¿Estuvo Frei en el complot de Viaux?

PUNTO FINAL
Año V. Nº 135
Martes 20 de julio de 1971

Editorial

LA FORTALEZA DE NUESTRO PUEBLO

OCHENTA y cuatro muertos y casi quinientos heridos representan el trágico saldo del terremoto que azotó cuatro provincias de Chile: Santiago, Valparaíso, Aconcagua y Coquimbo. Eso en cuanto a lo principal, a las pérdidas humanas. Pero además, el terremoto del 8 de julio destruyó miles de viviendas y los sistemas de agua potable y luz eléctrica de numerosas ciudades. Asimismo, causó graves daños en complejos industriales, como la fundición de cobre de Las Ventanas y la refinería de petróleo de Concón.

Este cataclismo, que despertó una activa corriente de solidaridad internacional con Chile, siguió a un temporal de nieve y lluvia que dejó miles de damnificados en casi todo el país. El drama que el temporal causó en las poblaciones marginales, donde viven buena parte de nuestros compatriotas, fue inmenso. El terremoto agravó todavía más la situación.

Pero frente a estos obstáculos de la naturaleza, se levantó de manera ejemplar la recia voluntad de nuestro pueblo. Tres días después del terremoto, Chile avanzó otro paso hacia su independencia económica, a través de la nacionalización de las minas de cobre explotadas por el imperialismo yanqui.

En momentos de adversidad, los trabajadores chilenos dieron prueba de coraje y serenidad. Ni el duro temporal ni el terremoto les hicieron perder pie en su camino hacia su segunda independencia. Está demostrado que se necesitarla mucho más que eso si se pretendiera quebrar la moral de nuestro pueblo. Las acechanzas del imperialismo, que seguramente no se quedará a brazos cruzados ante los golpes que van arrancando sus raíces de explotación en nuestro país, serán también enfrentadas con resuelto vigor por los trabajadores. No hay duda que nuestro pueblo es capaz de derrotar a sus enemigos mortales, cualesquiera que ellos sean.

PF.


Reportaje

¿ESTUVO FREI METIDO EN EL COMPLOT DE VIAUX?

TODOS los implicados en el complot sedicioso que terminó con el asesinato del General René Schneider y que se encuentran acusados de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado, han contestado ya los cargos que formuló en su contra el Fiscal Militar Fernando Lyon, encargado de instruir la investigación.

Casi toda la "élite" de la oligarquía chilena se encuentra trabajando junto a sus abogados para reunir suficientes "antecedentes" que finalmente hagan a los Tribunales de Justicia revocar la sentencia propuesta por el Fiscal, disminuyendo de este modo las condenas:

Los principales motores "intelectuales", que no lograron evadir la acción de la justicia y se encuentran en la cárcel o en libertad condicional, han contestado en forma pública las acusaciones del Fiscal, aprovechando de paso mencionar la participación del resto de los cerebros del complot que gozan de libertad.

Tal es el caso de Roberto Viaux que, demostrando una vez más su "honorabilidad", acusa directamente a Eduardo Frei y a su gobierno de haber estado en conocimiento de todo el plan puesto en marcha para impedir que asumiera el candidato de la Unidad Popular.

El ex Mandatario, y parte de su Gabinete tuvieron que prestar declaración ante el Fiscal, pues no sólo Viaux, que mientras duró la investigación se negó a hablar, los mencionó.

En las declaraciones de Julio Fontecilla, Raúl Igualt, Julio Antonio Bouchón, León Cosmelli y otros, aparece textualmente: "Me dijeron que existía completa seguridad en el triunfo de la operación. El gobierno estaba en antecedentes de lo que se planeaba y más aún estaba de acuerdo".

Por otra parte, dos personas que contaban con la completa confianza de Frei, ocupando cargos tales como el de Comandante en Jefe de la Guarnición, Camilo Valenzuela y Comandante en Jefe de la Armada, Hugo Tirado Barros, fueron declarados reos por la participación que les cupo en el complot.

A pesar de que la investigación se encuentra completamente terminada, muchas interrogantes quedaron sin contestar. Existe la certeza de que no todos los que debían ser condenados recibirán su castigo. Hubo un momento en que todo hacía suponer que la "olla sería destapada" y que se conocerían los nombres de todos los cabecillas. Con numerosas pruebas en la mano el Fiscal Lyon pidió a los Tribunales de Justicia el desafuero de Raúl Morales Adriasola, senador de la Democracia Radical. Su nombre había sido mencionado infinidad de veces durante el proceso.

Pero la Corte Suprema se encargó de "hacer justicia" y Morales Adriasola sólo declaró por oficio, al igual que su amigo Francisco Bulnes Sanfuentes, senador del PN, negando, como es lógico, todos los cargos que se les formulaban.

Todos ellos, junto a los personeros democratacristianos que tuvieron participación en el complot, coincidieron en señalar a Roberto Viaux como único cerebro del plan.

COARTADAS PERFECTAS

A través de las declaraciones tratan de establecer el porqué de su contacto con Viaux, aunque la mayoría de ellos lo niegan rotundamente.

Uno de estos altos personeros, el ex Director General de Carabineros, llevó ante el Fiscal un portadocumentos lleno de certificados donde establece "coartadas perfectas" para desmentir las acusaciones en su contra.

Vicente Huerta Celis acudió a una de las primeras reuniones realizadas por los sediciosos en una casa ubicada en calle Príncipe de Gales. Lo hizo vestido de civil y llegó en un automóvil Mercedes Benz de color azul.

Posteriormente participó en las reuniones donde se echaron las bases del futuro gobierno que estaría regido por un triunvirato militar. Los otros asistentes a esta clase de reuniones eran el general Camilo Valenzuela, el almirante Hugo Tirado Barros, Viaux, su suegro y sus dos cuñados.

Pero Huerta hizo todo cuanto estaba a su alcance para desmentir estas acusaciones. En su declaración señala que la persona que dice haberlo reconocido debe estar equivocada o mentir a conciencia (se refiere a Raúl Igualt Ossa que fue quien le abrió la puerta en una de las reuniones). "Estuve imposibilitado físicamente desde el 6 de octubre hasta el 22 del mismo mes, afectado de un cuadro gripal. Consulté al doctor Hernán Baeza, quien me recomendó reposo".

Huerta continúa entregando su coartada diciendo que el día 15 se levantó, pero la fiebre aumentó, teniendo que guardar cama hasta el día 22, fecha en que se reintegró a su trabajo.

Para desmentir la versión que indica que él asistió a la reunión de Príncipe de Gales vestido de civil, el ex Director de Carabineros da a conocer una pintoresca versión: "Respecto a ésto, nunca he salido fotografiado de civil en la prensa de Chile y, la mayoría de las fotos que se publican de mi persona, por razones de economía de material u otras que ignoro, son de comienzo de mi mandato". Huerta continúa: "Mis características físicas son precisamente la enorme diferencia que existe entre la imagen que de mí se tiene de uniforme y la que se aprecia al verme vestido de civil. Estoy acostumbrado a oír ésto y se debe al parecer al hecho que hace unos 3 años más o menos, por razones de salud me sometí a un tratamiento para adelgazar con el doctor Ismael Mena, el que en tres meses me hizo descender 20 kilos, estado físico que conservo, con muy ligeras diferencias".

La declaración de Huerta está acompañada de los correspondientes certificados. Para reafirmar más aún su coartada, hay también un escrito firmado por el entonces Ministro del Interior, Patricio Rojas, "quien visitó a Huerta en su lecho de enfermo".

Otro de los que fueron nombrados durante el proceso también decidió ayudar a Huerta, presentando otro certificado que atestigua lo declarado por él. Se trata del ex Subsecretario del Interior, Juan Achurra Larraín, quien habría llamado al ex Jefe de Carabineros precisamente uno de los días en que éste asistía a una reunión, constatando que Huerta se encontraba enfermo en cama.

Para contestar a los otros cargos que se le formulan en relación a sus contactos con los altos jefes de las Fuerzas Armadas y con Viaux, Huerta declara que al Comandante en Jefe de la Armada lo vio solamente en la ceremonia de inauguración del vapor "Tejos" a comienzos del 70, y posteriormente en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional convocado por Eduardo Frei, días después de las elecciones.

"El señor Igualt usa lentes ópticos gruesos, a pesar de ser un hombre joven, lo que demuestra que su vista no es normal", termina diciendo Vicente Huerta.

Todos sus certificados no convencieron al Fiscal Lyon, que lo declaró reo por infringir el articulo 6º de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Pero en la Corte Marcial, si que los documentos tuvieron validez para los Ministros que la integran.

Estos revocaron la decisión del Fiscal, y Huerta es uno de los tantos conspiradores que hoy gozan de libertad.

ESTA FUE LA PARTICIPACIÓN

A pesar de todo esto, la participación de cada uno de les cabecillas intelectuales está estampada en el proceso, especialmente a través de las declaraciones de Julio Fontecilla, cuñado de Roberto Viaux y uno de sus principales lugartenientes.

Fontecilla relata que a partir del 4 de septiembre numerosos jerarcas derechistas y altos jefes militares y de Carabineros comenzaron a reunirse con su cuñado con el fin de planificar una acción conjunta que impidiera que Salvador Allende asumiera la Presidencia de la República.

La idea era formar un gobierno fuerte, que representara a las "fuerzas democráticas del país" y que diera seguridad a todos los chilenos. Con esto estaban de acuerdo los generales Camilo Valenzuela, del Ejército y Vicente Huerta, de Carabineros; el almirante Hugo Tirado Barros, de la Armada; el general Joaquín García, de la FACH, y numerosos políticos representantes de los partidos derechistas. La Democracia Cristiana no había tenido un pronunciamiento oficial, pero "se empezó a saber que en cierta forma el gobierno estaba en antecedentes de io que estaba pasando y que daba su visto bueno, siempre y cuando no apareciera implicado el Presidente Frei", dice textualmente Fontecilla en su declaración.

Después de sostener una conversación con Guillermo Carey, enlace de Frei con Viaux y socio del ex Ministro Andrés Zaldívar, Fontecilla pudo establecer cuáles eran los pasos que paralelamente estaban tomando los personeros derechistas de la Democracia Cristiana para llevar a la práctica el complot.

Por esos días el candidato derrotado, Jorge Alessandri, debía entregar una declaración oficial. Se pretendía que allí estableciera que él renunciarla al cargo presidencial en el caso de que fuera elegido por el Congreso. De inmediato se llamaba a nuevas elecciones en las que se podía presentar Eduardo Frei. Su triunfo sobre el candidato de la izquierda era cosa segura.

El nuevo gobierno tendría participación militar. Ministro de Defensa sería Roberto Viaux y Comandante en Jefe del Ejército, uno de los hombres de confianza del ex Mandatario, el general Camilo Valenzuela.

Para ayudar a aumentar la situación caótica que debía vivir el país en esos días se acordó entregar un informe económico que sembrara el pánico y que . pusiera aún más en evidencia cuáles serían las desventajas si asumiera en nuestro país un gobierno de izquierda.

Cuatro ministro que integraban el gabinete de Frei estaban de acuerdo en renunciar a sus cargos, para que éstos fueran ocupados por personal militar. Ellos eran Sergio Ossa Pretot, Andrés Zaldívar, Carlos Figueroa y Patricio Rojas.

SE DEFIENDEN

"Contestando a los cargos que me formula el tribunal en cuanto a si tuve conocimiento de que con posterioridad al 4 de septiembre se hubiera insinuado al Presidente de la República acerca de la formación de un gabinete de administración, hecho que ocurriría después de la exposición que hice de la situación económica del país, debo declarar lo siguiente: No tengo conocimiento de que se haya hecho ninguna insinuación en ese sentido al Presidente", dice Andrés Zaldívar en su declaración del 4 de marzo de este año.

El ex Ministro de Hacienda entrega una larga justificación del porqué de su informe económico. Según él, la Unidad Popular rompió un compromiso de honor que había hecho con el Gobierno en relación a que no entregaría ninguna información de la situación económica del país ni de las medidas que se tomarían en caso de producirse un pánico financiero a raíz del triunfo de la Unidad Popular en las elecciones presidenciales.

Zaldívar "se enojó", dice, a raíz de unas declaraciones formuladas por Pedro Vuscovic y resolvió dar a conocer cuál era la real situación económica del país con posterioridad al 4 de septiembre.

"Frente a esta declaración y como se agudizaba la situación crítica en lo que respecta a lo económico, el Consejo de Gabinete del Presidente Frei y el Consejo del Partido Demócrata Cristiano estimó conveniente hacer una exposición pública al país por mi intermedio para dejar clara constancia de un balance de la gestión de Gobierno al 4 de septiembre.

El informe que se comenzó a preparar más o menos el 16 de septiembre (paralelamente a esto se sostenían reuniones con Viaux y con representantes de la Derecha) fue aprobado en su totalidad por el Presidente Frei.

Por cadena nacional el Ministro de Hacienda dio a conocer al país cuál era la situación caótica que existía obteniendo los resultados que esperaba. Desde ese momento se acrecentó más aún la fuga de capitales y se paralizó la producción. Una de las etapas del complot había sido cumplida de manera eficaz.

TODAS LAS DENUNCIAS FUERON ESCUCHADAS

A partir de este momento, el clima se vuelve más propicio para los planes de los complotadores. Era la ocasión en que se debía poner en práctica otra de las etapas que formaban parte de la operación.

Los atentados terroristas, la internación de armas y las reuniones continuas entre los cerebros del complot, fueron denunciados al Gobierno por el propio candidato triunfante, Salvador Allende.

El Ministro del Interior, Patricio Rojas, tuvo en sus manos un detallado informe de la actuación de cada uno de los principales cabecillas del complot. Lo mismo fue dado a conocer al Director de Investigaciones y al Director de Carabineros. Sin embargo, no se ordenó vigilar en forma permanente a Viaux, ni a ningún otro "cerebro". El gobierno democratacristiano estaba más preocupado de vigilar a los grupos de extrema izquierda que para ellos seguían siendo un peligro. Así se lo hicieron saber por medio del Ministro del Interior a un general del Ejército que también solicitó vigilancia sobre Viaux.

Sin embargo, el Ministro del Interior, Patricio Rojas, a través de su declaración y después de hacer una apología de lo que significó la administración DC para el país, niega haber recibido alguna denuncia que se relacionara con la acción de los complotadores.

Solamente se refiere a las actuaciones que realizo el gobierno en relación a la "acción subversiva de grupos extremistas". Rojas se enorgullece en señalar que en muy poco tiempo pudieron detectar un "foco guerrillero" en Chaihuín, una "escuela de guerrillas" en Guayacán y un "arsenal" del MIR en un departamento de calle Huelén.

Las denuncias formuladas por la Unidad Popular carecían de importancia para el gobierno DC.

Únicamente, dice, que el "General Vicente Huerta me informó haciendo entrega de antecedentes escritos en los cuales se consignaba que personal del Servicio de Inteligencia había tomado contacto con Viaux en dos oportunidades. De esto no se colegía ningún antecedente cierto en cuanto a que el referido general estuviera participando o proyectando alguna actitud que indicara culpabilidad en un plan subversivo". Huerta era hombre de confianza de Patricio Rojas y por esto el ex Ministro no dudó en comprometer su palabra alegando la inocencia de su colaborador.

Al parecer Patricio Rojas no estaba bien informado de la "vida privada" del general y es per esto, tal vez, que no se enteró de los numerosos viajes que éste realizaba para reunirse con Viaux. De otra forma no se explica que no estuviera al tanto del complot que se había puesto en marcha.

NADIE SABE NADA

La declaración de Patricio Rojas está ratificada por otro de sus colaboradores más cercanos y a la vez cama rada de partido.

El ex Subsecretario del Interior, Juan Achurra, también niega que se hubieran formulado denuncias en relación a acciones de algunos grupos derechistas que estuvieran complotando.

"Contestando a si el ex Ministro del Interior, Patricio Rojas, habría recibido con posterioridad al 4 de septiembre antecedentes o informaciones sobre la actividad del general Roberto Viaux, debo dejar establecido que ni la Dirección de Carabineros, Investigaciones y el Servicio de Inteligencia Militar, a cuyo cargo estaba la vigilancia de Viaux, como asimismo los personeros de la Unidad Popular que tenían contacto directo con el gobierno informaron o denunciaron nunca el atentado de que fuera víctima el General Schneider, ni de actuaciones en relación a un intento de secuestro", dice Achurra.

Utilizando la política de "resguardarse mutuamente las espaldas", el ex Subsecretario firmó, además, un certificado donde ratificaba la "buena conducta" del general de Carabineros, Vicente Huerta. Al igual que Patricio Rojas "desconocían" por completo los estrechos lazos de amistad que unían a Viaux y Huerta y lo que éstos planeaban.

De esta manera, y tan cuidadosamente como fue planeado el complot sedicioso, los cerebros principales lograron evadir la acción de la justicia.

Los fieles ministros de Frei utilizaron las mismas palabras para defenderse y defender al ex Mandatario.

Ya hemos dicho que la mayoría de los implicados en el plan sedicioso actuaban con completa confianza, pues sabían que serían apoyados por el gobierno y, más aún, los hombres de confianza de Frei estaban participando en la operación.

¿Qué hacía mientras tanto el ex Mandatario? Con una visión más futurista Frei cuidó de mantener siempre la imagen de político correcto, que da garantías. Si el plan fallaba, por otros medios se podría derrotar al gobierno de la Unidad Popular y la derecha necesitaría un líder que uniera sus fuerzas junto a las más reaccionarias del Partido Demócrata Cristiano; por lo tanto, el nombre del ex Presidente no podía estar vinculado con el resto de los complotadores.

Días después que Allende asumió la Presidencia, declaró Julio Fontecilla ante el Fiscal Militar dando a conocer gran parte del plan.

A raíz de esta declaración, el Fiscal resolvió enviar un oficio a Frei para que contestara algunos cargos que se le formulaban.

Más que la respuesta a un interrogatorio, Frei rasgó sus vestiduras mostrando cuál había sido su forma de actuar durante el tenso período que se vivió desde el día de la elección hasta el 4 de noviembre.

"Cumplí con el compromiso adquirido ante el país de garantizar elecciones libres y entregar el mando a quien resultara elegido. Esto quedó demostrado la misma noche de la elección cuando el país tuvo a través del Ministro del Interior información oportuna de los cómputos", dice el ex Presidente en su declaración.

¿No supo él que antes de entregar los cómputos oficiales, Patricio Rojas llamó al candidato de la Derecha asegurándole que había triunfado? ¿No fue a él a quien llamó un general pidiéndole que esa misma noche se diera un golpe militar y que las Fuerzas Armadas apoyarían, posteriormente, su retorno a la Presidencia?

Estas preguntas quedan sin respuesta, pues Frei, utilizando el mismo método que emplea en sus discursos, hace un llamado para no continuar con las "campañas de calumnias".

"Me duele profundamente como ex Presidente de Chile y como chileno que, después de que las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Dirección General de Investigaciones, que se sacrificaron duramente varios meses en situaciones extremadamente riesgosas en que descubrieron incontables focos de subversión y los dominaron, sin víctimas, cumpliendo con su deber en forma ejemplar, estén siendo pasto de difamación y calumnia. Por eso mismo me resulta incomprensible y aberrante que alguien haya tenido la osadía de afirmar que el señor General Schneider hubiera estado de acuerdo con los planes de los complotadores", dice Frei en su declaración.

Pero, haciendo gala de su frágil memoria, al ex Mandatario se le olvidó que quien mencionó el nombre del general asesinado fue otro de sus hombres de confianza.

El general (R) Camilo Valenzuela, Comandante en Jefe de la Guarnición, Jefe de la Plaza y Comandante en Jefe de la Segunda División del Ejército, declaró ante el Fiscal que él había aceptado dialogar con Roberto Viaux, después de tener el permiso del general Schneider.

Frei aún estaba en el poder cuando Camilo Valenzuela comenzó a reunirse con el resto de los complotadores. Además, él era uno de los jefes principales de la operación.

"A mediados de septiembre recibí un llamado de Raúl Igualt, quien me indicó que concurriera a un lugar en calle Los Militares. Llegué a una casa y el propio general Viaux me abrió la puerta", declara Valenzuela. El objeto de la reunión era conocer cuál era la posición que tenía el Ejército frente al resultado de la elección.

Valenzuela no informó, como debiera haberlo hecho, al Comandante en Jefe del Ejército, General Schneider.

Otro de los altos jefes de las Fuerzas Armadas que sostuvo reuniones con Viaux, tampoco creyó necesario informar a su superior del objeto de estas reuniones. Y, a pesar de esto, días después de las elecciones fue nombrado Comandante en Jefe de la Armada por el Presidente Frei.

¿A QUIÉN MANDABA EL PRESIDENTE?

Los desesperados esfuerzos realizados por los principales cerebros del complot para demostrar su inocencia crean muchas interrogantes.

De la lectura de las declaraciones de Frei, sus ministros y los principales jefes de las Fuerzas Armadas, ahora en retiro, se desprende que realmente no existiría un contacto directo, como debiera ser, entre el ex Primer Mandatario y su gabinete y los oficiales de su confianza, que conspiraban con Viaux.

Es la única explicación que puede darse para sostener que Frei no estaba enterado de lo que pasaba a su alrededor.

¿Corresponde esta realidad a la imagen actual que trata de dar Eduardo Frei, demostrando que mientras estuvo en el poder tenía en sus manos el control efectivo del país y del orden interno?

Sus propias declaraciones y la de sus ministros demuestran lo contrario.

VICTORIA GARIN


Polémica

LA VERDAD EN LA HUELGA DEL CARBÓN

EL llamado a la polémica, al diálogo entre revolucionarios, hecho por el ex-redactor de Punto Final, hoy vocero oficial del Partido Comunista, a través de la revista "Principios", José Rodríguez, tuvo una abrupta contrapartida en el diario "El Siglo", órgano oficial del mismo partido.

A pocos días de la publicitada aparición de "Principios", "El Siglo" acusó al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de unirse a la Democracia Cristiana con el objeto de llevar a los trabajadores del carbón a una huelga injusta, dirigida contra el gobierno de la Unidad Popular.

La afirmación de "El Siglo", resultaba a todas luces mal intencionada. Sobre el prolongado artículo de Rodríguez, titulado "Mitología de la Ultraizquierda", aceptaremos la polémica porque hemos sido los primeros en plantearla, responderemos oportunamente tratando de llevarla hacia los puntos fundamentales del momento político que vive Chile, como única posibilidad para que no resulte estéril.

Creemos necesario en este instante hacer una clara relación sobre el conflicto producido en las minas del carbón.

En primer lugar, la información entregada por el diario "El Siglo" y ratificada por el Secretario Regional de las JJ.CC. de Concepción a través del diario democratacristiano "Color", señala que el MIR "coludido" con el PDC se las arreglaron para rechazar las ofertas empresariales de solución al conflicto del carbón, agregando que eso correspondía a una actitud oportunista de izquierda para tratar de "incitar a los trabajadores en forma oportunista a pedir mayores reajustes". Es bueno recordar que los pliegos de peticiones presentados a la empresa carbonífera fueron aprobados por la totalidad de las asambleas de los diversos sindicatos mineros, donde la mayoría de los dirigentes son militantes comunistas. Por otra parte, una de las principales decisiones de los trabajadores era la de no tirar el "tejo pasado". O sea, se trataba de pedir lo justo para evitar los habituales "estira y encoge" que se producen habitualmente en las discusiones de pliegos para trabajadores y patrones. En este caso, uno de los patrones con el 52 por ciento de las acciones de la empresa era el Estado.

Además, es necesario tomar en cuenta que entre los sectores más explotados de trabajadores, los del carbón ocupan un lugar importante. La miseria que rodea la vida en Lota y Coronel ha sido durante muchos años una de las banderas de lucha de la izquierda tradicional en sus campañas electorales. Pollo tanto, nadie podría señalar que se trata de sectores de "aristocracia obrera" que deseaban mantener privilegios a costa de todos los chilenos. Pedían un salario mínimo de mil ciento cincuenta escudos mensuales, suma que nadie podría atreverse a calificar de desmedida, privilegiada o injusta.

Se solicitaba, además, que las asignaciones familiares obreras fueran de un monto similar a las de los empleados, y se pedían bonos de arriendo. Estas peticiones estaban, por otra parte, avaladas por el aumento de la producción, logrado gracias a la abnegación y conciencia política de los trabajadores del carbón.

A estas peticiones, respaldadas por la totalidad de los trabajadores, los representantes de la empresa respondieron con una contraproposición de un 28 por ciento de aumento en los salarios y negando la nivelación de asignaciones familiares y la otorgación de los bonos de arriendo. La proposición fue rechazada unánimemente por las asambleas mineras.

El presidente del Sindicato Metalúrgico de Schwager, Jorge García, militante del MIR, fue claro para referirse al problema: "Nosotros queremos reiterar una situación que ya señalamos a nuestros compañeros trabajadores. La UP es testigo que ningún dirigente o militante del MIR incitó a una huelga artificial en el carbón. Este movimiento fue producto de una situación real y concreta: de las pésimas condiciones de vida en que se desenvuelven los trabajadores del carbón".

Luego, refiriéndose a las acusaciones he-, chas por representantes del Partido Comunista sobre supuestas relaciones entre el MIR y la Democracia Cristiana, la respuesta del dirigente minero fue más precisa aún...

"Nosotros, como militantes del MIR, jamás llegaremos a coludirnos con la Democracia Cristiana para atacar al gobierno popular, como lo dicen los diarios "El Siglo" y "Puro Chile". Estos órganos deberían saber que el MIR fue centro de las persecuciones del gobierno reaccionario de Frei. Que jamás uno de nuestros militantes olvidará las matanzas de Puerto Montt, El Salvador, Arica, el asesinato de estudiantes y trabajadores en las calles de Santiago en 1967, el allanamiento de la Universidad de Concepción y las torturas sufridas por nuestros compañeros".

"Jamás podríamos coludirnos con los asesinos de Schneider, tratando de impedir la llegada a La Moneda del compañero Allende. Deben recordar quienes nos atacan hoy que fue el MIR quien denunció, luego de sus propias investigaciones, las acciones conspirativas de la derecha, conspiraciones a las que no eran ajenos los democratacristianos. Mal podríamos, entonces, establecer cualquier tipo de alianzas con ese partido reaccionario. Bien saben los trabajadores que hemos planteado públicamente la unión de toda la izquierda para combatir al enemigo común de los trabajadores".

Por otra parte, el Comité Regional del MIR en la zona del carbón, entregó una declaración que, entre otros aspectos, se refiere justamente a esta supuesta alianza con los democratacristianos. Además de ratificar los argumentos entregados por el presidente del Sindicato Metalúrgico, Jorge García, la declaración del MIR señala:

"Nuestra irreductible oposición al gobierno de Frei nos costó represión, torturas y cárcel. En la actualidad no hemos sido nosotros quienes hemos tenido debilidad para enfrentar a la Democracia Cristiana; tampoco hemos sembrado ilusiones sobre la existencia de una "izquierda cristiana" en sus filas, que mientras permanezca unida política y orgánicamente a la dirección freísta de ese partido, sólo servirá de aval y de careta popular a una política proimperialista y contra el pueblo".

"Queda claro que no es justamente el diario "El Siglo" el que puede hacer acusaciones señalando que se ha faltado a la honestidad revolucionaria. Por otra parte, queda claro que la posición de los dirigentes del MIR en el carbón fue siempre la de velar por los intereses de los trabajadores, línea de la que nunca podría apartarse una organización auténticamente revolucionaria. Es necesario dejar en claro que el MIR considera que las peticiones de los obreros del carbón no sólo eran justas, sino que además modestas en relación a las condiciones de vida a que los sometió la explotación del mineral por parte de los reaccionarios. Sin embargo, hay otro problema que reviste, sin duda, gravedad. El 48 por ciento de las acciones carboníferas está aún en manos de sus antiguos dueños, lo que ha determinado que los Aldunate Phillips, los Demussy Cousiño y otros de igual pelaje, continúen teniendo influencia importante dentro de la empresa y sigan por supuesto llevándose una parte importante de los ingresos producidos por el mayor trabajo de los obreros del mineral".

Estos hechos son los que determinan que una de las banderas importantes de lucha levantada por los trabajadores del MIR, sea la estatización total del carbón, dando una participación real y efectiva a los trabajadores en la administración de la empresa.

Por otra parte, la declaración del MIR en su parte final se refiere a cómo los dirigentes sindicales deben enfrentar la conducción de los gremios, señalando:

"Nosotros creemos que el papel de nuestros dirigentes sindicales es el de defender y representar a sus bases. Si alguien cree que ése no es el papel de los dirigentes y que, por el contrario, su obligación es la de "hacerles tragar" a sus bases arreglos que no les convienen, es mejor que lo digan claramente a los trabajadores".

"Llamamos a los compañeros de "El Siglo" y al secretario regional de las Juventudes Comunistas a no confundirse de enemigos; a enfrentar los problemas dentro de la izquierda con los métodos y honestidad revolucionaria que corresponde. Los problemas en los frentes de masas deben ser enfrentados cara a cara con las masas, no se puede eludir los problemas en los cuales se tiene la mayor cuota de responsabilidad, menos aún se pueden eludir buscando el desvío de la falsedad. Para nosotros es claro que toda polémica en las filas de la izquierda es beneficiosa siempre que busque golpear mejor a los enemigos: el imperialismo, la burguesía y sus sirvientes y que, por sobre todo, la polémica se haga con métodos correctos. Lenin decía que "la verdad es siempre revolucionaria".

JOSÉ CARRASCO TAPIA


Annales

"HISTORIADOR" FALSIFICA LA REALIDAD CHILENA

EN el mes de abril pasado llegó a Chile el historiador británico Hugh Thomas, invitado por el Consejo Británico para dar un ciclo de charlas en la Universidad de Chile, sobre los dos temas de su especialidad: España y Cuba. Thomas es conocido por su estudio de la guerra civil española. Cuando lo publicó, en 1961, sólo tenía 30 años, y pese a su juventud, logró que su libro fuera considerado lo más completo y "objetivo" que se había publicado hasta entonces. Recientemente, Thomas volvió a dar de qué hablar cuando apareció su voluminosa y detallista obra sobre la historia de Cuba y de la Revolución de Fidel Castro ("Cuba; The pursuit of Freedom") en que su afán de consignarlo todo le llevó inciso a registrar los números de las placas de los vehículos en que Fidel y sus hombres viajaron desde la Sierra hasta La Habana.

Thomas permaneció en Chile durante un mes y su visita estuvo llena de curiosos incidentes. Originalmente fue planeada por el cuestionado Director del Instituto de Estudios internacionales de la Universidad de Chile, Claudio Veliz, pero antes incluso de que el Instituto fuese "tomado" por la mayoría de la comunidad, como protesta contra las actitudes antirreformistas de Veliz, éste escribió al historiador que no podía "garantizarle su integridad física" y logró que el auspiciador de la visita, el Consejo Británico, restringiera la asistencia a las charlas a un exclusivo grupo de personas "académicamente calificadas". Estas personas, en general amigos personales de Veliz, debían exhibir sus invitaciones al ingresar a la sala del Consejo de Rectores (a Thomas se le convenció de que el local del Instituto no ofrecía "seguridades mínimas") y luego participaban en una discusión con el conferenciante. Las charlas fueron decepcionantes para la exclusiva concurrencia, que tuvo que soportar un castellano pobrísimo del joven historiador británico y para los auspiciadores, el Consejo Británico (pagó pasajes aéreos, confortable estada en el Hotel Crillón y mil dólares por el ciclo de charlas) que se quejaron amargamente de la escasísima repercusión de las charlas en la prensa e incluso organizaron una conferencia final en un local público, que fue anunciada por la prensa. Thomas se negó a conceder entrevistas a los periodistas y la situación resultó tan absurda que incluso el periódico "Clarín" sugirió que el historiador de España y Cuba había sido "raptado". Los académicos del instituto de Estudios Internacionales protagonistas de la "toma" del establecimiento, ocurrida el 20 de abril, le dirigieron una carta en que le manifestaban su interés por sostener una discusión en el local del Instituto, para informarle acerca de los problemas que afrontaba la reforma universitaria en Chile, un tema que suponían interesaría al académico inglés. Ni siquiera les respondió.

Ahora, de regreso en Gran Bretaña, Hugh Thomas acaba de publicar en el diario más importante de Londres, "The Times", un artículo en que analiza los ocho primeros meses de Gobierno de la Unidad Popular. En él defrauda a los admiradores de sus libros, y especialmente de su obra sobre la guerra civil española. Seguramente, como consecuencia del aislamiento forzoso o voluntario en que aquí se sumió, demuestra no haber tomado contacto con los verdaderos protagonistas del proceso chileno; es decir, obreros, campesinos, estudiantes. Comete errores increíbles en un historiador de su fama, como sostener que Allende triunfó en su quinta postulación a la Presidencia y que la inflación llegará en Chile este año al 50%.

Reseñamos a continuación algunos de los párrafos más inauditos de esta nueva "obra" de Thomas:

*** Refiriéndose al programa de la UP: "Este programa incluye una amplia reforma agraria, nacionaliza ción de la industria del cobre y otras dispendiosas medidas de cambio social. En la oposición existe el temor de si este gobierno se podrá realizar a través de la Constitución o si por el contrario Chile estará a punto de caer en un abismo demasiado familiar".

*** Acerca de las elecciones del 4 de abril, que presenció, todo su comentario gira en torno a opiniones de fuentes como el exministro y Rector de la Universidad Austral William Thayer y un señor "Jesús Oyarzún, distinguido crítico chileno". Además dice; "Viajando fuera de Santiago en la mañana de la elección con una inteligente señorita momia... Ella se preguntaba seriamente si su país sería el mismo cuando regresaran".

*** "El programa respecto a los bancos y a la industria del cobre... es de lo más ambicioso que Allende pudiera proponer. Pero los planes del gobierno incluyen también proposiciones para eliminar el actual parlamento y reemplazarlo por lo que suena una combinación más bien inquietante entre un sistema estatal corporativista y un soviet nacional: existe también una proposición para el establecimiento de tribunales populares según el modelo cubano y una especie de sistema revolucionario de jueces de paz".

*** "La única posibilidad real (de que estas iniciativas sean aprobadas) es que el gobierno, con sus crecientes esfuerzos para dominar los medios noticiosos y con una campaña dispendiosamente financiada contra todas las instituciones momias como "El Mercurio", el principal diario conservador, pudiera aterrorizar ya sea al Parlamento o al electorado en contra de nuevas campañas electorales o elecciones libres; algunos insisten en que esto es probable. Ya, en un periódico muy conservador, "El Sur", de la ciudad sureña de Concepción, los trabajadores de la imprenta agregan sus propios comentarios (coletillas). Existen también posibilidades obviamente alarmistas en favor del gobierno en la radio y en la televisión. El establecimiento de una "asamblea de periodistas de izquierda" el mes pasado, inaugurada por Allende, debe resultar en vista de las experiencias europeas, más bien ominoso".

*** "Allende es un hombre de 60 años, quien como la mayoría de su gabinete ha pasado muchos años practicando la política democrática. Ha disputado la presidencia cinco veces (sic). Proveniente de una familia radical pero burguesa (su padre era un masón y radical, su madre católica) ha vivido durante muchos años, mientras construía su camino hacia la cumbre con una política de izquierda, la vida extremadamente confortable de un miembro de la burguesía chilena. Es un "bon viveur", sus trajes son buenos. Le gusta la buena compañía..."

*** "Nadie parece estar interesado en invertir en ningún sector de la economía chilena. Los hombres de negocios extranjeros están atemorizados y pesimistas... En esta aprensión podrían tener mucha razón porque este año la inflación ha sido incluso mayor que lo normal. Durante una generación los chilenos han estado habituados a una inflación de alrededor del 30 por ciento al año. Este año podría llegar al 50 por ciento..."

*** Entre otras perlas, Thomas sugiere que todo el "fuego" que pone el secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano, es vacío y lo que "realmente está pensando es dónde irán los votos cuando comience su campaña para suceder a Allende como candidato de la izquierda en las elecciones presidenciales de 1976". Luego acusa al MIR de haberse cebado en sus actividades en el campo contra los pequeños agricultores. Alaba el "autocontrol" de "muchas capas de la estructura política chilena" ante la pasividad que mostrarían el ejército y la policía frente al MIR. Adopta aires de héroe cuando se presenta "como la única persona que haya penetrado más allá de la puerta de una de esas haciendas piratas" (se refiere a un fundo tomado por campesinos dirigidos, según él, por el MIR). Pero no reproduce una sola entrevista directa con ningún dirigente mirista. Copia en cambio una supuesta entrevista al "comandante Pepe" publicada por "La Prensa", el 27 de marzo. Más adelante sugiere, haciéndose eco de las afirmaciones de PEC, que el MIR estaría involucrado en el asesinato del general Schneider: "Hay muchos rumores de que en aquel crimen existe bastante más de lo que salta a la vista; ¿quiénes eran la misteriosa pareja que apareció de algún sitio en el momento en que el general estaba a punto de ser sometido y que, según aquellos que ahora están en la cárcel, dispararon los proyectiles fatales y luego desaparecieron?".

*** Thomas habla de la participación estudiantil en la Universidad y en los liceos con el mismo desprecio de su mentor chileno, Claudio Veliz. Dice: "la completa politización de las escuelas secundarias aparece como algo demasiado probable y muy lamentable, puesto que ya el país está lleno de marxistas que tienen escasa idea acerca de quién fue Marx y de gente que pasada de moda adoptan una actitud política a edad muy temprana y luego, de manera obstinada o insolente, se aferran a ella sin escuchar argumentos".

*** "Finalmente, existe lo que podríamos describir como un principio negativo unificados Y esto es la posibilidad de que dentro de seis meses o un año Allende como la mayoría de los anteriores presidentes chilenos empiece a perder la popularidad de que ha disfrutado en los primeros meses de su gobierno. Sus promesas electorales podrían parecer, como aquellas de sus predecesores, superiores a lo que es humanamente posible que cualquier gobierno realice: las poblaciones miserables al sur y al occidente de Santiago probablemente seguirán sin servicios adecuados de agua, autobuses, escuelas, salud y luz eléctrica. La leche gratuita, como la que se ha dado en los últimos meses a los niños, no es todo. Ya se han planteado tremendas expectativas, pero debido a la situación económica podría ocurrir que no se realizara lo suficiente, será la hora de los chivos expiatorios. Esa oportunidad mostrará si Chile es tan sólidamente democrático como parece. Esa también será la verdadera prueba de la novedad del gobierno de Allende, porque no basta manifestar sorpresa porque un gobierno marxista obtenga el poder con métodos democráticos; lo que es verdaderamente notable y lo que ciertamente pondría a Salvador Allende entre los inmortales, a los que por todo concepto desea unirse, sería que un gobierno marxista se arriesgase a perder el poder por los mismos procedimientos".

HERODOTO


Análisis

EL GOBIERNO MERCENARIO DC

LA "nueva alternativa" que, a primera vista, ofrecía la DC en 1964, no fue más que la prolongación de la política económica alessandrista. Durante el gobjerno de Frei, por ejemplo, la desnacionalización económica a través del control externo de los mercados internos, cobró su expresión más alta.

Como condición previa para que se verifique un proceso de industrialización "desde afuera", es preciso la existencia de una estructura económica interna altamente concentrada. De este modo tiene lugar una fuerte demanda en función de inversiones exógenas que, desembocando en el país en diferentes formas, ya sea como inversión directa o indirecta, ya sea por "donaciones" o "ayuda", generan dependencia (principalmente industrial) que aumenta nuevamente la demanda "hacia afuera". Tiene así lugar un proceso de reproducción, cuyas consecuencias principales inciden en el llamado "deterioro de los términos de intercambio" o, lo que es más expresivo, en la descapitalización acelerada del país.

Durante el gobierno democristiano, hubo una complementación estrecha entre el proceso de concentración capitalista y las orientaciones de la inversión extranjera. Un proceso reforzaba al otro y viceversa.

"En 1968 la inversión privada extranjera llegaba al 17% del capital pagado de todas las sociedades anónimas industriales chilenas; dicho porcentaje era, en la práctica, controlado por menos del 1% de los accionistas integrados. Para apreciar la significación de estos datos, basta tener en cuenta que, a la misma fecha, el Estado poseía sólo el 13% del capital social de todas las sociedades anónimas del sector manufacturero; en otras palabras, su participación en esta área estratégica de la actividad nacional era considerablemente menor que la del capital extranjero". [1]

La orientación del capital extranjero se dirigió a aquellos sectores que presentaban un crecimiento más rápido. "En 1967 existía participación extranjera en sociedades anónimas industriales que representaban el 41% de los activos de dicha forma de organización jurídica de la empresa". [2]

Los efectos de la extranjerización incidieron en los más diversos niveles: aceleración en la concentración productiva, descapitalización progresiva, oferta discriminatoria en dirección del reducido sector de máximos ingresos, incremento en las importaciones de productos industriales, destrucción de la industria nacional, disminución de los salarios reales en virtud del incremento tecnológico, superexplotación intensiva de la fuerza de trabajo (para paliar las frecuentes paralizaciones que un mercado restringido, como el chileno, trae consigo), alza de precios al consumidor, desocupación, cesantía, etc.

"La tecnología extranjera se presenta en la casi mayoría de los productos que consumimos diariamente. Alrededor de 490 empresas chilenas, en el año 1968, pagan regalías a empresas extranjeras por uso de tecnología; 310 de aquellas empresas tienen contrato con una sola empresa extranjera; 82 tienen contrato con dos empresas extranjeras y 97 tienen contrato con tres o más empresas extranjeras. La información nos muestra, además, que el número de contratos que corresponden al sector industrial chileno son los más importantes, ya que alcanzan un 76% del total de los contratos; a éste, le sigue el sector comercio que reúne un 13,3% de todas las empresas con contrato de regalías. Ahora bien, dentro del sector industrial, observamos que el mayor número de empresas con contrato de regalías está en la industria de substancias y productos químicos, con un 30,5%; le siguen las industrias de productos metálicos, que alcanzan un 26%; alimentos, con un 7,8%; textiles, con un 7,6% y calzado y ropa, con un 6,5%". [3]

En cierto modo la DC sirvió de pantalla político-ideológica para la desnacionalización. Cada absorción de una industria nacional por el capital externo, era celebrada por el gobierno como un nuevo aporte a la industrialización nacional. Esa apariencia permitía a Frei presentarse como un campeón de la nueva "sustitución de importaciones". Incluso los democristianos llegaron a hablar de una "segunda revolución industrial".

Pero más que ideológica, la colaboración freísta a la extranjerización fue efectiva en un sentido práctico.

A través de la manipulación del sistema reajustario y de la política de precios, el gobierno de Frei favorecía condiciones para la formación y permanencia de determinadas zonas de comercio. Por ejemplo, la contracción experimentada a partir de 1967 en los sueldos y salarios, marchó al compás de un alza permanente en los precios. A su vez, la política de reajustes, tendió a favorecer la concentración del ingreso, afirmándose así la estructura concentrada de la producción, como también la especialización de la oferta en función de la demanda ejercida por los sectores de ingresos más altos.

El gobierno de Frei también contribuyó a solidificar la base de atracción para el capital extranjero favoreciendo la acumulación privada a través de una apertura discriminatoria de las fuentes crediticias. La concentración de capitales generalmente es compatible con la concentración del crédito. Una cantidad inferior al 3% de los establecimientos (y por tanto, con seguridad, un porcentaje menor de las empresas) llegó a controlar el 50% del excedente bruto el año 1967: el 2,7% de los deudores (excluido el sector público) disponía del 58,1% del crédito bancario.

Pero donde más resaltó la gestión mercenaria del gobierno de Frei fue en el rol económico que se dio al Estado, convirtiéndolo en cuña que abría el camino y creaba condiciones para la penetración extranjera. De acuerdo a Aranda y Martínez: "En general (el capital extranjero) se dirige preferentemente a aquellas líneas donde la política económica del Estado está creando condiciones especiales para su expansión. Del total de inversiones autorizadas (Estatuto del Inversionista) cerca de un 80% se concentra en la rama de productos alimenticios (industria pesquera), papel, celulosa e industria química"... "Es decir, la empresa extranjera se une a la empresa nacional para utilizar los beneficios de los recursos públicos y la política económica del Estado". [4]

El gobierno de Frei, luego de allanar el camino al capital extranjero, procedió a "estimularlo", lo que significó financiarlo con recursos públicos. Un ejemplo: en la industria de partes y equipos automovilísticos, de 29 empresas creadas en los años 1968-69, 15 recibieron préstamos de CORFO y de éstas, en 10 de las que se posee información, existe importante participación de capital extranjero [5] . Si CORFO fue creada con el objetivo preciso de estimular la industria nacional, durante el gobierno de Frei, más que en ningún otro, se convirtió en instrumento para facilitar y servir las inversiones extranjeras.

"Las empresas norteamericanas, por su parte, no sólo devengan las utilidades correspondientes a la inversión directa y los intereses y amortizaciones de los préstamos, sino que también se produce un egreso de divisas por concepto de aquellos incrementos de utilidades, productos de la utilización de los préstamos en el interior de la economía nacional". [6]

La política desnacionalizadora del gobierno de Frei promovió la destrucción de la empresa nacional de carácter estatal. Un ejemplo típico fue la empresa de neumáticos INSA que en 1941 fue fundada por CORFO con la simple colaboración técnica de la General Tire and Rubber Co. Ahora bien, al promediar el mandato de Frei, la empresa había perdido todo vestigio nacional y la mayor cantidad de acciones pasó a pertenecer a la misma General Tire and Rubber Co.

Tuvo lugar así el aparecimiento de un verdadero "enclave industrial", paralelo al cuprífero. Es más, el primero, en virtud de la acción mercenaria del Estado llegó a transformarse en el foco central de la dependencia, por cuanto las divisas originadas en las exportaciones de cobre, en uno de sus ocasionales períodos de auge, fueron utilizadas para las importaciones de bienes de capital y/o para negociar empréstitos que aumentaron, por diversas vías, la dependencia externa. Como los ingresos de capital externo son siempre inferiores a sus servicios, a través, justamente, del sistema de provisión de divisas se produce la fuga de excedentes. El enclave minero se convirtió, pues, en soporte para la extranjerización del resto de la economía, dándose así una complementación entre la explotación del enclave y la "ocupación" industrial. Esta complementación, a la vez, es una contradicción en el sentido que ambos "dominios" presionan en direcciones distintas: el industrial en función de una mayor provisión de divisas para transferirlas desde el Estado hacia su sistema reproductor, y el enclave minero, como es natural, en función de una disminución en las divisas retornadas. Esto es así por cuanto para la industria desnacionalizada el Estado es un socio inversor y para el enclave es un agente jurídico que legitima su actividad.

La contradicción señalada, inherente al capitalismo de hoy, no se manifestó con fuerza durante el gobierno de Frei por cuanto la demanda proveniente de la guerra de Vietnam aseguró la suficiente provisión de divisas requerida para el proceso de desnacionalización.

Pese a todas las facilidades otorgadas por Frei al capital externo, el proceso de extranjerización se topó siempre con lo restringido de su campo. Ante esa alternativa, el capital externo presionó en dos direcciones: 1º) Por penetrar mediante "escaladas" en todos los niveles de la producción. (En los últimos años, el capital extranjero concentrado de preferencia en la producción manufacturera se ha desplazado, inclusive, al sector productor de bienes alimenticios). 2º) Por desplazarse hacia el exterior tomando como "pivotes" los países industrialmente "ocupados".

Es oportuno hacer notar aqui que la empresa multinacional no sólo posesiona un mercado por las expectativas de ganancia inmediata, sino que, además, por las ganancias potenciales que ofrece.

La "ocupación" de zonas mercantiles internacionales tiene su expresión máxima en los "mercados comunes" que Estados Unidos alienta y favorece. Por eso, Frei apareció como uno de los principales propulsores de la idea "integracionista", siendo así consecuente con el sector empresarial más mercenarizado.

Sin embargo, como las expectativas integración islas son a largo plazo, tuvo lugar una superioridad del capital establecido por sobre el que estaba en movimiento. Esa fue la causa principal de las llamadas "capacidades ociosas", cuyos efectos más notorios fueron la continua alza de los precios y el "cesanteo" progresivo.

Que la inversión industrial se constituye en el foco central de la dependencia, se debe a un nuevo "modus operandi" imperialista. Los tradicionales métodos de penetración externa debieron, a fin de paliar su contradicción con los modernos, también "modernizarse". Eso sucedió con el cobre gracias a Frei y a la DC.

LA "VIGA MAESTRA"

La política democristiana frente al cobre no se encuentra de ningún modo aislada del contexto desnacionalizante. Por el contrario, es correlativa y complementaria.

En primer lugar hay que tener en cuenta que existía una fuerte presión interna (los empresarios importadores, las agencias norteamericanas establecidas y por establecerse, la misma DC) y otra externa de no menor fuerza (el Estado norteamericano, las empresas multinacionales) en el sentido de reorientar la explotación minera a fin de aumentar las provisiones de divisas. Esos objetivos de tales presiones tendían a asegurar al Estado chileno una captación de excedentes que le otorgara una relativa capacidad de negociación externa en función de atraer mayores inversiones y aumentar las importaciones. En otras palabras, se intentaba capitalizar transitoriamente al Estado, para descapitalizar al conjunto de la economía nacional.

En segundo lugar, la competencia internacional determinó que las propias empresas cupríferas adoptaran nuevas modalidades de penetración, pasando así a constituirse también bajo la forma de corporaciones, integrando y asociando a empresarios nacionales en la explotación de su propia nación. Esta nueva política tenía presente un objetivo político: proporcionar a las empresas extranjeras una base social nacional de apoyo, cubriendo la explotación bajo la apariencia de asociaciones, colaboraciones y/o asesoría externa.

En este marco se desarrolló la política democristiana frente al cobre.

La llamada "chilenización" del cobre tuvo lugar entre 1964-65, frente a la presión de las empresas para aumentar las inversiones en El Teniente y modernizar las instalaciones en Chuquicamata y El Salvador [7] . El Estado, de acuerdo a esta medida, pasó a integrarse en la explotación de los yacimientos. Pero el problema fundamental, el de las decisiones de mercado, siguió siendo atributo exclusivo de las empresas yanquis. La asociación implicaba compromisos hacia estas empresas como por ejemplo, rebajar su tributación y garantizar el trato cambiarlo, tributario y aduanero, por más de veinte años.

La integración asociada del Estado resultó muy favorable para los consorcios, ya que éstos contarían desde entonces con el mejor aval para todas aquellas deudas contraídas en el exterior. El Estado, además, se comprometió a dar preferencia en la atención de los gastos al exterior, utilizando la disposición de libre disponibilidad y retorno parcial; permitió la conversión de divisas al tipo de cambio más favorable para las empresas; dejó el manejo, la administración y la decisión por once años en poder de los consorcios extranjeros; garantizó la recuperación total de las inversiones vía amortización, etc.

En 1969, la integración estatal respecto a las empresas norteamericanas del cobre, tomaría otra forma: la llamada "nacionalización pactada", quizás una de las mejores muestras de la política mercenaria de Frei.

Esta nueva integración fue gestada en una coyuntura donde se daban condiciones objetivas para que Frei hubiera procedido a nacionalizar el cobre. Estas condiciones fueron: l) excepcional situación de precios en el mercado, lo que habría permitido cancelar la nacionalización; 2) apoyo político total para una nacionalización (incluso la derecha no se atrevía a oponerse directamente a la eventual medida).

El gobierno de Frei aceptó, en cambio, la proposición norteamericana de la "nacionalización pactada" cuyos postulados corresponden a las nuevas formas de dependencia imperialista, donde importa fundamentalmente el control de los mercados a través de diversos mecanismos de control y fijación de precios. Por supuesto, tales instrumentos siguieron en poder de las grandes compañías. Lo mismo ocurriría con la administración de los yacimientos "nacionalizados".

El gobierno compraría el 51% de las acciones a un precio que corresponde al 51% del valor de capitales propios que poseen, dándose la Irrisoria situación de que las empresas vendían a Chile yacimientos cupríferos ... chilenos, pues se pagó por la rentabilidad de los yacimientos. [8]

Esta nueva integración entre el imperialismo y el Estado se realizó en términos parciales (ya que sólo se pactó con dos empresas: la Chile Exploration Co. y la Andes que en total controlarían el 42% de la producción desde 1972 en adelante). En cambio, las empresas más rentables como La Exótica, siguieron en poder absoluto del capital yanqui con lo que, aun hablando de asociación y no de nacionalización, estaríamos haciendo uso de un concepto falso. El verdadero es subordinación.

Cabe agregar, además, que el imperialismo impuso al Estado aumentar la producción, a un ritmo extraordinario, en todas aquellas empresas en que estaba asociado.

Con la "nacionalización pactada" se reprodujeron pues en el enclave minero moldes de integración imperialista ya aplicados en la industria. Con ello tendían a aminorarse las contradicciones potenciales entre los dos modos de penetración. El principal mediador entre ambos fue el Estado.

Con la "nacionalización pactada", Estados Unidos reemplazaba de a poco el control directo sobre las materias primas por el control indirecto. Además de los riesgos que los "nacionalismos" implicaban para la primera forma de dominación, el desarrollo de los mercados internos y regionales aseguraría a las empresas del cobre, en un plazo relativamente corto, demanda constante y, al mismo tiempo, el control de los precios. Las empresas del cobre sólo necesitaban de un tiempo prudencial para desplazar capitales hacia otras actividades que les permitieran seguir manteniendo el control del metal sin inmiscuirse directamente en su extracción, exprimiendo, por otro lado, los yacimientos que reservaban para su dominio directo. Prueba de ello es que en las escalas de producción futura aseguraban una cantidad de producción muy superior en La Exótica, respecto a las empresas "nacionalizadas".

Para realizar estos movimientos, las empresas norteamericanas del cobre precisaban de una base social donde apoyarse (o que asociar) y de un gobierno mercenario. La primera, la proporcionó la burguesía industrial formada bajo el mismo alero de la dependencia. El segundo fue posible gracias a la DC y a su líder, Eduardo Frei.

FUNCIÓN ESTRUCTURAL DE LA REFORMA AGRARIA

El incremento de la dependencia, que encuentra su origen en el accionar i nteg racionista de las grandes corporaciones multinacionales de matriz norteamericana, no solamente se limitó a recondlcionar la estructura tradicional prevaleciente en la industria y en el enclave, sino que además se proyectó justamente para consolidar esas reformas a todos los demás niveles de la estructura global [9] . Así, uno de los aparentes "logros" del gobierno de Frei, como fue la reforma agraria, debe ser analizado en este contexto.

Hasta la decisiva crisis de 1929, el sector agrario de la burguesía jugaba un rol dinámico en la estructura de dependencia del país. En los 17 años que median entre 1911 y 1928, la agricultura chilena (principalmente los grandes propietarios) duplicó el área cultivada ante una fuerte ampliación de los mercados internos y externos y aumentó la producción agrícola en un porcentaje similar. [10] Pero después de la crisis, la agricultura cayó en una violenta regresión.

Comparemos las cifras citadas con las alcanzadas en los casi cuarenta años que van desde 1938 a 1968. En ese lapso, con medios técnicos incomparablemente más eficaces y numerosos, el aumento de la superficie cultivada es mucho menor, no sólo en cifras relativas sino, lo que es todavía peor, en cifras absolutas.

Ahora bien, en función de las variabilidades alcanzadas por los capitalistas agrarios en su peso productivo, cabría deducir similar variabilidad sociopolítica. Sin embargo, tal suposición no se verifica ya que pese a haber sido afectados bruscamente por la crisis, y a que la productividad agraria jamás llegó a retornar a los niveles de precrisis, los capitalistas agrarios siguieron conservando, inalterable, toda su fuerza política y social.

La explicación de tal fenómeno hay que buscarla en el elevado grado de interpenetración existente entre los sectores empresarial y agrario de la burguesía. [11]

La integración agrario-industrial permitió al conjunto de la burguesía salvar los escollos que para el sistema importación-exportación representaba la gran crisis del 29, teniendo lugar un traspaso de aquellos fondos originarios del capital agrícola acumulado antes de la crisis hacia la industria sustitutiva. La sustitución de importaciones sólo fue posible gracias a la colaboración del sector agrario-exportador como, por otra parte, la conservación del sector agrario en comandos hegemónicos, dependió de su capacidad e iniciativa para volcarse hacia las empresas industriales.

Como en todo caso la preeminencia de la actividad empresarial significaba un deterioro de las actividades agroexportadoras, y como los empresarios necesitaban proveer a los obreros de las ciudades con productos alimenticios a precios no muy altos, a fin de no alterar los salarios nominales, fue necesario un pacto tácito entre los dos sectores de manera que el auge industrial no rebajase los ingresos de los terratenientes. Este pacto tuvo su expresión en el Estado, que desde entonces tomó bajo su protección a los terratenientes. Esta protección adoptó diversas formas.

En primer lugar, funcionó el sistema compensatorio a través de las construcciones, regadíos y demás obras estatalmente sostenidas, pero sobre todo, a través de la ayuda crediticia.

En segundo lugar, les fue otorgado a los terratenientes un estatuto verdaderamente privilegiado en lo que respecta a tributaciones.

En tercer lugar, los gobiernos compensaban la baja productividad agraria ampliando las líneas de importación de productos alimenticios.

Y en cuarto lugar, a través de la disminución inducida en los ingresos de los trabajadores y pequeños propietarios agrícolas.

De lo descrito se infiere que las relaciones establecidas entre las actividades agraria e industrial, por requerir de mediaciones estatales, eran cada vez más artificiales. Así, en la medida en que se desarrollaran las contradicciones entre estas dos actividades, el compromiso debería, naturalmente, romperse.

Pero la ruptura del compromiso interburgués dependía en gran medida del desarrollo del sector empresarial y, a su vez, el desarrollo de este último, dado el escaso margen de expansión del mercado interno, dependería de su mayor fusión con el capital extranjero. Esta fusión cobró expresión durante el gobierno de Alessandri, pero sobre todo durante el de Frei.

No es por casualidad que la reforma agraria comenzara a ponerse en práctica después de haber sido propuesta por Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso.

Incluso el compromiso de poder vigente en Chile, le creaba serios problemas a la penetración extranjera y a sus socios nacionales. Uno de ellos era el mal comportamiento capitalista que caracterizaba al sector más tradicional de los terratenientes, en el sentido de que un cuantum considerable de sus ingresos era dilapidado en el consumo suntuario.

La relación de compromiso comenzó a romperse cuando la desocupación de trabajadores agrícolas superó lejos el número conveniente requerido por los empresarios para provisionar el "ejército de reserva". Los empresarios estaban pues obligados a dilapidar parte de su plusvalía en las importaciones de bienes alimenticios, cuyos precios altos no detenían en modo alguno la presión de los trabajadores por mayores salarios. De ahí se explica que el sector empresarial intentara "racionalizar" esta plusvalía, transfiriéndola a actividades empresarial mente productivas. Por ello, las intenciones para reestructurar las relaciones agrícolas tendían sobre todo a aumentar la productividad. De ahí que un medio para presionar a los terratenientes rezagados en la producción consistiera en cernir sobre ellos la amenaza de la expropiación, sacrificando incluso a un pequeño número.

Debe además tenerse en cuenta que las nuevas condiciones de dependencia externa precisaban de una ampliación de los mercados. Qué mejor medida pues que formar una "clase media" de pequeños capitalistas agrarios, con demanda constante sobre los nuevos mercados, con producción intensiva que abaratara los sueldos y salarios urbanos y que sirviera, además, de "amortiguador" social para aquella explosión agraria tan temida en la Carta de Punta del Este. Frei y la DC serían los ejecutores del plan.

LOS LIMITES DE LA REFORMA AGRARIA

Cuando Freí asumió el mando, anunció que durante su gobierno se iban a formar 100.000 pequeños propietarios agrícolas. Pero sólo tres años después pudo hacer la ley de Reforma Agraria, la que en sus aspectos fundamentales permitiría tanto la expropiación de los predios mal trabajados como los de las sociedades anónimas y de las propiedades particulares con extensión a las 80 hectáreas básicas, superficie equivalente en valor producto a 80 hectáreas de buena tierra regada cerca de Santiago [12] . (Así, en tierras de secano o montañosas, podían quedar exentos de expropiación los latifundios superiores a 7.000 hectáreas).

Las nuevas formas de tenencia de la tierra tenderían a facilitar la operatividad del sistema. Por ello, sólo se incentivó la pequeña propiedad agrícola en un reducido margen del campesinado.

La unidad de formación de esta "nueva clase" fueron los asentamientos. Su organización inicial iba a estar constituida por cooperativas donde después de 3 ó 5 años, los campesinos decidirían si trabajar definitivamente en cooperativas o en forma individual. Tal posibilidad de la elección no pasaba de ser una utopía. En un sistema donde impera la propiedad privada de los medios de producción los campesinos no podían constituirse en "comunidades islas".

El sistema descrito en lugar de descongestionar la propiedad agraria generó su reconsolidación bajo formas empresariales. En general toda la política agraria del gobierno de Frei tendió a orientarse en función de la gran empresa agrícola. Ello queda claro si se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

1.—La mera existencia de los asentamientos representó un incentivo de competencia capitalista para los terratenientes, quienes así se vieron competidos a intensificar su productividad.

2.—El asentamiento tuvo la particularidad de ejercer presión para la empresalización de la tierra no expropiada. Ello se verificó en el incremento tecnológico experimentado por los latifundios, lo que a su vez implicó aumentar los términos de la plusvalía relativa en el campo con la correlativa expulsión de mano de obra.

3.—Paralelo a la empresalización de los latifundios fue la proletarización avanzada de los campesinos, puesto que, con la fijación de un salario mínimo agrícola, fueron abolidos los sistemas de regalías y especies. Así, el proletariado agrario se vio enfrentado de golpe a las violentas fluctuaciones de precios en los mercados de mano de obra. (Por contrapartida, ello trajo consigo un auge del movimiento campesino, partiendo de los pliegos de peticiones, pasando por el paro y la huelga, hasta llegar a la ocupación directa de predios).

4.—El campesinado asalariado de los asentamientos y fundos resultó también una magnifica presa para los comerciantes, en especial para los intermediarios. En este sentido, no tardó en unificarse la acción latifundista-comerciante. Con ello, la DC cumplía el cometido empresarial de fortalecer los mercados internos.

5.—La sindicalización campesina vista como instrumento de presión contra el latifundista ocioso y como agencias del Estado (INDAP) fue otro de los medios que utilizó la DC para lograr la empresalización de la tierra. Que eso no halla ocurrido así y que los sindicatos en su mayor parte se convirtieran en agencias antigobiernistas, no cambia en nada el modelo DC. Sólo prueba su fracaso.

6.—Por intermedio del sistema crediticio, la DC favoreció a la gran empresa agrícola en medida mucho más grande que a los pequeños propietarios. Por ejemplo, el Banco del Estado y CORFO canalizaron sus préstamos en sus 8/10 partes hacia las medianas y grandes explotaciones. En cambio, los pequeños propietarios dependían de la ayuda crediticia de CORA e INDAP, las que sólo disponían de una pequeña cuota de crédito.

7.—En consecuencia, a los puntos anteriores, los grandes latifundistas, justamente los más ligados al sector empresarial, advirtieron que la ley de Reforma Agraria iba en su beneficio directo. Por ello, reestructuraron la organización "oligárquica" de la SNA, que pasó a agrupar a los grandes empresarios de la tierra. Asi se explica que estos sujetos realizaran verdaderas cruzadas de productividad", solicitando para el efecto enormes cantidades de abonos, semillas certificadas, pesticidas, mejores lecherías, incorporación de plantaciones, etc. CORFO y el Banco del Estado se hicieron de inmediato presentes. Lo irrisorio de la situación era que organismos fiscales, con fondos extraídos de los bolsillos de los trabajadores, perpetuaban, consolidaban y modernizaban el latifundio.

Si relacionamos la Reforma Agraria freísta con los objetivos globales del "modelo" en que se inserta, no puede sorprender que al final de ese gobierno el latifundio siguiera operando con más de 3.500 unidades y con una superficie mayor a 22 millones de hectáreas. En contrapartida, los favorecidos por la pseudoreforma alcanzaron apenas al 8% de las familias campesinas. Así la DC cumplía los proyectos trazados por el imperialismo y los empresarios locales. Aumentaron los mercados. Los latifundios produjeron más. El latifundio cerrado cedió el paso al latifundio abierto o, lo que es lo mismo, el capitalismo de hacienda fue sustituido por el capitalismo de empresa.

Pero en ese esquema no funcionó un elemento: la superexplotación agraria, unida a la misma sindicalización promovida por el gobierno para controlar al campesinado, generó fuerzas que presionaban no ya por la propiedad individual para grupos reducidos de campesinos, sino que por la eliminación del latifundio, el desaparecimiento del crédito discriminatorio, la tierra para todos los campesinos, etc., medida que de llevarse a la práctica alteraría no sólo el régimen agrario sino que los fundamentos del mismo capitalismo de dependencia.

El precio que la DC pagaría por valerse de agentes potencialmente anticapitalistas para el fortalecimiento del capitalismo, sería bastante elevado. Empezaría acusando la división de sus propios cuadros, algunos de los cuales miraban el proyecto agrario en función del campesinado; dividiría a la burguesía, no a favor ni en contra de la pseudoreforma sino que frente a los medios utilizables para llevarla a cabo y, finalmente, perderían la posibilidad de continuar en el poder, al alejar de sí fuerzas sociales que le habían servido de apoyo.

LA PROFUNDIZACIÓN DEL SUBDESARROLLO

El esquema DC sólo podía sustentarse en base a una profundización del subdesarrollo, correlativo al aumento de la dependencia.

Tenemos así que la destrucción de cualquier asomo de política económica autónoma, practicada por todos los gobiernos desde González Videla en adelante, alcanzó su más alta expresión durante el gobierno de Frei.

La estructura altamente concentrada que había servido de base a la extranjerizaron, en virtud de la misma alcanzó aún mayores magnitudes. En consecuencia, la crisis de las empresas menos vinculadas al proceso desnacionalizador no tardó en producirse. Durante los 4 últimos años del gobierno de Frei, el ritmo de crecimiento industrial fue el siguiente: 1966: 9,5; 1967: 1,3; 1968: 1,5; 1969: 1,7. Pero no se crea que toda la industria estaba en crisis. Para evaluar mejor estas cifras hay que considerar que las empresas desnacionalizadas aumentaron durante esos mismos años su productividad. En la producción automotriz, por ejemplo, pudieron observarse crecimientos del 8 o más por ciento. Lo mismo vale para las empresas productoras de maquinaria eléctrica, petroquímica, material de transporte. Incluso en aquellas industrias productoras de bienes de consumo inmediato pero conectadas al proceso desnacionalizador, como harina de pescado, papel y celulosa, etc., se observaron notables incrementos. Es fácil deducir entonces que la crisis fue mucho mayor de lo que dicen las mismas cifras señaladas.

Esta crisis podría llevar a plantear en términos simplistas la existencia de fuertes antagonismos entre parte de la burguesía local y el imperialismo. Tales antagonismos en verdad sólo se mantuvieron latentes pero no se manifestaron debido a que el Estado se encargaba de velar por el bienestar de toda la clase capitalista. De tal manera, las pérdidas provocadas por la paralización de determinadas empresas fue cargada a cuenta de los trabajadores, reforzándose el antagonismo del proletariado con el conjunto de la burguesía. Las agresiones del gobierno y la burguesía en contra de los trabajadores tomaron dos formas 1º) baja paulatina de los sueldos y salarios reales; 2º) desocupación de mano de obra.

De acuerdo a su racionalidad, a la burguesía no le quedaban otras alternativas, máxime si tenemos en cuenta que el ritmo de crecimiento industrial entre 1965-68 era de un 2,6% anual, en tanto que el crecimiento poblacional era de 2,5% (Entre 1961-65 el crecimiento industrial había sido igual a un 7%). En esa proporción, la participación de los trabajadores en los ingresos se tornó decreciente. Entre 1960-68 participaban en un 44,4% del ingreso. En 1963 su participación fue del 43,4%. La desocupación, por su parte, alcanzó cifras más que considerables. Entre 1961-68, el promedio de desocupación fue del 5,6%, en 1968 del 6% y en 1969 del 6,2%.

En el agro se reprodujeron con leves diferencias los mismos ajustes expoliatorios, alcanzando eso sí mayor nitidez el "cesanteo" en virtud de Ja introducción violenta de tecnología sustitutiva de mano de obra, aunque la forzada proletarización de los campesinos también trajo consigo una disminución de sus ingresos reales, a causa especialmente del desaparecimiento de las llamadas regalías.

La aplicación de la política descrita tendió a acelerar las contradicciones entre el proletariado en su conjunto y la burguesía ¿Qué hizo Frei para evitarlo? Veamos:

1.—El gobierno promovió la división de los trabajadores a través de la misma política salarial. De este modo, un sector del proletariado, el manufacturero, no fue sustancialmente afectado. Es natural: a una industria moderna debe corresponder un proletariado moderno. Lo mismo ocurrió en el agro. Los asentamientos pasaron a constituir unidades privilegiadas de campesinos. Ahora bien, tanto a un sector de trabajadores como al otro les fueron concedidas garantías para que, a través de la sindicalización, negociaran su plusvalía en detrimento, por supuesto, del resto de los trabajadores. Más todavía, vemos una especie de correa de transmisión funcional entre los trabajadores privilegiados del campo y los de la ciudad en el sentido que el incremento de la productividad agraria debería disminuir las presiones salariales de los trabajadores de la industria. No obstante, la formación de sectores privilegiados no fue suficiente para detener el auge popular.

Ello se debió a los siguientes factores.

a) Su escaso número, decreciente en cuanto se busca la incorporación de la cada vez mayor inducción tecnológica. [13]

b) La paulatina inactividad que asume la empresa industrial dado que, copado el mercado interno, se enfrenta con su reducido tamaño. No olvidemos que a las grandes corporaciones industriales más que la ganancia inmediata, les interesa su ganancia potencial. [14]

c) Por tanto, los trabajadores de estas empresas, pese a obtener mejores salarios que el resto, no tienen ninguna seguridad en conservar sus puestos.

d) En esas circunstancias, la sindicalización se transforma en arma de doble filo para la burguesía y su gobierno.

e) Y, por último, que los trabajadores no privilegiados encuentran condiciones para su mayor movilización combativa.

2.— Otra medida llevada a cabo por Frei consistió en recargar al Estado con los efectos detractivos provocados por la concentración industrial. No sólo debió gastar una enorme cantidad de fondos en compensar las paralizaciones industriales sino que, además, contener al proletariado y al campesinado con recursos estatales. La implementación del programa de Reforma Agraria en especial, así como de los fondos destinados para la prestación de créditos, significaron una gran sangría. Asimismo, la desocupación obrera pretendió ser absorbida con un incremento en las ramas de la construcción. Pero es natural que el ritmo de desarrollo en esas actividades, dadas las condiciones en que se practican, no puede ser permanente. Tanto es así que en el propio sector de la construcción, virtual amortiguador de la cesantía, los índices de desocupación fueron más desorbitados. En 1969, mes de junio, se comprobó la catastrófica cifra de un 27%. [15]

3.— Al fracaso de las medidas señaladas, debemos sumar el endeudamiento externo ya que para las compañías extranjeras el Estado era la "viga maestra" de su penetración. Entre 1961-68, Chile obtuvo 1.800 millones de dólares, de los cuales un 70% corresponden a la gestión Frei (más que todos los países latinoamericanos). Si a la cantidad indicada descontamos las amortizaciones e intereses, el monto de las entradas netas se reduce a un 40% de los préstamos autorizados. El endeudamiento sostenido del sector público y su consecuente desfinanciamiento es otra de las variables que refuerzan la superexplotación. De no haber mediado el ocasional auge del cobre, la situación habría sido insostenible para sus propios defensores.

Todo indica pues que durante el gobierno de Frei, las relaciones de producción alcanzaron su más alto antagonismo respecto al desarrollo de las fuerzas productivas, principalmente las inducidas por el exterior. Una crisis estructural tan evidente quizás como la del 29, pero con una diferencia muy importante: la crisis del 29 permitía una salida capitalista (fortalecimiento del capitalismo interno a través de la sustitución de importaciones), en cambio la crisis que caracterizó a los últimos años del período Frei, no ofrecía alternativa capitalista de solución, a no ser la prolongación sistemática, por medio de la fuerza represiva, de la explotación, la miseria, la degradación y el hambre.

FERNANDO MIRES


Análisis

LA CESANTÍA: ¿CRISIS RESUELTA?

LAS estadísticas entregadas por el Instituto de Economía de la Universidad de Chile en el mes de junio indican un crecimiento récord de la ocupación con respecto a los últimos cuatro años: 7,6% con respecto a marzo de este año, y casi 7% con respecto a junio de 1970. Fuentes del Ministerio de Economía interpretaron las cifras arrojadas por la encuesta sobre ocupación y desocupación en el Gran Santiago, como la consecuencia lógica de la política económica del gobierno, y expresaron que en los meses venideros el crecimiento de la ocupación se mantendrá.

En el período marzo-junio 1971 crecieron las actividades directamente productivas. Los aumentos más importantes de ocupación se registran en los sectores vinculados a la construcción y al consumo final, que han sido directamente influidos por la política redistributiva de este año.

Más de un tercio de los nuevos empleos corresponden a las actividades productoras de bienes. El 70% del incremento ocupacional, entre marzo y junio de este año, fue absorbido por las actividades productoras de servicios. La publicación del Instituto de Economía señala que la recuperación del empleo industrial permite afirmar la validez del modelo de política económica a corto plazo, en cuanto al efecto empleo. Agrega a continuación:

"Al mismo tiempo está claro que el aumento del empleo de los sectores productivos no representa sino una recuperación de los niveles ocupacionales previos a diciembre de 1970, y que, además, las tendencias estructurales en la creación de empleos por sectores no se modifican todavía en forma sustancial".

En el Mensaje Presidencial del 21 de Mayo se explícita la política del gobierno respecto al problema del desempleo. En el Anexo "Política Social" se expresa:

"El gobierno popular se propone absorber productivamente la desocupación, para lo cual es menester eliminar la cesantía. La materialización de las reformas estructurales (nacionalización de la gran minería, estatificación de la banca y los grandes monopolios, reforma agraria y ampliación del área estatal del comercio exterior) es la base para una creciente y racional utilización de los recursos productivos, indispensable para solucionar de raíz el problema de la desocupación". El documento agrega que como complemento de ellos están los programas movilizadores de vivienda, obras públicas y reactivación de industrias.

Para los especialistas en problemas de empleo, estos criterios no son lo bastante definidos, y se aprecia, en lo general, la falta de una política general de empleo. Ellos preven contra el excesivo optimismo que. puede aparecer luego de los primeros efectos de la política redistributiva, y estiman que para que la ocupación siga aumentando sería necesario delinear una política global. Para ello, lo correcto sería partir de la reserva de trabajo, que es lo productivo: constatar su magnitud, y ver cuánto se podría ganar al utilizarla. Este es el equivalente a la capacidad ociosa en las industrias. Aquí hay capacidad ociosa en recursos humanos. Se calcula que la reserva de trabajo llega de un 25 a 30% del producto nacional bruto acumulado.

Un subsidio de cesantía, y servicios colectivos gratis (comedores, hospitales y dispensarios populares) resultan necesarios frente al fenómeno calificado por el Presidente Allende como "calamidad nacional". Los datos entregados al respecto por el Instituto Nacional de Estadísticas se publican con atraso, y a juicio de los técnicos son subestimaciones. En base a las cifras de 1966 y 1967 se ha hecho una estimación del desempleo total del país, incluyendo al equivalente de desocupados que se disfraza como "ocupados". Estos últimos son los empleos de baja productividad o ingreso. Equivalen a 515.000 personas. La mitad de ellos están en la agricultura, y casi un 40% en comercios y servicios. A esta cifra habría que agregar los desocupados efectivos (cesantes, más aquéllos que buscan trabajo por primera vez y también los que trabajarían si cambiaran las condiciones en que viven. Entre los últimos están, por ejemplo, las dueñas de casa, que trabajarían si tuvieran jardines infantiles). En 1967, los desocupados efectivos eran 273.000. Es decir, la desocupación total llega a más o menos 800.000 personas, lo que representa un 28% de la población que está en condiciones de trabajar.

En diciembre del año pasado, los cesantes alcanzaron en Santiago un nivel record: 69.400 personas. De cada cien obreros de la construcción, 27 estaban cesantes, y de cada cien de la industria, 6,7 obreros estaban sin trabajo. Esto significaba tener inmovilizado el 8,3% de la fuerza de trabajo. En junio de este año, en cambio, los cesantes son 43.000 personas en el Gran Santiago.

En Chile la población crece rápidamente, mientras los sectores industrial minero y comercial —controlados en su mayor parte por empresas extranjeras— lo hace con lentitud. Además, las empresas utilizan tecnologías importadas, que significan maquinarias en las que hay que utilizar muy poca mano de obra. Por otra parte, desde el campo se desplazan grandes contingentes de campesinos, debido a las fallas de un sistema de explotación de la tierra basado en el latifundio.

A esto hay que agregar el pánico financiero que siguió a la victoria electoral de Salvador Allende. Agrega la publicación del Instituto de Economía: "De septiembre a diciembre de 1970 se produce un fuerte incremento en la tasa de desocupación abierta que alcanza al 8,3%, en parte porque la construcción pública estaba en 1970 en los niveles más bajos de los últimos años, y en parte porque algunos sectores de derecha provocaban una crisis artificial de producción y, por ende, de empleo; agregúese a esto la incertidumbre del sector privado con respecto a algunos planes del gobierno popular". El cierre de industrias, la paralización de construcciones y la corrida bancaria fueron algunas de las muestras de esta situación.

La recuperación que se ha registrado desde entonces hace necesario estudiar las características del período actual. Los empresarios de la construcción pedían hace algunas semanas una reforma a la ley de inamovilidad, aduciendo que en ella estaba la limitación que los impedía contratar personal temporalmente. Justamente en esta área radica una de las debilidades de la política del gobierno, ya que no se ha definido claramente el papel de las empresas. En Concepción se realizó hace algunos días un encuentro entre autoridades del Ministerio de Vivienda y empresarios de la construcción. El gobierno quería saber qué planes tenían. Sólo uno de los asistentes tenía un proyecto. Fue aprobado de inmediato, y se le prometió todo el financiamiento requerido. El gobierno está entonces dependiendo de la respuesta de los empresarios que, a su vez, presionan por distintos medios.

Los economistas opinan que esos problemas no se resuelven con leyes. Refiriéndose a la modificación de la ley de inamovilidad, acotan: "La solución de la desocupación no pasa por las leyes. Mucho más importante es dar cabida a la iniciativa de las masas de cesantes; reactivar los comités y acoger sus ideas. La ley de inamovilidad defiende los intereses de los obreros organizados. Pero no hay que olvidar que en Chile la clase obrera no organizada llega casi a un 50% del total".

En el área ya estatificada debe reflejarse, por otra parte, la política de empleo del gobierno, en el sentido ya definido de utilización de la reserva productiva. Una de las atribuciones de los Consejos de Administración —que están comenzando a ser elegidos por los obreros y empleados de las industrias estatificadas— es reglamentar la contratación de personal. Los Consejos de Administración, integrados por cinco representantes de los trabajadores, cinco del gobierno y el interventor, tienen a su cargo la toma de decisiones en las industrias. En la industria Yarur, que eligió este organismo hace algunos días, se debate ahora el problema del incentivo. Para un sector de los trabajadores es necesario ir a una modificación del sistema actual —impuesto por un experto norteamericano, en tiempos de Amador Yarur— que significa la explotación del hombre por la máquina. Una modificación en el sistema significaría la necesidad de contratar personal adicional, para que fuera inferior el número de máquinas por persona. La discusión se centra entonces en cuál es el costo social del aumento de la productividad, y si el objetivo de aumentar la producción debe primar por sobre cualquier otra razón, aunque ésta sea la superexplotación del hombre por la máquina.

En el área estatificada, y en aquellos proyectos incluidos por ODEPLAN en el Plan Sexenal de Desarrollo, el criterio del efecto-empleo debe estar presente al hacer la planificación de nuevas maquinarias y tecnologías. Esto ya aparece considerado en cierta forma por ODEPLAN, en sus proyectos.

Los proyectos que el gobierno ha lanzado hasta ahora para combatir la cesantía se han concebido sin mayor vinculación con la masa: Operación Empleo, Operación Invierno, han creado grandes expectativas y relativamente pocos empleos, por carencias de fondos y falta de capacidad administrativa. El enfoque ha sido entre paternalista y populista. Las iniciativas surgidas de los pobladores mismos, muchas veces no encuentran eco. En el Campamento "26 de Julio", los pobladores elaboraron un plan con estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. El plan consistía en crear huertos comunes dentro de la población, para abastecerse de frutas y verduras, y venderlas en poblaciones vecinas. El dinero obtenido iría a la construcción de policlínicas, escuelas y centros culturales para la población. En el Ministerio de la Vivienda la idea no tuvo mayor acogida.

Los pobladores sin casa de Concepción, reunidos en un congreso regional, acordaron recientemente proponer la formación de "brigadas de trabajadores", empresas constructoras del Estado, que contraten el trabajo asalariado de los cesantes de las poblaciones. Esa es la respuesta que dan los pobladores al boicot de la Cámara Chilena de la Construcción, por un lado, y al problema de la cesantía, por otro.

La deficiencia general de la movilización de masas en esta etapa del proceso chileno, se hace presente en la desvinculación de la política de empleo del gobierno con las or ganizaciones populares, hecho que se ha su perado en alguna medida con la creación de los Comités de Cesantes.

L.S.T.


Debate

TRES PASOS ATRÁS; NINGUNO ADELANTE

La crítica debe hacerse a su debido tiempo.
No debe acostumbrarse a criticar recién cuando ya ha sucedido algo.
Mao "Sobre la cuestión de la unión cooperativa en la agricultura"

EN LA provincia de Talca ha sucedido algo que como experiencia en cuanto al destino de los fundos expropiados por el Gobierno Popular es de gran interés. Las tres federaciones de obreros asalariados han presentado un pliego de peticiones a todos los empresarios agrícolas. Lo nuevo está en que entre estos empresarios agrícolas se encuentran los asentados, representados por la Federación de Asentamientos.

Igual que en los fundos, este pliego se presentó asentamiento por asentamiento, como pliego de la "fuerza laboral", es decir, de los contratados de los asentados.

La situación de los contratados de los asentamientos es seria. Solamente el año pasado fueron despedidos más de 1.200 contratados y hoy se encuentran cesantes. Los contratados trabajan en condiciones muy malas. Algunos reciben apenas Eº 20.— al día y no tienen regalías. Viven en casas miserables, sin ejercer ningún derecho dentro del asentamiento. Esto ha pasado a ser para ellos, muchos contratados temporales, una nueva forma de explotación latifundista.

La Federación de Asentamientos de Talca se ha negado a aceptar el pliego aduciendo de que es ilegal, de que ellos no son patrones. Sin embargo, tanto de hecho como de derecho sí lo son. El Comité de Administración del asentamiento firma el contrato de trabajo y hace las imposiciones correspondientes, tal como cualquier otro patrón. Y económicamente el contratado es simplemente un asalariado que no posee otra cosa que su fuerza de trabajo que ofrece en el mercado. Y si por un lado está el asalariado, por el otro está el capitalista, aunque sea en su forma pequeño burguesa, como asentado.

El pliego de peticiones presentado a los asentados, pues, es la culminación de un proceso de clarificación de las relaciones sociales impuestas por los asentamientos. Es la expresión concreta y clara de la división provocada por una forma capitalista de explotación, contradictoria por cierto. El miedo constante de los asentados de que sus propios asalariados, su "fuerza laboral" contratada, se tomen su asentamiento, es otra de estas expresiones de la división de clase provocada por el asentamiento.

En el último número de PF vimos que aún no hay una definición sobre el destino de los fundos que se expropian durante el Gobierno Popular, si es que dejamos de considerar la constitución de muchos asentamientos.

Si sumamos los mil latifundios expropiados este año a los 1.200 expropiados por la DC, entonces tenemos que en 2.200 predios, o sea, en más de la mitad de lo que era el latifundio terrateniente, se mantendrán relaciones de explotación, relaciones de asalariados y capitalistas, aunque estos capitalistas sean tremendamente roñosos. Baste recordar que la deuda que los asentamientos debieron haber cancelado, hasta el fin del año pasado, se calcula en más de 600 millones de escudos. Sumemos a esta cifra aproximadamente 400 millones que los asentamientos no van a pagar este año y tenemos que hasta fin de este año los 1.200 asentamientos democristianos dejarán de pagar la astronómica suma de mil millones de escudos. ¡O sea, por cada asentamiento se dejará de pagar un millón de escudos!

Pero no nos confundamos. Este millón de escudos por asentamiento significa la deuda que debe pagarse hasta fin de este año. Su deuda es aún mayor, ya que a esta cifra debe sumarse su deuda del próximo año, la de dos años más, etc.

Si la Federación de Talca alega que los asentados no son patrones, que no son capitalistas, tiene razón hasta cierto punto. Dentro de un régimen capitalista cualquier capitalista habría quebrado hace mucho tiempo con una deuda de tal magnitud. Pero eso no quita que, si hay alguien que mantiene a un capitalista quebrado de hecho, con un crédito ilimitado este capitalista siga explotando a sus asalariados. Y por eso nadie podrá quitarle el derecho a ese trabajador, en nuestro caso a los contratados de los asentamientos, a defender sus derechos negados por una casta de campesinos que se mantienen solamente sobre la base de un crédito ilimitado, y que significa una tremenda carga para la sociedad.

El Partido Comunista ha propuesto la formación de las llamadas cooperativas asignatarias integradas a las que la CORA asignaría la tierra inmediatamente después de expropiado el latifundio. Bajo la argumentación de que el nivel de conciencia del campesino es demasiado bajo como para permitirle comprender una forma de organización superior, la hacienda campesina, por ejemplo, se propone crear estas cooperativas, cuya diferencia con los asentamientos es que pueden estar integradas por dos o más predios con características similares o colindantes, fuera como ya dijimos, de la asignación inmediata. (Ver PF Nº 134).

Nadie puede negar que en ciertas circunstancias históricas las cooperativas se presentan como formas de organización superiores y que permiten un desarrollo hacia formas socialistas.

Pero debemos distinguir algunas cosas que son totalmente diferentes. La cooperativa es un paso de una forma de producción individual a la colectiva. Sin embargo; existe una gran diferencia entre la producción colectiva sobre la base de la propiedad privada y la producción colectiva sobre la base de la propiedad de toda la sociedad y sobre la base de un estado proletario.

Dentro del estado burgués, como el chileno, todas las formas de producción necesariamente adquieren un carácter capitalista. Es por eso que la creación del "área de propiedad social" debe ser comprendida como un desarrollo contradictorio, que por un lado va minando cada vez más el poder de la burguesía, y creando, por lo tanto, las condiciones para la conquista del poder político por el proletariado y campesinado, por el otro lado va creando las condiciones subjetivas para el enfrentamiento con la burguesía.

Pero las formas de esa "área de propiedad social" deben estar concebidas justamente dentro de un proceso de lucha contra la clase dominante.

Para esclarecer este punto veamos a Lenin. En su escrito "Sobre el cooperativismo", escrito en el año 1923, Lenin esclarece la relación entre el cooperativismo y la naturaleza de clase del Estado, según sea éste capitalista o proletario, en estos términos:

En el capitalismo de Estado, los establecimientos cooperativos se diferencian de los establecimientos capitalistas del Estado por ser privados y a la vez colectivos. En nuestra sociedad (la soviética del año 23, d.A.). los establecimientos cooperativos se diferencian de los capitalistas privados por ser colectivos, y en cambio, no se diferencian de los establecimientos socialistas, porque ambos se basan en la tierra y están aprovisionados con medios de producción que pertenecen al Estado, es decir, a la clase obrera).

Y para aclarar más su pensamiento Lenin dice:

Quiero especificar más mi pensamiento. ¿En qué consiste lo fantástico de los planes de los antiguos cooperativistas, comenzando por Robert Owen? En que soñaban con la transformación pacífica de la sociedad moderna mediante el socialismo, sin considerar cuestiones tan fundamentales como la lucha de clases, la conquista del poder político por la clase trabajadora, el derrocamiento del dominio de la clase explotadora. Y es por eso que tenemos razón si vemos en ese "socialismo" cooperativista pura fantasmagoría, si vemos algo romántico e incluso algo insulso en el sueño de que mediante un simple agrupamiento de la población en cooperativas se pueda transformar a los enemigos de clase en amigos y de transformar la guerra de clase en la paz de las clases.

En las condiciones chilenas debemos, al igual que Lenin en sus condiciones específicas, distinguir entre formas de producción colectivas sobre la base del poder burgués, es decir, del Estado burgués, y formas de producción colectivas sobre la base de todo un desarrollo hacia formas de producción socialistas y la conquista del poder político por los trabajadores.

Si en las actuales condiciones se expropia un latifundio y se le asigna la tierra inmediatamente a cooperativas, se está impidiendo justamente el desarrollo paulatino hacia una conciencia superior, y en vez de avanzar hacia una organización superior se consolida la caduca. En vez de crear etapas y fases intermedias, la asignación inmediata frena el proceso, obligando a los campesinos a comportarse como capitalistas, quiéranlo o no.

Si concebimos así la creación de haciendas campesinas, como etapa intermedia hacia la creación de una conciencia revolucionaria y hacia la creación del Estado proletario, debemos indicar una condición objetiva que hace aparecer la asignación de la tierra a cooperativas como una consolidación de estructuras ya sobrepasadas por el propio desarrollo de nuestra sociedad.

Es a partir del latifundio, es decir, a partir de una forma capitalista de producción, a partir de obreros asalariados. Las haciendas campesinas como forma intermedia hacia el Estado proletario y campesino elevan las condiciones del desarrollo de la conciencia social y naturalmente elevan también las condiciones del desarrollo de las fuerzas productivas, pues no dividen a los campesinos en socios cooperativos y no socios, crean la unidad sobre la base del trabajo directamente social, y permiten una acumulación productiva —una industrialización— sin las trabas de la producción capitalista individualista.

Esto naturalmente no quiere decir que objetivamente sea posible crear haciendas campesinas en todo el campo. Es indudable que para los pequeños propietarios agrícolas, aislados unos de otros y abandonados a una fiera explotación por comerciantes inescrupulosos, la cooperativa realmente significa el paso hacia una forma de producción superior, aun dentro del marco del Estado burgués.

Para los campesinos que salen de su condición de asalariados de un latifundista capitalista explotador, la cooperativa significa tanto subjetiva como objetivamente un retroceso. Le significa retroceder varios pasos atrás sin avanzar ninguno.

Si consideramos que en una provincia y en un año el resultado de la reforma agraria DC es que los asentamientos despiden y dejan cesantes a 1.200 contratados y que el resto de los que no son socios presentan pliegos de peticiones, ¿no es claro que con el establecimiento de las cooperativas dentro de tres años los contratados de las cooperativas estén engrosando el ya inmenso ejército de cesantes y que los que quedan presenten pliegos de peticiones a los cooperados de la UP?

La tarea ante la producción es, pues, crear las condiciones políticas que permitan el desarrollo de formas intermedias, de etapas reales hacia una sociedad superior. Esta es una tarea en cuanto al desarrollo de las fuerzas productivas de los trabajadores, y a la responsabilidad histórica que pesa sobre esa clase.

CONACHO.


Entrevista

"HAY QUE ENDURECER LA LUCHA POR EL PODER"

"EXISTE el peligro de que los beneficios derivados del aumento de utilidades a causa de la mayor producción de las industrias textiles, en poder de los trabajadores, sean utilizados con fines mezquinos, para satisfacer intereses personales o de grupos", manifestó a PF Julio Benítez, Subsecretario del Trabajo, militante del Partido Socialista.

Julio Benítez, dirigente sindical de larga trayectoria, señaló la preocupación que existe en el Partido Socialista debido a la tendencia de un sector de la Unidad Popular que preconiza la inversión de la mayor utilidad que se produzca en una distribución entre los mismos trabajadores de la industria textil.

La producción ha aumentado en forma notoria en las industrias. Yarur, por ejemplo, está produciendo alrededor de un 20% sobre los niveles anteriores. La producción de creas y otras telas de gran consumo popular se ha triplicado a consecuencia del entusiasmo de los trabajadores y de la modificación del programa de producción que da prioridad a telas como el tocuyo, la mezclilla, batista, popelina, franela y crea.

"El problema no puede reducirse a la fórmula "Ahora que producimos más, vamos a ganar más", señaló Julio Benítez. "Los ingresos deben invertirse en mejorar los fondos de atención social, construcción de hospitales y escuelas, elevar los ingresos de otros trabajadores de empresas menos productivas".

"La sola incentivación económica entraña el peligro de distorsionar la conciencia de los trabajadores y hacerles perder la perspectiva del conjunto", manifestó Benítez. "La estatización de las industrias textiles ha sido un importante paso adelante, pero el trabajador de esas industrias no puede olvidar todo lo que falta por hacer".

"Poner en primer lugar los incentivos económicos —añadió Julio Benítez— nos puede arrastrar a problemas ya vividos en otros países donde se construye el socialismo".

CONTROL OBRERO

La requisición de los monopolios estratégicos del sector textil, que también presentaban características monopólicas en el área de la comercialización y el crédito, constituye la primera experiencia concreta de participación de los trabajadores en la conducción de las empresas, en el marco del Convenio CUT-Gobierno, señaló el Subsecretario del Trabajo.

El Convenio, discutido en la última Conferencia de la CUT de Valparaíso, establece la forma en que participarán los trabajadores en las industrias del sector privado que pasan a formar parte del área social. Un proyecto de ley enviado al Congreso implementará la participación de los trabajadores.

"Es una forma totalmente nueva —señaló Benítez—, porque los trabajadores tenían antes representación en algunos consejos donde se encontraban en franca minoría y eran designados por el Presidente de la República, por lo que esa representación no emanaba de la voluntad de los propios trabajadores".

La participación se ejerce a través del Consejo de Administración, integrado por 11 personas. Cinco son representantes directos del Gobierno, que también designa a un administrador de la industria (el interventor) y los otros 5 son democráticamente designados por los trabajadores.

El Consejo es el organismo dé autoridad máxima. El administrador o director ejecutivo preside y dirime los empates. Los representantes de los trabajadores se eligen en asamblea donde participan todos los trabajadores, aunque no hubiere sindicato. El poder emana de la asamblea que puede designar, censurar o cambiar a sus representantes, de acuerdo al quórum establecido.

COMITÉS DE PRODUCCIÓN

La asamblea es presidida por el Sindicato o el organismo gremial que exista. Si hay más de uno, el mayoritario. Las reuniones deben celebrarse cada dos meses, sin perjuicio de que haya asambleas extraordinarias. 

La asamblea elabora planes y políticas, controla su ejecución, supervisa la política que aplican sus representantes en el Consejo y, en general, todo lo que el Consejo realiza.

Los comités de producción por sección o taller, constituidos por todos los que allí trabajan, se orientan a mejorar la producción, cuidar el funcionamiento normal de la maquinaria, sugerir medidas de mejor funcionamiento, vigilar que se cumpla el plan de la sección y evitar el sabotaje reaccionario.

De los 5 representantes ante el Consejo, tres provienen del sector productivo (obreros), uno del sector administrativo y otro del sector técnico.

El sindicato único o el organismo mayoritario subsiste y continúa representando a los trabajadores ante la administración. Y para coordinar la labor del comité de producción y el sindicato, se ha creado un Comité Coordinador de los Trabajadores, integrado por los cinco representantes ante el consejo y la directiva sindical.

PELIGRO DE LA BUROCRATIZACIÓN

"Hay hechos que demuestran que el cargo de dirigente debe ser incompatible con el de miembro del Consejo porque el tiempo se hace insuficiente, la dirección sindical queda marginada de la actividad interna de la industria y se crean condiciones para el surgimiento del burocratismo en la dirección sindical", señaló Julio Benítez.

"La tendencia a la burocratización es un problema latente que se ha producido en otros países y que debemos evitar. Los trabajadores miembros del Consejo en esos países —señaló J. B.— han dejado de ser trabajadores permanentes y activos en la misma industria. Es por eso que los compañeros que participan en el Consejo deben seguir en el cargo de obrero y no percibir ninguna renta especial por ese trabajo, porque ya en una asamblea de Cemento Polpaico, hubo críticas de parte de los propios trabajadores contra compañeros que dejaron de trabajar después de ser elegidos miembros del Consejo".

"En Chile se da comienzo recién a la integración de los trabajadores al Gobierno de la UP a través de las industrias y empresas que están pasando al área social. Si tenemos ministros, subsecretarios o altos jefes que han salido de la clase trabajadora, también es primera vez en Chile que los trabajadores son parte integrante de la marcha y destino de la empresa y de la marcha y destino del país; y por este proceso de convertir la propiedad privada sobre los medios de producción en propiedad social iremos transformando la sociedad de capitalista en sociedad socialista".

PAPEL DE LA VANGUARDIA

"Es incuestionable —precisó JB— que en este proceso de desarrollo social hacia el socialismo, los partidos de la clase obrera tienen un papel primordial como vanguardia. Y precisamente en estos momentos en que recrudecen los crímenes políticos, se demuestra que la clase poseedora de los medios de producción y el imperialismo defienden sus intereses a sangre y fuego, de manera que la lucha por el poder adquiere la violencia propia de la lucha del explotado contra el explotador".

"Esta etapa —añadió el Subsecretario del Trabajo— sólo podrá ser superada por una eficaz dirección revolucionaria en que las masas sean actores y autores del proceso revolucionario chileno, que terminará por establecer definitivamente el socialismo. Frente a la agresión criminal no cabe otra respuesta que endurecer la lucha por el poder, sin otra contemplación que los intereses de la clase trabajadora y del país. Hoy más que nunca cobra plena vigencia la frase de Ernesto Che Guevara: "A la violencia reaccionaria debemos oponer la violencia revolucionaria".

ERNESTO CARMONA


Notas:

1. Sergio Bitar, "La inversión privada extranjera en la industria chilena", "Panorama Económico", Núm. 257, septiembre 1970.

2. Sergio Aranda, Alberto Martínez, "Estructura Económica; algunas características fundamentales", en "Chile Hoy", Stgo. 1970, pág. 26.

3. Orlando Caputo y Alberto Pizarro, "Desarrollismo y Capital Extranjero", Stgo. 1970, pág. 115.

4. Aranda y Martínez, op. cit. pág. 83.

5. Caputo y Pizarro, op. cit. pág. 84.

6. Caputo y Pizarro, op. cit. pág. 95.

7. Ver, "Detrás del Cobre", artículo de Mario Vera, Cuadernos de la Realidad Nacional, enero de 1970.

8. "Se paga por el valor del yacimiento. Al establecer un precio, dependiendo de él la rentabilidad, se está considerando la menor o mayor riqueza del mineral. La materia prima en la producción de cobre es el mineral. Si el yacimiento es rico el costo de lograr el cobre es bajo y la rentabilidad es alta; si el yacimiento es pobre el costo de producir el cobre es alto y la rentabilidad es baja. Por eso que la mayor o menor riqueza del yacimiento influye en la rentabilidad y al expropiar sobre esta base se considera el valor del yacimiento. (Mario Vera, art. cit.).

9. Por ejemplo, la reforma educacional tendió a formar entes tecnocráticos, funcionales a la extranjerización económica.

10. Aranda y Martínez. op. cit.

11. Aproximadamente un 17% de los grandes empresarios o sus familiares son dueños de más de un latifundio. Entre los dueños de propiedades múltiples el término medio indica cerca de tres fundos por empresario (James Petras, "Negociadores políticos en Chile", Monthly Review, enero-febrero, 1970).

12. El carácter funcional de la Reforma Agraria emergía de la propia ley, pues ésta no es imperativa sino que opcional. Ello facultó al gobierno decidir cuáles tierras debían ser expropiada y cuáles no.

13. Ver Pedro Vuskovic, "Distribución del Ingreso y Opciones de Desarrollo", septiembre 1970, Cuadernos de la Realidad Nacional.

14. Basta señalar que el programa petroquímico diseñado en Chile, que está íntimamente ligado al capital y tecnologías extranjeros y que totaliza aproximadamente 160 millones de dólares, con 4 grandes complejos que en total reúnen 11 plantas, ocupará sólo alrededor de 950 personas. (Caputo y Pizarro, op. cit. pág. 112).

15. Incluso, lo que en los primeros años de gobierno el Estado otorgó, le fue nuevamente devuelto a través de los impuestos. Entre 1964-69, el alza de los impuestos se calcula en un 10%.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02