas se ha convertido en el eje de una confrontación dentro de la Unidad Popular entre posiciones reformistas y revolucionarias. También al interior de la UP los revolucionarios están en minoría, como reflejo del marco nacional en que opera esa coalición política. Por último, el artículo de Millas hay que analizarlo con la seriedad que merece la voz oficial de la Dirección del partido más orgánico de la UP.

Hay aspectos en ese artículo con los cuales no se puede estar en desacuerdo. Por ejemplo, en lo que se refiere a las limitaciones del capitalismo de Estado, aspecto que PUNTO FINAL ha abordado más de una vez atrayendo sobre sí muy poco fraternales ataques de sectores del PC que hoy expresan parecidas reservas.

Tampoco disentimos de las críticas que hace Millas a las deficiencias de la participación obrera en las empresas del área social. Creemos que el problema es mucho peor a como él lo pinta y que, sin duda, aparte del economicismo y de la burocracia sindical, herencias de medio siglo de práctica política de la izquierda tradicional, hay una peligrosa y fuerte tendencia tecnocrática entre interventores y otros funcionarios, que amenaza fortalecer todavía más el capitalismo de Estado, cerrando el paso a relaciones auténticamente socialistas de producción.

Pero Millas busca el ejemplo de la abortada revolución nacionalista de Bolivia, en la década del 50, para disparar contra "la fraseología sobre el "control obrero...." Y es aquí donde empiezan a aparecer las orejas reformistas de su artículo. Porque justamente es a partir del control obrero donde se forma el poder proletario. Los trabajadores encuentran en esos comités y consejos la mejor escuela para aprender a ejercer su dictadura de clase que habrá de suplantar a la dictadura de la burguesía. Todavía más: solamente el control obrero en las áreas mixta y privada podrá evitar los desajustes y problemas reales que crea el proceso y que se traducen en boicot, escasez de productos de consumo popular, especulación, mercado negro, etc. Las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), una excelente iniciativa, no tendrán eficacia si no están apoyada en el control obrero a nivel de la producción.

En palabras de Lenin:

"La propaganda en favor de los consejos obreros debe llevarse de manera de inculcar en la convicción de las grandes masas obreras, aun de aquellas que no pertenecen directamente al proletariado industrial, que la responsabilidad de la desorganización económica, incumbe a la burguesía, y que el proletariado, al exigir el control obrero, lucha por la organización de la industria, por la eliminación de la especulación y la carestía de la vida". (Tesis al Segundo Congreso de la Internacional Comunista).

Lo que ocurre con esto del control obrero es que a los reformistas les atemoriza porque lo confunden con los soviets, o consejos de obreros, soldados y campesinos, cuya formación requiere que esté a la orden del día la lucha por el poder.

Lenin advierte que sería un error formar los consejos industriales obreros "sólo con obreros partidarios de la dictadura del proletariado. La tarea del Partido Comunista —añade—, consiste, por el contrario, en aprovechar la desorganización económica para organizar a los obreros y ponerlos en la necesidad de combatir por la dictadura del proletariado ampliando la idea de la lucha por el control obrero, idea que todos comprenden ahora". (Id.)

Es aproximadamente lo que ha ocurrido en la industria manufacturera de metales MADEMSA. Obreros partidarios de la dictadura del proletariado decidieron tomarse esa industria, que pertenece a uno de los más influyentes clanes financieros del país. En la asamblea en que se aprobó pedir un interventor al gobierno, los obreros democristianos votaron en contra. Pero acataron la decisión de la mayoría y entregaron su apoyo valioso. El planteamiento de ellos para sumarse a la nueva fase del trabajo en la industria, fue participar sin discriminaciones sectarias en los comités que harán posible el control obrero en la fábrica. Un inteligente manejo de la situación en MADEMSA, desde los niveles del "equipo económico" del gobierno, hasta los obreros revolucionarios de la industria, ha deshecho todas las maniobras publicitarias y políticas montadas por el clan propietario de la fábrica.

El artículo de Millas induce, por otra parte, a creer que la responsabilidad de la desorganización económica, que en el grado del proceso chileno es infinitamente menor comparada con otras experiencias, es de los obreros y campesinos que se toman fábricas saboteadas o fundos desmantelados.

La burguesía aparece salvada de culpa hasta el extremo que Millas plantea que sea el proletariado el que haga concesiones, o sea que concilie y pida perdón. Para el articulista "la correlación de fuerzas ha sido afectada, en contra de la clase obrera y del gobierno popular, por errores políticos y económicos que podemos resumir diciendo que constituyen transgresiones al programa de la UP". Lo mismo que dicen partidos de la burguesía, como el PDC. Pero ha sido, en cambio, la excesiva observancia de un Programa que necesariamente debería ser dinámico (quizás por eso se le apellidó "Básico"), lo que ha producido la actual debilidad de la UP. La receta de Millas no hará, pues, sino debilitarla todavía más.

Un miembro del "equipo económico" que dirige el Ministro Pedro Vuskovic parece refutar la acusación de Millas cuando dice: "El Programa planteado por la izquierda en 1970 y aprobado por el pueblo de Chile, es por lo tanto de un claro contenido revolucionario contrapuesto a todo intento de reformismo desarrollista. El Programa es no sólo antimperialista y antioligárquico, sino sobre todo anticapitalista, y por ende, de transición al socialismo... En consecuencia, el problema fundamental que plantea el Programa Básico no es un problema de carácter técnico-económico, sino el problema político de la transformación revolucionaria. Esta es la razón por la cual la política económica del Gobierno Popular es de naturaleza esencialmente política". (Pío García, "La política económica del Gobierno Popular", revista "Sociedad y Desarrollo" del CESO, Nº 1. 1972).

En efecto, en el Programa Básico se plantea "iniciar la construcción del socialismo" en Chile y el accionar económico del gobierno debe contribuir a que la lucha decisiva por el poder, que es política, se libre en las mejores condiciones para el proletariado. El aporte del gobierno a esa lucha de clases debe consistir en lo que define el mismo autor: "suprimiendo en esta etapa la propiedad privada sobre los medios de producción fundamentales; nacionalizando las riquezas básicas del país; desarrollando la reforma agraria; nacionalizando el sistema bancario y financiero; nacionalizando el comercio exterior y los centros monopólicos y estratégicos de la industria y de la distribución" (Pío García, id.). "...Esto requiere —añade— establecer principios de organización y dirección socialistas al interior del área de propiedad social, asegurar a ésta el carácter de dominante en la economía, subordinar a ella el área de la propiedad mixta y someter a sus condiciones el área de la propiedad privada; en suma, reemplazar el funcionamiento de la economía según la ley de la ganancia capitalista por su funcionamiento según la planificación socialista".

El desplazamiento hacia la derecha que ha sufrido el eje político en el seno de la Unidad Popular, como efecto del planteamiento formulado por Millas, hace que la cita anterior —como estará pensando más de algún lector— parezca más la de un "ultraizquierdista" que el razonamiento de un técnico del "equipo de Vuskovic". Y es que por efecto de la presión reformista en el interior de la UP, que no ha sido bien contrarrestada por la minoría revolucionaria, el "equipo económico" como suele llamarse al grupo que encabeza el ministro Vuskovic, ha terminado por situarse en la vanguardia de las fuerzas de la UP que luchan por poner al gobierno al servicio de los objetivos estratégicos del proletariado.

Ya el 30 de agosto de 1966, el Primer Ministro cubano, Fidel Castro, se vio obligado a denunciar a Millas que "se puso bravísimo con el discurso del 26 de julio" en que Fidel desenmascaró al reformismo burgués del gobierno de Frei. Millas se sintió aludido. No es primera vez, por lo tanto, que él asume la defensa del reformismo. Este factor debe ser tomado en cuenta para no caer en el error de creer que todo comunista comparte los criterios expuestos por Millas. El representa una posición reformista —sin duda fuerte en el plano nacional—, pero el suyo no es un criterio comunista, o sea revolucionario. Hasta qué punto la alta votación democristiana en la CUT contribuyó a envalentonar a los reformistas de todos los pelajes, es un asunto por esclarecer todavía.

El cumplimiento del Programa Básico de la UP no tiene —como se cree— un margen de aplicación de seis años, lo que haría posible detenerse ahora para seguir después. Ni siquiera mirado desde un ángulo estricto de política económica es prudente apagar el motor o reducir la velocidad para ceñirse a las normas de tránsito al socialismo que permite la burguesía.

Completar el área social, estimulando la movilización de los propios trabajadores donde se pueda y con ayuda del aparato de gobierno donde se requiera; alentar el control obrero en las dos mil empresas industriales y comerciales, medianas y grandes de la burguesía no monopólica; completar la reforma agraria rebajando a 40 hectáreas la reserva; brindar seguridad de abastecimiento y precios a la pequeña burguesía productora y comercial; crear Consejos de Trabajadores Urbanos tal como en el campo, y dotarlos de facultades; y Otras medidas que han señalado tanto el Partido Socialista, como el MIR y el "equipo económico" del propio gobierno, echarían a andar un verdadero proceso revolucionario. La solidaridad activa y concreta de los países socialistas, al mismo tiempo, seguramente se pondría en acción si Chile se plantea de verdad crear un Estado proletario y antimperialista.

Pero al margen de lo que se desea que hiciera el gobierno, a los revolucionarios les están planteadas tareas propias. La principal es ganar a las masas para conquistar el poder, ampliando sus reivindicaciones democráticas de hoy. Para esa tarea no sirven las sectas. Hay que ver lo que hicieron organizaciones revolucionarias del pasado. Los bolcheviques, por ejemplo, se fusionaron en 1917 con varios grupos y tendencias que les eran afines y a las cuales antes habían combatido. La vida interna del partido bolchevique fue extraordinariamente rica y esa lucha no lo dividió sino que, al contrario, lo hizo más fuerte para afrontar la gloriosa tarea de llevar a cabo la primera revolución socialista. El Movimiento "26 de Julio" de Cuba, hizo otro tanto, reagrupando sectores revolucionarias hasta ganar el apoyo de las masas urbanas y campesinas que decidieron la revolución. En Chile, esa tarea también está planteada. El proletariado necesita una dirección revolucionaria consecuente. Para lo cual hay que "unir, unir y unir", como aconsejaba Fidel Castro en su visita a Chile.

III

"El deber de todo revolucionario es hacer la revolución".

DECLARACIÓN GENERAL DE OLAS, agosto de 1966.

"Las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo".

PROGRAMA BÁSICO DEL GOBIERNO POPULAR, diciembre de 1969.

Si bien es ilógico pedirle peras revolucionarias al olmo reformista, tampoco es justo aceptar el criterio tecnocrático y desarrollista que opone Orlando Millas al libre curso de un proceso de contenido revolucionario.

Su artículo pone el acento en la desorganización de la economía que se ha producido como resultado de las nacionalizaciones y cambios en marcha. Aun cuando esa desorganización no revista los caracteres dramáticos que parecen fluir del artículo de Millas, es cierto que existe. Pero de qué otra manera se podría "reemplazar la actual estructura económica", como plantea el Programa Básico de la UP, si no es provocando algunos desajustes transitorios. Lo grave no está en los errores que ha cometido el "equipo económico" y ni siquiera en el peso que tiene el economicismo dentro de la clase trabajadora, factor que gravita seriamente y que no tardó en lanzar por la borda el Convenio CUT-Gobierno sobre remuneraciones. Do serio es que los problemas económicos que afectan más intensamente a la población son el resultado del sabotaje deliberado, implacable y bien calculado de la burguesía y del imperialismo norteamericano. Ellos son los grandes responsables que no aparecen enjuiciados en el artículo de Millas. Sin embargo, él hace recaer la culpa en la clase trabajadora que lucha "transgrediendo" el Programa. Se trata de los obreros que se toman las fábricas boicoteadas o de los campesinos que ocupan los fundos desmantelados por los latifundistas. Millas sé salta olímpicamente el fenómeno de la lucha de clases, reactivado a partir de la instalación de un gobierno que se compromete a terminar "con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo". Cae así, en forma por demás visible, en planteamientos puramente económicos y desarrollistas que compartiría sin vacilaciones hasta el más moderado experto de la CEPAL. No es extraño, pues, que la Democracia Cristiana los acoja jubilosamente.

Por la vía que dibuja Millas es imposible "reemplazar la actual estructura económica", aunque ciertamente su alternativa puede traer orden y desarrollo. Si a esto se agrega que un programa reformista está en capacidad de obtener amplio apoyo internacional, comenzando por el respaldo del imperialismo, se entiende por qué los planteamientos de Millas fueron acogidos con tanto entusiasmo por el reformismo burgués representado por la Democracia Cristiana.

"El imperialismo —ha dicho Fidel Castro— alienta el reformismo. Y en la medida en que su desprestigio crezca y su influencia se pierda, su esfuerzo será para desalentar revoluciones y alentar reformas, pero que mantengan su dominio en la medida de lo posible" (PF Nº 158).

Está de más decir que Cuba no alienta políticas reformistas (¡Nosotros dentro de nuestro país, y en el contexto del movimiento internacional, apoyamos la política revolucionaria! ¡Y en América latina somos partidarios de políticas revolucionarias! Porque sabemos que el reformismo no resuelve nada, que los problemas son muy serios y muy profundos y sólo verdaderas revoluciones los pueden resolver"). En el esquema que plantea Millas, y que parece imponerse en la Unidad Popular, poco importa el apoyo de Cuba, ciertamente. Hay otras naciones, muy poderosas, que sí están dispuestas a prestar su contribución a una fórmula reformista para Chile. En ese sentido el programa del reformismo puede obtener éxito en la misma medida que Ib logró el pasado gobierno de la Democracia Cristiana, o sea, dejará abierto el camino a una alternativa revolucionaria y antimperialista verdadera. Hacia ese momento, apoyados por las masas organizadas de trabajadores, deben apuntar los revolucionarios y prepararse en forma consecuente para la conquista del poder. Para ello no bastan los buenos propósitos y ni siquiera ayuda mucho hacer conocer previamente al enemigo cada paso organizativo que se dé. Se trata, en cambio, de un trabajo silencioso, diario, que sin descuidar la lucha ideológica, más necesaria que nunca, ponga el acento principal en la Organización.

MANUEL CABIESES DONOSO


Polémica

LA CLASE OBRERA EN LAS CONDICIONES DEL GOBIERNO POPULAR

SIGUIENDO UNA norma habitual en esta revista cuando se tratan asuntos polémicos de real Interés para el futuro del proceso revolucionario, reproducimos a continuación el artículo del diputado Orlando Millas, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, publicado en "El Siglo" del 5 de junio, y al que se alude en el trabajo que se inserta en las primeras páginas de esta separata. PF ha conservado tanto el título como los subtítulos del artículo de Millas. Los subrayados pertenecen también al autor, salvo en los casos expresamente indicados en los cuales PF desea llamar la atención de sus lectores sobre determinados aspectos de este trabajo.

La profundidad y la magnitud de los cambios revolucionarios planteados e iniciados por el Gobierno Popular conmueven a todas las clases y capas sociales y llevan la lucha política a condiciones de sensibilidad y de agudización extremas. Puede decirse que, en estas circunstancias, se ponen a prueba todos los sectores y todos los destacamentos del pueblo. Y el asunto primordial en el proceso revolucionario chileno consiste, en la actual coyuntura, en que la clase obrera asuma, en él, el papel que históricamente le corresponde. No se trata de que la clase obrera desarrolle una acción que la encierre en sí misma y la constituya en un estamento con criterios egoístas, sino de que reagrupe junto a ella a todas las fuerzas interesadas en el progreso, lo cual exige que apoye resueltamente las reivindicaciones legítimas y los derechos democráticos de cada una de las clases y capas sociales susceptibles de interesarse en la lucha antimperialista y antioligárquica. La primera condición es que la propia clase obrera se cohesione, tenga conciencia de su responsabilidad revolucionaria, una dialécticamente en su vida cotidiana sus preocupaciones inmediatas y sus demandas económicas y culturales con la perspectiva clara de la liberación social.

REVOLUCIONARIOS, REFORMISTAS Y CONTRARREVOLUCIONARIOS

El Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular señala: "En Chile, las recetas "reformistas" y "desarrollistas" que impulsó la Alianza para el Progreso, e hizo suyas el Gobierno de Frei, no han logrado alterar nada importante. En lo fundamental, ha sido un nuevo Gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento económico, la carestía y la represión violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado una vez más que el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo".

Por ello, con absoluta razón, surge a cada paso la preocupación por que el Gobierno Popular actúe con una política revolucionaria y no con una política reformista.

Este no es un asunto subjetivo. La dilucidación de si una conducta es revolucionaria o es reformista no depende de las palabras y ni siquiera de los propósitos. Esto se decide en el terreno de la posición que asume en la sociedad la clase obrera, la forma en que se resuelven los problemas de la propiedad sobre los medios de producción fundamentales, el carácter del proceso mismo de trabajo y las alianzas de clase que, de acuerdo a la correlación de fuerzas, permitan asegurar la estabilidad del propio Gobierno Popular y cierren el paso a la sedición reaccionaria.

Cuando el imperialismo, la oligarquía financiera y la aristocracia terrateniente se desviven por socavar la autoridad del Gobierno Popular, por presentarlo como incapaz de mantener el orden público, y en especial por rebajar el papel de la clase obrera, no sólo es reformista, sino que es contrarrevolucionaria cualesquiera acción que, objetivamente, favorezca el plan de los reaccionarios. La formulación de consignas radicalizadas, que, a pesar del respetable afán de proselitismo de sus autores, muestran dispersión, anarquía y falta de claridad de propósitos en las fuerzas de sustentación del Gobierno Popular, constantemente traen consecuencias contraproducentes. Tales consignas tienen una raíz reformista en la concepción de que todo se podría lograr con frases, juegos políticos, medidas administrativas, decisiones burocráticas y gestos románticos; pero, lo más grave es que, ante la profundidad revolucionaria de las transformaciones de fondo emprendidas por el Gobierno Popular, el dilema inmediato es el de la preservación y el avance consecuente de dichas transformaciones o el de su derrota a manos de la contrarrevolución.

Por lo demás, no debe olvidarse que el papel revolucionario de la clase obrera surge de su intervención en el proceso productivo. Allí se decide la suerte de todo. En la época del imperialismo y del paso de la humanidad del capitalismo al socialismo y al comunismo, ninguna revolución es tal si no se propone y no consigue alterar substancialmente las condiciones en que la clase obrera participa en la actividad económica. Naturalmente, no basta con eso, y los cambios deben irse expresando correlativamente en todas las demás esferas; pero el establecimiento de un determinado Gobierno en un país no podría calificarse de revolucionario en caso que no traiga consigo, a la vez, la modificación del papel de la clase obrera en la producción. Por ejemplo, la insurrección boliviana que llevó al poder los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario se tradujo en la nacionalización del estaño y su transferencia al Estado, pero la fraseología sobre el "control obrero", el desborde de consignas trotskistas y las "milicias armadas" ocultaban el hecho concreto de que no se trazaron planes económicos que realmente traspasasen la antigua dictadura en sus empresas de los barones del estaño a una dirección democrática de los trabajadores y, en consecuencia, bajo la administración burocrático-política de un Estado bajo un comando burgués y pequeñoburgués, se desarrollaron múltiples formas de corrupción, fue regalando posiciones al capitalismo y el proceso se hizo reversible. En el fondo, lo sucedido en Bolivia corresponde, por lo demás, al carácter de clase que tuvo, como gobierno de la burguesía y pequeñoburguesía, el del Movimiento Nacionalista Revolucionario.

ALGUNOS RASGOS INDISPENSABLES EN UNA GESTIÓN REVOLUCIONARIA

La nacionalización de la gran minería del cobre, el control estatal de la banca, la formación de un área social de la economía y la Reforma Agraria, representan, en primer término, gigantescas transferencias de propiedad sobre bienes de producción que en Chile son decisivos en toda la actividad económica. Aunque esto es de una extraordinaria importancia y ha significado un golpe demoledor a las posiciones en nuestro país del imperialismo norteamericano, de la oligarquía financiera interna y de los terratenientes, lo cierto es que los resultados de tales medidas dependerán de que no se limiten al reemplazo de unos propietarios por otros, sino que impliquen cambios en las relaciones de producción.

La acentuación del capitalismo de Estado puede asumir una connotación antimperialista y, en general, antimonopolista, especialmente por la vía de las nacionalizaciones, no obstante lo cual difícilmente es susceptible de consolidarse con ese carácter en las actuales condiciones de internacionalización del peso financiero, económico, político y militar del imperialismo en la esfera de los países capitalistas. Limitarse al capitalismo de Estado conduce, se quiera o no, a la inestabilidad y al peligro real de retrocesos hasta de la peor especie.

Para que se afiancen transformaciones revolucionarias como las emprendidas en Chile por el Gobierno Popular, deben asumir las cualidades de un gran movimiento social, profundo, y en el que la clase obrera entre a dirigir realmente la economía. Esto significa una auténtica democratización de las actividades productivas. Son suicidas las tentaciones a obtener dividendos proselitistas en los marcos de los viejos procedimientos de un Estado burocrático. Hay que abrir paso a la participación en escala de masas, sometiéndose a estas nuevas reglas del juego.

No se puede conseguirlo sin modificar de raíz los métodos de gestión económica, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba.

Uno de los rasgos esenciales de una dirección revolucionaria de la economía debe ser, indispensablemente, su carácter científico. Sirven a la contrarrevolución las decisiones subjetivas y voluntaristas de los que pretendan hacer a un lado las leyes económicas o "derogarlas" de acuerdo a sus deseos. Otro de esos rasgos esenciales de una dirección revolucionaria tiene que ser, también indispensablemente, respetar a las masas y trabajar esmeradamente con ellas.

De lo que se trata es de actuar con las masas para aprovechar las leyes económicas a fin de desarrollar el proceso revolucionario.

NO HAY PARTICIPACIÓN SI NO HAY PLAN

Cuando se injerta en los mecanismos capitalistas tradicionales la intervención de autoridades que son opuestas a ellos, debe resolverse sin lugar a equívocos si van a conducirse de acuerdo a los procedimientos tradicionales en dichos mecanismos o si van a modificarlos. En el primer caso, lo que conseguirán será anarquizarlos en gran medida, perturbando la actividad económica. En el segundo caso, o sea, operando con los nuevos métodos, se manifestará la superioridad de éstos y se elevará la actividad económica.

Ciertos interventores de empresas que, al reemplazar a los anteriores gerentes capitalistas, se adaptan, de hecho, a sus procedimientos, revistiéndolos sólo de denominaciones y propósitos diferentes, son como un cochero que pretendiera dirigir un camión con las riendas, la huasca y los silbidos. Lo cierto es que de nada les servirá recurrir ni siquiera a las escuelas. Deben resignarse a entender que manejan algo cualitativamente diferente. La empresa en manos de los gerentes capitalistas se rige por la dictadura burguesa, mientras que la misma empresa, al incorporarse al área social de la economía bajo el Gobierno Popular, tiene que responder a una disciplina democrática, rigurosa, pero consciente.

Los gerentes capitalistas se proponen, sistemáticamente, ocultar a los trabajadores las cifras concretas de producción y las condiciones financieras. Eso les parece indispensable para facilitar su explotación. A la inversa, el paso de una empresa al área social o al área mixta de la economía tiene que notarse, porque todos los datos se colocan, limpiamente, a disposición de los trabajadores, a fin de que sepan a qué atenerse. Pero proceden muy mal los que, orientándose en el fondo por el mismo afán de misterio de los gerentes capitalistas y con desprecio por las masas, pretenden reemplazar los planes científicos de producción por chapucerías, como son las cifras improvisadas de metas que se indican sin examinar las disponibilidades de materias primas, las materias auxiliares, los combustibles, las necesidades del mercado y, a veces, ni siquiera la real capacidad instalada y sin ningún debate previo en que se escuchen las sugerencias de los trabajadores. Es evidente que las divagaciones de ese tipo, aunque contengan cifras y se denominen pomposamente "planes", no pasan de ser algo así como plan-ficciones y no expresan cambios auténticos en la dirección de clase.

Cuando se sigue operando al viejo estilo, los obreros no experimentan cambios reales en su ubicación en las empresas, no se "sienten liberados sino de una manera abstracta y poco comprensible y, por lo mismo, tienden a continuar planteando, también, sus reivindicaciones de la manera tradicional, a través de los pliegos de peticiones meramente economicistas, de las huelgas y, en general, de las luchas que manifiestan su antagonismo con la administración.

En tales circunstancias, la actitud de los comunistas de encarar las reivindicaciones de una manera diferente, si no encuentra asidero en las relaciones reales entre administradores y trabajadores, puede no ser entendida por muchos obreros, empleados y técnicos y llega, a veces, a aislar momentáneamente a nuestros compañeros, separándolos de algunos sectores de las masas. Por lo tanto, se hace indispensable que, en vez de idealizar la situación, las células y los comités de empresa del Partido tengan debidamente en cuenta cuando la mala dirección económica, ejercida en forma burocrática y tradicional, y manifestada en arbitrariedades, impide desarrollar los nuevos cauces en que la producción se conjugue con la satisfacción de las reivindicaciones de los trabajadores, frente a lo cual no puede impedirse que éstos traten de conquistar dichas reivindicaciones enfrentándose, igual que antes, con los responsables de la dirección de la empresa y con un Estado que se les presenta como el sucesor del viejo patrón. Sin caer en las posiciones oportunistas de los que lanzan el tejo pasado, los comunistas deben sostener las reivindicaciones de los trabajadores, en lucha contra los defectos y por una auténtica participación.

Si no se aprecian debidamente estas realidades, penosas pero efectivas, se corre el riesgo de que muchos trabajadores no comprendan la política de los comunistas y suelan suponer que obedecería a propósitos oportunistas, derivados de estar participando en el Gobierno. El peligro de que la vanguardia se aísle de las masas de la clase revolucionaria amenazaría, entonces, con socavar todo el proceso.

Otro tanto hay que decir sobre las frustraciones que derivan del funcionamiento de los organismos de participación de determinadas empresas como comisiones decorativas, sin un poder real. Con mayor razón cuando ciertos administradores pretenden que estos organismos de participación y los sindicatos se encarguen sólo de tareas de fiscalización del proceso productivo que antes correspondían a los capataces con la colaboración de los elementos amarillos. Barbaridades que denotan incomprensiones tan supinas del verdadero carácter de la participación, echan agua al molino de la desconfianza y dan pábulo para que se dé oído a las intrigas de los agentes del enemigo de clase.

La existencia de estas deformaciones tiene que enfrentarse resueltamente. Los comunistas no pueden cruzarse de brazos ante ellas. La verdad es que para una efectiva participación se hace indispensable que existan planes económicos rigurosos, y se vinculen orgánicamente la producción y los salarios y demás beneficios sociales. Es tarea de los comunistas de cada empresa esclarecerlo ante los aliados, unir a los militantes de la Unidad Popular y, con la masa de los trabajadores, luchar hasta conseguir que el Programa Básico de Gobierno se aplique incondicionalmente.

LA NACIÓN. Santiago Miércoles 7 de Junio de 1972

Parlamentarios DC:

POSICIÓN DEL PC ES JUSTA POSITIVA Y REALISTA
Juan Hamilton y Mariano Ruiz Esquide opinan sobre artículo del Diputado Orlando Millas publicado en "El Siglo"

EL DIARIO "La Nación", órgano oficial del gobierno, publicó entrevistas a personeros democristianos que aprobaron el artículo del dirigente comunista Orlando Millas.

CONVENIOS COLECTIVOS DE PRODUCCIÓN Y SALARIOS

La Conferencia Nacional del Partido realizada del 30 de septiembre al 3 de octubre del año pasado, en el llamamiento que aprobó, al convocar a "un esfuerzo supremo, trabajar cada vez mejor, ponerse en pie de guerra", indicando que "cada patriota tiene un puesto de responsabilidad en la lucha por la libertad y la independencia de Chile, por la defensa del Gobierno Popular, por el desarrollo de las transformaciones sociales dentro del Estado de Derecho, por la erradicación en nuestra patria del imperialismo y de la oligarquía", planteó como una de las tareas claves la de "hacer efectiva sin demora la participación de los trabajadores en la dirección de todas las empresas de las áreas social y mixta de la economía, en los servicios públicos y en las reparticiones del Estado".

En el Informe rendido a esa Conferencia, en nombre de la Comisión Política, expresamos: "Lo fundamental para que la sedición pierda su principal base de sustentación y se asegure el desarrollo democrático es resolver a favor del pueblo la pugna, con la oligarquía financiera, lo que exige conformar orgánicamente el sector social de la economía, delimitar su área a fin de evitar temores injustificados de los industriales medios y pequeños, y, dentro de los sectores social y mixto, romper los esquemas del antiguo funcionamiento de las empresas en las condiciones de la explotación capitalista y eliminar de raíz las formas burocráticas de dirección. De lo que se trata es de crear algo nuevo, en que todo funcione sobre la base de la participación democrática, con una férrea disciplina social de los trabajadores en el conjunto del proceso y en cada una de sus instancias, haciendo realidad la tesas del Programa Básico de la Unidad Popular de que "LAS TRANSFORMACIONES REVOLUCIONARIAS QUE EL PAÍS NECESITA SÓLO PODRÁN REALIZARSE SI EL PUEBLO CHILENO TOMA EN SUS MANOS EL PODER Y LO EJERCE REAL Y EFECTIVAMENTE". No está planteada una mera participación formal, sino establece una dirección eficiente, racionalizada, moderna y avanzada, en una palabra, una dirección revolucionaria del área social de la economía, con responsabilidades individuales, mandos eficaces, intervención democrática de los trabajadores en las decisiones generales, disciplina social y una nueva estructura del proceso mismo de trabajo, acorde con las nuevas relaciones de producción y de propiedad. Ello debe conducir, por ejemplo, a una conexión coherente, dinámica y directa entre la producción, la productividad, la rentabilidad de las empresas del área social, su entrega de excedentes y los salarios e incentivos materiales al trabajo. Como norma, toda empresa del área social deberá autofinanciarse y generar excedentes destinados al conjunto de la economía nacional y al Estado".

El 9 de febrero de este año dio a conocer la Unidad Popular la denominada "Declaración de El Arrayán", fruto de un prolongado análisis conjunto de la situación del país por todos los partidos que la integramos, con intervención del propio Presidente de la República. La "Declaración de El Arrayán" fijó la siguiente meta, obligatoria y que constituye un compromiso ante el pueblo de Chile: "Se necesita para el área social de la economía una dirección eficiente, una organización racional, un desarrollo planificado armónico y riguroso, una consideración de dicho plan desde la base y una administración que abra paso a la participación responsable de todos los estamentos de los trabajadores en todos los niveles y asegure mayores oportunidades a los técnicos que laboran en ella. Las empresas del área social, trabajando planificadamente, deben alcanzar niveles óptimos de productividad y rentabilidad".

El 15 de marzo último, exponiendo el pensamiento de la Comisión Política en el Informe a la Sesión Plenaria de esta fecha del Comité Central de nuestro Partido, dijimos: "La batalla de la producción no es tal sin planes concretos, metas precisas y una auténtica participación de los trabajadores. Cuando hablamos de planes, no nos referimos a los Cálculos de supuestos y la formulación de previsiones en los términos acostumbrados en las condiciones del capitalismo. Proponemos planes que comprendan tareas determinadas, cuantificadas en forma estricta, respecto de la producción, la comercialización, las inversiones, las finanzas, la mano de obra, la productividad del trabajo, el promedio de remuneraciones, las exportaciones, las importaciones, las medidas de alcances sociales y culturales y la destinación de los excedentes. Sin planes de esa especie, no se puede concebir una estabilización que promueva el aumento de la productividad y asegure la rentabilidad de las empresas del área social. Formular y cumplir estos planes no puede concebirse como algo burocrático, sino como un proceso de elaboración en que los índices orientadores, preparados con criterio científico, sean la base para decisiones adoptadas con la más amplia participación de los trabajadores y distribuidas sección por sección y mes a mes, de modo que las tareas sean comprensibles para todo obrero y técnico y se fiscalicen por ellos mismos. Los Consejos de Administración debieran rendir cuentas mensuales a las asambleas de los trabajadores sobre la marcha de los planes. En lugar de la antigua dictadura de los patrones en las fábricas y del sistema consiguiente de pliegos de peticiones, hay que abrir paso en el área social y en la mixta a convenios democráticos de planes de producción y de remuneraciones, en que participen los sindicatos como expresión de la clase obrera en su nuevo papel de fuerza dirigente del país, con responsabilidad revolucionaria y patriótica. La anarquía capitalista, el manejo voluntarista de las empresas del área social por buenos o malos interventores o gerentes, el mantenimiento de los viejos sistemas de administración, son fuentes de compadrazgos, de amiguismos, de proselitismos sectarios, de cuoteos y parcelaciones, de derroches y de ineficiencias. Nada de eso se resuelve con organismos burocráticos, como el "Comité Sectorial Textil", cuya incapacidad se puso una vez más de manifiesto al no saber programar siquiera el abastecimiento oportuno de uniformes escolares. Además, la subsistencia de las viejas prácticas en las empresas desalienta a los obreros revolucionarios y crea el caldo de cultivo favorable para que proliferen las tendencias de un economicismo oportunista y la demagogia de los caudillos de ultra-derecha y de ultraizquierda".

Con alarma, debemos observar que hasta la fecha no se ha conseguido que estas formulaciones, tanto las de la Unidad Popular en su conjuntó como las coincidentes de nuestro Partido, se apliquen consecuentemente en las nuevas empresas incorporadas al área social y en las antiguas, como Ferrocarriles del Estado, LAN, Empresa Portuaria, Empresa Marítima, ETC, IANSA, ENDESA, Chilectra, C. A. P., ENAMI, Empresa Nacional del Petróleo y todas las filiales de la CORFO.

La participación revolucionaria, a diferencia de la participación reformista, tiene que manifestarse en toda la línea, comenzando por modificar los reglamentos de fábricas, de talleres o de minas, derogando los anteriores y confeccionando otros con el acuerdo democrático de los trabajadores. La disciplina basada en la explotación capitalista hay que reemplazarla por una disciplina consciente, revolucionaria, colectiva.

Una participación revolucionaria es real si opera en el terreno, antes que todo, de los convenios de producción y de salarios, basados estrictamente en un plan económico realista, que se proponga metas muy claras de aumento de la productividad y de reproducción ampliada, que haya sido discutido sección por sección, que se elabore democráticamente y que comprometa a cada obrero, empleado y técnico. Todo trabajador debe saber lo que va a hacer y cómo va en la parada, adquiriendo conciencia de las diferentes rentabilidades de las empresas y que ellas no son entes aislados sino partes de un conjunto nacional y entendiendo, con hechos, que ahora es integrante de la dirección de la sociedad y no un explotado. Eso no depende de los discursos de los personeros del Gobierno o de los interventores, sino de que exista un plan para el cual se le consultase oportunamente, un convenio de producción y salarios aprobado en votación secreta, organismos de administración que hayan contribuido a integrar cifras diarias de rendimiento sujetas a su examen y asambleas mensuales en que fiscalice lo que se está haciendo, su aporte y sus beneficios. Así llega a respaldar con convencimiento la necesidad de las jerarquías, de la dirección democrática central, de la disciplina y de las responsabilidades individuales de los ministros, directores de servicios, gerentes, interventores, administradores y jefes de secciones.

LA MAYOR REPRESENTATIVIDAD LA TIENE EL SINDICATO

El proceso será revolucionario y, por lo tanto, será a la vez irreversible, únicamente si cada obrero interviene en él como miembro de la clase que asume la dirección de la sociedad y lo experimenta en carne propia, en su nuevo sistema de salarios, en su participación real, en una democratización del sistema de trabajo que rompa implacablemente las trabas burocráticas y sectarias y los resabios gerenciales.

Uno de los grandes temas de tal participación es el de los excedentes y su distribución para incrementar el fondo de salarios, financiar las inversiones y aportar a los gastos generales del Estado. Son contrarrevolucionarios los criterios oportunistas según los cuales podría tolerarse que no hubiese excedentes y que empresas del área social se conviertan en cargas onerosas para la sociedad. Ello implica que los excedentes, que antes acrecentaban las rentas de Nos capitalistas, ahora sean quemados en aras de la ineficiencia, de la insensibilidad pequeñoburguesa y de múltiples formas de corrupción burguesa. Cualquier grado de conciliación con esos vicios conduce a que se sacrifique al conjunto de la clase obrera y del pueblo, porque la no entrega de excedentes de las empresas que son fundamentales en la economía nacional se traduce en falta de recursos para viviendas, urbanización, salud, educación, cultura, seguridad y demás necesidades colectivas, además de estagnar el desarrollo de las propias actividades productivas, junto con promover la inflación monetaria. Al respecto, la ley suprema está indicada en el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, que dispone perentoriamente: "Tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad monetaria. La lucha contra la inflación se decide esencialmente con los cambios estructurales enunciados. Debe, además, incluir medidas que adecúen el flujo de circulante a las reales necesidades del mercado, controlen y redistribuyan el crédito y eviten la usura en el comercio del dinero, racionalicen la distribución y el comercio, estabilicen los precios, impidan que la estructura de la demanda proveniente de las altas rentas incentive el alza de los precios. La garantía del cumplimiento de estos objetivos reside en el control por el pueblo organizado del poder político y económico, expresado en el área estatal de la economía y en la planificación general de ésta. Es este poder popular el que asegurará el cumplimiento de las tareas señaladas".

Creemos que ha planteado en sus justos términos este asunto el editorial del número 14, correspondiente a octubre de 1971, de la revista Finanzas Públicas, publicada por la Dirección de Presupuesto, al vincular el carácter que asuman la construcción de bases para el socialismo y la organización política, social y cultural del país,- al uso que hoy hagamos del excedente y sostener: "El curso futuro del proceso de cambios que vive el país y las características específicas y concretas que asuma el socialismo chileno estarán, de acuerdo a estas consideraciones, estrechamente vinculadas al nivel, composición, formas de apropiación y utilización del excedente económico".

De otro lado, si el área social pasó ya a ser decisiva en la economía nacional y está acompañada por una amplia e importante área mixta, asume una nueva dimensión la participación obrera en el área privada. En otras condiciones, bajo la dominación del aparato estatal por la oligarquía financiera y las empresas imperialistas, en dicha participación podían prevalecer los peligros de incurrir en colaboración de clases, atentando contra la independencia del proletariado. Hoy estamos ante una realidad diferente y tenemos la obligación, en las nuevas circunstancias, de no ponerle cortapisas tampoco a esa participación, sino desarrollarla, reconsiderando nuestros criterios de acuerdo a los intereses permanentes de la clase obrera y al desenvolvimiento de la revolución chilena.

En todas las áreas de la economía, los instrumentos naturales y normales de la representación de los trabajadores y, por lo tanto, de la participación, son históricamente, los sindicatos. Eso corresponde, aún con mayor razón en un país como Chile, que cuenta con tan ricas tradiciones de unidad sindical.

Una de las dificultades con que ha tropezado hasta ahora la participación deriva de que los mecanismos contemplados en el Convenio CUT-Gobierno consideran por separado la actividad de los sindicatos y de los organismos de la participación propiamente tal. De ello han partido, en la práctica, determinados conflictos y diferencias artificiales y, a veces, hasta cierto grado de antagonismos entre los dirigentes sindicales y los trabajadores elegidos para integrar Consejos de Administración.

Algunos antiguos cuadros sindicales suelen tender, por inclinación proveniente de su anterior experiencia en la lucha de clases, a darle a la participación un estilo más bien reivindicacionista estrecho y economicista. Esto no puede sorprendernos; corresponde a una realidad objetiva y sólo se podrá corregir en la medida en que esos dirigentes sindicales se adentran, también, en los problemas de la producción y en todas las nuevas tareas de la clase obrera.

No es posible corregir de una plumada la dualidad entre los sindicatos y los organismos de participación. En la práctica, el asunto presenta más de un tropiezo y es complejo. En todo caso, los comunistas debemos orientarnos a que haya una representación unitaria de los trabajadores y los sindicatos desempeñen un rol superior.

El asunto es que la clase obrera llegue a ser dueña de los medios de producción y deje, por lo tanto, de ser explotada. Ello sólo es posible, en las condiciones de la lucha de clases contemporánea, mediante la propiedad estatal de los medios de producción fundamentales, sobre la base de un Estado de nuevo tipo, al servicio del pueblo, o sea, plenamente democrático y socialista. Lenin advirtió sobre la necesidad imperiosa, en un proceso de esta especie, de la coordinación y de la planificación, así como de la centralización nacional de la dirección operativa económica. La quimera anarquista de una propiedad directa de las fábricas, las minas y los bancos asumida por los trabajadores de cada empresa, por consejos obreros o por consejos o congreso de productores, se transformó hace tiempo, en cualquier país, en una consigna revisionista de Derecha enarbolada por sectores oportunistas contra el socialismo, especialmente cuando la revolución científico-técnica y la escala actual del desarrollo de la producción la convierte, de más en más, en un absurdo. Por lo mismo, las formas cooperativas de propiedad, las empresas mixtas, el área privada de propiedad capitalista y aquella otra área privada integrada por "empresas de trabajadores", sólo caben, en la transición al socialismo, como esferas importantes, pero complementarias. Ello exige que el área social de propiedad estatal, constituida en el motor de la economía, se desenvuelva planificadamente y con una real participación de los trabajadores, adquiriendo su propio dinamismo, que requiere suscitar el entusiasmo, las iniciativas y la emulación de las masas. En Chile ya comienza a manifestarse esa nueva actitud. Lo demuestran las proezas de la juventud en los trabajos de verano, las jornadas de trabajo voluntario y el trabajo voluntario en las empresas del área social, en algunos servicios públicos y en innumerables poblaciones, como igualmente, las iniciativas creadoras que se observan en Textil Progreso y en otras partes.

LAS ALIANZAS DE CLASES

Chile se ha dado un Gobierno Popular correspondiente a una democracia avanzada que asegura condiciones favorables a la lucha por el socialismo. En esta democracia avanzada y con este Gobierno Popular, para que la clase obrera desempeñe su papel revolucionario se requiere una política certera, muy clara y movilizadora, de alianzas suyas Con las masas populares de la ciudad y del campo y con la pequeño burguesía y la burguesía pequeña y media, para aislar al imperialismo, a los terratenientes y a la oligarquía financiera.

El Gobierno Popular es la resultante de la política patriótica de vinculación del proceso revolucionario con el desarrollo democrático, en el curso de cuya aplicación la clase obrera, guiándose por las enseñanzas del leninismo, tomó en sus manos las reivindicaciones legítimas de todas las clases y capas sociales antimperialistas y antioligárquicas. Los enemigos tienen presente que esta correlación les perjudica y, por eso, se proponen reducir la base social de sustentación del Gobierno Popular y aislar a la clase obrera. Aprovechan cualquiera concesión al oportunismo ultraizquierdista, hacen resaltar la fraseología revolucionaria revestida de formulaciones antidemocráticas, sacan dividendo de todo lo que indique en los hechos a algún desprecio de gente de izquierda por los problemas reales de las masas populares de la ciudad o del campo, se interesan por el socavamiento de la autoridad gubernativa, se refocilan con las tomas indiscriminadas que atentan contra los derechos de los pequeños y medianos propietarios, arman escándalo con las arbitrariedades en que incurren a veces unos u otros funcionarios. Todas estas trasgresiones al Programa de la Unidad Popular ayudan a los contrarrevolucionarios a la formación de una plataforma con alcances de masas para el fascismo. (Subrayado de PF).

Se han considerado ampliamente en el seno de la Unidad Popular las consecuencias de estos defectos de conducción y de la tolerancia con el oportunismo en algunos niveles de la aplicación de la reforma agraria. Mientras inmensos latifundios, como el de Guailah en Lonquimay, siguen en pie, constantemente se afectan pequeños predios. Los campesinos se indignan por el derroche de recursos fiscales en algunos servicios agropecuarios, que ocurre a pesar que se desatienden sus problemas y la producción. Los acuerdos adoptados sobre reestructuración del sector público agrícola, se proponen una corrección rápida cuya orientación fundamental debe ser que se hagan las cosas con los campesinos, enfocando la reforma agraria con el criterio de alianza obrero-campesina. En cuanto a los sectores no afectados por la actual etapa de la reforma agraria, debe llegarse con ellos a acuerdos concretos de producción, asegurando su estabilidad y ascenso económico en condiciones que a la vez, garanticen los derechos de los asalariados agrícolas y de los inquilinos, medieros, arrendatarios y chacareros. (Subrayado de PP).

Lamentablemente, la indisciplina y el voluntarismo con que en materia agraria se ha trasgredido el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, enajenándonos los ánimos de grandes masas de campesinos y de los agricultores medios, también se observan respecto de la industria y del comercio. Esto brinda a los monopolistas el apoyo da una gran masa de burguesía pequeña y media y hasta de un amplio porcentaje de la pequeño burguesía e, incluso, de empleados y funcionarios o profesionales, médicos, abogados e ingenieros. La confusión existente en algunos rangos de los propios personeros del Gobierno sobre las áreas de la economía, tiene efectos perniciosos. (Subrayado de PP).

El Programa Básico de Gobierno precisa que el área de propiedad social sólo se constituirá con las siguientes actividades: "1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral; 2) el sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros; 3) el comercio exterior; 4) las grandes empresas y monopolios de distribución; 5) los monopolios industriales estratégicos; 6) en general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica, el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel".. Las tomas de pequeñas y medianas industrias y últimamente en Valparaíso, hasta de un restaurante, así como de granjas avícolas y otros establecimientos de pequeño volumen, con el planteamiento de su "estatización", ha sido una ayuda inmensa a la defensa de los intereses de algunos grandes monopolios que hasta ahora permanecen inmunes.

Sergio Ramos formula una observación muy certera, en su libro "Chile, ¿una economía en transición?", al señalar: "En una economía como la chilena, en que existe un número tan elevado de pequeños y medianos productores capitalistas, sometidos a la explotación y dominación de los grandes monopolios, se generan al menos dos condiciones muy importantes de tenar en cuenta: en primer lugar, desde el punto de vista de sus intereses objetivos en cuanto capitalistas, la eliminación de la concentración monopólica privada y la creación de un nuevo dinamismo del crecimiento económico, les abre condiciones nuevas mucho más favorables para su acción, toda vez que uno de los objetivos centrales del nuevo sistema deberá ser la elevación rápida y permanente de la producción y de la productividad. En segundo lugar, desde el punto de vista más general de la economía en su conjunto, la nueva articulación de la producción y la distribución en torno a un sector estatal dominante y las necesidades de elevar el ritmo de crecimiento económico necesitan la mantención de la operación del sector privado de la economía, cuya vastedad y complejidad no es posible reemplazar bruscamente por empresas socializadas (con todos sus requisitos de cuadros técnicos, organización nueva de la producción, etc.), tanto más cuanto que el desarrollo del proceso productivo en esos sectores es insuficiente para asegurar una socialización efectiva de ellos".

A la clase obrera le interesa vitalmente contar con aliados en escala social. Su hegemonía no puede concebirse si permite que se la aísle. Han causado un mal tremendo los que, con apresuramiento oportunista, han estimado más fácil proponerse la incorporación sin ton ni son y a la guerrucha de cualquiera empresa al área social, en vez de sostener una acción sindical, social, política, económica y administrativa coordinada y eficiente que asegure los derechos de los trabajadores, atienda sus reivindicaciones y gane a los empresarios para desarrollar la producción, constriñendo las actividades especulativas y de sabotaje.

En un artículo escrito en marzo de 1971 con el título: "El proceso revolucionario chileno y la violencia física", que publicó en la edición de abril de este año en la Revista de la Universidad Técnica del Estado, acotaba Joan Garcés: "No son los ex banqueros o ex grandes industriales los que saldrán a la calle a enfrentar al Gobierno Popular. Se trata, precisamente, de aislarlos para que no logren hacer salir en su defensa a los pequeños comerciantes, empleados o agricultores pequeños". Y, en otra parte del mismo artículo, hacía presente la magnitud de este peligro, explicando: "Esta pequeña burguesía, castigada por un régimen capitalista frustrado en su dinámica, en otras circunstancias históricas ha sido la base de apoyo de los movimientos fascistas. En Chile, por el contrario, la configuración social y política en virtud de la cual ha llegado al poder la Unidad Popular ha tenido por resultado que no se encuentran reunidos los factores que pudieran propiciar el surgimiento de tendencias fascistas en la pequeña burguesía". ¿Pudiera hoy decirse exactamente lo mismo?

El método más eficaz de que han dispuesto los imperialistas y los monopolistas internos y terratenientes para socavar en Chile las posiciones de la clase obrera y del Gobierno Popular ha consistido en alentar toda manifestación de política ultraizquierdista. Por esta vía se proponen el aislamiento de la clase obrera; pero, no sólo eso, sino además, destruirla internamente. En el artículo citado de Joan Garcés, recordaba ese autor una experiencia histórica dramática: "Piénsese sólo por un momento, en qué medida contribuyó a la impotencia e ineficacia del Gobierno republicano español el hecho de que tuviese a más de dos millones de trabajadores tras las banderas anarquistas, en una situación de disidencia y escepticismo respecto de la política del Gobierno, que ayudó a debilitarlo decisivamente cuando debió hacer frente a la insurrección armada de la contrarrevolución". Y, ¿no es ésta la misma esperanza que deposita la contrarrevolución chilena en la difusión por la ultraizquierda del veneno anticomunista?

AFIANZAR UNA AUTORIDAD REVOLUCIONARIA

La invariable línea de clase con que Lenin enfocó siempre todos los asuntos lo hizo denunciar constantemente el enlace de las posiciones anarquistas y ultraizquierdistas con las posiciones oportunistas. Ya en 1905, en su obra Dos Tácticas de la Socialdemocracia en la Revolución Democrática, al rebatir la tesis de los mencheviques que se oponían a una posible participación del partido obrero en un gobierno provisional que surgiese de la caída del zarismo, hizo ver que, bajo la apariencia de un purismo doctrinarista, de una preocupación por no contaminarse con la burguesía y de un afán de reservarse para las tareas socialistas, haciendo concesiones a la fraseología anarquista, los oportunistas trataban en verdad de dejar libre el campo a los políticos burgueses. Lo expresó en estos términos: "He aquí el quid de la cuestión. He aquí donde las ideas anarquistas se entretejen (como les ocurre continuamente también a los bernsteinianos de Europa occidental) con el más puro oportunismo". No es de extrañar que. de nuevo, en nuestra experiencia, ciertos círculos burgueses con prejuicios respecto de los comunistas den apoyo logístico al MIR, lo apoyen en múltiples formas, le faciliten publicidad y le otorguen padrinazgo, como se ha observado característicamente, por ejemplo, en Concepción.

En los años de lucha por el poder soviético y por su defensa, Lenin jamás condescendió con las declamaciones de los que ven en cada batalla política "la lucha final". Con realismo descarnado, encaró siempre las dificultades tal como se presentaban, para superarlas salvando el proceso revolucionario. Es así como en 1921 formuló la Nueva Política Económica. En su informe sobre La N.E.P. y los objetivos de la educación política, el 19 de octubre de 1921, ante el 2º Congreso de los organismos de educación política de Rusia, la explicó en los siguientes términos: "Y, en realidad, nuestra nueva política económica tiene su raíz en el hecho de haber sufrido una derrota en este punto; ahora nos dedicaremos a organizar un retroceso estratégico como quien dice: mientras no nos hayan vencido definitivamente, retrocedamos y reconstruyamos todo de nuevo, pero con mayor solidez. A los comunistas no nos puede caber la menor duda de que hemos sufrido una derrota muy dura en el frente económico; no podemos dudarlo, ya que planteamos conscientemente la cuestión de una política económica nueva. Y desde luego, es inevitable que ciertas personas se dejen dominar aquí por un estado de ánimo "depresivo, casi de pánico, con motivo del retroceso. Es algo que no se puede evitar. Este período de pánico lo sufrió también alguna gente cada vez que el victorioso Ejército Rojo tuvo que retroceder ante el enemigo en uno u otro frente. Pero siempre ocurrió —en el frente de Kolchak, como en el de Denikin, Ludénich, Wrangel y en el polaco—, siempre ocurrió que después de una buena paliza, y a veces de más de una, justificáramos el refrán: "Un escarmentado vale por dos. Después de las palizas comenzábamos a avanzar lenta, sistemática y prudentemente".

En ese mismo trabajo, Lenin subrayó que los éxitos económicos requieren disciplina. Recomendó: "Discute, pero gobierna sin la menor vacilación; y gobierna con mayor firmeza de lo que lo hizo el capitalista antes que tú. De lo contrario, no podrás derrotarlo. Recuerda que es necesario gobernar con mayor firmeza y rigor que antes". Insistió: "En esto no hay elección posible ni puede haberla; tampoco tiene que existir sentimentalismo de ninguna clase. El sentimentalismo en la guerra es un crimen no menor que el egoísmo. Quien en estos momentos olvida la disciplina y el orden, deja que el enemigo entre en su medio". Exigió que, en vez de explicaciones, se obtuvieran resultados económicos palpables: "En su oportunidad los manifiestos, decretos y declaraciones fueron necesarios. Ya son suficientes. En su momento estas cosas fueron indispensables, para explicar al pueblo qué cosas nuevas e insólitas queríamos edificar y cómo hacerlo. ¿Pero es posible que prosigamos explicándole qué queremos edificar? ¡No, no es posible! En tal caso, el obrero más simple se burlaría de nosotros. Y nos diría: "Basta de explicar cómo quieres edificar: demuéstranos en la práctica cómo sabes hacerlo. ¡Y si no lo sabes, nuestros caminos son diferentes; vete al diablo!". Y tendría razón".

Nuestra situación es diferente a la que vivía la Unión Soviética en 1921, cuando Lenin, en un golpe de timón, consideró que lo primordial era defender el gobierno soviético y sostener el poder obrero y campesino, por lo cual aplicó la NEP. Sería absurdo comparar circunstancias históricas tan disímiles como esa y la del Chile de 1972. Incurriríamos en una torpeza si copiásemos las medidas correspondientes a condiciones muy diversas. Pero, la actitud leninista es fuente de profundas lecciones, por sobre las modalidades distintas.

Lo característico de la coyuntura de hoy en nuestra experiencia es que la correlación de fuerzas ha sido afectada, en contra de la clase obrera y del gobierno popular, por errores políticos y económicos que podemos resumir diciendo que constituyen trasgresiones al programa de la Unidad Popular. Cabe, entonces, poner el acento en la defensa del Gobierno Popular, en su mantenimiento y en la continuidad de su obra. Sería funesto seguir ampliando el número de los enemigos y, por el contrario, deberán hacerse concesiones y, al menos, neutralizar a algunas capas y determinados grupos sociales, enmendando desaciertos tácticos. (Subrayado de PF).

En estas condiciones, en nada ayuda al proceso revolucionario poner el acento en el anuncio de lo que haremos en el futuro cuando haya condiciones más desarrolladas. Esos son asuntos que, en su momento, deberán estudiarse mejor y abordarse adecuadamente. No obstante, ahora pueden contribuir a que despierten suspicacias, incomprensiones y resistencias innecesarias. Antes que bosquejar la etapa siguiente a la actual de la reforma agraria o de hacer poner las barbas en remojo a nuevas empresas capitalistas, lo que procede, en primer término es aprovechar la incorporación al área reformada del 45% ó 50% de la tierra, el inmenso poder económico de la gran minería del cobre y del acero, la irradiación financiera de la banca estatizada y de las empresas ya expropiadas o intervenidas y los resortes de que dispone el Gobierno, para establecer una real dirección obrera y popular de todo esto, que se traduzca en una autoridad efectiva, bien ejercida, eficiente y creadora, de auténtica proyección revolucionaria. Sobre esta base, podemos y debemos completar la reforma agraria en los términos de la ley vigente e igualmente completar la constitución del área social de la economía en los marcos del Programa Básico de Gobierno, o sea, respecto de las grandes empresas de importancia estratégica. Ello requiere aislar a los sediciosos, afianzar el Gobierno, consolidar su obra y modificar en su favor la correlación de fuerzas. (Subrayado de PF).

En las alianzas de clases del proletariado, una importancia decisiva reviste, así como la unidad de la clase obrera con las masas populares rurales, o sea, la alianza 'obrero-campesina, la unidad de la clase obrera con las masas populares urbanas. Su expresión más relevante se manifiesta, orgánicamente, en las poblaciones populares, a través de las Juntas de Vecinos, y, con ellas, de las luchas de los pobladores. Se necesita ir mucho más adelantado en la articulación de un sistema de entrega de atribuciones a las Municipalidades y a las Juntas de Vecinos como órganos de poder popular en sus jurisdicciones y como bases de las Asambleas Provinciales futuras. Los Centros de Madres son instituciones de masas que están llamadas a constituirse cada vez más en depositarías de la participación directa de la mujer dueña de casa y pobladora en general en la solución de los problemas colectivos. Se necesitan cambios muy profundos en la manera de Operar los servicios de vivienda y urbanismo, de manera que las reivindicaciones de las familias sin casa y de los pobladores, sean atendidas sin paternalismo, rompiendo las trabas burocráticas y a base de planes y convenios específicos con ellos. La Organización de masas todavía está en embrión, ya que aún en la mayoría de las comunas no se han formado las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos y de Centros de Madres y no se cuenta con las Federaciones Provinciales y menos con las Confederaciones Nacionales de dichas entidades. En su reemplazo, siguen pesando como verdaderas lápidas los viejos servicios burocráticos de estructura burguesa, que debieran reestructurarse de manera de transferir muchas de sus funciones habitacionales y relativas a las organizaciones femeninas, a las instituciones creadas por las propias masas populares. Hay que llevar allí el aire renovador de la revolución.

Una creación del movimiento popular que surge pujante son las Juntas de Abastecimientos y Precios, en que participan las Juntas de Vecinos, los Centros de Madres, los sindicatos de los respectivos sectores y los comerciantes minoristas, para asegurar la distribución oportuna de las mercaderías de primera necesidad, fiscalizar a los organismos estatales que realizan o dirigen la comercialización, descubrir los acaparamientos, controlar los precios y combatir toda manifestación de especulación y de agio.

La participación obrera y popular es la enjundia de un gobierno popular, auténticamente revolucionario. Hay que abrirle pasó en todos los terrenos, sistemáticamente, sin sectarismos ni exclusiones, hasta dar vuelta el sistema administrativo, de manera de aprovechar todo lo positivo de los antiguos servicios, pero reordenándolos y democratizándolos, elevando la personalidad de sus obreros y empleados, dándoles oportunidad de manifestar sus iniciativas creadoras, desmontando sin contemplaciones los privilegios y haciendo intervenir a los usuarios, al pueblo al que deben atender. Esta democratización no puede entenderse, porque sería suicida, desplazando de sus funciones directivas y de su responsabilidad técnica a los médicos en el ámbito de la Salud, a los maestros en el de la Educación o a los ingenieros y arquitectos en el de la Vivienda, etcétera, sino integrando de manera dinámica a los profesionales.

Quizás si la esfera en que el gobierno popular tiene que mostrar de manera más viva su carácter revolucionario es en el desarrollo de una política para la juventud, con plena confianza en ella.

De otro lado, la revolución tiene tareas culturales de una magnitud inmensa y sin abordar las cuales no pudría realizarse.

Lo decisivo, en todos los terrenos, es que la clase obrera vaya asumiendo, realmente y en forma orgánica, más y más funciones correspondientes a un papel dirigente de la economía y de la sociedad, a fin de que el proceso tome su orientación adecuada y siga profundizándose, como punto de partida para nuevos avances hacia el socialismo, perspectiva luminosa de nuestro pueblo.

Allí reside la clave del éxito del gobierno popular. Necesitamos que la clase obrera asuma, paso a paso, cada vez más, un papel dirigente efectivo, lo que no es posible sino sosteniendo el rumbo en los términos del Programa Básico de Gobierno y de las alianzas de clases que posibilitaron hacer Presidente de la República al compañero Salvador Allende.

Para que éste sea el rumbo, o sea, para que el movimiento popular no sufra derrotas sino que alcance éxitos, reviste suma importancia una conducción política homogénea, como la ha reclamado el Presidente Allende, y para la cual hay una base valiosa en los acuerdos de El Arrayán de la Unidad Popular. Uno de los pilares de tal conducción cohesionada tiene que ser el que obtengamos hacer más efectiva la unidad comunista-socialista, mediante un trabajo tesonero de entendimiento en la base y en la dirección. Todos los partidos aliados en la Unidad Popular tenemos la responsabilidad —el Partido Comunista junto Con los partidos Socialista, Radical, Mapu, Api, Socialdemócrata e Izquierda Cristiana— de dar nuestros aportes para que a una conducción política homogénea corresponda, en la misma medida, una dirección gubernativa igualmente homogénea, de equipo, con una sola línea central y de alta calidad, que dé la sensación de una autoridad fuerte y vinculada en todo a las masas.

ORLANDO MILLAS


Notas:

1. Ver textos de Lenin en PF Nº 150, págs. 16-17.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02