Chile bajo la lupa de los Estados Unidos

DOCUMENTOS
Suplemento de la edición Nº 150 de PUNTO FINAL
Martes 19 de febrero de 1972
Santiago – Chile

CHILE BAJO LA LUPA DE LOS ESTADOS UNIDOS
(Documentos confidenciales del Consejo de Relaciones Exteriores de los EE.UU.)

PUNTO FINAL ha entregado anteriormente muchos antecedentes sobre el Consejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreing Relations) de los Estados Unidos. Como se sabe, es un organismo asesor del gobierno norteamericano que trabaja en estrecho contacto con el Departamento de Estado, la CIA, el Pentágono y diversas agencias oficiales de Washington. Realiza constantes consultas con políticos y especialistas extranjeros, conocidos por sus posiciones pro norteamericanas. Entre ellos figura el ex presidente chileno, Eduardo Frei Montalva, que recientemente visitó Estados Unidos invitado por ese organismo, y quien, además, es redactor de la revista "Foreing Affairs" que edita ese Consejo.

En esta oportunidad, PF presenta algunos documentos que emanan del propio Consejo de Relaciones Exteriores y que dan a conocer cinco discusiones confidenciales realizadas en su seno entre el 12 de diciembre de 1970 y el 12 de mayo de 1971. Estas reuniones estuvieron dedicadas a examinar las relaciones de Estados Unidos con América latina, bajo el peso de acontecimientos como el inicio en Chile del gobierno del Presidente Salvador Allende y la nacionalización del cobre.

A esas reuniones del CRE asistieron representantes de las corporaciones norteamericanas que tienen inversiones en América latina. El resumen fue entregado por el CRE a los participantes con la advertencia de que se trataba de material confidencial. Sin embargo, alguien envió copias al North American Congress on Latin America (NACLA), que edita una prestigiosa publicación de estudios sobre nuestro continente y que ha formulado valientes denuncias contra los monopolios norteamericanos. NACLA publicó esos informes y de allí han sido tomados por PUNTO FINAL. (La traducción de los informes Nº 2 y 3, sin embargo, fue tomada por PF de la revista uruguaya "Marcha", N.os 1576 y 1577).

NACLA observa que las discusiones en el seno del CRE reflejan la inquietud de los consorcios norteamericanos por la aparición en América latina de gobiernos de izquierda, como el de Chile, que están nacionalizando las inversiones imperialistas. Ejércitos como el peruano — observa NACLA—, que fueron financiados por EE.UU., adoptan a su vez actitudes nacionalistas; Chile expropia las minas de cobre sin compensación; Ecuador captura barcos pesqueros norteamericanos; los Tupamaros son un grave problema para el régimen pro yanqui de Uruguay; etc. Al mismo tiempo, EE.UU. tiene que afrontar guerras en Indochina y en el Medio Oriente, una crisis económica y serios problemas internos. El problema central en las discusiones del CRE, por lo tanto, fue analizar cómo deben enfrentar estos problemas tanto el gobierno como los sectores privados de EE.UU. para proteger sus intereses. El debate en el CRE tiene el carácter de una búsqueda de tácticas adecuadas para mantener la hegemonía de EE.UU. en América latina. Las vacilaciones que se advierten en estos documentos sobre Chile quizás impulsaron al CRE a invitar al ex presidente Frei, para recibir informes suyos.

ALGO MAS SOBRE EL CONSEJO DE RELACIONES EXTERIORES

El CRE, que se define como un "centro privado" para el estudio de la política exterior de los EE.UU., ocupa una mansión cerca de Park Avenue, en Nueva York, que costó 300 mil dólares. En su directorio han figurado cuatro presidentes de los EE.UU. y desde 1921 casi todos los secretarios de Estado. También en su directorio se han desempeñado los ejecutivos, de las corporaciones multinacionales más poderosas, bancos e instituciones financieras internacionales, el Director de la CÍA, socios de los estudios de abogados que en Wall Street se encargan de negocios internacionales, destacados intelectuales, directores de medios de comunicación, altos jefes militares, miembros de la Comisión de Energía Atómica y consejeros presidenciales, incluyendo al actual consejero de Nixon, Henry Kissinger.

Desde 1951. quinientos de los 1.467 miembros del CRE han desempeñado cargos de importancia en el gobierno norteamericano relacionados con la política exterior. En "suma, el CRE es el lugar donde se reúne la élite del imperialismo para intercambiar datos y antecedentes, evaluar informaciones y luego implementar desde sus posiciones de poder la estrategia global que más favorezca a los EE.UU. Es por eso que habitualmente en la prensa norteamericana se alude al CRE como el "verdadero" Departamento de Estado, el "gobierno invisible" o la "oficina de relaciones exteriores de Rockefeller".

El origen del CRE se remonta a 1919, cuando un grupo de académicos, diplomáticos e intelectuales norteamericanos y británicos, disconformes con la oposición que una parte del Senado hacía al ingreso de EE.UU. a la Liga de las Naciones, decidió formar el instituto Anglo-Americano de Relaciones Exteriores. La sección inglesa pasó a llamarse Chatam House, y la de EE.UU., Instituto Americano. Dos años más tarde, el Instituto Americano se convirtió en el Consejo de Relaciones Exteriores (CRE). Desde el comienzo participaron en el CRE los sectores principales del poder económico. En 1922, nació la revista "Foreing Affairs", que refleja las posiciones oficiales norteamericanas y que también acepta colaboraciones de probados amigos del imperialismo. Desde 1927, el CRE acrecentó su influencia ayudado en gran parte por las donaciones de la familia Rockefeller que cubrió un tercio de sus gastos y que le regaló su sede.

PENETRACIÓN ECONÓMICA

Al entrar EE.UU. a la Segunda Guerra Mundial, el CRE tuvo su primera oportunidad de actuar. El Secretario de Guerra, Henry Stimson (antes de ser nombrado en ese cargo) publicó un artículo en "Foreing Affairs" en favor de la intervención norteamericana. Posteriormente, las recomendaciones del CRE a la Casa Blanca y al Departamento de Estado se tradujeron en la formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en la creación de las Naciones Unidas, en la inclusión de Nueva Groenlandia en los marcos de la intervencionista Doctrina Monroe, y en la creación del Plan Marshall de ayuda a Europa Occidental.

El Plan Marshall, precisamente, fue diseñado por miembros del CRE con el fin de beneficiar a los grandes capitalistas norteamericanos. Averell Harriman, que encabezó el comité que estructuró el Plan Marshall, no sólo pertenecía al CRE sino que, además, era socio de la casa financiera Brown Brothers, que se benefició enormemente con los préstamos a Europa.

John J. McCloy, designado Alto Comisario de los EE.UU. en Alemania, se aseguró que la recuperación de ese país se hiciera tal como convenía a los intereses imperialistas, anulando todas las restricciones sobre inversiones extranjeras.

El CRE tuvo también la idea de formar la OTAN para proteger la inversión norteamericana en Europa y, al igual que el Banco Mundial, se fingió que no estaba controlada por EE.UU. De esa manera la OTAN preparó el terreno para otros pactos de "defensa", incluyendo el SEATO, el CENTO y los bien conocidos pactos interamericanos de defensa.

Gran parte del financiamiento del CRE proviene de las compañías norteamericanas que entregan sus aportes en forma de avisos en la revista "Foreing Affairs" (70 mil ejemplares), y en donaciones directas. La Fundación Ford, por ejemplo, entregó recientemente 900 mil dólares para estudiar la política de Estados Unidos respecto a China y a la zona del Norte del Atlántico.

Para 1970, setecientos de los 1470 socios del CRE eran de Nueva York y el resto de otras ciudades de EE.UU. No había ningún negro y tampoco ninguna mujer, hasta el año pasado que ingresaron 15 de ellas. Seis de los 24 directores del Chase Manhattan Bank pertenecen al CRE, así como 6 de los 17 directores de la Standard Oil, otra empresa del grupo Rockefeller.

La participación de Rockefeller en el CRE, por supuesto, determina que ese organismo tenga enorme interés en América latina, donde se concentra gran parte de la inversión de esa familia. En 1940, Nelson Rockefeller y un grupo de hombres de negocios, miembros del CRE, prepararon un memorándum para Henry Hopkins, asistente del Presidente Roosevelt, proponiendo crear una nueva agencia federal encargada de defender y expandir los intereses de las corporaciones norteamericanas en el hemisferio. En agosto de ese año, se fundó la Oficina de Coordinación de Asuntos Interamericanos y el coordinador fue el propio Nelson Rockefeller. En el verano de ese año el CRE hizo un estudio sobre la posibilidad de sustituir a Europa en el mercado latinoamericano. El estudio demostró que tal sustitución se podía hacer con facilidad en el Caribe, especialmente en Colombia y Venezuela, que ya tenían un alto grado de dependencia de EE.UU. Más problemas se presentaban en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. En cuanto a Cuba no habla problema porque, como dijo el CRE, "la integración ya es bastante completa".

LOS CEREBROS DE LA POLÍTICA NORTEAMERICANA HACIA CHILE

En las reuniones del Consejo de Relaciones Exteriores, cuyos documentos damos a conocer en estas páginas, actuaron las siguientes personas:

Presidente: William Rogers, Secretario de Estado de los EE.UU.

Secretario: John C. Campbell, del CRE.

Relatora: Sheila Low-Beer, del CRE.

Robert J. Alexander, especialista en asuntos latinoamericanos de la Universidad de Rutgers.

Frank W. Archibald, no hay información sobre él.

Charles E. Barber, de la American Smelting and Refining Co.

William E. Barlow, de la revista "VISION".

David Bronheim, de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID).

William E. Butler, del Chase Manhattan Bank.

James Chase, de la revista "FOREING AFFAIRS".

William Diebold, del CRE.

Alphonse de Rosso, de la Standard Oil Co. (Nueva Jersey).

Jorge Domínguez: No hay información sobre él.

Samuel D. Eaton, del Departamento de Estado; ha sido funcionario en La Paz, Río de Janeiro, Bangkok y Bogotá.

Mark B. Feldman. No hay información sobre él.

Lincoln Gordon, de la Universidad John Hopkins, ex Secretario de Estado asistente para Asuntos Interamericanos.

Joseph John Jova, embajador de EE.UU. en la OEA, ex embajador en Honduras, ex Ministro Consejero en Santiago de Chile (Participó activamente en favor de Frei en la campaña presidencial de 1964).

Peter F. Krogh, de la Universidad de Georgetown.

John C. Layln, de Cobington & Burling y director de J. Henry Schroder Banking Corp.

Jerome I. Levinson, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

David W. Mac Eachron, del CRE.

Forrest D. Murden Jr.. de la firma Murden and Co. Inc.

Martha T. Muse, de la Fundación Tinker.

Covev T. Oliver. ex embajador en Colombia, funcionario del Departamento de Estado.

Cecil J. Olmstead, del CRE.

John R. Petty, asistente del Secretario del Tesoro.

John N. Plank, del Instituto Brookings, de la Universidad de Connecticut y ex miembro del Buró de Inteligencia y Recursos del Depto. de Estado.

Rodman C. Rockefeller, de International Basic Economy Corp. (IBEC), la corporación financiera hemisférica de Rockefeller.

Walter J. Sedwitz, funcionario de la OEA.

Tad Szulc, corresponsal del "New York Times".

William Quigley, de Anaconda Copper.

Peter Viron Vakey, de la Universidad Georgetown y del Consejo Nacional de Seguridad.

Jack Hood Vaughn, ex director del Cuerpo de Paz, ex embajador en Colombia, ex asistente del Secretario de Estado para Asuntos Interamericanos.

A mediados de la década del 60, David Rockefeller, presidente del CRE, estableció dos organismos encargados directamente de los asuntos latinoamericanos. El Center for Inter-American Relations y el Council for Latin America. Los 200 miembros de este último organismo son representantes de corporaciones que tienen más de 80 por ciento de todas las inversiones norteamericanas en el continente. Entre otros miembros del CRE que tienen que ver con la política yanqui hacia América latina figura Adolph Berle, consejero presidencial, ex embajador en Brasil, y uno de los autores del fracasado programa de Alianza para el Progreso (es dueño además de una firma legal, Berle & Berle que aconseja a corporaciones norteamericanas con intereses en América latina y fue directivo de la Sucrest Corp. que importaba azúcar del Caribe). No es de extrañar que Berle fuera el mismo hombre que ayudó a planear la invasión a Cuba en Bahía de Cochinos.

Averell Harriman, que fue a República Dominicana a "explicar" la invasión de ese país, tenia el 5% de las acciones de la National Sugar Refining Co., que se abastecía de azúcar dominicana. Ellsworth Bunker, que fue enviado a República Dominicana para arreglar la elección presidencial después de la invasión, es director de la National Sugar Refining y ha sido director de varias otras compañías azucareras en Puerto Rico y Cuba.

DOCUMENTO 1

LOS ESTADOS UNIDOS Y LATINOAMÉRICA

(Resumen de la reunión celebrada por el CRE el 14 de diciembre de 1970).

El señor Campbell, en sus palabras de bienvenida, observó que el CRE no ha realizado grupos de discusión sobre América latina desde hace mucho tiempo. Esta es una buena oportunidad, dice, de examinar lo que dice y hace la Administración Nixon acerca dé Latinoamérica. La Alianza para el Progreso ha desaparecido pero no resulta claro qué la reemplaza. Nos encontramos en una época de especial importancia en cuanto a las relaciones de EE.UU. con América latina; necesitamos una reevaluación de la situación, de los nuevos líderes y de las nuevas fuerzas políticas de ese continente.

El señor Rogers dijo que había solicitado a tres miembros del grupo preparar una serie de preguntas que pusieran en consideración la nueva era en Latinoamérica. Esas personas fueron Alphonse de Rosso, de Standard Oil; Samuel D. Eaton, del Departamento de Estado; y Jerome I. Levinson, del Banco Interamericano de Desarrollo.

COMENTARIOS DEL SEÑOR DE ROSSO

El señor De Rosso dijo que habla preparado una discusión sobre un problema de actualidad: la inversión privada de EE.UU. en América latina. Algunos creen que los inversionistas tienen demasiada influencia en la formulación de la política de EE.UU. El no está de acuerdo con ese punto de vista, desde luego. La actual inversión norteamericana, que llega a los 11 billones de dólares, es muy importante para EE.UU. Muchos piensan que el desarrollo rápido de América latina, a lo cual contribuye dicha inversión, es de interés nacional de los propios Estados Unidos. Es sabido que Latinoamérica es una importante fuente de materias primas y por lo tanto la política norteamericana debe tratar de proteger y de promover los intereses de norteamericanos en la región, pero, claro está, en un contexto internacional. Sin embargo, las actuaciones del gobierno norteamericano en el pasado reciente han sido la antítesis de esta idea. Los EE.UU. han reaccionado pasivamente frente a las acciones tomadas por Perú, Chile y otros países. Nixon dice que no quiere estimular la inversión norteamericana en países donde ella no sea bien recibida. Los EE.UU. se han mostrado pasivos en las diversas reuniones interamericanas donde se han tratado estos problemas.

La política norteamericana tiene implicaciones fuera de la región, por ejemplo en las relaciones con el Canadá. Otros países que tienen inversiones norteamericanas probablemente están mirando a los EE.UU. para ver hasta qué punto tolera las expropiaciones y nacionalizaciones que le afectan. EE.UU debe reconocer francamente su papel de "socio mayor" y tomar algunas iniciativas en resguardo de sus intereses. Por ejemplo, tratar de crear una agencia comparable al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), a la que podrían recurrir las corporaciones norteamericanas multinacionales cuando tengan problemas en algún país. Asimismo, la Casa Blanca debe respaldar vigorosamente el proyecto sobre seguros de inversiones que está considerando el Banco Mundial. Debe empeñarse, asimismo, en crear un clima internacional menos inclinado a las crisis. EE.UU. debería declarar solemnemente que considera la inversión norteamericana esencial para el desarrollo de América latina, y declarar que el tratamiento que reciban esas inversiones orientará el criterio de la ayuda económica que EE.UU. entrega a numerosos países, manifestando con esto que no tolerará ninguna agresión económica. [1]

COMENTARIOS DEL SEÑOR EATON

El señor Eaton manifestó que actualmente está desenfocada la percepción de los intereses de EE.UU. y de los intereses latinoamericanos. En los hechos, se ha perdido confianza en los ideales tradicionales de la sociedad norteamericana, y esto ocurre dentro y fuera de los EE.UU. Estableció a continuación una serie de intereses comunes que teóricamente podrían ser aplicados tanto en EE.UU. como en América latina. Se refirió, por ejemplo, a la seguridad ante amenazas que provengan de fuera del hemisferio. Asimismo, a la organización política, señalando que nadie en EE.UU. y América latina puede desear una dictadura de izquierda que es la forma más duradera y represiva de una dictadura. Aunque las dictaduras de derecha son igualmente no deseables, ellas tienden a ser más transitorias. Se podría suponer, agregó, que la libertad individual sería aceptada en todos los estados del hemisferio como la meta superior de la organización política. En el campo económico, se podría creer que todos están de acuerdo en que una forma modificada de la libre empresa es el sistema más productivo y que está más de acuerdo con los intereses de la población.

¿Qué piensan los latinoamericanos de estos problemas?, se preguntó. ¿Cómo funciona la teoría en la práctica? En el terreno de la seguridad, para muchos latinoamericanos el enemigo es los Estados Unidos, y no el comunismo internacional. En cuanto a lo político, no están preocupados acerca de los gobiernos represivos. Quizás para la mayoría de los latinoamericanos el problema de más prioridad es liberarse de la dominación de los EE.UU. y obtener un desarrollo económico y social más rápido. Como resultado de la diferencia entre las metas de desarrollo y los logros, entre la retórica y la realidad, los latinoamericanos sienten una profunda frustración. Pero por eso existen experimentos radicales, como en Chile, Perú y Bolivia (Esta reunión del CRE tuvo lugar antes del derrocamiento de J. J. Torres). (N. de PF).

Para enfocar correctamente los intereses norteamericanos y latinoamericanos, EE.UU. debe expresar sus creencias y ser un ejemplo de ellas. En términos prácticos, debe mejorar su ayuda a los países latinoamericanos y mostrarles que no deben sentirse frustrados, porque sus logros han sido verdaderos y de ninguna manera insignificantes.

COMENTARIOS DEL SEÑOR LEVINSON

Dijo el señor Levinson que el problema principal de Latinoamérica en la década del 70, son los marginales, los que están al borde de la sociedad. En algunos países ocurre algo parecido a una guerra civil y algunos nuevos Vietnam podrían surgir. En Brasil, los militares y los industriales en el poder argumentan que si dejaran el campo abierto a los políticos populistas, ocurriría un caos y se eliminaría la posibilidad de acumular capital, imposibilitando el desarrollo. Así piensan los sistemas autoritarios. En Chile, Frei incorporó al sistema a muchos marginales poniendo énfasis en la alfabetización y en el trabajo. En Perú los militares han adoptado la retórica populista para mantenerse en el poder.

La política norteamericana actúa sobre tres suposiciones que no son creíbles en América latina: 1) la Doctrina Monroe; 2) que EE.UU. tiene un excedente de capital y necesita a América latina para colocarlo; y 3) que la competencia de la guerra fría obliga a EE.UU. a mantener a la América latina en calidad de "patio trasero" para no perder su prestigio Internacional y no poner en peligro el equilibrio de poder. Como ninguna de estas suposiciones son verdaderas, la política norteamericana no es de hecho creíble.

La experimentación con sistemas políticos en América latina es inevitable. El proceso de cambio en la sociedad latinoamericana traerá cambios en el status de la propiedad norteamericana en el hemisferio. Pero los intereses norteamericanos no son incompatibles con el desarrollo social de Latinoamérica. Podemos llegar a acuerdos con los cambios, como ha sucedido en México.

DISCUSIÓN GENERAL

El señor Oliver dijo que la idea del señor Eaton de que América latina considera a EE.UU. como a un enemigo, es un punto que toca la irracionalidad en la política de Latinoamérica. El nacionalismo exagerado existiría aun si los EE.UU. hubiesen sido menos activos en el hemisferio. Podría ser importante profundizar en la psiquis social de los países latinoamericanos pero ¿tenemos el doctor en psiquiatría que se necesita? El señor Domínguez señaló que las masas marginales son en verdad una causa probable de explosión política en América latina. Pero la influencia política puede ser de derecha, al contrario de lo que se creía sobre este problema a comienzos de la década de 1960. La época actual es de experimento político en América latina; en ese sentido Chile, Perú y Bolivia están experimentando, todos ellos en forma distinta.

El señor Sedwitz dijo que la "marginalidad" es uno de los problemas más graves de América latina en la década del 70. Pero ese problema escapa a una solución política. EE.UU. debe preguntarse: ¿queremos beneficio político o desarrollo económico en América latina?

El señor Levinson sugirió analizar la década del 60 en Cuba. Dijo que Cuba sacrificó el crecimiento y a las clases media y alta, en favor de programas de alfabetización y salud. Esta política puede estar destinada al fracaso. Decimos corrientemente que Cuba es un desastre económico, pero quizás no lo es.

El señor Alexander dijo que Cuba no había logrado metas de crecimiento económico y que lo había dicho el propio Castro. El señor Bronheim coincidió pero dijo que el régimen cubano tiene fuerte apoyo a pesar del bajo nivel de crecimiento, mientras que en Brasil hay un nivel de crecimiento astronómico y el régimen tienen escaso apoyo. El propio Uruguay a pesar de tener un nivel fijo de crecimiento, es inestable.

El señor Jova dijo que definir al Uruguay como inestable no es correcto y preguntó si el crecimiento del terrorismo urbano podría ser responsable de la impresión de inestabilidad. El señor Alexander sugirió que un régimen es estable hasta que cae, y que según esta idea el Uruguay es un modelo de estabilidad.

El señor Levinson dijo que existe el problema de la estabilidad política real y la aparente. Las masas marginales mismas no son un problema político, sino que sus líderes son los que crean la inestabilidad. Pero el problema de las masas marginales en América latina no es nuestro problema y nosotros debemos definir los intereses nacionales de EE.UU.

El señor Oliver dijo que no quería un análisis del interés nacional verdadero de EE.UU., sino un resumen del interés nacional norteamericano basado en las necesidades de Latinoamérica, en términos de posibles contribuciones norteamericanas a su satisfacción. En cuanto a Chile, tanto el Consenso de Viña del Mar como las declaraciones de Allende señalan a Estados Unidos como la causa de todos los problemas. El grupo debe analizar este punto de vista disparatado. Se debe dar a Chile, agregó, todas las oportunidades para que logre éxito con su nuevo gobierno. Tal como no se puede calificar a Cuba como un fracaso, a causa de los efectos de la política norteamericana después que Castro subió al poder, hay que darle a Chile una oportunidad.

El señor Plank dijo que Allende no culpa a los EE.UU. sino a la clase alta chilena y a la historia.

El señor Sedwitz, que estuvo en Chile hace diez días, encontró que el gobierno de Allende tiene miedo al fracaso y al aislamiento. Dijo que si el gobierno fracasa, habrá una radicalización en Chile y un problema de seguridad para EE.UU. El señor Oliver discrepó afirmando que ningún país a una distancia de once mil kilómetros de EE.UU. es un peligro para la seguridad norteamericana. El señor Olmstead dijo que si el gobierno de Allende tiene éxito, tomará para sí todo el crédito por su triunfo. Pero si fracasa, culpará a los EE.UU. El señor Jova, que estuvo recientemente en Los Angeles, dijo que un editorial del "The Angeles Time", que apoyaba una política correcta hacia Chile, fue respaldado con numerosas cartas. El público norteamericano parece ser receptivo a la idea de un Chile al que se deja ser socialista o comunista, como prefiera.

El señor Domínguez preguntó cuan efectivo serla un bloqueo de los Estados Unidos contra Chile, desaprobando al régimen de Allende. Dijo que en vista de la necesidad de Estados Unidos de cobre chileno, podría ser imposible arruinar a Chile con un bloqueo sin perjudicar al mismo tiempo los intereses norteamericanos. El señor Butler estuvo en desacuerdo, señalando que dentro de poco Chile será un proveedor residual de cobre. El señor Vaughan dijo que no siempre coinciden los intereses nacionales con los de seguridad, pero que ambos son paralelos. No tenemos intereses de seguridad comprometidos en Latinoamérica, con las excepciones de México y Panamá. El señor Vaky advirtió que la influencia soviética en América latina es un hecho que no puede ser descartado. El señor Sedwitz dijo que probablemente los regímenes latinoamericanos no están vinculados en absoluto con los soviéticos. Hay, dijo, un peligro en exagerar el vínculo entre los gobiernes marxistas-leninistas y los soviéticos. En Chile no hay nada sobre este aspecto. En cuanto a su seguridad, EE.UU. tiene mucho más poder de negociación con los soviéticos si cuenta con gobiernos amistosos como vecinos en América latina. Sería mejor mirar los problemas de seguridad desde este punto de vista. El nacionalismo podría ser la salvación de Latinoamérica, si la dejamos seguir su camino sin presionarla de una u otra manera. Así quizás podríamos tener estados amistosos e independientes en aquella región. El señor Domínguez dijo que los soviéticos podrían considerar a Francia o Italia mucho más importantes que Chile, o sea, podrían advertir a Chile que fuera prudente con EE.UU. y así Moscú vendría, en los hechos, a ser una fuerza moderadora en América latina. El señor Krogh dijo que la URSS puede beneficiar a su propia política ahora en América latina. Dejar que el nacionalismo latinoamericano se desarrolle durante los próximos diez años quizás haga imposible detenerlo. Pero en los próximos cinco años quizás podríamos ver cómo marchan las cosas y no meter las manos. El señor Alexander dijo que era un error pensar que los soviéticos podrían llegar a controlar Chile. Es más probable que haya un golpe militar de izquierda y muchos en Brasil esperan que ocurra eso.

DOCUMENTO 2

Consejo de Relaciones Exteriores (CRE) Sesión del 1º de marzo de 1971.

SEGURIDAD DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL

Observaciones hechas por John N. Plank

A través de los años, me ha confortado mucho el consejo de William Strunk, conservado para nosotros por E. B. White: "Si no sabes cómo pronunciar una palabra, dila fuerte". No sólo he tomado su consejo literalmente; también he inferido de él, empleándola como una máxima profesional: "Si no sabes de lo que estás hablando, habla audazmente, con confianza".

Me he de expresar con mucha osadía y confianza en este breve documento. Los problemas de seguridad no son de mi agrado, en parte porque a causa de una tendencia natural tengo una visión elevada de la naturaleza humana y deseo creer que la preocupación por la seguridad, en especial por la seguridad nacional, refleja en los hombres el alejamiento de un adecuado espíritu fraterno; en parte porque estoy completamente convencido de que una excesiva preocupación por la seguridad por parte de los EE.UU. ha dañado seriamente las relaciones Estados Unidos - América latina, llevando al estado actual de nuestras relaciones: insatisfactorio, frustrante, lastimero. He preferido desentenderme de los asuntos relativos a seguridad, y de las situaciones conflictuales potenciales y reales; en cambio he atendido a las áreas marcadas por el consenso y la cooperación, potencial y real.

La historia, como la manida frase lo indica, no revela sus alternativas. Podría ser que si los Estados Unidos no hubiesen seguido la política de Dulles en la década de 1950, si no hubiesen condenado a Cuba al ostracismo, ni intervenido en la República Dominicana, ni hubiesen entrenado y equipado fuerzas contrarrevolucionarias a lo largo de todo el hemisferio, ni reforzado y sostenido a los regímenes militares, la situación en esta parte del mundo hoy en día sería sustancialmente peor de lo que ya es. Quizás toda la región, desde Guatemala hacia el sur y hacia el Caribe, sería comunista o se verla agitada por el caos. Que la región en la actualidad sea comparativamente tranquila, que la insurgencia rural, ya sea dirigida desde La Habana o nacional, haya casi desaparecido, que los éxitos comunistas hayan sido muy escasos, estas realidades indican la solidez de la política anterior. Los más importantes logros comunistas —el régimen castrista en Cuba y el indudable avance comunista marcado por el ascenso al poder de Allende en Chile— pueden ser tomados como una confirmación de la política de seguridad de Eisenhower, Kennedy y Johnson. La lección de la experiencia cubana —o una de ellas— es no dejar jamás que un movimiento revolucionario, no importa cuan insignificante parezca ser, sobreviva, porque puede fortalecerse y crecer. (Creo recordar que Eric Sevareid, en uno de sus momentos más exaltados y esclarecidos, dijo en la época del levantamiento dominicano, que siete comunistas eran potencialmente más peligrosos que setecientos, porque eran más difíciles de identificar, de controlar). La lección de las elecciones chilenas —o una de ellas— es que las sociedades latinoamericanas, no importa cuan sofisticadas parezcan ser políticamente, no importa cuan larga haya sido su experiencia con las formas y fórmulas de la práctica política democrática, no pueden gozar de nuestra confianza dentro del libre juego político. Si un Allende puede ser elegido en Chile, piensen lo que podría suceder en esos países menos desarrollados políticamente, como por ejemplo, cualquier otro país latinoamericano, excepto México (y México es una excepción, no porque a los mexicanos se les permita una mayor libertad política en la convicción de que la utilizarán responsablemente, sino porque un grupo astuto, "pragmático", escéptico, por no decir cínico, a menudo arbitrario y a. veces brutal, de hombres poderosos, manipula el sistema con una habilidad que debe ser la envidia de Moscú, asi como de muchas otras capitales del mundo libre, no-tan-libre, y no-libre).

No puedo discutir con los que me dicen: "Si hubiésemos seguido la política que usted y otros visionarios sentimentales abogaban, ya hace tiempo que habríamos perdido el hemisferio". No puedo discutir con ellos; pero puedo hacer dos observaciones relativas a su posición, observaciones que condicionan toda mi visión al asunto seguridad que estamos tratando. Primero, puedo decir, parafraseando algo que se dice muy a menudo con respecto a China, que el hemisferio nunca fue "nuestro" para perderlo, y que las nociones comprendidas en la "idea de un hemisferio occidental" son un error que obró en detrimento de toda América, segundo, puedo decir que cualquiera que haya sido la situación del hemisferio durante el período de Eisenhower-Kennedy-Johnson, ,el hemisferio ha sido claramente "perdido". No quiero decir, por supuesto, que esté perdido en el sentido de que los comunistas lo hayan capturado; quiero decir que está "perdido" para nosotros. Y paradojalmente, buena parte de la explicación de esa "pérdida" puede ser encontrada en el éxito de nuestra anterior política y programas de seguridad. Si no hubiésemos provisto a los gobiernos latinoamericanos con los equipos y conocimientos que ellos necesitaban para manejar los brotes "revolucionarios, esos gobiernos hubieran continuado en sus actitudes tradicionales de dependencia militar y política de nosotros. Si no hubiésemos, durante un período de veinte años, puesto tanto énfasis en la seguridad —vista siempre en el último análisis bajo el aspecto de la guerra fría— a expensas de una adecuada atención a las demandas de cambios importantes y radicales en las esferas económica, social y política (por ejemplo, si no hubiéramos, como bajo el mandato de Eisenhower y Johnson, visto a América latina en forma negativa, atemorizada, defensiva, o bajo el breve período de Kennedy, con ojos bizcos, un ojo sobre los peligros de la guerra fría, el otro, buscando frenéticamente los medios para asentarla económica, política o socialmente. No es extraño entonces que hayamos tambaleado y ocasionalmente tropezado). Los latinoamericanos pueden no haber perdido su confianza en nosotros, en la bondad de nuestras motivaciones, la calidad de nuestros talentos, la solidez de nuestra sabiduría. Pero que han perdido la confianza en nosotros, me parece evidente.

Que hayan perdido la confianza en nosotros, es, en el balance, quizás, bueno para ellos y para nosotros. Al no contar con nosotros, ni vernos como su inspiración y guía, ni ver a nuestra sociedad como un ejemplo que en cierto grado y extensión quisieran emular, son más libres de lo que han sido en el pasado para definir sus propios problemas a su manera e inventar sus propios remedios, cometer sus propios errores. Los efectos de esta nueva libertad son diferentes en los diversos países del hemisferio. Perú no es Chile, y Haití no es Brasil. La "segunda emancipación" de América latina, no obstante, está claramente en camino; y aunque el futuro de la región no es brillante, hay algo de estimulante en el mismo proceso emancipador.

En lo que respecta a la seguridad, los latinoamericanos están definiendo sus intereses y amenazas en forma algo diferente, creo, de como lo hacían varios años atrás. Esa afirmación es probablemente correcta, no importa de qué latinoamericanos estemos hablando: el revolucionario latinoamericano percibe un conjunto de intereses de seguridad y amenazas diferente al que percibía cinco o tres años atrás; por lo menos los componentes de ese conjunto están ordenados en forma diferente de lo que estaban entonces; el coronel latinoamericano ve ahora a su país, al hemisferio y al mundo de manera diferente que en el pasado reciente. La situación de seguridad aparece cambiada, ya se la mire desde Uruguay o El Salvador.

En qué forma ha cambiado la situación y cómo está dada ahora, sin embargo, son asuntos que no pueden ser tratados en términos generales. Uno tiene que tratar con la casuística: grupos específicos, países específicos. Evidentemente no se puede llevar a cabo ningún estudio serio, sistemático y exhaustivo del área, en un breve documento.

En mi opinión, los grandes cambios notados por todos los grupos en todas las partes del hemisferio —aunque diferentemente evaluados e interpretados por diversos grupos y en diferentes zonas— son:

1) No se ve una amenaza importante por vía marítima. No me refiero, por supuesto, a que haya habido alguna vez, desde la firma del Tratado de Río, miedo a una invasión por el Atlántico o por el Pacífico. Más bien, quiero decir que el miedo a un apoyo real soviético o chino a los revolucionarios locales se ha desvanecido en gran parte. (Para un revolucionario local, se entiende, esto es fuente de consternación y desánimo, y no de alivio). En cuanto al establecimiento de bases soviéticas —para submarinos o la fuerza aérea.— en Cuba, o, potencialmente, en Chile o en otros lugares, esta contingencia es mirada como parte del enfrentamiento de las grandes potencias, una contingencia a ser resuelta entre Washington y Moscú sobre las cabezas de La Habana y Santiago. Pienso que la mayoría de los latinoamericanos de cualquier país, de cualquier grupo, pensarían que los Estados Unidos no tolerarían el establecimientos de instalaciones soviéticas estratégicas en cualquier parte de este hemisferio; me atrevo a pensar que la mayoría de los latinoamericanos atribuyen a los líderes de la Unión Soviética la misma conclusión, y que por eso la mayoría de los latinoamericanos no toman esta contingencia muy en serio; este problema fue probablemente resuelto para el futuro en 1962, aunque un saludable recordatorio de la posición estadounidense fue dado en el otoño de 1970, relacionado con el asunto de los submarinos.

2) Hay una amenaza potencial a la seguridad, percibida desde los mismos EE.UU.; y ésta no está restringida, si mi conocimiento no me engaña, tan sólo a los países del Caribe y de América Central. Acontecimientos tales como los de mayo y junio de 1965, tienden a permanecer más tiempo en el recuerdo de los latinoamericanos, que en el nuestro; y acontecimientos comparativamente menores —como la cercanía de algunos de nuestros buques a Trinidad-Tobago, durante los desórdenes de la primavera pasada-provocan un hormigueo en la memoria. Aún si el presidente admitiera específicamente nunca, bajo ninguna provocación, intervenir unilateralmente en un país latinoamericano, los temores latinoamericanos persistirían.

Más allá de esto, algo más ominoso está surgiendo en América latina, específicamente en América del Sur, en buena parte, como resultado de la aparición, a mi entender, de profundas diferencias ideológicas entre sus regímenes. Digo "ideológicas" en ausencia de una palabra mejor, aunque tiene una connotación de organizaciones de creencias políticas más coherentes y amplias que las filosofías políticas latinoamericanas. Lo que quiero dar a entender es el sentido de que entre los cuatro regímenes de Perú, Chile, Argentina y Brasil, hay concepciones profundamente divergentes de lo que constituye la "buena vida", una política correctamente ordenada, etcétera. Estas diferencias ideológicas refuerzan las rivalidades más convencionales y los malentendidos entre las naciones. Y se asegura que los Estados Unidos han tomado partido, brindado su apoyo a uno u otro de estos regímenes contra otros. Los chilenos creen que Estados Unidos no tiene buenas intenciones hacia su actual gobierno, y que ayudaría e incitaría —bajo circunstancias favorables—, una incursión a través de los Andes o de la costa. Me ha dicho un peruano, razonablemente cercano a la junta, que sus compatriotas creen que los EE.UU. ayudaron a Chile a construir su carretera desde Arica a Antofagasta con el objetivo principal de facilitar el movimiento de tropas chilenas en un conflicto anticipado entre Chile y Perú (esto me fue dicho, por supuesto, antes de la elección de Allende. Dudo que esta versión sea ampliamente propagada hoy en día). Lo importante, en todo caso, es que los EE.UU. continúan siendo considerados profundamente anti revolucionarios, como una potencia enemiga de cambios radicales, lista a dar su ayuda a los estados sudamericanos dispuestos a reprimir a otros estados con tendencias colectivistas, comunistas, radical-reformistas.

Existen razones para creer que estos miedos disminuirán —de que están disminuyendo— en cuanto se comprenda que los compromisos del presidente se están cumpliendo. Algunos revolucionarios latinoamericanos son muy desdichados, porque los EE.UU. no están jugando el papel que de ellos se esperaba: la casi resignada respuesta a las provocaciones, la ausencia de la retórica justa que caracterizó a los pronunciamientos del hemisferio durante los años de los mandatos Eisenhower, Kennedy, Johnson, han tenido un efecto devastador sobre los jóvenes revolucionarios que necesitan desesperadamente pintar a los EE.UU. como la encarnación de la insensibilidad capitalista, la opresión y la brutalidad.

El problema que nos concierne, sin embargo, es de dónde ven provenir una amenaza los latinoamericanos. Y la respuesta que yo sugiero es que, en la medida que la vean emanar de fuente extralatinoamericana, la ven venir de los EE.UU.

3) Tengo la impresión que ningún gobierno latinoamericano actual se siente realmente amenazado por la insurgencia interna. Tendremos que ver los casos. Los generales brasileños se comportan con gran confianza en sí mismos y nada indica que los revolucionarios sean optimistas en cuanto a sus oportunidades. Por otro lado, Balaguer, en la República Dominicana, probablemente duerma menos tranquilo que Garrastazú Médici. Los gobiernos de países molestados años atrás por actividades guerrilleras —Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Guatemala— parecen ser capaces de mantener un orden doméstico correcto. Uruguay está más molesto que asustado por los tupamaros; y la táctica de secuestro de las guerrillas urbanas, tanto allí como en otras partes, les proporciona más oprobio que laureles.

4) Hay grupos que continúan hablando de una amenaza cubana. Es difícil, sin embargo, creer que estos grupos representen una gran parte de la opinión pública. Los fracasos económicos cubanos, voceados a todo el hemisferio por el mismo Fidel; el reconocimiento, hecho también por Fidel, de que el programa de "incentivos morales" no está funcionando bien; las amargas quejas de los revolucionarios de otros países latinoamericanos de que Fidel los ha traicionado al no brindarles asistencia; la innegable evidencia de que la actividad revolucionaria de Fidel, en el hemisferio se limita en la actualidad a hacer discursos; todo esto ha llevado a una continua disminución de la "amenaza" cubana. Por otra parte, Chile ha reconocido a Cuba y el problema del reconocimiento es discutible en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y otros países. Incluso el malhumurado Presidente de Costa Rica, don Pepe, —si mi memoria es correcta— ha intimado que las relaciones comerciales entre Costa Rica y Cuba podrían ser restablecidas, a condición de que esas relaciones no impliquen nada de naturaleza aprobatoria políticamente.

5) Chile es visto como una amenaza por algunos grupos, no como origen de aventuras guerrilleras o militares, sino como fuente de infección ideológica y como posible base de una ofensiva ideológica soviética y/o china. Es difícil estimar —al menos con la información a mi alcance— cuan extendido pueda estar en América latina este miedo al Chile de Allende. Como sucedió en Cuba hace una década, en Chile, muchas personas pertenecientes a la clase media y clase superior están abandonando el país, refugiándose en otros lugares del hemisferio; y con ellos llevan resentimientos y deseos de venganza análogos a aquellos de los refugiados cubanos. En la medida en que afecten a la opinión pública de los países a los cuales vayan, esparcen el miedo a Chile como asunto de seguridad.

6) Hay todavía una cierta cantidad de áreas y temas vistos como amenazas de seguridad por algunos países latinoamericanos. La disputa entre Guyana y Venezuela no ha sido totalmente resuelta; Honduras y El Salvador desconfían el uno del otro; si la Honduras británica se siente amenazada por Guatemala es materia de especulación; Guatemala no se siente muy cómoda a la sombra de México, siempre más poderoso. Gobiernos establecidos en el Commonwealth del Caribe son vulnerables a las iniciativas del poder negro; y Guyana está lejos todavía de haber superado su feo cisma ideológico-social. Estos son, no obstante, los problemas locales esenciales. Visto desde el resto del hemisferio, Haití también es un problema local. Excepción hecha de la República Dominicana.

7) Existe una aptitud nuclear de cierto tipo en la capacidad técnica de Argentina, Brasil y México. Creo que está bien decir, sin embargo, que si alguno de estos países siguiera la ruta nuclear, no sería como respuesta a una amenaza real, sino simplemente una búsqueda de grandeur et gloire. Y si lograsen esta capacidad, los vecinos de estos países no se sentirían seriamente amenazados por ella.

8) Hemos considerado hasta ahora amenaza a la seguridad que implican violencia, encuentro de armas, componentes militares. Es probablemente apropiado introducir un tipo de amenaza potencial al cual ciertos grupos en América latina dicen estar expuestos: la amenaza del golpe de estado, orquestado, instigado o por lo menos asistido e incitado por potencias foráneas. Muchos brasileños, por ejemplo, creen que los Estados Unidos estuvieron muy comprometidos en el derrocamiento del régimen de Goulart, y esa creencia es mantenida por los brasileños que favorecieron al golpe (o, para utilizar la palabra que los oficiales brasileños prefieren, la Revolución) tan frecuentemente como lo es por aquellos que se opusieron al golpe. Estamos informados que un gran número de chilenos creen que a los Estados Unidos les gustaría instigar a los militares chilenos, en un momento apropiado, para liberar a La Moneda de su actual ocupante. Etcétera. Pero también son probables golpes de sectores izquierdistas, nacionalistas y populistas; y es posible considerar la participación soviética en tales acontecimientos al convertirse más intensa y aceptable la presencia soviética.

Cambiemos ahora nuestro punto de vista y miremos al hemisferio atendiendo a las amenazas a la seguridad percibidas desde Estados Unidos por la Norteamérica oficial. (Sectores privados de Norteamérica pueden percibir amenazas también, por supuesto; pero la respuesta de los Estados Unidos a las mismas se produce solamente cuando oficialmente, Washington determina que sea así. Si el caso fuese a la inversa, hace años que se hubiesen eliminado esos subterráneos y cuevas en Cuba, que contienen cohetes soviéticos, cuya presencia ha sido denunciada durante tanto tiempo por Paul Berthel y otros).

En mi opinión —y aquí hay muchos que me pueden corregir si me equivoco— el asesor presidencial en materia de seguridad nacional, doctor Kissinger, ha analizado a América latina en forma penetrante, bajo el aspecto de la seguridad, encontrando que su investigación apoya sus sospechas y prejuicios iniciales, su predisposición a considerar que, bajo un análisis de beneficio-costo, América latina no es realmente demasiado importante. Se cuenta que un predecesor del doctor Kissinger preguntó una vez en un examen —ya que en una anterior encarnación estuvo relacionado con una universidad—: "Si toda América latina desapareciera bajo las aguas, ¿cuál sería el efecto en los intereses de seguridad estadounidenses?". Si esto es correcto, se me ocurre que este hombre, su predecesor, se anticipó y adelantó; pero mi deducción, basada en su conocimiento personal, es que él esperaba que los estudiantes parpadearan asombrados ante la pregunta, luego parpadearan seriamente a causa de sus implicaciones, y escribieran algo equivalente a: "Muy pocas". Creo que el doctor Kissinger también ha llegado a esa conclusión.

Ha sido públicamente registrado que el doctor Kissinger declara que el mundo actual es militarmente bipolar, políticamente multipolar. Creo que piensa que los desafíos estratégicos más serios para los Estados Unidos provienen, directa o indirectamente, de la Unión Soviética, y no de un país latinoamericano. Pienso que ha descontado la significación del abandono ideológico en América latina del "American way", y que ha persuadido al presidente de que no se debe permitir que la protección de los intereses privados de Estados Unidos en América latina asuma una abrumadora prioridad. En parte, esto es simplemente porque, en la visión global del doctor Kissinger, los 13.000:000.000 de dólares de la inversión privada estadounidense en América latina no es una suma demasiado grande, comparada no sólo con nuestra inversión en otros lados, que llega a los 59.000.000.000 de dólares, sino también contra lo que el presidente nos dijo: que nuestra economía era de un billón de dólares. En parte también, sin embargo, lleva a lo que sospecho, que son las conclusiones del doctor Kissinger de que conviene evitar confrontaciones directas con los gobiernos latinoamericanos, ya que piensa que tales confrontaciones servirían a los intereses de aquellos fanática, ideológica, o cínicamente opuestos a los Estados Unidos más de lo que servirían a nuestros intereses, y que el costo para nosotros, doméstico e internacional, de tales enfrentamientos, difícilmente nos reportaría algún beneficio.

¿Ve el doctor Kissinger, ve la administración, una necesidad de preservar la distinción, histórica si no retóricamente bien establecida, entre los intereses de seguridad de los Estados Unidos en el Caribe y los mismos intereses en el hemisferio como un todo? Otra vez, asumo que ha descontado esta distinción, y que incluso el Caribe ha de ser tomado dentro del contexto de la política mundial y, más específicamente, con un ojo sobre Moscú y su capacidad militar. Toma doce minutos, se me ha dicho, llevar al Presidente desde la pista de helicópteros en la Casa Blanca a Andrews y subirlo al buque de comando. Hacer lo que se pueda para proteger esos doce minutos esenciales es, supongo, lo que preocupa a las autoridades supremas de Washington. Pero a mi juicio, a Washington no le preocupa demasiado —o por lo menos en menor cuantía— el desarrollo de las dimensiones caribeñas. Estamos trasladando a CINC-SOU (Comanander-in-chief, Southern Command) de Panamá a Norfolk: una presencia de importancia simbólica está siendo llevada del Caribe. No sé si Fort Gulick (la escuela de instrucción para militares latinoamericanos) continuará jugando su papel acostumbrado; pero por lo menos es posible que se haya resuelto en el Pentágono que los latinoamericanos pueden ahora entrenar sus propias élites contrarrevolucionarias sin nuestra ayuda; en cuanto a helicópteros y otros accesorios, los Estados Unidos continuarán siendo una fuente de abastecimiento.

No quiero ser mal interpretado. Me inclino a creer que el presidente preferiría ver a América latina bajo el perímetro protector del compromiso estadounidense; pienso que le gustaría ver a las sociedades latinoamericanas permanecer razonablemente cercanas a los moldes de desarrollo no socialistas, libre-empresistas, proamericanos, anticomunistas. Sé, sin embargo, que el gobierno es demasiado inteligente y políticamente sagaz: América latina no es, en el análisis final, de una importancia de vida o muerte para los Estados Unidos, ya sea estratégica, política, económica o ideológicamente. América latina puede valer una misa pero no vale una dedicación masiva de recursos económicos, energía política o atención militar. Por sí misma, América latina no puede ir a ninguna parte —es un "lugar estratégicamente solitario"— y si comienza a ir a alguna parte bajo las directivas de alguna otra gran potencia (la URSS), entonces los Estados Unidos tratarán con esa otra gran potencia, no con América latina.

He tratado de no apartarme de los parámetros de seguridad que se me impusieron.

Dejadme decir, para finalizar, sin embargo, que me estoy golpeando contra esos parámetros, ya que nada que se diga sobre la situación de seguridad, puede ser dicho fuera de un contexto geopolítico, ideológico y cultural.

DOCUMENTO Nº 3.

LOS EE.UU. Y AMERICA LATINA.

Sesión del 13 de abril de 1971. (Resumen de la discusión).

El señor Rogers abrió la sesión observando que el debate había rondado desde el principio alrededor de los problemas de Chile y Perú, y que esa reunión era el momento de abordarlos. La importancia de la situación en ambos países es obvia. Luego dio la palabra al señor Barber para que relatara la experiencia de "American Smelting and Refining" en Perú.

El señor Barber dijo que deseaba discutir la minería en general, y el caso de Perú en particular, para proveer de una base a las observaciones de los señores Archibald y Quigley, quienes estuvieron íntimamente ligados a sus cuestiones específicas y a las negociaciones durante algún tiempo. Barber dijo que traía la perspectiva del productor de materias primas. La gente pregunta por qué compañías norteamericanas, tales como Anaconda y Asarco, permanecen en un área tan difícil si los problemas son tan grandes. Están en los negocios por el lucro, por supuesto, pero el señor Barber hizo notar que los intereses nacionales de los Estados Unidos también están implicados. Los Estados Unidos son una nación con déficit de recursos, especialmente en el terreno de los metales no ferrosos: cobre, plomo, cinc, etc. Los Estados Unidos importan un 15% del cobre que consumen, un 30% del plomo, y un poco más del 40% del cinc. Hay muy pocas muestras de preocupación por el futuro* aprovisionamiento de materias primas en la concepción y en la ejecución de la política exterior norteamericana. Esto contrasta agudamente con otros países deficitarios en recursos, como Japón y Alemania.

El señor Barber continuó señalando que los recientes acontecimientos en Chile y en Perú subrayan otra consideración general: la necesidad de desarrollar un nivel de "lealtad" como materia de derecho internacional en la práctica de tratar con las inversiones internacionales, particularmente en los países en vías de desarrollo. En Perú puede producirse una presión enorme sobre el gobierno para que expropie las inversiones más importantes, especialmente si los Estados Unidos no responden a las medidas tomadas en Chile.

Luego, el señor Barber describió la situación de la mina de Toquepala, en el sur del Perú, que constituye una de las mayores y más exitosas inversiones. El señor Barber la citó como ejemplo de que los intereses de la minería difieren de otros tipos de inversiones porque el monto de la inversión inicial es enorme y el período de pago es muy largo. "American Smelting" adquirió intereses en la región en 1940; en 1948 su inversión totalizaba los ocho millones de dólares; en 1950 ya se había dado una base legal para trabajar, por el Código de Minería de 1950, artículo 56. En 1955 se llegó al necesario acuerdo bilateral, completándose la financiación. Cuatro compañías norteamericanas se unieron en un consorcio, y obtuvieron un préstamo del Eximbank. Cuando la producción comenzó, en 1960, la inversión alcanzaba a 230.000.000 de dólares. Luego, pasaron otros siete años, en un mercado favorable y en expansión, antes de que la compañía recuperara su inversión en efectivo. Desde entonces, las ganancias anuales han sido sustanciosas, pero a causa de esto se hace políticamente vulnerable. No obstante, a finas de 1969, el proyecto había producido tan sólo un 8% de devolución a la compañía, siempre sobre la base del dinero en efectivo. Esto contrasta con la tasa de beneficios prevista, de un 15% en las inversiones domésticas luego de pagados los impuestos. Para alcanzar esta tasa de ganancias de la mina, los beneficios deberían continuar con su tasa actual hasta 1985. El 68% del producido se destina a pagar impuestos.

El señor Barber citó a una segunda empresa, el depósito Cuajone, del cual se espera extraer 140.000 toneladas de cobre por año al principio, a un costo algo mayor de cuatrocientos millones de dólares. La decisión de explotarlo fue tomada en 1964. En febrero de 1968 se actualizaron las disposiciones del Acta de Minería, y durante los dos años siguientes el señor Archibald se dedicó a negociar el contrato. La construcción comenzó en abril de 1970. La inversión de 1970 alcanzó a los 13.000.000 de dólares, y hacia agosto de 1971 habría llegado a los 25.000.000. El acuerdo exige que se mantenga la producción durante seis años y medio. Sin embargo, ha aparecido en América latina una nueva forma de expropiación de inversiones mineras. Parece ahora que el proyecto Cuajone sólo puede ser financiado exitosamente si Washington, y quizás otros gobiernos occidentales, deciden, como medida política, que el proyecto tiene que continuar. Una estrategia viable podría consistir en asociar a compañías de los principales países consumidores de cobre como inversoras, de forma que si el gobierno peruano quisiera tomar medidas contra la inversión, tendría que hacerlo contra todos sus principales clientes. La participación del gobierno de Estados Unidos, a través del Eximbank puede ser vital para el éxito del proyecto; los ingleses, por ejemplo, han indicado que no participarán a menos que algún organismo oficial de Estados Unidos también lo haga. Pero la posibilidad de una participación gubernamental en estas inversiones no puede pasar ahora del limbo, a causa del asunto de la IPC.

El señor Archibald recordó haber participado en las negociaciones específicas durante un largo período, como residente a largo plazo en Perú. Con la adopción del nuevo artículo 56 del Código de Minería, el gobierno civil de Belaúnde Terry hizo presión para concertar un acuerdo bilateral. El grupo del señor Archibald presentó varias propuestas, basadas en el código, pero ninguna de ellas condujo a un acuerdo. Luego sobrevino el golpe militar y las cosas se demoraron hasta que, en 1969, la compañía fue notificada de que el gobierno estaba dispuesto a negociar. A pesar de que se cumplieron reuniones interminables, casi no hubo adelantos, porque estaban implicados varios ministerios, que no trabajaban en conjunto. En otoño de 1969 el primer ministro dijo que quería llegar a un acuerdo. El señor Archibald declaró que sus negociaciones se desarrollaron entonces con un comité de tres personas, formado por el primer ministro, el ministro de Minería y el ministro de Finanzas, todos ellos generales. Se encontraban por la noche, algunas veces desde las 20 hasta las 5 de la mañana, con un grupo de técnicos a la orden en la habitación contigua. A fines de octubre de 1969 se llegó a un acuerdo. A esta altura, el Departamento de Estado norteamericano envió un telegrama a nuestros embajadores en naciones acreedoras, instruyéndolos para asegurar a los gobiernos interesados que Washington no tenía interés oficial en las negociaciones. Cuando esta información llegó naturalmente a los peruanos, presentaron nuevas demandas y se hizo necesario reiniciar las negociaciones. Trabajando contra reloj, puesto que el plazo expiraba el 31 de diciembre de 1969, fecha en que entraba en vigencia una nueva ley que hacía "imposibles" las condiciones, ambas partes firmaron el acuerdo a mediados de diciembre. Luego de la firma y antes de la ejecución de la respectiva "minuta", los peruanos cambiaron la redacción de una cláusula y fueron delatados por la compañía. Esto promovió otro enfrentamiento, cuya resolución requirió la mayor parte de la noche. Pero a pesar de todos estos obstáculos, el gobierno quería negociar el contrato, y lo hizo.

El señor Quigley habló entonces sobre la propiedad de Anaconda, en cerro Verde, en las afueras de Arequipa, segunda ciudad de Perú. Dijo que la compañía había adquirido esa propiedad en 1915, con un desembolso de un millón y medio de dólares, pero a causa de la complejidad de la búsqueda (un óxido mineral sobre sulfito, con una mezcla intermedia) y los bajos precios mundiales del cobre, se decidió que la explotación no era competitiva, comparada con otras explotaciones. Se llevaron a cabo revisaciones periódicas, llegando a la conclusión de que la mina no estaba en condiciones de ser explotada. En 1961 se cumplió el primer intento de análisis total. La nueva tecnología y los altos precios del cobre lo justificaban por primera vez. Luego de un desembolso de cuatro millones y medio, se estableció un plan de producción, decidiéndose que la posesión sería explotada. La Anaconda inició negociaciones con el gobierno en 1964, bajo la vigencia del viejo artículo 56 del Código de Minería, pero durante los tres años subsiguientes, no se hizo ningún progreso. A fines de 1966 comenzaron negociaciones sobre bases serias, y se elaboró un contrato fundamental. El único problema sin resolver era la cláusula de intercambio. Sobre este punto, la Anaconda propugnaba por el sistema de amortización parcial, similar al sistema chileno, en lugar de la amortización total que reclamaba entonces el Banco central del Perú. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo satisfactorio, pero entonces el gobierno de Belaúnde fue derribado, se desencadenó el conflicto con IPC, y no hubo condiciones para seguir las tratativas. En el verano de 1969 la Anaconda intentó negociar, pero el gobierno estaba preocupado por otros problemas.

A partir del 31 de diciembre de 1969 comenzó a regir el nuevo Código de Minería, y el gobierno peruano reclamó el 51% de la operación. Esto era inaceptable para la Anaconda, pero terminó convenciéndose de que el problema sólo podía ser solucionado sobre la base de una compañía mixta, que parece ser la futura forma que la industria minera adoptará en la parte norte de América del Sur. Quigley propuso que al capital privado peruano correspondiera el 25% de la operación, y que se creara un consorcio incluyendo al Banco Mundial y otras instituciones internacionales. El consorcio podría actuar como un amortiguador entre el gobierno y las operaciones de la compañía. Cuando el gobierno declaró que asumiría sólo un 40% de los intereses totales, en lugar del 51%, la compañía entabló negociaciones con el IBRD, el LFC, el Eximbank y otros, para financiar la operación. El IFC manifestó interés, pero sólo en un 10%. El plan de la compañía contemplaba que Anaconda y Dow Mining tuvieran el 50%, el gobierno peruano el 40% y el IFC el 10%. El borrador final era: un 25% para Anaconda, 21% para Dow Mining, 49% para el gobierno peruano y 5% para el IFC. Sin embargo, durante las negociaciones subsiguientes, el IFC exigió una garantía a Anaconda, que ésta no presentó. A causa de ello, los términos fueron reestructurados, y luego de nuevas negociaciones el gobierno peruano resolvió volver a su reclamo del 51% y decidió que era necesario volver a discutir el contrato de dirección de la mina con la Anaconda, de forma que los peruanos tuvieran mayoría en la junta directiva y que un peruano fuese designado gerente. A esta altura, la Anaconda ya había invertido siete millones de dólares en la operación, y estaba invirtiendo unos 450.000 más por mes, con intenciones de aumentar la inversión mensual a dos millones y medio en un futuro cercano. Al cabo de toda esta experiencia, la Anaconda llegó a la conclusión de que la mina no era una inversión apropiada, y que su titularidad debería volver al estado. Esta decisión provocó varias reacciones, pero ninguna de ellas facilitó la negociación, de forma que el 31 de octubre de 1970 la propiedad volvió, automáticamente, a manos del estado.

La Anaconda ofreció al Perú la venta del equipo de la propiedad y licenciar al personal técnico, etc., pero se negó a revelar los datos técnicos y los estudios realizados por la compañía. Más tarde se pidió a la Anaconda que vendiera esta información, pero sin acordar ningún precio. Quigley reiteró la necesidad de establecer un tipo de compañía minera mixto para las corporaciones extranjeras que actuaran en Perú. Dijo que Cerro Verde era una mina que el gobierno peruano deseaba adquirir, ya que resulta posible explotarla en forma económica si es necesario; podría convertirse en una operación vitrina, en virtud de su fácil accesibilidad.

El señor Quigley sintió durante las negociaciones que la Anaconda se había echado atrás, para adecuarse a los problemas políticos; sin embargo, se condujo en forma seria. Concluyó diciendo que los países productores de cobre en América latina y en África están procurando, en último término, establecer un mercado mundial del cobre controlado por ellos.

El señor Plank observó que la historia de la Anaconda no había sido bien narrada en la prensa norteamericana. Preguntó si había habido una atmósfera de indiferencia o algún intento de difamar al gobierno norteamericano. El señor Quigley dijo que no, y Archibald añadió que las propuestas de la Anaconda habían sido favorablemente recibidas en numerosos sitios y que muchos peruanos estaban en contra de la posición de su gobierno.

El señor Feldman subrayó que estaba familiarizado con la historia de la Anaconda tan sólo en términos generales, y que las relaciones oficiales entre Estados Unidos y el Perú dependían del caso IPC, el cual había quedado "cerrado" en lo referente al Perú, y de la cuestión de las plantaciones de azúcar de Gracia, que debía llevarse a los tribunales. También hay una disputa por los derechos de pesca, y se han opuesto obstáculos a muchos contratistas norteamericanos. En cuanto a la pesca, dijo que valía la pena notar que en la conferencia de la OEA Perú no comprometió su apoyo al Ecuador, sino que, teniendo en vista sus propias aguas territoriales, actuó con una discreta circunspección. La posición de Perú en América latina ha cambiado, señaló, los Estados Unidos han creído del caso actuar en forma moderada. La política norteamericana es criticada desde los dos extremos. Tenemos en el Perú intereses importantes que deben ser salvaguardados, pero es difícil determinar la mejor reacción en cada caso, con relación a las repercusiones que pueden recaer sobre el resto de las cuestiones.

La posición que se tomó en el caso de la IPC es juzgada todavía, en general, como la mejor que se podía haber resuelto. Los señores Barber y Archibald dijeron que, en su momento, pensaron que habría sido poco inteligente provocar un enfrentamiento a causa de la cuestión. El señor Feldman continuó diciendo que el Departamento de Estado es acusado a menudo de carecer de una política definida, pero esto es una simplificación. Hay que sopesar muchos intereses diferentes, de naturaleza política o económica; no existe una fórmula automática capaz de ser aplicada en caso de conflicto entre el gobierno peruano y las compañías norteamericanas.

El señor Plank observó que la situación de "rehén" que sufren las minas en Perú transmite una connotación política a las negociaciones. Feldman estuvo de acuerdo.

El señor Campbell se dirigió a quienes habían negociado recientemente con los nuevos gobiernos de Perú, Solivia y Chile. Les preguntó qué impresión traían en cuanto a la opinión que esos líderes tenían frente a la alternativa de dirigir ellos las minas, ya fuera por sí mismos, ya fuera con ayuda europea o si había habido amenazas de "volcarse al otro bando". Sobre esto último, Barber respondió que los soviéticos pidieron infructuosamente ayuda al Japón para explotar sus minas, y que ahora están tratando con los Rothschilds, en Francia. No están en situación de ayudar a los peruanos. Tampoco pueden los estados comunistas menores, como Yugoslavia, que ha manifestado cierta intención en ese sentido, pero que tendría que buscar la ayuda financiera en el exterior.

El señor De Rosso preguntó si los belgas ayudarían al Perú, pero el señor Barber expresó sus dudas de que los acuerdos financieros anunciados recientemente, y que implican sólo a Ja sucursal de Bruselas del banco interesado, tuvieran algún destino.

El señor Gordon pidió al señor Barber que aclarara su afirmación de que si el proyecto Cuajone es financiado y continúa adelante, "los generales peruanos tendrían algunas opciones". El señor Barber dijo que el caso Cuajone tiene vastas consecuencias para las inversiones internacionales en el Perú, porque se ha convertido ahora en un negocio muy delicado. Si el proyecto Cuajone fracasa, eso indicaría que la confianza disminuye y afectará en forma adversa a cualquier otra inversión en el Perú. Está en juego la participación equitativa y a largo plazo de los contratos de cobre con las compañías inversoras. La participación gubernamental para financiar en forma de garantías no será viable a menos que el gobierno de Estados Unidos también intervenga. Nuestro gobierno debe decidir si conviene al interés de Estados Unidos (particularmente en vista de los acontecimientos de Chile) contribuir a que se complete el proyecto Cuajone. Quizás sería conveniente consultar con otros gobiernos al respecto. La participación de Estados Unidos tendrá que ser en forma de financiación directa o préstamos-garantías; las garantías de la AID contra la expropiación no son válidas, porque no hemos firmado el tratado que hace falta con Perú. Si los Estados Unidos deciden mantener en el Perú una inversión tan grande como la que en este caso se hace necesaria, la forma de hacerlo podría consistir en un consorcio que incluya a compañías de países consumidores, y tenga la participación financiera del gobierno de Estados Unidos, a través del Eximbank, por ejemplo.

El señor Feldman aludió al problema planteado por el Código Andino de Inversiones, que debe ser mirado en profundidad. El código, que prohíbe las subrogaciones, incurre en cantidad de ambigüedades, y quizás ofrezca una cierta flexibilidad, a pesar de sus estrictas exigencias relativas a las garantías gubernamentales sobre préstamos extranjeros.

El señor Levinson preguntó si es realista pensar en el proyecto Cuajone sin la participación directa del gobierno. Preguntó si toda esta discusión no hacía sino demostrar que habíamos superado la etapa de las decisiones simplemente comerciales. Si los Estados Unidos tienen interés en el abastecimiento de materias primas tales como el cobre, ¿no debería asumir el gobierno un papel activo en la concertación de los contratos, en lugar de dejar todo en manos de las compañías privadas? Sugirió una forma de corporación con participación mixta, privada y gubernamental, de forma que los gobiernos de América latina estarían tratando abiertamente con el gobierno de Estados Unidos. Observó que el gobierno afronta de todas maneras una crisis, de modo que ¿por qué no admitir desde el principio el planteo político, en lugar de esperar a que la crisis sobrevenga y entonces no estar preparados para manejarla?

El señor Chase dijo que tenía la impresión, luego de hablar con muchos peruanos, de que su gobierno estaba decidido a proseguir la ruta que había tomado, hacia el desarrollo industrial, reforma agraria, etc., aunque lo haga mal. Probablemente sigan adelante con las expropiaciones, con la mayor premura posible, y traten luego de reparar lo hecho. Pero son conscientes del problema de si poseen la capacidad suficiente para llevar a cabo sus programas. Los peruanos tienen realmente dudas sobre su aptitud para administrar y dirigir, pero están decididos a actuar. Nadie conoce todavía la respuesta a la pregunta sobre el papel de Estados Unidos en Perú.

El señor Levinson volvió a su tema anterior y preguntó si no era el momento de hacer frente al hecho de que las negociaciones llevadas a cabo por compañías privadas norteamericanas conducían a acuerdos no realistas. Las transacciones privadas no tienen valor cuando se trata de la salvaguarda del interés público, suponiendo que éste exista. EL gobierno de Estados Unidos debería participar en la formulación de un acuerdo y quizás debería incluso estar al frente de tales negociaciones.

El señor De Rosso se opuso a esta opinión y preguntó al señor Levinson por qué pensaba que los gobiernos latinoamericanos no comprendían que estaban tratando con el gobierno norteamericano cuando efectuaban negociaciones con empresas privadas. Señaló que era un asunto en el cual pesaban mucho las emociones, más en contra del gobierno norteamericano que de las compañías privadas.

Levinson replicó que parte del resentimiento deriva del hecho de que las compañías han sido tradicionalmente consideradas como explotadoras; en cambio el gobierno de Estados Unidos ha sido considerado explotador tan sólo en su carácter de protector de los intereses privados norteamericanos. El gobierno norteamericano puede afirmar que el interés nacional es un cheque a favor de las compañías privadas norteamericanas. El señor De Rosso dijo que no estaba de acuerdo con la idea de conceder un papel activo al gobierno, puesto que darle al gobierno de Estados Unidos una parte en el negocio, lo único que haría sería complicar la situación. Gordon dijo que Levinson se anotó un punto a su favor en la discusión, aunque no estuviera de acuerdo con él.

El señor Levinson dijo que ahora presumimos de que sólo están implicados los intereses privados, cuando no es así, y se sostienen maniobras entre bambalinas. No estaba en cuestión sólo el problema del subsidio, sino el reconocimiento de que el gobierno de Estados Unidos tiene un interés activo. Si las compañías quieren que Estados Unidos las respalde y salga de fiador en una crisis, el gobierno deberá figurar desde el principio, teniendo parte en la constitución que la empresa vaya tomando, y estando en guardia frente a problemas de orden político. Deberíamos dejar de lado el mito de que las negociaciones son solamente privadas, para politizarlas más tarde. Cuando existen, es mejor tener intereses políticos abiertamente y explicitarlo desde el comienzo.

El señor Gordon preguntó qué pasará en el mercado del cobre cuando termine la guerra en Indochina. El señor Quigley dijo que no ocurriría gran cosa, ya que la guerra absorbe tan sólo 400.000 toneladas de cobre por año. El señor Krogh preguntó cuáles pueden ser los intereses estratégicos de los Estados Unidos en el cobre, a la luz de esta consideración. El señor Quigley respondió que Japón y otros países podrían ganar el control sobre el cobre fuera de Estados Unidos y estarían en posición de amenazar a Estados Unidos. El señor Plank preguntó por qué el sector privado es mejor juez del mercado del cobre que el gobierno. El señor Archibald replicó, refiriéndose al Perú, donde el gobierno tomó en sus manos la comercialización de los comestibles de pescado, ahora tienen seiscientas mil toneladas de comestibles de pescado y no lo pueden vender a su precio, de modo que lo retienen. Así, el gobierno ha destruido su mercado anual de quinientas mil toneladas, ya que los consumidores se han ido acostumbrando al uso de harina de soya, etc., de forma que no dependen del capucho del gobierno.

El señor Alexander sugirió que los Estados Unidos deberían tener una actitud completamente independiente hacia las inversiones norteamericanas: si una compañía hace dinero, bien; si no lo hace y además se mete en líos, bien, igualmente. No hay obligación de salir de fiador de una compañía.

El señor Feldman replicó que era un hecho que ésa no es una opción viable para el Departamento de Estado en vista de las expectativas de la comunidad norteamericana. Hay un interés nacional en el desarrollo de otros países y una teoría válida de que la afluencia de capital es una necesidad vital para ello. Tan sólo el sector privado puede aportar este capital. Esta es la defensa moderna de los capitales norteamericanos en el exterior. Sin embargo, hay mucho que decir a favor de la posición del señor Alexander. La intermediación gubernamental puede crear problemas para ambos gobiernos y para los propios negocios. En la práctica, la actuación gubernamental es ahora siempre efectiva y puede llevar a una participación del gobierno en las decisiones directivas en grado que no es deseable.

El señor Krogh dijo que tenía la impresión de que la colectividad de los negocios no estaba en favor ni de la posición del señor Levinson, ni de la del señor Alexander. No vio un llamado de los hombres de negocios al gobierno en busca de socorro (aunque esto se hace en tiempo de crisis), sino más bien un llamado al gobierno para formular un código que la política exterior de Estados Unidos apoyaría. Preguntó qué implicancias para la política exterior de Estados Unidos había en la totalidad de las afirmaciones hechas por los señores Barber, Archibald y Quigley.

El señor Gordon señaló que hasta ese punto los esfuerzos realizados para formular códigos de inversiones habían sido hechos generalmente por países inversores, con la excepción del Código Andino. No existe un acuerdo real en la ley o en la práctica.

El señor Quigley dijo que la Anaconda estaba en Chile desde 1915. De 1915 a 1969, la

ganancia neta sobre la inversión de Anaconda fue del 9,3 en Chuquicamata y 4,76% anual en los Andes. En ocasión de la huelga del cobre en Estados Unidos y del alza de precios, la ganancia neta en 1968 y 1969 fue bastante buena, pero los impuestos, que siempre fueron bajos, no se modificaron. El gobierno chileno ha tratado de aumentar su cuota de diversas formas, la más temible de las cuales se intentó a fines de la década del 40, cuando pretendió establecer una discriminación en materia de cambio. Se presentaron más dificultades al aprobarse la ley 11828, en 1956. Bajo la vigencia de esta ley, la Anaconda se comprometía a construir nuevas minas, a cambio de una rebaja de impuestos del 58% al 50 ó 52%, siempre que la producción aumentara en una cantidad determinada. En 1959, los impuestos habían superado al 50%, pero el gobierno aplicó un impuesto especial del 8% y un recargo del 5%, lo que llevó esas cargas a "más del 60%. Esto violaba la ley de contratos chilena, convalidada por la Suprema Corte de Chile. Hasta el advenimiento de Frei las partes no hablan llegado a un acuerdo; Frei firmó un memorando de entendimiento, que fue pasado al Congreso. Bajo la vigencia de los nuevos decretos de enero de 1967, la Anaconda hizo inversiones en tres minas. El 80% del programa de expansión alcanzó a estar completo al mismo tiempo que se planteó el asunto de la IPC, en 1968; en febrero de 1969, Frei informó a la Anaconda que tal como se estaba desarrollando la situación política, se hallaba imposibilitado de controlar a los elementos que defendían la expropiación. En mayo, Frei dijo que a menos que hubiera una renegociación con Anaconda, él apoyarla una ley de expropiación. El señor Quigley dijo que al llegar las cosas a ese punto, viajó a Chile y negoció día y noche hasta el 26 de junio. Conoció al embajador Korry, quien se mostró muy dispuesto, pero también muy interesado en obtener un acuerdo, cualquiera que fuese. Finalmente, el 26 de junio, se delineó un memorando de acuerdo, no firmado. El señor Quigley creyó que se había alcanzado un acuerdo justo ba jo los decretos de Frei, por el cual se habría llegado eventualmente a recibir más dinero del que Chile está recibiendo actualmente. Con la victoria de Allende, el asunto cambió. Ahora se planteaba el problema de la buena fe. El gobierno está abocado ahora a la nacionalización y recurrió a la reforma constitucional; ésta era la única forma en la cual se podía expropiar estas minas y al mismo tiempo privar a la parte expropiada del derecho legal a recurrir a los tribunales ordinarios para una revisión y decisión final.

El señor Gordon observó que ahora, el Tribunal tiene tres miembros que representan a Allende y dos miembros de origen judicial. El señor Krogh preguntó qué. está haciendo la Anaconda actualmente en lo que respecta a esta situación. El señor Quigley respondió que la reforma será aprobada pronto. Luego habrá un período de espera. La ley delimita el ámbito de la negociación, la evaluación de las minas y la indemnización final. No es una situación muy promisoria. El señor Quigley dijo que no sabe bien cuál es el papel oficial que los Estados Unidos pueden cumplir en esto, pero que él ha mantenido informado al gobierno a lo largo de todas las negociaciones. Dijo que antes de que Allende planteara la reforma constitucional, él había intentado infructuosamente inducir al gobierno norteamericano a que lo impidiese. Chile está expropiando estas minas sin pagar compensación. De acuerdo con la ley chilena, el gobierno no es dueño de los yacimientos por los cuales la Anaconda ha pagado sumas enormes. Aunque las actuaciones del señor Quigley se llaman negociaciones, éste es un nombre inapropiado, ya que los chilenos gozan de todas las ventajas.

El señor Plank hizo notar que la Anaconda es conocida por sus explotaciones modelos en el norte de Chile, pero se dice que es deficiente en lo relativo a relaciones públicas y a la elaboración de una imagen favorable ante el público chileno. Preguntó si esto era cierto, y en este caso, si la Anaconda podría haber actuado en forma diferente, más acorde con sus intereses. El señor Quigley reconoció que la Anaconda nunca había intentado persuadir a la opinión pública, en forma adecuada, y que la compañía tenía la costumbre de limitarse a su trabajo sin interferir en la política local. Señaló cuáles eran, en su opinión, las mejores comunidades en el norte del país, pero extrajo, retrospectivamente, la conclusión de que la Anaconda podría haber salido mejor parada si hubiese tratado de convencer a los intelectuales y a la clase media. Sin embargo, le parecía que el resultado final hubiese sido el mismo. La mayoría de los chilenos se muestra indiferente en lo que respecta al problema del cobre, el cual es para ellos un problema filosófico más que económico. El señor Barber añadió que se corría el peligro, al publicitar la presencia de la Anaconda, de originar un efecto de numeran.

El señor Chase preguntó por qué le fue necesario al señor Quigley mantenerse en contacto con el embajador Korry, durante las negociaciones con Frei. El señor Quigley contestó que las deliberaciones concernían al interés de ambas partes, de la misma forma, había mantenido informado al embajador Belcher en Perú, porque el trabajo del diplomático consistía en saber qué estaba sucediendo, y ellos mismos estaban ansiosos de estar informados.

El señor Levinson preguntó si esto no ilustraba y subrayaba el hecho de que el resultado de las negociaciones no dependía de tecnicismos ni de problemas técnicos, sino de la posición política de Allende. Castro había aconsejado evitar todo conflicto con el gobierno norteamericano, y este consejo es un factor decisivo en la actitud de Allende. El señor Quigley replicó que Allende hostigaría a la Anaconda hasta donde fuera posible sin llegar a un enfrentamiento, y reiteró la necesidad de proclamar una política común a todas las naciones interesadas, por la cual un país, en caso de transgredirla, sería "expulsado del club". El señor De Rosso señaló que el gobierno de los Estados Unidos ya está hundido "hasta los ojos, a causa de 380 millones de dólares depositados en garantías", pero el señor Levinson sugirió que la situación global en América latina es muy sombría y que no es tan fácil dictar las reglas. Manifestó que el espíritu anglosajón del "fair play" no es una ética efectiva con gente que no es anglosajona. Convendría buscar otro "modus vivendi".

El señor Feldman dijo que estaba de acuerdo con las más de las afirmaciones del señor Levinson. Allende no quiere un enfrentamiento con los Estados Unidos, si puede obtener ciertos fines. Allende ha aceptado negociar con otras compañías. Aunque el análisis de la situación hecho por el señor Quigley es correcto —continuó Feldman— no mencionó algunos detalles importantes. Allende se encuentra asediado por las compañías norteamericanas de un lado, y la oposición política por el otro, así como, también, en cierto sentido, por el gobierno de los Estados Unidos. Aparte de sus jugadas legislativas, Allende ha dado su palabra de acatar las obligaciones que Chile ha contraído con las compañías. El problema radica en determinar el monto de una compensación equitativa. Allende podría optar por mostrarse razonable. Sin embargo, la Anaconda y Kennecott podrían no merecer el mismo trato; muchas compañías están interesadas, y Allende no adoptarla una política uniforme. Ya se han concluido algunos acuerdos. El señor Feldman preguntó qué posición adoptó el gobierno estadounidense, y examinó la recomendación hecha por el departamento y por la Corporación de Inversiones Privadas en el Exterior (OPIO. El gobierno de los Estados Unidos habla aconsejado a Allende que negociara una solución en lugar de imponerla, y que pensara en nacionalizar la diferencia entre el valor de las propiedades y el valor de sus gravámenes, en lugar de las minas, lo que dejarla intactas las obligaciones de la tercera parte. La sugerencia del señor Quigley de hacer públicas las gestiones y proclamar ciertos principios, es digna de discusión. No obstante, dijo el señor Feldman, no estaba convencido de que esto alcanzara el efecto deseado.

El señor Campbell trajo a colación un problema, en sustitución del señor Olmstead, quien se hallaba ausente: ¿si Chile no actuase de acuerdo con nuestro concepto de la equidad, deberían los Estados Unidos acudir a formas de persuasión tales como hacer depender de esta cuestión el acceso de las exportaciones latinoamericanas al mercado norteamericano? ¿O deberían quizá amenazar a Chile con cerrar el mercado estadounidense a las importaciones chilenas? Estas proposiciones no fueron discutidas.

El señor De Rosso, enfocando la otra cara del problema, es decir, el poder de Chile con relación a los Estados Unidos, preguntó si el control extranjero (es decir, el que no es estadounidense) del cobre chileno impide nuestro acceso a ese cobre. El señor Quigley respondió que eso podría ocurrir tan sólo en tiempos de tensión internacional. El señor De Rosso dijo que el peligro de que todo recurso que se halle fuera de los Estados Unidos se mantenga en alguna forma fuera de nuestro alcance, se corre en cualquier caso. El señor Plank inquirió entonces cuál era el porcentaje de cobre proveniente de América latina sobre el consumo norteamericano. El señor Quigley respondió que alrededor del. 20%, o sea unas 400.000 toneladas de los dos millones que se consumen. Alrededor de 1.600.000 toneladas se producen en los Estados Unidos. El señor Krogh, volviendo al asunto de la posibilidad de la represalia preguntó si existían inversiones chilenas en los Estados Unidos. El señor Quigley dijo que no eran importantes.

El señor Levinson, aludiendo a las negociaciones de 1967 con el gobierno de Frei, dijo que muchos pensaban que Chile había hecho un mal negocio, especialmente en ocasión del alza de los precios del cobre, de la cual ese país no se benefició. Preguntó si este hecho podía dar a Chile algo así como el derecho a un "reclamo moral". El señor Quigley dijo que los chilenos participaron libremente en las negociaciones.

El señor Laylin dijo que serla mejor negociar con Allende en forma secreta, y que se está avanzando en ese sentido actualmente, pero que el efecto que ello provocaría en otros países y en la situación internacional es importante. El señor De Rosso no vio razón alguna por la cual los Estados Unidos no debieran establecer normas para las inversiones y las negociaciones en el futuro.

El señor Feldman dijo que la posición y la actitud de los Estados Unidos estaban dentro de lo acostumbrado, y que muchos piensan que no afrontamos el caso de la IPC con mano vacilante. Los peruanos no piensan que actuamos con debilidad. El señor Rogers preguntó si existía un consenso de que los Estados Unidos habían actuado con poca firmeza en el caso de la IPC. El señor Quigley dijo que a su juicio sí, y el señor Barber afirmó el convencimiento sobre que la pasividad de los Estados Unidos, dañaba nuestra posición. El señor Feldman replicó que la política había consistido en mantener la duda, y el señor Laylin sugirió que si hubiésemos apelado a la Enmienda Hickenlooper, el gobierno peruanos habría agudizado su intransigencia (Esta enmienda fue agregada a la Ley de Ayuda Exterior de 1962, y pide la suspensión de toda asistencia a cualquier país que nacionalice propiedades norteamericanas sin pagar una compensación adecuada. Hasta ahora, nunca ha sido aplicada por los Estados Unidos). Dijo que había instado al Departamento de Estado a que no aplicara esa enmienda. El señor Krogh observó que las negociaciones en Chile se habían complicado a causa de las negociaciones en Perú, y viceversa.

El señor Sedwitz hizo notar que no se habla dicho prácticamente nada sobre los enfoques multilaterales de estos problemas, o sobre el posible papel de las organizaciones interamericanas.

El señor Chase, volviendo al tema de Chile, dijo que Allende por razones de política doméstica, está operando dentro de la ley. Pero añadió que Allende está absolutamente decidido a llevar adelante la expropiación de los bienes de las compañías extranjeras y a convertir a Chile en un Estado marxista. Agregó el señor Chase que él tenía una visión desoladora del futuro económico de Chile.


Notas:

1. Esta recomendación del CRE fue adoptada por la Casa Blanca el pasado 19 de enero. En efecto, el Presidente Richard Nixon declaró que EE.UU. adoptará enérgicas represalias económicas contra aquellos paises que expropien bienes e Inversiones norteamericanas sin pagar las Indemnizaciones que exijan las compañías extranjeras. Las medidas anunciadas por la Casa Blanca —y que comprueban la Influencia del CRE en la política oficial norteamericana— incluyen el cese de la ayuda económica bilateral y la oposición norteamericana en los organismos crediticios Internacionales a las solicitudes presentadas por países en conflicto con EE.UU. En este caso, es evidente que Nixon acogió los planteamientos del Influyente Consejo de Relaciones Exteriores (N. de PF).


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02