La clase obrera chilena y la victoria socialista de 1970

PUNTO FINAL
Año V. Nº 121
Martes 5 de enero 1971

Editorial

CHILE, 1971

1971 abre un periodo necesario de movilización popular organizada en Chile. Los trabajadores de nuestro país, que han conquistado un gobierno popular, asumen ahora las tareas y deberes que plantea el inicio de la construcción del socialismo. Este objetivo ya ha dejado de ser un simple enunciado del programa de la Unidad Popular. Luego de la formación de los equipos de gobierno, entrabada por el apetito de los herederos de la anterior Administración, se ha entrado en la aplicación misma del programa.

Desde luego, en el Congreso está un proyecto de reforma constitucional cuyo rápido despacho se hace necesario para el interés nacional. Nos referimos al proyecto que permitirá nacionalizar las minas de cobre, actualmente en manos de compañías imperialistas norteamericanas. Conocida la resolución del gobierno de la Unidad Popular de ir a la nacionalización del cobre, parece inconveniente retardar con argucias legislativas el instante en que el Estado chileno tomará posesión de los yacimientos. El tiempo perdido será sin duda aprovechado por los consorcios norteamericanos. Estos últimos, como ha ocurrido en otros países, pudieran llevar a extremos peligrosos el boicot que desde luego, ya están aplicando, como lo han denunciado los propios trabajadores en el caso de Chuquicamata y El Salvador. Quizás si no convendría considerar, habida cuenta que las compañías norteamericanas tienen excelentes abogados en el Parlamento, especialistas en dilatar iniciativas legales o en torcer sus finalidades, la intervención lisa y llana de las minas de cobre para impedir que se dañen maquinarias, boicoteen frentes de laboreo o desaparezcan antecedentes valiosos para la explotación de los yacimientos. Con posterioridad, aprobada la reforma constitucional, se podrían ajustar los detalles financieros de la nacionalización.

No obstante, siendo quizás lo fundamental, la nacionalización del cobre y la recuperación de otras riquezas básicas, como el salitre, hierro, etc., no es todo lo que el gobierno del Presidente Salvador Allende va a realizar para lograr cambios profundos en Chile. Hay muchas otras medidas, como la nacionalización de los bancos, compañías de seguros y comercio exterior, la expropiación de los monopolios industriales, una vasta y honda reforma agraria, etc., que en el curso de este año seguramente irán tomando, cuerpo.

Todo ello necesita de la más activa movilización popular. Las organizaciones de masas deben ponerse en tensión para impulsar la aplicación del programa y prestar el respaldo consecuente que el gobierno de la Unidad Popular va a necesitar para hacerse respetar de los "momios" y de las acechanzas imperialistas. Este nuevo año, por lo tanto, es en Chile el año de la movilización de las masas trabajadoras. Su propia acción, no hay duda, elevará el nivel de la conciencia política del pueblo. Esa movilización organizada, y esa conciencia política, serán la mejor garantía de que el actual proceso tome caracteres definidos de una revolución.

PF.


Análisis

LA CLASE OBRERA CHILENA
Y LA VICTORIA ELECTORAL SOCIALISTA DE 1970

DURANTE muchos años sociólogos norteamericanos y latinoamericanos difundieron la idea de que el apoyo al socialismo marxista era principalmente un resultado del atraso económico y el "tradicionalismo" de los países del Tercer Mundo; de que las ciudades industriales modernas servían para "moderar" el enfoque y la conducta de la clase obrera, en especial de los obreros industriales mejor pagados. Algunos sociólogos que aceptaron esta opinión comenzaron a hablar de sectores o clases "integrados" (que incluían los trabajadores industriales urbanos) y clases "marginales". La idea de un proletariado industrial "aburguesado", inclusive, conformó la visión de muchos intelectuales de izquierda, quienes también comenzaron a hablar de una "aristocracia dentro de la clase trabajadora" y a mirar al campesinado como la única base capaz de proporcionar esperanzas de una transformación revolucionaria. La idea de que la clase obrera se uniría y actuaría como una clase en favor de la sociedad socialista contra la desigualdad y la explotación del capitalismo, parecía haber desaparecido de los ojos de muchísimos investigadores norteamericanos que pretendían estudiar las clases más bajas latinoamericanas. Sin embargo, un análisis cuidadoso de la conducta política de la clase obrera chilena refuta la tesis de la "integración".

Desde su formación en 1956, el Frente de Acción Popular (FRAP), con dirección marxista, orientó su actividad política hacia la obtención del apoyo de la clase obrera. En 1958, el candidato del FRAP, Salvador Allende, perdió por un margen de 35.000 votos sobre un total de 1.300.000. En las elecciones de 1964, en una virtual competencia de dos líneas principales, Allende obtuvo el 39 por ciento de los votos (con respecto al voto masculino ese porcentaje se eleva al 45 por ciento). En 1970, el candidato de la Unidad Popular, con dirección marxista, ganó la elección con el 36,2 por ciento de los votos.

La base principal de apoyo de la coalición de 1964, también con dirección marxista, y de la victoria electoral de 1970, fue el proletariado industrial localizado en los modernos centros urbano-industriales.

Como lo señala el cuadro 1, en 1964 el FRAP obtuvo el apoyo de las comunas que poseían la más alta concentración de trabajadores industriales. Cuanto mayor fuera la proporción de trabajadores industriales, mayor la proporción de votos en favor de Allende. Los resultados electorales de 1970 sugieren que la experiencia de un gobierno democratacristiano no modificó la fidelidad política de los trabajadores; por el contrario, la relación entre los votos de Allende y Alessandri, y entre los de Allende y Tomic, parece haberse incrementado en favor de Allende.

Los resultados de la votación presidencial insinúan que el gobierno reformista de la democracia cristiana fracasó totalmente en la conquista de la clase trabajadora, esperada por muchos de sus partidarios, tanto chilenos como norteamericanos. Los obreros industriales eligieron seguir siendo fieles al candidato marxista y rechazaron la opción democristiana.

Los democratacristianos, quienes proponen una "tercera vía" entre el socialismo y el capitalismo, encuentran escaso apoyo para su programa por parte de la conciencia de clase de los obreros chilenos. Indudablemente los lazos existentes entre los democratacristianos, los Estados Unidos y los empresarios chilenos han debilitado la capacidad de los primeros para promulgar una legislación social y para concretar las reformas económicas que habrían redistribuido el ingreso e incrementado la participación de la clase obrera en el sistema industrial. Esto sugiere que la capacidad de la Unidad Popular para conservar el poder político dependerá de su capacidad para satisfacer las exigencias de cambios anticapitalistas radicales en los centros industriales urbanos, exigencias provenientes de la clase obrera industrial.

Las comunas de clases no obreras continuaron dando su apoyo a la Derecha (Alessandri) y a los demócrata-cristianos. Esto indica que el apoyo político de los partidos no marxistas (Radicales, API, Social-demócratas y el MAPU) no tuvo prácticamente relevancia en la determinación del caudal de votos por Allende en los centros urbanos [1] . El caudal de votos por Allende en los centros industriales urbanos fue principalmente consecuencia de la conducta electoral tradicional del proletariado industrial. Por consiguiente los partidos no marxistas están representados en exceso en los puestos del gobierno, teniendo en cuenta su contribución al triunfo de Allende. Por ello, los pactos políticos con los partidos no marxistas, si bien pueden servir para fortalecer la imagen de un "gobierno multi-partidario", también pueden conspirar contra un programa de reformas profundo y coherente, capaz de conservar el apoyo popular del gobierno. El desequilibrio entre la base social homogénea de la victoria de Allende (principalmente socialistas y comunistas de la clase obrera industrial) y el carácter políticamente heterogéneo de la dirección del frente puede provocar graves problemas, lo cual depende del grupo a quien Allende elija servir.

La segunda base principal del apoyo de la izquierda fue el sector minero, integrado desde hace varias décadas por partidarios de las agrupaciones políticas marxistas. Inclusive entre los sectores mejor pagados del proletariado industrial (los obreros del cobre), Allende obtuvo una cantidad de votos que superaba en más de dos veces y media a la lograda por Alessandri. La tesis de una "aristocracia obrera" difícilmente será capaz de explicar la conducta de este sector de la mano de obra con alta remuneración, que puede haber votado así en pro de la nacionalización de las minas, sabiendo que posiblemente ello no mejoraría mucho su nivel de vida, sino que favorecería el desarrollo económico chileno.

Como indica el cuadro 3, los mineros, manifestando un alto grado de solidaridad de clase, rechazaron claramente las opciones no socialistas y votaron por el candidato socialista en cantidad abrumadora. Las implicaciones políticas son evidentes: en los sectores de mano de obra más directamente implicados existe una base social para concretar un amplio programa de nacionalización minera. Si Allende fracasa en su ejecución, no podrá echársele la culpa a la falta de apoyo político.

El tercer apoyo principal de la victoria de Allende provino de las mujeres de clase obrera urbana.

La mayoría de los observadores han generalizado erróneamente al referirse a la conducta electoral conservadora de las mujeres chilenas, ya que no consideraron las diferencias de clase entre las mujeres. Si tomamos todas las comunas del Gran Santiago, integradas por obreros industriales en un porcentaje del 40 por ciento o superior (véase cuadro 4), observamos que Allende obtuvo 119 votos femeninos por cada 100 de Alessandri y 147 por cada cien de Tomic.

Si tomamos en cuenta las dos únicas comunas de la ciudad de Santiago que poseen una mayoría absoluta de obreros industriales (San Miguel y La Granja), vemos que a Allende le correspondieron 130 votos femeninos por cada 100 de Alessandri y 203 por cada cien de Tomic.

Al parecer, cuando las relaciones económicas y sociales del moderno capitalismo industrial se imponen en las familias chilenas y surgen fuertes organizaciones de la clase trabajadora, esto tiene por efecto liquidar las creencias tradicionalistas de las mujeres y volverlas permeables a los movimientos políticos radicales. La concentración social de los obreros con conciencia de clase, particularmente en los suburbios, parece crear una cultura política radical, la cual destruye los valores tradicionales paternalistas que ordinariamente han influido sobre el voto femenino. La menor proporción de votos femeninos en favor de la izquierda registrada en otros contextos sociales, probablemente se deba a que el voto femenino recibe desproporcionadamente la influencia de factores que no pertenecen a la clase, por ejemplo, los medios de difusión de masas.

Desde un enfoque teórico, podemos afirmar que la situación social del trabajo en una sociedad capitalista dependiente, las experiencias adquiridas por los trabajadores en ese medio, los conflictos planteados y la manera de resolverlos son los determinantes principales del voto de la clase obrera.

El apoyo masivo al Partido Socialista y al Partido Comunista reside en la clase obrera y esto proporciona, sobre todo cuando están políticamente aliados, una base social coherente y estratégicamente ubicada, que puede ser movilizada para intervenir en las luchas y en los cambios políticos y sociales. Los democratacristianos no fueron capaces de superar el statu quo de la situación social; en gran medida porque su base estaba (y está) constituida por una masa heterogénea de individuos con intereses y valores contrapuestos.

La radicalización de la clase obrera industrial chilena es principalmente el resultado de la explotación por parte del capital chileno y estadounidense en el proceso del desarrollo capitalista. Al mismo tiempo, los obreros radicalizados han proporcionado a los partidos marxistas —mediante sus luchas sociales y su poder político— una oportunidad para desarrollar la sociedad chilena a través de una política e instituciones socialistas. Los próximos meses o años revelarán si la dirección política de la izquierda chilena es capaz de cumplir con su responsabilidad histórica.

JAMES PETRAS
(Trad. de M.d.S.)


Reportaje

CHILE RECUPERA SUS MINAS DE COBRE

"Una sugerencia dada en una reciente conferencia bancaria internacional, es la posibilidad de crear una nueva entidad multinacional para asegurar las inversiones en las áreas menos estables del mundo. Parece ser que el compartir una forma multinacional los peligros y los riesgos, ofreciendo más protección y seguridad, que podría hacerlo la agencia de una simple nación, podría ayudar, estimular y alentar tan necesarias inversiones. También podría proporcionar una cobertura más uniformemente obtenible y adaptable, la que también actuaría como agente disuasivo para la expropiación".

—Jay Parkinson, Presidente mundial de Anaconda, el 26 de octubre de 1970, en el foro del American Metal Market.

DURANTE los últimos cuarenta años, para ser más exactos desde 1930 hasta 1969 las grandes compañías explotadoras de cobre se llevaron de Chile 3.700 millones de dólares, equivalentes al cuarenta por ciento del total del patrimonio nacional acumulado por todo Chile en 400 años de historia. La cifra fue entregada por Salvador Allende el 21 de diciembre cuando anunció oficialmente el envío del "proyecto de reforma constitucional que nacionaliza la Gran Minería del Cobre. Sin duda que Jay Parkinson no necesitaba de las cifras entregadas por el Presidente chileno para saber el significado que tiene para el imperialismo la nacionalización de la principal riqueza chilena y se había adelantado para, cinco días después del fracaso del golpe militar en Chile y ante la inminencia del gobierno popular, llamar a los productores a unirse en un frente multinacional que de concretarse "actuaría como agente disuasivo para las expropiaciones".

Sin duda que el capo de la Anaconda no esperaba que el proyecto de nacionalización del cobre en Chile tuviera una expresión tan rápida y en el extenso discurso pronunciado en Londres aún se permitía iniciar sus palabras con esta anécdota: "Recientemente en un vuelo a Montana, me tocó sentarme al lado de un simpatiquísimo francés quien, cuando supo en lo que yo trabajaba me preguntó: ¿Porqué ustedes, la gente que trabaja en el mercado del cobre, arruinan tan precioso metal cargándolo con tan pocos apetitosos precios? Ante este preámbulo me dediqué a tratar de convencerlo de que una libra de cobre en el mercado del mundo actual en la escala de los 50 centavos por libra era uno de los mejores negocios del mundo".

Y sin duda que para la empresa que Parkinson preside, la Anaconda, lo es. Durante el año 1969 obtuvo utilidades en todo el mundo que llegaron a los 99 millones de dólares; de este total, 79 millones, o sea el ochenta por ciento, fueron obtenidos en Chile, donde la Compañía tiene una inversión que alcanza sólo al 16 por ciento de todas sus inversiones mundiales. En realidad debe haber pocos negocios en el mundo tan buenos como la explotación del cobre sobre todo si es un país donde los gobernantes se las han arreglado sistemáticamente para facilitar el negocio de las compañías.

La nacionalización abre expectativas para la realización de transformaciones profundas que beneficiarán al país, pero tanto las palabras de Parkinson como las acciones iniciadas indican claramente que junto al proceso de recuperación debe iniciarse la concientización de las masas para que su organización y movilización les permitan enfrentar con fuerza desde un comienzo las maniobras del imperialismo,. No hay que olvidar que ya antes del 4 de septiembre la Anaconda colaboró de manera importante en el financiamiento de la "Campaña del terror" y que luego, Guillermo Carey, hijo de un alto ejecutivo de la misma empresa, apareció directamente implicado en el intento golpista que abortó con el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército y la denuncia hecha un día antes por el MIR.

HISTORIA

La historia de la explotación del cobre en el mundo se confunde con la historia del hombre mismo sobre la tierra. Su aparición marca el paso de la edad de la piedra a la edad de los metales cuando en aleación con el estaño dio origen al bronce. En Chile la explotación del cobre se inicia en la época colonial, pese a que su utilización data de épocas precolombinas. Aunque durante la Colonia la explotación del cobre, especialmente a fines del siglo 18| fue fuente de riqueza para muchos españoles, es sólo un siglo después cuando nuestro país comienza a aparecer como uno de los más importantes productores del mundo. En 1876 nuestro país producía el 62 por ciento del total del cobre mundial y la explotación se concentraba en los minerales de El Tamaya en la provincia de Coquimbo. A los pocos años, sin embargo, la aparición del salitre y las extraordinarias ganancias que éste dejaba hacen desviar la atención de los "inversionistas" hacia el llamado oro blanco, relegando temporalmente a segundo plano el interés imperialista hacia el cobre.

A principios de este siglo, en 1904 para ser más exactos, el mineral de El Teniente en la provincia de O'Higgins llega a manos de los ingenieros Williams Braden y Marcos Chiaponi, quienes constituyen un año más tarde la Braden Cooper Company, la que posteriormente en 1916 pasa a integrar el consorcio mundial de la empresa norteamericana Kennecott. La inversión inicial para la explotación de El Teniente fue de dos y medio millones de dólares. En los primeros cinco años de explotación produjo un total de seis mil setecientas sesenta y nueve toneladas llegando su producción actual a las 170 mil toneladas anuales. La Chile Exploration inició su labor en nuestro país en 1913 con una inversión de un millón de dólares en el mineral de Chuquicamata, llegando su producción total en 55 años de explotación a los 10 millones de toneladas. Para señalar más claramente la relación que existe entre las inversiones de las compañías y las ganancias que éstas han tenido, quizás sea suficiente señalar que el total de lo invertido por las empresas llega a los ochocientos millones de dólares, mientras que se han llevado del país una suma que alcanza a 4.000 millones de dólares de utilidad.

Estas cifras además de las calculadas como amortización fueron las que hicieron decir a Salvador Allende el martes 8 de agosto de 1961, en una sesión del Senado, que "el solo hecho de, indemnizar a las compañías importa un acto de generosidad al cual el país no está obligado moral ni económicamente. A Chile nadie lo indemnizaba por los cientos de millones de dólares perdidos". Más adelante el mismo Salvador Allende señalaba: "Es injusto y contradictorio que los países subdesarrollados ayuden a mantener a costa de su propia miseria, el lujo y despilfarro de las naciones más maduras e industrializadas. Esto demuestra que cuando hablamos de explotación e imperialismo, tenemos razón. El cobre es un ejemplo más. El azúcar en Cuba lo fue. Sólo cabe en esta hora de la historia la nacionalización de nuestra riqueza básica. Lo contrario es cobardía. Y quienes se opongan niegan el progreso futuro de Chile y serán cómplices de su estancamiento y pobreza".

Sin embargo, los gobernantes de turno tenían muy poco interés en dejar de ser cómplices de la miseria del pueblo chileno, por el contrario se las arreglaron para satisfacer siempre los intereses de las compañías norteamericanas. En 1955, en el mes de mayo, se envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que modificaba los convenios firmados en Washington en 1951 por Gabriel González Videla. Este proyecto de ley se denominó del nuevo trato al cobre y significó que esta industria no estuviera obligada a retornar al país la totalidad de sus ventas en el exterior. La ley de nuevo trato significó, además, que sin invertir más dólares en aumentar su capacidad instalada, las compañías tributaran sólo un 63 por ciento ya que a mayor producción disminuye la tasa de tributación. En sólo cinco años esta ley promulgada en el gobierno de Carlos Ibáñez con el respaldo de la mayoría del Congreso, significó para Chile un menor retorno de 141 millones de dólares que pasaron directamente a los bolsillos de las compañías.

El 21 de diciembre de 1964, el entonces recién asumido Presidente de la República, el democratacristiano Eduardo Frei, daba a conocer al país por una cadena de radio y televisión lo que se llamó los convenios del cobre o chilenización de las compañías. Ya antes el mismo Eduardo Frei había hablado del cobre llamándolo la viga maestra de la economía chilena, viga que pese a la declaración de buenas intenciones hechas en esa oportunidad por el propio Frei sirvió para que rápidamente las compañías vieran aumentadas sus utilidades en un sesenta y cinco por ciento al paso que Chile sólo aumentó sus ingresos en un quince por ciento. Sin duda un negocio redondo de las compañías norteamericanas en base a la viga maestra de la economía chilena. La inversión total en estos convenios llegó a los 600 millones de dólares de los cuales sólo 70 fueron para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mientras los 530 restantes eran invertidos en un aumento de la producción que beneficiaba directamente a las compañías.

Estos convenios, notoriamente desfavorables para el interés del país, provocaron una prolongada huelga de los trabajadores del cobre que en esta oportunidad enviaron una larga carta al presidente Frei cuestionando la negociación que claramente advertían negativa para el interés nacional ya que mientras por una parte se daba a las compañías todas las ventajas tributarias como sociedades anónimas chilenas, por otra, estaban exentas de los inconvenientes y riesgos que podrían enfrentar las demás empresas nacionales, ya que para las compañías se fijaba una tributación que no podría ser aumentada en 20 años. Incluso el propio presidente de la Kennecott, mister Milliken, señaló públicamente que sus impuestos bajarían con los convenios de un 85 por ciento a un 44 por ciento, estabilizados durante 20 años.

A los antecedentes anteriores hay que agregar dos que señalan claramente el carácter que ha tenido la explotación de la empresa cuprera por parte de las compañías. Durante la segunda guerra mundial Chile debió vender su cobre a 11,5 centavos de dólar la libra, lo que determinó un menor ingreso para nuestro país del orden de los 500 millones de dólares. Hace menos tiempo, durante el gobierno de Frei y teniendo como Ministro de Minería a Eduardo Simian el gobierno de Chile aceptó vender 90 mil toneladas de cobre para ser usado en la guerra imperialista contra el pueblo vietnamita a 36 centavos de dólar la libra, escándalo que le costó una acusación constitucional al entonces Ministro de Minería.

Las cifras que demuestran cómo los gobiernos se las han arreglado para permitir a las compañías llevarse cada vez una mayor cantidad de ganancias, se resume quizás en los guarismos entregados por el propio Salvador Allende al firmar el proyecto de Reforma Constitucional, justo seis años después que Frei anunciaba sus pactos con las compañías:

"Quiero que el pueblo sepa que El Teniente, vale decir la Kennecott, antes de los pactos era propietaria del cien por ciento de las acciones y que sus utilidades retiradas llegaban al 17.4 por ciento del total; después de los pactos, siendo propietaria sólo del 49 por ciento de las acciones recibió ahora el 56 por ciento de las utilidades. O sea la Kennecott, ahora con el 49 por ciento de las acciones, ha obtenido en términos relativos tres veces más utilidades que cuando controlaba la totalidad de las acciones.

EL PROYECTO

El Proyecto de Reforma Constitucional que nacionaliza la Gran Minería del Cobre y la Sociedad Minera Andina (considerada de la mediana minería) comienza señalando en forma definitiva el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares y los depósitos de carbón e hidrocarburos, de parte del Estado.

Quedan exentas sólo las arcillas superficiales y las rocas y arenas aplicables directamente a la construcción que se encuentren en terrenos de propiedad privada. De esta manera los particulares sólo podrán tener el derecho de concesionarios en el caso de los yacimientos y minas. No se paga ningún tipo de indemnización sobre los yacimientos ya que sin duda pertenecen legítimamente a Chile y la indemnización sólo se hará, en el caso que corresponda, sobre los bienes necesarios para continuar en condiciones no inferiores a las actuales y a los planes de expansión previstos, la normal explotación de la gran Minería del Cobre y de sus subproductos, aun cuando ellos pertenezcan a empresas diversas de las que realizan la explotación.

Se deja además sin efecto toda la negociación hecha por el gobierno de Frei al paso que los pagos efectuados por la Corporación del Cobre de Chile por precio o a cuenta de precio de acciones adquiridas se imputarán a la indemnización. La ley disuelve, por lo tanto, las sociedades mineras mixtas. Para los efectos del pago de indemnización se señala que esta corresponderá al costo original de los bienes expropiados, deducidas las amortizaciones, depreciaciones, castigos, agotamiento de minas y desvalorización por obsolescencia, prescindiéndose de revalorizaciones de cualquier tipo.

Se deja claramente establecido además que la indemnización será disminuida en un monto equivalente a las rentabilidades excesivas que las empresas actuales o sus antecesoras hubieran obtenido desde 1955 a la fecha, por sobre la rentabilidad normal que ellas mismas o empresas similares hayan obtenido en el conjunto de sus operaciones internacionales. Se señala también que no habrá indemnización por bienes que el Estado no reciba en buenas condiciones de aprovechamiento, por los que se entreguen sin sus derechos a servicios, atención, reparaciones y repuestos, y por los estudios, prospecciones y demás bienes materiales indemnizables que se entreguen sin todos los títulos, planos, informes y datos que permitan su pleno aprovechamiento.

Las indemnizaciones serán pagadas en dinero en un plazo de treinta años, con un interés del tres por ciento anual.

El monto de las indemnizaciones a pagarse será determinado por la Contraloría General de la República y las apelaciones podrán hacerse ante un tribunal presidido por el Presidente de la Corte Suprema. La ley señala además que el Estado tomará posesión material inmediata de los bienes una vez que entre en vigencia la Reforma.

El proyecto se encuentra en estos momentos en el Congreso, su aprobación parece inminente y sin duda que su concreción significará un paso importante para el futuro de Chile, pero no hay que olvidar que el imperialismo está siempre dispuesto a responder cuando se tocan sus intereses y que esa respuesta sólo puede enfrentarse mediante el respaldo decidido de las masas organizadas que permitirá seguir avanzando hacia un desarrollo revolucionario, desarrollo que en la nacionalización da un primer paso y debe darlo con fuerza.

JOSÉ CARRASCO T.


Denuncia

NO SÓLO DE "PITUTOS" VIVÍAN LOS FREISTAS

UNO de los más sabrosos bocados que regalaron el hambriento paladar del PDC, durante el sexenio pasado, fue la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU).

Aparte de las andanzas de Gastón Saint Jean, el exvice de CORMU, que son para un reportaje especial, particularmente en lo que se refiere a las faraónicas construcciones de la llamada "Remodelación San Borja", donde ni siquiera se usaban las propuestas y contratos para las lujosas construcciones, este organismo repartió corrupción por todo el país.

La CORMU, en efecto, no sólo funciona en Santiago. Tiene sociedades filiales a lo largo del territorio que trabajan estrechamente ligadas a las municipalidades. Estas sociedades son manejadas por un directorio de seis miembros, tres de la CORMU y tres de la respectiva municipalidad, presidiéndolas uno de los primeros.

Participar en esos directorios era también, desde luego, uno de los apetitosos "pitutos" creados por el anterior gobierno. Los directores gozaban de un sueldo mensual vital escala A de Santiago por asistir a reuniones que en promedio no eran más de una cada treinta días.

Los directorios de las CORMU locales tienen facultades para contratar las obras que estimen convenientes dentro del rubro mejoramiento urbano. Concepción, donde funciona la CONCORMU, es un caso típico de cómo operaban estas sociedades en beneficio de unos cuantos "vivos" allegados al PDC. He aquí algunas perlas:

*** En la sesión del 6 de diciembre de 1968, el directorio de CONCORMU designó arquitecto consultor e inspector de las obras de remodelación de la manzana Catedral de Concepción a Augusto Iglesias Barrios. Dio la casualidad que esta persona no fue designada por su apellido, muy apropiado para dirigir la remodelación de la manzana Catedral, sino por algo mucho más elocuente: porque era director de la CONCORMU desde su fundación, iglesias Barrios aceptó modestamente la misión que el directorio del que formaba parte le encomendaba. Por su "sacrificio" se le fijó un honorario del uño por ciento de la inversión, calculada en diez millones de escudos, o sea cien mil escudos.

*** En vista de lo bien que le había ido a su colega Iglesias, otro director de CONCORMU, Enrique van Rysselberghe Martínez, regidor democristiano de Concepción, se tiró al dulce en la sesión del 17 de diciembre de 1968. En el curso de la reunión, Van Rysselberghe Martínez recordó que un honrado proveedor de arena y contratista de excavaciones había hecho una proposición ventajosa a CONCORMU para encargarse de la excavación del edificio Catedral y proveer la arena necesaria. El excavador y arenero, naturalmente, se llamaba Enrique van Rysselberghe Martínez, director de CONCORMU. Ante tan elocuentes argumentos, el directorio aprobó adquirirle arena y encomendarle el trabajo de excavación.

*** Como la pista estaba liviana, en la misma sesión el gerente de CONCORMU, un señor Zanoni, propuso contratar el corretaje de ventas de oficinas y locales del futuro edificio Catedral con Alejandro Duque Lagos. Da la casualidad que Duque Lagos es el suegro de Zanoni. Para que la molestia no fuera en vano, al pariente corredor se le fijó una comisión del 1% del precio de venta de las oficinas y locales, permitiéndole cobrar un 2% al adquirente.

No obstante, el suegro del gerente de CONCORMU parece que encontró poco lo que se le ofrecía. Es así como en sesión del 17 de enero de 1969, el directorio lo facultó para recargar hasta en un 5 .por ciento los precios de venta de las oficinas y locales. Pero ni siquiera eso tranquilizó al inquieto corredor y pariente. El 14 de noviembre de 1969, CONCORMU volvió a tratar el problema del suegro del gerente Zanoni. Esta vez resolvió pagarle un tercio de la renta mensual de cada oficina o local arrendado, facultándolo para que cobrara un mes completo de renta al arrendatario en calidad de comisión.

*** Pero donde se arregla un suegro, también se arregla un yerno. Esa parece ser la filosofía que animó a CONCORMU el 24 de enero de 1969, cuando a proposición del director Augusto Iglesias Barrios, el mismo que se había arreglado los bigotes como arquitecto consultor, se aprobó aumentarle el sueldo al gerente Zanoni. La nueva suma se fijó en ocho sueldos vitales, clase A de Concepción, más el porcentaje de participación previsto en su contrato inicial. El 7 de marzo, menos de dos meses después, se resolvió asimismo entregar a Zanoni una asignación mensual de movilización equivalente a un sueldo vital y medio, pero como esa asignación se suponía que era para comprar gasolina, se le hizo el favor completo: se le anticiparon 35 mil escudos para que comprara un modesto automóvil Ford Falcon 63, con cargo a esa asignación. O sea, se compró un auto por cuenta de CONCORMU ... quizás para sacar a pasear a su aprovechada familia.

*** El resto de los directores de CONCORMU, entretanto, se chupaba los bigotes mirando este desfile de favores. Para no quedar debajo de la mesa resolvieron el 7 de febrero de 1969, reajustar los viáticos por "gestiones fuera de la sede", en proporción al alza del costo de la vida, que bajo el gobierno de Frei no bajaba del 40 por ciento anual. Para que no hubiese pelambre, el reajuste de viáticos se hizo extensivo no sólo a los directores sino también al gerente Zanoni y a los funcionarios.

*** Por entre los palos, simultáneamente, volvió a correr el regidor democristiano y director de CONCORMU, Enrique van Rysselberghe Martínez. El 7 de marzo de 1969, se adjudicó al arquitecto Roberto Goycolea infante el proyecto de arquitectura del conjunto Remodelación Catedral. Goycolea Infante forma parte de la Sociedad Parque Víctor Lamas, con 10 por ciento de aporte, junto con CONCORMU (45%) y Gormaz & Cía. (45%). Pero lo más importante: asociado con Goycolea trabaja el arquitecto Ernesto Vilches ... ¡que es yerno de Enrique van Rysselberghe!

Con razón CONCORMU no da a conocer balances ni movimientos contables. Porque la cosa se pondría bastante dura si algunos intrusos que nunca faltan metieran las narices en el manejo de las platas de esa sociedad.

El 5 de marzo de 1970, por ejemplo, se aprobó el balance de 1969, acordándose enviar una copia a la Municipalidad, lo que no se hizo. Pocos días después, en cambio, se tomaron acuerdos en la CONCORMU para conseguir plata: 300 mil escudos con el Banco de Concepción bajo garantía hipotecaria del inmueble de calle Barros Arana entre Caupolicán y Rengo, que fue del Arzobispado, luego inscrito a favor de CORMU por expropiación y que debe traspasarse a CONCORMU. En mayo de 1970, el gerente explicó al directorio de CONCORMU el estado financiero de la sociedad, pero sin que queda ran rastros de su explicación.

C. C. M.


Brigadas Juveniles

SECTARISMO ES CONTRARREVOLUCIÓN

P: ¿Qué sentido tiene para un brigadista la propaganda política?

PABLO SÁNCHEZ: "El principal sentido que se le puede dar a la propaganda política es orientar a las masas, llevar a las masas la posición del partido. En esto aplicamos la teoría leninista de la propaganda revolucionaria, es fundamental para la educación política de las masas guiarlas mediante la propaganda. Esta es una manera bastante directa de llegar a ellas, aunque no es la más completa".

La formulación de esta conocida teoría, no asegura, sin embargo, una práctica correcta de la misma. Pablo Sánchez, es Secretario de Educación Política de la Brigada central "Elmo Catalán" (BEC), organización propagandística especializada de la Juventud Socialista.

PF: ¿Qué opina de la labor de la BRP?

Interviene PATRICIO ANDÍA, jefe de la BEC: "Ha jugado un papel en este momento histórico, pero a veces opera con un sentido equívoco, que proviene de la línea política de las JJCC.

Educan a las masas, pero con un sentido equívoco que se expresa en las palomas de la paz como símbolos de sus rayados. Esto es muy peligroso para la fortaleza ideológica de los trabajadores, pues les crea un temor sicológico ante la violencia, e introduce un engaño, pues enseñan que los trabajadores ganaron el poder económico y político, cuando sólo hemos ganado el gobierno.

Estamos en la lucha por la conquista del poder definitivo y debemos trabajar más y educarnos políticamente más, y enseñarle al pueblo que el poder no se ha ganado todavía, que el poder no se va a ganar mediante elecciones, es decir todo lo contrario al sentido que le da la BRP a sus rayados murales".

La conversación se desarrolla en uno de los locales de la BEC, en medio de tarros de pintura, brochas y lienzos. Participan, además, Gabriela Zúñiga, tesorera, y Mario Felmer, vocal socialista de la FECH.

PF: ¿Un ejemplo de la diferencia entre una consigna de la BRP y otra de la BEC?

PABLO SÁNCHEZ: "La BRP escribió en muchos muros de Santiago, después del 4 de septiembre, la consigna: "Ahora Chile es libre del imperialismo yanqui". He aquí un contrabando ideológico gravísimo, se está engañando a las masas. La BEC pintó dos murales en la Alameda, donde tratamos de hacer claridad y que dicen: "En una revolución se triunfa o se muere".

PF: ¿Qué es la BEC?

PATRICIO ANDÍA: "Se puede decir que es un homenaje a la acción heroica de Elmo Catalán, la forma orgánica que toma el deseo de seguir el ejemplo auténticamente revolucionario del guerrillero. Tratamos de formar a la clase trabajadora en la idea de que ésta es sólo una etapa y que ella tiene en este proceso el principal papel, haciendo conciencia de que las cosas van a llegar a un punto tal que el enfrentamiento armado será inevitable".

Esta política no es propia de la BEC. Está fijada por el Comité Central de la Juventud Socialista, de la cual es un organismo auxiliar. Nació ("por la necesidad de llegar a las masas a través de una propaganda revolucionaria") a comienzos de 1970, al calor de la campaña presidencial, con otros nombres, entre ellos el de Pedro Lenin Valenzuela, asesinado por la policía freísta durante un rapto de avión. A mediados de julio tomó el nombre de Elmo Catalán ("su acción es más representativa para nuestro partido"). Depende directamente del Departamento Nacional de Propaganda de la JS. Está organizada en base a una Brigada Central, con sede en Santiago (de un número determinado de militantes, en su mayoría estudiantes secundarios), hecha para trasladarse a todos los puntos, y brigadas seccionales en las comunas de la capital, donde intervienen jóvenes pobladores y obreros. En cada Regional del Partido Socialista (que corresponden a una división geográfica del país) hay una Brigada Central y sus Seccionales, con militancia más compleja que incluye a campesinos.

La BEC es una organización selectiva, de cuadros políticos formados, exigente de probada madurez sicológica, que asegure criterio y equilibrio en la acción. Cumple una doble función de propaganda callejera, agitación y seguridad, necesaria en los actos de masas y torneos internos del Partido Socialista. En un comienzo centró todos sus esfuerzos en los trabajos electorales, pero hoy día adquiere una proyección política mayor, que sus dirigentes han delineado en estas páginas. En el origen de la BEC tienen marcada influencia los grupos espontáneos que salieron a rayar las murallas chilenas para expresar su fe en Ernesto Guevara ("El Che no ha muerto") a la caída del líder guerrillero en Bolivia. Pero sus dirigentes reconocen que la existencia de las Brigadas "Ramona Parra" (BRP) de las Juventudes Comunistas, apuraron la formalización de la BEC.

PF: ¿El criterio unitario de la BEC incluye las posiciones de la extrema izquierda?

PATRICIO ANDÍA: "La extrema izquierda no existe. Existen compañeros auténticamente revolucionarios que algunos partidos tratan de excluirlos del movimiento histórico del país".

GABRIELA ZÚÑIGA: (lee un documento interno) "Es nuestro deber fortalecer la unidad de las fuerzas revolucionarias que hay en nuestra patria, sobre la base del respeto mutuo y el libre derecho a las distintas tendencias que se pueden generar en el seno del pueblo". Y agrega de su parte: "Hay que dar una lucha contra el sectarismo que se entroniza en las filas de la izquierda y se transforma en un enemigo de la causa revolucionaria. Por eso, yo creo que la posición nuestra debe ser aceptar sin sectarismo, por ejemplo, a los compañeros del MIR".

DENUNCIAR EL SECTARISMO

La muerte en terrenos de la Universidad de Concepción, de Amoldo Ríos, con el cráneo destrozado por un balazo, puso en el primer plano noticioso la existencia de las brigadas de propaganda de los partidos marxistas. A la vez, desnudó un debate que se llevaba en sordina dentro de la izquierda, sobre el sectarismo.

PF: Lo ocurrido en Concepción hizo ver a muchos en la izquierda que estaba vivo un sectarismo peligroso para la fortaleza revolucionaria y negativo para el desarrollo socialista. ¿Ustedes están de acuerdo en que hay tendencias o partidos sectarios en la UP?

MARIO FELMER: "En la práctica de las organizaciones de la Izquierda, en muchas oportunidades se han reflejado posiciones sectarias. Se han manifestado en distintos tipos de actitudes. La expresión más grave de prácticas sectarias son los sucesos de Concepción, que ocurren en momentos en que el Gobierno Popular toma medidas de importancia trascendental, como por ejemplo la expropiación del monopolio textil Bellavista-Tomé. La derecha aprovechó el incidente para orquestar una campaña publicitaria vaticinando el comienzo de una lucha fratricida entre los partidos de la izquierda.

"Quienes han actuado con sectarismo tendrán necesariamente que comprender que sus actos sólo favorecen al enemigo.

"Hoy más que nunca es indispensable la unidad de todas las fuerzas de la Izquierda, pues la gran guerra para destruir el poder político y económico de la oligarquía y el imperialismo sólo ha comenzado.

"Pensamos que la BRP ha jugado un papel muy importante en el actual proceso, ha puesto un gran empeño en las tareas de llevar a las masas las consignas de la UP. Pero a veces ha reflejado con un cierto énfasis actitudes sectarias. En muchas oportunidades ha habido actitudes equivocadas de los compañeros de la BRP. Entendemos que ello es responsabilidad del PC y las JJCC, y pensamos que nuestros aliados tendrán que comprender, en función de las cuestiones que hemos visto, la envergadura de esa responsabilidad, y transmitir a sus militantes una forma distinta de ventilar las divergencias de la izquierda, correspondiente a los marcos de una lucha ideológica, innegable para nosotros".

PF: ¿Cómo educa la BEC a sus militantes sobre las relaciones con otras agrupaciones de la Izquierda?

MARIO FELMER: "No hay una educación especial, todo corresponde a la formación de cualquier militante socialista. El Partido siempre ha dicho que las diferencias, sea con los comunistas o con el MIR, se van limando en la práctica común y en la lucha ideológica de planteamientos. Esa es la enseñanza central para todo militante socialista sobre las relaciones con otros partidos de la izquierda. Nosotros no creemos que las formas violentas de lucha estén planteadas para ser usadas entre compañeros de la izquierda, sobre todo si ello cuesta la vida de un compañero revolucionario, que siempre nos fue altamente cara. Nuestra visión es y ha sido en primer lugar propender a la unidad de todas las fuerzas de la izquierda".

PF: ¿A juicio de ustedes cómo debe terminar el incidente que produjo la muerte de Amoldo Ríos?

MARIO FELMER: "A nuestro juicio, el primer paso posterior al lamentable y doloroso incidente ("solidarizamos con el compañero caído", dijo Patricio Andía) ha sido positivo (la UP y el MIR integraron una lista conjunta en la FEC, nos parece que hacia adelante debe marcar el desarrollo de una política unitaria en el seno de la izquierda, sin exclusiones a priori. Los socialistas siempre propiciamos la unidad de todos los sectores que están por el desarrollo revolucionario, desarrollo cuyo impulso fundamental ha correspondido y corresponde a la Unidad Popular. Hay sectores de la izquierda que se han mantenido al margen de la UP, pero que han actuado con madurez política condicionando su acción a la coyuntura actual; estos sectores son también aliados nuestros y tienen un lugar en la trinchera de combate para impulsar la concreción del Programa del Gobierno Popular".

PF: ¿El sectarismo a que se alude, hace peligrar la dirección revolucionaria de la lucha social chilena?

MARIO FELMER: "Hemos analizado el sectarismo como un problema peligroso para la izquierda, pero por otra parte debemos manifestar que el sectarismo no define hoy en Chile la conducción del proceso revolucionario. Sino, por el contrario, es la unidad de la izquierda, que debe ser más amplia, entendida como un proceso dialéctico de acción y lucha ideológica. Dentro de este proceso unitario, las prácticas sectarias deben ser duramente criticadas y denunciadas a las masas".

AUGUSTO CARMONA A.


Denuncia

ZALDÍVAR SE AHOGA EN UN MAR DE PRUEBAS

Como de costumbre, las informaciones de PUNTO FINAL se ven confirmadas plenamente. En este caso se trata de lo publicado sobre uno de los mas escandalosos negociados del pasado gobierno demócrata cristiano: la adquisición de un barco metalero-petrolero en astilleros españoles. En esta operación, tal como se informó en PF Nºs 118 y 119, participó directamente el exministro de Hacienda, Andrés Zaldívar Larrain, actual consejero nacional del PDC en representación del ala freísta de ese partido. Nuestras denuncias motivaron una querella de Zaldívar que se tramita en el Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago, además de largas declaraciones suyas en el diario derechista "Las Ultimas Noticias", defendiendo la negociación. PF considera suficiente respaldo a la seriedad de sus informaciones reproducir textualmente la declaración que sobre este escándalo hizo la Secretaria General de Gobierno.

LA presencia en nuestro país del abogado de los Astilleros Españoles Bazán y del Técnico Naval de dichos Astilleros nos lleva a entregar la siguiente información:

1º) Con fecha 2 de octubre de 1970 el ex Director de la Empresa Marítima del Estado (EMPREMAR), señor Pedro Serrano, suscribió un contrato en Madrid, invocando representación de dicha Empresa, con la firma española de construcciones navales Bazán, para la construcción de un buque metalero de 165.000 toneladas, de un valor de 26.750.000 dólares, pagaderos en 17 cuotas, la última de las cuales habría de vencer conjuntamente con la entrega del buque. Por consiguiente la empresa chilena financiarla la construcción de la nave y cuando la recibiera tendría totalmente pagado el precio. Debe anotarse, además, que ese precio puede aumentar y sobrepasar los 28 millones de dólares, según el contrato.

2º) Es de observar que según el Art. 51 de la Ley Orgánica de EMPREMAR, la compra o construcción de cualquiera clase de bienes para esa Empresa debe efectuarse mediante propuestas públicas. Excepcionalmente, y siempre que obre con autorización del Presidente de la República, el Director de EMPREMAR puede prescindir del requisito previo de la propuesta pública. El contrato referido en el punto 19 fue celebrado sin previa propuesta pública y sin que se contara con la previa autorización del Gobierno.

3º) Tan cuantiosa e irregular negociación se llevó a cabo sin informes técnicos suficientes que abonaran su conveniencia para el país, en circunstancias que un barco de ese tamaño crea problemas especiales, entre otros, falta de profundidad o de instalaciones especiales en muchos de los puertos en que deberá operar, imposibilidad por sus dimensiones de atravesar el canal de Panamá, riesgos en su operación, etc. Sobre este aspecto se agrega más información en el punto 13 de la presente declaración.

4º) Es cierto que el 28 de Septiembre de 1970, cuatro días antes del otorgamiento del contrato, EMPREMAR había enviado una petición al Ministerio de Obras Públicas a fin de que se le concediera autorización para ordenar la construcción del barco omitiendo propuestas públicas, pero dicha petición llegó al Departamento de Transporte Marítimo de ese Ministerio solamente a última hora del 2 de octubre (el mismo día en que se firmaba el contrato en Madrid) y el Jefe de este Departamento ordenó hacer el Decreto autorizatorio el 5 de octubre.

5º) La Contraloría General de la República ha establecido que ese Decreto Supremo, que lleva las firmas de los Ministros de Hacienda señor Zaldívar y de Obras Públicas señor Celedón, mediante el cual se autoriza al Director de EMPREMAR para adquirir el barco en cuestión prescindiendo de propuestas públicas, fue escrito materialmente (dactilografiado) el 5 de octubre, revisado por el Departamento Legal del Ministerio el 9 de octubre y despachado por mano, al Subsecretario para su revisión y firma por el Presidente de la República y Ministros de Obras Públicas y Hacienda el día 13 de octubre.

6º) No es posible determinar la fecha en que el Decreto Supremo referido fue firmado, porque toda su tramitación se hizo por mano, sin que sus etapas fueran registradas en los libros de control de Oficina de partes, como se hace normalmente. En todo caso, dicho Decreto llegó con todas las firmas para ser numerado en la Oficina de Partes de la Sub-Secretaría de Transportes, el día 21 de octubre. Lo cual demuestra que se colocaron las firmas que en él constan dentro de la semana que va del 13 al 21 de octubre de 1970.

7º) Sin embargo, el 14 de octubre fue redactado materialmente un segundo Decreto por el cual el Gobierno anterior aprueba el contrato de construcción del buque petrolero suscrito el 2 de octubre por el Director de EMPREMAR y los Astilleros Bazán. Este Decreto fue también llevado a las firmas del Jefe del Estado y de los Ministros de Obras Públicas y Hacienda sin anotación en los libros de Control de la Oficina de Partes, efectuándose su tramitación también por mano entre ese día 14 y el 21 del mismo mes, fecha en que llegó para ser numerado en la Oficina de Partes de la Sub-Secretaría de Transportes. Es presumible que el Decreto que autoriza para proceder al contrato y el que lo aprueba dándolo ya por celebrado, fueron firmados casi simultáneamente. En todo caso, la tramitación de ambos en la Contraloría General de la República se realizó en forma conjunta, llegando allí el 23 de octubre y siendo despachados ambos el día 30 del mismo mes.

8º) Es importante destacar que cuando ambos decretos llegaron firmados a la Sub-Secretaría de Transportes el día 21 de octubre, se les numeró correlativamente, asignándose el Nº 410 al primero y el Nº 411 al segundo, fechándose ambos con fecha 21 de octubre de 1970. No obstante, alguien reparó que el primer Decreto (el que autorizaba para celebrar el contrato sin propuesta pública) debía llevar una fecha anterior a la que tenía el contrato y que para ello se le había "reservado" un número de Decreto que lo hacía aparecer como expedido en Septiembre de 1970. En vista de ello, un funcionario subalterno borró el Nº 410 y la fecha 21 de octubre estampadas en el primer Decreto y colocó sobre lo borrado el Nº 372 y la fecha 29 de septiembre. Con esta enmendadura se publicó el primer Decreto, conjuntamente con el segundo, en el Diario Oficial del día 31 de octubre.

Se deja constancia que la reserva de números para Decretos excepcionales, la han hecho todos los Gobiernos con autorización de la Contraloría.

9º) Aunque de la misma exposición que precede aparece la premura con que fueron tramitados ambos Decretos, no está de más agregar que existen antecedentes directos que demuestran apuro para que toda su tramitación quedara cumplida antes del cambio de Gobierno.

10º) La precipitación con que se operó, es evidente ya que en el primer Decreto (que ahora figura con el Nº 372 de 29 de septiembre de 1970), se hace referencia a un documento que fue expedido el 19 de octubre (certificado aprobatorio del Comité Asesor de Crédito Externo) y que un "estudio Nº 2 para la adquisición de nave de 165.000 toneladas" que se presenta como antecedente, lleva anotada, también, fecha 19 de octubre de 1970.

11º) a todo lo anterior debe añadirse que conforme al Art. 17 de la Ley Orgánica de Ministerios ninguno de los dos Decretos podía ser cumplido mientras no hubiera concluido totalmente su tramitación en la Contraloría General de la República, lo que solamente vino a ocurrir el 30 de octubre de 1970.

12º) Los fundamentos del primero de los Decretos aludidos, hacen mención de una Nota de febrero de 1970 en la que EMPREMAR solicitaba incrementar su flota con un petrolero-metalero. Ello es efectivo, pero las condiciones que calculaba EMPREMAR en febrero para un barco de esta clase eran un precio de 17.000.000 dólares con un 80% pagadero a 8 años plazo y no al contado, como se aceptó. Esas condiciones son muy semejantes a las que consideraba en su Nota 248 de 27 de julio de 1970 el Comité Asesor de Créditos Externos de la CORFO, pues calculaba un financiamiento de 18.000.000 dólares, de los cuales el 80% se pagaría en 8 años después de la entrega del barco. Estos últimos precios guardan notable similitud con los que se indican en un informe preliminar solicitado a ASMAR por el actual Gobierno, pues allí se calcula un precio de 19.450.000 dólares, que considerando todas las dificultades derivadas de la saturación de pedidos en la industria naval mundial, podría ser aumentado hasta 23.300.000 dólares, que de acuerdo a créditos usuales podrían ser pagados con facilidades de 7 a 8 años después de la entrega del barco.

13º) No podría afirmarse, que EMPREMAR procedió a preparar esta operación con apoyo en informes técnicos prolijos, porque el ex Director señor Serrano, respondiendo a fundadas críticas que a esta operación hicieron los diputados señores Engelberto Frías, Antonio Tavolari y Carlos González, aparte de estudios internos de EMPREMAR, solamente pudo invocar en pro de la operación un informe expedido en Londres por la firma londinense H. Clarkson and Company el 28 de septiembre de 1970. Pero lo cierto es que ese informe llegó a poder de EMPREMAR, según timbre de recepción, solamente el día 5 de octubre, cuando ya habla suscrito el contrato de construcción en Madrid tres días antes. A todo lo anterior es preciso agregar que el informe de H. Clarkson and Company indica oferta a precio menor que el consignado en el contrato con los Astilleros Españoles Bazán de parte de una firma alemana. Es conveniente señalar, además, que respondiendo el ex Director de EMPREMAR a críticas que había formulado el senador Carlos Altamirano, informó el 5 de agosto de 1970 sobre las diversas adquisiciones de barcos que hacía EMPREMAR y no mencionó para nada sobre adquisición del petrolero-metalero de que se trata.

14º) La tramitación de los Decretos indicados, especialmente la del primero que ahora lleva el Nº 372, tuvo varias singularidades, aparte de las ya descritas, según consta de los antecedentes reunidos a petición del Gobierno por la Contraloría General de la República. Entre otras podría mencionarse: a) que el ex Director de EMPREMAR suscribió el contrato de 2 de octubre en Madrid, sin haberlo sometido previamente a revisión por parte de los abogados de su Departamento Jurídico; b) que el entonces Jefe del Departamento Jurídico de EMPREMAR, al imponerse posteriormente del texto del contrato suscrito en Madrid, formuló reparos de importancia a dicho contrato, entre otros, que la autorización para contratar crédito externo se había dado por solamente 18 millones de dólares; c) que para activar el curso de los Decretos antes mencionados, EMPREMAR destinó a un funcionario que vino especialmente a Santiago en comisión de servicio durante 15 días, en octubre último, con ese fin.

Sobre la base de los antecedentes expuestos, el Supremo Gobierno ha decidido lo siguiente:

I.—Abstenerse de reconocer como obligatorio para el Estado el contrato que suscribió el ex Director de EMPREMAR con la firma española Bazán, por las irregularidades anotadas y, por consiguiente, abstenerse, también, de darle cumplimiento, entretanto no se cumpla lo que se dispone en los dos puntos siguientes:

II.—Solicitar informe al Consejo de Defensa del Estado acerca de la situación legal del contrato que suscribió dicho ex funcionario;

III.—Solicitar informes técnicos sobre la conveniencia de hacer efectiva la adquisición de un barco de esas características, para las finalidades en que él será empleado, y sobre los precios y condiciones en que pueden ser adquiridos en el mercado mundial de construcciones que se estimaran técnicamente más convenientes para las necesidades nacionales; y

IV.—Informar a la opinión pública sobre las medidas que el Gobierno estimare necesario seguir tomando.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO


Campesinos

"¡PAN, TIERRA Y SOCIALISMO!"

Los campesinos de la provincia de Cautín, en su mayoría mapuches, víctimas durante años del despojo y la explotación organizada, se han puesto en pie de combate. Al frente de sus luchas se encuentra el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), en el cual tiene gran influencia el MIR. Nuestra revista pidió a los dirigentes del MIR de Cautín que explicaran las razones por las que luchan los campesinos, movilización que se ha traducido en esa provincia en 52 tomas de fundos o "corridas de cercos". Los latifundistas, como se sabe, respondieron con la agresión armada en el fundo "Rucalán", sector de Carahue, donde hirieron con armas de fuego a tres campesinos. El MCR había denunciado que los terratenientes de Cautín estaban comprometidos a fondo en la conspiración reaccionaria contra el gobierno del Presidente Allende. Señalaron nombres de grandes propietarios de tierra que poseen armas, incluso metralletas y granadas de mano, que trafican con ellas desde la frontera argentina, y que participan en planes conspirativos.

El gobierno, a raíz de la agresión latifundista en "Rucalán", tomó enérgicas medidas y procedió a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Los tribunales ordenaron detenciones y allanamientos que al cierre de esta edición de PF, confirmaban las denuncias hechas por el MCR y el MIR.

LA CUESTIÓN AGRARIA EN LA REGIÓN DE LA FRONTERA

Capítulo I.—INTRODUCCIÓN

1.— A lo largo de estas páginas se mencionará repetidamente a los mapuches. Es necesario esclarecer que en todo momento se les trata, esencialmente, como pequeños propietarios; al margen de consideraciones étnicas o socio-culturales particulares, que, por lo demás, son muy discutibles. Desde este punto de vista, el mapuche es en la región el grupo mayoritario que es posible distinguir dentro del universo compuesto por los pequeños propietarios ("mapuches" o "chilenos").

2.— La actual situación del pequeño propietario mapuche es consecuencia del proceso de "acumulación originaria" del capital, que la naciente burguesía industrial emprende a partir de 1850, poco más o menos. El desarrollo de ésta, como clase, encuentra en la estructura ya fuertemente monopolizada de la propiedad agraria de la zona central obstáculos de consideración, siendo el principal de ellos el alto precio de las materias primas de origen agrícola y, sobre todo, de los alimentos (base principal del costo de la fuerza de trabajo).

La existencia de enormes extensiones agrícolas no incorporadas al proceso de producción mercantil, situadas al sur del Bío-Bío, permite que el conflicto en ciernes se canalice en otro sentido: la estructura de la propiedad agrícola de la zona central permanece intacta, a costa de las comunidades mapuches, que habitaban y cultivaban (para su propio sustento) las tierras bajas de la región mencionada.

La usurpación y el despojo no se realizó sin lucha. A las depredaciones que llevan a cabo los colonos, apoyados en la fuerza de sus propias armas a partir de la fecha ya señalada, los mapuches responden con dos grandes insurrecciones —las últimas de carácter generalizado— que son reprimidas por tropas veteranas de la Guerra del Pacífico. En 1884 se da término a la llamada "pacificación de la Araucanía".

La política de colonización a base de inmigrantes extranjeros, recibe un nuevo y gran impulso. Hacia 1889, quedan definidamente establecidas las colonias de Victoria, Ercilla, Quillón, Purén, Temuco, Traiguén, Quino, Galvarino, Angol, Lautaro, Pitrufquén, Contulmo, Quechereguas y otros lugares. Las tierras disponibles en las inmediaciones de las colonias, fueron hijueladas en lotes que no excedían las 50 hectáreas.

Los mapuches fueron desplazados (sus tierras eran las "disponibles") hacia las tierras de menos aptitud agrícola, estableciéndoseles en alrededor de 3.000 comunidades.

Con el objeto de proteger a los mapuches de la rapacidad de los colonos, la tierra entregada a cada reducción era en un principio indivisible e inenajenable. Más tarde, y por razones que en seguida se verán, la ley estableció la posibilidad de dividir la tierra asignada entre los integrantes de la reducción, pudiendo los excomuneros efectuar con su parte todo tipo de transacciones. (Se estima en un 25% el total de las comunidades "divididas" en este momento).

Si bien en la región se intentó crear una estructura de propiedad caracterizada por unidades de tamaño mediano, semejante a la de los "farmers" norteamericanos o de los agricultores franceses, el proceso de concentración del capital determinó la diferenciación ulterior de los productores, con la consiguiente concentración de la propiedad.

El proceso de concentración de la tierra encontraba la forma jurídica original de la propiedad mapuche un impedimento importante. Y aunque dicho impedimento fue burlado de múltiples formas por los capitalistas agrarios, en complicidad abierta con los jueces y policías, se hacía necesaria una apertura jurídica que legalizara el despojo.

Lo ideal, desde este punto de vista, habría sido la incorporación lisa y llana de los mapuches al derecho capitalista común (tal cual pretendidos defensores de la "raza" mapuche hoy lo proponen). No se hizo así, y aunque la posibilidad legal de comprar tierras mapuches existe hoy en día, el procedimiento es asaz engorroso, pese a lo cual, una parte no despreciable de las tierras de las antiguas comunidades ha sido "legalmente" vendida. Sin embargo, el proceso de concentración que se verifica a expensas de las tierras de las comunidades, descansa en lo fundamental en la usurpación ilegal.

Es por esta razón que más adelante se afirma que la forma más común y explosiva en que aparece la lucha por la tierra en la región, es la usurpación y la lucha consiguiente contra ella.

Capítulo II.—LA ESTRUCTURA DE CLASES EN LA REGIÓN

Según cifras del último censo, la población rural total asciende a 216.638 personas en la provincia de Cautín.

De acuerdo con los datos relativos a la distribución de la propiedad, la estratificación rural es la siguiente:

—Los grandes y medianos propietarios (más de 100 has.) alcanzan a 14.928 personas.

—Los obreros agrícolas son 10.860 personas, y los empleados 1.525.

—Los comuneros mapuches son 134.629 y los pequeños propietarios "chilenos" 50.046, lo que da un total de 184.675 personas, que representan el 85,25% de la población rural total (en lo sucesivo, la denominación pequeño-propietario será empleada exclusivamente para, referirse a este sector).

Es necesario aclarar que aunque desde un punto de vista jurídico la propiedad de la tierra asignada a una reducción es colectiva, el comunero mapuche es de hecho un pequeño propietario individual, tal como lo demuestra la investigación de Alejandro Saavedra.

1.— Los pequeños propietarios

Son el sector más numeroso, el más empobrecido y explotado de la región.

Desarrollan una agricultura de subsistencia, vinculada al mercado. Explotan reducidísimas extensiones de tierras pobres, erosionadas y de muy bajo rendimiento, empleando técnicas muy rudimentarias (la relación hombre-tierra física es de 3 has. por persona, según promedio ponderado).

Esta situación determina que las posibilidades de obtener un plusproducto de su propio trabajo sean reducidas y problemáticas.

Por otra parte, las desfavorables relaciones de intercambio mercantil a que se ve sometido —en tanto comprador y vendedor— determinan que dicho plusproducto les sea arrebatado por intermediarios, comerciantes de pueblos y ciudades, usureros y toda clase de especuladores, a través de variados mecanismos, configurándose de este modo una sobre-explotación.

Respecto de los pequeños propietarios, puede decirse con propiedad que constituyen una fuente importante de acumulación de capital por otros.

En la actualidad el estado de las tierras que trabajan los pequeños propietarios es tan grave que sólo podrían recuperarse para la producción agrícola mediante reforestación o empastamiento por largo tiempo. Es evidente que para aquel que se vale de la tierra para lograr su sostén diario y que carece de toda posibilidad de acumulación para sí, tal política resulta impracticable. Es más, cualquier estructura de propiedad futura que mantenga la pequeña propiedad privada de la tierra se constituirá también en un serio obstáculo para el progreso material y técnico de esta clase social.

A partir de los que constituyen sus problemas fundamentales, ya expuestos, podemos definir al pequeño propietario como aquel que posee una mínima cantidad de tierra y que es objeto de expropiación del plusproducto de su propio trabajo por comerciantes, usureros, intermediarios y otros.

Los otros problemas que se les presentan (bajísimo nivel técnico, tierras agotadas, nula o casi nula disposición de medios de producción, etc.) son, en última instancia, derivados de los dos anteriores. Por esta razón cualquier intento de mejoramiento de su actual situación, que no contemple la resolución satisfactoria de los mismos, les dejará en igual e incluso peor situación; tal es el resultado de la política de créditos que INDAP dispuso para ellos.

Los estratos (bajo, medio y alto) que se pueden distinguir en esta clase se explican de la siguiente forma: a medida que se asciende desde el nivel más bajo, la escasez de tierra se hace menos aguda (sin llegar nunca a desaparecer), en tanto que la explotación comercial se hace más intensa, por la mayor vinculación-dependencia del mercado.

Es necesario, pese a todo lo dicho, establecer un corte vertical en el seno de esta clase, que corresponde a la distinción entre los pequeños propietarios "chilenos" y los "mapuches". Dicho corte no tiene nada que ver, sin embargo, con consideraciones de orden étnico. Si bien la discriminación racial existe y es extremadamente fuerte, ella no constituye sino un reforzamiento de carácter subjetivo al proceso de sobre-explotación de que una parte —y por esta vía el conjunto— de los pequeños propietarios es objeto.

La necesidad de la distinción arranca, más bien, del diferente mecanismo que se ha empleado en uno y otro caso en el proceso de expropiación de sus tierras. En el caso de los chilenos, dicho proceso ha sido esencialmente económico, mientras que en el caso de los mapuches al mecanismo económico se ha agregado la estafa, el engaño y el atropello violento, que se suman al despojo inicial.

Esto es lo que explica una particularidad de carácter táctico que el MIR ha debido introducir en la lucha por la tierra: las corridas de cercos.

2 —. Los medianos propietarios

Cuando el problema de la falta de tierra desaparece y la expropiación del excedente generado en la empresa agrícola adquiere su máxima importancia, otros problemas, tales como el agobio impositivo, la falta de créditos, la necesidad insatisfecha de asistencia técnica, la tramitación burocrática, etc., se suman a la explotación comercial y se desarrollan hasta convertirse en los fundamentales; nos encontramos, entonces, frente a otra categoría: la de los medianos propietarios.

El mediano propietario agrícola es un productor capitalista que trabaja en la agricultura; produce para el mercado, explota trabajo asalariado y su objetivo es la ganancia.

Por definición, posee tierras suficientes para desarrollar una mediana empresa capitalista, de tal manera que el logro de su objetivo fundamental (la ganancia) está condicionado por su capacidad de resolver los problemas técnicos, financieros y de comercialización, propios de cualquier empresa capitalista. Veamos cuáles son sus posibilidades frente a estos tres problemas:

a) El problema de la elevación del nivel técnico en la actividad productiva propia mente tal, es un imperativo de la producción capitalista. La capacidad de resolverlo está determinada, en términos abstractos, por las posibilidades de generar un producto excedente (que financiaría las inversiones) y, en términos concretos, por la posibilidad de disponer realmente de ese excedente, es decir, que no le sea expropiado por el Estado (impuestos), por los capitalistas financieros (intereses) y/o por los capitalistas comerciales (ganancia comercial, etc.).

La realidad del mediano propietario es la siguiente: ha sido capaz históricamente, y aún lo es, de generar ese producto excedente, pero éste le ha sido expropiado por el Estado, el capitalista financiero y el capitalista comercial, e, indirectamente, por el capitalista industrial. A tal grado ha. llegado la exacción, que aun la parte de la plusvalía que destina a su consumo personal se ve amenazada.

b) En cuanto al financiamiento de su empresa en términos corrientes (capital circulante) y de inversión, sus posibilidades son exiguas. Alejado de los centros del poder financiero, es víctima de la desigual distribución de los recursos financieros que caracteriza tanto a la banca privada como a las instituciones de crédito del Estado. En síntesis, carece de formas de financiamiento seguras y baratas.

c) En el terreno de la comercialización, es victima de los gigantescos monopolios que controlan todos los canales de distribución, que le pagan precios irrisorios por sus productos.

Por otra parte, la política de precios del gobierno ha reflejado tradicionalmente y casi sin interrupciones notables, los intereses a corto plazo de los capitalistas industriales, quienes presionan en el sentido de que el alza de precios de los alimentos no haga imposible utilizar la inflación como el mecanismo fundamental de redistribución de ingresos en su favor. Aclaremos que esta política no afecta indiscriminadamente a todos los productores agrícolas; escapa a ella el gran productor capitalista agrario, vinculado económicamente a la industria, al gran comercio, a las finanzas, pues lo que pierde como agricultor lo gana como industrial, financista o comerciante.

Por las razones expuestas y otras que sería largo enumerar aquí, ocurre lo mismo con los convenios de excedentes agrícolas con los EE.UU. Es a los medianos propietarios a quienes más afectan dichos convenios. No son, por este motivo, sorprendentes los pronunciamientos "antimperialistas" de algunas organizaciones agrícolas. Aislados e inconsecuentes, no deben ser, sin embargo, desatendidos.

3.— La gran burguesía rural

Consideraremos como tal a los empresarios capitalistas que poseen grandes extensiones de tierra y que pueden, gracias a su poder económico, sus vinculaciones políticas y sus relaciones con el aparato financiero, eludir, y en la mayor parte de los casos transformar en ventajas para sí las dificultades que encuentran los medianos y pequeños propietarios.

Desde el punto de vista de la extensión de los predios, que la clasificación de las cifras del último censo permite distinguir, puede señalarse como pertenecientes a este sector, a las 411 propiedades de más de 500 has. Se desglosan de la siguiente manera:

- de 500 a 999 has 250 propiedades.
- 1000 a 1999 " 117
- 2000 a 4999 " 37
- más de 5000 " 7

Es necesario aclarar que estas 411 propiedades no corresponden a otras tantas familias, ya que es común el caso de que una familia sea propietaria de más de una de estas propiedades.

Por otro lado existen 845 propiedades de un tamaño que oscila entre 200 y 499 has. Parte del estrato superior de los propietarios que se agrupan en este intervalo pueden ser asimilados a la categoría de gran burguesía rural. En cuanto al resto, deben ser incluidos en el sector de medianos propietarios, junto a los dueños de las 1.332 propiedades que el censo dice existen en el intervalo 100 a 199 has.

La calidad de las explotaciones de la gran burguesía rural es variada; son explotadas en general sin criterios racionales, siendo muy escasa la reinversión de utilidades.

La política estatal con respecto de la gran burguesía agraria en la región se ha caracterizado porque las expropiaciones han sido muy limitadas. Las que se han realizado han tenido como trasfondo criterios de efectismo político o bien han correspondido a presiones de carácter laboral. Por otra parte, se les ha brindado abundante apoyo crediticio a través de los bancos, cooperativas agrícolas y CORFO.

4.— Las otras clases y capas sociales

a) Asentados.— El número de trabajadores sujetos al régimen de asentamiento en la provincia de Cautín es muy reducido (1.1% de la población activa rural y 0.3% de la población rural total) lo que es un claro índice de la profundidad que la reforma agraria ha tenido.

b) Asalariados.— Corresponden al 14.2% de la población activa rural y a un 1.4% de la población rural total.

Su grado de organización es pequeño (sólo el 47% de ellos está sindicalizado). Están agrupados en dos federaciones sindicales que mantienen contradicciones fuertes entre sí. No han logrado alcanzar ni siquiera una mediana conciencia gremial. Sus dirigentes sindicales son venales y apatronados, muy proclives al oportunismo político.

Las organizaciones sindicales ejercen un pésimo control sobre el cumplimiento de las leyes del trabajo; sus miembros habitan en viviendas miserables y reciben pésimas remuneraciones.

c) Arrendatarios.— Son campesinos que se encuentran en situación muy precaria, ya que, en general, no logran hacer que se cumplan las disposiciones legales sobre contratos de arrendamientos. Son poco numerosos (se estiman en 1266 personas, lo que corresponde a un 1.6% de la población activa rural).

d) Medieros.— Se trata de un número relativamente grande de personas (1571; 2.5% de la población activa rural), que, en realidad, son obreros agrícolas camuflados. Viven en condiciones sumamente precarias, careciendo de todo beneficio legal.

e) Allegados.— Son personas o familias que les trabajan como obreros agrícolas o medieros a pequeños propietarios. Trabajan de ordinario por la comida y el alojamiento, o bien, por el derecho a usufructuar de un pequeño lote de tierra.

Este sector vive en una pobreza extrema y en medio de una gran inseguridad. No se conoce su número, ni siquiera en forma aproximada.

Capítulo III— LAS CONTRADICCIONES DE CLASE EN EL CAMPO

De lo expuesto, se desprende con absoluta nitidez que la contradicción fundamental en Cautín es la que se da entre los pequeños propietarios en su conjunto ("mapuches" y "chilenos") y la burguesía rural, en torno al problema de la tierra.

La forma más inmediata en que aparece esta contradicción corresponde a la usurpación que, por diversos medios, han venido realizando los capitalistas agrarios en contra de los pequeños propietarios. El sector de pequeños propietarios más afectado por el problema de la usurpación es el sector mapuche.

Esto último es, sin duda, una simplificación del problema, ya que las usurpaciones son llevadas a cabo también por los medianos propietarios en contra de los pequeños y, aun, este fenómeno se da igualmente entre los pequeños propietarios.

A pesar de esto, es evidente que para todo efecto político práctico y, sobre la base de lo que constituye la contradicción fundamental, esta simplificación es correcta y necesaria.

Las clases fundamentales en el campo son, por consiguiente, los pequeños propietarios y la burguesía rural. Al tratamiento de esta contradicción por la Izquierda Revolucionaria, dedicaremos el próximo capítulo.

LAS CONTRADICCIONES SECUNDARIAS

1.— Respecto de los medianos propietarios, es necesario hacer algunas precisiones respecto de lo que debe ser nuestra política en relación con este sector:

Lo dicho en el punto Nº 2 del capítulo anterior, plantea la necesidad de reconocer un hecho objetivo: los medianos propietarios, en nuestra región, tienen contradicciones importantes e insalvables, en el marco socioeconómico actual, con la burguesía monopolista y financiera.

Sin embargo, el cuadro no estaría completo si no se incorporaran a él las consideraciones siguientes: a) como productor capitalista que es, el mediano productor tiene contradicciones importantes e insalvables con el proletariado agrícola (esto hay que relativizarlo en una región donde el proletariado en general y el agrícola en particular, tienen escaso desarrollo); b) en segundo lugar, y más importante aun, este mediano propietario ha participado activamente en la usurpación de tierras a los mapuches, lo que le antagoniza fuertemente la mayor parte de los pequeños propietarios; c) en tercer lugar, los medianos propietarios se alinean políticamente junto a lo más reaccionario del cuadro político actual: constituyeron la base social del PN y de Alessandri. Es decir, en cualquier enfrentamiento de tipo electoral votarán por la alternativa que ideológicamente les sea más afín, vale decir, votarán por el candidato del gran capital financiero, comercial e industrial, cipayo del imperialismo, en contra de sus propios intereses. Así ha sido en el pasado y es ahora. En el futuro, es necesario analizarlo.

Pensamos que en un contexto de lucha abierta por el poder, con un programa claro y preciso, será posible neutralizar a los medianos propietarios. Posteriormente, en el contexto de una situación política que se caracterice por la persistencia de una dualidad de poder y que evolucione hacia el predominio del poder proletario, los medianos propietarios pueden y deben ser ganados a nuestro lado. Finalmente, en un contexto de lucha nacional en contra de una eventual intervención extranjera, sería imperdonable no tenerlos ya firmemente a nuestro lado.

Respecto de los obreros agrícolas, ya se dijo que constituyen un grupo minoritario dentro de la población rural (4.3%). Sin embargo, en la medida que su influencia política y organizativa, desde un punto de vista histórico, ha sido enorme aún cuando hayan constituido una minoría, es necesario señalar algunas cosas más.

Se dijo que las cifras oficiales respecto de organización sindical en la región, registraban que un 47% del total de los obreros agrícolas están sindicalizados. Opiniones autorizadas coinciden en señalar que dicho porcentaje se encuentra fuertemente inflado, en razón de la lucha que existe entre las dos federaciones sindicales ("Presidente Frei" y "Luis Emilio Recabarren") que operan en la provincia; se inflan las inscripciones con el fin de lograr un mayor aporte de medios económicos.

La Federación "Presidente Frei" está formada, casi completamente, por obreros agrícolas; no así la "Luis Emilio Recabarren" que tiene una fuerte proporción de pequeños agricultores y comuneros indígenas. La participación de ambas federaciones en el ya señalado 47% es de 33% para la primera y 14% para la segunda.

Los sindicatos afiliados a la "Presidente Frei" y la propia federación fueron creados por INDAP, con propósitos de hegemonía política; han sido manejados con criterios políticos y fomentando el apatronamiento de los dirigentes.

Respecto de la "Luis E. Recabarren" no se tienen datos precisos, aunque se piensa que puede tener defectos comunes con la anterior. En todo caso, el menor apoyo económico de que dispone la ha obligado a apoyarse fundamentalmente en la entrega personal de sus dirigentes. Lo real es que tiene escasa influencia y es, prácticamente, desconocida.

El paralelismo sindical, fomentado por el anterior gobierno, es un hecho en la provincia. El temor de que los sindicatos fueran infiltrados por elementos de izquierda, llevó a INDAP a desarrollar una política de corrupción que ha sido fatal para el sindicalismo campesino. Este no ha logrado desarrollar conciencia de clase ni tampoco, conciencia gremial.

Por estas razones, la actividad del MIR en los sindicatos agrícolas ha sido prácticamente inexistente, cosa que corresponde a una decisión consciente. Sin embargo, esto no significa que los contactos con los obreros agrícolas que resultan como consecuencia de nuestro trabajo entre los pequeños propietarios, corridas de cerco, tomas de fundos, etc.) no se busquen o se menosprecien; por el contrario, en todas aquellas partes donde es posible actuar en conjunto se hacen y se harán todos los esfuerzos posibles en este sentido.

Capítulo IV.—LA POLÍTICA DEL MIR EN EL CAMPO

Distinguimos tres etapas: a) Las corridas de cercos; b) La lucha generalizada por la tierra, que conduce a la reforma agraria; y c) Dar a la reforma agraria un contenido de clase, campesino y revolucionario. El instrumento de toda esta lucha es el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), que se define como un frente de clase donde se agrupan todos los explotados del campo.

La separación hecha entre el instrumento y la lucha misma, como asimismo la distinción de sus etapas, sólo persigue propósitos expositivos. Como es evidente, forman una totalidad orgánica.

1— Las "corridas de cercos".

Corresponden al tratamiento de lo que se ha descrito como la contradicción fundamental en el campo, en su manifestación más nítida y dramática: la usurpación de tierras.

Sería largo detallar las múltiples y variadas formas en que los terratenientes han venido ampliando sus propiedades a costa de los pequeños propietarios, especialmente mapuches, con la complicidad escandalosa de jueces y policías. Baste decir que ello ha determinado el surgimiento de un hábito en los mapuches: "el pasárselo juiciando", y de una frustración: los tribunales y las leyes sólo favorecen a los ricos.

Frente a esta realidad el MIR levantó las "corridas de cercos", que constituyen una respuesta directa de los pequeños propietarios a las usurpaciones. Los pasos concretos que configuran esta respuesta, son los siguientes:

a) Ubicación geográfica de los predios de los ricos de la región;

b) Selección de aquellos que estén rodeados por comunidades mapuches y, ojalá, pequeños propietarios "chilenos".

c) Investigación destinada a detectar usurpaciones flagrantes, que se puedan comprobar, título de merced en mano.

d) Trabajo de propaganda de los agitadores campesinos, con el propósito de lanzar y afirmar la corrida de cerco como forma de lucha por la recuperación de las tierras usurpadas.

e) Organización de los campesinos con vistas a la acción misma.

f) La corrida de cercos propiamente tal, consiste en el traslado nocturno de los cer cos colindantes hasta los límites señalados en el título de merced correspondiente. Este trabajo se hace por la masa de campesinos, previa planificación y organización. Se procede de este modo a la recuperación de he cho de las tierras usurpadas, expropiándose, además, todo lo que en ellas se encuentre (a excepción de los animales).

Las zonas en que se ha conseguido el éxito de la acción planteada, se convierten en bases sociales y políticas de apoyo para la extensión y profundizaron de la lucha por la tierra. Esto último toma la forma de un trabajo de consolidación en términos de la constitución de "comunidades socialistas" (explotación colectiva de la tierra recuperada, organización y control social de la producción y la distribución, etc.).

La base objetiva del éxito de este trabajo está dada por la permanencia del problema de la tierra, aun después de la recuperación, dada la pobreza y escasez extrema de tierra que aflige a los pequeños propietarios.

2— La lucha generalizada por la tierra.

La práctica misma de sus luchas va mostrando a los campesinos las limitaciones que se encierran en las "corridas de cercos", en cuanto a forma de lucha. La recuperación de las 40, 60 ó 120 has. usurpadas no resuelve el problema básico: la falta de tierra.

Surge entonces, de la práctica misma, la necesidad de vertebrar y unir férreamente a los comprometidos en la lucha por la tierra y a los que se preparan para incorporarse a ella. A partir de las Uniones Campesinas, creadas al calor de la corrida de cercos va estructurándose el

MOVIMIENTO CAMPESINO REVOLUCIONARIO (MCR).

El quehacer concreto del MCR consiste en brindar experiencia, solidaridad material y apoyo organizativo a los pequeños propietarios que estén decididos a luchar por la tierra. La forma fundamental de lucha es la ocupación de fundos, que se lanza apoyándose en los campesinos que ya recuperaron tierras; que tienen una experiencia concreta, lo cual les permite constituirse en vanguardia del conjunto de los que participan en la acción.

Especial atención se concede al trabajo político y organizativo de los asalariados que trabajan en el fundo que será ocupado, con el propósito de que se incorporen integralmente a la lucha. El caso más relevante que se puede citar en apoyo de la factibilidad de esto es la ocupación de la hacienda "Ralco", en la provincia de Bío-Bio, por sus 1.100 trabajadores y los comuneros mapuches de Trapa-Trapa.

Naturalmente, continúan realizándose corridas de cercos, todas las veces que el nivel de conciencia de los campesinos no permite pasar directamente a la ocupación de fundos.

El principal objetivo del MCR es hacer conciencia entre los pequeños propietarios de que la falta de tierra es consecuencia del latifundio, y que este problema sólo podrá ser resuelto en términos favorables para ellos, cuantío los trabajadores del campo y la ciudad conquisten el poder político y hagan posible una reforma agraria de un claro sentido de clase campesino.

La unidad de todos los explotados del campo y de la ciudad y la necesidad de conquistar el poder político, al precio que sea necesario, es la enseñanza fundamental que van desprendiendo los campesinos a partir de sus propias experiencias de lucha. La consigna básica del MCR (Pan, Tierra y Socialismo) tiene un asidero y respaldo reales en la masa campesina.

La agitación campesina que vive la región de la Frontera ha permitido la radicalización de sectores campesinos en términos casi inesperados. Esto ha incorporado a la lucha contra el latifundio, en términos de sus propios objetivos e iniciativas, a parte importante de los asalariados. Es así como numerosos fundos han sido ocupados por sus trabajadores, quienes se han incorporado con plenos derechos al MCR.

La importancia del papel que estos trabajadores, ya radicalizados, pueden desempeñar en la conducción futura del proceso, no guarda relación con su escaso número. En definitiva, el papel de vanguardia que la clase obrera ha jugado y seguirá jugando en la revolución, no ha estado nunca asociado a otra cosa que no sea su combatividad, nivel de conciencia e intereses de clase.

3— El contenido de clase de la Reforma Agraria

Ya conquistada por el movimiento campesino la decisión gubernamental de hacer la reforma agraria en los términos que se conocen, la agitación debe canalizarse en otro sentido. La lucha que ha comenzado tiene como objetivo fundamental imponer a la reforma agraria que se inicia un claro sentido de clase campesino y revolucionario.

El instrumento de lucha continuará siendo el MCR y aun cuando las formas concretas de lucha deben ser básicamente distintas de las del período anterior, el movimiento campesino no puede renunciar al empleo de la acción directa, cuando ello sea obligatorio desde el punto de vista de la defensa de sus intereses de clase estratégicos.

La perspectiva global en que se inserta esta lucha, está dada por la lucha que los trabajadores están librando por la conquista del poder político. Cada batalla que dan los explotados en estas condiciones tiene una necesaria trascendencia en la transformación del estado actual en un estado de, los trabajadores, o bien en su mantenimiento como un órgano de poder esencialmente ajeno a ellos.

Es por esta razón que los combates que libran los explotados en este momento deben vincularse clara y rápidamente —es papel de su vanguardia conseguirlo— a la lucha por el Poder. Y puesto que de esto se trata, el análisis permanente de la correlación de fuerzas a nivel nacional constituye el parámetro básico que permitirá decidir si es el momento de avanzar, detenerse o efectuar un retroceso táctico.

El Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) ha venido trabajando firmemente en esta perspectiva, imprimiendo un claro contenido de clase a la lucha por la tierra, pensamos que el Consejo Nacional Campesino, en cuya creación está empeñado el gobierno del Presidente Allende debe tener a nivel comunal el carácter de asambleas campesinas en que la masa participe en forma directa en la toma de decisiones. En la provincia de Cautín, con las características de clase ya señaladas, se requiere una ingerencia directa del propio campesinado en la solución de los problemas que le atañen y en la delineación de la política que va a seguir en la zona. Algunas autoridades de gobierno han sugerido que los pequeños propietarios participen ya sea dentro de cooperativas o adhiriéndose a una central obrera. Ninguna de las dos variantes permite abordar de manera adecuada los problemas específicos de los pequeños agricultores. En las cooperativas, por su carácter, se tratan sólo asuntos relativos a la producción, y los problemas que aborda una central obrera no tienen relación con las preocupaciones del pequeño propietario agrícola.

De lo que se trata es que los consejos campesinos a nivel comunal, por ejemplo, elaboren planes de expropiación, ajustando su actividad al interés real de los campesinos. En la zona de la Frontera, en ese sentido, se puede abordar la expropiación: a) de los fundos abandonados o mal explotados; b) elaboración de convenios entre la CORA y agricultores que por una u otra razón están dispuestos a entregar sus latifundios. Estos convenios bilaterales pueden perfeccionarse de modo de superar las limitaciones que impone la actual ley de reforma agraria, y cuya modificación se hace cada vez más urgente; y c) intervención de los fundos donde existe un declarado boicoteo a la producción agrícola.

Lo importante es que tanto los organismos oficiales que actúan en el agro, como las organizaciones campesinas, trabajen en el entendido que la lucha por la tierra es una de las batallas que libran los trabajadores por conquistar el Poder.

A veces surgen iniciativas que, bien orientadas, pudieran insertarse en esa perspectiva. Por ejemplo, en Cautín las autoridades locales formaron un equipo de 48 funcionarios de diversas entidades. Esta comisión, que fue a recorrer el campo buscando solucionar problemas urgentes en el terreno mismo, tuvo un carácter apaciguador y desmovilizador. No obstante, demostró que se podían romper las trabas burocráticas para hacer realidad una iniciativa que en términos rutinarios no habría llegado a concretarse. ,Si a este tipo de medidas se le diera un contenido diferente, impulsando en términos coherentes la lucha por la tierra y la organización campesina, bien pudieran sacarse resultados provechosos para consolidar las fuerzas sociales que respalden una acción profunda del gobierno en el agro.

Algo parecido puede decirse del mito burocrático que se ha forjado en torno a la dificultad de designar interventores en los fundos. Se señala que no se dispone de suficientes elementos idóneos para cumplir esa importante tarea. Se considera que actuaciones de esta naturaleza les quitan tiempo a funcionarios que están dedicados a tareas de oficina, elaborando programas y planes, etc. Justamente en esto reside el error. Los funcionarios de los organismos agrarios deben salir al campo, incorporarse directamente a la producción. Deben ser movilizados para cumplir sus tareas en el terreno mismo. Ocurre que una importante cuota de funcionarios están prácticamente ocultos en sus oficinas. Todavía más, un grueso porcentaje se encuentra en las oficinas centrales en Santiago, lejos de las zonas donde se desarrolla el proceso de la producción, o donde se presentan los problemas específicos que ellos intentan resolver en el papel. Urge por tanto darle un nuevo contenido al carácter del funcionario de organismos vinculados al campo.

El no tiene nada que hacer, prácticamente, dentro de las oficinas, y en cambio sí tiene un deber que cumplir en el campo.

Los problemas que se presentan en Cautín, requieren de este nuevo tipo de funcionario agrícola, en contacto directo con los campesinos. La necesidad de recuperar tierras agotadas, mediante reforestación o empastadas, por ejemplo, plantea la necesidad de crear nuevas fuentes de trabajo para los pequeños propietarios que no pueden afrontar el largo período de descanso que necesitan sus tierras, donde ya la capa vegetal casi no existe. Aquí se plantean necesidades de alternativas de producción que deben estudiarse en forma global, ya sea encarando la formación de cooperativas o estableciendo la propiedad estatal de la tierra en determinadas áreas. Esto, desde luego, es un problema que debe discutirse directamente con los campesinos, determinando con ellos la mejor manera de resolver las formas que asumirá la propiedad de la tierra en Cautín.

En general, pensamos que dada la gravedad de la erosión y el empobrecimiento general de las tierras de la región, es preciso pensar necesariamente en formas semisocialistas o socialistas de la propiedad de la tierra. El Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), por cierto, ha comenzado ya a discutir con los pequeños propietarios las consignas a mediano plazo que constituyen la base de la unión y acción futura de ese sector.

Las experiencias que ha logrado el MIR a través de MCR sobre formas colectivas de trabajo en las tierras recuperadas por los pequeños propietarios, aunque auspiciosas, son limitadas. De todos modos, objetivamente, es decir desde un punto de vista material, no parece ser posible otra solución que la constitución de grandes empresas agrícolas de carácter regional.

Inicialmente, creemos que se trata de expropiar todas las tierras que constituyan una unidad regional armónica (tres o cuatro en la provincia) y constituir allí, empresas de propiedad colectiva, dirigidas por los expequeños propietarios, exobreros agrícolas, ex-medieros y exarrendatarios, es decir, por todos los trabajadores. Ellos, en conjunto, y contando con la asesoría técnica correspondiente, deben determinar las zonas aptas para labores agrícolas, ganaderas, forestales, etc., entrando el Estado a proporcionar el apoyo financiero, crediticio y comercial que fuere del caso.

En definitiva, reiteramos, será la masa campesina quien dirá la última palabra. Es deber de nuestro partido comenzar desde ya a plantear estas cuestiones.

SECRETARIADO REGIONAL DEL
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (MIR)
Cautín


Notas:

1. En las zonas rurales de Chile el MAPU jugó un papel muy importante en la movilización del apoyo campesino para Allende.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02