De las elecciones a las jornadas de El Arrayán

DOCUMENTOS
Suplemento de la edición Nº 152 de PUNTO FINAL
Martes 29 de febrero de 1972
Santiago - Chile

Puntos para un balance De las elecciones a las jornadas de El Arrayán

Por LUIS MAIRA

PUNTO FINAL solicitó al diputado y dirigente de la Izquierda Cristiana, Luis Maira Aguirre, un análisis del momento político.

Maira participó en las reuniones que la Unidad Popular celebró en El Arrayán y cuyas conclusiones también se insertan en estas páginas.

Colaborador habitual del diario "Clarín", Luis Maira ha tenido destacada participación en el estudio que la Unidad Popular viene efectuando sobre la posibilidad de que los partidos de esa coalición participen unidos en las elecciones parlamentarias de 1973.

PARECE evidente que el proceso electoral que culminó el domingo 16 de enero con dos triunfos de la derecha, ha producido una modificación en la situación política del país. En particular ha conmovido a la Izquierda, que inició una activa discusión para definir las rectificaciones que le permitieran retomar la iniciativa, recuperando el terreno perdido.

Este artículo intenta colocar algunos puntos básicos para realizar un balance de estos esfuerzos. Después de algunas semanas del suceso electoral los hechos se ven más claros y muchas tendencias contradictorias se decantan. Como consecuencia, ahora, resulta más posible evaluar los problemas centrales que dejara planteado el resultado de las elecciones extraordinarias.

LOS ASPECTOS ELECTORALES

Empecemos por una comprobación válida para la Unidad Popular. Las campañas para elegir un diputado y un senador tuvieron características bastante diferenciadas. En O'Higgins y Colchagua predominó el estilo que podríamos llamar "normal" en los trabajos de la izquierda: presencia exclusiva de las fuerzas que integran la Unidad Popular; lemas electorales encuadrados rigurosamente dentro del programa de gobierno de la UP; ausencia de conflictos sociales agudos en las ciudades o en el campo durante la campaña.

En Linares, en cambio, se hicieron presentes diversos factores nuevos: participación activa del MIR en los trabajos eleccionarios de la Unidad Popular; polémica pública en torno a la estrategia agraria y campesina contenida en la Declaración de Linares; empleo de tácticas orientadas a dividir electoralmente al PDC y a intentar volcar una parte de su electorado en favor de la candidata de izquierda.

¿Al final, qué? ... Sólo la comprobación de que pese a los factores tan diversos el balance resulta muy semejante. En O'Higgins y Colchagua, Héctor Olivares, cuyas dotes de buen candidato fueron reconocidas hasta por sus adversarios, convirtió los 74.448 votos de las elecciones de regidores de 1971, en 68.048; en Linares, María Eliana Mery vio descender la votación de la izquierda de 23.112 sufragios alcanzados en abril de 1971, a 21.165. De acuerdo a las matemáticas, en la elección de senadores se bajó la cifra municipal en un 4,3 por ciento del universo electoral de esa oportunidad, mientras en Linares el descenso llegó a 4 por ciento.

Como lo afirmara un alto personero de la Izquierda con ocasión de los comentarios post-electorales: "En ambas elecciones —con MIR o sin MIR— se experimentó un descenso del mismo orden". Esta circunstancia objetiva, trasladó la búsqueda de la explicación del deterioro que reflejaron las cifras finales de O'Higgins, Colchagua y Linares de los factores locales a las estrategias económicas y políticas de carácter nacional, las únicas capaces de influir de un modo constante en circunstancias tan disímiles, igualmente exigió de los dirigentes de la UP discurrir de un modo sistemático y creador en la búsqueda de correctivos de fondo, sustanciales.

Ese, precisamente, ha sido el trabajo de las reuniones de El Arrayán.

LA VERDAD ACERCA DEL ELECTORADO DEMOCRATACRISTIANO

Los resultados de las elecciones del 16 de enero sirvieron también para despejar varias incógnitas y destruir muchos mitos. Entre los mitos que las victorias derechistas sepultaron para siempre, el más significativo nos parece el de "la rebelión popular de las bases demócratacristianas"; según esta "leyenda" los militantes de extracción popular de la Democracia Cristiana se definían todos en función de sus intereses de clase, pero tenían la desgracia de encontrarse dirigidos por unos cuantos líderes de la "derecha freísta" que les imponían conductas que'ellos no deseaban; esto hacía presumible y casi seguro que en el momento en que los compromisos y renuncios doctrinarios de la directiva DC adquirieran un tono mayor, la rebeldía sería incontenible".

La verdad demostró ser otra muy distinta y más simple.

Los trabajadores demócratacristianos pueden ser tratados en su doble calidad de integrantes de una clase social o de militantes de un partido político. Es cuestión de elegir. Si la Unidad Popular junto con definir tareas para llevar adelante el proceso de transformaciones les presenta con claridad al verdadero enemigo configurado en los diferentes casos concretos por los inversionistas extranjeros o por los monopolistas y capitalistas criollos, es muy probable que el trabajador demócratacristiano —que se caracteriza simultáneamente por un bajo grado de conciencia política, un cierto "chauvinismo partidario" y una disposición general a que en Chile se produzcan cambios— no se muestre reacio a apoyar tal proyecto, especialmente si se le ofrece lcalmente participación dentro de él. En cambio, si se prefiere el camino de alinear a los chilenos, no de acuerdo a sus intereses reales sino a su militancia partidaria, reaccionará como militante enceguecido y estará dispuesto a pagar cualquier precio con tal de derrotar a quien le presentan como el enemigo del Partido.

En la práctica la Unidad Popular ha facilitado pocas veces lo primero y muchas lo segundo. ¿Consecuencia? Una rápida y progresiva derechización de las bases populares del PDC, que las lleva a rechazar y hasta considerar "sospechosos" a los dirigentes menos moderados y que le abona el terreno a las tendencias revanchistas y antizquierdistas que normalmente, en base al liderazgo de Eduardo Freí, han contado con mayoría dentro de la Democracia Cristiana. En ese cuadro, intentar halagos electorales de última hora, no produce ningún resultado; al contrario, sólo refuerza las tendencias espontáneas de esos conglomerados a los que todo un proceso ha hecho proclives a cualquier alianza —"hasta con el diablo"— porque su motivación esencial es derrotar a la UP, a la que hábilmente los dirigentes DC la desligan de los cambios de fondo y la asocian con sectarismo, persecución y otros temas similares.

Los resultados del 16 de enero, han demostrado que la votación demócratacristiana responde disciplinadamente y sin deserciones frente a cualquier pacto que sus dirigentes celebren con la derecha; esto es posible por el desarrollo de una tendencia que surge simultáneamente de ciertos errores de la izquierda y de la habilidad de la derecha —interna y externa al PDC— para ir preparando a los contingentes populares demócratacristianos para una política de corte fascista, en la que éstos constituirán "la masa" y a la que una dirección reaccionaria unificada determinará la línea a seguir.

Nos parece que cualquier estrategia futura que tenga el propósito de redefinir las relaciones con el PDC debe partir precisamente de esta consideración. Más que en los acuerdos superestructurales con los dirigentes de la DC o en el diálogo permanente con ellos, la clave de todo está en la presentación de clase que sea capaz de hacer la Unidad Popular de su propio programa. De otro modo, los llamados sólo constituirán una oportunidad para la mofa política que los dirigentes conservadores del PDC —y especialmente los de menor significación— aprovecharán en favor de su publicidad personal, como en el hecho ha ocurrido últimamente.

MUCHO APOYO PERO NO EL SUFICIENTE

Los resultados conseguidos por los candidatos de la Unidad Popular en O'Higgins, Colchagua y Linares, el pasado 16 de enero, muestran también al Gobierno del presidente Allende en una situación paradojal: de todos los gobiernos que Chile ha tenido en los últimos períodos, el actual es el que exhibe un mayor porcentaje de apoyo, luego de tres consultas electorales: Jorge Alessandri contó con un respaldo que, en promedio, apenes alcanzó a un 30 por ciento del país; Eduardo Frei tuvo en su mejor momento —la elección parlamentaria de 1965— un 42 por ciento, y debió gobernar con un apoyo medio del orden de 35 por ciento. El Gobierno de la Unidad Popular con Héctor Olivares y María Eliana Mery ha conseguido en tres provincias, que nadie discute que no son las más favorables para la izquierda, un porcentaje próximo al 45 por ciento, ¿Cuál es el valor de este apoyo? La respuesta tiene que ser, depende para qué; para hacer un gobierno tradicional y administrar el país es una cifra magnífica, insospechada, envidiable. En cambio, para desatar un proceso revolucionario destinado a cambiar la sociedad chilena y alterar definitivamente las estructuras de poder capitalistas y el predominio norteamericano, es un apoyo insuficiente. Para ese gran esfuerzo hace falta construir una alianza social que garantice un apoyo estable y mayoritario a las tareas emprendidas. Si se quiere traducir esta exigencia en términos electorales, se trata de tener más del 50 por ciento de los chilenos en favor del proceso socialista y de ir progresivamente disipando los temores, explicando las dudas y mostrando los beneficios que la nueva economía proporciona a nuevos contingentes de trabajadores.

Esto último es lo que la Unidad Popular no consigue, como lo vuelven a demostrar los resultados del 16 de enero. Anímicamente los dirigentes y militantes de la Unidad Popular son golpeados por las cifras obtenidas y entonces la tendencia normal de sus primeros razonamientos se orienta a la búsqueda de "la causa" de la derrota, en circunstancias de que los actos electorales no se explican por ellos mismos, son como fotografías instantáneas que muestran simplemente la realidad de la correlación de fuerzas de un determinado momento, en forma tal que para corregir sus tendencias no hay que descubrir razones electorales, sino razones políticas más profundas y permanentes. En ello sólo ayuda el análisis ideológico y el estudio científico de la situación; de muy poco sirven las intuiciones y los "pálpitos personales".

Por fortuna esto ha sido adecuadamente entendido y tras las primeras reacciones post-electorales, muy explicablemente cargadas de una cierta emocionalidad, se inició un ordenado proceso autocrítico, cuyo centro estuvo primero en los partidos y luego en la reunión del Comité Político de la Unidad Popular.

LAS GRANDES INTERROGANTES

La primera parte del análisis estuvo orientada a definir los problemas; siguiendo un camino lógico se trató de describir los aspectos deficientes de la conducta de la Unidad Popular para luego irlos resolviendo; al mismo tiempo se trataba de ordenar las cuestiones de fondo de la próxima etapa.

La discusión sostenida por los partidos y organizaciones de la Up y las declaraciones puolicas de sus dirigentes fueron estructurando claramente estas decisivas interrogantes:

—¿Qué sectores se deben ganar para afianzar el proceso de cambios en Chiie?

—¿Qué métodos se pueden emplear para ello y qué precio se está dispuesto a pagar para contar con estos apoyos? 

—¿Qué política debe poner en práctica la Unidad Popular para ganar significativamente la confianza de la mujer y la juventud?

—¿Qué actitud debe tener la UP frente al Partido Demócrata Cristiano?

—¿Cuál, por su parte, frente al Movimiento de Izquierda Revolucionaria?

—¿Debe haber o no una política especial frente a los sectores medios?

—¿Cómo se enfrentará la mayor agresividad de la oposición y el hecho evidente del liderazgo dentro de ella de los sectores más audaces y antidemocráticos?

—¿Qué actitud debe asumir ei Gobierno frente al Congreso, cuando éste en los hechos atropella la Constitución e intenta llevar al país de regreso al parlamentarismo?

—¿Cómo debe estructurarse, tanto en su nivel directivo como de base, la Unidad Popular para recuperar un papel animador de la acción revolucionaria?

—¿Debe o no buscarse, dentro de las disposiciones legales vigentes, la creación de una fuerza política unitaria de toda la izquierda que le permita reflejar mejor a la UP su verdadero poderío?

—¿Qué mecanismos concretos se emplearán para desterrar definitivamente el sectarismo y la ineficiencia en la acción de las fuerzas de izquierda?

—¿Cuál debe ser el plan económico para 1972 y de qué modo se puede desatar en su cumplimiento una real y efectiva participación popular que transfiera poder a las organizaciones de los trabajadores?

Tal fue el temario de El Arrayán y en términos más amplios "el orden del día" de la reflexión de todos los sectores interesados en afianzar la revolución chilena. Hoy con más claridad que nunca se sabe que de la resolución acertada de estas cuestiones depende la suerte del proceso.

LOS ASUNTOS PENDIENTES EN LA DECLARACIÓN DE EL ARRAYAN

Después de una semana de trabajo y discusión el Comité Político de la Unidad Popular aprobó la Declaración de El Arrayán. Esta fue concebida como un instrumento de trabajo para las masas e incluye una descripción del proceso político chileno del último tiempo y una proposición de las tareas concretas que el pueblo puede ejecutar para hacer avanzar los cambios.

De los temas en tabla varios fueron expresamente excluidos de esta Declaración; los dos más significativos son los que tocan las relaciones de la Unidad Popular con la Democracia Cristiana y con el MIR.

Serán resueltos en las próximas semanas.

Frente a ambos existen planteamientos públicos bastante claros, si bien difíciles de armonizar. Respecto a la Izquierda Revolucionaria hay consenso de que en muchos frentes de masas el solo acuerdo de las fuerzas integrantes de la UP resulta insuficiente para derrotar a la derecha unida y que constituye una exigencia objetiva posibilitar condiciones para que los contingentes revolucionarios que se expresan a través del MIR sean incorporados a la tarea común. Es el caso de las organizaciones estudiantiles y campesinas y de sectores significativos del movimiento sindical y poblacional. La experiencia práctica de los últimos meses muestra que en muchos casos una falta de acuerdo entre la UP y el MIR ha abierto las posibilidades a la Democracia Cristiana y la Derecha para conquistar posiciones.

Los problemas se presentan frente a intentos de definición más global de las relaciones UP-MIR y de saber qué acciones comunes son posibles con este sector de revolucionarios. Aquí, el punto central de este debate consistirá en precisar si es posible obtener el apoyo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria al Programa de la Unidad Popular. Si el MIR estima que es posible una actitud positiva a este respecto, creemos que las desinteligencias presentadas hasta ahora con la Unidad Popular o alguno de sus partidos deben desaparecer; de otro modo sólo cabe esperar una agudización de la disputa ideológica y un distanciamiento en el trabajo en la base, si esto es así, es conveniente evaluar por ambas partes que tal desinteligencia proporcionará importantes armas a los reaccionarios que demuestran a estas alturas un manejo extraordinariamente hábil de sus aparatos publicitarios.

En la definición de las relaciones con el MIR la actitud de los cristianos revolucionarios, que se agrupan en la Izquierda Cristiana, representa un punto de vista definido. Desde su Asamblea Constituyente, planteó la necesidad que en Chile la izquierda llegue a ser una sola. Es en esta perspectiva que la IC valoriza la progresiva integración de todos los contingentes revolucionarios de Chile, incluyendo al MIR. En la etapa actual, de lo que se trata es de crear condiciones para las acciones conjuntas que sean posibles; de discutir abiertamente las diferencias estratégicas y tácticas; de definir de una vez por todas, tanto el plano de los acuerdos como el de los desacuerdos. Sobre esta necesidad dentro de la UP existe unánime conciencia, lo que permite afirmar que a un plazo corto se buscará definir con claridad la naturaleza de las relaciones con el MIR.

Una definición ante el Partido Demócrata Cristiano es igualmente apremiante; gran parte de las fallas del trabajo político de la UP se han debido a su ausencia de claridad respecto a qué quiere frente a la Democracia Cristiana en su conjunto y qué tratamiento dar a los diferentes sectores que la conforman.

En lineas muy gruesas los puntos de acuerdo podrían definirse diciendo que se prefiere crear condiciones para que el PDC mantenga una línea centrista, de contenido reformista, contraria a cualquier intento golpista y en una actitud de independencia frente a la ul-traderecha del Partido Nacional y Patria y Libertad. Si éstos son los propósitos, y ellos nos parecen razonables, resulta indispensable que la Unidad Popular entienda que la factibilidad de este proyecto se basa fundamentalmente en una rectificación del tratamiento dado hasta ahora a los sectores de empleados, obreros y campesinos adherentes al PDC. Como hemos señalado, parte de la estrategia de derechización exitosamente aplicada por el freísmo tuvo su apoyo en el "respaldo interno de masas" que la conducta equivocada de la Unidad Popular en el tratamiento de las bases demócratacristianas les suministró. Es obvio que no es posible para la Unidad Popular obtener con el PDC acuerdos sustantivos. Todos los aspectos coincidentes que el Programa de Tomic planteaba con el de Allende han sido derogados o sepultados por la nueva línea política en aplicación. De ahí que, más que la búsqueda de acuerdos o la enunciación de eventuales tareas comunes, lo importante en el tratamiento del PDC es suprimir los factores que conducen a una acelerada "fascistización" de sus bases. Es allí donde la dirigencia fascista nacional puede dentro de poco reclutar más "pueblo" para consumar sus propósitos. Por eso, una adecuada línea de acción con respecto al PDC debe limitarse simplemente a no poner obstáculos en el camino de aquellos dirigentes de la DC que sin ser izquierdistas tienen la firme decisión de que la Democracia Cristiana siga siendo una organización política independiente de la derecha, línea en la que, si se materializa la rectificación de algunas conductas por parte de la Unidad Popular, pueden ubicarse muchos otros dirigentes y militantes DC además de Radomiro Tomic y Bernardo Leighton.

LOS ASPECTOS POSITIVOS DE LA DECLARACIÓN DE EL ARRAYAN

La Declaración de El Arrayán se sitúa formalmente en el estilo de los mejores documentos políticos de la izquierda chilena; recuerda a algunos que se aprobaron durante la pasada campaña presidencial y en los primeros meses del actual Gobierno. Está redactado en un lenguaje claro, serio y no elude la explicación responsable de las fallas y dificultades que se han encontrado en el camino; tiene valor autocrítico y señala tareas centrales que si son discutidas y enriquecidas en el seno de la organización popular pueden contribuir a cambiar la actual correlación de fuerzas en favor de los objetivos revolucionarios y la consolidación del tránsito al socialismo.

Es posible considerar el documento "Nuevas tareas para el Gobierno Popular y el Pueblo Chileno" como un plan de trabajo que contiene objetivos adecuados para afianzar la viabilidad del proceso de cambios chileno. Por lo menos en sus líneas generales allí están reseñados los temas más importantes.

El análisis económico incluido en la Declaración de El Arrayán apunta con claridad al que ya se considera por los especialistas como el problema número uno de la experiencia chilena: la ausencia de una efectiva planificación económica centralizada. Con claridad se formula entonces el objetivo de "asegurar una dirección económica centralizada, que dé unidad al conjunto de la política económica mediante orientaciones precisas, controle su ejecución y asuma directamente la responsabilidad de decisiones sobre cuestiones de cierta envergadura, contando con la asesoría de los organismos de planificación".

En el marco de esta nueva orientación se define la tarea central de los diferentes sectores: para el sector industrial la consolidación del área social de la economía; para el sector agrícola la liquidación definitiva del latifundio (equiparado con la propiedad de cabida superior a 80 hectáreas de riego básico de acuerdo a la tabla de equivalencia de la Ley de Reforma Agraria); para el sector minero extractivo la consolidación de la organización productiva de las empresas nacionalizadas.

Una mención especial en el enfoque económico de la Declaración merece la referencia al cambio del carácter de los problemas económicos que la aplicación de las primeras medidas de la Unidad Popular ha producido. Es la primera vez que la UP intenta explicar a las masas en forma seria y detallada por qué causas se producen los problemas que ahora enfrentamos, qué duración tendrán éstos y cómo cualquier proceso de transformaciones que pasa por la desarticulación efectiva de la estructura de poder existente tiene que originar en sus primeras etapas un conjunto inevitable de dificultades.

¿Cómo se superan éstas? Avanzando. Y así lo expresa la UP cuando define "los objetivos principales para 1972":

—"Profundizar el proceso con la incorporación real y masiva de los trabajadores, a todos los niveles de decisión".

—"Completar lo esencial del área de propiedad social".

—"Afianzar el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores".

—"Sentar bases más firmes para el desarrollo futuro".

En todos estos objetivos, que se encuentran traducidos en tareas concretas para este y el próximo año, el capítulo que revela una mejor disposición es el de la participación de los trabajadores. En los primeros meses del Gobierno del Presidente Allende resultó evidente que muchos ejecutivos, por razones diversas, miraron con recelo la puesta en marcha de un proceso auténtico de participación de los trabajadores en sus empresas, como también en las decisiones centrales y más generales de la economía.

Ahora, la actitud es exactamente la contraria, llegándose a afirmar que la participación es la más adecuada herramienta revolucionaria para consolidar el proceso chileno y que "por ello nos preocuparemos de que los mecanismos para ponerla en marcha sean constituidos e inicien sus funciones de inmediato. Reiteramos una vez más que a la participación están llamados todos, cualquiera sea su color político. No nos interesa controlar los organismos de participación sino que existan y trabajen".

La precisión de los problemas políticos, no es tan detallada y exacta como el análisis económico, pero incluye también temas claves como la inexistencia hasta hoy en la unidad Popular de "una organización unitaria del trabajo práctico y modalidades de acción conjunta que superen los márgenes estrictamente partidarios". Esta verificación lleva a sus redactores a una decisión concreta: "mantener en funcionamiento permanente una dirección eficiente y auténticamente colectiva a todos los niveles, desde el Comité Político Nacional, al que debe dotársele de una estructura técnica, material y humana"; sobre todo es importante y novedosa la metodología para la discusión de los nuevos planes y tareas que devuelve a la base un papel activo en el proceso al plantear la realización escalonada de asambleas locales y regionales de autocrítica para culminar en una asamblea general de la Unidad Popular.

1972, AÑO DE ENFRENTAMIENTOS DECISIVOS

La Declaración de El Arrayán aparece, de este modo, como la respuesta correcta en lo

Ideológico y estratégico ante las ofensivas de la derecha y el imperialismo de las que su mismo texto afirma que "a medida que se avanza en el cumplimiento del programa y se va debilitando su poder se van tornando cada vez más agresivos".

1972, será un año crucial de enfrentamientos; la izquierda debe prepararse para enfrentarlos en las mejores condiciones y salir victoriosa de ellos. En este sentido la Declaración de El Arrayán más que como una expresión de propósitos y un diagnóstico correcto debe ser considerada como un conjunto de tareas y de luchas impostergables y necesarias en cuya realización se deben empeñar todas las energías de los partidos de la Unidad Popular y a cuya ejecución se debe llamar sin reticencias a trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes.

La utilidad y el valor real de las jornadas autocríticas de El Arrayán y de su Declaración final estarán dadas en definitiva por la voluntad política para provocar el cumplimiento de las tareas señaladas y sobre todo por la imaginación para configurar los mecanismos concretos que las posibiliten.

Si es así —y tenemos que realizar todo lo posible para que lo sea— el Gobierno de la Unidad Popular habrá establecido su máxima diferencia con los gobiernos reaccionarios y reformistas que Chile conoció en el pasado y ésta consistirá en la capacidad para descubrir a tiempo los errores y para enmendarlos.

Los revolucionarios chilenos tienen hoy día una oportunidad concreta para demostrar que entienden muy bien uno de los mensajes que dejara el Comandante Fidcj Castro al poner término a su visita a nuestro país en diciembre pasado: "sólo una Revolución que es capaz de corregir sus errores se torna invencible".

LUIS MAIRA


TAREAS QUE PLANTEA LA UNIDAD POPULAR

COMO resultado de un extenso análisis —que se efectuó en una parcela de la localidad de El Arrayán, cercana a Santiago—, los partidos y movimientos que integran la Unidad Popular elaboraron un documento político. A continuación PF reproduce ese documento que plantea los lincamientos de la acción de gobierno en el período actual. La Unidad Popular ha formulado un llamado a los trabajadores a discutir este documento en sus asambleas y a pronunciarse respecto a las tarcas y metas que en él se señalan. PF desea contribuir a ese propósito con la publicación de estos planteamientos.

LA Dirección Política de la Unidad Popular examinó los avances registrados desde el comienzo del Gobierno Popular, los problemas surgidos, las debilidades y errores en que se ha incurrido; las perspectivas próximas y de más largo alcance del proceso de transformaciones iniciado y las tareas que todo ello plantea al Gobierno, a las organizaciones políticas que integran la Unidad Popular y a los trabajadores y el pueblo chileno en general. Los debates se caracterizaron por la objetividad de análisis y por un espíritu franco y abierto a la crítica y autocrítica constructivas.

Sus conclusiones no se reservan a las organizaciones participantes. Por el contrario, de lo que se trata es de llevarlas a su discusión por las masas, para que sean ampliamente conocidas y se enriquezcan con nuevos aportes del pueblo, quien en definitiva tiene que tomar en sus manos muchas de las tareas que surgen como necesarias. De ahí que uno de los acuerdos es que se organicen jornadas nacionales de discusión, en el seno de la Unidad Popular y directamente con los organismos de masas, que profundicen en el análisis crítico y autocrítico, y que incluso deriven en jornadas de planificación, en las que todo ese análisis se exprese en objetivos, metas, tareas concretas, a niveles regional, comunal, de centros productivos de poblaciones, de barrios.

En jornadas de esa índole corresponderá dar cuenta a funcionarios y dirigentes políticos de la Unidad Popular, y abordar cada tema que interese a los trabajadores de la ciudad, de las minas o del campo, a las capas medias, a profesionales y técnicos, a las mujeres y jóvenes, a fin de canalizar un conjunto de iniciativas y proposiciones en que queden señaladas las responsabilidades que asumen las propias organizaciones de masas y las que correspondan a la acción administrativa.

FORTALECIMIENTO INTERNO DE LA UNIDAD POPULAR Y SU PROYECCIÓN
EN LOS SECTORES POPULARES Y CAPAS MEDIAS

El análisis efectuado puso de manifiesto, una vez más, la concordancia de los partidos que integran la Unidad Popular en torno a los objetivos programáticos centrales. Se reconoció, sin embargo, que ese acuerdo básico no se traduce aún en una organización unitaria del trabajo práctico y en modalidades de acción conjunta que supere los marcos estrictamente partidarios. Ello se manifiesta en la ausencia de un trabajo político más profundo, en distorsión de esfuerzos o en conflictos menores, que debilitan la capacidad necesaria para impulsar el cumplimiento integral del Programa.

De ahí se concluyó, como tarea urgente para la Unidad Popular, el desarrollo de su capacidad organizativa y de movilización del pueblo y de sustentación del Gobierno. Como primer paso para ello, se consideró necesario mantener en funcionamiento permanente una dirección eficiente y auténticamente colectiva a todos los niveles, desde el Comité Nacional, al que debe dotarse de una adecuada estructura técnica, material y humana y reafirmar el principio de la Unidad Popular de efectiva igualdad de derechos de todos los partidos integrantes. Lo mismo corresponde hacer en las escalas regional y local organizándose a breve plazo asambleas locales, de las que surjan luego asambleas regionales, para culminar en una Asamblea Nacional de la Unidad Popular.

Se entendió la urgencia de esas tareas de fortalecimiento interno, como un paso esencial para asegurar una vinculación mayor con la clase obrera, los campesinos, los demás sectores populares y las capas medias. En efecto, se consideró que una de las mayores deficiencias de la política seguida hasta ahora ha sido la insuficiente incorporación de las masas a las tareas que el Gobierno Popular está llevando a cabo. Esa deficiencia se contrapone con el hecho de que, para consolidar, desarrollar y profundizar el proceso revolucionario se requiere ganar el respaldo de la mayoría de los chilenos, lo que supone no sólo un trabajo de masas, sino la movilización activa de ellas, vinculándolas concretamente a todas las realizaciones del Gobierno.

La necesidad y posibilidad de lograrlo descansa en la naturaleza misma del Programa de la Unidad Popular, que surgió de las luchas de la clase obrera y del pueblo, por sus reivindicaciones económicas, sociales y políticas y por sus derechos individuales y sociales y representa, objetivamente, los intereses de la gran mayoría de la población chilena.

Esto no supone automáticamente el apoyo de todos los sectores beneficiados con las medidas de transformaciones sociales, puesto que hay prejuicios, apreciaciones subjetivas, penetración ideológica del enemigo y errores de nuestra parte, que llevan a algunos de esos sectores a distanciarse o aun a colocarse en posiciones antagónicas, en contraposición a sus verdaderos intereses. La tarea es, por lo tanto, acercarlo al reconocimiento de la realidad objetiva para lograr su participación en un proceso de transformación revolucionaria que en definitiva los favorece.

LA LUCHA IDEOLÓGICA Y NUESTRA VOLUNTAD COMÚN DE DESTERRAR
EL SECTARISMO, EL BUROCRATISMO Y LA DESHONESTIDAD

Es claro que esa tarea es incompatible con actitudes y procedimientos sectarios, cuya persistencia fue reconocida con otra deficiencia notoria que urge corregir. Ello se tradujo en dejar claramente registrada la voluntad común de dar la batalla, sin contemplaciones, contra el sectarismo, el burocratismo y sus diversas manifestaciones.

Nos proponemos desterrar el sectarismo que se expresa en las relaciones entre los propios partidos de la Unidad Popular, que entorpece el trabajo común en la base y conduce a formas nocivas de competencia por el reclutamiento de militantes o a intentos de parcelación de sectores de la administración pública, empresas del área de propiedad social o esferas de influencia.

Igualmente, hemos decidido erradicar el sectarismo que se proyecta más allá de la Unidad Popular, que tiende a excluir la acción conjunta con trabajadores no militantes, o que militan en organizaciones ajenas a ellas, o a desconocer o a vulnerar derechos de funcionarios o trabajadores que, sin estar con nosotros, cumplen honestamente sus tareas, o a condicionar a la adhesión partidaria el reconocimiento de méritos individuales para tareas técnicas o de representación.

Se requiere al mismo tiempo, terminar con el burocratismo que hemos recibido como herencia de los gobiernos anteriores, con la rutina de las tramitaciones innecesarias y agobiantes, con las actitudes de desinterés o negligencia hacia quienes recurren a un servicio público, con la despreocupación por la búsqueda de nuevos métodos o por las iniciativas creadoras que se propone. Hay que descubrir y denunciar a los elementos saboteadores que entraban a los organismos administrativos y que, con su acción o lenidad, perjudican al pueblo. Los propios organismos de masas tienen que ayudar en esta tarea, forzando a la resolución de sus problemas, reclamando y denunciando las actitudes burocráticas. Por nuestra parte, la Unidad Popular se compromete a crear los mecanismos concretos para acoger los reclamos que se formulen por estos conceptos.

A todo ello contribuirá la decisión unánime de los partidos de la Unidad Popular de revisar el desempeño de sus militantes destacados en cargos de dirección del Gobierno y realizar los cambios que se consideren necesarios, así como la reiteración de su criterio de eliminar las tendencias al cuoteo o parcelaciones, y de que cada funcionario actúe con responsabilidad jerárquica y bajo la dirección de los Ministerios respectivos y del Presidente de la República.

Es igualmente común la decisión de imponer una nueva moral en el desempeño de las funciones públicas. Ello supone, en primer lugar, que se procederá a sancionar de manera ejemplar y con la mayor rapidez cualquiera manifestación de deshonestidad que pudiera detectarse. Para ese fin, se espera contar con la colaboración de todos a objeto de que se den a conocer los actos de tal naturaleza, y que instruirá a las autoridades administrativas de mayor jerarquía que establezcan procedimientos adecuados para recibir las denuncias del caso y comunicar sus resultados. Se cuidará, además, que quienes ejerzan cargos ejecutivos en el aparato administrativo y en las empresas del área social o intervenidas, mantengan escrupulosamente un estilo de modestia y sobriedad.

El cumplimiento de estas metas básicas, así como de las demás señaladas en este documento, sería una utopía si no somos capaces de librar una dura batalla ideológica en el seno de las masas, que lleve a la comprensión integral del proceso revolucionarlo que estamos viviendo. Y en esto reconocemos que hemos sido remisos.

La reacción y el imperialismo han estado señalando permanentemente la tónica de la discusión y realzando las cuestiones que a ellos les interesan. La Unidad Popular no ha centrado el debate en los valores auténticos de este proceso. Hoy, por ejemplo, parece más importante el problema del abastecimiento, común a todos los gobiernos, pero que antes golpeaba con más fuerza a los más humildes y que es propio de una estructura económica insuficiente, que la nacionalización del cobre, o del hierro, o del acero, que sientan efectivas bases económicas para nuestro real desarrollo.

El pueblo no siempre adquiere conciencia de que esta batalla ideológica es el enfrentamiento entre quienes defienden la mantención de un estado de cosas que nunca lo favoreció y quienes buscan el progreso de la mayoría y la abolición de los privilegios, entre quienes siguen amparando las pretensiones imperialistas y quienes buscan una patria soberana e independiente.

A esta lucha diaria, la Unidad Popular habrá de darle una máxima prioridad.

EN 1971 SE REGISTRARON AVANCES DECISIVOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

Las proposiciones concretas que hacemos han sido el fruto del análisis objetivo de las deficiencias observadas y de la intención decidida de superarlas. Pero, esta superación no sólo debe entenderse como una cuestión administrativa, sino que debe lograrse profundizando la participación y el poder real del pueblo.

Es un hecho que en 1971 se dieron pasos decisivos en el cumplimiento del Programa del Gobierno Popular. Se adelantaron cambios estructurales de fondo, que configuran el Inicio de la transformación socialista de la economía chilena; se lograron una reactivación y un crecimiento económico con una intensidad que tiene pocos precedentes históricos; se disminuyó notablemente la cesantía; se redistribuyó el ingreso y se aumentó la capacidad de compra y los niveles de consumo de los trabajadores.

El pueblo debe saber, por ejemplo, que en 1971 se obtuvieron grandes éxitos en la Batalla por la Producción. En el Año de la Nacionalización del Cobre, Chile produjo 730 mil toneladas, incluyendo la grande, mediana y pequeña minería; esto representa 40 mil toneladas más que en 1970. Se produjeron, asimismo, 615 mil toneladas de acero. En la producción de cemento se llegó a un millón trescientas mil toneladas. La producción de electricidad llegó a cinco mil setecientos noventa millones de Kw-H, que significa un aumento de 16 por ciento. La refinación de petróleo llegó a cinco millones seiscientos mil metros cúbicos, gracias al aumento de la capacidad de la refinería de Concepción. Todas éstas son cifras nunca alcanzadas antes en el país. Además, la producción de carbón alcanzó a un millón y medio de toneladas, o sea un 10 por ciento, iniciándose así la recuperación de esta actividad. La producción de salitre pasó de 674 mil toneladas en 1970 a 830 mil en 1971.

Grandes éxitos se han logrado también en el frente social. Entre el Ministerio de la Vivienda, la CORA, el SINAP y otras entidades, se inició en 1971 la construcción de alrededor de 100 mil viviendas, cifra sin precedentes, que significará solucionar los problemas habitacionales a más de 500 mil personas.

La expansión de la educación también fue la más alta que se conoce, la enseñanza media técnico-profesional aumentó en 38 por ciento su matrícula, la enseñanza universitaria se expandió en 28 por ciento; la escolaridad en la enseñanza básica fue de 98 por ciento en el tramo de 6 a 14 años. En 1972, entre las escuelas técnico-profesionales medias y las universidades, se dará educación a 250 mil jóvenes. Por otra parte el tradicional drenaje de profesionales chilenos ha disminuido a menos de un tercio y son muchos los que han regresado al comprobar la existencia de grandes tareas en su patria. Esta es la respuesta frente a un esfuerzo de desarrollo y a la salida del país de algunos profesionales reaccionarios.

Los éxitos anteriores han significado dar ocupación a 200 mil nuevos trabajadores. Hoy día tienen empleo remunerado 3.140.000 chilenos. Nunca antes un Gobierno pudo mostrar en su primer año estas realizaciones.

Ya tenemos bajo control de la sociedad sectores fundamentales que estaban en manos de intereses imperialistas o grupos monopólicos: el cobre, el hierro, el salitre, el carbón, la siderurgia, casi todo el sistema bancario, grandes empresas del cemento y otros materiales de construcción, textiles, pesqueras. Se expropiaron 1.378 latifundios con casi dos millones seiscientos mil hectáreas, lo que equivale a todo lo que el Gobierno anterior hizo en seis años. Los sectores no reformados de la agricultura recibieron una asistencia 58 por ciento superior.

Simultáneamente, se alcanzó un crecimiento del producto nacional cercano a 9 por ciento y un aumento de la producción industrial del orden del 13 por ciento. La tasa de desocupación disminuye del 8,3 por ciento al 3,8 por ciento. El ingreso real se elevó 20 por ciento y el nivel de consumo de los asalariados aumentó 13 por ciento, con lo cual los obreros y empleados pasaron a controlar el 60 por ciento de la renta nacional, contra un 51 por ciento anterior. Los aumentos de precios fueron sustancialmente menores a los de 1970.

No obstante su magnitud e Importancia, estas realizaciones aparecen oscurecidas por la campaña publicitaria de la reacción y el esfuerzo insuficiente de la Unidad Popular para contrarrestarla y denunciar su Intencionalidad. Se ha perdido de vista la perspectiva de que los frutos de muchas de las acciones de este Gobierno deben medirse sobre todo por su significación liberadora y porque crean bases objetivas para un ulterior desarrollo.

Era indispensable liberar al país de la dominación imperialista, rescatando nuestros recursos básicos; liberar la capacidad de nuestra tierra, desperdiciada por el latifundio; liberar la industria y otros importantes instrumentos del control del dominio monopólico. En esas tareas se dieron pasos trascendentales en 1971, sin perjuicio de que quedan todavía otras similares muy importantes por cumplir. Entretanto, a cada tarea liberadora tienen que seguir necesariamente tareas de construcción revolucionaria, las que han quedado apenas iniciadas en 1971. De ahí que los avances que se registran hasta ahora representan sólo una fracción de la potencialidad abierta por lo que se ha hecho hasta la fecha.

SE HA DEBILITADO EL PODER DE LOS GRANDES MONOPOLIOS, PERO LA REACCIÓN
CONSERVA BASES IMPORTANTES DE SUSTENTACIÓN Y AUMENTA SU AGRESIVIDAD.

Cada paso que se avanza en el cumplimiento del Programa debilita el poder de la reacción; pero, al mismo tiempo la hace más agresiva. Además, esa agresividad se apoya en la conservación de importantes fuentes de poder económico, en el retraso en afectar algunos grandes monopolios, en las fallas o debilidades que les han preservado el acceso a cuantiosos recursos financieros, y en la presión que las empresas extranjeras expropiadas ejercen contra nuestro país.

En este sentido, hay diferencias importantes, en el cuadro político en el que se enmarca la acción y la línea económica del Gobierno Popular, entre la situación a comienzos de 1971 y al inicio de 1972. Al inaugurarse este Gobierno, los sectores más reaccionarios estuvieron a la defensiva y esperanzados en que se debilitara la voluntad de cumplir integralmente el programa, de que se perdiera el carácter revolucionario del proceso y se transformara en puramente reformista y no fuera más allá de reforzar un capitalismo de Estado, que antes supieron muy bien aprovechar en su beneficio.

Hoy día, se han disipado esas esperanzas de la reacción y actúa en consecuencia, incluso estimulando acciones sediciosas con el solo propósito de hacer fracasar a cualquier precio la política económica del Gobierno Popular. Se comprueba, también, que la agresividad reaccionaria no proviene solo de la desesperación por los avances en el cumplimiento del Programa. En estos sectores, y en parte de las fuerzas políticas que los representan, hay quienes temen no solo a los cambios, sino a la investigación de los delitos y fraudes que el Gobierno Popular ha comenzado a poner de manifiesto y a encauzar a través de los canales judiciales y administrativos correspondientes.

La derecha, en su conjunto, hace lo posible por trasladar la imagen de poder hacia los centros que controla, en especial el Parlamento. Prueba de ello son su afán de cercenar los presupuestos de desarrollo del país y de sectores administrativos a los que lanzan a la cesantía, su tozudez para violar la Constitución con interpretaciones mal intencionadas —felizmente impedidas por el Tribunal Constitucional— o su deseo de limitar las prerrogativas presidenciales con acusaciones a ministros, que constituyen verdaderas aberraciones políticas.

La oposición al Gobierno se desliza, a veces, a convertirse en una especie de oposición a los intereses del país. Y hay quienes llegan más allá y desarrollan actividades y preparativos sediciosos.

HA CAMBIADO EL CARÁCTER DE LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS
Y LA NATURALEZA DE LAS RESTRICCIONES

Así como son distintas las circunstancias políticas, son también diferentes el carácter de los problemas económicos y la naturaleza de las restricciones que se tienen ahora, en comparación a las que se dieron en 1971.

La política económica puesta en práctica a comienzos de ese año se tuvo que apoyar en gran parte en las aberraciones del sistema anterior. A partir de una economía deprimida y estancada, se adoptaron medidas de reactivación, en parte mediante programas específicos y sobre todo impulsando una rápida redistribución del ingreso que aumentó sustancialmente la demanda y la capacidad de compra de los trabajadores. La disponibilidad de amplios márgenes de capacidades ociosas representaba un factor que facilitaba aumentos rápidos de la producción y permitía a las empresas disminuir sus costos por unidades. Se daban, así, condiciones propicias para lograr simultáneamente aumentos de producción y de consumo, disminución de la cesantía y una tasa de inflación sustancialmente más baja que la del año anterior. Se anticipaba, también, una situación relativamente holgada de comercio exterior que facilitaría salvar algunos desajustes entre la mayor demanda y la respuesta de la producción. Por último, el objetivo de rápida reactivación exigía la expansión del gasto público, bajo condiciones de un financiamiento necesariamente definitivo. Sin embargo, sus efectos potencialmente inflacionistas podían compensarse con la mayor producción y las posibilidades de regular la expansión monetaria en el resto del sistema financiero.

Los lineamientos básicos de ese esquema se cumplieron con aproximación razonable en el curso de 1971. Hubo, sin embargo, algunas deficiencias. Los reajustes de remuneraciones excedieron los términos previstos. El no pago de los dividendos adeudados por las compañías del cobre, la reducción con cierre de líneas de créditos en el exterior, y la fuerte caída en los precios del cobre, obligaron a utilizar reservas para seguir pagando deudas anteriores, en tanto que las importaciones aumentaron 9,6 por ciento en comparación con 1970. Esos factores motivaron, además, la insuficiencia de abastecimiento ele algunos productos, si bien en general a niveles de consumo apreciablemente mayores que los del año anterior. Recibimos el país, por ejemplo, con la misma cantidad de ganado vacuno que existía en 1936. no obstante que la población se duplicó en ese lapso. Un proceso de cambios como el iniciado no puede solucionar de golpe todos los defectos de una estructura atrasada. A la magnitud de esos y otros problemas se agrega la herencia de un aparato estatal conformado y con rutinas de funcionamiento para servir a los grandes intereses capitalistas. Es de notar, al respecto, el escaso control estatal sobre los mecanismos mayoristas de distribución.

Distinto es el punto de partida para 1972, con unos rasgos más positivos; pero, también, algunos más adversos.

Los efectos de una política indiscriminada de endeudamiento externo —sostenida desde muchos años y que deja una acumulación particularmente grande de compromisos para éste y los dos años próximos— plantean serias restricciones desde el punto de vista del balance de pagos. La propia reactivación económica ha llevado a grados altos de utilización de la capacidad productiva, lo que impone limitaciones reales a nuevas expansiones del consumo y plantea, como necesidad urgente, aumentar las inversiones. La fuerte acumulación de liquidez en el sistema resta flexibilidad a la política financiera y hace indispensable un manejo más estricto y selectivo.

En cambio, los progresos en la conformación del área de propiedad social aportan instrumentos de conducción y control que no se tenían al inicio de 1971, además de la experiencia ganada en estos meses. Se parte ahora con un sistema productivo en pleno funcionamiento, que no requiere los esfuerzos de reactivación que absorbieron la preocupación en los primeros meses del año pasado. Bastaría que se mantuvieran los niveles de actividad a que se llegó en el segundo semestre de 1971 para alcanzar un aumento significativo de la producción industrial. También han venido concretándose en el curso de los últimos meses iniciativas y proyectos que traducen la voluntad de contribuir con asistencia técnica, colaboración económica y desarrollo del comercio con el Gobierno Popular de Chile, por parte de muchos países, principalmente del mundo socialista.

LOS OBJETIVOS PRINCIPALES PARA 1972: PROFUNDIZAR EL PROCESO CON LA INCORPORACIÓN REAL Y MASIVA DE LOS TRABAJADORES A TODOS LOS NIVELES DE DECISIÓN, COMPLETAR LO ESENCIAL DEL ÁREA DE PROPIEDAD SOCIAL, AFIANZAR EL MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS TRABAJADORES, SENTAR BASES MAS FIRMES PARA EL DESARROLLO FUTURO.

Se han valorado en el curso de la reunión los nuevos problemas que se enfrentan, como también los factores positivos y la mayor capacidad para superarlos. La Unidad Popular expresa claramente el criterio de que la respuesta frente a las restricciones previsibles no está en detenerse, sino, por el contrario, en profundizar y desarrollar con más rapidez el cumplimiento integral del Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular.

A partir de esa decisión se definen los objetivos principales de la política para 1972: completar rápidamente lo esencial del área de propiedad social, afianzar el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, y sentar bases firmes para el desarrollo futuro, todo lo cual exige, en primer término, profundizar el proceso con la incorporación real y masiva de los trabajadores a todos los niveles de decisión.

La gran burguesía monopólica conserva todavía importantes fuentes de poder, desde las cuales despliega sus acciones de sabotaje y obstrucción, procura corromper a determinados grupos de trabajadores e incluso financia la preparación sediciosa. Otro tanto ocurre con quienes mantienen su propiedad latifundiaria. La necesidad de una política económica más selectiva y discriminatoria, con mayor capacidad para captar excedentes y canalizarlos hacia las actividades prioritarias, plantea también, como requerimiento esencial, extender el control social a empresas que mantienen dominio monopólico sobre actividades importantes desde el punto de vista del abastecimiento inmediato y desarrollo futuro.

Todo ello justifica la decisión que ahora se reitera de avanzar rápidamente a fin de completar, en los próximos meses, los cambios institucionales comprometidos en el Programa. En la agricultura, ello significa realizar la expropiación de todos los predios mayores de ochenta hectáreas de riego básicas del modo más rápido posible. Esto representa unos dos mil predios, a lo que hay que agregar cierto número adicional que son ofrecidos voluntariamente por sus propietarios o que están abandonados. Se emprenderá esta acción en estrecho contacto con los campesinos y sus organizaciones, especialmente a través de sus Consejos Comunales y Provinciales; y se la enmarcará, como hasta ahora en la legislación vigente, no obstante las imperfecciones de la ley y los muchos problemas que plantean los campesinos con respecto a sus limitaciones y sin perjuicio del nuevo proyecto que el Gobierno presentará al Congreso respecto de la asignación de la tierra, ella se ajustará a la voluntad de los campesinos.

Reafirmamos nuestra política contraria a las tomas indiscriminadas de predios, que dificultan el proceso de la Reforma Agraria y no resuelven los problemas de los campesinos.

En el caso del sector industrial reiteramos la decisión de que se incorporen al área social o mixta las empresas cuya lista fue dada a conocer públicamente por el Presidente de la República, sobre la base de una movilización efectiva de sus trabajadores.

El objetivo de afianzar el mejoramiento en las condiciones de vida de los trabajadores, se expresa concretamente en diversos planos. Está, en primer lugar, la política de remuneraciones, cuyos términos esenciales quedaron definidos en el Acta CUT-Gobierno. Respecto de ella, cabe señalar que suponen una nueva redistribución del ingreso en favor de los trabajadores. En razón de las limitaciones reales del sistema económico, que excede aquellos términos, no representaría mejoramientos adicionales efectivos para los trabajadores. El mismo objetivo de elevar las condiciones de vida se logra, también, por otros mecanismos importantes, distintos de la remuneración individual: la construcción de viviendas, la extensión de la educación, la formación profesional, el mayor acceso de los trabajadores a medios de descanso y recreación y, también, los esfuerzos para mejorar el abastecimiento y la distribución en los barrios populares, así como la lucha contra la especulación, con la participación activa de la propia población, a través de las Juntas de Abastecimiento y Precios.

Por último, la política económica no se limitará a cumplir objetivos inmediatos, sino también a fortalecer la capacidad para asegurar la continuidad de un crecimiento sostenido y para superar definitivamente algunas limitaciones heredadas.

LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA PARA 1972

A partir de esos objetivos y teniendo en cuenta las restricciones señaladas, se definen las políticas parciales que conforman el cuadro general de la política económica para 1972.

Su carácter más complejo hace necesario un gran esfuerzo orgánico para su aplicación en los distintos niveles. A este respecto, se reconoció en el análisis efectuado por la dirección política de la Unidad Popular, la necesidad urgente de corregir una de las deficiencias no superadas en el curso de 1971, cual es la de asegurar una dirección económica centralizada, que dé unidad al conjunto de la política económica mediante orientaciones precisas, controle su ejecución y asuma directamente la responsabilidad de decisiones sobre cuestiones de cierta envergadura, contando con la asesoría de los organismos de planificación. La reciente reorganización del Comité Económico de Ministros y la designación dentro de éste de un Secretariado Ejecutivo, integrado por los Ministros de Economía y Hacienda y por el Asesor Económico del Presidente, facilitará ese propósito; pero el esfuerzo orgánico debe extenderse también a otros niveles, y particularmente a los de dirección intermedia, asegurando además la presencia en ellos de representantes directos de los trabajadores. Las propias organizaciones políticas integrantes de la Unidad Popular asumen el compromiso de respaldar activamente la aplicación de la política económica, y de contribuir a que ésta se transforme efectivamente en una política de masas.

Se necesita para el área social de la economía una dirección eficiente, una organización racional, un desarrollo planificado armónico y riguroso, una consideración de dicho plan desde la base y una administración que abra paso a la participación responsable de todos los estamentos de los trabajadores en todos los niveles y asegure mayores oportunidades a los técnicos que laboran en ella. Las empresas del área social, trabajando planificadamente, deben alcanzar niveles óptimos de productividad y rentabilidad.

Los avances logrados en 1971 en relación al control del sistema financiero bancario deben perfeccionarse en 1972 con la organización de una estructura bancaria que sirva los intereses de la nueva economía, superando el burocratismo y apoyando a los grupos sociales y a los sectores claves para el desarrollo económico. 1971 fue el año de la estatización bancaria. 1972 será el año de la aplicación de la banca a las necesidades del desarrollo y al servicio del pueblo.

Las restricciones previsibles de la balanza de pagos asignan especial importancia a la política de Comercio Exterior. La creación reciente del Comité de Comercio Exterior contribuirá a superar los problemas e ineficiencias que derivan de la multiplicidad de organismos y a poner en práctica una política más coherente y homogénea. La renegociación de la deuda externa, Impuesta por el peso agobiante del endeudamiento acumulado, liberará una parte sustancial de los compromisos que de otro modo reduciría nuestra capacidad para importar a cifras Incompatibles con los objetivos propuestos. Se acelerará, al mismo tiempo, la utilización de las fuentes de recursos externos que han venido abriendo, especialmente desde los países socialistas. Se seguirá una política selectiva de importaciones, a través de un riguroso presupuesto de divisas, de modo que se asegure el abastecimiento de los productos esenciales de consumo, de las materias primas para el pleno funcionamiento de la economía, de los repuestos, de las maquinarias necesarias y de los equipos industriales para el desarrollo.

En las exportaciones, el aspecto decisivo a corto plazo sigue siendo el cobre, sin perjuicio de que se estimulen y apoyen también otros rubros. En ese sentido, se planteará como tarea nacional, después de analizarla en conjunto con los trabajadores del cobre, una meta que signifique aumentos significativos de la producción en comparación con la de 1971.

La política de producción y distribución se vinculará directamente al objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. A esos efectos, se definirá una "canasta de consumo popular", que precise un conjunto de bienes y servicios a los que se asignará primera prioridad para aumentar la producción, asegurar el complemento necesario de las importaciones, y concretar un programa de inversiones que amplíe la capacidad de producción de las industrias alimenticias, textiles y otras, que suministran bienes de consumo popular. Formarán también parte de esa canasta servicios esenciales, como la movilización colectiva, cuyo mejoramiento constituye una tarea importante dentro del esfuerzo que se concretará en 1972. En el caso de la agricultura, se planteará a los campesinos el objetivo de incrementar en unas 200 mil hectáreas la superficie que tradicionalmente se cultiva en el país, sobre la base de incorporar praderas naturales que no son aprovechadas porque no hay ganado suficiente para ello. Se han tomado ya medidas para que, en los primeros meses del año, se importen desde países socialistas varios miles de tractores, lo que constituirá un mejoramiento importante en la disponibilidad de maquinarlas para cultivos. Al mismo tiempo, se proyecta aumentar de modo significativo las colocaciones de fertilizantes y otros elementos de producción que son básicos para alcanzar esos resultados. En materia de producción avícola en unas 30 mil toneladas, 60 por ciento más que en 1971, otros relacionados con la producción de carne de cerdo y de leche, y el destinado a duplicar la de pescado, a fin de mejorar la alimentación del pueblo.

Se adelanta, al mismo tiempo, un conjunto de medidas para mejorar los sistemas de comercialización y distribución que incluyen el fortalecimiento de los mecanismos estatales que están desplazando intermediarios mayoristas innecesarios y abriendo contacto directo con los comerciantes minoristas.

La política presupuestaria deberá conciliar una limitación del financiamiento deficitario con la ampliación de los servicios sociales, como vivienda, educación, salud pública. Las nuevas inversiones del área de propiedad social deberán apoyarse, en lo fundamental, en la creación de sus propios excedentes y en una utilización conveniente de la política crediticia. La disminución de la cantidad excesiva de dinero en manos de los sectores privados, y sobre todo de grandes monopolistas, es otra tarea importante, que se enfrentará mediante algunas medidas específicas y las disposiciones generales sobre normas de crédito próximas a acordarse por el Banco Central.

La política de precio no puede dejar de tener en cuenta la incidencia sobre los costos de los reajustes de remuneraciones y las modificaciones acordadas para el tipo de cambio. A ello se agregan los aumentos de precios de productos agropecuarios que se otorgan para mejorar el ingreso real de los campesinos, así como los aumentos de precios del mercado mundial y la necesidad de ir conformando una estructura más racional de precios relativos. Sin desconocer esas exigencias, se tendrán en cuenta criterios selectivos que discriminen, en lo posible, según el tipo de productos y los niveles de ingreso de sus consumidores. En todo caso, se sostendrá decididamente la defensa del poder de compra de los trabajadores, como ha quedado demostrado al proponer el bono de compensación por las alzas inevitables de algunos productos básicos.

SE PONDRÁ EN MARCHA UN VASTO PROGRAMA DE INVERSIONES
Y DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS TÉCNICOS DISPONIBLES

A ese conjunto de medidas de política económica se agrega la puesta en marcha de un vasto programa de inversiones, como respuesta a la necesidad del proceso de acumulación, que caracterizará el esfuerzo ,de 1972 en medida mucho mayor de lo que ocurrió en 1971.

A este respecto, hay que tener en cuenta que les planes de desarrollo del Gobierno Popular implican cambios en la estrategia de desarrollo, que dan más importancia a la inversión productiva y dentro de ella a la que se destina a producir bienes de consumo popular y aumentar el empleo. En contraposición a esa orientación, la carpeta de proyectos heredada obedecía a finalidades diferentes, lo que hace necesario un esfuerzo especial para diseñar un programa equilibrado que combine inversiones destinadas a resolver el abastecimiento popular y a desarrollar industrias básicas (acero, petróleo, electricidad). La maquinaria estatal de inversiones está desarticulada, utiliza criterios tradicionales para formular y evaluar proyectos, realiza largos estudios de prefactibilidad y demora años en decidir. Es indispensable modificar esos viejos criterios y crear un sistema racional de formulación de proyectos de inversión. En apoyo a ese nuevo aparato de inversiones, se estudia la creación de un sistema nacional de ingeniería, destinado a racionalizar el desempeño de los ingenieros y técnicos nacionales, armonizar sus esfuerzos con la asistencia técnica extranjera y, en definitiva, favorecer que los Ingenieros chilenos se desplacen de tareas burocráticas a labores de diseño y puesta en marcha de proyectos de desarrollo.

Esta orientación supone, también, descentralizar la inversión, de modo que se invierta más en las regiones donde están ubicados los recursos y se localicen industrias en las provincias. Se requiere incrementar los caminos de penetración, a fin de que los campesinos, pequeños y medianos productores puedan sacar su producción; construir silos, frigoríficos y una infraestructura integrada de almacenamiento, destinada a evitar pérdidas de producción; y asegurar poder comprador y transportes, dentro de un sistema nacional de abastecimiento.

De ahí que una parte importante del programa de inversiones corresponda a un conjunto de inversiones complementarias, vinculadas directamente a la canasta de bienes de consumo popular, en industrias alimenticias, textiles y de materiales de construcción.

Entre otros proyectos de esa naturaleza está el de la planta de IANSA en Curicó; el de impulso a la industria pesquera, que muestra ya sus primeros resultados; el de desarrollo de la industria avícola, con inversiones en marcha en pabellones de engorda, reproductoras, incubadoras, fábricas de alimentos, mataderos y frigoríficos; ampliaciones y mejoras en las instalaciones textiles; ampliaciones y remodelaciones de las plantas de cemento y construcción de una nueva en Antofagasta, así como plantas de prefabricados de hormigón.

Otros proyectos contribuirán a fortalecer nuestra capacidad exportadora. Están las inversiones adicionales que requiere el cobre; en la minería del hierro la expansión de Romeral y Algarrobo, que con la entrada en producción de Boquerón Chañar elevarán nuestra producción dentro de algunos años a 15 millones de toneladas anuales y el impulso a los proyectos de peletización, que permitan explotar en el futuro yacimientos de baja ley; los proyectos estudiados para recuperar en Chile el renio, el molibdeno y el vanadio; los proyectos en el sector forestal, de la madera y la celulosa, así como en el sector químico y petroquímico. El acuerdo reciente con la firma española FEMSA sobre sociedad mixta con mayoría CORFO nos abre la exportación de productos eléctricos automotrices con un monto inicial de 10 millones anuales, lo que demuestra la enorme potencialidad que tiene el desarrollo de industrias elabora-doras de cobre para su exportación industrializada.

Otros proyectos de inversión se orientan a fortalecer la infraestructura básica, tanto de medios de transporte como de suministro de energía. La expansión ya en marcha de la planta de Huachipato llevará la capacidad de producción de acero a un millón de toneladas anuales en 1974, superando las restricciones de este suministro básico que ahora se enfrentan.

En la ejecución de este programa de inversiones tiene importancia especial la contribución de los países socialistas. Las negociaciones efectuadas durante el año pasado pusieron de manifiesto la posibilidad de concretar unos 130 proyectos, posibilidad que comienza ahora a traducirse en acciones específicas.

LA POLÍTICA HACIA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS

En las tareas que se enuncian, la dirección política de la Unidad Popular reconoce un lugar legítimo de permanencia y desarrollo a las amplias capas de pequeños y medianos empresarios. Se ha reiterado una y otra vez que el Programa no es contradictorio con los intereses del sector privado no monopólico, cuyas contradicciones efectivas se han dado históricamente y siguen dándose con las grandes empresas monopólicas de la producción y la distribución.

Sin embargo, esas bases objetivas no han llevado hasta ahora a un entendimiento generalizado y a formas de trabajo conjunto sistemático entre los organismos administrativos de Gobierno y las organizaciones gremiales representativas de esos empresarios. Ha sido más fuerte la penetración ideológica de la reacción, que ha arrastrado a algunas de estas últimas, por encima de sus verdaderos intereses, a solidarizar con la gran burguesía monopólica y sumarse a un heterogéneo Frente Nacional del Área Privada.

No obstante, se han dado recientemente pasos significativos para favorecer ese entendimiento y se reitera la voluntad de profundizarlos. El Estatuto de la Pequeña Industria y la Artesanía, suscrito con la AMPICH, incorpora viejas aspiraciones de esos sectores, les da garantías y establece diversas formas positivas de apoyo y fomento, mediante disposiciones que deben ponerse en marcha con la mayor rapidez posible. La definición explícita del ámbito de las áreas social y mixta, mediante la publicación de la lista de empresas que deben incorporarse a ellas de conformidad con los lineamientos básicos del Programa, disipa toda campaña de incertidumbre que ha sido hábilmente alimentada por la prensa reaccionaria. Se reitera, también, la disposición a suscribir con el comercio detallista un estatuto similar al acordado con la pequeña industria.

Más allá de las garantías, están igualmente abiertas las posibilidades de una amplia y permanente participación de los pequeños y medianos empresarios, a través de canales que les permitan expresar sus problemas, iniciativas y sugerencias y reconocer, oportunamente, sus requerimientos para asegurarles el abastecimiento de materias primas, equipos y créditos. Se ha adelantado en esa dirección al reestructurar el Consejo Nacional de Desarrollo, invitando a la representación de AMPICH y CONPIA en sustitución de organismos que, como la Sociedad de Fomento Fabril y la Confederación de la Producción y el Comercio, responden en los hechos a los grandes intereses monopólicos. Es necesario complementar esa participación extendiéndola a los demás niveles, como los comités sectoriales de la CORFO, el Servicio de Cooperación Técnica y otros similares.

Igual ocurre con los pequeños y medianos agricultores, sector que representa cerca del 40% de la población agraria del país. Para ellos, las líneas fundamentales de la política del Gobierno Popular se reiteran asegurando la inexpropiabilidad de sus predios; la rápida extensión de los beneficios del sistema previsional, que el Gobierno les ha otorgado a través de la legislación; el fomento del sistema cooperativo, con asignación de tierras a aquellas cooperativas que no estén en condiciones de producir suficientemente con los recursos de tierras que ahora tienen en sus manos; y con la ampliación de las líneas de crédito, tanto de producción como de capitalización y asistencia técnica, de acuerdo a las condiciones de las distintas regiones del país y dando especial atención a los créditos de fomento ganadero. Se redoblarán, asimismo, los esfuerzos para resolver los problemas de la población indígena, que por generaciones venía siendo menoscabada en sus derechos y su dignidad y de la cual el medio millón de personas que la constituye estaba reducido a una condición de miseria y explotación. De ahí el empeño del Gobierno Popular para acelerar el proceso de recuperación de las tierras usurpadas a las comunidades mapuches e incrementar significativamente los recursos educacionales destinados a ellas. Esta labor ha culminado con la proposición al Parlamento de una nueva legislación indígena elaborada con plena participación de esa población y que tiende a corregir la condición de ciudadanos de segunda categoría en que han vivido hasta ahora. La mayoría reaccionaria del Senado está tratando de desnaturalizar ese proyecto.

Al delinear los rasgos generales de la acción que se emprenderá en el curso de este año se reafirma la decisión política de profundizar el carácter del proceso iniciado por el Gobierno Popular que conduce rectamente a la construcción del socialismo. Ello supone completar de manera rápida la formación del área de propiedad social, materializar, a partir de ella las nuevas condiciones del área privada y dar curso de manera simultánea a formas incipientes pero efectivas de planificación socialista que atiendan a la reproducción deseada de las nuevas relaciones de producción y a las demandas de las masas.

LA MUJER Y LA JUVENTUD, PROTAGONISTAS Y DESTINATARIOS DEL ESFUERZO DEL GOBIERNO POPULAR

Todo el sentido de este esfuerzo de transformación y construcción revolucionaria tiene como protagonistas y destinatarios importantes a la mujer y la juventud. En la reunión de la dirección política de la Unidad Popular se consideraron con especial detenimiento los problemas que las afectan y la necesidad de aumentar su participación directa para superarlos.

Se hace necesario entregar más atribuciones, recursos y poder de decisión a las organizaciones a través de las cuales se expresan hoy día las mujeres, y entre ellas a las Uniones Comunales, Federaciones Provinciales y Confederación Nacional de Centros de Madres, las comisiones femeninas de todos los Consejos de la Central Única de Trabajadores y otras organizaciones de la mujer.

La igualdad plena de la mujer, la protección a su familia e hijos, la defensa de la madre soltera, su igualdad de oportunidades y remuneración en el trabajo, son conquistas y aspiraciones que la Unidad Popular ha impulsado con decisión. Sus resultados serán necesariamente limitados en tanto no se profundicen los cambios del sistema mismo y se avance en la construcción de una sociedad socialista, lo que hace que la mujer sea objetivamente la más interesada en esa transformación revolucionaria.

Hay que redoblar, asimismo, el esfuerzo para concretar tareas ya planteadas en beneficio de los niños y de los jóvenes e impulsar otras nuevas, en el campo de la educación, del deporte, de la cultura, de la participación activa y plena de la juventud en el proceso que vivimos.

Es urgente multiplicar el número de jardines infantiles, tanto mediante la acción de los organismos administrativos correspondientes como recogiendo las iniciativas que surjan desde la misma población. El medio litro de leche es un primer paso en una política que tiene que extenderse urgentemente, con vistas a asegurar la igualdad efectiva de la infancia en su condición básica de vida y sus posibilidades de desarrollo físico e intelectual. Sin embargo, estamos conscientes de que aún esta medida no se ha cumplido en plenitud, debido al burocratismo y la falta de una comprensión integral de su importancia, lo que estamos dispuestos a corregir para que nuestras medidas no queden en el papel. Tenemos el decidido propósito de asegurar a cada niño, independientemente de la situación ocupacional o el ingreso de sus padres, un número creciente de productos y servicios.

Las tareas que aborda el Gobierno Popular son realizables en la medida que son tomadas en sus manos por la clase obrera, los campesinos, los técnicos y profesionales, la intelectualidad chilena y las capas medias, y, especialmente, por la mujer y por la juventud.

Los partidos de la Unidad Popular saludan la gran lección de patriotismo y la elevada conciencia revolucionaria que se expresan en los trabajos voluntarios de la juventud. Proezas como la reforestación del Tamarugal, las obras de irrigación de Cabildo, la instalación de establecimientos avícolas, las construcciones en poblaciones populares, el aporte de los estudiantes de la Universidad Técnica en la Gran Minería del cobre y en otras faenas industriales, indican que la juventud toma en sus manos la construcción del porvenir que le pertenece. El trabajo voluntario surge en las industrias y minas que ha rescatado el país como manifestación de que los trabajadores y el pueblo se sienten dirigentes de su patria y responsables de su progreso.

LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO Y EL CARÁCTER DEL ESTADO

La realización de los cambios sociales exige, ante todo, una movilización de masas, en torno a los objetivos concretos que se derivan de esas mismas tareas. El retraso y la insuficiencia en el trabajo en esta dirección constituyó uno de los principales temas de critica y autocrítica en la reunión de la dirección política de la Unidad Popular, de la que surge, en consecuencia, como una de sus conclusiones centrales la de hacer efectivamente del cumplimiento del Programa una tarea que tiene que tomar en sus manos el pueblo mismo.

Mas, esta participación de los trabajadores debe ser real y democráticamente generada, en forma que llegue a todos los sectores, sean éstos de la Unidad Popular, democratacristianos o independientes.

En primer lugar, esta participación es indispensable en la unidad productiva. Se hace urgente extender y profundizar la participación de los trabajadores en las empresas de las áreas social y mixta, eliminando las dificultades formales encontradas para la constitución de los Consejos de Administración y venciendo la tendencia burocrática o tecnocrática de reducirlos a la atención de asuntos secundarios. En igual sentido, es necesario articular la fiscalización de los trabajadores en las empresas del área privada, asegurando su acceso a la información sobre la marcha de las empresas. Es imperioso extender y mejorar las organizaciones de clase de los trabajadores, ampliándolas en los sectores de medianas y pequeñas empresas que constituirán en definitiva el área de propiedad privada. Con vistas a la movilización según directrices únicas de clase, asumirá, por ejemplo, la mayor importancia la formación de sindicatos por ramas acordada por la CUT.

A la ampliación y desarrollo de las organizaciones de clase de los trabajadores deberá asociarse un incremento considerable de las vinculaciones entre ellas y los vastos sectores de subproletariado marginado de la estructura productiva y del conjunto de las masas populares de la ciudad y del campo. Aunque la política de empleo debe tender a ampliar el número de los trabajadores, los avances que se obtengan no podrán satisfacer por sí mismos la necesidad de integrar vastos sectores de la población, interesados en las realizaciones del Gobierno Popular, pero que la reacción trata de aprovechar como base de apoyo. Habrá que reforzar la acción conjunta de la clase obrera con organismos tales como los Comités por Locales de Salud y las Juntas de Vecinos y Centros de Madres, en torno a tareas concretas: control de los abastecimientos y precios, trabajos voluntarios de carácter social, formas de integración a los trabajos productivos. En las juntas de Abastecimientos y Precios, esta acción comprende especialmente la participación de los pequeños comerciantes.

Una preocupación esencial deberá merecer el apoyo a las organizaciones de los funcionarios públicos, empleados de comercio, empleados de empresas privadas, etc., para cumplir programas de salud, previsión, educación, movilización, turismo popular y establecimiento de canales que permitan su participación y contribución a las tareas generales.

En el agro, hay que ampliar la participación de los campesinos, a través de sus Consejas, en todo el desarrollo de la política agraria. Para ello, junto con los derechos de las distintas organizaciones sindicales, cooperativas y de otra naturaleza, se dará a esos Consejos el máximo de apoyo y se procurará otorgarles los recursos económicos y el fuero que requieren.

Precisamente uno de los caminos para mejorar la eficiencia del aparato burocrático es dar a esos Consejos mayores responsabilidades y participación en la elaboración de los planes regionales y locales en su aplicación y vigilancia. De manera general algunas decisiones básicas que han retrasado la formulación de una política común en la Unidad Popular deben resolverse atendiendo a la voluntad y aspiraciones de los propios campesinos.

A todas estas iniciativas de movilización política debe corresponder un esfuerzo para hacer efectiva la presencia de los trabajadores en todo el actual aparato del Estado, como base para el desarrollo de un poder auténticamente popular.

Los servicios de salud, de educación, de vivienda, deben revisar su estructura y formas de funcionamiento para hacer accesible esa incorporación activa de los trabajadores y de la población interesada. De igual modo, hay que revisar la concepción de los Comités de Desarrollo Sectorial, para constituirlos en instrumentos de dirección del conjunto de la rama industrial respectiva que, mediante la presencia principal de los trabajadores, articule sus intereses como clase en relación con la gestión y el control al nivel de las unidades.

Muchas tareas concretas quedarán, así, entregadas al pueblo mismo, bajo formas de participación que irán cambiando el carácter y la naturaleza del Estado. Es en ese cuadro, que cabe iniciar jornadas de planificación, en las que se discutan los problemas de la población o el centro productivo, se impulsen iniciativas a las que tiene que responder el aparato administrativo, se propongan metas y se organice el esfuerzo y la contribución de todos los trabajadores. Así se resolverán conjuntamente los problemas de movilización, participación, planificación popular y consultas.

DESDE LA BASE SE CONSTRUYE EL SOCIALISMO

La reunión que dio origen a la presente Declaración mantuvo el carácter unitario y laborioso que hemos dado a nuestro trabajo desde la formulación misma del Programa con que llegamos al Gobierno. Los problemas se estudian detenidamente, con acopio de antecedentes y con la mirada puesta en los intereses y el destino da las clases trabajadoras y de todo el pueblo.

Es nuestra firme decisión, que tales características se confirmen y profundicen en el trabajo que nos queda por delante, que será aún más difícil que el realizado hasta el presente, debido a las restricciones objetivas de que ya hemos dado cuenta. Para ello, reforzaremos con todo el ahínco de que seamos capaces la aplicación del método que nuestros principios y la experiencia histórica señalan, como la más adecuada herramienta revolucionaria: el trabajo de las masas.

Estudiar todo con las masas, resolverlo todo con ellas. Esta será nuestra línea fundamental de conducta, cada vez más generalizada y profunda. De las bases del pueblo no sólo deben emanar impulsos revolucionarios generales. Desde allí nacerán, también, decisiones específicas, cuya ejecución deberá ser practicada o controlada por las masas en forma cada vez más directa.

La expresión concreta de este proceso es la participación. Por ello nos preocuparemos de que los mecanismos para ponerla en marcha sean constituidos e inicien sus funciones de inmediato. Reiteramos una vez más que a la participación están llamados todos, cualquiera sea su color político. No nos interesa controlar los mecanismos de participación, sino que existan y trabajen.

Como todo el resto de los elementos del proceso, el mejoramiento de la calidad del funcionamiento de las instituciones del Estado y del Gobierno dependerá en última instancia del trabajo de las masas y de su participación. Sin embargo, en ese terreno hemos comprobado urgencias que deben enfrentarse sin dilación alguna, a través de medidas en cuya implantación cabe responsabilidad especial a los partidos políticos. Hemos procedido a crear un grupo de trabajo con el encargo de establecer criterios que aseguren la máxima idoneidad en los nombramientos, la debida disciplina en la labor administrativa y la evaluación estricta del desempeño de los altos funcionarios militantes de nuestros partidos que ocupan cargos políticos directivos en el aparato del Estado.

Por las mismas razones, respaldamos la decisión del Presidente de la República de proceder a una readecuación administrativa que produzca todas las separaciones y reasignaciones necesarias para mejorar la eficiencia y acentuar la disposición de trabajo y sacrificio de los altos funcionarios. Esperamos que esta disposición presidencial cristalice en el más breve plazo posible.

Creemos que han quedado claras las dificultades inherentes a un proceso revolucionario en marcha, como el actual. Tenemos fe en el pueblo, para superar con él los problemas. Llamamos a la conciencia de toda la gente de izquierda, a comprender que no es el momento de levantar falsas alternativas frente a la conducción política, que la clase trabajadora ha entregado a la Unidad Popular en este momento histórico. Pretender hacerlo es dividir las fuerzas del pueblo y entregarles ventajas a la reacción y el imperialismo.

Pensamos que es el momento de aunar fuerzas para impulsar los valores permanentes de Chile, la libertad, la democracia y las posibilidades de la mayoría para acceder al bienestar. Estos valores, por tantos años pisoteados por la oligarquía, hoy adquieren su verdadera dimensión y deben alcanzar, con el esfuerzo y la lucha de todos, una ampliación cada vez mayor.

Finalizamos repitiendo una observación inicial. A partir de este informe, esperamos que se produzcan miles de consultas, reuniones y jornadas de análisis. A todas ellas concurrirá la Unidad Popular con el más sincero propósito de dialogar y aprender. Nada nos apartará del pueblo. Desde su seno seguiremos construyendo la dignidad de Chile.

COMITÉ NACIONAL DE LA UNIDAD POPULAR
Santiago, 9 de febrero de 1972.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02