El MIR responde a Frei

PUNTO FINAL
Año V. Nº 134
Martes 6 de julio de 1971

GUARIPOLA DE LA DERECHA

LA derecha política está reorganizando sus filas para apuntar sus cañonea contra el gobierno de la Unidad Popular, un caso concreto fue la censura a la mesa de la Cámara de Diputados, la rama del Parlamento que controlaba la UP. Otro punto del encuentro derechista es la elección complementaria de un diputado por Valparaíso. Para enfrentar al candidato de la UP, el socialista Hernán del Canto, el PDC, el Partido Nacional y la Democracia Radical, que hacen el trío reaccionario, designaron candidato a Oscar Marín, un médico que perteneció al ala derecha del Partido Radical y que, según dice, ingresó hace tres meses a la Democracia Cristiana.

A pesar de sus esfuerzos, el PDC no puede ocultar que su candidato en Valparaíso lo nominó de común acuerdo con el PN y la DR. Es un candidato que hace gala de un anticomunismo enfermizo. Este es el requisito que la derecha tradicional exige a la Democracia Cristiana para convertirla, otra vez, como en 1964, en guaripola de los sectores conservadores del país. El principal beneficiado de esa política hace siete años, Eduardo Frei, ha vuelto al país para fortalecer una línea que permita echar máquina atrás en el proceso que ha iniciado nuestro pueblo, rumbo al socialismo.

Evidencias como éstas, acerca del verdadero papel político que juega la DC, ayudan en todo caso a nuestro pueblo. Le permiten comprender más claramente el significado de la lucha actual, distinguir dónde se ubican sus enemigos y tomar conciencia de que los trabajadores deben actuar directamente, encabezando el proceso hacia el socialismo, no permitiendo que su oportunidad histórica se malbarate en recintos como el Congreso, donde los reaccionarios pueden hacer libremente su juego antipopular.

PF


Polémica

EL MIR RESPONDE A FREI

¡CONTRA LA OFENSIVA SEDICIOSA DEL FREISMO Y LA DERECHA,
MÁS FABRICAS Y FUNDOS PARA EL PUEBLO!

A partir del atentado que ultimó a Edmundo Pérez Zujovic se creó una nueva situación política en Chile, que llevó a un plano más agudo los conflictos políticos y sociales que se venían cristalizando desde el ascenso de la Unidad Popular al gobierno. Las clases dominantes y sus partidos representantes, el PN, la DR y el PDC, pasaron a una etapa más agresiva en su lucha contra la izquierda y el movimiento de masas, por recuperar la cuota de poder perdido. Lograron la reunificación que como clase no habían logrado alcanzar desde el 4 de septiembre, configuraron una nueva estrategia, se plantearon nuevos objetivos y pusieron en práctica nuevas tácticas. Entregaron el liderazgo de la contraofensiva reaccionaria a Eduardo Frei y delinearon públicamente su estrategia en el discurso que éste pronunció en el Teatro Caupolicán.

El definitivo desplazamiento del PDC a la derecha y el inicio de una nueva contraofensiva reaccionaria son cuestiones que definen la nueva situación política. Todo eso debe llevar a la izquierda a evaluar el camino recorrido en los últimos meses y desde allí definir los próximos pasos. Ello debe hacerse golpeando y desenmascarando la estrategia política del freísmo y la derecha. Esto es lo que sin pretensiones de tutoría política sobre nadie y sin evadir las cuotas de responsabilidad que nos corresponden, queremos analizar en esta oportunidad.

Pero hay también otras razones que nos empujan a exponer públicamente lo que pensamos. Durante las últimas semanas, la derecha y el freísmo a través de declaraciones, discursos en el Parlamento, y por medio de sus diarios, se han esmerado en criticar y golpear públicamente al MIR. Unas veces se han remitido para ello a lo que pensamos, hemos hecho o dicho; otras, las más, nos han supuesto apreciaciones o actividades. Han tratado por todos los medios de separar al MIR de la UP, de elevar al primer plano las diferencias entre nuestra organización y la UP, de inducirnos a atacar al PC o éste a nosotros, etc.

Por desgracia, algunos sectores y personeros de la UP se han dejado arrastrar por estos llamados y en plena arremetida reaccionaria han creído que es el momento de abrir la polémica en el seno de la izquierda, "de exigir al MIR que se defina", o que "medite".

Para nosotros una de las peculiaridades fundamentales que se han dado en este proceso político en Chile, es el entendimiento entre la UP y la izquierda revolucionaria. Este entendimiento es lo que ha permitido cohesionar a los trabajadores del campo y la ciudad detrás de sus intereses fundamentales, enfrentar unidos a las clases dominantes, y así hasta aquí hacerlo con éxito, incluso abortar intentos sediciosos concretos en más de una oportunidad y evitar la dispersión ideológica y práctica de la izquierda y de los trabajadores. Al parecer la UP considera que es el momento de abrir públicamente la polémica con nosotros. Así lo haremos, en el entendido que por encima de nuestras diferencias, frente al enemigo fundamental golpearemos juntos, y que la discusión se dará en el plano de respeto mutuo en que se está formulando. Será difícil que las clases dominantes obtengan beneficios del debate, en la misma medida en que la discusión fundamentalmente se restringe a establecer cómo golpearlos más eficiente y adecuadamente.

FREI 1971: LA HIPOCRESÍA COMO BANDERA

Eduardo Frei toma el liderazgo de la contraofensiva de las clases dominantes en precisas condiciones que buscan conformar una imagen que esconda el verdadero objetivo de su ofensiva; que no es otro que detener el avance de los trabajadores que amenazan sus intereses, y defender el poder y la riqueza que hoy detentan. Así Frei se presenta como ex Presidente de Chile, que regresa dada la muerte de su amigo y "colocado por encima de Intereses o sectores", observa "abrumado" la situación de su país "y ofrece un camino".

Su discurso está fundamentalmente dirigido a las capas medias urbanas y a la oficialidad de las Fuerzas Armadas, que venían siendo cuidadosamente "trabajadas" por la derecha y el PDC, antes y después de la muerte de Pérez Zujovic; busca atemorizarlas con el Chile que describe, para luego liderearlas en su lucha contra el gobierno de la izquierda. Levanta los mismos dos objetivos que inteligentemente venía planteando la DC después de la muerte de Pérez Z.: la "disolución de los grupos armados", que no es otra cosa que la petición de represión contra el MIR, y la presión sobre la UP para que rompa con la izquierda revolucionaria; y "que cese la campaña de injurias y calumnias" que consiste en el fondo en presionar al gobierno para que se maniate en una de las cuestiones más importantes en el actual proceso: la propaganda y agitación que se pueda desarrollar a través de los medios de comunicación de masas, forma importante de elevar la conciencia de las masas, mostrándoles sus enemigos y entregándoles banderas.

Este discurso, que quiso convertirse en el llamado a la lucha contra el gobierno, la izquierda y el movimiento de masas, escondido detrás de las banderas de "paz, orden, ley y seguridad para los chilenos", es una pieza maestra del descaro, el cinismo, la demagogia y el oportunismo, y es deber de toda la izquierda desenmascararlo ante el pueblo como sedicioso, reaccionario e hipócrita. No es tanto el tiempo transcurrido ni tampoco es tonto el pueblo, para que Frei y su partido pretendan borrar su pasado y presentarse hoy vestidos con los ropajes que ayer quemaron.

Frei y la DC piden "como primera exigencia restablecer la paz, la seguridad para los ciudadanos, la mínima concordia que es condición para la vía democrática". Nadie puede sino desear lo mismo para Chile; pero ¿qué "mínima concordia" estableció Frei y la DC en Chile cuando desde su escritorio mandó a matar a decenas de mineros, pobladores, empleados, estudiantes, mujeres y niños en El Salvador, Puerto Montt, Puente Alto, Copiapó, San Miguel, etc.? ¿Qué "seguridad para los ciudadanos" existió durante su gobierno cuando se allanaron Universidades, se encarcelaron trabajadores, periodistas, parlamentarios y estudiantes, cuando se desalojaron fundos y poblaciones, cuando se torturó y flageló a estudiantes y profesores universitarios? ¿Qué "paz" existió en las calles de Chile, las que eran verdaderos campos de batalla, en las que las bombas lacrimógenas, los "guanacos", los golpes, las carreras y los detenidos, y a veces las balas, eran el pan de cada día, como resultado de su política antipopular y represiva?

Frei, el Consejo del PDC y la DC en general, hoy exigen el "respeto a la ley". No es posible exigir "respeto a la ley" sólo meses después de haber instigado y amparado el golpismo para impedir el acceso de la UP al gobierno. Si no es así, como seguramente afirmarán: ¿Por qué la noche del 4 de septiembre el gobierno declaró a ambas candidaturas como ganadoras, a Allende y a Alessandri, mientras retenía por varias horas los resultados?

¿Se atreverían a negar que el discurso de septiembre de Zaldívar acerca de la situación económica, corregido de puño y letra por Eduardo Frei, tenía por objeto crear la imagen de caos económico para justificar la renuncia de 4 ministros de Frei, así crear la crisis ministerial y a partir de ello formar un gabinete militar como forma de dar un autogolpe que impidiera el acceso de Allende al gobierno? ¿Por qué si antes de la muerte del general Schneider, el gobierno sabía que Viaux y su pandilla conspiraban, éstos no fueron detenidos? Se lo informó al ministro del Interior, Patricio Rojas, uno de los conspiradores, Vicente Huerta; lo denunciamos nosotros el 21 de octubre, 24 horas antes de la muerte de Schneider, dando incluso más de una decena de nombres de implicados, y lo confesó en Investigaciones un detenido el mismo día. Lo único que hizo Patricio Rojas, fue borrar de la declaración de este detenido el párrafo que lo implicaba. El 22 de octubre en la mañana fue asesinado el general Schneider, por los mismos que el gobierno sabia que conspiraban.

Eduardo Frei y la DC dicen: "es condición esencial de paz pública que se desarmen los grupos fuera de la ley, hay conciencia nacional que existen, que están armados". ¿De qué grupos armados nos habla el señor Frei? ¿Será de los grupos armados de terratenientes que durante su gobierno y en su conocimiento, se organizaron y armaron para defender su riqueza y privilegios y que hoy asesinan campesinos? ¿Se refiere a los grupos conspirativos de derecha que asesinaron a Schneider y que en los últimos meses de su gobierno él permitió y amparó al ni siquiera investigarlos y menos aún "disolverlos", mientras desarrollaban atentados, bombas, autoatentados, etc.? ¿O se trata de los grupos de matones a sueldo que se entrenan en el mismo local de la DC?

Pero el descaro de Frei no se detiene allí, se lamenta del "clima de odios y violencias" creado en Chile y exige su término. Olvida Frei que él subió a la presidencia en brazos de la campaña del terror más siniestra que conoció Chile, sólo comparable a la de la derecha en 1970 y a la de su partido, el PDC, en las elecciones de regidores.

Por último Frei, con hipocresía farisaica ofrece un novedoso y atractivo camino a los chilenos: la revolución en libertad, "...que a medida que pase el tiempo tomará sus verdaderos contornos ...", porque "... somos una opción, somos una alternativa, somos un camino para Chile". ¿De qué revolución en libertad nos habla? ¿La de decenas de muertos y torturados? ¿La que allanó universidades? ¿La que estancó el crecimiento económico del país? ¿La que entregó el cobre a los norteamericanos? ¿La que endeudó a Chile en más de 2 mil millones de dólares? ¿La que dejó más de 300 mil cesantes? ¿La que redistribuyó el ingreso nacional a favor de los estratos superiores a través de una inflación galopante?

Todo eso es lo que Chile y el pueblo deben preguntar a Frei. El, el PDC, el diario "La Prensa", el freísmo en general deben ser desenmascarados. Sus manos están manchadas de sangre, tienen 6 años de gobierno de qué responder, no puede permitírseles que impune e hipócritamente se pretendan levantar como jueces de situaciones que ellos crearon o de portaestandartes de banderas que ellos recién pisotearon.

Sí, señor Frei, lo que hoy en Chile está en peligro no es el orden o la seguridad de los chilenos, lo que realmente peligra y Ud. defiende es el poder y la riqueza que unos pocos quieren conservar en sus manos. Los que provocan el caos no .son las fuerzas de la izquierda ni de la izquierda revolucionaria, sino los yanquis, los terratenientes y los industriales que hoy conspiran y sabotean la producción industrial, cuprífera y agropecuaria. No fue la izquierda la que sembró el odio y la violencia en Chile, sino los que explotaron y masacraron al pueblo por décadas, y que hoy no han trepidado en acudir al crimen o a la explotación del crimen para defender sus privilegios. Eso es lo que está en juego y en disputa hoy en Chile.

LA SITUACIÓN POSTERIOR AL 4 DE SEPTIEMBRE

Como lo hemos dicho en otros documentos, el triunfo electoral de la UP y su posterior acceso al gobierno, además de incorporar a centenares de miles de personas a la lucha por el socialismo y de abrir enormes posibilidades de movilización a las masas por sus intereses, también y fundamentalmente, cristalizó y explícito la impasse entre las clases dominantes por un lado y trabajadores por el otro. En un campo están colocados la burguesía norteamericana, la burguesía industrial y agraria, dispuestos a defender su riqueza y poder por todos los medios, y por otro el movimiento de masas, la Unidad Popular, el gobierno y la Izquierda Revolucionaria, en camino hacia la conquista del poder para los trabajadores. Esto es lo que sella objetivamente, más allá de las opiniones parceladas o coyunturales, el entendimiento entre la Unidad Popular y la izquierda revolucionaria.

Las clases dominantes, a la defensa de sus privilegios, están decididas a resolver esta impasse por medio de un enfrentamiento entre ambos campos, si no se detiene el avance de los trabajadores: en un enfrentamiento que supere cualitativamente los enfrentamientos puntuales que hoy se dan en todos los niveles. Los dueños del cobre, de las fábricas y los fundos aún cuentan con enorme fuerza, ocupan importantes posiciones en el aparato del Estado, en la burocracia, en el poder judicial, en el Parlamento, en las Fuerzas Armadas, etc.

Para nosotros la tarea de la izquierda y el movimiento de masas es llevar el proceso a la conquista del poder y para ello es necesario ganar la fuerza suficiente. Estamos convencidos de que en el proceso sólo podrá avanzar si se golpea al enemigo de clase y simultáneamente se gana fuerza propia en todos los niveles; y sólo secundariamente si se neutraliza todo lo que puede ser neutralizado. Por último, para nosotros, la fuente fundamental de fuerza para el gobierno y la izquierda, es el movimiento de masas, en la medida de su desarrollo, su organización, su movilización y la elevación de su conciencia.

LOS ÚLTIMOS 8 MESES DE GOBIERNO

Los analizaremos en forma general, estudiando sólo 3 aspectos: el desenvolvimiento del gobierno, la política de las clases dominantes y el desarrollo del movimiento de masas. Lo hacemos entendiendo que, especialmente en los primeros meses, el gobierno tomó una serie de medidas de público conocimiento, envió varios proyectos de ley al Parlamento, tuvo la iniciativa de su lado y estuvo siempre a la ofensiva, definiendo, a través de todo ello, la situación política.

Después de 6 meses de gobierno, y especialmente después de las elecciones de abril, se fue llegando a un punto: que para continuar avanzando, se hizo necesario pasar a definir drásticamente una serie de cuestiones. Después de haber tomado una serie de medidas populares, de haber recorrido un trecho significativo como gobierno de izquierda, comenzaron a expresarse algunas limitaciones, producto de la situación objetiva en que estaba colocado y se desenvolvía el gobierno.

En el cobre, mientras los norteamericanos desarrollaban todo tipo de maniobras para sabotear la producción cuprífera, se aproxima un momento de definiciones para su nacionalización, alrededor del problema de la indemnización, cuyo monto pasa a determinar en gran medida si se llega o no a una ruptura con el gobierno de los Estados Unidos. En el área de los bancos, a pesar de la resistencia de la burguesía financiera, se avanzó enormemente en el nivel de la propiedad jurídica de los bancos, haciéndose eso sí enormemente difícil una redistribución definitiva del crédito, mientras el área productiva más dinámica de la economía, la industria, esté predominantemente en manos privadas. En el agro, por encima del sabotaje sistemático a la producción desarrollado por la burguesía agraria, se expropiaron centenares de fundos, tomándose posesión de la mayoría de ellos; apareciendo al mismo tiempo las limitaciones del aparato administrativo, técnico y financiero, cuando su operatividad es regida por una ley de Reforma Agraria democratacristiana, que define a favor de ciertas capas de la burguesía agraria la forma de expropiación, los problemas de la reserva, del pago de la tierra y de la cabida mínima, cuestión que no es posible de superar sino apoyándose orgánica y políticamente en los mismos campesinos. En la vivienda los planes del gobierno se han visto seriamente obstruidos por las empresas privadas de la construcción, especialmente los agrupados en la Cámara Chilena de la Construcción. En la industria la resistencia de la burguesía industrial a aumentar la producción en forma suficiente y en relación al enorme aumento de la demanda, acercó el momento de enfrentar al núcleo burgués más poderoso de la clase dominante criolla.

Al mismo tiempo el movimiento de masas que venía en ascenso desde tres años antes, continuó su avance, multiplicó su iniciativa y capacidad de movilización por sus intereses, y aprovechó las excelentes condiciones que objetivamente le ofrecen la situación creada por un gobierno de izquierda. Los obreros elevaron su conciencia, se movilizaron por sus intereses, muchos so decidieron y deciden a conquistar las grandes fábricas, a elevar sus niveles orgánicos, a participar activamente en el proceso. Los campesinos, primero los mapuches, productores de subsistencia y los pequeños propietarios sin tierra, y luego los obreros agrícolas del centro del país, dieron origen al más grande proceso de movilización y organización campesina en la lucha por la tierra de las últimas décadas. Los pobladores, primero un tanto pasivos, comenzaron también a movilizarse por sus intereses, primero en las provincias y después en Santiago. Los estudiantes después de vaciarse a los campos a concientizar, organizar y ayudar a los campesinos, comenzaron también a movilizarse.

Al mismo tiempo las clases dominantes, jugando a tres estrategias, siguieron oponiéndose al avance de los trabajadores tras la defensa de sus intereses. Sus formas estratégicas son distintas para cada sector y en los diferentes momentos, pero básicamente son intentar el derrocamiento del gobierno, su amarre previo para su posterior derrocamiento a los intentos frustrados de estancar y frenar el avance del gobierno.

Lo que estaba ocurriendo en el fondo es que comenzaban a evidenciarse las limitaciones de un camino de desarrollo de un proceso que fundamentalmente se basa en la utilización de la porción de poder del Estado conquistado electoralmente por la izquierda. Las limitaciones del camino de la ampliación del área de propiedad de todo el pueblo por la sola vía del decreto o burocrática sin movilización paralela de masas, también aparecían.

La insuficiente movilización, organización y concientización de las masas, detrás de las medidas del gobierno, no entregaba las fuerzas suficientes a la izquierda para modificar sustancialmente el marco legal que ya asfixiaba el avance del proceso. En el ausentismo de algunos sectores de trabajadores, en el espontaneísmo de otros, en los problemas de la heterogeneidad política de la UP, se comenzaba a pagar el costo social, político y económico de la vía legal de acceso al poder, y más que eso, en la débil implementación de políticas que superaran esas deficiencias.

En el seno de la izquierda, enfrentada ésta a necesarias decisiones básicas, comenzaron a surgir las polémicas, a encontrarse las tendencias más moderadas con las más radicalizadas, a llevarse a cabo medidas contradictorias, a la vez que comenzaron a tomarse algunas medidas que permitieran superar esa etapa. Sólo así pueden explicarse cómo la polémica entre Nelson Gutiérrez, miembro del Comité Central del MIR, con el Presidente de la República en Concepción, el diálogo del Presidente con dirigentes campesinos de Linares, los desalojos de fundos que nosotros rechazamos, y las limitaciones de la reforma agraria, las vacilaciones que precedieron a la intervención y requisición de las plantas textiles de los 4 más grandes monopolios, con movilización paralela de masas, la organización de los comités de vigilancia y producción en las fábricas, etc.

Esta era la situación en la izquierda y en país, cuando el atentado a Edmundo Pérez Zujovic.

LA MUERTE DE PÉREZ ZUJOVIC Y LA NUEVA SITUACIÓN POLÍTICA

El atentado que ultimó a Edmundo Pérez Zujovic y la situación política que originó posteriormente definieron objetivamente los conflictos de la situación anterior.

Tomando como pretexto la muerte de Pérez Zujovic las clases dominantes y sus partidos representantes consiguieron lo que no habían logrado alcanzar en los últimos meses: su unidad como clase. A partir de ello abrieron una contraofensiva reaccionaria y sediciosa contra el gobierno, la Unidad Popular, la Izquierda Revolucionaria y el movimiento de masas.

Innumerables discursos, declaraciones, editoriales de sus diarios llamaron desde ese momento abiertamente a la sedición [1] . Lograron levantar banderas que disfrazaran los verdaderos móviles de su lucha contra el avance del gobierno y los trabajadores, que no son otros que la defensa de su poder y riqueza. Sus objetivos aparentes, la defensa de la ley, el orden y la seguridad de los chilenos, les permiten intentar arrastrar a las clases medias urbanas y a la oficialidad de las Fuerzas Armadas detrás de sus políticas sediciosas.

Pero lo fundamental consistió en que el freísmo democratacristiano logró imponer en definitiva su política reaccionaria; el PDC se desplazó abiertamente a la derecha, formó un bloque con el PN y Democracia Radical, creando así una nueva situación política, al cerrar la posibilidad del entendimiento parlamentarlo entre la UP y la DC, para por esa vía caminar en el sentido del cumplimiento del programa. La alianza de la derecha con el freísmo se expresó en la elección del Rector de la Universidad de Chile, en la caída de la mesa de la Cámara, en una candidatura conjunta en Valparaíso, etc. No es el momento de lamentar el desplazamiento a la derecha de la DC, de magnificar el peso y las posibilidades de la izquierda cristiana o de intentar sujetar un partido que se despeña por la pendiente de una política reaccionaria.

Todo esto más allá de las opiniones e intenciones, coloca las cosas objetivamente con sólo un camino para poder seguir avanzando: recuperar a través de la movilización de las masas la fuerza perdida en el campo parlamentario.

Sólo una efectiva movilización de las masas, en todas sus formas, que parta de los fundos, las fábricas y las poblaciones, alrededor de los problemas concretos de las masas y detrás de la lucha por la satisfacción de sus aspiraciones, permitirá quebrarle la mano al freísmo. Sólo una movilización que muestre a las masas claramente quiénes son sus enemigos, que le entregue banderas y que le permita las formas de lucha que son movilizadoras en la práctica y que entregan conciencia y organización a las masas, será realmente eficiente. La bandera de la producción es un objetivo justo y adecuado en la medida que busca satisfacer las necesidades materiales de las masas. Pero no puede ser la única, ni la fundamental. La producción en Chile está amenazada, no aumenta, no por un mal designio de los dioses o por magia negra. La producción no aumenta suficientemente porque los medios de producción están predominantemente en manos privadas, y éstos, los grandes propietarios de fábricas y fundos, sabotean la producción. Es responsabilidad de los grandes propietarios capitalistas el aumento de la producción y no de los trabajadores. La tarea de los trabajadores no es solamente aumentar la producción, sino vigilar y fiscalizar que los patrones aumenten la producción, la tarea es luchar contra el sabotaje de la producción que desarrollan los patrones, y si éstos persisten, entonces golpearlos y hacer sus fábricas y fundos propiedad de todo el pueblo. Los problemas de la economía y de la producción no están colocados por encima de la lucha de clases, no pueden levantarse banderas para los trabajadores que les obscurezcan quiénes son sus enemigos. La lucha por elevar la producción sólo puede darse como combate contra el sabotaje patronal, por la conquista de las grandes fábricas y los fundos para el pueblo, así la gran batalla de hoy, la gran bandera de los trabajadores, el gran objetivo del momento es la batalla de la conquista del poder de la cual la batalla contra el sabotaje de los grandes patrones es una parte.

LA UNIDAD POPULAR Y EL MIR

Ya en líneas anteriores nos referimos a la importancia que le conferimos al entendimiento entre la UP y nosotros, a los frutos que este entendimiento ya ha dado. Durante los últimos meses en innumerables ocasiones distintos sectores y personeros de la UP se han referido críticamente a algunas posiciones que sostiene el MIR; paradojalmente ha insistido con mayor fuerza el Partido Comunista en los mismos días en que la DC y la derecha arremetían contra la izquierda y el movimiento de masas, a la vez que esta misma fuerza política no respondía a las agresiones democratacristianas o lo hacia débilmente. A través de declaraciones de la Comisión Política, del discurso de Gladys Marín en la Conferencia de sus Juventudes, en la respuesta del joven Carlos Cerda a Nelson Gutiérrez y, por último, en el discurso del compañero Cademártori en el Pleno último, el PC insistió en sus criticas públicas a nuestras políticas. Ya hemos dicho públicamente que es el momento de cerrar filas en la izquierda frente a la arremetida del enemigo, y pensamos que la discusión ideológica ya planteada no debe debilitar sino fortalecer al conjunto de la izquierda, especialmente si se da en el plano del respeto mutuo. Posteriormente la Unidad Popular emitió una declaración en que también hizo mención crítica a nuestras políticas.

En repetidas oportunidades, y con frecuencia recientemente, se insiste en la condena a "las tomas indiscriminadas de tierras", "las tomas de casas y departamentos" y a "las tomas de pequeñas industrias y pequeñas propiedades agrícolas". No creemos útil, por fácil que resulte, que se abra combate contra molinos de viento, en contra de posiciones que nosotros no sustentamos. No somos partidarios de las "tomas indiscriminadas de tierras", condenamos las "tomas de casas y departamentos" y no impulsamos las "tomas de pequeñas industrias y pequeñas propiedades agrícolas". Se ha insistido en que "el MIR se defina"; no es el MIR quien debe definirse; es el PC el que debe definirse, no acerca de las "tomas indiscriminadas de tierras", sino si las tomas de grandes fábricas y fundos son o no una forma legítima de lucha de los trabajadores. Lo mismo debe hacer la UP.

Creemos también que las formas de lucha del campesinado y la clase obrera deben estar de acuerdo a la situación actual, a la experiencia concreta y a la eficiencia demostrada o no. Existen otras formas de lucha de los trabajadores, además de las tomas, y también las desarrollamos. Pero creemos legítimo, midiendo la correlación nacional de fuerzas en cada momento y existiendo ciertos niveles necesarios de organización y conciencia de los trabajadores en cada frente concreto, la toma de un fundo cuando un terrateniente no siembra, despide a sus trabajadores, desmantela los fundos, faena indiscriminadamente animales y sabotea la producción. Creemos también legítimo que, entre otras formas de lucha, los obreros se tomen las grandes fábricas de patrones que sabotean la producción, que despiden obreros o que no quieren aumentar suficientemente la producción, a pesar de la demanda.

La experiencia de meses de lucha del MCR en los campos, en el centro y sur del país, nos ha enseñado que la toma como forma de lucha es movilizadora, entrega organización y eleva la conciencia de los trabajadores. Similar experiencia hemos tenido a través del FTR, corriente de opinión en el seno del movimiento obrero, existiendo eso sí en la industria otras formas de lucha que aumentan las posibilidades de fórmulas a través de las cuales movilizar a los trabajadores. No puede hablarse de impulsar la movilización de las masas como tarea fundamental, si previamente se desahucian las tomas de fundos y grandes fábricas. No puede atribuirse a los trabajadores que luchan por hacer las grandes fábricas y los fundos propiedad de todo el pueblo, la responsabilidad del sabotaje patronal, o del caos que crean los grupos conspirativos de derecha, o los patrones buscando un desabastecimiento, y que expío tan los medios de comunicación de masa reaccionarios.

LAS TAREAS DEL MOMENTO

Creemos necesario mantener el entendimiento entre la Unidad Popular y el MIR. Estrechar el entendimiento entre todas las fuerzas de la izquierda, especialmente ahora que ha sido abierta públicamente la discusión ideológica, cohesionar y mantener una férrea unidad de todos los trabajadores en el campo y la ciudad, y cerrar filas frente a la contraofensiva reaccionaria y sediciosa de la derecha y el freísmo.

Debe ser desenmascarada la hipocresía democratacristiana, debe ser denunciada la política sediciosa que hoy levanta la derecha y el freísmo. Hoy más que nunca los trabajadores deben continuar su avance. La movilización de las masas, elevar su conciencia y organización, a partir de las fábricas, fundos y poblaciones, a través de formas de lucha adecuadas es la tarea fundamental, y es lo único que permitirá dar con éxito la batalla fundamental: LA BATALLA POR LA CONQUISTA DEL PODER PARA LOS TRABAJADORES.

SECRETARIADO NACIONAL
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (MIR)

Santiago, julio de 1971.


Análisis

ENSEÑANZAS DE LA CRISIS DE JUNIO

LA crisis política motivada por el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic fue radicalmente distinta a la que acompañó al asesinato del general Rene Schneider.

En octubre de 1970, el crimen político, practicado por agentes de la derecha, constituía una pieza de un vasto complot, destinado a impedir la concreción del triunfo electoral de las fuerzas populares; en junio de 1971, el atentado terrorista, aunque sirviendo a los objetivos de la reacción, fue la obra de un grupo de izquierdistas equivocados, dando el pretexto para que los partidos burgueses desataran una ofensiva en contra del gobierno y, en particular, en contra de la izquierda revolucionaria. En el primer caso, el general Schneider, lo que se tenía al frente era un intento abierto de asalto al poder, por parte de la reacción nacional y extranjera; en el segundo, el de Pérez Zujovic se verificó una movida en el ajetreo político, mediante la cual la burguesía ganó posiciones en detrimento de la izquierda en su conjunto, progresando en sus preparativos para intentar más adelante el derrocamiento del gobierno popular.

Pese a esas diferencias, hubo semejanzas: el estado de emergencia, acompañado de toque de queda; el recurso abusivo de los servicios de represión, y la negativa, por parte de los partidos que integran la Unidad Popular, a apelar directamente a la movilización de las masas. Cuando éstas fueron llamadas, ya la crisis estaba en lo esencial resuelta, y de lo que se trataba era de introducir, mediante la concentración pública, un elemento de presión extraparlamentario para detener la ofensiva derechista y democristiana en el Congreso.

Esto quiere decir que la UP se inclinó a enfrentar la crisis de junio de manera similar a como enfrentó la de octubre de 1970. Y esto cuando mediaba entre las dos una diferencia fundamental: en octubre de 1970, la UP no era todavía gobierno, como lo era en junio de 1971.

Ahora bien: una de las lecciones básicas del marxismo-leninismo consiste en que el Estado es un instrumento de la lucha de clases, instrumento que la clase dominante (sea cual fuere) utiliza para derrotar a las demás clases, doblegar su resistencia y afianzar su dominación.

Lo específico de nuestra situación reside en que, en Chile, los trabajadores no han conquistado todavía el poder del Estado, en circunstancias de que la burguesía tampoco lo puede utilizar totalmente, ya que no controla su principal elemento: el gobierno. Este se encuentra en manos de una fracción de la izquierda, apoyada por el conjunto de las fuerzas revolucionarias.

¿Quiere decir esto que el Estado desaparece como instrumento de la lucha de clases en Chile? No, quiere decir tan sólo que las distintas clases o fracciones de clases utilizan parcelas del Estado, en la medida de sus capacidades.

Se ha visto ya cómo la burguesía se sirvió del Poder Judicial, que sigue bajo su control, en el episodio protagonizado por Morales Adriasola. Se ve ahora cómo la burguesía, y específicamente la DC, tratan de manejar su mayoría en el Congreso como elemento de presión sobre el gobierno de la UP y forzarlo así a una transacción, cuyo principal objetivo (presentado bajo la consigna de "disolución del GAP y demás grupos armados de izquierda") es la represión a la izquierda revolucionaria.

Pero si la burguesía usa de todos los poderes que posee a nivel del Estado, no pasa lo mismo con la UP. Esta se vanagloria de detentar el gobierno, y se olvida que detentar el gobierno implica una responsabilidad definida en la lucha de clases, cuyo primer requisito es que el gobierno no siga funcionando al viejo estilo, a lo burgués.

Por lo contrario, esa responsabilidad se define por el hecho de que, a través del gobierno, las masas dispongan de mejores condiciones para intensificar su lucha contra los explotadores nacionales y extranjeros, principalmente en momentos —como el que vivimos en junio— en que éstos maniobran para detener su avance.

Se observa en la UP la tendencia a entender el avance de las masas como proceso de tipo exclusivamente económico, que se verifica mediante la ampliación de la participación de los trabajadores en la gestión del aparato de producción. Nadie duda de que esto es importante, y que la historia nos ha puesto ante una mezcla de etapas que otros pueblos vivieron de manera distinta. En otros términos, en otras circunstancias, esa ampliación de la participación obrera y campesina se ha verificado después de la conquista del poder político, cuando ya la burguesía como clase había sido derrotada. Entre nosotros, se presenta antes.

Pero el hecho de que nuestro proceso sea más complejo, no autoriza a nadie, y menos a los verdaderos leninistas, a confundirse en lo referente a etapas y a enemigos. Nuestro enemigo ahora es todavía la burguesía y el imperialismo, y queda por cubrir la etapa de derrotarlos en el plan político. Las tareas económicas que la UP se plantea sólo son válidas en la medida en que crean mejores condiciones para esa lucha política. Lo mismo vale para las tareas de gobierno que nuestro proceso empezó a plantear antes de que el enemigo de clase hubiera sido definitivamente derrotado y que los trabajadores tuvieran en la mano todo el poder del Estado.

En esta etapa, el accionar del gobierno no puede confundirse, bajo ninguna hipótesis, con el accionar de un gobierno burgués: debe ser cualitativamente distinto, para que los trabajadores reconozcamos en él la defensa de nuestros intereses de clase y para que las capas vacilantes, capaces de ser atraídas al campo de la política proletaria, vean claramente en qué consiste un gobierno que expresa los intereses de los trabajadores.

Para que sea cualitativamente distinto, el accionar del gobierno tendrá que orientarse siempre, pero principalmente en los momentos de crisis, contra la burguesía y el imperialismo, así como permitir siempre, pero principalmente en las crisis, que los trabajadores realicen lo que no pueden hacer bajo un gobierno burgués: organizarse y movilizarse activamente, participando de hecho en la orientación y en la solución de cada problema, pero principalmente de aquéllos que han dado motivo a las crisis.

Más allá de esforzarse por solucionar las crisis (lo que es su deber), el gobierno debe pues aprovecharlas para: a) señalar a las masas sus enemigos de clase y desenmascarar su acción; b) hacer a las masas conscientes de su responsabilidad en los asuntos políticos, sacando a éstos de los gabinetes ministeriales y oficinas públicas a las fábricas, fundos, poblaciones, escuelas; o facilitar a las masas el cumplimiento de su responsabilidad política, impulsando hacia niveles siempre más altos su grado de movilización y organización, es decir, aumentando su capacidad de combate.

El gobierno popular aparece así como una situación de transición entre la fase de preparación y la fase de toma del poder por los trabajadores. En términos políticos, esto quiere decir que el gobierno popular es el instrumento que las fuerzas revolucionarias pueden utilizar para en condiciones privilegiadas llevar a cabo las tareas propias de la fase de preparación para la toma del poder: educar a las masas en la acción, templarlas en el fuego de las luchas de clases, impulsar su desarrollo ideológico y orgánico.

Es por lo que el gobierno popular no puede actuar solamente desde arriba, como lo hacen los gobiernos burgueses, y menos aún echando mano puramente de los aparatos represivos, sino que debe combinar el, manejo de los instrumentos de gobierno con la más amplia movilización de las masas.

Es así como las masas trabajadoras irán ganando experiencia política y reforzando su potencial de organización y acción. Es así como, frente a cada situación de crisis, la burguesía pensará dos veces antes de explotarla, porque sabrá que tendrá que habérselas con las masas trabajadoras. Es así como, en el momento en que la desesperación lleve a la burguesía a actuar, los trabajadores, templados en los combates políticos, se alzarán como un puño cerrado para aplastarla de un solo golpe.

J. C. M.


Puntillazos

SEMBRADORES DE ODIOS

SERGIO Onofre Jarpa, el camisa parda que hace de Führer del Partido Nacional, se ha convertido en "experto" del marxismo-leninismo, claro que a su manera. Es un exegeta de la teoría revolucionaria, a su modo. Le gusta interpretar a los clásicos del pensamiento revolucionario, a su amaño. Toda esta labor de "esclarecimiento" la hace el Führer Jarpa como le sale de los fondillos, al divino botón. El empedernido conspirador se entretiene con eso, tratando de demostrar que los marxistas-leninistas son marxistas-leninistas, que los revolucionarios —¡oh sorpresa!— son revolucionarios, que el socialismo —¡qué novedad'— significa la socialización de los medios de producción.

Ni siquiera en Chile, arrinconado en un extremo de la América del Sur, donde las novedades tardan en llegar y mucho más en ser conocidas, un individuo como Jarpa puede pretender ser original "descubriendo" el marxismo-leninismo. Hace medio siglo que la ideología proletaria campea por sus fueros en el mundo. Poco más o menos el mismo tiempo que esa ideología existe en chile y que la clase obrera la ha hecho suya. Pero viene Jarpa, mezcla criolla del Führer alemán y del Duce italiano, y pretende hacer creer a los chilenos que él es el colmo de inteligente, que ha reparado en lo que nadie se había percatado, que los revolucionarios chilenos sustentan la ideología marxista-leninista, que la clase obrera chilena pretende crear una nueva sociedad donde nada tendrán que hacer los explotadores.

Está bien que Jarpa sea idiota. Buena parte del país lo conoce. Pero es el colmo que él trate al resto del país como si también lo fuera. El analfabetismo político solamente se da, en nuestro país, en círculos como a los que pertenece Jarpa, donde la historia se queda enredada entre telarañas en el fondo de baúles, mezclada con refajos, miriñaques y peinetones de carey.

Cuando Jarpa busca y rebusca en textos de Marx, Engels y Lenin, para encontrar "pruebas" del complot contra la "democracia", nace el más soberano ridículo. Es lo mismo que le pasa a su socio, Sergio Diez, el pelado de la televisión, que domingo a domingo hace las delicias del público con sus acrobacias y piruetas en el programa "A tres bandas". Ambos, Jarpa y Diez, se barajan con infolios y cartapacios, libros y folletos, papelitos y apuntes, en una afiebrada rebusca de pruebas para demostrar que el marxismo-leninismo es la ideología revolucionaria.

Lo que no alcanzan a filtrar en la TV o en el generoso espacio que les dedica "El Mercurio", lo cuelan en el diario "Tribuna", que es una especie de excusado donde depositan los detritus de su quehacer político. Y si todavía les sobra, entonces ponen sus huevos en las canastas de PEC, Sepa o Impacto.

De esta manera, asistidos por mercenarios que llevan seudónimos de batalla como "El Maraco", "El Octópodo" y otros, los jefazos de ese gang que es el Partido Nacional, de cuyas filas salen los asesinos de comandantes en jefe del Ejército, se han convertido en divulgadores, a nivel primario, de la teoría revolucionaria, amañando —claro está— textos, fechas, situaciones históricas, etc. Creen en todo caso, que hacen un "descubrimiento", que son los Colón del universo revolucionario. Su belicosidad, su agresiva actitud publicitaria, no impide comprobar lo asustados que están, llenos de pavor y de pánico porque presienten que la teoría que han "descubierto" lleva a la desaparición de la clase social que ellos representan. Es el ocaso de la burguesía lo que aparece patente y claro en cada párrafo que ellos escogen para "agredir" a los revolucionarios chilenos.

Para la gente de PUNTO FINAL, sin duda, debe ser un timbre más de orgullo ser atacados por esta gentuza, especie de cuervos de la burguesía. Esta revista, a la que a diario se hace mención en la prensa reaccionaria, en los discursos derechistas en el Parlamento, en los foros de televisión donde actúan esas aves de mala ralea, se ha ganado con razón el odio de los golpistas, reaccionarios y sediciosos como Jarpa, Diez, Bulnes, o los escribas de "El Mercurio", "Tribuna", "La Prensa", PEC, etc. Escupen odio y veneno contra PF y sus redactores en cuanta tribuna pillan disponible. También han "descubierto" que PF es una revista revolucionaria. Esa campaña de odio contra PF no puede sorprender a nadie. Como así tampoco que antes esos ataques a PF y sus redactores no encuentran casi ninguna defensa de parte de los sectores de izquierda. Hay quienes han dejado solos a Lenin, a Marx, a Engels... ¿por qué no habrían de abandonar a PF con mayor razón? Sin embargo, para los revolucionarios, está claro que la rabia y el encono derechistas son un galardón de honor. Un timbre de orgullo que ha sido bien ganado por los que combaten a muerte a la burguesía y al imperialismo.


Debate

UNA VÍA AGRARIA: LA HACIENDA CAMPESINA

EN estos momentos existe una gran discusión en torno al avance de la Reforma Agraria y, específicamente, sobre las nuevas formas de asignación de tierras, de organización de la producción agropecuaria, del trabajo y del carácter que debe tener la unidad de producción que reemplace al asentamiento.

Después de siete meses de gobierno de la Unidad Popular, la situación en el campo sigue por un lado estática, y por el otro, altamente explosiva. El campesinado todavía no conoce la definición oficial sobre la nueva organización del campo, y el destino que tendrá el proceso revolucionario que el campesinado siente como objetivamente necesario.

En los fundos expropiados por el Gobierno Popular la situación se mantiene estática. Al campesinado todavía no se le ha presentado la alternativa oficial de organización que sustituya el asentamiento y que le permita un desarrollo económico basado en el trabajo directamente social, y no en la explotación.

En la mayoría de los aproximadamente 800 fundos expropiados, se han formado "pre-asentamientos", obligando a muchos campesinos a quedar cesantes por no tener "cabida" en el predio, situación que los campesinos no comprenden y que está en total contradicción con el programa de la Unidad Popular y los constantes llamados a aumentar la producción y a dar batallas por ella.

Ocurre que los campesinos que pasan a ser socios asentados abandonan las organizaciones sindicales para incorporarse a las federaciones de asentamientos, controladas por la Democracia Cristiana. Algunos de los funcionarios de CORA que vienen del gobierno anterior y que todavía siguen ocupando cargos de importancia, extorsionan a los campesinos, negándoles el crédito si no ingresan a la federación de asentamientos, y al tramitar la expropiación anhelada por todo campesino son acompañados, paso a paso, por los dirigentes de la federación de asentamientos DC.

¿Cuáles han sido hasta ahora los planteamientos de los diferentes partidos de la Unidad Popular para sustituir el asentamiento?

Sabemos que mucho se ha hablado de la hacienda estatal y que la reacción ha montado toda una campaña en su contra. Se les ha dicho a los campesinos que pasarían a ser "esclavos" del Estado, que perderían en la hacienda estatal todo derecho sobre la tierra y sobre el producto de su trabajo.

Pero un planteamiento de ese tipo no ha sido discutido directamente en la Unidad Popular y si bien la campaña del latifundista ha hecho gran alarde de la creación de haciendas estatales, la verdad es que hasta el momento no existe ninguna, y que en la forma descrita tampoco van a existir.

Dentro de la Unidad Popular se plantean tres diferentes posiciones.

PROPOSICIÓN DEL PC

El Partido Comunista ha entregado un documento sobre "Política de Asignación", en el cual explica lo que a su modo de ver debe ser la organización del área expropiada. El documento parte diciendo que: "Una de las principales limitaciones del proceso de Reforma Agraria nacional lo constituye el hecho de que el sistema de expropiaciones y la consiguiente constitución de los asentamientos no logró romper la actual estructura predial ni creó una nueva conciencia de integración y responsabilidad de clase en el sector campesino".

Se plantea así que la más seria limitación de la concepción del asentamiento democristiano radica no en impedir el desarrollo de nuevas relaciones de producción, relaciones de producción superiores, sino en no haber favorecido la creación de una "conciencia de integración" dentro de un sector, el sector campesino.

De allí deduce el PC que el periodo que media entre la formación del asentamiento y la asignación de la tierra a las cooperativas de asentamientos (que normalmente debía ser de tres años) impide que el campesino se sienta "realmente como gestor auténtico del proceso de Reforma Agraria". Y es por eso que el PC considera como solución a esta situación, —que según su opinión es de suma gravedad, ya que hay que considerar que "al momento de la expropiación y de la toma de posesión es cuando el campesino está más dispuesto a colaborar y participar plenamente en el proceso— eliminar el intervalo entre expropiación y asignación definitiva".

Es así que se propone asignar inmediatamente a las "Cooperativas Asignatarias Integradas" las tierras de los fundos expropiados.

Estas "Cooperativas Asignatarias Integradas" estarían formadas por "dos a más predios colindantes o funcionalmente vinculados" o "predios expropiados a los cuales se integran minifundistas, pequeños propietarios o comunidades colindantes". El criterio fundamental para la formación de tales cooperativas sería, pues, su ubicación geográfica.

Estas cooperativas son las asignatarias de la tierra, sin que hubiera un periodo de control social a través del Estado entre expropiación y asignación, pasando los socios cooperados inmediatamente a ser dueños de la tierra. Tendríamos así, a semejanza de las actuales cooperativas regionales, un vasto sistema de propiedad cooperativa en el campo, sin participación del Estado en ellas y con una orientación y una esencia claramente mercantil y capitalista.

La "cabida", es decir, la posibilidad de formación de socios cooperados, estaría, a diferencia del actual sistema, basada en un cálculo de producción potencial, pero en esencia se mantienen en esta proposición del PC normas similares a las utilizadas hasta ahora.

PROPOSICIÓN DEL MAPU

El MAPU propone dos formas diferentes de organización de los fundos expropiados. La primera es la "Corporación Comunal" "propietaria de los bienes expropiados... a través de una asignación hecha por CORA, según las normas legales vigentes".

Los predios pasarían a ser unidades de producción a quienes la Corporación Comunal cobra un arriendo por el uso de la tierra, infraestructura, etc. Esta tasa de arriendo se cobraría, según el MAPU, basada en un cálculo sobre "la capacidad potencial de producción del predio". EL MAPU plantea que debe haber producción capitalista, y que mediante el cobro de este arriendo se asegura no sólo "un financiamiento de la reposición del capital una vez gastado, sino un flujo de capital capaz de fomentar un desarrollo comunal fuerte".

La otra forma de organización propuesta por el MAPU es la de haciendas estatales, que se formarían en los casos de predios en que hubiera: 1º) fuerte concentración de capital; 2º) condiciones geográficas o ecológicas que dieran claramente a los predios una importancia de carácter regional o nacional; 3º) producción de gran exigencia tecnológica; 4º) tierras susceptibles de perder su fertilidad; 5º) tierras donde se realicen inversiones de larga maduración.

Si bien estas haciendas serían de carácter estatal, la producción seguiría siendo capitalista y los campesinos tendrían "el carácter de asalariados" en cada hacienda. Los campesinos no tienen aquí "derechos sobre el capital, ni sobre los excedentes, con excepción de este último caso de la parte que se distribuya". Siguiendo esta concepción capitalista, el manejo de la hacienda está a cargo de un administrador como representante del Estado, internamente y ante terceros.

LA HACIENDA CAMPESINA

El planteamiento del Partido Socialista difiere completamente de los descritos arriba. La hacienda campesina propuesta por los socialistas pretende sentar las bases para el desarrollo de una conciencia revolucionaria del campesinado.

La hacienda campesina tiene como forma de expresión del poder real de los campesinos la asamblea general de todos los campesinos mayores de dieciséis años. El trabajo productivo está organizado en grupos de trabajo y cada grupo elige democráticamente un responsable. Este forma, junto a sus compañeros de los otros grupos, un comité de trabajo. En este comité se coordina el trabajo productivo y se elabora el plan de explotación que, una vez listo, debe ser sometido a la aprobación de la asamblea general.

La hacienda campesina sienta también las bases para la eliminación gradual de las relaciones de producción capitalista, al ir creando relaciones socialistas entre las diferentes haciendas de una región. El carácter del trabajo comienza a cambiar igualmente y a adquirir formas socialistas, al transformar al trabajador no en un asalariado, sino en trabajador que determina sus propias relaciones a través de un órgano de expresión del poder real, la asamblea general, y a través de un financiamiento presupuestario de la producción.

Dentro de las haciendas campesinas y en sus relaciones con toda la sociedad se comienzan a desarrollar formas nuevas. "Las haciendas campesinas siguen en un principio produciendo mercancías, pero los traslados tanto en dinero como de máquinas e insumos de una hacienda a la otra ya carecen de las características mercantiles. El traspaso se hace de acuerdo a las necesidades sociales y no de acuerdo a las necesidades de la acumulación capitalista. Se comienza, pues, a destruir no sólo la base de la producción mercantil en general, sino todas las relaciones que ella implica", dice el documento del PS.

La hacienda campesina interpreta la necesidad histórica objetiva aludida por nuestro compañero presidente en su mensaje al Congreso, de crear las estructuras intermedias de una forma social en su transición a la superior. Interpreta la necesidad de crear la "estructura de reemplazo" de las formas capitalistas. Permite el proceso de transición, pero no hace concesiones a las relaciones impuestas por la sociedad burguesa.

El PS sostiene que sólo en la medida en que se contribuya a crear un poder campesino habrá condiciones para que, sobre la base del estímulo ideológico y político, se puedan enfrentar las cuestiones complementarias del desarrollo de las fuerzas productivas.

De otra manera los intentos de dar batallas por la producción serían meramente problemas administrativos, asegurando una eficiencia del aparato estatal para ofrecer y garantizar crédito y asistencia técnica, etc. Pero sin una lucha política que reconozca una amplia participación de la clase campesina en la lucha contra la burocracia, todos estos intentos necesariamente deberán, como lo está demostrando la práctica, pasar a transformarse en trabas al proceso de cambio de nuestra sociedad.

CONACHO


Análisis

LOS GRANDES AUSENTES: OBREROS NO ORGANIZADOS

EL triunfo electoral del 4 de septiembre y el posterior ingreso al gobierno de la Unidad Popular, agudizó la polémica ideológica entre los partidarios de esa coalición y la izquierda revolucionaria. Sin embargo, no siempre esa polémica permitió precisar con claridad los temas que están en discusión y, menos aún, la comprensión de las tácticas propuestas, situación ésta que entorpece una clara delimitación de las divergencias y un desarrollo positivo de las convergencias políticas.

En un momento en que la lucha de clases se agudiza en el país, en que la derecha intenta retomar la ofensiva política, parece de la mayor importancia precisar lo que, a nuestro juicio, constituye el núcleo de las divergencias y convergencias políticas.

Para cumplir con este propósito, parece un buen punto de partida el análisis del programa de la Unidad Popular. En él se afirma la necesidad de iniciar el tránsito al socialismo como manera de superar la crisis del capitalismo dependiente en Chile. La existencia del latifundio, de los monopolios nacionales e internacionales, de la penetración imperialista en la estructura económica, constituyen una traba para el rápido desarrollo de las fuerzas productivas que en el estado actual son incapaces de satisfacer las necesidades de trabajo y niveles satisfactorios de existencia de la mayoría de la población. De aquí se desprende la necesidad de iniciar el tránsito hacia el socialismo como forma de asegurar el desarrollo sostenido de las fuerzas productivas.

La táctica propuesta para conseguir este objetivo estratégico pasa por la expropiación de los latifundios, la nacionalización de la banca, el comercio exterior, las riquezas básicas y los monopolios de la estructura industrial y comercial. Todas estas medidas permitirían constituir el sector estatal o socializado de la economía que coexistiría con un sector mixto y un área de economía privada.

Según este esquema, la expropiación de los latifundios liberaría el excedente que se apropian los terratenientes bajo la forma de renta territorial, en tanto que las nacionalizaciones permitirían apropiarse del excedente que hoy es girado al exterior por las empresas imperialistas o bien destinado al consumo privado de los capitalistas. Esta masa de excedentes así liberado, permitiría a través de un mecanismo planificador centralizado, un conjunto de inversiones reproductivas que llevarían a un nuevo nivel la reproducción ampliada de la economía. Además, una mejor utilización de la capacidad productiva actual y el aumento de la productividad del trabajo permitiría resolver el problema de la cesantía, al tiempo que se constituiría en el fundamento de una redistribución real de ingresos para los sectores populares.

Desde el punto de vista de la lucha de clases, esta táctica de la Unidad Popular define como enemigos de la revolución al "imperialismo, la oligarquía latifundaria y la gran burguesía monopólica", cualquiera sea el sector en el que ejerce su poder monopolice Son fuerzas motrices de la revolución la clase obrera y el campesinado, ejes de una alianza mayor que incluye a la burguesía (mediana y pequeña) como así también a la intelectualidad radicalizada. Corresponde a esta alianza de clases llevar adelante las tareas contenidas en el programa de la Unidad Popular y que fueron descritas más arriba; tareas que algunos partidarios de la Unidad Popular denominan democrático-nacionales. [2]

Una primera constatación: de este programa se derivan un conjunto de tareas políticas que la izquierda revolucionaria objetivamente apoya y desarrolla; de esta manera, es tarea de la izquierda revolucionaria sumar sus fuerzas en el proceso de fortalecimiento del sector estatal de la economía, fortaleciendo el frente de clases a través del cual se ejecuta ese objetivo y se golpea al imperialismo, los latifundistas y la gran burguesía agraria. La interrogante que la izquierda revolucionaria puede formularse —interrogante que tratará de ser resuelta en el presente artículo— es si la táctica desarrollada por la Unidad Popular en el proceso de lucha de clases, permite el mejor alineamiento de fuerzas sociales para dar los combates que propone su programa.

Es en este marco conceptual que parece un apresuramiento manifestar que el fortalecimiento del área estatal de la economía, como consecuencia del proceso de expropiación y nacionalización, puede desembocar en un capitalismo de Estado opuesto al socialismo; tal como intentaremos mostrarlo más adelante, el fortalecimiento del sector estatal de la economía y su coexistencia con un sector mixto y un área de economía privada en los marcos del capitalismo de Estado puede no ser contradictorio con el proceso de construcción del socialismo. Ello depende de la clase que detente el poder del Estado, ya que un Estado obrero puede iniciar la construcción del socialismo utilizando en su favor las relaciones de producción y circulación capitalistas. Sin embargo, centrar el análisis alrededor de este problema es olvidar que aún falta constituir y desarrollar el sector estatal de la economía y que ese paso lleva a un agudizamiento objetivo de la lucha de clases, a nuestro juicio, el problema reside en si la táctica desarrollada por la Unidad Popular lleva a la mejor correlación de fuerzas políticas y sociales para enfrentar este necesario agudizamiento de la lucha de clases: y si en el proceso de fortalecimiento del área estatal a través de nacionalizaciones y expropiaciones se fortalece, al mismo tiempo, la hegemonía proletaria.

Para aclararlo, hay que hacer un desarrollo de las posibles contradicciones que se derivan de la táctica y estrategia de la Unidad Popular. Es evidente que la cuestión central en el uro-grama de la Unidad Popular es el control del excedente económico real, control que debe lograrse en un cuadro político y social de persistencia de las instituciones democrático-burguesas y a través de una alianza con la burguesía (pequeña y mediana), alianza que tiene todas las características de una neutralización política a través de su fortalecimiento económico.

¿Cómo afecta esta situación el desarrollo del programa UP? En primer lugar, está el control del excedente producido por el cobre: esto lleva a un enfrentamiento con el imperialismo, el que va tomó un conjunto de medidas precautorias para convertir el problema de la nacionalización en un problema que enfrente al gobierno de Chile con el de EE.UU. Al respecto, merecen recordarse los seguros contratados por las empresas cupreras con una compañía aseguradora, constituida a tales efectos a principios de año. Basta que se nacionalice una sola empresa sin que se indemnice, para producir la quiebra de la empresa aseguradora, cuya gestión está garantizada por el gobierno de EE.UU. En ese sentido, frente a las condiciones que pueda imponer el gobierno de EE.UU., pueden visualizarse dos caminos: o el encuentro frontal, lo que implicarla la redefínición de la inserción chilena en el mercado mundial con todas sus implicaciones en materia de mercados, fuente de aprovisionamiento de repuestos, etc.; o bien la negociación de la nacionalización desde posiciones de fuerza de parte del imperialismo. Ambas alternativas —la nacionalización sin indemnización o la nacionalización con indemnización— se traducirán a corto o mediano plazo en una disminución del excedente con que pueda contar el Estado.

En cuanto al control del excedente interno, es evidente que éste se origina en una determinada cuota de explotación del proletariado y el campesinado; es decir, que el producto excedente del que se apropian los capitalistas monopólicos es el resultado de una determinada cuota de plusvalía, de un determinado nivel de los salarios reales. En tanto que la política de la Unidad Populares operar una redistribución real de los ingresos, es obvio que dicho excedente en términos inmediatos tenderá a disminuir. A todo ello se le deben sumar los trámites de orden legal-parlamentario que implican algunas de las expropiaciones y que transfieren hacia adelante el momento en que el Estado podrá disponer de dichos excedentes; dilatamiento que da lugar a que en el ínterin se produzca sabotaje de la producción, como ya ocurre, y que disminuye aún más ese excedente disponible.

En este marco general se inserta la alianza con la burguesía (media y pequeña). Dos son las formas principales que asume dicha alianza: 1) manteniendo las formas capitalistas de la propiedad privada entre la mediana y la pequeña burguesía y aun la gran burguesía no monopólica. 2) manteniendo y, en muchos casos, incrementando —por ahora esto último— su participación en la renta nacional a través de políticas crediticias impositivas y de precios.

Si al mismo tiempo se hace necesario incrementar la participación en el ingreso de los sectores proletarios y no se cuenta en términos inmediatos con los excedentes liberados por la modificación de los patrones de propiedad, y aun cuando se cuente con ellos, es evidente que serán menores respecto de los hoy generados. El equilibrio económico tenderá a romperse a corto o mediano plazo, máxime si se piensa que el proletariado se siente legitimado para avanzar en sus reivindicaciones exigiendo remuneraciones mayores, al tiempo que la burguesía (media y pequeña) se. hará presente, exigiendo lo que le corresponde en la alianza: crédito barato, precios bajos de materias primas, demanda asegurada, etc.

Abierta la alternativa de la crisis, la táctica desarrollada para paliarla parece residir en el control de las reivindicaciones salariales y el impulso por aumentar la producción. Por lo menos, esto es lo que se desprende de algunos discursos presidenciales. Pero medidas que pueden ser técnicamente correctas desde el punto de vista económico, serán contraproducentes en la perspectiva de la lucha de clases, ya que se traducirán en la erosión de la combatividad proletaria, por lo menos la de aquellos sectores que cuentan con ocupación e ingresos. De esta manera, se debilita el frente proletario, pudiendo ocurrir dos cosas: o bien que la crisis pueda paliarse, lo que significa que se ha logrado controlar al proletariado y al campesinado, accediendo a las exigencias de la burguesía (mediana y pequeña); o que la crisis se produzca encontrando a un proletariado y a un campesinado debilitados con lo que la neutralización de la burguesía lograda a través de mecanismos económicos —mediante la satisfacción de sus exigencias— se transforme en oposición activa. Es decir, que la burguesía (media y pequeña) que es algo más que los meros dueños de talleres y fábricas —es toda una clase social con innumerables relaciones y ramificaciones sociales— pase a cumplir su papel de fundamento social de la dominación burguesa, de andamiaje social sobre la que reposa la dictadura de la burguesía; que actúe como lo que realmente es: fuerza de choque social y política de la gran burguesía y el imperialismo. Esta es, en última instancia, la táctica de la derecha, esperar el momento de la crisis, erosionar la combatividad proletaria y campesina, para llegado el momento imponer sus condiciones de negociación o la alternativa del golpe militar reaccionario.

Para que el movimiento popular logre verdaderamente neutralizar esos sectores, para que en ei movimiento popular fortalezca su dinámica revolucionaria, se requiere ampliar la ofensiva proletario-campesina en todos los frentes y niveles de lucha. Esta ofensiva puede ser analizada en dos niveles; en el nivel económico se requiere un aceleramiento del proceso de expropiaciones y nacionalizaciones, un súbito fortalecimiento del sector estatificado de la economía.

En el plano estrictamente económico, la constitución del sector socializado de la economía que sirve de punto de partida a la construcción del socialismo, se debe intentar hacer lo más rápidamente posible con el propósito de perder la menor porción de excedente y neutralizar la acción pasiva o saboteadora de la burguesía.

Se intenta hacerlo de un solo golpe o no se hace.

EL PLANTEAMIENTO DE LA U.P. SOBRE LA ALIANZA OBRERO CAMPESINA

Pero este fortalecimiento del sector estatal de la economía, este aceleramiento del proceso expropiatorio, implica un reforzamiento del frente proletario-campesino en tanto y en cuanto desencadenará un agudizamiento objetivo de la lucha de clases. ¿Cómo fortalecer la alianza obrero-campesina y convertirla en el sector hegemónico dentro del frente de clases que pretende expresar la Unidad Popular? Incorporando a los sectores que hoy no están expresados en su política. En efecto, cuando se afirma que la alianza obrero-campesina es el núcleo del frente de clases que constituye la Unidad Popular, parecería que la alianza está constituida como tal. Sin embargo, sabemos que tanto el proletariado como el campesinado constituyen una heterogeneidad social que cubre distintas fracciones y sectores de la clase proletaria y el campesinado. Si bien en la formulación teórica de la estrategia de la Unidad Popular se afirma la presencia del proletariado y el campesinado, un análisis más pormenorizado de algunos de sus voceros demuestra que en esta etapa sólo una fracción del proletariado y el campesinado están contemplados en su formulación táctica. Así, el compañero Jacques Chonchol en su trabajo sobre el camino chileno hacia el socialismo, puesto a definir las clases motoras de la revolución se pregunta: "¿cuales son las clases sociales de apoyo? Me parece que son fundamentalmente los trabajadores urbanos y campesinos organizados, porque los trabajadores no organizados hoy día no están en condiciones de apoyo, en una condición de apoyo muy grande ..." [3] Al respecto una serie de comentarios y una conclusión. Los comentarios: el compañero Chonchol parecería tener una peculiar concepción del proceso revolucionario, ya que define la participación de los obreros y campesinos como apoyo. En ese sentido, no se comprende bien si estas clases apoyan a otras clases que no son ni el campesinado ni el proletariado o bien apoyan un proyecto político —el de construcción de socialismo— del que ellos no son los hacedores. En todo caso, en ambas alternativas queda fuera del proletariado y el campesinado la dirección del proceso revolucionario. La conclusión: el compañero Chonchol excluye de la alianza al proletariado y al campesinado no organizado. Si se piensa que sólo el 30% del proletariado rural está sindicalizado y que casi un 50% de la clase obrera industrial trabaja en talleres de menos de cinco personas, se tendrá una idea aproximada de la fracción proletaria y campesina que se excluye de la alianza.

Un razonamiento semejante, aunque más dubitativo y con un lenguaje más rigurosamente leninista, subyace en algunos postulados del compañero Jorge Insunza. En efecto, nos dice este compañero: "no obstante, en otros sectores, asoman deformaciones que merecen un examen cuidadoso porque perjudican la actividad de las masas en la lucha por el poder". ¿En qué condiciones, quiénes y por qué no formando parte de las masas perjudican con su presencia el accionar de éstas en la lucha por el poder? Continúa el compañero Insunza: "la presencia del gobierno popular ha significado un poderoso impulso a la organización de los trabajadores inorganizados. Esto es extraordinariamente auspicioso. El movimiento popular tiene la obligación de hacerse eco de esta tendencia y de acudir en ayuda de estos núcleos que se incorporan activamente a la lucha de clases. Es natural que, como sectores nuevos que son, sin gran experiencia en los combates de clase, en ellos se manifiesten ciertas tendencias anárquicas. La constatación de estos fenómenos no puede conducir a los dirigentes del movimiento obrero a restarle su apoyo sino, por el contrario, a prestar gran atención a la educación de estas capas que fueron más sometidas y explotadas en el pasado y aun hoy" [4] No se trata en este caso de negar la presencia de los sectores no organizados del campo y la ciudad a quienes, por una traición al lenguaje, se los había excluido en principio de las masas que luchaban por el poder. Sin embargo, se tiene frente a ellos una actitud política ambivalente: por un lado se considera auspiciosa su incorporación al proceso político, incorporación que, en menos de diez renglones se define de dos maneras distintas; en un caso como incorporación activa a la lucha, en otros casos como impulso a la organización, distinción que confunde, ya que se traduce políticamente en tácticas alternativas: en un caso, dirección de la lucha que se desarrolla espontáneamente, en otro caso encuadramiento y control del movimiento. Pero así como se considera auspicioso el proceso de incorporación a la lucha de estos sectores, al mismo tiempo se lo mira con miedo y reticencia. En ese sentido, la referencia a la existencia de tendencias anárquicas es reveladora, si no lo fuere ya el título que encabeza el apartado donde se encuentran los párrafos comentados: se titula "la disciplina social".

Los comentarios expuestos tienen como propósito hacer ver que detrás de la afirmación que hacen algunos partidos de la Unidad Popular sobre la presencia proletaria y campesina y su papel hegemónico en la coalición de gobierno se descubre:

a) que realmente la presencia proletaria y campesina está circunscrita a determinadas fracciones: el proletariado y el campesinado organizado;

b) que están fuera de la alianza —tanto real como tácticamente— extensos sectores del proletariado y el campesinado, los sectores no organizados, los más pobres del campo y la ciudad, los sectores por definición "anárquicos".

c) que no existe entre los partidos marxistas de la Unidad Popular una política clara de incorporación po lítica de estos sectores a la alianza obrero-campesina.

LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA Y LA ALIANZA OBRERO-CAMPESINA

Es en este marco general que la izquierda revolucionaria plantea la necesidad de soldar la alianza obrero-campesina mediante la incorporación de los no organizados, de los más pobres de la ciudad y el campo a la misma, dirigiendo y promoviendo las luchas que espontáneamente surgen en su seno. Por otra parte, para la izquierda revolucionaria el fortalecimiento de la alianza obrero-campesina a través de los sectores que hoy no están presentes en ella y la coordinación de sus luchas con las que libran el proletariado y el campesinado organizado, es la condición necesaria para llevar a buen término lo que en el plano económico se denomina fortalecimiento del sector estatal de la economía. Para ello no basta con la presencia activa del proletariado organizado perteneciente a los sectores nacionalizados o por nacionalizar y con su incorporación al proceso de toma de decisiones en el seno de las empresas expropiadas; se requiere una rápida movilización de la hoy retaguardia proletaria y campesina, incorporándola también a las tarcas de vigilancia de la producción, lucha contra el sabotaje y control obrero de la producción. ES evidente que una decisión de este tipo significa llevar la lucha de clases hacia sectores que hoy permanecen al margen de la misma; es cierto que esto puede implicar enfrentamientos con la burguesía media y pequeña; también es verdad que la movilización de estos sectores se traducirá en una mayor presión económica, como consecuencia de sus reivindicaciones; pero también es cierto que servirá para controlar las reivindicaciones de la pequeña y mediana burguesía del sector privado sobre la economía estatal.

Si bien no puede hacerse aquí el balance económico de las presiones sociales cruzadas o el balance económico de la lucha de clases, lo cierto es que políticamente el desarrollo táctico de lo propuesto se traducirá en un fortalecimiento de la alianza obrero-campesina, que es lo que en definitiva importa en términos de lucha de clases y asalto al poder.

No se trata de avanzar sobre las formas de propiedad de la pequeña, mediana y aún gran burguesía que no se pretende expropiar; lo que importa es aumentar el control social y político que se tiene sobre ella; que el crecimiento económico previsto para este sector sea un crecimiento controlado por el campesinado y el proletariado; que la acumulación que realice no se convierta en el fundamento económico de su futura oposición y reacción política.

Hablemos claro: no preocupa, por ahora, la inclusión de la burguesía (media y pequeña) en el frente de clases que pretende expresar la Unidad Popular; lo que sí preocupa es fortalecer la alianza obrero-campesina en el seno de ese frente, mediante la incorporación a través de la lucha de clases de los sectores inorganizados, de los más pobres del campo y la ciudad, de las fracciones proletarias y campesinas hoy ausentes de la política activa. Esta incorporación debería ser coordinada con las luchas del proletariado y el campesinado organizado, y estar dirigida a compensar el poder social y político que tiene la burguesía (media y pequeña) en el seno del frente de clases que intenta expresar la Unidad Popular; comprensión que haga efectiva su neutralización social y política en un momento en que los enfrentamientos sociales se agudizarán inevitablemente.

IMPLICACIONES TÁCTICAS Y PLANTEAMIENTO DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

La necesidad de esta neutralización puede justificarse en dos niveles:

a) en el nivel económico: porque el fortalecimiento de un sector estatal de la economía se hace en medio de la persistencia de relaciones de producción y circulación capitalistas, por lo cual la relación del sector estatal con el sector mixto y el sector privado de la economía es una relación de lucha por la apropiación del excedente económico, por el reparto de la plusvalía y la acumulación. Es evidente que la alianza con la mediana y pequeña burguesía —y aún la transacción con la gran burguesía y el imperialismo, como sería el caso de la industria electrónica, petroquímica o automovilística— se expresa a través de la existencia de los sectores en los que continuará el proceso de acumulación y generación de excedentes.

El problema consiste en saber el nivel hasta dónde se les permitirá crecer, el grado hasta dónde se les permitirá competir con el sector estatificado por la apropiación del excedente económico. La solución de este problema reside en la correlación de clases existente en un determinado momento y el carácter de la hegemonía política de clase ejercida sobre el Estado.

Y aquí me parece pertinente re-introducir el tema del capitalismo de Estado. Es evidente que el programa de la Unidad Popular contempla en su programa una etapa de capitalismo de Estado en la medida que define la existencia de tres áreas económicas: el área estatificada o socializada, el área mixta y el área privada. Es decir, que persisten las relaciones de propiedad y producción en el sector mixto y privado y las relaciones de circulación capitalista entre los tres sectores. Desde esta perspectiva, la persistencia de relaciones de producción y circulación capitalista se explica porque en el tránsito hacia el socialismo es imposible socializar el conjunto de la economía inmediatamente, en la medida que no existen los medios técnicos capaces de permitir la administración y el control de una economía así socializada.

El problema no reside en el capitalismo de Estado como formación económico-social de transición en sí mismo. La cuestión central, desde el punto de vista de la lucha de clases, es la de la relación, la lucha entre los distintos sectores de la economía, la clase social beneficiaría de la acumulación y el control del excedente económico.

En ese sentido, pueden ocurrir dos cosas: o bien que el Estado en su disputa con los sectores mixto y privado de la economía triunfe y se convierta en el eje de la acumulación, con lo que el proceso de socialización podrá continuar adelante; o bien, que este Estado termine siendo el instrumento a través del cual se favorece la gestación de una nueva burguesía, el tránsito a una nueva etapa en el desarrollo del capitalismo nacional.

En el primer caso, el proletariado utilizará el aparato del Estado y el sector estatizado de la economía para acelerar en su favor la acumulación y el desarrollo de las fuerzas productivas a través de mecanismos capitalistas, de la persistencia de relaciones de producción y circulación capitalista. De esta manera, manteniendo su control sobre la acumulación y el excedente económico, irá creando las bases para ir haciendo desaparecer lo que queda de economía mixta y privada; continuará el proceso de socialización de la economía en su conjunto.

En el segundo caso, el capitalismo de Estado se convertirá en la antítesis de lo expuesto en el caso anterior; o sea, que facilitando la acumulación de los sectores burgueses insertos en el área mixta y en el área privada, geste las condiciones para que esta nueva burguesía recupere plenamente su poder sobre el Estado. Se habrán creado así las condiciones para una futura expansión del capitalismo chileno en su conjunto. Por lo tanto, en el nivel estrictamente económico la neutralización de la burguesía (media y pequeña) se exige como condición de que el sector estatal sea el que realmente acumule y se apropie del excedente económico para continuar hacia adelante el proceso de socialización de la economía. Esto se logrará afianzando en esta etapa la hegemonía proletario-campesina en el frente de clases que es la UP y en el aparato del Estado.

En el nivel político la neutralización de la burguesía (media y pequeña) se hace necesaria en tanto ésta constituye la fuerza de choque social, política y militar de la gran burguesía y del imperialismo. En tanto la construcción del socialismo pasa por la creación de un fuerte sector nacionalizado que golpea a la gran burguesía y al imperialismo, se hace necesaria su neutralización política. Pero para que esa neutralización política no resulte contradictoria con el proceso de fortalecimiento de la economía nacionalizada y con el ascenso del proletariado y el campesinado, se debería aumentar el control social que se ejerce sobre ella; control que implica la incorporación y movilización del proletariado y el campesinado en su conjunto; organizado y no organizado, ocupados y cesantes, con tierras y sin tierras.

Esta incorporación y movilización admite la combinación de la lucha de clases en el campo estrictamente económico, así como la acción de gobierno en tanto parte de esa misma lucha de clases. Lo importante es saber encontrar la táctica que en cada plano permita aumentar la presencia proletaria y campesina y su incidencia en la correlación de clases favorable para el asalto al poder.

Poner un énfasis excesivo en el control del nivel de las reivindicaciones salariales, mostrarse reticente para dirigir la lucha de los más desposeídos porque seria desatar nuevas presiones económicas, exigir el aumento de la producción, pueden parecer medidas correctas en el marco de un modelo económico de desarrollo que contempla al mismo tiempo facilidades de acumulación para la burguesía (media y pequeña) y una redistribución real de los ingresos. Pero las razones abstractas derivadas de la construcción de un modelo económico pueden ser contradictorias con las leyes que rigen la lucha de clases. De esta manera, aumentar la producción o controlar los salarios, puede ser condición de un desarrollo más acelerado de las fuerzas productivas; pero cuando los beneficios no serán visibles en términos inmediatos y una oposición política está pronta a mostrarlo y a utilizarlo en condiciones en que el proletariado no tiene el poder, un énfasis excesivo en estas cuestiones se convierte en contraproducente en materia de lucha de clases.

Para terminar: es evidente que la contradicción implícita en el sistema de alianzas esbozado por los partidos de la Unidad Popular deberá resolverse en favor de la burguesía o en favor del proletariado y el campesinado. Por ello es de máxima importancia definir con precisión la etapa actual. Lenin distinguía con claridad, en términos de la ludia de clases, la etapa de la persuasión para la toma del poder, la etapa del asalto al poder y la etapa de gobierno proletario. La famosa particularidad del caso chileno consiste en el entremezclamiento de las etapas, en que estando aún en la primera etapa —de persuasión de las masas acerca de la necesidad de la toma del poder— se cuenta con el gobierno; en que se combinan las tarcas del asalto al poder con las tareas de gobierno. De la inteligencia revolucionaria para establecer la justa combinación entre estos aspectos depende el futuro de la revolución chilena, futuro que exige no remarcar los requerimientos administrativos y técnicos de un buen gobierno cuando aún no se cuenta con el poder. Es por ello que, parafraseando a Lenin, se puede afirmar que es tarea del Gobierno Popular incorporar y movilizar al proletariado y al campesinado en su conjunto o por lo menos no estorbar ese proceso.

CONCLUSIONES

Resumiendo:

1) El programa de la Unidad Popular propone una serie de objetivos económicos que implican enfrentarse social y políticamente con el imperialismo, los terratenientes y la gran burguesía monopólica. En esta perspectiva, los enemigos definidos por los partidos de la Unidad Popular son los enemigos principales de la izquierda revolucionaria;

2) El cumplimiento de los objetivos propuestos implica una serie de nacionalizaciones y expropiaciones a través de las cuales se constituirá un sector socializado que coexistirá con un sector de economía mixta y otro de economía privada. Respecto de lo afirmado se sostiene que para que la socialización sea efectiva se requiere un aceleramiento de las nacionalizaciones y expropiaciones como condición de una rápida apropiación del excedente. De lo contrario tenderá a producirse a corto o mediano plazo una crisis que encontrará al proletariado y al campesinado debilitados, favoreciendo la contraofensiva burguesa;

3) Que para acelerar ese proceso se requiere una rápida movilización del conjunto del proletariado y el campesinado como condición de la neutralización de la burguesía (media y pequeña);

4) Que esta incorporación y movilización es el instrumento para afianzar la hegemonía proletaria y campesina en el frente de clases expresado por la Unidad Popular y en la estructura del Estado como condición de que las formas de capitalismo de Estado previstas en el programa de la UP constituyan una etapa en el proceso más amplio de construcción del socialismo y socialización de la economía en su conjunto.

JULIO ARREDONDO


Testimonio

LOS MAPUCHES: GRUPO DETONANTE DE LA REVOLUCIÓN

ESCRITO en 1967 pero editado sólo este año por ICIRA, el libro "La Cuestión Mapuche" de Alejandro Saavedra cobra plena actualidad frente al despertar político de los indígenas chilenos, especialmente en los campos del sur del país.

El objetivo del libro, según su autor, es explicar cuál es la situación de los mapuches, su posición de clase y los mecanismos a través de los cuales son explotados, para borrar la concepción tradicional de que su miseria y atraso se deben al aislamiento social en que viven.

"Su situación actual no se debe a un aislamiento, ni a una marginalidad, como tampoco a una subcultura, sino a que han sido incorporados dentro de la sociedad a una estructura de dominación", señala Alejandro Saavedra. Y prueba de esto, agrega, es el sistema de leyes "para indígenas" que se les ha impuesto violentamente, exigiéndoles que lo respeten. Respecto a esto último el libro señala:

"El mapuche no ha tenido nunca una participación efectiva en las decisiones políticas que lo han afectado. Las leyes, la Constitución, las instituciones existentes, les han sido impuestas. No han sido consultados y no las han aprobado por ningún medio. Decir lo contrario son sólo argucias. Así, no sólo la posición factual que ocupan las estructuras de poder le han sido impuestas al mapuche sino también la legitimidad que las institucionaliza y sanciona. Fenómeno que no es exclusivo de la población mapuche sino de las clases dominantes en su conjunto".

"La Cuestión Mapuche" es el primer libro de Alejandro Saavedra, sociólogo, 30 años. Director del Instituto Central de Sociología de la Universidad de Concepción, y coordinador del convenio suscrito entre el Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria y la "U" penquista. Fue escrito en 1967, luego de una investigación realizada por un equipo de sociólogos sobre la raza mapuche. Para ello, los investigadores vivieron durante algún tiempo con los mapuches de diversos puntos del país, estudiando sus costumbres y entrevistándolos.

UN GRUPO DETONANTE

El libro clasifica, en su primera parto, los distintos conceptos que sirven para definir al mapuche. Para la mayoría de los chilenos, señala, los indígenas constituyen una "raza distinta" a la que se le agregan adjetivos tanto positivos como negativos. Se dice, por ejemplo, que es "altiva, valerosa, que ama la independencia, que es atrasada, con escaso desarrollo mental, floja, etc.". Se habla incluso de diferencias que se manifiestan en el aspecto físico, biológico y sicológico. Se considera al mapuche biológicamente diferente al chileno, como también su cultura.

"En resumen — dice el libro — el mapuche es definido corrientemente en términos extrasociales y eso tiene una consecuencia inmediata: las características que se le atribuyen, para bien o para mal, son más bien permanentes e inmutables que sujetas a cambio. He ahí un importante recurso para legitimar las relaciones que otros grupos mantienen con ellos. El tipo de relaciones que se mantiene con ellos, de superioridad y dominio, puede ser sancionado en términos raciales. Y de hecho así sucede. Estas relaciones de superioridad no pueden cambiar porque los rasgos raciales permanecen".

Y el mapuche no es indiferente a tales apreciaciones. Su agresividad innata y su desconfianza son sus mecanismos de defensa. Los desarrolló desde el momento en que comenzó a ser dominado y explotado.

"Los mapuches son un grupo detonante. Y esta característica tiene ahora, que se ha agudizado la lucha de clases y ha surgido la vanguardia revolucionaria, una importancia extraordinaria, ya que los torna más receptivos a la lucha por la revolución", señala Alejandro Saavedra.

Antes, sin embargo, la movilización de los indígenas era difícil, porque a la ausencia de los factores ya mencionados, se unía la incapacidad de los partidos tradicionales para llevarla adelante. La agresividad de los mapuches suponía, además, una movilización armada que no podía apoyar ni siquiera la izquierda tradicional.

SÍ A LA MOVILIZACIÓN

La población mapuche alcanza aproximadamente a 366 mil personas. De éstas, la inmensa mayoría se encuentra en el sector rural, viviendo en reducciones indígenas y exreducciones. Su ubicación geográfica se extiende entre las provincias de Bío-Bío y Osorno, pero fundamentalmente en la provincia de Cautín. Allí la población mapuche representa el 25 por ciento de la población total de la región, concentrando el 98 por ciento de la población mapuche total.

Teniendo en cuenta, además, las características de esa provincia: grandes latifundios formados por la usurpación de tierras que se le hizo a los mapuches, 30 mil cesantes y personas subutilizadas en la agricultura, condiciones de vida miserables en el campo, etc.. no resulta difícil comprender el alto grado de movilización alcanzado por los mapuches. Su papel dentro del proceso de cambios que se está viviendo en el campo resulta, por lo tanto, de gran importancia.

SIN REVOLUCIÓN NO HAY DESARROLLO

Las condiciones de miseria y subdesarrollo en que viven los mapuches exigen que los cambios sean rápidos y drásticos.

Sólo habrá desarrollo económico y social para ellos dentro de un proceso revolucionario, que modifique fundamentalmente las estructuras. No más leyes "para indígenas" impuestas desde arriba; no más paternalisrno. Lo que piden los mapuches es la devolución de las tierras que les usurparon los latifundistas y participación en la construcción del socialismo.

Y las palabras de Alejandro Saavedra al final del libro reflejan este pensamiento:

"Vilipendiado y explotado, sumido en la pobreza, cansado de esperar tiempos mejores, el mapuche se hunde en su estoicismo o recurre a su tono quejumbroso. Hasta su propia dignidad debe ser entregada. Pero no ... dentro aún perdura su orgullo, su justa indignación, el deseo de luchar por lo que le pertenece. Como otros millones de indios americanos espera su oportunidad, se disfraza y resiste. ¿Hasta cuándo? Lejos, en nuestras grandes ciudades, fanfarroneamos ele la "heroica sangre araucana que corre por nuestras venas", pero ¿en qué lado estamos? y el mapuche no es el único; hay otros miles de campesinos pobres, de obreros, de inquilinos. Hay otros miles de explotados que en conjunto son los mayoritarios de Chile. Unir sus destinos de lucha por el cambio es lo que corresponde. El mapuche es un hermano de esta lucha".

L. O.


Crónica

Así conspira la derechaEL BOICOT EN LA CONSTRUCCIÓN

LA "falta de seguridad para invertir", planteada por los grandes empresarios de la construcción, resulta una cruel ironía, en momentos en que la demanda de viviendas ha llegado a su punto más alto.

La Cámara Chilena de la Construcción, controlada por grandes financistas que mantienen, a su vez, portavoces en el Parlamento, ha aplicado un severo boicot a los programas de viviendas del gobierno de la Unidad Popular. Muestra clara de ello es el reducido número de propuestas que se presentan para construir poblaciones para trabajadores.

La táctica usada consiste en que sólo concurre a las licitaciones una empresa constructora que presenta un elevado presupuesto.

Los organismos estatales, CORVI, CORMU o CORHABIT, que llaman a esas propuestas, deben decidir entre dos alternativas: declarar desierta la licitación, estancando de este modo los planes de construcción del gobierno, o aceptar el costoso chantaje empresarial. Pero si la empresa "gana" la propuesta, demora injustificadamente el inicio de los trabajos para agudizar el dramático problema de la vivienda.

La actitud asumida por los empresarios afiliados a la Cámara Chilena de la Construcción refleja una clara estrategia opositora. Pretende mantener una imagen de inseguridad puesta en marcha a partir del triunfo electoral de la Unidad Popular en 1970.

Como producto de ese boicot se frenan los planes de construcción, con el objeto de desprestigiar al gobierno popular, que se ve imposibilitado de satisfacer la demanda de viviendas y, lo que es más grave, ni siquiera de paliar el déficit habitacional heredado de regímenes anteriores. Ese déficit acumulado se calcula en quinientas mil viviendas.

El problema habitacional adquirió ribetes dramáticos en el reciente temporal de nieve, viento y lluvia, que azotó a la zona central, donde se concentra la más alta densidad de población del país.

LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

En el periodo presidencial de Ibáñez (1952-58) se produjo una depresión en la construcción de viviendas, que afectó los intereses económicos de los empresarios. Los grupos más poderosos se unieron, creando la Cámara Chilena de la Construcción, con el objeto de asegurarse la adjudicación de propuestas, excluyendo a los pequeños empresarios.

Las propuestas más codiciadas eran las de obras públicas. La construcción de viviendas tenía un interés secundario para los grandes duques de esta actividad.

La Cámara Chilena de la Construcción envió una misión a Estados Unidos para estudiar negocios del ramo con perspectivas mayores de lucro. Así fue como adaptaron para Chile el sistema de ahorro y préstamos, que comenzó a funcionar en el periodo presidencial de Alessandri.

Con las asociaciones de ahorro y préstamos, las grandes empresas constructoras lograron abrir un circuito de financiamiento legalizado en el Congreso por sus portavoces políticos.

Durante la pasada Administración, el programa de viviendas del gobierno lo elaboró la propia Cámara Chilena de la Construcción, que asimismo creó el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. De los tres ministros que se sucedieron en el cargo, dos son miembros activos de la Cámara, Modesto Collados y Andrés Donoso. Juan Hamilton, en tanto, actual senador, es abogado de varias empresas constructoras. Paralelamente, pequeñas empresas de financistas democratacristianos, adquirieron un gran poder.

CONCENTRACIÓN ECONÓMICA EN LAS AAP

Con una ley ad-hoc, que plantea a toda empresa depositar el impuesto del cinco por ciento sobre sus utilidades en asociaciones de ahorro y préstamos, el negocio adquirió nuevos niveles que están dejando más beneficios a los empresarios.

Si nos remitimos a las nóminas de los directorios de las empresas constructoras, asociaciones de ahorro y préstamos, compañías de seguros y bancos, se encuentran los mismos nombres, o bien, a personeros vinculados con los grandes financistas que los mantienen en los directorios en calidad de "palos blancos".

El MINVU (Ministerio de la Vivienda y Urbanismo) pasó a convertirse bajo el gobierno democristiano en intermediario entre la demanda de casas y las empresas constructoras privadas, que se adjudicaban las propuestas.

El impuesto del 5 por ciento, que alimenta las asociaciones de ahorro y préstamo, pasó a ser un tributo con destino obligado. Por otra parte, los planes de viviendas para los trabajadores de algunas empresas, pasaron a ser un elemento de presión de los ejecutivos. Esto significó una atenuación en las luchas reivindicativas de los trabajadores, ante el temor de ser excluidos de los planes habitacionales.

EL BENEFICIO PARA EL PATRÓN

Un caso concreto que muestra que el único beneficiado en tales planes es el empresario, lo enseña la experiencia de la industria textil HIRMAS.

Esta industria depositó el dinero del 5 por ciento, a nombre de sus trabajadores, en la Asociación de Ahorro y Préstamo "Renovación", empresa donde HERMAS aparecía con dos millones de escudos en acciones y bonos. La firma constructora encargada de levantar la población para los obreros y empleados era la de Juan Echeñique, donde también HIRMAS tiene intereses.

Finalmente, para que todo quedara "en familia", HIRMAS vendió terrenos de su propiedad, para construir la población.

Se cierra de este modo la cadena que ata a los trabajadores al gran negocio capitalista. Las utilidades de la empresa se consiguen gracias a la explotación de los trabajadores. Con ese mismo dinero se construyen casas. Los dividendos que pagan los obreros y empleados alimentan las AAP, bancos y compañías de seguros, que de un modo u otro, están controladas por las mismas personas.

Posteriormente, se formaron otras empresas que vinieron a usufructuar del negocio: las financiadoras, como ENACO.

Estas firmas reciben los depósitos del 5 por ciento y se suman a la cadena de beneficiados, comprando casas a empresas constructoras, que trabajan con bancos, compañías de seguros, etc.

COMIENZA EL BOICOT

La Cámara Chilena de la Construcción tenía en 1970 otro plan para ofrecerlo al nuevo gobierno, entendiendo que hubiesen ganado Alessandri o Tomic. Como no fue así, se paralizaron las obras, se despidió personal, quedándose las empresas sólo con gente suficiente para atender las oficinas.

La Cámara Chilena de la Construcción se sumó a la campaña del terror financiero, paralizando a numerosas industrias subsidiarias como cemento, madera, quincallería, fittings, etc.

El gobierno por su parte, si bien es un gran poder comprador, por ley no puede destinar más que un 20 por ciento a construcciones, viéndose así frenado el programa de construcciones de viviendas contemplado por la UP.

Las miradas se dirigen al gobierno, que aún no ha decidido plantear en qué calidad van a quedar las empresas constructoras, en el área privada, mixta o social de propiedad.

La necesidad de viviendas no admite demoras. Junto al déficit de medio millón de casas se alza el crecimiento demográfico y la justa aspiración popular de tener dónde vivir. El gobierno tendrá que hacer un esfuerzo para dar casas a los mismos que son su columna vertebral: los trabajadores.

El franco boicot de la Cámara Chilena de la Construcción está siendo encarado en algunas poblaciones mediante comités de vigilancia, integrados por obreros, a fin de impedir la paralización de obras en construcción.

Aunque la movilización de masas es vital para aplastar el boicot de las grandes firmas constructoras, también se requiere una tajante definición del gobierno. Frente al desafío de la Cámara Chilena de la Construcción, sólo cabe una firme actitud respaldada por el pueblo. El gobierno popular está siendo "toreado" por las empresas constructoras empeñadas en hacerlo aparecer ineficaz en el problema de la vivienda. La jactancia empresarial no ha encontrado hasta ahora una réplica firme y resuelta del gobierno.

ENRIQUE CANELO


Cobre

NACIONALIZACIÓN: UNA BANDERA QUE SALVAR

MIENTRAS el país se prepara para celebrar el despacho de la reforma constitucional, que permitirá la nacionalización del cobre, los distintos sectores de la ciudadanía hacen hincapié en la trascendencia histórica del proceso. Para todos los chilenos queda claro que la nacionalización de nuestra principal riqueza es un paso indispensable para lograr la independencia económica y la recuperación de nuestra soberanía.

Se ha dicho en todos los tonos que la causa principal de nuestro subdesarrollo, miseria y atraso está en las formas de explotación del cobre, a través de las compañías extranjeras. Estas se llevaron a través de los años el equivalente a todo nuestro patrimonio nacional, creado en cuatrocientos años con el esfuerzo de todos los chilenos. Nadie duda, entonces, que recuperar nuestras riquezas básicas, en estos momentos, es el deseo nacional de todos los chilenos, salvo aquellos que coluden sus intereses con los del imperialismo norteamericano.

EL PORQUÉ DE LA REFORMA

En el momento en que los trabajadores se aprestan a celebrar el despacho de esta reforma constitucional, hace falta recordar por qué el gobierno quiso que la culminación de este anhelo nacional, que la izquierda levanta como bandera de lucha desde 1958, quedará estampado en la Constitución.

El Presidente Allende lo dejó establecido en el Mensaje que envió a la Cámara de Diputados, cuando textualmente señala: "En primer lugar, la importancia que para la existencia libre, independiente y soberana del país tiene esta nacionalización, exige que ella sea solemnizada con la adopción de una decisión al más alto nivel jurídico concebible, aquel nivel en que es el propio soberano, el pueblo, actuando como Poder constituyente, quien expresa su voluntad. Así queremos enfatizar, poner de relieve en los planos nacional e internacional, que tenemos clara conciencia de lo que la nacionalización significa, y si el nacimiento de la independencia política está marcado por una Carta Fundamental, creemos indispensable que el nacimiento de Chile a la independencia económica sea también registrado en la Constitución".

Por otra parte, el Ministro de Minería, Orlando Cantuarias, el 19 de enero del presente año, en un discurso en el Senado decía: "Este gobierno, que se caracteriza por la franqueza con que plantea ante el país la verdad de los problemas y de sus posibles soluciones, no puede en esta ocasión ocultar que si la expropiación de la gran minería, en todos sus órdenes, hubiera de hacerse aplicando las normáis comunes, dictadas en beneficio y defensa del interés privado, importaría para el país un desembolso tan gigantesco que no estaría en condiciones de realizar, y que si lo realizara, convertiría esas actividades mineras que han sido por decenas de años una de las inversiones más brillantes que ha tenido el capital internacional en cualquier país del mundo, en un pésimo negocio para el Estado y provocaría, en consecuencia, un empobrecimiento para Chile si no se consideran las amortizaciones, depreciaciones, castigos, agotamiento de minas y desvalorización de instalaciones. Todas estas consideraciones determinan la indiscutible justicia de una disposición constitucional especial que rija este tipo de expropiaciones, así como justifica también condiciones de pago, plazos e intereses especialmente fijados para solventar la indemnización que pueda corresponder a los expropiados".

El Ministro Cantuarias deja claramente establecido que otro de los factores que se tuvo en cuenta para la reforma de la Constitución, fue el de no pagar más allá de lo que corresponde a las compañías extranjeras, tomando en cuenta todos los descuentos que en justicia se deben hacer.

En ese mismo discurso, el Ministro Cantuarias, refiriéndose a los convenios pactados por el gobierno demócrata-cristiano, sostiene: "El hecho de que el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial hayan admitido en sus actos la existencia de los contratos-leyes, para el gobierno sólo tiene el significado de actos en contra del espíritu de la Constitución Política del Estado y en los cuales se han fundado, desgraciadamente, todos los atentados contra el interés de Chile. Si algunos quieren deducir de esas actitudes que los contratos-leyes son un hecho dentro del derecho público chileno, el gobierno popular, por mi intermedio, declara que esos contratos-leyes eran un hecho dentro del derecho público, pero que este hecho ha terminado para siempre".

De las palabras de Cantuarias se desprende que otro de los objetivos del proyecto de reforma constitucional se dirige a poner a los contratos-leyes del gobierno pasado en el lugar que siempre debieron estar: sólo en la mente de las compañías norteamericanas que los generaron y en la del gobierno democratacristiano que los legalizó.

¿QUÉ PASÓ CON EL PROYECTO ORIGINAL?

Mucho se ha dicho que todos los sectores políticos, sin distinción de colores, se han unido en torno a la nacionalización del cobre. Y se ha impresionado a la ciudadanía con la idea de que nadie se opone a este anhelo nacional. Sin embargo, la iniciativa del Ejecutivo sufrió una serie de modificaciones en su larga discusión parlamentaria, de la cual el pueblo estuvo muy mal informado, y que significó algunas novedades que permiten hacerse conjeturas en torno a esta importante medida.

Sin pretender quitarle un ápice de significado al momento histórico que vivirá el país en los próximos días, caben algunas interrogantes que sólo el futuro dilucidará, señalando en su momento la responsabilidad que al Congreso le corresponde en este aspecto.

No es el momento de hacer aquí un análisis comparativo del proyecto inicial del Ejecutivo y del que será despachado el domingo 11 de julio por el Congreso Pleno. Pero está claro que no se pudieron cumplir las excelentes intenciones que tuvo el gobierno de la UP cuando planteó la reforma constitucional.

Se aprobó, por ejemplo, que el Presidente de la República fijará el plazo, interés y forma de pago de la indemnización, no pudiendo ser el plazo superior a 30 anos ni el interés inferior al 3 por ciento anual. Inicialmente se contemplaba el mismo plazo, pero con un interés del 3 por ciento, entendido como cifra tope.

El proyecto original, por otra parte, desahuciaba prácticamente los contratos-leyes convenidos por el gobierno de Frei, cuando decía : "Cuando por razones de interés general la ley modifique los derechos de los particulares, sea para reducirlos o imponerles gravámenes, sea para privarlos de ellos, no podrán éstos invocar beneficios, franquicias, liberaciones o garantías que emanen de acuerdos, convenios o contratos celebrados con el Estado o con sus autoridades aun cuando hayan sido otorgados en cumplimiento o con sujeción a leyes anteriores a las medidas adoptadas, o hayan sido aprobados por duchas leyes".

En lugar de ese artículo, que es claro y que responde a un interés real del país, se aprobó el siguiente texto: "En los casos en que el Estado o sus organismos hayan celebrado o celebren con la debida autorización o aprobación de la ley, contratos o convenciones de cualquier clase en que se comprometan a mantener en forma de particulares determinados regímenes legales de excepción o tratamientos administrativos especiales, éstos podrán ser modificados o extinguidos por la ley cuando lo exija el interés nacional. En casos calificados, cuando se produzca como consecuencia de la aplicación del inciso anterior, un perjuicio directo, actual y efectivo, la ley podrá disponer una compensación a los afectados".

Mientras él proyecto primitivo desahuciaba los contratos-leyes, el proyecto aprobado los consagra.

Respecto de la indemnización, punto que preocupa a todos los chilenos, el proyecto original decía claramente que cuando se trate de expropiación de terrenos superficiales, edificios, construcciones, plantas, maquinarias, etc., el monto de la indemnización será el costo original de dichos bienes, deducidas las amortizaciones, depreciaciones, castigos, agotamiento de minas y desvalorización por obsolescencia. El nuevo, y .al parecer definitivo proyecto, señala que las empresas afectadas por la nacionalización tendrán como único derecho una indemnización cuyo monto será el valor de libros al 31 de diciembre de 1970, deducidas las revalorizaciones hechas después de diciembre de 1964. No hay dónde perderse. Las compañías extranjeras salen evidentemente favorecidas con la modificación del Congreso.

Y para no hacer una detallada y cansadora comparación de ambos proyectos, bástenos señalar que el Ejecutivo proponía que las apelaciones al fallo de indemnización de la Contraloría se hicieran ante un tribunal formado por el Presidente de la Corte Suprema, por un miembro del tribunal constitucional nombrado por el Presidente Allende, por el Presidente del Banco Central, el director de ODEPLAN y el Vicepresidente de la CORFO. Por lo menos, cuatro de cinco personas respaldarían la política del gobierno popular, en materia cuprera. ¿Qué aprobó el Congreso en cambio? Que las apelaciones se hagan a un tribunal compuesto por el Presidente de la Corte Suprema, por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, designado por ésta, por un ministro del tribunal constitucional, designado por éste, por el Presidente del Banco Central de Chile, y por el director de Impuestos Internos. La correlación de fuerzas cambia absolutamente.

GLADYS DÍAZ


Notas:

1. No queremos perder la ocasión de responder a preguntas que nos hiciera el diario democratacristiano "La Prensa" en primera plana hace algunos días. Nos preguntó si asaltamos bancos robando dinero en el régimen recién pasado y qué hicimos con el dinero. A la primera pregunta respondemos de inmediato: ¡sí, señores democratacristianos! expropiamos dinero en cantidades que son de público conocimiento, pero lo que Uds. robaron de las arcas fiscales durante su gobierno, nadie lo sabe aún. En cuanto a qué hicimos con el dinero, no podremos por ahora satisfacer su curiosidad, pero tengan una tranquilidad al menos, que fue para fines mucho más respetables que el destino que le dieron ustedes, enriquecidos muchos a costa de lo que era propiedad de todo el país.

2. Queremos aclarar que esta descripción del programa de la Unidad Popular es una concesión teórica, ya que el problema de la alianza obrero-campesina como eje del frente más amplio de clases no aparece claramente planteado.

3. Jacques Chonchol, "Elementos para una discusión sobre el camino chileno hacia el socialismo". Cuadernos de la Realidad Nacional, Nº 7, marzo 1971.

4. Jorge Insunza, Revista Principios, marzo-abril 1971. Nº 138, Pág. 22.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02