El tribunal tiene ahora la palabra

PUNTO FINAL
Año VI. Nº 142
Martes 26 de octubre de 1971

Editorial

ESPERANDO A FIDEL

AL momento de cerrar esta edición, el Presidente Allende ha confirmado la visita a Chile del Primer Ministro cubano, Comandante Fidel Castro. Se trata de un huésped largamente esperado por nuestro pueblo. En efecto, desde que se inició el Gobierno de la Unidad Popular, que significó casi de inmediato la reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba, se presumía que nuestro país invitaría a Fidel Castro. En las actuales circunstancias, el viaje a Chile del líder revolucionario adquiere mayor significado. Nuestro país ha nacionalizado el cobre —su principal riqueza y producto de exportación—, y esa medida patriótica ha significado la arremetida del imperialismo yanqui. El Departamento de Estado y el Pentágono, en actitud de creciente agresividad, están lanzando amenazas contra Chile. La CIA, a su vez, redobla los esfuerzos para debilitar al gobierno de la UP y, llegado el momento, intentará golpearlo. En este cuadro amenazante, que los trabajadores chilenos sabrán enfrentar con resuelto coraje revolucionario, la visita de Fidel Castro es un estímulo muy grande para nuestro país. No sólo se trata de la fraternal solidaridad cubana, que esa visita envuelve, sino que, además, del hondo significado que representa ver unidos, en los hechos antimperialistas, a los pueblos de Chile y Cuba. La palabra aleccionadora de Fidel Castro tiene mucho que decirnos a los chilenos. Con una experiencia acumulada en doce años de Revolución, enfrentando diariamente las agresiones imperialistas, los dirigentes cubanos están en situación de brindar al continente un gran caudal de enseñanza. Al sellar una amistad que se fortalece por las comunes amenazas imperialistas, Chile y Cuba, a través de la visita a Chile de Fidel Castro, podrán demostrar el carácter nuevo y vigoroso que asumen las relaciones entre dos pueblos cuando están unidos por propósitos e ideales de liberación comunes.

PF.


Cobre

EL TRIBUNAL TIENE AHORA LA PALABRA

Ala misma hora en que un grupo de pobladores del Campamento "Nueva Habana" enfrentaba la violencia de la represión policial a dos cuadras de La Moneda, el Consejo de Defensa del Estado anunciaba su apelación por el monto fijado a la indemnización del cobre. La protesta de los pobladores era contra las tramitaciones del Contralor General de la República. La apelación del gobierno era también por la decisión del Contralor, que dispuso pagar a las compañías norteamericanas la suma de US$ 28.280.146,46.

Tras un enfrentamiento con las fuerzas del orden, los habitantes de "Nueva Habana" se retiraron de la Avenida Bulnes dejando una estela de heridos, detenidos y protestas que se mezclaron en el aire con el gas de las bombas lacrimógenas.

Tras el anuncio de Eduardo Novoa, presidente del Consejo de Defensa del Estado, por todo el país se extendió un llamado a la unidad nacional, que se mezcló con las furibundas y destempladas reacciones de Washington y Nueva York.

Los pobladores también aceptaron ese llamado, pero al otro día volvieron a las calles céntricas de Santiago, porque entendían que. su lucha por mejores condiciones de vida, no se transa. La policía no usó esta vez sus bombas. Y la tramitación para el campamento fue cursada por el Contralor, el mismo que tuvo en sus manos la histórica sentencia de las indemnizaciones.

No faltaron quienes al conocer este fallo del contralor pudieron sentirse satisfechos. No obstante, detrás de estas cantidades de millones de dólares, que para un campesino o un obrero resultan casi inimaginables, se esconden otras realidades que incluso a los expertos les cuesta vislumbrar.

LA INDEMNIZACIÓN Y EL PRECIO

Hoy, las cartas están sobre la mesa del tribunal especial que debe reunirse dentro de los próximos días. En sus manos está la decisión final en torno a la indemnización y las tres apelaciones presentadas: el Estado de Chile, la Kennecott Copper Corporation y la Anaconda Copper Company.

Con matemática precisión —pero con discutible justicia— el Contralor Héctor Humeres dictaminó: veintiocho millones doscientos ochenta mil ciento cuarenta y seis dólares... con cuarenta y seis centavos. La suma se reparte entre la compañía minera "Exótica" léase ANACONDA) y la compañía minera Andina (léase CERRO CORPORATION). De esa cantidad a pagar, sólo podría descontarse —según este fallo— el monto que el Estado canceló cuando se convirtió en "socio" de las compañías yanquis, lo que no altera de manera significativa el asunto.

El dictamen señala, en cambio, que los otros consorcios quedan debiendo a Chile:

Compañía Minera "Chuquicamata, S. A. (ANACONDA)

US$ 76.500.937,07

Compañía Minera "El Salvador, S.A. (ANACONDA)

US$ 1.572.634,58

Compañía Minera "El Teniente, S.A. (KENNECOTT)

US$ 310.426.417,21

TOTAL DE LA DEUDA:

US$ 388.504.988,86

Por eso el Estado apeló.

Y las compañías, también.

Al margen de cualquier cálculo matemático u operación comercial, el precio que Chile paga por recuperar su cobre luego de más de medio siglo de explotación extranjera no puede medirse con ninguna moneda ni padrón. Son los obreros y mujeres asesinados en el norte, son los mineros que cayeron devorados por la silicosis en el fondo de los piques, son los hombres y mujeres jóvenes sin perspectiva ninguna en los miserables cordones de la capital y las grandes ciudades, son las traiciones de tantos líderes que hicieron de la política un desahogo espiritual.

Es la dependencia que, en todos sus planos, hizo del cobre la cadena propicia para amarrar la soberanía nacional. Es la causa primera y última de nuestro subdesarrollo. Es el precio que supera cualquier indemnización o fallos de contralorías y tribunales especiales. Por eso, hablando en la sala La Reforma de la universidad de Chile, el economista Max Nolff ha dicho:

"Toda la historia de la producción del cobre en Chile es una historia de ignominias. Una historia de escándalos. Una historia de penetración ..."

DEUDAS PENDIENTES

De acuerdo con el dictamen contralor, que por estos días será la base de las discusiones del tribunal creado por la reforma constitucional, Anaconda y Kennecott deben a Chile, y aquí surge la primera gran duda: ¿será posible obligar a esas compañías a pagar al Estado un monto que se aproxima a los trescientos noventa millones de dólares?

Los propios abogados del gobierno reconocen que el problema no es fácil. Hay que establecer primero —dicen— si ese volumen es tan sólo un "saldo en contra" de las compañías o constituye realmente un crédito a favor dei Estado de Chile. El asunto, que puede resultar interesante para los juristas pero poco práctico para los legos, dará más de un dolor de cabeza a los cinco miembros dei tribunal especial:

Enrique Urrutia, Ministro de la Corte Suprema que actuará en calidad de presidente, representando al mismo organismo que entró en conflicto con los intereses del país cuando no dio lugar al proceso contra un connotado senador, cómplice en el asesinato del Comandante en

Jefe del Ejército, cometido hace un año.

Julio Aparicio Pons. Ministro de la Corte de Apelaciones y representante también de las instituciones legales establecidas y que ya fueron puestas en tela de juicio por el propio Eduardo Novoa, presidente del Consejo de Defensa del Estado.

Enrique Silva Cimma, ex Contralor General de la República y antecesor de Héctor Humeres durante la administración del Presidente Freí, cuando se suscribieron las sociedades mixtas.

Alfonso Inostroza, presidente del Banco Central.

Juan Vadell, Director Nacional de Impuestos internos.

Pero si los abogados de gobierno tienen dudas frente a lo que el Contralor dijo que las empresas deben al Estado, las compañías norteamericanas parecen bastante seguras. De partida, fueron las primeras en anunciar que apelarían.

Frank Milliken, presidente de la Kennecott, al hacer el anuncio, dijo:

—Nuestra compañía espera que Chile pague los 92 millones 900 mil dólares que le debe, por concepto de préstamos para financiar los planes de expansión de la mina El Teniente.

John Place, presidente de Anaconda, dijo por su parte:

—El Estado chileno suscribió con nuestra compañía pagarés por valor de 174 millones de dólares...

Son los créditos en los que el Estado se embarcó cuando se convirtió en "socio" de las empresas cupreras para llevar adelante programas de expansión cuyas metas nunca se cumplieron. Esos planes no fueron financiados con las mayores utilidades que las compañías obtuvieron, sino con PRESTAMOS AL ESTADO. Sumas entregadas graciosamente por las propias empresas norteamericanas o por organismos de créditos ... norteamericanos.

Y al margen de lo que reclaman la Kennecott y la Anaconda, los cálculos oficiales de la Corporación del Cobre nacen llegar esa deuda de Chile con Estados Unidos, al 30 de junio e incluyendo intereses, a la cantidad de

736 MILLONES DE DOLARES ...

Eso equivale a pagar VEINTISÉIS VECES MAS de lo que el Contralor Humeres dispuso en su fallo indemnizador.

Sin embargo, si la deuda es recíproca, las dudas también lo son. Si todavía no está resuelto el asunto de cómo se cobrará lo que Anaconda y Kennecott deben a Chile, tampoco es un hecho definitivo que el Estado cancele los créditos contratados para la llamada "expansión" por los técnicos de la Administración Frei.

Para resolver este problema, posiblemente los cinco miembros del tribunal especial tendrán que ir al terreno, visitar los yacimientos y comprobar allí el estado de los programas expansivos, verán de este modo cómo se invirtieron estos créditos que pesan ahora sobre los hombros del Estado, después de la nacionalización.

Y si empiezan su recorrido por Chuquicamata, frente a sus ojos surgirá el panorama que los yanquis dejaron en su apresuramiento por sacar el mineral de mejor ley antes que fuese tarde. Florearon la mina. Dejaron sobre el tajo abierto el material estéril. Convirtieron a Chuqui en "un gigante enfermo", como lo dice el informe de la misión francesa SOFREMINE.

Remover ese estéril representa una inversión superior a los treinta millones de dólares, pero eso el Contralor no lo consideró al fijar su indemnización.

Si van por Exótica, al lado de Chuquicamata, verán que el metal rojo que de allí sale está cargado de selenio. Esa composición química impide su fundición. Y reparar esa falla, según palabras del Presidente Allende, significa paralizar La Exótica... e invertir alrededor de cincuenta millones de dólares.

Si prosiguen su viaje por El Salvador, los trabajadores, podrán contarles que el peligro de la silicosis aumenta. Que los yanquis en su apuro por irse con los bolsillos llenos no arreglaron a tiempo el sistema de ventilación. Que atrasaron los planes de desarrollo de la mina, el avance de las galerías y el chancado de planta. Solucionar esas fallas en el terreno cuesta más de veinte millones de dólares.

Y si terminan su recorrido en El Teniente, podrán entrar al túnel llamado "Teniente Ocho", comprobarán así si es verdad lo que dicen los trabajadores:

—El cerro se mueve ...

Son otras tantas decenas de millones de dólares. El túnel probablemente tendrá que ser cerrado. Y toda la inversión que en él se hizo pasará a la historia de ese mineral como una cosa inútil.

Como tantas otras del plan de expansión.

Un plan cuya meta definía el ex Presidente Frei en su mensaje al Congreso Pleno, el 21 de mayo de 1965:

"Chile será el primer productor de cobre del mundo —decía— cuando termine este período presidencial. Llegaremos a producir, en 1970, ochocientas sesenta y cinco mil toneladas".

Terminó ese período presidencial. Chile es el cuarto productor del mundo. Y en lugar de la meta prometida la Gran Minería entregó el año pasado sólo 540 mil toneladas de cobre.

¿Y la expansión...? ¿Y la deuda contraída con el país del norte ...?

Son algunos de los antecedentes que estarán en la carpeta del tribunal. No obstante, todo el proceso de la nacionalización debe seguir desarrollándose en función de las normas constitucionales y legales, de acuerdo con los deseos del gobierno y del Presidente de la República.

Y en este punto aparece un precepto de la Constitución reformada y de la Ley de Nacionalización. Escuetamente señala:

"El Estado no se hará cargo de las DEUDAS cuyo valor no haya sido invertido ÚTILMENTE a juicio del Presidente de la República".

¿Será éste el caso de algunos programas de expansión en El Teniente, El Salvador, Chuquicamata o La Exótica?

Además del Presidente de la República y del tribunal especial, hay un ciudadano chileno que podría responder. Pero no está en Chile. El día en que el Contralor anunciaba su dictamen, Eduardo Frei Montalva llegaba a Washington, rodeado por el afecto y la admiración de quienes lo esperaban allá, en el corazón mismo desde donde ahora surgen los más violentos ataques contra la nación sudamericana que recupera su soberanía.

—"¿Cómo puede el gobierno chileno invocar el "honor nacional" cuando ha violado el derecho internacional...? Ha maquinado un legalismo falso para confiscar nuestra propiedad. Y ahora dice que repudiará pagarés que fueron firmados por representantes del propio gobierno chileno hace sólo dos años ..."

Así se quejaba míster John Place, presidente de Anaconda, la tarde en que Eduardo Frei llegaba a los Estados Unidos.

Los diarios norteamericanos, el Secretario de Estado, William Rogers, el Subsecretario para asuntos latinoamericanos, Charles Meyer, y otros personeros de la Casa Blanca también acusaban a Chile de violar el derecho internacional.

Al margen de la resolución de las Naciones unidas de diciembre del 62 aprobada por unanimidad "en torno a la soberanía de los pueblos", sin considerar las nacionalizaciones realizadas por países como Francia o Inglaterra, o Cuba o Perú, a los representantes del poderío imperialista que decae les duele el llamado efecto retroactivo.

Cuando el Contralor fijó el monto de la indemnización, tuvo que descontar 774 millones de dólares de las utilidades de las empresas Kennecott y Anaconda. Esa cifra representa las rentabilidades excesivas que las empresas extranjeras obtuvieron a partir de 1955.

para determinar estos beneficios excesivos, el presidente de la República estimó que un 10 por ciento de utilidad sobre e] capital invertido puede considerarse normal. Anaconda y Kennecott, por sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y otros países nunca han sobrepasado ese porcentaje.

En Chile, en cambio, durante los dieciséis años válidos para deducir la rentabilidad excesiva, Anaconda obtuvo un promedio superior al 21,5 por ciento. Y el promedio de ganancias de la Kennecott sobrepasó el 52,8 por ciento.

Si el efecto retroactivo hubiese sido mayor, y si en lugar de partir desde el año 55, se hubiese tomado en cuenta TODO el período de la explotación imperialista del cobre chileno, los técnicos se habrían encontrado con una sorpresa.

Róbinson Rojas, en su libro "El imperialismo yanqui en Chile", sostiene que el solo año 55 —punto de partida para los descuentos por excesos— Anaconda y Kennecott obtuvieron una utilidad de mil ciento cuarenta dólares por cada cien dólares de inversión real.

Lo que hay más atrás se desconoce.

Fue el año 55 cuando se creó por ley la Corporación del Cobre, la institución encargada de fiscalizar a los inversionistas extranjeros de la Gran Minería, pese a esta fiscalización, hay otros aspectos del saqueo que tampoco se conocen con precisión. Es, por ejemplo, el caso de subproductos como el oro y la plata que los norteamericanos se llevaron del país en las barras de cobre.

Por eso, algunos economistas calculan que la presencia extranjera en la Gran Minería costó a Chile a partir de 1911 cerca de CUATRO MIL MILLONES DE DOLARES.

El daño y el dolor que provocó el terremoto de julio en cuatro provincias de la región central es mil seiscientas veces menor que el saqueo norteamericano, hablando en divisas.

Cuando el periodista de la revista argentina "Panorama" le preguntó a Spruille Braden si pensaba que la CIA podría intervenir en Chile para desencadenar alguna situación semejante a la reciente crisis boliviana, el entrevistado respondió:

—Estoy seguro que ya lo está haciendo...

Spruille Braden hablaba con propiedad. Como ex embajador de los Estados Unidos en Argentina y Colombia conoce la política internacional de su país. Como nieto de William Braden, vivió varios años en Chile, donde su abuelo inició la explotación del mineral El Teniente.

Cuando la Agencia Central de inteligencia (CIA) intervino en hechos tan sangrientos como el derrocamiento de Arbenz en Guatemala, la invasión de República Dominicana, la invasión a Cuba o los sucesos de Bolivia a partir de la aparición de las guerrillas de liberación, ningún personero de la Casa Blanca pensó en pagar indemnización. Tampoco se consideró entonces el derecho internacional, en aquella parte que se refiere a la no intervención o la auto-determinación.

El Secretario de Estado norteamericano William Rogers, que hoy amenaza a Chile y a las demás naciones del continente, dejó atrás sus propias palabras pronunciadas en la última reunión de la OEA: "La política norteamericana —decía Rogers— persigue una más estreche asociación con las naciones del hemisferio, con pleno reconocimiento de la autonomía soberana".

El paso que da Chile al recuperar su cobre es autodeterminación. Es, además, el ejercicio de su autonomía soberana.

Pero los tiempos son distintos.

Estados Unidos, con sus diez millones de cesantes y una inflación que avanza, afronta la crisis de su economía. El dólar se tambalea en los mercados internacionales. Se establece un diez por ciento de impuesto a las importaciones de los productos que vienen de las naciones subdesarrolladas. No es necesario que el Departamento de Estado amenace con suspender el flujo de su ayuda a los países latinoamericanos tomando como pretexto la nacionalización del cobre chileno. La "ayuda", de todos modos terminará.

Ya la United Press, refiriéndose a las relaciones chileno-norteamericanas emplea el término "confrontación". El Partido Socialista, a través de su Secretario General, Senador Carlos Altamirano, ya aceptó el desafío. Si hay presiones desde el norte —ha dicho— también Chile puede cortar el "flujo" de sus pagos. Especialmente en el caso de aquel discutible financiamiento para los ambiciosos programas de expansión de la Gran Minería. Por eso se define a la nacionalización como una rectificación de errores históricos.

Dentro de este mismo plano, la Corporación del Cobre desahuciaba definitivamente por estos días el contrato de abastecimientos suscrito con la Cerro Corporation. Mediante ese convenio, el consorcio que explotó el yacimiento Andina se comprometía a comprar en el país del norte los repuestos y piezas de abastecimiento para las grandes minas chilenas. Sin embargo, en función de las nuevas realidades que surgen con la nacionalización, Chile buscará solucionar esos problemas técnicos por otros caminos más amplios. La firma alemana "Ferrostaal", por ejemplo, actuará como agente de compras en Europa o Estados Unidos para los equipos y maquinarias que necesite la industria cuprera.

De este modo, el Estado va enfrentando los desafíos del cobre. Así como la reforma constitucional fue capaz de provocar la unanimidad del Parlamento, las posibles represalias norteamericanas no hacen sino unir a la clase trabajadora. Y si esas presiones se extienden al resto de Latinoamérica, la unidad de los trabajadores tendría que concretarse en la lucha común y sin fronteras por la liberación continental.

En todo caso, es ir demasiado lejos todavía.

El proceso de las indemnizaciones aún no termina. El monto final que se pagará o no se pagará a las compañías extranjeras que se enriquecieron en nuestro desierto o nuestra cordillera depende de cinco hombres que forman un tribunal.

Y ese tribunal tiene ahora la palabra.

ENRIQUE J. FERNÁNDEZ


Pobladores

PERFIL DE LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN

EL JUEVES 14 de octubre, los pobladores dichos campamentos "Nueva La Habana", Unidad Popular y Lo Hermida, salieron a la calle a protestar por la tramitación que experimentaba en la Contraloría General una resolución del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo entregando fondos para la ejecución directa a través de organismos estatales, de viviendas populares. El Grupo Móvil de Carabineros, que se presumía desaparecido, arremetió contra los manifestantes; golpeó a muchos (hiriendo gravemente a uno) y detuvo a una decena de personas. En el trasfondo de este problema se alza la Influencia de la Cámara Chilena de la Construcción, empeñada en impedir que el Estado desplace a la empresa privada del "negocio" de levantar casas para el pueblo. PF inicia en esta edición un reportaje sobre la Cámara Chilena de la Construcción, el poderoso consorcio que, apoyado por algunos organismos como la Contraloría, obstaculiza el desarrollo de una adecuada política habitacional.

UN reciente estudio de la socióloga Rosemond Cheetham [1] deja al descubierto las vinculaciones financieras y políticas de la Cámara Chilena de la Construcción. Ese poderoso imperio, creado en 1951, impone sus reglas para la construcción de viviendas y a su acción se debe, justamente, que miles de chilenos tengan que vivir en improvisados campamentos. La Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) es la punta de lanza que utiliza ese sector de la economía privada para impedir el desarrollo de un adecuado plan habitacional.

La investigación de Rosemond Cheetham confirma numerosas denuncias que sobre la CCHC y las asociaciones de ahorro y préstamo ha venido haciendo PF. Hace poco las asociaciones de ahorro y préstamo eligieron sus directorios y publicaron sus balances. Estos últimos muestran utilidades que baten todos los records.

La socióloga Cheetham explica que su investigación "tiene por objeto el estudio del sector de la construcción —entendiendo por éste a empresas constructoras, empresas de especialidades, industriales, proveedores, profesionales, asociaciones de ahorro y préstamo y otras sin clasificación especial— para descubrir cuál es el patrón de dominación que se configura, sus características, los vínculos que implica con los niveles social, político e ideológico y sus consecuencias respecto al proceso de planificación". Respecto a la CCHC, Rosemond Cheetham trató —y lo consiguió— de "verificar la hipótesis de si las personas que ocupan cargos formales dentro de la CCHC son también aquellos agentes que ocupan los puestos formales claves o encubiertos (palos blancos) de otras sociedades anónimas que conforman el circuito económico".

Esta vinculación quedó plenamente revelada en la investigación de Rosemond Cheetham. Ese circuito económico al que se refiere son los bancos —ahora estatizados, salvo el Chile— que controlan el crédito; las empresas constructoras que levantan las viviendas; las asociaciones de ahorro y préstamo que garantizan un mercado para las viviendas; las compañías de seguros que aseguran las diversas operaciones; las empresas agrícolas, mineras, textiles, etc., que al depositar el impuesto del 5% sobre sus utilidades garantizan las posibilidades de construir viviendas, y los medios de comunicación de masas que promueven un determinado esquema favorable a la construcción de viviendas del tipo que interesa al sector privado de esa industria.

El estudio de la socióloga Cheetham comprende un período cronológico que va desde 1951 hasta fines de la Administración Freí, en 1970.

La Cámara Chilena de la Construcción surgió oficialmente el 9 de agosto de 1951, mediante un decreto que lleva la firma de González Videla. El gerente de la CCHC, Eduardo Ugarte, en un discurso que pronunció en 1961, dijo que la creación de ese organismo se debió a "la necesidad de hacer de la construcción una actividad respetada en su verdadero valor, no como un mero afán de defensa de intereses legítimos particulares, sino que para lograr la participación fundamental que a ella le corresponde en la tarea de obtener un mayor bienestar social y económico para la comunidad". La CCHC agrupa constructores, profesionales, industriales, comerciantes, etc., ligados al negocio de la construcción y a industrias periféricas.

Rosemond Cheetham anota: "La justificación de la creación de la Cámara Chilena de la Construcción permite detectar la intención ideológica de identificar los intereses particulares de la construcción con el interés general de la nación".

Al analizar las características de los miembros activos de la CCHC, señala: "El nivel educacional de los empresarios de la CCHC va constantemente en aumento a medida que se avanza en las diferentes generaciones. El nivel educacional general de los empresarios de la construcción, corresponde al de la élite educacional de Chile. Una proporción considerable de extranjeros, sotare todo alemanes e ingleses, han llegado a desempeñar posiciones empresariales importantes. De entre los miembros activos de la CCHC, una mayor proporción de miembros del directorio que del resto de la institución son aceptados en la clase alta tradicional. Esto se comprueba al ver que una mayor proporción de miembros de su directorio realizan alianzas matrimoniales con la aristocracia chilena que el resto de los miembros activos".

El actual presidente de la CCHC es Raúl Varela, 57 años, ingeniero civil, ex seminarista en La Serena y socio principal de la firma constructora que lleva su nombre. Elegido a fines de agosto de este año, Raúl Varela anunció al diario "La Segunda" (3-9-71) que a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, CORVI, etc., ha sido contratada la construcción de 60 mil viviendas para este año, agregando con satisfacción que "el 90 por ciento está siendo ejecutada por la empresa privada. Nunca nos vimos antes confrontados con un programa tan extraordinario como el actual y esto lo puede decir cualquier industrial". La cifra de 60 mil viviendas no incluye las que se construyen por el sistema de ahorro y préstamo que, según Várela, "no podemos detectar con mucha facilidad".

El Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en una declaración emitida el 13 de este mes, señaló que la política habitacional debería ser manejada por los propios trabajadores y pobladores. Plantea la estatización de las empresas constructoras y proveedoras y distribuidoras de materiales. La idea —que respaldan diversos campamentos— es crear una empresa constructora estatal a base de las brigadas de trabajadores de la construcción y de los departamentos de ejecución de las diferentes corporaciones fiscales que actúan en esta actividad, como CORVI, CORMU. CORHABIT, etc.

La investigación de la CCHC que hizo Rosemond Cheetham señala una concentración considerable del poder interno en ese organismo empresarial. Los dirigentes de la CCHC pertenecen a los mismos directorios de empresas. Por ejemplo, indica ese estudio, Francisco Soza Cousiño y Ricardo Labarca son directores de ENACO S. A.; Alfredo Délano Concha y Renato Simonetti C. son directores de la Empresa Constructora y Planificadora Austral S.A.; Domingo Santa María, Sergio Ossa y Andrés Donoso, son directores de Sigdo Koppers S. A.; David Frías y Jaime Artigas V. son directores de Viviendas Económicas Cervantes, etc. Aparecen con cargos diferentes en sucesivos directorios de la CCHC. pero representan empresas comunes, señalándose la estrecha vinculación como socios que un número reducido de empresarios tiene entre sí.

El poder elector dentro de la CCHC está condicionado al poder de las empresas. Los socios que pagan una cuota ordinaria mínima tienen derecho a un voto. Los que pagan cuotas ordinarias superiores, gozan de un voto más por cada cuota mínima adicional, hasta un total de 25 votos. Por lo tanto, los grandes empresarios tienen un mayor peso en la Junta General de Socios de la CCHC, lo que les permite manejar la institución.

Rosemond Cheetham observa, revisando las memorias anuales de la CCHC, el "antagonismo que se produce entre el interés privado del sector de la construcción y el interés nacional general. La mayoría de las medidas y políticas que ha propuesto y realizado el sector que participa como socio de la CCHC han tendido a favorecer al conjunto poblacional de mayores ingresos de la sociedad (DFL 2, sistema de ahorro y préstamo, ley de expropiaciones y lanzamientos, etc.), contribuyendo a la postergación del conjunto mayoritario de la población que no ha tenido posibilidades de ver satisfechas sus necesidades de vivienda a través del sistema privado de construcción, que por su esencia y característica se le define como excluyente".

Agrega que el criterio social que mueve a la CCHC se observa comparando el patrón de inversión en el sector oriente (barrio alto) con el resto de Santiago Metropolitano. La inversión en construcción del sector privado llega a casi el doble en el sector oriente que en el resto de la ciudad, polarizando los recursos en esa zona de la capital caracterizada por ser lugar de residencia de los sectores de mayores ingresos.

C. C. M.


Periodismo

¿ES REVOLUCIONARIA LA PRENSA POPULAR?

EL control de los medios de comunicación de masas (prensa, radio y televisión) es uno de los temas controvertidos del primer año de gobierno de la Unidad Popular. A partir de abril de 1971, al celebrarse en Santiago la Primera Asamblea Nacional de Periodistas de Izquierda, gruesos sectores de trabajadores de los medios de comunicación han comenzado a plantear, cada vez con mayor decisión, el rescate para el pueblo de esos medios que informan y orientan a la gran masa.

En algunos medios de comunicación han surgido los FTR (Frente de Trabajadores Revolucionarios). Tal es el caso del matutino "Clarín", tabloide que tiene la más alta circulación nacional. Un miembro del FTR, Alejandro Ortega Canelo, redactor político del diario, preside actualmente el sindicato de trabajadores de "Clarín". PF conversó con Alejandro Ortega sobre un problema que va aparejado a la lucha por el control de los medios de comunicación. Es lo que se refiere al contenido que debería tener la prensa de izquierda en un proceso como el actual. Las críticas a la calidad y contenido de la prensa popular menudean, señalándose que la clase obrera y el campesinado no reflejan adecuadamente sus luchas.

El dirigente sindical del diario "Clarín" nos dijo:

—Nosotros tenemos una directa experiencia del papel que nos correspondería desempeñar y que, sin embargo, no cumplimos. Acaban de regresar de un viaje a Antofagasta diez de nuestros compañeros de las más diversas secciones: linógrafos, fotograbadores, compaginadores, prensistas, etc., quienes tuvieron contactos directos con los estudiantes universitarios, con los trabajadores del salitre y con los trabajadores del cobre.

—Ellos trajeron la protesta general de que los medios de comunicación de masas no los representan en modo alguno. La cuota de sacrificio que los trabajadores del salitre, por ejemplo, están aportando para superar el incendio de la planta de yodo no ha tenido eco en la prensa de izquierda. Los esfuerzos por ganar la batalla de la producción, el trabajo voluntario, en fin, todo lo que ellos hacen no es considerado en la medida que debiera. Así se lo han dicho a nuestros compañeros. Han argumentado que el trabajador sólo sale en los diarios cuando se ve envuelto en problemas policiales.

—Por otro lado, si la prensa les toma en cuenta, su distribución entre los trabajadores es deficiente. No llega hasta ellos, por lo que cuyas lecturas se reducen a la prensa de la reacción o tienen acceso a los medios de comunicación en los cuales la oposición reaccionaria tiene una tribuna de primera línea, como es el caso de la televisión.

PF: ¿Qué piensan los trabajadores de "Clarín" frente a esta cuestión? ¿Cuál es la situación en ese diario?

R.—Los trabajadores de "Clarín" tenemos la película bien clara al respecto. La hemos debatido y también se la hemos planteado al Presidente Allende, no para pedirle un pronunciamiento o una solución, sino para ponerlo en antecedente de nuestros problemas. Creemos que mientras los medios de comunicación no estén en manos de los trabajadores y al servicio de ellos, la situación seguirá siendo desfavorable para el proceso revolucionario.

—Pensamos que los medios de comunicación deben ser patrimonio del pueblo por el preponderante papel orientador que deben tener. Y esa orientación debe, de una vez por todas, salir del seno de los trabajadores, y no estar impuesta por el dinero o el interés de individuos o grupos de personas.

—En nuestro diario la cuestión se da con las mismas características que en cualquier empresa manejada por el capital. Las contradicciones son grandes y en estos momentos tenemos un conflicto planteado, después que nuestra directiva sindical tuvo que denunciar a la empresa a las autoridades del Trabajo para que cumpliera con la ley.

—Por eso decimos que no estamos cumpliendo el papel que deberíamos desempeñar en el proceso chileno hacia el socialismo, pero ello no es culpa nuestra, sino de los intereses patronales que son los que mandan hasta ahora en la prensa.

PF: ¿Qué están haciendo los trabajadores de "Clarín" para superar esta situación?

R.— Muy simple. Estamos agudizando los problemas existentes que la empresa no ha querido solucionar. El propietario, Darío Sainte-Marie, hace más de cuatro meses que anda paseando por Europa, mientras en la empresa se niegan hasta préstamos de quinientos escudos; no se cumple con la ley; se persigue a compañeros que pertenecen o deseen pertenecer al sindicato; etc. Más encima, los sectores más reaccionarios y reconocidamente golpistas del gobierno anterior se han convertido en una especie de "intocables" para los periodistas de "Clarín".

—A nosotros realmente nos preocupa que no se cumpla con la ley; nos preocupan las inmensas utilidades que recibe la empresa (recauda mensualmente cerca de cinco mil millones de pesos) mientras la explotación de los trabajadores es evidente; nos preocupa que nuestro diario funcione como una empresa meramente comercial, y no se haga eco de la acción y los problemas de los trabajadores de las minas, del campo, de la ciudad. Esto va mucho más allá porque nuestro diario está objetivamente protegiendo a los enemigos del pueblo, junto al cual dice estar firme.

PF: ¿En qué sentido habla usted de protección a los enemigos del pueblo?

R.—Desde un tiempo a esta parte la censura se está convirtiendo en cosa habitual en "Clarín". Especialmente cuando los periodistas han querido denunciar las actividades sediciosas y golpistas de los "peces gordos" del gobierno anterior, entre ellos al ex Presidente Frei. Por ejemplo, una información en la que se hacía alusión a una denuncia sobre las andanzas de estos personajes fue retirada del diario. Una declaración oficial del Partido Comunista fue censurada, específicamente en el acápite en que se le recordaban a Frei los latrocinios que había cometido en la primera magistratura de la Nación.

—Por esto y por otras cosas decimos que un diario al servicio del pueblo no debe ni puede seguir protegiendo a los enemigos del pueblo. No es posible que la crónica roja, el "piluchismo" o la pornografía (y esto lo decimos sin pacatería alguna) de nuestro suplemento dominical, estén por sobre los verdaderos intereses o problemas de la clase trabajadora, por el sólo hecho de que se trata de mercaderías que "venden más".

—Creemos que todo esto deriva del problema de quién es el propietario de los medios de comunicación: si un patrón que es capaz de vender veneno y mentiras para llenarse las faltriqueras, o de los trabajadores que orientarán a sus hermanos de clase én la ruta que nuestro país se ha trazado hacia el socialismo.

—Estas cosas se las hemos planteado incluso al Presidente Allende, para que no esté ajeno a lo que pasa en "Clarín" cuando sus trabajadores vayan a la pelea.

PF: ¿Cuál es la situación entre los trabajadores para enfrentar este problema?

R.—En este sentido debemos hablar claramente. En las recientes elecciones sindicales se enfrentaron dos fuerzas: el Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) y el Partido Comunista.

—El FTR venció holgadamente ganando cuatro de los cinco cargos directivos del sindicato. Esto causó resentimientos que se tradujeron en actitudes negativas por parte de algunos compañeros. De hecho, la nueva directiva entró a dirigir el sindicato con un frente interno del cual tenía que preocuparse. Sin embargo, pensamos que esta dificultad sólo podía superarse con la acción y fue así como se intentó, y en gran parte se ha logrado, cambiar la mentalidad que existe sobre las directivas sindicales y los sindicatos. Eliminar el paternalismo de los dirigentes y llevar las aspiraciones meramente reivindicativas más allá. Esta acción tuvo respuesta positiva y cuando hace algunas semanas se planteó la elección del delegado del personal, los compañeros comunistas ofrecieron todo su apoyo al candidato del FTR. Con esto el frente interno se eliminó de hecho y se ha concretado la unidad de todos los trabajadores de "Clarín" por metas que son comunes.

—Pero nosotros sabemos que no sólo consiste en llegar a que los trabajadores tengan en su poder los medios de comunicación; el problema no sólo consiste en que se elimine la idea de que las noticias y la orientación sean una mercadería más, al igual que un refrigerador o un auto.

También consiste en que los trabajadores de los medios de comunicación deben asumir su responsabilidad revolucionaria, especialmente los periodistas, para que puedan dar una interpretación honesta a la realidad de sus compañeros de clase.

—Nosotros entendemos que la claridad de una posición de este tipo la pueden dar los propios trabajadores. Cuando las contradicciones de un sistema se hacen carne en los actores mayoritarios del mismo, y los cambios se producen desde la base misma y no por imposición gubernamental, no hay argumento que pueda rebatir la legitimidad de la acción de los trabajadores, porque son las grandes mayorías las que deben imponer las reglas del juego y ese es el camino que ha abierto la Unidad Popular a los trabajadores chilenos.

—indudablemente que vendrá la acusación inmediata y sin medida de los enemigos del pueblo. Pero esos son sólo factores que contribuirán a unir al pueblo para golpear al enemigo fundamental.

—Ya la decisión de la Contraloría sobre las indemnizaciones para las empresas del cobre lo probó. La opinión es unánime cuando se está ejerciendo la soberanía nacional.

—En los medios de comunicación pasará lo mismo. Primero serán los patrones que se guarecen en la Asociación Nacional de la Prensa, en ARCHI, etc. Luego serán la SIP y sus voceros reaccionarios. Pero ante la unión de los trabajadores, estos enemigos del pueblo chileno nada podrán. Los trabajadores de "Clarín" esperamos demostrarlo. Queremos ser la vanguardia que le tape la boca a quienes defienden con tanto ardor la "democracia", la "libertad de prensa" y la "propiedad privada", chivas que han inventado para desfigurar y tratar de aplastar las luchas de los trabajadores.

—Nosotros estamos peleando no solamente con un patrón que ha podido levantar un diario con el esfuerzo de los trabajadores. Estamos luchando por que los medios de comunicación sean un instrumento social que sirva a los intereses mayoritarios del país, que contribuya a liberar al país del dominio imperialista y del control ideológico de la burguesía.

J. C. M.


Análisis

LAS MASAS RECIÉN SE ASOMAN AL PROCESO

LOS avances del Gobierno de la UP en el sentido de una transformación de la base económica de la sociedad chilena, se han vis to acelerados notablemente en las últimas semanas. Ayer la intervención de la ITT, hoy importantes deducciones por la "utilidad excesiva" de las explotaciones de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente y el decreto de insistencia para la estatización definitiva de los oligopolios textiles, mañana sin duda la intervención de la Papelera y de los grandes monopolios de la distribución. Es el avance decidido a la constitución definitiva del área de propiedad social. Avance que hiere severamente a importantes intereses tradicionales del imperialismo y de la burguesía local, tal como lo demuestran las recientes declaraciones, de violencia inusitada, de sectores de la prensa yanqui, así como las de la SOFOFA y la prensa mercurial. La progresiva radicalización hacia la derecha del freísmo es otro indicador de la agudización de la lucha política en Chile.

En esta situación es más importante que nunca señalar que este avance continúa haciéndose, en lo fundamental, sin una real movilización de las masas trabajadoras. Las fuerzas de la izquierda revolucionaria dentro y fuera de la Unidad Popular, deben por lo tanto seguir asumiendo las tareas de movilización de las masas por el socialismo. Y es igualmente indispensable que se defina con precisión el sentido y alcance de esta movilización.

Los avances del Gobierno Popular en el territorio ocupado de la economía nacional siguen, por ahora, teniendo una peligrosa similitud con los audaces ataques de aquel general que dirigía sus pelo ton es de choque contra las fuerzas enemigas sin asegurarse que tenía la retaguardia cubierta.

Ahora bien, los párrafos que siguen los centraremos en algunos aspectos económicos del primer año de Gobierno Popular; debemos estar conscientes de que este período no define el carácter de las transformaciones sociales en Chile, pensar lo contrario sería pecar de economicismo, exagerar la importancia de los factores económicos sobre todo lo demás. También los economistas deben tratar de escapar a estos vicios. Saben mejor que nadie que la disciplina económica tradicional proporciona herramientas, bastante sofisticadas por lo demás, para el análisis de qué es lo que se produce en un país, cuánto y cómo se produce, para quiénes se pro duce (aunque este último aspecto a menudo "se olvida") y al mismo tiempo, cuáles son las condiciones óptimas y de equilibrio, interno y externo, de tales procesos productivos.

Pero la economía académica generalmente no tiene nada que enseñar acerca de los marcos jurídicos, políticos e ideológicos en que tienen 'lugar estos procesos económicos. Asimismo, como consecuencia de una excesiva división social del trabajo en ia universidad burguesa,, la gran mayoría de los economistas especializados no han podido abordar seriamente los temas de las relaciones y lucha de clases ni los factores de poder político en general y en especial en América latina.

Todo esto no quiere decir que el análisis de estos procesos económicos no sea de importancia, particularmente cuando la política económica a corto plazo del gobierno as pira a redistribuir los frutos materiales de estos procesos productivos, o sea los ingresos y el consumo, en favor de capas menos privilegiadas de la población. Sin embargo no son los cambios económicos por sí mismos los que definen el carácter de la transformación de la sociedad chilena. Por ejemplo, debe tenerse en claro que una cierta redistribución del ingreso nacional —si bien puede ser una condición necesaria para mejorar las condiciones de vida del pueblo y aumentar su compromiso con el Gobierno Popular en el contexto, ya señalado, de falta de movilización activa de las masas— no es suficiente para una socialización de las relaciones de producción. Al contrario, será esta socialización la que definirá —sobre la base de la redistribución de la propiedad de los medios de producción [2] "expropiando los expropiadores" por lo cual los trabajadores han de lograr el control y desarrollo de la economía chilena— las posibilidades de una real redistribución de los ingresos generados en el país.

Es cierto que el carácter de cada modo de producción —o sea el conjunto de las estructuras económicas, institucionales e ideológicas de la sociedad— está determinada "en última instancia" por la base económica. Decía Marx: "Cualesquiera sean las formas sociales de la producción, trabajadores y medios de producción son siempre sus factores... La manera particular en que éstos sean com binados es lo que distingue las diferentes épocas económicas de la estructura social" (El Capital, libro II cap. I).

¡Pero no es menos cierto que la transformación revolucionaria de estas relaciones de producción capitalista [3] pasa a ser un problema político, un problema del poder político: "Ya vimos que la primera etapa de la revolución obrera es la constitución del proletariado en clase dominante, la conquista de la democracia" (Marx y Engels, Manifiesto Comunista, cap. II).

La conquista de todo el poder político por la clase trabajadora será por lo tanto indispensable para asegurar el carácter socialista del proceso chileno. El control del poder del gobierno por parte de los partidos de la Unidad Popular es importante, en la medida que los partidos obreros puedan afianzar su peso real pero no es más que "una parte del poder". Como bien lo dice la consigna de los compañeros del MAPU: "Convertir la victoria en poder y el poder en construcción socialista".

LA "VÍA CHILENA"

Cada país ha de encontrar sus propios caminos hacia el socialismo, determinados por sus condicionantes históricos y el grado de conciencia revolucionaria del pueblo y sus dirigentes. Es en este sentido que se debe entender la "vía chilena". Pero para que sea un camino que lleve en tránsito hacia el socialismo será indispensable transformar, tarde o temprano, los marcos institucionales burgueses, lo que llevará a los trabajadores chilenos a un enfrentamiento con los que crearon estas instituciones: la burguesía chilena apoyada por el imperialismo. Ya existen muchos ejemplos de cómo la burguesía —ya sea a través del Parlamento, la Contraloría, la Corte Suprema y otras instituciones fundamentalmente burguesas— tratan de entrabar en forma más o menos subrepticia las transformaciones sociales que pretende llevar a cabo el Gobierno Popular.

La ventaja histórica de los trabajadores chilenos es la de poder escoger tácticamente el lugar y la secuencia de los enfrentamientos, desde el gobierno. Tal vez sea esta característica del proceso chileno la que en definitiva pasará a la historia como "vía chilena hacia el socialismo".

BATALLA DE LA PRODUCCIÓN Y BATALLA DEL PODER

Es en el marco de tan necesaria transformación de las relaciones de producción capitalista y de la superestructura burguesa que se debe considerar la consigna de la "batalla de la producción". No puede haber batalla de la producción sin "batalla por el peder".

Ahora bien, ¿son contradictorias estas batallas? Las experiencias históricas de otras revoluciones así lo parecen indicar. Nunca ha sido posible que en la lucha de los trabajadores por el poder, ya sea desde el gobierno o desde el campo de lucha revolucionaria, se mantengan o recuperen en corto p azo los niveles de producción. Esta batalla de la producción es parte importante de la política económica a corto plazo. Esta política ha tenido éxito hasta ahora en varios caninos que muchos economistas, ya sean marxistas o liberales, no esperaban. A pesar de haber recibido la economía del país en una situación de crisis aguda (que en los últimos dos años sólo pudo ser paliada por los altos precios del cobre en el mercado internacional) se ha logrado una notable reactivación de la economía en el primer semestre del año, por lo menos en los sectores urbanos: un aumento de más de 7 por ciento de la producción industrial hasta el mes de agosto (fundamentalmente por un mayor uso de la capacidad instalada del sector); disminución del desempleo urbano en más de 40 por ciento i según la ultima encuesta del Instituto de Economía la desocupación abierta en el Gran Santiago alcanzó en el mes de septiembre un 4,8 por ciento, lo que constituye la cifra más baja registrada desde 1963); limitación de la inflación registrada a un 12 por ciento, lo que significa un mayor poder de compra real de los que viven de la venta de su fuerza de trabajo. Por cierto que las presiones de la demanda como consecuencia de este aumento del poder consumidor por un lado (tanto de la burguesía que dispone de mayores fondos líquidos ya que no los invierte y de los trabajadores ocupados, como consecuencia del reajuste) y la falta de una adecuada respuesta de la oferta por otro, principalmente por el boycot privado en la producción agropecuaria y de los monopolios de la distribución, ha producido escasez en determinados artículos de consumo. El control de estos abusos, más que el control administrativo, requiere sobre todo de una movilización activa de los trabajadores, organizados en comités de vigilancia y de los consumidores en comités de barrio.

Ahora bien, estos logros económicos reales a corto plazo no deben en ningún caso hacer olvidar a nadie los objetivos de transformación de las relaciones de producción del capitalismo dependiente y subdesarrollado por el imperialismo, objetivos que requieren la conquista del poder por la clase trabajadora. Sólo esta transformación permitirá un vigoroso desarrollo planificado en base a la movilización de los excedentes potenciales, y no solamente reales de la economía de las fuerzas productivas a más largo plazo, la verdadera lucha por la producción socialista y la construcción de la nueva sociedad.

EL ÁREA DE PROPIEDAD SOCIAL

Del punto de vista de este desarrollo y en particular de la acumulación de capital en los próximos años, una de las tareas más importantes como se verá más en detalle, es sin duda la pronta ampliación y transformación del área de propiedad social. Indudablemente que en algunos sectores el gobierno popular ha avanzado con gran velocidad, mirando tan sólo el número de empresas incorporadas a esta área, y esto aun desde el punto de vista de la experiencia revolucionaria de otros países. En 8 meses se habían expropiado unos 1.300 latifundios de un tamaño promedio de más de 1.000 hectáreas cada uno. Las empresas propiamente industriales expropiadas, requisadas o intervenidas —dentro de los cauces de la legalidad burguesa suman cerca de 50 con un valor de ventas que todavía no excede los cinco mil millones de escudos y un empleo de alrededor de 35.000 personas. (Si además se incluye a la CAP, la suma en ningún caso es más de un 8% de todo el empleo industrial del país). Además el Estado ha tomado el control de una docena de empresas de ser vicios, últimamente la I.T.T.. y de una porción significativa del sistema bancario. por último, y más importante, se han nacionalizado las grandes minas de cobre, hierro, yodo, salitre y carbón.

Pero la constitución del área de propiedad social no es sólo un problema cuantitativo del ritmo de amplia ción del área, por un lado es indispensable reducir, en la medida de lo políticamente posible en cada caso, el costo financiero directo de las estatizaciones, o sea, 'la indemnización por la expropiación, ya sea de las minas de cobre o de los activos de las industrias y fundos expropiados. Con razón el trabajador se sentirá defraudado si los frutos de su mayor producción beneficiaran a sus antiguos empleadores en pago de "sus" medios de producción estatizados. En este sentido la reciente decisión de efectuar una deducción de más de 770 millones de dólares a las indemnizaciones de las grandes empresas del cobre constituye un importante paso adelante.

En definitiva, la propiedad estatal de los medios de producción es una condición necesaria, pero no suficiente de un control efectivo de los excedentes producidos por los trabajadores en beneficio de toda la clase trabajadora.

Por otro lado, es indispensable asegurar una verdadera participación o control de los obreros en la marcha de las empresas del área social. Como lo dijo el mismo secretario general de PC en su discurso del pasado mes de agosto: "A los trabajadores no se les puede exigir mayor producción si al mismo tiempo no se les da mayor participación".

Sin embargo, el anteproyecto de la Comisión CUT-Gobierno sobre participación de los trabajadores en la dirección de empresas públicas parece adolecer de ciertas fallas burocráticas. Propone una participación paritaria de los trabajadores en el consejo de administración o comité directivo de la empresa estatizada donde habría 5 representantes de los trabajadores y 5 del gobierno, más el interventor. Ahora bien, esta minoría efectiva de los obreros no sería mayor problema si el carácter proletario del Estado fuese asegurado. Este, como ya lo vimos, no es el caso.

En otras palabras, he aquí otra contradicción posible del proceso chileno, una disyuntiva entre una alternativa reformista y otra revolucionaria. La sola ampliación cuantitativa del sector esta tal sin la participación activa de la clase trabajadora para conquistar el poder político y el control de las empresas públicas lleva a un tipo de capitalismo de Estado en el cual no "está asegurado el poder de los obreros y de los campesinos pobres" como lo decía Lenin en su discusión del tema ("Acerca del infantilismo de "Izquierda" y del espíritu pequeño burgués". Obras Escogidas, páginas 451-474). Tal como lo planteaba Lenin, el capitalismo de Estado no es malo en sí, todo depende de qué clase social devenga el poder del Estado y el control de la producción. De ahí la importancia fundamental de la lucha por el poder político.

La ampliación y consolidación del área de propiedad social tiene que ser concebida como un proceso más bien cualitativo. La transformación de las relaciones de producción dominantes de la formación social chilena exige, tal como se dijo a manera de introducción a esta nota, la movilización y participación activa de los trabajadores.

En tal sentido siguen siendo válidas las expresiones "noeconomicistas" del Ministro de Economía. Pedro Vuskovic en la asamblea de la Unidad Popular en enero de este año. Decía algo así: "Nuestra debilidad más seria es la insuficiente movilización de las masas. Los actos del gobierno siempre vienen desde arriba. La mayoría de la población sigue siendo receptor pasivo de estos actos. Sin una movilización activa y militante de las masas este proceso de reforma corre el riesgo de quedarse en el medio del camino".

C. CASTRO


Denuncia

LA CIA EXPLORA LA FUERZA DEL GOBIERNO

LA reacción norteamericana contra Chile, como consecuencia de la decisión del gobierno de no pagar indemnización por la nacionalización de las minas de cobre, en ningún caso obedeció a un plan improvisado o a un impulso emocional del gobierno de Estados Unidos. La Casa Blanca no actúa precipitadamente. Hay un Comité Ejecutivo de Inteligencia, que bajo la presidencia del Director de la CIA, Richard Helms, entrega su opinión y un plan de acción para cada emergencia. En él están integrados los servicios secretos de las agencias del gobierno norteamericano, incluido el FBI y naturalmente la CIA. Y en la misma residencia presidencial funciona el asesor Íntimo de Richard Nixon, Henry Kissinger, que preside el Consejo Nacional de Seguridad, órgano que estructura, con muchas otras centrales de información clandestinas, la planificación de la política exterior.

Es a través de estos organismos que se analizan cuidadosamente todas las "opciones" a que da lugar la copiosa información recogida, y es allí de donde salen las normas de conducta definitiva por las cuales se rige el Departamento de Estado, cuya ejecución influencia la vida de millones de hombres, a la vez que pone en actividad a miles de agentes del gobierno norteamericano.

El hombre medio tiene la tendencia a identificar habitualmente a la CIA con la imagen de un James Bond o con el equipo de "Misión Imposible". Incluso en la misma izquierda se cae en la simpleza de asociar a la CIA solamente con los golpes de estado y la intriga de suspenso del espionaje. Todo esto contribuye a mistificar el rol más importante que juega esta Central de Inteligencia, como administradora de complejas situaciones políticas y de poderosas instituciones económicas.

Ciertamente que los golpes de Estado y los atentados figuran entre los métodos de la CIA, pero constituyen sólo una parte de su vasta labor. Estas, apenas son tareas de orquestación para su labor subterránea en el seno de la diplomacia, las grandes corporaciones, las jerarquías militares, los organismos para la ayuda extranjera y su acción de penetración en los países subdesarrollados.

"Echar abajo a un régimen es la parte más fácil de nuestra labor" —escribe Richard Cottam, un científico de la "política" que trábala en una de las secciones operacionales de la CIA. Y agrega: "Crear un régimen estable e ideológicamente compatible con la política de Estados Unidos es infinitamente más complejo..."

En Vietnam la estrategia que busca ese "régimen compatible" ha sido bautizada con el nombre de "vietnamización". En cualquiera otra parte del mundo se la conoce como "neo-colonialismo".

Es cierto que, como estrategia, el neo-colonialismo fracasó en Vietnam, pero ello se debió a la resistencia opuesta por un bien organizado ejército del pueblo. El valor de la CIA está justamente en ser la única agencia norteamericana que en estos momentos ha comprendido bien esta circunstancia. A través de una autocrítica notable y después de un buen balance ha analizado con maquiavélico criterio la inefectividad de los generales norteamericanos. Y si posteriormente en cualquier parte del mundo los movimientos revolucionarios no han tenido el avance de los vietnamitas es porque o no aplicaron su experiencia o porque las misiones de la CIA se las arreglaron para alejarlos de ese camino.

PUNTO FINAL tuvo acceso a las actas de una discusión confidencial que se desarrolló en el Centro para las Relaciones Exteriores, en Nueva York, un centro clave de la CIA en la formulación de la política exterior norteamericana, el 9 de enero de 1968. Literalmente es el lugar donde se reúne la élite de la inteligencia del imperialismo y donde los presidentes de las corporaciones y los banqueros, conferencian con representantes del gobierno, académicos importantes y dignatarios extranjeros. Naturalmente que aquí están representados los ejecutivos más importantes del Consejo Nacional de Seguridad, de la CIA, el FBI y otras agencias.

Habitualmente el Consejo —que edita la revista "Foreign Affairs— sesiona presidido por el presidente del Chase Manhattan's Bank, David Rockefeller; la organización publica libros, financia establecimientos educacionales, promociona conferencias de políticos extranjeros (como es el caso actual de la gira que realiza por Estados Unidos el ex presidente chileno, Eduardo Frei, colaborador de "Foreign Affairs"). De este modo se logra conciliar los intereses multinacionales de los forjadores de la opinión pública norteamericana. Incluso dentro de sus funciones, las reuniones del Consejo son extraordinarias. Por eso el documento que aquí se resume ofrece una clara prueba de la teoría y práctica de las manipulaciones de la CIA, que a través de Richard Helms, su director, dirige a su vez el Comité Ejecutivo de Inteligencia norteamericano.

Las actas en referencia llevan el título de "Intelligence and foreign policy" ("Inteligencia y política exterior"). Entre otros, en la reunión participó Richard M. Bissell, director de debates en esta ocasión, que es economista y fue miembro del centro de trabajo de la CIA desde 1954 hasta 1962, como asistente especial del Director. Desde entonces se ha desempeñado como director encargado de planes. Continúa siendo profesor de Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, miembro del personal de la Fundación Ford y presidente del Instituto de Análisis para la Defensa. Ahora es miembro además de la dirección del Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales y de los directorios de la U.S. Steel y de la revista "Fortune".

Otro asistente a la reunión fue Douglas Dillon, quien actuó como presidente de mesa. Dillon es un banquero que fue Subsecretario de Estado desde 1959 a 1960 y Secretario del Tesoro desde 1960 a 1965. El relator fue William Harris, quien trabaja en el Centro para Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. Acaba de completar una masiva bibliografía sobre "Inteligencia", que será publicada en breve por la Universidad de Harvard. También estuvieron Allen Dulles, director de la CIA hasta 1961, y Philip W. Quigg, ex editor de "Foreign Affairs".

OPERACIONES CLANDESTINAS

El jefe de debates, Richard Bissell, tuvo a su cargo la exposición que evaluó y revisó las operaciones secretas de la política exterior de Estados Unidos. Según sus propósitos, estas operaciones pueden clasificarse en dos grupos: a) recolección de informaciones, espionaje primario, o información recogida a través de medios clandestinos; y b) acción clandestina para influir en los asuntos internos de otras naciones —que a veces se la llama "intervención"— a través de medios clandestinos. Aun cuando estas dos clases de actividad, en teoría pueden separarse, ambas —la recolección de información y la acción clandestina— son interdependientes. Históricamente se han hecho esfuerzos para separar estas dos actividades, pero el resultado ha sido el de un total desastre organizativo. Uno de esos ensayos fue el establecimiento en los primeros días de la CIA (1948), de la Oficina de Coordinación de Planes (OPC), que tuvo a su cargo la conducción de las operaciones secretas que posteriormente podían ser negadas como de responsabilidad oficial. Frank Wisner dirigió el OPC como un órgano separado para las acciones clandestinas e informó de ellas directamente a las Secretarias de Estado y Defensa.

Posteriormente, cuando Bedell Smith fue nombrado director de la CIA, cambió el sistema de modo que hubiera una completa integración entre la recolección de información y las funciones de la actividad clandestina. Para ello se sirvió de la experiencia de los servicios secretos alemanes e ingleses durante la guerra, que cada vez que mantuvieron organizaciones para operaciones clandestinas entraron en competencia con los servicios de espionaje, con resultados desastrosos. Ahora en la CIA el punto de vista vigente es que la división del sistema de inteligencia con el de la acción clandestina es perjudicial como resultado de la competencia de los agentes, el reclutamiento simultáneo de los mismos (agentes dobles), lo que provoca riesgos adicionales de seguridad y dispersión de los esfuerzos.

OBJETIVOS

Respecto a la recolección de informaciones caben dos preguntas: a) ¿cuál es el ámbito de ella?; y b) ¿qué funciones de la recolección de informaciones pueden realizarse más secretamente?

En el campo de la recolección incluye: 1) el reconocimiento aéreo; 2) las comunicaciones electrónicas; y 3) el clásico espionaje por medio de agentes. En el mismo orden, Bissell los clasificó así: 1) muy importante; 2) ligeramente debajo del 1); y 3) considerablemente debajo de 1) y 2).

El análisis de Bissell llevó luego a concluir que si bien el espionaje clásico es menos efectivo, su costo es mínimo. Que los avances técnicos en criptografía y la acentuada sofisticación de la mayoría de los sistemas en clave disminuyen el valor de este tipo de comunicaciones frente al reconocimiento aéreo.

Sobre este particular, Bissell explicó que Estados Unidos comenzó las operaciones de reconocimiento aéreo como operaciones "encubiertas", primeramente con una serie de vuelos clandestinos sobre territorio de Europa Oriental, a comienzos de la década del 50. Estas experiencias fueron seguidas por el proyecto U-2, el que tuvo bastante éxito pero dramáticos resultados (el caso del U-2 de Gary Power). Ahora se dispone de satélites de reconocimiento, pero por el mismo hecho de que ese reconocimiento es uno de los más "abiertos" secretos internacionales, está lejos de ser una actividad clandestina, por lo que su responsabilidad burocrática reside ahora en el Pentágono.

Bissell se extiende luego —según las actas— en diversas disquisiciones sobre el espionaje clásico, haciendo una relación histórica sobre su conducción en Alemania Occidental, durante la guerra de Corea, con actividades principalmente en Japón, y luego el bloque socialista, a comienzos de la década del 50, especialmente en la Unión Soviética, para caer finalmente en los esfuerzos dirigidos al bloque de naciones amigas o neutrales y a las operaciones en el "tercer mundo". Las conclusiones generales a que arriba Bissell coinciden con su premisa de que el espionaje ño es la primera fuente de información en el caso del "bloque soviético" u otras sociedades más sofisticadas. Pero sí arriba a otras sorprendentes y por lo mismo significativas y pedagógicas para el mundo subdesarrollado.

BAJA CONCIENCIA DE SEGURIDAD

El mundo subdesarrollado presenta grandes oportunidades para la recolección de información, afirma Bissell. Y simplemente porque los gobiernos no son lo suficientemente organizados. Existe allí, dice, una baja conciencia de la seguridad y hay una tendencia de dispersión del poder entre los partidos, las organizaciones y los individuos, ubicados fuera de los gobiernos centrales. El propósito principal del espionaje en estas áreas es el de suministrar a Washington, oportunamente, informaciones de la balanza interna de poder en cada país, un tipo de inteligencia que es fundamentalmente de significación táctica. Este es relevante para Bissell desde el momento que los cambios en la balanza del poder son extremadamente difíciles de detectar, excepto a través de contactos frecuentes con elementos del poder. Una y otra vez hemos sido sorprendidos —dice Bissell— por los golpes de los militares. "Frecuentemente hemos fracasado en conversar con la joven oficialidad o los no comunistas que están comprometidos en ellos. El mismo problema nos ocurre con los líderes sindicales u otros".

"Frecuentemente no sabemos cuáles son las relaciones de poder, porque sus balanzas son lóbregas y muchas veces desconocidas hasta para los principales actores. Solamente conociendo a los participantes se puede hacer una previsión acertada. Existe un propósito real de acción en esta área. La técnica es esencialmente la "penetración", incluyendo la que horroriza a los clasicistas de las operaciones clandestinas, despreciando los sistemas "standards" y las reglas habituales del reclutamiento de agentes. Muchas de las penetraciones no tienen la forma de contrato sino el establecimiento de un acercamiento o una relación amistosa".

En algunos países, añadió el representante de la CIA, ha servido como íntimo consejero (y hay un caso como "compañero de tragos"), del Jefe del Estado. Estas son situaciones en las que la tarea de recolección de información y la acción política se camuflan hasta el punto de volverse indistinguibles.

Uno de los asistentes preguntó por qué los diplomáticos normalmente no podían mantener ese tipo de relaciones. Bissell observó que ellos frecuentemente podían tenerlas. Pero hay otros casos especiales, como ese de una república latinoamericana en donde el Jefe del Estado tenía una "especial relación" con el agente de la CIA, sin el conocimiento del embajador norteamericano, porque el propio Presidente de la República lo solicitó así. El hombre de la CIA enviaba los informes por los canales de la CIA al Secretario de Estado y el embajador en el lugar no estaba al corriente de ello. El problema surgió más tarde cuando el mismo Secretario de Estado, que recibía los cables del hombre de la CIA, se convirtió en embajador. Afortunadamente al Presidente de la República le gustó el nuevo embajador y pidió que una "relación especial" fuera también establecida con él".

Aparte de este único caso, añadió Bissell, parece ser conveniente que el embajador debe ser un representante formal de los Estados Unidos, cuyas relaciones con el gobierno ante el que está acreditado se mantenga a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otro lado, el representante de la CIA puede mantener una relación más íntima o informal, cuya reserva debe ser preservada del gobierno del país en cuestión y dentro del gobierno de los Estados Unidos.

La acción clandestina incluye: 1) consejos políticos y consejeros; 2) subsidios individuales; 3) apoyo financiero y "asistencia técnica" a partidos políticos; 4) apoyo a organizaciones privadas, incluyendo uniones de trabajadores, empresas, cooperativas, etc.; 5) propaganda encubierta; 6) entrenamiento privado de individuos e intercambio de personas; 7) operaciones económicas, y 8) operaciones paramilitares para operaciones políticas destinadas a derribar o a mantener un régimen (como en Bahía Cochinos o Laos).

En el caso de países subdesarrollados, por ejemplo, el dinero ha sido puesto en las arcas de un partido, sin conocimiento del conjunto de militantes de ese partido.

Una de las operaciones económicas emprendidas incluyó el financiamiento por la CIA de un proyecto abierto que dependía de un préstamo oficial de la AID. El propósito era dar tiempo a la AID para mantener la negociación en términos duros, sin causar un quiebre completo de la transacción.

El papel de estas operaciones clandestinas puede ser comprendido mejor por contraste con las actividades abiertas del gobierno norteamericano. La diplomacia busca resultados por medio de negociaciones de gobierno a gobierno, a veces abiertamente, otras privadamente. La política económica exterior y los programas culturales buscan modificar benignamente la economía de las otras naciones y su clima de opinión.

La intervención encubierta está generalmente destinada a operar en la balanza del poder interno, a menudo teniendo en vista objetivos a corto plazo. Un esfuerzo por levantar la economía de un país subdesarrollado debe ser sutil, continuo, probablemente costoso y debe alistar abiertamente la cooperación de la mayoría de los grupos dentro de la nación, si se quiere tener más influencia.

Por otro lado, un esfuerzo para debilitar al Partido Comunista local o para ganar una elección y conseguir resultados dentro de dos o tres años debe forzosamente ser encubierto. Hay que usar pragmáticamente al pueblo, las agencias que son útiles y los métodos que parecen verosímiles para trabajar. Lo esencial de esta intervención en la balanza de poder interno es la identificación de aliados que puedan rendir mayor efectividad, mayores poderes y —ojalá— discreción para la ayuda encubierta. Típicamente estos aliados locales saben la fuente de la asistencia. Pero ni ellos ni los Estados Unidos podrían admitir su existencia.

Agentes para actividades de poca sensibilidad y de menor claridad, por ejemplo propaganda encubierta y algunas actividades económicas, pueden ser reclutados simplemente con dinero. Pero para las intervenciones mayores y más delicadas, los aliados deben tener su propia motivación. La CIA ha tenido especial éxito con individuos y agencias motivados en el sentido de que su acción es la más conveniente y satisfactoria para su país, fe sin la cual puede destruirse toda una operación.

Igualmente la CIA ha tenido notables aciertos en los subsidios a estudiantes trabajadores y grupos culturales, dándoles la sensación de que el objetivo de la agencia no es el de controlar sus actividades, sino guiarlos ocasionalmente para aumentar su propia eficiencia.

El problema de las operaciones de la CIA en ultramar es frecuentemente un problema para el Departamento de Estado. Los aliados locales siempre tratan con un norteamericano o un oficial norteamericano, ya que el agente es casi invariablemente un funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Existen poderosas razones para esta práctica y será siempre recomendable que haya algún personal de la CIA viviendo en la Embajada.

Pero es deseable, aunque difícil y ocupa mucho tiempo, el crear un aparato en ultramar de encubrimiento extraoficial. Esto requiere el uso o creación de organizaciones privadas, en las que gran parte del personal sea natural de los países, con entrada libre a la sociedad local y una menor implicancia con la posición oficial de los Estados Unidos.

El nuevo embajador norteamericano en Chile, Nathanael Davis, ha estado íntimamente ligado a las actividades del Consejo Nacional de Seguridad, organismo que centraliza la labor de las agencias de inteligencia de Washington. Estuvo en Chile en 1963 como jefe del Cuerpo de Paz, uno de los organismos auxiliares de la CIA que permanece casi intacto en nuestro país. Fue embajador en Guatemala, en cuya política interna participó directamente. Es considerado un especialista en "comunismo". Perteneció al personal de la Embajada norteamericana en Checoslovaquia y en Bulgaria y estuvo a cargo del Departamento de Asuntos Soviéticos del Departamento de Estado. En 1966, fue adscrito al Consejo Nacional de Seguridad que recopila el material que recogen los agentes de la CIA y otras agencias, y que orienta las actividades clandestinas en ultramar.

Davis reemplazó en Chile a Edward J. Korry que en la pasada elección presidencial se jugó sin éxito por la candidatura de Alessandri.

Al nuevo embajador norteamericano le tocará implementar en Chile las actividades subterráneas para socavar al Gobierno de la Unidad Popular. A Davis le corresponde mostrar la cara "oficial" de Estados Unidos. Pero en torno a la embajada yanqui circulan los agentes encargados de operaciones encubiertas de las que jamás se harán responsables el embajador y mucho menos el gobierno de Washington.

M. D. R.


Reportaje

LA "VOZ CAUTIVA" DE LOS CAMPESINOS

EN un artículo anterior sobre Osorno (ver PF Nº 141) señalamos que los conflictos que allí han venido ocurriendo reemplazaron en la permanente campaña contra el gobierno que sostiene la prensa reaccionaria, a otros similares que antes se presentaron en Cautín. Hay otro rasgo común entre las dos provincias sureñas, pero que naturalmente no merece a los órganos periodísticos de la derecha la atención que prestan a "tomas" y enfrentamientos más o menos violentos entre campesinos y latifundistas. Es la existencia de importantes reducciones indígenas, víctimas desde la colonización española del robo sistemático de tierras, y de un total abandono de parte de la autoridad central. Cuando la masacre de Pampa Irigoin, en Puerto Montt, por ejemplo, se pasó por alto el hecho de que la mayor parte de los pobladores que fueron víctimas del Grupo Móvil de Carabineros, eran inmigrantes que habían llegado en busca de trabajo desde las islas de Chiloé y desde las reducciones indígenas de la zona. Una de las más importantes y también una de las más desamparadas es la de San Juan de la Costa de Osorno.

Aunque resulte increíble, en esta época de computadoras electrónicas y de múltiples instituciones dedicadas a la investigación sociológica y económica, nadie sabe con exactitud cuántas personas viven en esta región que, sin embargo, se encuentra a sólo 30 kilómetros al oeste de Osorno, cubriendo una extensión de unas 200 mil hectáreas de la precordillera y cordillera de la costa. Algunos organismos calculan que subsisten allí unos 17.300 campesinos de la raza huilliche, agrupados en 34 comunidades indígenas. Pero otros estudios, más precisos, señalan que i a población podría ser del orden de 24 a 30 mil personas. Un censo detallado resulta imposible en las actuales condiciones: los campesinos viven muy aislados y los escasos caminos sólo son transitables en verano, entre enero y marzo. El resto del año, la zona es un inmenso lodazal, donde los caballos, el único medio de transporte, se hunden hasta el vientre. En una provincia donde todos los índices socioeconómicos son negativos, San Juan de la Costa los luce aún peores. El analfabetismo, por ejemplo, es del orden del 35%.

El problema económico fundamental está en ej régimen de tenencia de la tierra: el minifundio. Las 34 comunidades indígenas, a las que el hombre blanco fue expulsando desde las mejores tierras, en los valles frente a la Cordillera de los Andes, para arrinconarlas en estos campos erosionados y agotados, poseen "títulos de merced" sobre unas 2.500 parcelas de superficie promedio de 20 hectáreas. Sin asistencia técnica ni créditos, sólo pueden obtener de sus magros terrenos productos de mala calidad para su consumo y para la venta. En la ciudad de Osorno, en la parte miserable, a la izquierda del río Rahue, existe un mercado al que llegan los indios todos los días con su exigua mercancía: dos coliflores, un chancho flaco, tres repollos. Junto a esta miseria minifundiaria, en San Juan de la Costa también hay latifundistas: son los dueños de once grandes fundos, que abarcan el 65 por ciento de las mejores tierras de la región. Uno de ellos, "La Barra", tiene 35 mil hectáreas. Otro, el "Conjunto Huitrapulli", 30 mil. En toda la zona sólo existen 13 escuelas fiscales y 38 escuelas particulares, donde se da instrucción a unos 3 mil niños. Pero estas escuelas son de difícil acceso, sus edificaciones son ruinosas, especialmente las particulares. Las fiscales están mejor dotadas, pero resulta difícil obtener que los profesores se interesen por trabajar en un sector donde frecuentemente deben recorrer grandes extensiones a caballo, soportando frío y una lluvia casi permanente. Además, los padres suelen desconfiar de la enseñanza o sencillamente no pueden enviar a los niños a clases, prescindiendo de su ayuda en el hogar. La mayoría abandonan la escuela en el segundo o tercer año de primaria. Prácticamente no existe vigilancia policial: en todo el vasto sector sólo existen dos retenes de Carabineros, con una dotación de 7 hombres. El de San Juan por lo menos cuenta con un jeep y cuatro caballos, pero en cambio el de Bahía Mansa sólo dispone de tres caballos. Ninguno tiene teléfono ni equipo de radio.

En este sombrío cuadro, la población autóctona está a merced de la obra caritativa de las misiones católicas de San Juan de la Costa. Son tres, Quilacahuín, Rahue y San Juan de la Costa, y fueron fundadas a comienzos del siglo pasado por sacerdotes italianos, que luego cedieron su puesto a congregaciones capuchinas holandesas. El trabajo fundamental de los misioneros consiste en alfabetizar y prestar atención médica en policlínicos de las misiones hasta los que llegan semanalmente médicos del SNS. Con ello han ido adquiriendo un enorme ascendiente sobre las comunidades indígenas y una relación que va mucho más allá del afán de extender la fe católica, para asumir un sentido político perfectamente definido: defensa del régimen capitalista y adoctrinamiento en favor del sistema de propiedad privada. Para sus prédicas cuentan con un formidable vehículo: la radio "La Voz de la Costa", fundada el 19 de agosto de 1968, con pleno respaldo del gobierno freísta y gracias a los aportes de congregaciones holandesas, como la Orden de Monjas Santa Clara, que donaron los equipos transmisores Philips. Estos equipos, lo mismo que los 3.000 receptores a transistores y las pilas necesarias para su funcionamiento, ingresaron e ingresan al país liberados de impuestos aduaneros, como "material educativo". El mecanismo es similar al de otras experiencias católicas latinoamericanas de educación a través de la radio, como la de Radio Sutatenza, en Colombia, y el MEB, en Brasil.

Los campesinos indígenas de la zona no tienen otra alternativa que escuchar este tipo de "material educativo". Cada uno de los receptores les son entregados en arriendo por un período de cinco años y previo pago de 150 escudos. Cada juego de pilas les cuesta 12 escudos, y para evitar que las revendan, los curas llevan un estricto control de la fecha en que las entregan y exigen las pilas viejas para entregar el juego nuevo. Los curas organizan entre los indígenas grupos de escuchas, habitualmente formados por cinco campesinos, cuyo control está a cargo de auxiliares que recorren la zona. Pero la características fundamental de los tres mil receptores distribuidos es que son de "onda cautiva"; es decir, sólo permiten sintonizar "La Voz de la Costa". Esta situación provocó serias protestas de los sectores progresistas de la provincia de Osorno y dio lugar a un incidente que fue abultado y explotado en su momento por el diario local "La Prensa" y, como siempre, por su homónimo, "La Prensa" de Santiago y "El Mercurio": a fines de 1970, un grupo de trabajadores de la emisora resolvió tomarse el local, ubicado a unos 25 kilómetros de la ciudad de Osorno, para denunciar el tipo de consignas que se transmitían y exigir que se permitiera a los campesinos de la región participar en la elaboración de los programas, puesto que era a, ellos a quienes estaban dirigidos. La "toma" causó revuelo en la conservadora región osornina y llevó a los misioneros y al director de la radio, el reaccionario sacerdote Manuel Sánchez Fuentes, a organizar un movimiento en apoyo de la "línea" de la radio. Movilizó a un grupo de campesinos incondicionales para que, concluida la "toma" original, se tomaran también el local de la radio, exigiendo "garantías" para el director; es decir, para él mismo. La prensa derechista clamó al cielo, acusando a sectores de izquierda de Osorno y especialmente a profesores y alumnos de la combativa Sede regional de la universidad de Chile, de presiones violentas en contra del trabajo de los misioneros [4] . Pretendiendo que la emisora era "apolítica", Sánchez eliminó un programa de media hora que era realizado por profesores de la Sede universitaria y que se transmitía todos los domingos, con el fin de llevar información política y cultural a las aisladas comunidades indígenas y campesinas. Luego, despidió al periodista Francisco Curilem y a trabajadores de la radio que encabezaron la primera "toma". Sin embargo, algo se "logró" y la emisora por lo menos transmite ahora los mensajes del Servicio Agrícola y Ganadero, aunque exige que el gobierno pague por ellos, como si fueran avisos.

JOSÉ CAYUELA


Debate

LAS "LEYES" DEL SECRETARIO ROGERS

EN declaraciones recientes el Secretario de Estado norteamericano William Rogers aseveró que la aplicación del mecanismo jurídico de las deducciones por utilidades excesivas a la indemnización eventualmente debida a las empresas del cobre, es una "seria infracción a las prácticas internacionales". El señor Rogers censuró asimismo la aplicación retroactiva a dichas compañías del principio de los beneficios excesivos invocado por el Contralor General de la República.

La mantención de la acción política de la Unidad Popular dentro de los moldes de la legalidad tradicional ha obligado al señor Secretario de Estado a recurrir al Derecho para sus argumentaciones, incurriendo en el riesgo de pisar en un terreno en el que nuestro país exhibe centenaria destreza.

Desde luego llama la atención en las declaraciones del Departamento de Estado y en las informaciones de prensa procedentes de los Estados Unidos el empeño por convertir el caso en un conflicto entre Estado y Estado, que en tal caso debiera ser regulado por las prácticas y normas internacionales. Con ello se persigue quitarle artificialmente su carácter verdadero que es una simple relación entre el Estado de Chile y compañías comerciales que realizan negocios en nuestro territorio, explotando bienes chilenos de acuerdo a las leyes del país y sometidas, por lo tanto, a la soberanía chilena y a sus instituciones legítimamente constituidas.

Para llegar a tan rebuscada conclusión, los norteamericanos destacan el hecho de que las compañías afectadas han previsto sus riesgos asegurándose en una institución gubernamental llamada Overseas Private Investment Corp (OPIC. Es decir, han inventado un curioso mecanismo por el cual cualquier particular, en este caso las compañías, podría a su antojo cambiar la naturaleza jurídica de una relación por el simple recurso de tomar un seguro con el Estado, haciéndolo de esta manera participe del riesgo. Naturalmente que en tal transformación para nada se toma en cuenta el otro extremo de la relación, en este caso el Estado soberano de Chile. Extraña manera de elaborar el Derecho Internacional. Lo grave del caso es que la mayor parte de las normas del Derecho Internacional Público se van construyendo mediante este tipo de precedentes que son cuidadosamente elaborados por técnicos y catedráticos de los países imperialistas y transmitidos después a nuestros estudiantes. Otro caso de este tipo y que no es del caso analizar aquí es el de la extensión del mar territorial.

Primera conclusión entonces: el problema entre las compañías de cobre y el Estado chileno es nada más que eso y nada tiene que ver en el asunto el Departamento de Estado norteamericano.

El segundo argumento del señor Rogers es el asunto de la irretroactividad.

Con el desarrollo del derecho liberal a partir del proceso histórico de la Revolución Francesa los sistemas jurídicos de occidente tendieron a dar una protección desmedida al derecho de propiedad en todas sus formas, construyendo a su alrededor una malla protectora contra la que habrían de chocar todos los intentos de hacer prevalecer el interés común por sobre el interés individual.

Los Códigos Civiles que heredaron esa tendencia y que son el engendro técnico jurídico del capitalismo burgués en ascenso, recogieron los antiguos principios romanos del derecho subjetivo ejercido hasta sus últimas consecuencias y sin limitaciones, haciendo de centro de la constelación el derecho de propiedad en todas sus dimensiones: inmuebles o muebles, según se tratara de proteger a la oligarquía fundiaria o a la empresa industrial capitalista.

Como un derivado importante del fetiche se creó la ficción de los derechos adquiridos a la que protegía la autoridad soberana de las decisiones del poder legislador. Se erigió en dogma entonces la idea de que los derechos adquiridos bajo el imperio de una ley no podían ser alterados bajo el imperio de otra.

Desde luego había una petición de principio en el hecho de erigir a la propiedad privada en categoría sacrosanta e intangible haciéndola derivar, ya de la naturaleza de las cosas que emana de la voluntad del Creador, ya de los sanos dictados de la razón todopoderosa, justa matriz de donde surgen todos los principios sanos. Quiénes así razonaban eran, desde luego, propietarios o mandatarios de propietarios. Pero no bastaba con erigir el altar y colocar en él al ídolo, era necesario también crear sacerdotes, un ceremonial y también una guardia dotada de armas para su defensa. Una de estas armas era el principio de irretroactividad que hábilmente manejada por los sacerdotes, en este caso los jueces, dejaría inmune a todo aquel que durante el imperio de una ley, dictada también por propietarios o agentes de propietarios, hubiese llevado a cabo alguna actividad que le hubiere reportado buenas ganancias. El lema fue entonces: haz buenos negocios con tranquilidad, pues la sección correspondiente del sistema te asegura que no se te pedirán cuentas, ya que lo impide el principio de irretroactividad.

Nuestro sistema jurídico no escapó a esa tendencia y el Código Civil contempló la triquiñuela. Dictado en 1855, no establecía muchas más limitaciones al derecho de propiedad que las que ya conocieron los romanos de la época clásica y disponía además que la ley sólo podría tener efecto en el futuro sin tener jamás efecto retroactivo.

ANOMALÍAS JURÍDICAS

La armonía del sistema jurídico liberal no deja, sin embargo, de ofrecer ciertas anomalías y en Chile una bien importante es precisamente la de las normas sobre irretroactividad. Para que ésta hubiese tenido real fuerza, debería haber sido situada en la cúspide del ordenamiento, esto es, en la Constitución Política. No fue así y por lo tanto el principio podía ser violado a través de normas de igual categoría con sentido contrario, es decir, con leyes de efecto retroactivo. Si el principio de irretroactividad hubiese estado situado en la Carta Fundamental, habría estado a salvo de embates que vinieran de normas de igual rango, es decir de simples leyes. Como no fue ese el caso, la burguesía se vio en la necesidad de dictar la ley sobre efecto retroactivo de las leyes, en 1861, para decir que jamás una ley posterior podría afectar derechos adquiridos.

Pero la ley sobre efecto retroactivo sigue siendo ley, y en consecuencia, si una disposición establece que afectará derechos adquiridos, erogará en ese caso el mandato original, por tener igual calidad y ser posterior, y nadie habrá violado las reglas del juego.

RECURSOS A LA CORTE SUPREMA

Durante mucho tiempo, el recurso para escapar de la trampa ha sido invocar a la Corte Suprema para que, conforme a la Constitución de 1925, declare que el precepto es inaplicable, por inconstitucional, al estar violando al derecho de propiedad garantizado por la Carta. La jurisprudencia de ese tribunal ha sido variable, pero podría apuntarse una tendencia bastante pronunciada a no acoger tales recursos.

La evolución política del capitalismo ha incorporado progresivamente ciertos criterios de restricción al absolutismo del derecho de propiedad y sus derivados. Como una manera de paliar el estallido abierto de las contradicciones, se ha admitido la presencia de elementos como el bien público o los requerimientos sociales para restringir a la propiedad privada en su ejercicio. De ello son testimonio las modificaciones que la Carta Fundamental ha ido sufriendo con el tiempo.

OTRAS RESTRICCIONES

El catálogo de bienes apropiables y susceptibles de ser objeto de derecho adquirido, ha sido también restringido, y en el caso de Chile la legislación minera reserva al Estado el derecho de propiedad sobre los yacimientos, autorizándolo para entregarlos en explotación a particulares en condiciones bien precisas.

De lo anterior se desprende que, pese a la impenetrabilidad del régimen jurídico burgués en Chile, debido a las numerosas fallas del sistema de la irretroactividad de la ley civil (en lo penal la situación es diversa), el órgano estatal representante de la voluntad soberana puede, sin salirse del esquema, dictar leyes de efecto retroactivo, especialmente si es a requerimiento de nuevas circunstancias históricas.

Como si esto fuera poco, y para no dejar lugar a dudas, ha sido el propio constituyente, a través de la reforma de la Carta, que ha sido aprobada con el voto unánime de todos los partidos políticos, el que ha dado categoría constitucional a la retroactividad cuando ella está motivada por móviles superiores. En el caso concreto de la gran minería, ha autorizado a descontar utilidades excesivas de esas empresas con efecto retroactivo, y aún cuando, de acuerdo con los principios constitucionales, se tratase de derechos adquiridos bajo el imperio de la ley anterior.

Se trata de una decisión histórica, adoptada soberanamente, y de auténtico corte revolucionario, pues hace imperar los legítimos derechos del pueblo de Chile por sobre añejas concepciones elaboradas por la burguesía y para servir a sus intereses.

EDUARDO ORTIZ
Instituto de Estudios Internacionales, U. de Chile.


Polémica

AVANCES Y TROPIEZOS EN LA "VÍA CHILENA"

NO cabe duda que nuestra "vía chilena" para la construcción del socialismo a un año de iniciada parece un camino nuevo por el cual, tampoco cabe duda, vamos avanzando.

A estas alturas la velocidad con que lo hacemos y el destino final hacia donde nos puede conducir son difíciles de enjuiciar. Y aunque es muy fácil ser subjetivo por carecer de antecedentes (cosa que les ocurre a casi todos los chilenos) y pecar de idealistas, o aventurar criticas injustas, en cualquier caso una serie de rasgos de nuestro proceso merecen atención, pues van aclarando un poco el carácter del mismo.

Lo primero que llama la atención se encuentra en la esfera ideológica y es, precisamente, el hecho de que la variante pacífica o eleccionaria para llegar al gobierno —no al poder— que se dio en Chile, vertiginosamente ha sido conceptuada como una variante política a la altura de las experiencias revolucionarias de otros pueblos, las que, después de años, han probado ser exitosas. Apenas a doce meses de vida de la criatura ya se la ve como una experiencia plena que demuestra que esta variante pacífica, socialmente incruenta, tiene posibilidades de éxito para los efectos de abordar la construcción del socialismo.

Por cierto, lo menos que se puede hacer frente a este fenómeno de "legitimización prematura" es preguntarse a quién favorece la tendencia. Y no creemos que la misma contribuya a armar ideológicamente al pueblo, a mantener la vigilancia y a movilizar a los trabajadores. Cuando esas consignas se agitan desde sectores que son miopes profesionales (como los de "Panorama Económico") o mercaderes de ilusiones (como los de los organismos internacionales), no es como para preocuparse; en cambio cuando ello se sostiene una y otra vez por el gobierno y por la mayoría de los partidos populares, la verdad es que la preocupación se justifica.

Es cierto que hasta el presente nuestros prejuicios chauvinistas se ven exaltados porque no ha habido una lucha de clases tan violenta como para desembocar en una revolución social. Sin embargo, deberíamos todos comprender que nos queda por delante lo más fundamental: la enorme tarea de conquistar el poder para transformar el sistema capitalista en socialista, y luego desarrollar éste en el orden material, cultural e ideológico hasta arribar al sistema comunista.

Y como la vida misma demostrará, los mismos viejos problemas, contradicciones y encrucijadas se abrirán en Chile como se abrieron en Cuba, la República Popular de Corea y la República Democrática de Vietnam, por ejemplo.

¿Puede dudarse que el imperialismo norteamericano seguirá siendo agresivo y prepotente, que la burguesía seguirá defendiendo su subsistencia como clase, que los terratenientes reaccionarán de igual forma, y que la pequeña burguesía seguirá siendo oscilante y aferrada a sus conceptos idealistas y burocráticos?

En Chile, por haber comenzado en forma distinta, pensamos que eso hace que todo lo demás sea distinto. Sobre esa base hemos destacado más las diferencias que las semejanzas de fondo respecto a la Revolución Cubana, para citar un caso: cuando en lo substantivo la tarea es similar y los obstáculos a vencer son los mismos.

Tomemos un par de problemas comparativamente menores a manera de ilustración.

TECNÓCRATAS O PROLETARIOS

Si en los países subdesarrollados hay algún mito fuertemente arraigado, ese es el de que la tecnocracia es un factor clave. Dicho mito, en la práctica, campea en todos los frentes, en todas las organizaciones y en todos los partidos políticos.

La aceptación o rechazo en los hechos de ese reflejo condicionado, tiene enorme importancia para los fines indispensables de destruir el Estado burgués y construir el nuevo Estado que el socialismo requiere.

La misma necesidad se plantea en Chile tal cual se planteó en Cuba, pues allí también, tras el triunfo de la Revolución, pudo haberse destruido el aparato estatal y haberlo reconstruido apoyándose fundamentalmente en los técnicos; o pudo haberse mantenido y haberse transformado apoyándose preferentemente en dichos técnicos. La opción fue destruirlo apoyándose preferentemente en los trabajadores y campesinos: en las masas.

A lo largo de muchísimos años se ha insistido en que el tener o no tener éxito en gobernar (o administrar el Estado, o administrar las empresas) depende en definitiva de tener o no tener buenos técnicos, con mucha experiencia, prudencia y una suerte de rasgos especiales que los hacen vitales e indispensables. Y que cualquier gobierno que se atreviera a olvidarlo estaba destinado al fracaso.

Naturalmente, esa autopropaganda de la clase burguesa (y de sus servidores pequeñoburgueses) conduce inevitablemente a reservar sólo a ella las posiciones dirigentes claves. Pero ocurre que la creencia es absolutamente falsa por el hecho descarnado de que, precisamente para configurar un sistema social nuevo, una de las cosas que deben hacerse es desplazar de los cargos claves a quienes rutinizados y burocratizados por años, no tienen el interés, la formación ni la receptividad como para resolver los problemas completamente distintos que la transición y el cambio de sistema conllevan. (Pues si son técnicos, son precisamente técnicos en cuanto a dominar los procedimientos y enfoques viejos). Además, el gobierno —y esto es lo principal— no es tan sólo una cuestión de técnica, sino de concepciones políticas, de materialización en la práctica cotidiana de la ideología impresa irremediablemente en los individuos, ya que, careciéndose de un partido de vanguardia e incluso disponiéndose del mismo, los altos funcionarios son de hecho dirigentes políticos, aunque ellos no io deseen así, ni lo entiendan así.

Respecto a este problema, en nuestro país el gobierno vio este primer año constreñida su libertad para sustituir a los principales cuadros dirigentes dentro del aparato estatal por una serie de normas y conquistas seudolaborales. Acuerdos políticos, sistemas de cuoteo, estatutos funcionarios, carrera funcionaría, inamovilidad, "apernamiento", etc.. limitaron de una forma o de otra la magnitud de la substitución de los anteriores ejecutivos y de los funcionarios intermedios. Esto, unido a la permanencia del mito tecnócrata, configura un cuadro que dista de dar garantías para los efectos de transfigurar el Estado (ya que no es posible destruirlo y crear uno nuevo). Es así como los representantes de la ideología proletaria (no hablamos de los de origen proletario, porque eso es diferente) en el Estado, en sus diversos escalones e instituciones, son escasísimos. No podría ser de otra manera pues los obreros son "afuerinos" en este sector, porque sus posibilidades de educación por lo común no les permitieron alcanzar las cumbres técnico-profesionales que la mentalidad imperante exige para ser situados en cargos dirigentes de trascendencia. En las empresas industriales estatales y mixtas, en las unidades agropecuarias, en el transporte.

en la generación de energía, en la banca estatizada, etc., ocurre exactamente igual. Lo primero que se está requiriendo es la habilidad técnico-profesional. Todavía no se invierten los términos poniendo en primer lugar, con estatura capital, la cuestión de la concepción política proletaria. De tal manera que el Estado dista bastante de ir avanzando hacia un estado proletario. Y la presencia objetiva de un burocratismo muy desarrollado (falta de motor ideológico, empleomanía, "papeleo", mala organización, mala atención, etc.) es un obstáculo muy serio.

IDOLATRÍA FINANCIERA

Otro problema digno de ser observado es el que se está produciendo en el frente financiero.

En este campo, enmascarado detrás del fetiche de la inflación, de la bancarrota y el caos, asoma, en definitiva, la tozuda inclinación economista en relación con el temor a los planes ambiciosos o a las acciones audaces, sobre la base de que se va a "empapelar" el país con billetes, o de que la ruina presupuestaria es el peligro principal. En el seno del propio gobierno con seguridad deben haber diferencias grandes respecto a estas cuestiones. Y no es de extrañar porque la mentalidad antinflacionista y el temor irracional a ese desequilibrio, es secular, tema obligado de conversación tradicional y "mínimo técnico" de todos los funcionarios o economistas que se precien de tales. Por cierto, en pocos casos se puede verificar tan bien como en éste la insubstancialidad del pensamiento económico burgués y pequeñoburgués en el orden técnico-económico.

Pero resulta que esto no sólo es un problema académico, o un problema siquiátrico o sicológico, sino que tiene enormes proyecciones porque tiende a castrar artificialmente las posibilidades de avanzar más rápido en las expropiaciones agrícolas, en las expropiaciones industriales, en la redistribución del ingreso, en la asistencia médico-dental, en la construcción de casas y poblaciones, en la dotación de las unidades agrícolas reformadas, en el desarrollo del capitalismo estatal, en la circulación y comercio interno, etc. En otras palabras, el fetichismo financiero pone en peligro y frena el desarrollo de las medidas políticas que permiten ensanchar la base de sustentación del gobierno, y lo hace "disparando desde adentro". El peligro es muy grave porque el subdesarrollo deja necesidades materiales acumuladas de enorme magnitud, y el pueblo, aunque paciente, no puede esperar tanto.

Hay enquistados en el gobierno una serie de funcionarios masoquistas que se deleitan prediciendo las catástrofes financieras, y sus temores los lanzan hacia todos los niveles, cooperando de hecho con la burguesía y el imperialismo que han lanzado la misma campaña. Para ellos el ordenamiento financiero está por encima de todo. Y acuñan frases, elaboran índices, consolidan cifras, etc., para demostrar que se ha hecho demasiado y que es preciso frenar un poco o sobrevendrá la inflación, el caos, la quiebra...

Ya está bueno que se comprenda que en definitiva los obstáculos que ponen límites a lo que se puede hacer en el terreno económico son obstáculos materiales, objetivos, y no obstáculos de tipo financiero: son los factores humanos (y tenemos un fuerte desempleo) y los factores físicos (tenemos terrenos incultos y fábricas semiparalizadas) los determinantes. Y si es preciso inyectar más dinero para que todo ello se emplee al máximo, hay que hacerlo. Los fenómenos del desbalance financiero eventual se pueden corregir con mucha mayor facilidad que el problema de escasez de producción.

Por lo demás ¿quién realmente puede decir con seriedad que la masa actual de dinero registrada por las estadísticas es desproporcionada? Porque la verdad es que la cuantificación de la masa real de dinero y semidinero es un tremendo lío en este período de transición.

Vale "una digresión en este punto para ahondar un poco.

EL ROMPECABEZAS INCOMPLETO

Sabemos que el dinero cumple una serie de funciones: signo de valor (como moneda), medio de atesoramiento, medio de pago, medio de crédito, etc. Mediante todas estas funciones contribuye a la circulación de las mercancías.

Ahora bien, para apreciar la magnitud del dinero, y contraponerla frente a las necesidades derivadas de la circulación de mercancías, no sólo debemos mirar lo que nos indican las estadísticas pues ellas no reflejan (ni pueden reflejar) todo el dinero y semidinero que se utiliza realmente.

En efecto, en la circulación objetiva (esto lo sabe cualquier persona) juega un papel bastante importante el crédito en mercancías que otorgan los propios industriales, y que se adiciona al crédito en dinero que otorgan los bancos, y al que también otorgan los prestamistas usureros. Además, juegan un papel no despreciable prácticas (también conocidas por cualquier persona) tales como:

— Las entregas de mercancías al crédito "de palabra" (del tipo libreta de almacén o carnicería).

— La entrega en las fábricas sin que medie pago alguno (crédito "no-documentado"), el que queda diferido hasta una fecha determinada.

— El crédito documentado con letras que no se envían a descuento.

— El crédito documentado con cheques a fecha (que tiene un volumen elevadísimo y que es más usado incluso que la le tra de cambio) el cual no se traduce en dinero real, aunque desempeña tal papel desde el punto de vista de ser un medio de pago aceptado corrientemente.

También existe una masa muy grande de dinero falso que cumplió con su papel de servir a la circulación, pero que no completó el ciclo de metamorfosis de la mercancía al ser protestado el documento en cuestión. Esta masa de dinero falso es extraordinariamente voluminosa.

La suma de todos estos conceptos y los del dinero en libre circulación y del dinero giral, dan el volumen total que sirve a la circulación de mercancías. Y las estadísticas sólo reflejan el dinero en libre circulación y el dinero giral.

¿Qué efectos directos e indirectos ha producido la política de contención de la inflación y de redistribución del ingreso del gobierno en dicha masa de dinero?

Desde luego, ha sobrevenido el clásico fenómeno del aumento de la demanda y del súbito diluvio de pedidos a las fábricas o a los proveedores básicos. Estos, que habían interrumpido relativamente sus ciclos de producción como consecuencia de la "campaña del terror" desatada por la burguesía a raíz del triunfo del compañero Salvador Allende (y también por el tradicional período de vacaciones de verano) enfrentaron la situación modificando sus modalidades de venta, eliminando descuentos, acortando los plazos de pago, etc. Al hacerlo encontraron una acogida positiva en sus clientes-comerciantes, pues ellos, a su vez, se veían con grandes masas de capital comercial acumulado como producto de la desaparición práctica de sus existencias de mercancías, diezmadas por los trabajadores que contaron desde temprano con un reajuste razonable (éstos, por su parte, para seguir contando con el crédito usual, cancelaron además una serie de obligaciones crediticias atrasadas con sus acreedores y proveedores locales, los que también por este concepto acrecentaron sus fondos inactivos acumulados). Los industriales se encontraron así con dos fuertes flujos de dinero: el primero derivado de sus disminuciones de producción (cualquiera sabe que una industria aunque esté paralizada completamente continúa teniendo ingresos por conceptos de cobranzas y otras recuperaciones originadas por ventas anteriores); el segundo, derivado del acortamiento del tiempo de rotación del capital, como resultado del acortamiento del tiempo de circulación de la mercancía.

Por otra parte, las nuevas condiciones del mercado eliminaron casi totalmente el crédito en mercancía "no-documentado"; redujeron el crédito usurario de los prestamistas, redujeron el crédito en el expendio al menudeo, disminuyeron el dinero falso, etc.

Pero fundamentalmente los industriales y agricultores se encuentran con que el precio de una serie de insumos se estabiliza, que el precio del crédito se reduce (baja la tasa de interés del 24 al 18% anual), que en algunos casos sus ciclos industriales o agrícolas se han interrumpido (huelgas, tomas, etc.) o que en otros, ellos, atemorizados, han bajado sus niveles de producción, que existen interrupciones en el ciclo comercial (desabastecimiento) y que —en el caso de los agricultores— hay retiros forzosos del proceso de producción, motivados por las expropiaciones. Todas estas circunstancias los llevan a elevar sus depósitos bancarios y simultáneamente a apoyarse mucho menos ahora en el crédito bancario.

Todavía el puzzle financiero, para ser analizado con seriedad, requiere compulsar los efectos objetivos de algunos otros fenómenos, tales como la estatización de los bancos privados, las fugas de dinero al extranjero, el mayor nivel y tiempo de empozamiento de los depósitos previos de importación, la colocación de los certificados de ahorro reajustables, nuevas normas relacionadas con los cheques a fecha, las ventas de divisas legales e ilegales, el contrabando, las recuperaciones de deudas incobrables por el Banco del Estado a agricultores expropiados, la disminución del tiempo de rotación de los inventarios en el comercio, el número de compras y de pagos, número de veces que el dinero retorna como depósito, etc. Y eso sin considerar los alcances reales de la respuesta de la producción frente a la enorme presión de la demanda.

Por consiguiente, no cabe duda de que cualquier dirigente responsable que analice seriamente la cuestión, vacilaría en aventurar un juicio que puede conducir a tomar medidas con repercusiones políticas graves sobre la base de informaciones tan incompletas y superficiales como las que pueden proporcionar estadísticas que ocultan más de lo que muestran porque, lógicamente, la burguesía no iba a dejar que el Estado conociera todos sus "secretos de negocios" (ocurre aquí lo mismo que con los balances de las empresas capitalistas o con las declaraciones para efectos de pagar impuestos). No ha ocurrido así con los oráculos del desastre.

Debe estar claro que nadie está sustentando el desprecio por las categorías financieras ni la despreocupación con respecto a las proporciones financieras que deban darse en nuestro país. Lo que se está sosteniendo es la necesidad de situar los dilemas financieros que son los únicos que tradicionalmente preocupan a los desorientados profesionales, en la posición que verdaderamente tienen, que en el momento por el cual atravesamos no es fundamental sino que secundaria.

Es evidente, en todo caso, que el espejismo ocasionado por el reflejo financiero de lo que ocurre en la producción material (cosa que si es lo realmente fundamental) está dando origen a una sorda lucha ideológica, por lo demás inevitable.

Por eso señalábamos que otros países que están construyendo el socialismo también se vieron enfrentados a estas encrucijadas (como a la de disminución de existencias, disminución de las reservas en divisas, bloqueo económico, eliminación de las fuentes de crédito, internación tradicional, etc.). Para resolver estas contradicciones, ellos, oportunamente sepultaron, con los fructíferos resultados que están a la vista, todos estos fetiches y mitos de la ideología burguesa. Y nosotros también deberíamos hacerlo para que nuestra "vía chilena" nos conduzca sorteando todas estas encrucijadas hacia el socialismo y no a cualquier otra parte. Porque el futuro nos enfrentará a opciones cada vez más serias.

AVELINO


Lucha obrera

LA REBELIÓN DE LOS "MEDIOS POLLOS"

SEISCIENTOS millones de pesos, en dólares, enviados al Sindicato de Estibadores de Valparaíso por la ORIT (Organización Regional Interamericana de Trabajadores, con sede en Estados unidos, creada y manejada por la CIA), han motivado una violenta disputa en el seno de ese sindicato portuario.

El altercado traerá bastante cola ya que de los 600 millones de pesos sólo 242 fueron a parar a la caja del sindicato y los otros 358 millones a los bolsillos de ciertos "personajes" muy vinculados a las actividades sediciosas en Valparaíso.

La pregunta ¿dónde está la plata?, no sólo ha puesto al descubierto las maniobras financieras de la "maffia" que controla a los estibadores y que durante seis años tuvo como cabeza visible a Wenceslao Moreno, sino también en el tapete de actualidad el sistema de los "medios pollos" que aún sigue vigente en los puertos chilenos.

INTROMISIÓN YANQUI

Las actividades marítimo-portuarias, uno de los sectores estratégicos de la economía del país, han sido consideradas por anteriores gobiernos como "intocables" por la gama de intereses que se entrelazan y que unen a la burguesía naviera con el imperialismo norteamericano.

Esta situación, que se mantiene a un año del gobierno de la Unidad Popular, está haciendo crisis.

Además de las características mencionadas, los puertos sirven de nido a una muy particular "aristocracia" obrera cuyo poder está amparado por organizaciones internacionales financiadas por la CIA, como la ORIT-CIOSL, el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, y la I.T.F. que entregan dólares para penetrar en las organizaciones marítimas sindicales.

Los estibadores, tanto los de planta como los suplentes y los "pincharos", suman alrededor de nueve mil a lo largo de Chile. El gremio más fuerte económicamente es el de Valparaíso, aún controlado por el reconocido agente de la CIA, ex demócratacristiano, actual miembro del Partido Nacional y dueño de una flota de taxis colectivos, Wenceslao Moreno Avila.

Moreno, ex presidente de la COMACH, cuya trayectoria abarca los últimos 30 años de la historia de los estibadores, es uno de los principales puntales de la ORIT y del IADSL en nuestro país, utiliza todas sus influencias, especialmente acrecentadas en el gobierno pasado, para dividir a "a clase trabajadora. A pesar de que ahora ocupa sólo el modesto cargo de director en el Sindicato de Estibadores, Wenceslao Moreno es uno de los principales culpables de la corrupción existente y que ha sido conocida muy gráficamente como el sistema de los "medios pollos".

DISCRIMINACIÓN

Los estibadores son los trabajadores encargados de hacer la estiba y desestiba de la carga a bordo de las naves. Los de planta poseen una matrícula otorgada por la Gobernación Marítima que les faculta para concurrir todos los días a su sindicato a inscribirse en las listas que los "propios" dirigentes han confeccionado para destinarlos a las diversas naves surtas en el puerto, de acuerdo a las exigencias de las compañías navieras.

Los estibadores suplentes, que en Valparaíso han librado una larga lucha contra la "maffia" sindical, tienen sólo un permiso eventual y no están incorporados a la planta, únicamente pueden trabajar en las naves si falta gente o cuando a los estibadores de planta no les conviene 'un trabajo por ser duro o mal remunerado.

Fuera de estas dos clases o categorías de trabajadores, existen los llamados "pincheros" que en la mayoría de los casos son trabajadores ocasionales que van esporádicamente a ver la posibilidad de salir nombrados, cuando hay mayor demanda de mano de obra.

Son éstos los que asumen el papel de "medios pollos"; empujados por la necesidad imperiosa de alimentarse ellos y sus familias, venden su trabajo, no a un natrón capitalista sino a un estibador de planta, por una parte del salario que puede ser la mitad del jornal de un día.

Así ocurre que, mientras el que tiene matrícula de estibador descansa tranquilamente en su casa o está en el cine o la playa, el "medio pollo" hace su faena, le gana un sueldo diario y, más encima, expone su vida para permitir que el otro goce de descanso.

Este ignominioso sistema es el que sirve para que los dirigentes sindicales compren a los trabajadores, porque ellos son en definitiva quienes nombran a los que deben trabajar diariamente. Además de explotar el sistema les sirve para perpetuarse en los cargos, formando así una "aristocracia" sindical. Las autoridades provinciales del Trabajo, la Gobernación Marítima y e! Ministerio del Trabajo conocen en toda su dimensión esta doble explotación. Pero aún no se ha hecho nada por remediarla, aunque sea en parte.

LOS CABECILLAS

Actualmente dirigen el Sindicato de Valparaíso, constituyendo la jefatura de la "maffia" marítima, Oscar Frías Mella, presidente de los estibadores, quien hace tres meses estuvo participando en un curso de 60 días en Estados Unidos, organizado por la ORIT. De filiación demócratacristiana, Frías Mella fue el encargado de traer los dólares para el gremio.

Otro de los cabecillas es Martín Bustos, expulsado del Partido Comunista, y cuyas actividades políticas contradictorias han causado más de un dolor de cabeza a los dirigentes de la Unidad Popular entre los marítimos, ya que pretende aparecer frente a los trabajadores como hombre de izquierda.

El hombre de los pesos o el "Secretario del Tesoro" como le llaman, es Osvaldo Moraga Torres, ex dirigente de los navegantes de corral, sin militancia pero simpatizante de la DC, manejado "y controlado por Moreno.

Pedro Arredondo Pino, director del sindicato, hombre de confianza de Wenceslao Moreno, ha sido acusado en reiteradas oportunidades por sus propios compañeros de trabajo de recibir sueldo en dólares desde Estados Unidos. Todo parece indicar que Arredondo es el contacto más directo que tiene la ORIT entre los estibadores para comprar "elecciones" sindicales. Hace un tiempo fue sorprendido "in fraganti" repartiendo dinero a delegados al último congreso portuario para ganar las elecciones. Denunciado públicamente, ni siquiera se dio el trabajo de desmentir a sus compañeros. En la actualidad posa como partidario de la UP y es el encargado por Wenceslao Moreno de conseguir favores ante las autoridades.

Pero quien maneja a estos cuatro dirigentes amarillos es el propio Wenceslao Moreno ("Don Güenche"), quien a pesar de haber renunciado a la presidencia de la poderosa Confederación Marítima de Chile (COMACH), en diciembre de 1968, sigue dirigiendo tras bambalinas los destinos del sindicato de estibadores, teniendo aún gran influencia en la FEMACH.

DONACIONES

La "maffia" sindical de Wenceslao Moreno ha aprendido todas las mañas de las conocidas "maffias" de Nueva York y otros puertos norteamericanos.

A través de los organismos yanquis como ORIT, CIOSL, IADSL, ITF, etc., los sindicatos chilenos reciben periódicamente donaciones en dólares; materiales de oficina; becas para cursos de "perfeccionamiento" sindical en EE.UU. que incluyen salario en dólares por seis meses una vez que ha regresado al país; préstamos y toda clase de ayuda para los que se encuentren en "difícil situación"; y finalmente la presencia de "consejeros" sindicales norteamericanos, disfraz que usa comúnmente la CIA para sus agentes.

Fuera de estas donaciones yanquis, los dirigentes reciben regalías de altos ejecutivos de compañías navieras. En varias oportunidades los mismos estibadores han denunciado las maniobras de sus dirigentes, quienes se han entendido con los patrones de la Cámara Marítima al discutir los pliegos de peticiones. Con una posición abiertamente antiobrera prefieren resguardar los intereses de los empresarios navieros a cambio de "cuantiosas regalías", en vez de defender el sustento de quienes los eligieron.

El elevado salario que recibe cada estibador con matrícula —el promedio de los últimos seis meses alcanza a quince millones mensuales— ha influido para que la corrupción sea el pilar del sistema. No es extraño, entonces, que los dirigentes se mantengan en el poder por tantos años. Wenceslao Moreno Avila lleva 30 años como dirigente, lo que le ha permitido hacerse rico, tomando en cuenta que el dirigente, que no trabaja, se paga polla mejor cuadrilla en los puertos respectivos. Sin perjuicio, por supuesto, del "medio pollo" correspondiente.

Pese a que muchos estibadores no tienen conciencia de clase, y que por el contrario se encuentran al margen del proceso de lucha do clases que vive el país, aquellos que sufren en carne propia la explotación de los "bucaneros marítimos", los suplentes y los pincheros, levantan voces de protesta cada cierto tiempo.

MATONES

Cuando aparece un líder honesto entre los estibadores, pincheros o suplentes, se inicia un cerco en torno a su persona. Vienen primero los ofrecimientos de pasar a la planta, mejoramiento económico, posibilidad de un viaje a Estados Unidos, etc. Si esto falla entran a actuar los matones dirigidos por ex luchadores o boxeadores, karatecas, etc., que prontamente se encargan de acallar a los opositores peligrosos.

De esta manera, el sistema aparece respaldado por los propios estibadores, pero es fruto del temor a ser golpeado, o en el peor de los casos, eliminado definitivamente del mundo de los vivos.

Como se ve, las prácticas son copia fiel del "nido de ratas" de Nueva York.

Esta es la realidad que existe en la mayoría de los puertos del país. A las injusticias en el plano laboral y las discriminaciones económicas, se suman las que ocurren a nivel sindical. A pesar que los suplentes o pincheros no tienen derecho a voto en el sindicato ni mucho menos pueden ser elegidos, deben pagar cuotas al sindicato y la federación, Tampoco se les da derecho a asistir y participar en las asambleas, las que son estrictamente controladas por los guardaespaldas de los dirigentes a fin de evitar problemas internos, como el que se suscitó a raíz de los 600 millones de pesos, en dólares, llegados desde Estados Unidos.

Estos antecedentes han sido puestos en conocimiento de las autoridades del gobierno. Desgraciadamente, las peticiones hechas por los suplentes de estibadores, que están luchando por destruir el sistema de explotación y que tienen mayor conciencia de las injusticias cometidas por la "maffia" sindical, no han sido escuchadas. La tramitación y el temor a enfrentarse a un gremio poderoso dominado por esta camarilla, detiene el proceso de limpieza en los puertos, precisamente donde el imperialismo norteamericano está en capacidad de asestar graves golpes a nuestro país.

Los estibadores explotados han amenazado pasar a un más alto nivel de lucha. Sus características, que asumirán un mayor grado de combatividad, se orientarán no sólo contra la "aristocracia" sindical, sino también contra los enemigos de la clase trabajadora: ia burguesía naviera y el imperialismo norteamericano.

PANCHO JUSTO


Notas:

1. "El Sector Privado de la Construcción: patrón de dominación", trabajo que será publicado en la Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales (EURE) editada por el Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano y Regional —OIDU—, Universidad Católica de Chile.

2. O sea las fábricas, fundos, minas con sus maquinarias y edificios, tierras y ganado, herramientas e instalaciones.

3. Las relaciones de producción se refiere justamente a la manera en que en cada modo de producción se combinan, social y técnicamente, los trabajadores y medios de producción de la cual recién hablamos.

4. El propio Obispo de Osorno, Francisco Valdés Subercaseaux, muy poco querido entre sus feligreses de la zona, y más reaccionario que su hermano, el ex Canciller de Frei, viajó a Santiago a acusar ante Allende y Tohá ese hecho y a exigir garantías para la Iglesia, según él perseguida.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02