El coste de la vía pacífica

PUNTO FINAL
Año IV. Nº 109
Martes 21 de julio de 1970

Editorial

EL COSTO DE LA VÍA PACÍFICA

CADA quincena PF se ve obligado a dar cuenta de un nuevo muerto en la interminable lista de mártires de nuestro pueblo.

Esta vez se trata de un joven estudiante, Miguel Ángel Aguilera Morales, militante de las Juventudes Comunistas, hijo de un carabinero jubilado.

Fue asesinado a mansalva en la Plaza Tropezón, en Santiago, el 8 de julio. Ese día tuvo lugar un paro nacional de trabajadores organizado por la CUT. El muchacho asistía a uno de los varios mítines que se efectuaron esa tarde para destacar los objetivos del paro. El asesino fue plenamente identificado como el subteniente de Carabineros, Patricio Bugueño Robles, que vestido de civil se mezcló en el acto público de la Plaza Tropezón para provocar un incidente. El subteniente Bugueño hizo disparos que causaron la muerte al estudiante Aguilera Morales y graves lesiones a José Cancino, jardinero de la Universidad Técnica del Estado.

Las autoridades de gobierno se apresuraron a respaldar la actuación de Carabineros, comenzando por el propio Jefe del Estado, que renovó su confianza al jefe de ese Cuerpo, el general Vicente Huerta.

Estos hechos —para añadirlos a la larga lista de tropelías del sistema—, son analizados en esta edición. La carrera de crímenes del actual gobierno, como se sabe, comenzó el 11 de marzo de 1966, en el mineral de El Salvador. Ahí cayeron las primeras ocho víctimas, entre ellas dos mujeres. Después vino la masacre del 23 de noviembre de 1967, en las calles de Santiago, con cinco muertos, también durante un paro nacional que, como el reciente, sólo perseguía móviles reivindicativos económicos. En marzo del año siguiente se produjo la masacre de Puerto Montt, con diez víctimas, durante una ocupación de terrenos abandonados por familias sin casa. Estos hechos se han incrementado hasta formar una nómina de treinta y un mártires entre los que figuran obreros, campesinos, pobladores y estudiantes. Todos ellos han caído bajo las balas del gobierno "demócrata" y "cristiano". Naturalmente, no hay una sola baja en las filas del impresionante aparato represivo que mantiene a duras penas la estabilidad del sistema.

Estos treinta y un muertos, creemos, son el precio que pagan obreros, campesinos y estudiantes por cuenta de quienes persisten en someter a las fuerzas populares al rigor de un sistema que no pierde oportunidad de golpear en forma implacable para amedrentar a quienes luchan por destruirlo y suplantarlo. No se ve cómo un pueblo así castigado, al que se trata de imponer el terror armado de la represión, podrá imponer pacíficamente sus profundos anhelos revolucionarios. La táctica hegemónica que guía a los sectores populares organizados, ha desarmado ideológica y prácticamente a las masas, las lleva a aceptar con sumisión tanto los golpes como los dictados de la minoría gobernante. Quienes tratan de reactivar el potencial revolucionario de trabajadores y estudiantes, son calificados de "provocadores" y "ultraizquierdistas", y se les agrede directamente en franca colusión con los aparatos represivos del sistema. Todo —hasta los principios— se sacrifica en los altares del reformismo.

Sin embargo, las balas de la represión, las torturas y vejámenes, llegado el caso, no reconocen distingos entre izquierdistas a secas y "ultraizquierdistas". El enemigo se muestra compacto y agresivo. Está dispuesto —y lo demuestra— a aplastar tanto las formas pacíficas y legales de lucha, como los incipientes esfuerzos que se hacen en otro sentido.

La falta de realismo del pacifismo reformista aparece cada vez más evidente y su laborioso esfuerzo electoral puede ser aventado por el golpismo en cualquier momento.

Nos preguntamos si no habrá llegado la hora de entrar a reflexionar sobre los métodos de la lucha por el poder. Preparar anticipadamente excusas para justificar las derrotas, acusando al "ultraizquierdismo", o para analizar un golpe como producto de "provocaciones", como algunos parecen quererlo, es de una ingenuidad lamentable que no va a surtir efectos para impedir crisis partidarias. Es ahora cuando corresponde encarar seriamente el destino cierto de nuestro pueblo que, como todos en América latina, no tendrá más remedio que preparar, organizar y sostener una larga lucha armada por el poder.

PF


Análisis

LA EQUIVOCADA VÍA PACÍFICA

AL atardecer del miércoles 8 de julio, la tranquilidad se imponía en la ciudad de Santiago, que había vivido nerviosas horas durante el desarrollo del paro nacional acordado por la Central Única de Trabajadores (CUT). Durante varios tramos de la jornada se habían registrado en santiago enfrentamientos esporádicos entre fuerzas del Grupo Móvil y manifestantes que hacían esfuerzos por disuadir a los conductores de vehículos de la locomoción colectiva.

Después de las 18 horas, cuando los estudiantes habían suspendido sus acciones en las inmediaciones del Instituto pedagógico, el Grupo Móvil lanzó uno de sus escuadrones al asalto de la Facultad de Ciencias. En el asalto causaron destrozos materiales, golpearon a los estudiantes, deteniendo a 25 de ellos, uno de los cuales quedó herido grave. El Decano de la Facultad y el secretario general de la Universidad, Mario Luxoro y Ricardo Lagos, respectivamente, acreditaron la existencia del asalto, que fue negado por el gobierno democristiano.

Alrededor de las 20 horas, en la Plaza Tropezón, situada al norponiente de Santiago, se efectuaba uno de los nueve mítines dispuestos por la CUT para cerrar el paro nacional. El acto se desarrollaba con absoluta tranquilidad, predominando la presencia de militantes de la Unidad Popular.

Faltando minutos para las 20 horas, dos personas que se filtraron en medio de la manifestación, que no era multitudinaria, empezaron a gritar contra el paro, lo que obligó a un grupo de miembros de las Juventudes Comunistas, que actuaba como resguardadores del orden, a acercarse a ellos para pedirles que no continuaran gritando frases provocativas. En ese momento estalló el incidente que culminó con el asesinato del estudiante de 17 años, Miguel Ángel Aguilera Morales, habitante de la Población Herminda de la Victoria. Otro manifestante, el jardinero de la Universidad Técnica del Estado, José Cancino, fue herido por el mismo sujeto que mató al estudiante. El autor de los disparos resultó ser el subteniente de Carabineros, Patricio Bugueño, quien estaba de civil.

En ambos casos la policía actuó con frialdad y premeditación, pese a lo cual el diario comunista "El Siglo" dijo, al citar el asalto a la Facultad de Ciencias: "Elementos aventureros de la ultraizquierda instalaron una barricada en calle Las Palmeras, la cual no tiene un gran movimiento de vehículos. Esta provocación inútil sirvió a las fuerzas policiales de excelente argumento para utilizar su aparato represivo en contra de la Facultad cuando más convenientemente lo estimó". Así el diario citado justificó la acción de Carabineros, pese a que varios profesores de la Facultad asaltada y su Decano declararon que el atentado se produjo "cuando todo estaba terminado y tranquilo".

Responsabilizar a los sectores revolucionarios no afiliados a los partidos que militan en la Unidad Popular de las dos acciones más repudiables del día 8 de julio, constituye algo más que una falsedad, es un error de enfoque político y eso es una consecuencia de la aplicación mecánica de la táctica de "vía pacífica" en un país donde el gobierno no es neutral, sino parte aliada del sector explotador que se ha preparado para combatir con violencia a todos los que luchan por cambiar el sistema para reemplazarlo por el socialismo.

El gobierno de Frei ha hecho esfuerzos por abrir la candidatura de su correligionario Radomiro Tomic, para permitir un entendimiento franco con las fuerzas de ultraderecha representadas por Alessandri. Frei intenta repetir el cuadro de 1964, época en que no existía el MIR y que en general los grupos revolucionarios no resolvían usar todos los medios para iniciar la lucha franca contra el régimen capitalista. En esa época el imperialismo norteamericano ligado a intereses capitalistas alemanes, belgas y de otras naciones extranjeras, y confundido con los intereses de la oligarquía y de la burguesía chilenas, descargaron una campaña contra la candidatura socialista de Salvador Allende a la que se bautizó "del terror" por su marcado tono anticomunista.

La mencionada "campaña del terror" no surgió como respuesta a la presencia de grupos revolucionarios, o "ultraizquierdistas" como los llaman sus adversarios, sino al propósito de las fuerzas explotadoras de mantener su poder sobre el país.

Las provocaciones de la policía el día del paro nacional, se insertan en un proceso similar al de 1964, que es estimulado por aparentes organizaciones (Chile Joven, Acción Mujeres de Chile, etc.) y que ha sido denunciado incluso por parlamentarios de la Unidad Popular como una reedición de la "campaña del terror".

Senadores democristianos declararon que el gobierno tenía antecedentes de la existencia de veintitrés "focos guerrilleros", lo que no fue comprobado y que causó una réplica del secretario general del partido socialista, senador Aniceto Rodríguez, que en discurso radial dijo que hay "23 crímenes en la historia de Chile cometidos por la reacción y el imperialismo".

Dentro de la Unidad Popular hay interés en responsabilizar a los sectores revolucionarios que no integran ese movimiento de la represión policial. Curiosamente el papel de acusadores lo asumen personeros de un partido socialdemócrata, identificado como Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). El 7 de julio, el diario "El Siglo" dio tribuna en su página editorial a una entrevista a un joven del MAPU, Fernando Avila, quien incluso declaró: "En una manifestación, ante un grupo de provocadores, si todos hacen lo mismo es difícil distinguir entre quienes dicen ser ''honestos" y quienes son derechamente agentes del enemigo que se han infiltrado".

El día antes del paro nacional, representantes del partido Social Demócrata, conminaron a dirigentes comunistas en una reunión de la Unidad Popular para suspender el movimiento de los trabajadores por estimar que podría amagar la imagen política de la postulación del Dr. Allende. Los dirigentes comunistas, que fueron los que impulsaron el paro, no obstante, fijaron su línea el 8 de julio en una declaración del diputado del P.C. y presidente de la CUT, Luis Figueroa: "Sin lucha nada podremos alcanzar". El diario "El Siglo", el día señalado tituló: "Paro nacional contra enemigos del pueblo".

Por su parte la Unidad Popular lanzó en la noche previa al paro el siguiente comunicado: "El Comando Nacional de la candidatura presidencial de la Unidad Popular advierte al país que con motivo del paro nacional de la CUT, se pretende, por elementos reaccionarios de la Derecha y del gobierno, provocar incidentes y hechos de violencia con el propósito deleznable de culpar de ellos a la Izquierda, como una nueva fase de la campaña del terror. Llamamos al pueblo a no dejarse sorprender y a rechazar cualquier provocación".

En la semana anterior al paro hubo una ofensiva dentro de la Unidad Popular para sacar pronunciamientos e incluso acciones contra revolucionarios que no están dentro de ese movimiento. La ofensiva no prosperó porque dirigentes socialistas consideran que no puede usarse contra esos revolucionarios el lenguaje ni la conducta que se utiliza contra los enemigos del pueblo.

La lucha contra los elementos revolucionarios que no siguen la táctica de la Unidad Popular se ha convertido para los socialdemócratas que militan en ese movimiento, y para el partido Comunista, en el centro de su acción, con lo que olvidan que el verdadero enemigo de los revolucionarios es el imperialismo y su aliado natural en Chile: la clase explotadora.

El senador Salvador Allende, en el acto con jóvenes realizado en un estadio de Santiago, se abstuvo de atacar a los revolucionarios que no militan en la Unidad Popular. Un sector de los asistentes a la concentración pifió al dirigente juvenil comunista Omar Córdova cuando éste concentró sus ataques sobre los que llamó "ultraizquierdistas".

Los dirigentes comunistas olvidan situaciones como la presentada en Concepción, donde uno de sus diputados, Fernando Santiago Agurto, fue golpeado por el Grupo Móvil a raíz de haber encabezado la acción de pobladores sin casa que se tomaron tierras en el fundo "La Greda". Antes, otros revolucionarios dirigieron la toma de terrenos en el fundo "San Miguel" de la que surgió el Campamento "Lenin". Dirigentes comunistas calificaron esa acción como "provocadora, aventurera y oportunista". Días después el diputado comunista Agurto en una acción similar, pero que fracasó, fue golpeado por carabineros y en cambio los revolucionarios que no militan en la Unidad Popular no lo acusaron de "provocador, aventurero y oportunista".

Dentro del bloque de revolucionarios que no militan en la UP hay quienes atacan frontalmente la participación en la vía electoral mientras otros, que consideran inadecuado para Chile ese método, se abstienen de recalcar en vísperas de la elección sus críticas a la táctica mencionada. Consideran que es contraproducente fustigar al pueblo por la táctica equivocada que imponen sus dirigentes.

Frente a los revolucionarios se descarga el ataque de los miembros de la izquierda tradicional, del imperialismo y de la derecha chilena, y se producen coincidencias en los ataques entre las posiciones sustentadas por algunos dirigentes comunistas y elementos de la Derecha, como el profesor Harold Behrens, quien declaró al diario "La Segunda" el 10 de julio: "Violencia universitaria justificaría dictaduras". Es la táctica de los socialdemócratas para desarmar a un pueblo que bajo el gobierno democristiano lamenta el asesinato de 31 de sus hijos, en diversas masacres.

El profesor Behrens, desde la barricada derechista, distrae la atención del pueblo de su verdadera lucha con anuncios falsos, como si ignorara la cínica confesión hecha en Antofagasta por el candidato ultraderechista Jorge Alessandri. Luego de criticar a TODOS LOS QUE SUSTENTAN POSICIONES REVOLUCIONARIAS, el candidato dijo: "Pero señores, no creo que lograrán su intento, porque todavía Chile conserva fuerza pública y carabineros organizados que no permitirán que prevalezcan doctrinas criminales y en ese caso impulsados por el patriotismo, deberían sencillamente salvarnos a costa de la libertad que tanto queremos". Clara incitación al golpe de estado.

Equivocan el enfoque político los que desde la izquierda tradicional atacan a los que naturalmente tienen que ser sus compañeros de lucha, como se equivocaron en la práctica los jóvenes comunistas cuando alentados por la típica frase ("no provoque, compañero") golpearon con piedras al estudiante de Medicina, José Venturelli, al que dejaron en grave estado. A esos excesos empujan quienes mantienen —en, un país que va perdiendo las libertades públicas burguesas— la equivocada táctica de la "vía pacífica". La cuidan de "provocadores ultraizquierdistas", olvidando a los auténticos adversarios y enemigos.

OBSERVADOR


Torturas

EL SADISMO DEL GRUPO MÓVIL

LAS actuaciones de carabineros en los últimos treinta días revelan el alto grado de refinamiento en los métodos de tortura y, en general, de la línea represiva que aplican los aparatos del Estado bajo la administración democristiana. Los casos reporteados por PF sobre vejámenes y torturas recibidos por cuatro estudiantes muestran el carácter que toma la represión en Chile.

La estudiante de 20 años, Gabriela Salazar Rodríguez, del segundo año de Física de la Facultad de Ciencias, fue detenida en el allanamiento a esa escuela, ocurrido el 8 de julio, y vejada física y moralmente en el interior de la 13ª Comisaría de Mujeres, de la capital, donde fue obligada a desnudarse. En el relato hecho a este periodista, la estudiante cuenta: "Fui detenida en el interior de la Facultad de Ciencias, apaleada, insultada y vejada. De la Facultad fuimos llevados a la 13ª Comisaría donde nuestros compañeros fueron salvajemente golpeados. Las mujeres (cuatro en total) fuimos trasladadas a la Comisaría 16ª. Allí un oficial ordenó que nos desnudaran, aparentemente con el fin de registrarnos. Nos opusimos, pero sin ningún resultado, ante lo cual exigimos la salida de los carabineros presentes. Ellos lo hicieron así y se quedaron en la sala contigua, sin cerrar la puerta de comunicación. Pedimos que se cerrara la puerta pero nos contestaron que estaba prohibido. Entonces fuimos obligadas por la brigadier de turno y las auxiliares a sus órdenes a bajarnos los pantalones (todas vestíamos pantalones ese día), los calzones y a abrirnos de piernas. Ante esta operación dimos vuelta la espalda en un esfuerzo desesperado e impotente por superar esta situación, pues la puerta seguía abierta y los carabineros al otro lado. Yo le hice notar a la auxiliar que nos registraba que estaba indispuesta, pero me Contestó que me "sacara ese trapo". Luego tuvimos que levantarnos los sweaters y la auxiliar nos palpó el busto por debajo del sostén. Nunca se nos dijo el motivo de esta revisión, pero supongo que pretendían encontrarnos algo, aunque evidentemente no teníamos nada. Luego fuimos enviadas a un calabozo frío, húmedo y maloliente. Sólo contábamos con una frazada para las cuatro. Luego, más tarde, recibimos abrigo y alimento de nuestros parientes y compañeros. Pasamos toda la noche en la cárcel y nos dejaron en libertad al día siguiente cuando fuimos interrogadas en los tribunales".

Hugo Urrestarazu, de 22 años, fue detenido en las mismas circunstancias que su compañera de estudios, Gabriela Salazar. En su relato cuenta: "Al entrar las fuerzas policiales al recinto universitario de la Facultad de Ciencias, traté de escapar, pero fui obligado a entregarme en el patio posterior del edificio. Lo hice pacíficamente. Cuando me aprehendieron comenzó la más brutal de las golpizas que yo me pudiese imaginar: sistemáticamente y con ensañamiento incalificable, procedieron a golpearme con laques y lumas en la cabeza y espalda, mientras me empujaban. A patadas me hicieron saltar una ventana y como cayera al suelo hacia el interior, me propinaron puntapiés y lumazos en el suelo. Al no poder levantarme me arrastraron del pelo por la sala y a viva fuerza me obligaron a levantarme para, en el momento de lograrlo, propinarme un feroz lumazo en la cabeza que me hizo caer nuevamente casi inconsciente. Logré pararme y me sacaron, siempre pegándome con laques, por la calle Las Palmeras hasta Macul donde me subieron al bus del Grupo Móvil. En el interior prosiguió la golpiza con un sadismo propio de paranoicos. Se alternaban las más increíbles amabilidades, preguntas sobre cómo me iba en los estudios, con una ferocidad desatada en los golpes que seguían a cada "amabilidad". Esto siguió hasta llegar a la 13ª Comisaría. Al entrar en ella nos hicieron un "callejón" con lumas y bototos. Lo más grave de todo sucedió después: cuando nos sometían a un registro, de vuelta a la pared, a gran distancia de ella, apoyados en la muralla con la punta de los dedos y las piernas abiertas, me pegaron dos patadas en los testículos, como a los demás, la segunda de las cuales me hizo perder el sentido".

Uno de los estudiantes más ferozmente golpeados en esa ocasión, fue el alumno de tercer año de periodismo, José Henríquez Cornejo, de 23 años, militante de Iglesia Joven, hasta ahora internado en el Hospital José Joaquín Aguirre, con una fractura en la pelvis y otras en las costillas, traumatismo encéfalo craneano y contusiones múltiples en el cuerpo. En una entrevista grabada por canal 9 de televisión, el estudiante contó su caso con palabras entrecortadas por su estado físico. "Yo estaba en una sala y sentí quebrar vidrios y compañeros que gritaban, que corrían por los pasillos. Salí rápidamente y me enfrenté con unos seis carabineros de los que habían entrado a la Facultad de Ciencias, los que me golpearon, me tiraron al suelo y ahí me siguieron pegando y me insultaron... eh..., me golpearon con palos, con los pies, con los puños, en fin, y mientras tanto iban sala por sala viendo si hablan más compañeros. Eso no sé cuánto duró, porque fue muy rápido y confuso. Nos llevaron rápidamente a una micro en Macul. A mí me acusaron de haber agredido a un carabinero, de haberle pegado, según ellos, y me subieron a un furgón, en vez de la micro donde se llevaron a los demás. Al furgón subieron cinco o seis carabineros, no distinguía, y me tiraron al suelo y ahí me fueron golpeando durante todo el trayecto hasta la Comisarla, insultándome, tratando de humillarme incluso. En la Comisaría nos tuvieron unos 20 minutos con los índices afirmados en la pared y golpeándonos las costillas. A un compañero le reventaron los testículos de .un puntapié, y nos interrogaban sobre una serie de cosas. Los carabineros que no tienen grado trataban de hacernos creer que ellos ignoraban que habían entrado a la Facultad, nos preguntaban si acaso era una casa, pero los oficiales nos hablaban que ellos sabían muy bien que no existía la autonomía universitaria".

PF entrevistó al vicepresidente del Comando Regional de la Unidad Popular de San Miguel, René Rodríguez Guajardo, de 25 años, dirigente comunal del MAPU. Rodríguez es estudiante de sexto año de Ingeniería de la Universidad de Chile. Fue detenido por el Grupo Móvil cuando transitaba por el paradero 11 de la Gran Avenida, cerca de su casa. El caso de Rodríguez presenta dos circunstancias especiales: fue raptado por la Policía Política a la salida de la 12ª Comisaría y los efectivos del Grupo Móvil lo sometieron a un "interrogatorio" en el trayecto a la Comisaría, que muestra una información política de esa unidad negada hasta ahora por las autoridades. El dirigente del MAPU contó a PF que en el interior del bus del Grupo Móvil "fui apaleado todo el trayecto, que duró casi media hora. Mientras me pegaban me gritaban "vende patria", "comunista", "anda a pelear a Cuba", y me decían que me pegaban para que "me acordara que eran pacos asesinos", y agregaban: "unidad con los obreros queríai, ah". De nada me sirvió que me identificara como estudiante. En la 12ª Comisarla estuve preso hasta las once de la noche de ese día. Salí y fui al paradero del frente a esperar micro para mi casa. En el paradero vi que había dos hombres y una mujer. A los minutos llegó una camioneta de detectives y los dos hombres me tomaron, mientras del interior bajó otro y me cubrió la cabeza con un capuchón. Me tiraron en el suelo del furgón, esposado, mientras me pegaban. Por lo que pude darme cuenta me llevaron al cuartel de Zañartu". Rodríguez cuenta que al bajarlo del furgón de la Policía Política lo introdujeron en una pieza oscura, donde lo sentaron en una silla, le quitaron el capuchón que reemplazaron por un parche en cada ojo. "Ahí me interrogaron mientras me daban golpes de Kárate en todo el cuerpo". Las preguntas que ha logrado reconstruir el detenido se refieren a conexiones del MAPU con el MIR, estructura interna del MAPU, estrategia campesina y estudiantil. El interrogatorio duró cuatro horas. Después lo desnudaron y lo mojaron con agua de manguera lanzada a chorro, con el aparente propósito de borrar las huellas de los golpes. En esta forma lo dejaron en un calabozo, solo, hasta las tres de la tarde del día siguiente. Antes de vestirlo lo friccionaron con ungüento especial. Posteriormente, lo dejaron abandonado en Lo Prado.

Otros dirigentes del MAPU, detenidos el mismo día, contaron a PF que durante la noche llegó a la 12ª Comisaría el subteniente Manuel Cantarero, con signos evidentes de estar bebido. Según el relato de los dirigentes, el subteniente insultó a los detenidos y sacó de su celda a un obrero que vestía casaca de cuero, al que le dijo: "Yo, cuando chico, siempre quise tener una casaca de cuero como la tuya, pero como no la tuve, te pego", y le dio un feroz puñetazo en el rostro, y un rodillazo en los testículos. Posteriormente sacó su revolver y lo pasó al obrero, diciéndole: "Desquítate". Este respondió: "No sé usar armas". Un estudiante de derecho salió al paso y lo acusó de abuso de poder. El subteniente respondió: "Si tú supieras lo que pasa desde el Presidente Frei para abajo".

Después de estos ejemplos se explica el elogio a Carabineros, en su último aniversario, del "US. News and World Report", de Washington. Dice el artículo: "Los 25 mil "carabineros" de Chile constituyen la "élite" de las fuerzas de orden en América latina. Cuando uno los ve entrar en acción para hacerse cargo de una situación explosiva se explica por qué". Y agrega: "Si los "carabineros" ven que pueden disolver una turba simplemente haciéndose presentes, lo hacen. Si los bastones parecen necesarios, los policías los usan. Los chorros de agua a presión vienen a continuación; después el gas lacrimógeno. Las armas de fuego son utilizadas sólo en defensa propia". El artículo fue incluido en un libro editado por la Dirección de Carabineros, titulado "Páginas de Redacción", con motivo del 43º aniversario, compuesto de artículos elogiosos sobre ese Cuerpo.

AUGUSTO CARMONA A.


Actualidad Nacional

¡NO SE HARÁ JUSTICIA!

HABITUALMENTE, el gobierno afirma que la policía sólo interviene en defensa propia, para rechazar la violencia, para responder a los ataques, para contener los desbordes de elementos incontrolados, para preservar el orden. Ciertos sectores de la izquierda tradicional, en cierto modo, también comparten este criterio oficial y acusan de los incidentes a los grupos "extremistas". Siempre es la "ultraizquierda" la que promueve situaciones conflictivas, la que provoca a la policía, la que busca el enfrentamiento, la que incurre en desmanes y excesos. En concepto de esos sectores de la izquierda tradicional, si no fuera por la agresividad de la "ultraizquierda", nunca habría encuentros con los carabineros, ni ellos tendrían pretextos para actuar, ni habría víctimas en los actos y movilizaciones de masas.

Sin embargo, la experiencia demuestra la falsedad de estos argumentos.

MÁS MUERTOS

Un estudiante secundario muerto, un empleado de la Universidad Técnica gravemente herido, varios universitarios y obreros contusos, detenidos y procesados por la Ley de Seguridad Interior del Estado, el local de la Facultad de Ciencias asaltado por la fuerza policial: este es el balance de la represión desatada el día del paro nacional decretado por la Central Única de Trabajadores.

No era una huelga revolucionaria para derrocar al gobierno, trastrocar el orden o alterar la institucionalidad. Al contrario, tenia por objeto, además de plantear determinadas reivindicaciones gremiales y protestar por otras masacres de Carabineros, demostrar la decisión de los trabajadores de frustrar y enfrentar cualquier intento sedicioso destinado a impedir la elección presidencial del 4 de septiembre. Por consiguiente, se estaba defendiendo la legalidad burguesa, el orden establecido, el sistema imperante.

El paro no fue una provocación montada por la "ultraizquierda" para crear el caos y hacerle el juego a la reacción, sino que fue preparado y organizado por los dirigentes sindicales de la izquierda tradicional. Fue un movimiento tranquilo y pacífico, sin estridencias ni provocaciones, según el estilo anodino y moderado que la izquierda tradicional imprime a la lucha de masas.

En la Plaza Tropezón no se estaba incitando a la violencia, ni se atentaba contra la sacrosanta propiedad privada, ni se agredía a las fuerzas del orden. El joven asesinado no era un "violentista", ni un extremista, sino que un entusiasta militante de las Juventudes Comunistas. El criminal, en cambio, es un guardián del orden público, un individuo a quien la sociedad le paga para que proteja y resguarde la vida de todos los ciudadanos, un subteniente de Carabineros. Este era el único provocador infiltrado en la concentración. Según un comunicado emitido por el Jefe de la Zona de Emergencia, general Camilo Valenzuela, "el funcionario citado cumplía actividades reglamentarias en tenida de civil".

LOS ATROPELLOS DE CARABINEROS

Es la primera vez que se reconoce oficialmente que carabineros de civil se introducen en las manifestaciones callejeras. El hecho había sido denunciado en reiteradas oportunidades, incluso por periodistas, pero las autoridades lo habían negado con terco cinismo. Esos sujetos se mimetizan con el público para arrestar y golpear más fácilmente a los participantes en un desfile o reunión, para sembrar el caos y la confusión entre la concurrencia, para obtener informaciones confidenciales, para exacerbar los ánimos y darle un cariz violento a la manifestación más pacífica, para matar a mansalva, para lanzar la piedra o el disparo que sirve de señal y justificativo a la fuerza pública para embestir. En fin, son la quinta columna introducida por la policía entre la muchedumbre. El procedimiento es ilegal y antirreglamentario. Ningún reglamento del Servicio faculta a los carabineros para realizar estas actividades y ninguno de sus jefes tiene atribuciones para encomendarle a sus subalternos esta clase de labores. De acuerdo con su Ley Orgánica, el Cuerpo de Carabineros es una institución militar. En consecuencia, sus miembros tienen que actuar siempre uniformados, lo que sirve, además, para identificarlos y fiscalizar su comportamiento. Con esa misma finalidad deben llevar como distintivo una placa con el número correspondiente. Ningún carabinero puede desempeñar actividades reglamentarias de civil ni necesita esconderse en el anonimato para cumplir labores policiales legítimas. Sólo tiene que ocultar su calidad para ejecutar actos delictuales. El carabinero en tenida de civil es un malhechor, un bandolero investido" de autoridad para dedicarse impunemente al pillaje, al soplonaje, al matonaje, a la agresión y a la provocación solapada y artera.

ALLANAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD

Un destacamento de carabineros, fuertemente armado, irrumpió violentamente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Detuvo y golpeó brutalmente a los estudiantes que se encontraban en su interior y se ensañó con sádico furor con los presos en los furgones policiales y en los calabozos de la Comisaría. Varios estudiantes sufrieron fracturas y lesiones graves y están hospitalizados a causa del maltrato recibido. Pero la fuerza pública no se conformó con eso, sino que también provocó enormes destrozos materiales en el plantel y estuvo a punto de destruir el valioso Ciclotrón, que está instalado en el establecimiento, lo que hubiera constituido una pérdida irreparable no sólo para la comunidad universitaria, sino para el país entero.

Sin embargo, no hubo ningún motivo para esta incursión policial.

Aunque la ley no consagra la inmunidad, de las dependencias universitarias, la tradición ha convertido a las universidades en santuarios y baluartes contra la represión y la persecución. Pero ni siquiera se trata en este caso de aplicar el discutido principio de la extraterritorialidad de los predios universitarios, sino de la vigencia del derecho común: No se puede allanar ningún edificio público o particular, sino con orden de juez competente, cumpliendo las formalidades legales y siempre que allí se hubiere cometido un delito o que se encontrare un delincuente.

Ninguna de estas circunstancias pudo ser invocada por carabineros, quienes tampoco estaban autorizados para detener a las personas que se encontraban en ese lugar ni menos para dañar las instalaciones del recinto. Fue una ruidosa y deliberada exhibición de prepotencia, de abuso, de arbitrariedad. Nuevamente es la policía la que infringe la ley, la que atropella, la que recurre a la violencia, la que delinque, la que arremete contra estudiantes indefensos. Durante este gobierno se han inferido reiterados ultrajes a los fueros y a la autonomía universitaria. En una época no muy lejana, fueron vejados y expulsados del país un grupo numeroso de brillantes catedráticos e investigadores argentinos que trabajaban precisamente en la Facultad de Ciencias. Previamente, para cumplir la medida, la fuerza pública allanó el edificio del Conservatorio, donde se habían refugiado los profesores y eruditos extranjeros. El año pasado, funcionarios de Investigaciones allanaron un pensionado universitario que funcionaba en un local dependiente de la Facultad de Economía. En esa oportunidad, los detectives balearon a los estudiantes que resistieron con justificada indignación el atropello policial.

También la Universidad de Concepción ha sufrido la invasión devastadora de los esbirros policiales. Estos, al margen de la ley, en uña sincronizada operación bélica, penetraron al recinto universitario, descerrajaron puertas, destruyeron ventanas y armarios, golpearon y aprehendieron a estudiantes y sustrajeron todos los libros y especies que tuvieron a su alcance.

ATAQUE A POBLADORES

Días antes del paro de la CUT, la policía protagonizó otro hecho ilegal y violento. 25 detectives premunidos de metralletas y armas cortas y un contingente de carabineros que portaban también armas automáticas, allanaron el Campamento "26 de Enero", en la Población "La Bandera". Rodearon varias manzanas y se introdujeron en las casas, agrediendo a sus moradores y robándoles el dinero y sus pertenencias. De paso, detuvieron a diez personas, entre ellas a dos estudiantes. Los efectivos policiales estaban al mando del comisario Julio Rada, jefe de la Brigada Especial contra Asaltos y Robos, conocida como "El Escuadrón de la muerte", y dirigidos "personalmente" por el Subdirector de Investigaciones, el abogado democratacristiano Rolando Castillo.

El pretexto fue localizar y detener al dirigente de los pobladores, Víctor Toro, propósito que no lograron.

El Subdirector de Investigaciones, hombre de derecho, pretendió cubrir con un manto legal lo que no era sino un atraco a mano armada y se atrevió a declarar: "Sólo en la mañana nos avisaron de esta diligencia, luego que el ministro en Visita, José Cánovas, y el Fiscal Militar, Fernando Lyon, impartieron órdenes de allanamiento contra el Campamento "26 de Enero", para detener a Víctor Toro. La orden era amplia y consultaba el descerrajamiento si fuera necesario".

A su vez, el Subsecretario del Interior, Juan Achurra, expresó que la policía había actuado cumpliendo una orden judicial pendiente, lo que reiteró el Director de Investigaciones.

Todos mintieron. Entrevistado por un periodista del diario "El Mercurio", el ministro Cánovas "se mostró extrañado y sorprendido por el allanamiento ya que no tenía conocimiento sobre la acción". Y agregó: "Yo no he dictado ninguna orden de allanamiento contra el Campamento "26 de Enero". Solamente existe una orden desde varios meses atrás dictada en contra de Víctor Toro, dirigente de esa población y que se encuentra declarado reo en rebeldía. En todo caso esta diligencia impartida por mí no es para allanar todo un campamento, sino el lugar donde presumiblemente se encuentre Toro. Lo raro y extraño es que por intermedio de un periodista me imponga de esta diligencia y no a través de la policía".

Por otra parte, el Fiscal Militar, Fernando Lyon, al ser consultado por el mismo periodista, manifestó "que él no había dado ninguna orden de allanamiento en contra del Campamento "26 de Enero".

Todos estos hechos, sumados a las decenas de muertos y heridos cuya sangre mancha las manos, la conciencia y la imagen del gobierno de Frei y de la Democracia Cristiana, agregados a las torturas y flagelaciones, a las detenciones arbitrarias, a las flagrantes y repetidas violaciones de los Derechos Humanos, son el más elocuente, categórico e irrefutable testimonio de la violencia institucionalizada que impera en el país, que tiene su origen y su iniciativa en las autoridades y en la policía.

LOS RESPONSABLES

Todos comparten la responsabilidad. El carabinero uniformado o de civil o el agente de Investigaciones, instruido y aleccionado para castigar, reprimir, golpear, flagelar, herir o matar.

El Director de Carabineros que imparte las órdenes y ha desvirtuado las funciones asignadas a su Servicio, convirtiéndolo en instrumento de muerte y represión popular. Los jefes de Investigaciones que autorizan y fomentan acciones ilegales de sus subordinados, que adquieren y perfeccionan los métodos de tortura, que enaltecen y estimulan el abuso, el atropello, la crueldad, la ilegalidad, que se burlan e inducen a sus subordinados a mofarse de la ley, de las garantías individuales y hasta de la justicia.

El Ministro del Interior, que ordena a la policía proceder con rigor y severidad, que comparte sus métodos, que los conoce y no los impugna, que siempre respalda y apoya sus crímenes, que exige el castigo ejemplar de toda rebeldía, protesta o reclamo, que permite y tolera que los carabineros usen sus armas de fuego, que admite que se infiltren funcionarios de civil en las manifestaciones, que permite que el Servicio se apertreche de las armas más mortíferas, nocivas y peligrosas, que manda a los carabineros, no a preservar el orden y la tranquilidad, sino a librar una verdadera guerra contra los campesinos, los obreros, los pobladores, los estudiantes.

El Presidente de la República, que está en el secreto de todo y respalda incondicionalmente a su ministro del Interior, al Director de Investigaciones y al Director General de Carabineros, que les reitera su confianza y les brinda su protección, los defiende y los justifica cada vez que la fuerza pública atenta contra la dignidad o la vida de los chilenos.

Las mayorías parlamentarias, siempre dispuestas a absolver y perdonar a los gobernantes culpables y para las cuales la propiedad privada, el orden y principio de autoridad deben mantenerse a sangre y fuego.

Y el Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, siempre dócil ante el gobierno, ciega y sorda ante los abusos de poder y autoridad, ante la violencia policial, ante las masacres, ante las torturas, ante los crímenes, ante los atropellos y trasgresiones legales de la fuerza pública.

Es todo el sistema el que está comprometido.

Es el Estado chileno, lo mismo que cualquier otro Estado burgués, mostrando con crudeza que debajo de su máscara democrática, no es otra cosa que un sórdido y tenebroso instrumento de la clase dominante para aplastar, someter, sojuzgar, explotar y reprimir a las mayorías, a los explotados.

Por eso, resulta explicable, pero ingenua, la reacción que se produce cada vez que ocurre una masacre o una tropelía policial.

¿Qué han exigido los partidos de la Unidad Popular? Que se disuelva el Grupo Móvil, que se prohíba la infiltración de carabineros de civil en las manifestaciones, que se destituya al general Vicente Huerta, que se le pida la renuncia al Ministro del Interior.

Todo es muy justo, muy atinado, muy lógico, pero revela también la falta de mentalidad revolucionaria y más que todo, la tremenda impotencia del movimiento popular ante este formidable aparato represivo, cada vez más fuerte, más agresivo, más apabullante, más incontrolable, más opresor, más fascista que es el Estado chileno.

¿Es que alguien se imagina que se van a eliminar los carabineros de civil solamente porque lo pide la Unidad Popular, en circunstancias que este método está definitivamente incorporado a las tácticas represivas de la policía?

Por eso no hay que limitarse sólo a denunciarlo y repudiarlo, sino que las organizaciones políticas, gremiales y estudiantiles deberían prepararse para combatir a estos malandrines con procedimientos contundentes de defensa.

¿Alguien puede soñar con que la clase dominante se va a privar, en un gesto de humanidad y de renunciamiento, del principal mecanismo represivo que es el Grupo Móvil, estructurado, organizado y preparado de acuerdo a las técnicas más modernas de la policía norte, americana?

La Unidad Popular podrá implorar y mendigar hasta la eternidad la supresión de esta máquina infernal, pero no lo logrará con declaraciones y discursos, sino con lucha. En caso contrario, lo más que puede conseguir es que se le cambie de denominación al Grupo Móvil.

Que se vaya Huerta; sí. Está implicado en todas las masacres cometidas por Carabineros, durante este gobierno, en su calidad de Jefe Superior del Servicio. Pero ¿quién lo va a remover? ¿El Presidente de la República, haciéndose eco del clamor ciudadano? Pero si ha solidarizado con el Director General, y ha refrendado todas sus actuaciones, antes y ahora. ¿Y cuándo Frei ha tomado en cuenta a la opinión publica? Sólo la visión de un pueblo combatiendo en la calle lo haría cambiar de actitud. Pero para ciertos sectores de la Unidad Popular esto sería una provocación. ¿Y qué se ganaría? ¿Acaso todos los generales de Carabineros que pueden reemplazarlo no pensarían y actuarían como Huerta?

¿Y un cambio de ministro del Interior sería una garantía para el pueblo? Patricio Rojas, lo mismo que su antecesor, Pérez Zujovic, están al servicio de una política, de un gobierno, de un sistema esencialmente represivo. Un ministro del Interior sólo se diferencia de otro por el número de muertos que deja tras de sí.

¿Qué hacer, entonces? ¿Acudir a los Tribunales en demanda de justicia? La CUT y el Consejo Universitario anuncian sendas querellas contra la policía.

¿Qué Tribunal civil o militar ha condenado a los criminales de El Salvador, de Pampa Irigoin, de Copiapó, de Puente Alto? Para los Tribunales, como para los gobernantes, la fuerza pública es intocable; no se puede desacreditar su autoridad y respetabilidad, porque eso pondría en peligro el orden y la institucionalidad. La justicia y el gobierno se coluden para asegurar la impunidad policial y están contestes en que siempre la fuerza pública actúa en forma legítima, en defensa propia, para mantener el orden. Para el gobierno y la justicia, la violencia siempre es obra del pueblo.

¿Acaso no está fresco en el recuerdo de todos un reciente episodio, insólito y vergonzoso, en que fueron copartícipes el ministro de Justicia y la Corte Suprema?

GOBIERNO Y TRIBUNALES

Los ministros del Tribunal Supremo suelen ser muy orgullosos de sus prerrogativas, hacen mucho alarde de su independencia y de la del Poder Judicial, y acostumbran ser soberbios y hasta altaneros con sus subordinados, con el hombre común, incluso con los abogados y también con los parlamentarios.

Pero estos magistrados tan severos, tan fieros, tan conscientes de su poder y de su autoridad, le tienen un temor reverencial al gobierno, se doblegan, se humillan, se prosternan piadosa y lastimosamente ante él. Son sensibles a las sugerencias, a las críticas, a las instrucciones y a las órdenes del Presidente de la República y de sus personeros.

En los regímenes absolutistas de antaño, y en las dictaduras modernas, los gobernantes también administraban y administran justicia.

Sin embargo, teórica y constitucionalmente, en nuestro país la justicia es un poder independiente. La facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República, ni el Congreso, pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales. Y esta idea está reforzada por otra disposición constitucional que establece que ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas, pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido por las leyes.

No obstante, un mal día, que pasará a la historia como el día de la capitulación y sumisión de la Corte Suprema, Frei decidió arrogarse funciones judiciales, en medio del más ominoso silencio y la aquiescencia jubilosa del más alto Tribunal.

Frei, por decoro, no asistió personalmente, pero en su lugar y en su representación, el ministro de Justicia concurre y se instala en un Pleno de la Corte Suprema a dictar cátedra de cómo debe administrarse justicia, cómo deben apreciarse las pruebas, las penas que deben aplicarse. ¿En cualquier proceso? No, sólo en los de carácter político. Parece un iluminado trayendo el verbo divino, y los ministros que habrían dormido una discreta siesta oyendo el alegato profesional del abogado Gustavo Lagos, escuchan extasiados, arrobados, transportados, a ese mensajero del Poder, a ese enviado dilecto del Presidente de la República.

Y para que sus palabras no caigan en el vacío, y para que no haya dudas sobre el carácter perentorio de sus palabras, dice que habla no sólo en nombre del Presidente de la República, sino que de "TODOS LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE PROTEGER LA SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR DEL ESTADO".

AMENAZAS DEL MINISTRO

A la impertinencia, el ministro agrega la amenaza. ¿Cuáles son esos organismos? ¿El Ejercito, Carabineros? ¿Así que la Corte Suprema no sólo se deja intimidar por el Ejecutivo, sino que además por las Fuerzas Armadas y la policía? ¿Con qué derecho el ministro de Justicia se arroga también la representación de la policía y de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se atreve a formular exigencias a la Corte Suprema en nombre de la fuerza pública, que es esencialmente obediente? ¿Y cómo el Tribunal Supremo soporta con tal estoica resignación ese acto de franca sedición?

Y después de todo esto, el ministro tiene el desparpajo de afirmar, con voz naturalmente muy engolada, que el nuestro es un país democrático, organizado en un Estado de Derecho.

La fuerza pública acababa de asesinar a dos estudiantes, pero el ministro de Justicia comparece ante la Corte Suprema no a pedir que se sancione a los esbirros, a los autores de este y de tantos otros crímenes, sino que a las víctimas de la represión policial. Según el ministro de Justicia, a los que hay que procesar con preferencia, a los que hay que sancionar con las penas más duras, más drásticas, sin aceptar siquiera sus pruebas, a los que hay que condenar de todas maneras, inventando presunciones a falta de pruebas, es a los que padecen el terror policial, a los que se resisten y desafían la maquina, ria estatal de represión y opresión.

El Estado, el Ejecutivo, el Gobierno es parte en todos los procesos políticos. Esto lo obliga, con mayor razón, a guardar absoluta prescindencia y a no ejercitar presiones sobre el Poder Judicial respecto de la sustanciación de estos juicios. Es un axioma de Derecho que nadie puede ser a la vez juez y parte. Este principio universalmente aceptado y respetado, no rige tampoco ni para el Presidente Frei ni para la Corte Suprema. El Primer Mandatario determina cómo debe administrarse justicia en estos procesos políticos. De hecho le dicta a la Corte Suprema las normas conforme a las cuales deben regirse estos procesos. Y así es a la vez juez y parte. Y la Corte Suprema, con menosprecio absoluto de la Constitución, de la ley, de la doctrina, acepta, subyugada por la voz del amo, este avasallamiento de sus atribuciones judiciales por un personero del Ejecutivo que es parte en los juicios políticos y que, en consecuencia, debería ser mantenido a raya y tratado con la misma rigidez que cualquiera otra parte en un juicio criminal, sin favoritismos de ninguna especie.

El Presidente de la República no puede intervenir en causas pendientes. En estos momentos se están tramitando algunos procesos por Ley de Seguridad del Estado en contra de militantes del MIR y del Partido Socialista. Pues bien, el ministro de Justicia predispone a la Corte Suprema justamente en contra de estas personas y le impone las normas conforme a las cuales debe juzgarlos y condenarlos. ¿Qué garantías procesales tienen estos inculpados o reos frente a esta tutela judicial que ejerce el Presidente de la República y acoge engolosinada la Corte Suprema? ¿Qué solvencia moral tendrá el más alto Tribunal de la República para conocer, juzgar y fallar en cual, quier proceso político por Ley de Seguridad del Estado, si enajenó sus atribuciones en materia de administración de justicia, si entregó su equidad y su conciencia al criterio del gobierno, si abjuró, claudicó y renegó de su independencia?

ESTO ES UNA MASCARADA

Como abogado, elevo mi más enérgica protesta y denuncio que la intromisión del Ejecutivo en la tramitación y desenlace de los procesos políticos y la abdicación de sus prerrogativas judiciales por la Corte Suprema priva de toda garantía a los inculpados o reos de este tipo de delitos y convierte a estos juicios en una vulgar mascarada en que el gobierno manda y la Corte Suprema obedece. Al final, prima la voluntad omnímoda del Ejecutivo.

El ministro de Justicia acusó al MIR y a militantes del Partido Socialista de perturbar el orden público, trastornar el orden institucional, acentuar los conflictos sociales por la violencia y el terrorismo. Pero no acompañó ningún antecedente concreto, excepto un pintoresco documento —que podría ser apócrifo— sobre instrucciones del MIR a sus militantes para que no confiesen en caso de ser detenidos o procesados. Aunque fuera auténtico, no corroboraría ninguna de las aseveraciones o denuncias del ministro de Justicia. De todos modos, si el gobierno hubiera dispuesto de antecedentes ciertos y veraces que confirmaran sus cargos e imputaciones, debería haberlos presentado oportunamente ante los respectivos ministros sumariantes y no ante la Corte Suprema, que no estaba conociendo en ese momento de ningún proceso específico, y ante la cual no podría ejercer como abogado el ministro de Justicia, mientras desempeñe ese cargo.

La Corte Suprema no se limitó a escuchar al ministro de Justicia. No sólo no se atrevió a protestar y reclamar del vejamen y humillación que le infería, sino que acogiendo su requisitoria y sin tener a la vista ningún fundamento, con notable abandono de sus deberes, adoptó el acuerdo de recomendar a los jueces que conozcan de procesos por infracciones a la Ley de Seguridad Interior del Estado y de otros actos delictuosos de violencia o terrorismo, la mayor dedicación y energía a fin de que estos hechos sean debidamente esclarecidos y la máxima celeridad en la dictación de las sentencias. O sea, la Corte Suprema acepta la tesis del gobierno, en el sentido de que debe haber una colaboración permanente con el Ejecutivo, lo que significa reconocer desembozadamente que la Corte Suprema es una asamblea más de la Democracia Cristiana, es un apéndice del Ejecutivo, es un vasallo del gobierno, es una marioneta que el Presidente de la República mueve a su amaño.

En consonancia con la actitud de la Corte Suprema, y como una manifestación más de la descomposición del Poder Judicial, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, José Cánovas, que instruye aún un proceso contra el MIR, se permite formular por la prensa declaraciones de evidente contenido político y que significan prejuzgar respecto de hechos y personajes en un juicio pendiente, lo que le está vedado a un funcionario judicial y es causal de implicancia y de recusación, o sea, que imposibilita legalmente para seguir conociendo de un asunto o sustanciando un proceso.

¿Qué hacer, entonces, si hasta el Poder Judicial ampara las fechorías policiales? ¿Cómo vengar tantas muertes? ¿Cómo castigar a los masacradores y asesinos de tantos obreros, mujeres, niños y estudiantes? ¿Cómo impedir que continúen matando al pueblo?

Con el advenimiento de un gobierno popular, dicen algunos. Claro. ¿Pero y si no triunfa o si le escamotean la victoria? El pueblo tendrá que hacerse justicia con sus manos. Y, en definitiva, deberá combatir y resistir con cualquier medio al aparato represivo estatal. Es más heroico y glorioso morir luchando que esperar, inerme, ser abatido por la bala policial. Así también se acelera el proceso revolucionario.

JAIME FAIVOVICH


PUNTILLAZOS

UNA TRENZA DE MONSTRUOS

"La Casa de los Horrores", ese espeluznante bodrio cinematográfico con que un productor norteamericano trató de aterrorizar espectadores, encontró un símil publicitario en Chile en la empresa "Andalién", una subsidiaria de "El Mercurio", encargada de confeccionar folletos, avisos, panfletos y otras invenciones impresas. El gerente ejecutivo de Andalién es Salvador Fernández, un sirviente obsecuente del clan Edwards, que ya dio pruebas de suficiencia como gerente de Radio Corporación, una emisora que pertenece al decano mercurial.

Fernández ha hecho para alhajar su "casa de los horrores" un masivo enganche de Dráculas. Frankesteins, Drs. Jeckills y Jacks Destripadores, que, a buen precio, secundan y realizan las ideas de los creadores de la campaña, que no son otros que los mismos personeros del comando publicitario de Jorge Alessandri. Así, se mezclan con los íncubos mercenarios, que preside el "Doctor Mortis" Fernández, figuras tan respetables (?) como Pierre Lehman, Enrique Edwards y Sergio Diez, junto a publicidad Storandt —un aprovechado ejecutor de impresos y avisos—, donde profitan de los enormes presupuestos su gerente, Hans Storandt, un segundón, Fernando Silva, y otra serie de plumíferos menores, pagados a tanto el centímetro.

En el enganche de Fernández, que traspasó fronteras para ubicar "cerebritos", cayó por gravedad pecuniaria Herbert Muller, oscuro escritor de la generación del 50, que intervino en la campaña del terror de 1964, encabezada entonces por el beatísimo Sergio Vergara, exgerente general del Banco Sudamericano. Vergara —por artes camaleónicas— abjuró ahora de su democristianismo trocándolo en furibundo alessandrismo, que ha encontrado en al "Chile Joven" que aparece firmando los avisos de la campaña de hoy, las satisfacciones que no pudo darse cuando dirigía las desopilantes invenciones del antiguo "Chile Libre".

Herbert Muller (el perico Muller) hace pareja con el caricaturista Lugoze (Luis Goyeneche Zegarra), otro que bien baila al tintineo de los dólares, ya los reciba en Miami o en Chile. Muller viajó, con sueldo en moneda dura, desde Buenos Aires, donde como relacionador público de los Rockefeller fue incapaz de lograr para su patrón en su accidentada gira por Latinoamérica un recibimiento adecuado. Aterrorizado por los atentados a la bomba que hicieron arder siete supermercados de Nelson Rockefeller, pretende traspasar a los chilenos algo del temor que le dejó esa experiencia, mientras en el Carrera-Sheraton bebe pisco sour nativo a cuenta de sus deberes.

En este retorno a Chile, Muller volvió a encontrar a un viejo amigo, Eduardo Anguita, introvertido y neurótico poeta del grupo de "La Mandrágora", freísta, íntimo de Jaime Castillo, ahora recalcitrante alessandrista. Todos estos "terroristas" han ideado los avisos con tanques soviéticos frente a La Moneda, los que muestran a un atildado escolar del Barrio Alto convertido en miliciano que, metralleta en mano, amenaza a su madre, el "comics" La Palmada en la Frente, o lo que pasaría si triunfara Allende... y otras lindezas por el estilo.

Ahora están abocados a una táctica complementaria que bajo el nombre de campaña de defensa de la libre empresa debió haber partido ayer, bajo la firma de un Consejo de Actividades Publicitarias. Dicho consejo está integrado por la Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación de Radiodifusoras de Chile (ARCHI), ANDA (Asociación Nacional de Avisadores), Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (ACHAP), Confederación de la Producción y del Comercio y, también, EMELCO.

Los medios a través de los cuales se lanzará esta campaña son los siguientes: 1) Prensa, con "El Mercurio" como cabeza de serie y que ya ha publicado dos originales: uno. El Derecho a decir NO, y otro que se refiere a cómo sería un supermercado si no hubiera competencia entre diversos productos fabricados por diferentes empresas. "La Tercera", "La Nación" y otros diarios de Santiago, amén de diarios de provincia, integran la cadena; 2) Radios, con la participación de todas las emisoras afiliadas a la ARCHI a lo largo del país, que pasarán los textos para ser leídos por locutores y no como discos grabados; y 3) Cine, con la colaboración de noticiarios Emelco que exhibirán cortos comerciales o transparencias en todos los cines del país.

Para esta campaña, que consta de siete originales (los dos señalados, más otros cinco, no confeccionados en Chile pues ya se ensayaron en Brasil), cuentan con dos millones de escudos, aportados por los "socios" ya mencionados, amén de colaboraciones de otras empresas nacionales. Los medios implicados en la campaña cederán gratuitamente sus espacios, de modo que los gastos se referirán exclusivamente a los de producción de los materiales publicitarios, tales como clisés para diarios de provincias, películas, etc. Como se ve los dos millones de escudos servirán para saturar a todos los chilenos.

G.


Análisis

EL TERROR A UNA CAMPAÑA

¡CHILENO! ¡Que esto no ocurra en tu patria...! ¡No votes por Allende! Las dramáticas frases acompañaban en el papel a una imagen no menos estremecedora: un hombre arrodillado ante un sacerdote católico momentos antes de ser ajusticiado. Efectivamente, el sujeto de la fotografía había sido fusilado en Cuba luego de ser procesado y condenado por un tribunal revolucionario. Se trataba de un criminal batistiano culpable de haber asesinado, por sus propias manos, a 24 personas. ¿Fue justa la pena? Esto no estaba planteado ni importaba un comino a los propagandistas del entonces senador Eduardo Frei Montalva, ni menos a los financistas de su publicidad, los monopolios estadounidenses y criollos. El asunto estaba bien aprovechado y eso bastaba... Los carteles empapelaron las murallas del país.

Es 1964.—¡Mujer, tus hijos serán enviados a Cuba para ser adoctrinados! ¡Mujer, tus hijos serán llevados a Rusia...! La campaña del terror está en marcha. A través de la mayoría casi absoluta de las radioemisoras, la fraseología anticomunista martillea sin tregua en los oídos. En la prensa se insertan con profusión avisos de la misma tónica, en tanto que el afiche falaz se encuentra en las murallas de cada calle. Y no se trata sólo de slogans manidos, pues ahora se ensaya la propaganda "indirecta". Pseudocomedias radiales y truculentos novelones ven la luz mientras él fracasado Julio Duran vaticina "cuajarones de sangre" si es elegido el candidato del Frente de Acción Popular (FRAP) que agrupa básicamente a socialistas y comunistas. Veinticuatro horas antes de los comicios, el toque final: desde las radioemisoras se descuelga la voz apátrida de Juana Castro llamando a votar por el "demócrata" Frei. La combinación es perfecta, pues en medio del terrorismo publicitario, el líder democristiano se apodera de no pocas banderas de la izquierda y promete también una revolución, pero, "en libertad"...

Los extremos derechistas (partidos Conservador y Liberal) nadan en aguas propias y tanto ellos como la democracia cristiana se sienten ya seguros. El sistema no está en peligro y todo habrá ocurrido en los marcos de la sacrosanta democracia burguesa.

Marzo 11 de 1964.— El entonces y actual secretario general del Partido Comunista escribe en el diario "EL SIGLO": "Ahora están maduras las condiciones para que Chile se dé un verdadero gobierno popular, termine el calvario de su pueblo y se ponga fin a las frustraciones de sus esperanzas. Las cosas van más en serio". Y para que no quepan dudas, remacha: "En cualquier caso —modifiqúese o no el cuadro actual, sea que a la elección de septiembre lleguen cuatro, tres o dos candidatos— la candidatura de Allende tiene la primera opción"...

Septiembre 4 de 1964.— El candidato democristiano, Eduardo Frei, que logra casi un millón y medio de votos, se impone por quinientos mil sufragios a su contendor inmediato, el socialista Salvador Allende, que obtiene más de 900 mil preferencias. El excarnicero, luego abogado y a la sazón multimillonario empresario y senador, Julio Durán, que había mantenido su postulación para restarle votos a Salvador Allende, puede apenas traspasar los cien mil votos. La "campaña del terror" ha dado sus frutos, aunque desde luego no es esta la única causal en la victoria del primer presidente democratacristiano que sufrirá el país.

Septiembre 13 de 1964.— La comisión política del Partido Comunista [1] se reúne para analizar los resultados de las elecciones presidenciales y entrega una declaración que en su punto quinto expresa:

"El arma decisiva que empleó el comando de la candidatura del señor Frei fue el terror sicológico, en escala hasta ahora nunca vista. Sin escrúpulo de ninguna naturaleza, se usó todo recurso, procedimiento, truco, calumnia y mentira contra el movimiento popular. En esta campaña se invirtieron millones de escudos o dólares. Se difundió el terror en todos los sectores, a través de todos los vehículos, llevándolo a la gente más sencilla y alcanzando incluso a los propios niños. Se pintaron cuadros pavorosos, se habló del paredón y de la sangre, se mintió con verdadera fruición para denigrar a la Unión Soviética, el primer país socialista del mundo, y a Cuba, el primer país socialista de América. Se apeló a renegados extranjeros, se descargó sobre Chile una manga de agentes imperialistas, se esgrimió la amenaza y el chantaje. Se calumnió personalmente a los dirigentes populares. Al mismo tiempo que se martillaba, segundo a segundo. Se le cerró a la candidatura de allende la casi totalidad de los caminos periodísticos y radiales que hubieran permitido deshacer tal campaña de calumnias. Se explotó la desinformación de un sector de la ciudadanía. Esta campaña estuvo dirigida cínicamente por el imperialismo. La candidatura de Allende tuvo que enfrentar básicamente al imperialismo yanqui que volcó en esta contienda numerosos recursos".

Días más tarde y siempre en el mes de septiembre, se reunió el Comité Central del PC para considerar la declaración de su comisión política. En las conclusiones de la sesión, se dijo: "Al aprobar el documento de la Comisión Política, el Comité Central, obviamente, consideró justo el examen de las causas que determinaron los resultados de la elección del 4 de septiembre. Dentro de las causas expuestas por la comisión política las principales fueron, como dice su documento, la campaña del terror y del miedo, las mentiras y calumnias anticomunistas con que se engañó a una parte de la opinión pública a un costo de millones de dólares, marcos occidentales y escudos, el soborno y el cohecho ejercido por Cáritas y otras instituciones, además de los innumerables fraudes electorales. Fue, pues, una victoria sucia del adversario. No obstante, el Comité Central fue unánime en estimar que constituyó un gravísimo error la circunstancia que, después de Curicó, se pasara a la defensiva, especialmente en relación a las mixtificaciones y deformaciones que hiciera el adversario respecto a Cuba, Hungría, el muro de Berlín, el comunismo y el socialismo y de la política de los partidos Comunista y Socialista.

"Ningún movimiento revolucionario puede triunfar sin espíritu de ofensiva.

"La lección debe ser aprendida". [2]

A despecho del llamado didáctico del Comité Central del PC, ninguna lección parece haber sido asimilada por la izquierda tradicional, puesto que hoy se reeditan, uno tras otro, los episodios del evento electoral de 1964, incluida por cierto la "campaña del terror". Aquella presión sicológica naturalmente es un factor de importancia en un análisis objetivo, pero desde luego no aparece él solamente en períodos electorales, sino que, por el contrario, es permanente. Las tergiversaciones del socialismo se iniciaron mucho antes del establecimiento del primer Estado de ese carácter y las falacias acerca de la Unión Soviética comenzaron el mismo 7 de noviembre de 1917 y en igual medida las clases dominantes utilizan los hoy vitales medios de expresión en beneficio del mantenimiento del sistema.

Como señalaba con acierto el periodista-mártir Elmo Catalán: "En la época contemporánea, los medios de información se han convertido en armas de terrible poder, en instrumentos de dominación más potentes aún que los ejércitos mejor equipados". (La propaganda: instrumento de presión política).

Los enormes intereses de los imperialistas y de sus aliados criollos que se ven de alguna manera amenazados ante la posibilidad de un eventual cambio en el poder político, explican por sí solos el que esos estratos de la sociedad echen mano de toda clase de recursos para desbaratar el peligro. Constituye, pues, una ingenuidad —para llamarla de alguna manera— el pretender limpieza en los adversarios del proletariado. Todas las "victorias" de la clase dominante son sucias, porque la dictadura de la burguesía no es una frase, sino un hecho más que tangible para los trabajadores, y esto lo sabe quien tenga en la cabeza el ABC de la ideología revolucionaria.

En la izquierda tradicional chilena, la campaña del terror ha permitido sacar de la verdad, mentira, porque ella ha servido de excusa para justificar una línea política errónea, una vía pacífica que lleva implícito el caminar sin meta por la ruta de las elecciones al estilo burgués. En febrero de 1964, al hablar ante el XX Congreso Ordinario del Partido Socialista, el entonces Subsecretario General del PC, José González, señalaba: "En estas nuevas condiciones (las vigentes. Nota nuestra) el sufragio universal y otros instrumentos creados por la burguesía para ejercer su dominación, ya no siempre responden a este fin. Las masas escapan a su control y en determinadas circunstancias pueden utilizar esos instrumentos para su propia liberación".

La lección que debió aprenderse es la inconsistencia ideológica que conforma este tipo de tesis y no el "descubrimiento" de una campaña del terror que es una manifestación permanente —y no la más brutal— de la clase en el Poder.

El recrudecimiento del terror sicológico en determinadas épocas, sólo evidencia lo que esta revista ha venido sosteniendo desde su creación, cual es, que los revolucionarios no pueden hacerle el juego a la burguesía sumiéndose de lleno en la mecánica política creada por ella. No se trata de cuestionar las elecciones en si mismas, puesto que los revolucionarios deben aprovechar al máximo la lucha de tipo legal, pero sin caer en el idealismo de que por ese camino alcanzarán realmente el Poder, que es lo que está planteado en Chile. Las tesis de los grandes ideólogos del marxismo sobre la utilización simultánea de la lucha en el doble plano legal e "ilegal", han sido llevadas rigurosamente a la práctica por los revolucionarios de todo el mundo que han logrado la victoria.

La aplicación de nuevos métodos de lucha (nuevos para Chile), como por ejemplo la acción directa, es objetada en realidad porque daña la convivencia en que se desarrolla en este país la actividad de los partidos burgueses y obreros. Inmersos en el juego, algunos líderes políticos que se dicen marxistas han llegado a convencerse de que vivimos en una "democracia" y así, a título de muestra, vemos cómo el diputado Orlando Millas al comentar los métodos políticos de los explotadores afirma, campante, que "no es toda la Derecha la que ha llegado a tales extremos y que en el propio Partido Nacional, aunque su presidente sea un antiguo nazi, hay quienes tienen mentalidad democrática ..." ("El Siglo", 21 de junio de 1970).

El estribillo que oculta el fracaso de la vía pacífica es el de que la revolución la harán las masas y que sólo se concretará cuando éstas tengan conciencia de que deben actuar revolucionariamente. La afirmación es aparentemente correcta, siempre que nos preguntemos ¿conciencia de qué y para qué? ¿Para proseguir en una batalla estéril, en un terreno elegido por el enemigo, que posee el poderoso bastión del poder político y económico? La lucha frontal se objeta en nombre de un pretendido humanismo que intenta evitar el derramamiento de sangre y la destrucción. Sin embargo, el más alto líder del PC chileno ha dicho:

"En Chile, de abrirse paso la revolución por una vía violenta, empezaría tal vez en las ciudades, se expresaría a través de un levantamiento del proletariado con una combinación de paros generales o parciales, con luchas callejeras armadas y, naturalmente, con apoyo de masas en el campo, y no duraría sino algunos días o semanas a lo sumo. A esta conclusión se puede llegar, teniendo en cuenta, entre otros hechos, las tradiciones de lucha de clase de la clase obrera chilena, la circunstancia de que ningún gobierno podría sostenerse durante un mes de paro de las actividades principales, de que la economía del país no resistiría prueba semejante, de que el proletariado es capaz de responder a una lucha de esta naturaleza y de que, a diferencia de la situación que había en Cuba, donde el movimiento sindical estaba en manos de los agentes de Batista, aquí está en manos de los propios trabajadores".

Si se formula esta posibilidad no se comprende por qué la toma de conciencia de las masas debe dirigirse —como ahora— a una política que en los hechos colabora al mantenimiento de la explotación, al hecho sí, brutal, de que cada media hora un chileno muere de hambre, mientras los que sobreviven pueden encontrar la muerte en las sistemáticas masa eres de obreros.

En vísperas de los comicios presidenciales del 4 de septiembre, asistimos ahora a una reedición de la campaña del terror. Los métodos y el financiamiento son los mismos. Las diferencias del "Terror 70" están marcadas únicamente por la distinta correlación de fuerzas al encontrarse la burguesía momentáneamente dividida en dos candidaturas, las de Jorge Alessandri y Radomiro Tomic. Por circunstancias derivadas de su táctica electoral, el postulante democristiano se ha visto obligado ahora a proclamarse ajeno a la gritería anticomunista y sus sostenedores han llegado a exponer, con envidiable cinismo, que "la candidatura de Freí fue en parte distorsionada por una campaña del terror hábilmente ideada por sectores derechistas que lo apoyaron como mal menor". (Frei pidió públicamente el apoyo de la derecha).

Antes fue Cuba y ahora es Checoslovaquia, pero el objetivo es naturalmente el mismo y sólo el más desenfrenado autoengaño podía llevar a la conclusión de que esta clase de recursos no se repetirían. La experiencia comprueba que de nada sirven los certificados de buena conducta y el presentarse al campo de batalla electoral acompañados de insospechables "demócratas" como el Partido Radical. El enemigo es implacable y tiene la sartén por el mango. Lo primordial, entonces, no es señalar con el dedo a los autores del terrorismo sicológico, sino comprender que éste es sólo otro aspecto que subraya errores en la política de la izquierda. Al torrente publicitario de la alianza imperialismo-burguesía, la izquierda opone encendidas denuncias o la actitud ridícula del diputado Jorge Insunza que va hasta La Moneda para pedir al gobierno burgués de turno que termine con la campaña del terror.

Dos observaciones más. En cierto modo, la experiencia de 1964 ha sido asimilada, pues la denuncia de la actual campaña del terror —que parece ser lo que se llamaría actitud a la ofensiva— viene a ser una suerte de "parche antes de la herida" en previsión de ulteriores fracasos en el terreno electoral. Al mismo tiempo, el ataque sistemático a los revolucionarios denominados peyorativamente como "ultraizquierdistas" y convertidos en los enemigos principales (colaboración gratuita para Washington) está destinado a similar objetivo. Ante la reiteración del desastre en el camino electoralista, una explicación debe estar ya preparada y aquélla sería: —perdimos a causa de la campaña del terror fomentada por el ultraizquierdismo—, y no porque estemos errados.

La historia al parecer puede repetirse en cortos períodos como el que va de una elección presidencial a otra.

VARILARGUERO


Tribuna ideológica

FUNCIONES DEL EJÉRCITO EN EL CAPITALISMO

SI consideramos la tendencia capitalista a reproducir progresivamente los capitales, debemos también considerar una parte de los excedentes totales cuyo destino inmediato no es la inversión reproductora sino la acumulación, o lo que es lo mismo, una parte de la fuerza de trabajo social, acumulada.

La tendencia general por parte de los capitalistas es, desde luego, aumentar la proporción de riqueza privada en relación a la riqueza social. Esta proporción creciente del trabajo acumulado, o si se prefiere, la progresión proporcional de la tasa general de plusvalía, se origina en la expropiación directa del obrero por parte del capitalista en una relación que expresa una represión implícita, que en todo caso no es suficiente como para mantener el funcionamiento "normal" del modo de producción capitalista.

Entonces, la conservación e incremento de la riqueza privada precisa de la colaboración de agentes que no son genéricamente socioeconómicos. Son agentes políticos e incluimos en ellos las ideologías y sus órganos de transmisión y comunicación, los partidos políticos que, a la vez, en una órbita institucional, son las vías de acceso al poder político. Desde la cumbre política que es el Estado, los gobiernos capitalistas controlan el funcionamiento normal de la explotación y de la expropiación masiva de la fuerza de trabajo. Pero estas funciones político-administrativas tampoco bastan para mantener el buen funcionamiento del sistema y es así como el gobernante, advenido en el Estado capitalista, debe recurrir a métodos compulsivos, esto es, a la represión ejercida manifiestamente, y por lo tanto, mantener permanentemente una mano de obra exclusivamente represiva.

Aun en el supuesto extremo de que un sector político-ideológico antagónico a la ideología y a la política que hasta entonces ha sustentado un determinado Estado capitalista, llegara a controlar ("políticamente") los aparatos represivos, la funcionalidad de estos últimos se mantendría si ese sector político-ideológico no se encuentra directamente conectado con las clases explotadas y puede llevar a cabo la destrucción del mismo Estado del cual ha llegado a formar parte, lo que significaría a su vez, la autoeliminación política-ideológica de ese sector si es que en realidad ha llegado a convertirse en un agente de transformación social.

Tenemos pues que el Estado de derecho debe sustentarse con la fuerza represiva, pero también esta última —como veremos— necesita legitimarse.

El ejército permanente es, antes que nada, fuerza de contención social, la reserva violenta surgida en el mismo instante en que la política y sus expresiones "ideologizadas" dejan de expresar cabalmente las necesidades reales y concretas de la economía capitalista. Pero aún así los mantenedores del ejército permanente recurren a las ideologías pues siendo éste una parte del aparato represivo del Estado capitalista, es representado ideológicamente como:

1.—El defensor armado de la nación.

2.—El defensor armado del orden social (o policía de reserva).

La exaltación del nacionalismo es característica común a todos los gobiernos capitalistas. Esta exaltación cumple el cometido ideológico de reemplazar la lucha de clases por los conflictos internaciones. No se trata de negar aquí el gran potencial revolucionario que ocultan los movimientos nacionalistas. Pero él sólo emerge en la medida en que la suma de los sentimientos nacionales forman parte de un contexto liberador frente a los centros internacionales de opresión, esto es cuando el nacionalismo surge como ideología de las clases sociales sometidas a los mecanismos de explotación; en el caso contrario, cuando el nacionalismo es impuesto como ideología oficial "estabilizada", cumple la función expresa de enajenar al sector expoliado de sus necesidades político-económicas más inmediatas. En tal sentido, las masas son impulsadas a apoyar sin reserva a los ejércitos permanentes, lo que significa apoyar la intensificación de una fuerza represiva que, a la primera oportunidad, se volverá en contra de ellas mismas. Así tenemos que la ideología del nacionalismo, en la generalidad de los casos es impuesta "desde arriba" con el fin de consolidar los aparatos represivos del Estado capitalista.

En relación estrecha con la ideología nacionalista nos encontramos con la exaltación dirigida del orden constituido [3] . Es cierto que esa función en el Estado capitalista le es reservada a los destacamentos policiales (Ver nuestro artículo "La Policía y la Represión, PF. Nº 100). Pero por otra parte debemos tener en cuenta que cuando el Estado de derecho no resuelve los conflictos sociales, la fuerza policial se constituye en una especie de ejército exclusivamente dedicado a la represión interna, pero con métodos militares de lucha. Los militares por su cuenta, no se encuentran exentos de las funciones policiales, sino que, por el contrario, siempre están listos para asumir esas funciones represivas internas. Es más, a diferencia de la policía represiva que generalmente debe mantener el orden impuesto por los gobiernos capitalistas, los militares se encuentran condicionados para subvertir el orden gubernamental sin subvertir el orden económico del Estado capitalista, llegando incluso a controlar la totalidad de los aparatos represivos y administrativos.

Podemos deducir que el ejército permanente, en las situaciones extremas de conflicto, revela al verdadero Estado de hecho del capitalismo.

Ahora bien, considerando al capitalismo desde una perspectiva histórica podemos destacar las principales tendencias económicas del sistema, lo que a su vez nos sirve para explicarnos la actuación que le corresponde al ejército permanente contemporáneo.

1.—Tendencia hacia una mayor concentración y acumulación progresiva del capital.

2.—Tendencia hacia una mayor centralización y planificación de la economía.

3.—Tendencia hacia la expansión imperialista [4]

Las tres tendencias implican un fortalecimiento del Estado en todos los niveles, incluyéndose desde luego, el fortalecimiento de los instrumentos represivos. Así, la tendencia hacia la concentración y acumulación progresiva de capitales, amplifica el radio de explotación, intensificándose también el monto de trabajo social expropiado y acumulado en los centros de capital. Los capitalistas tienen ahora más que defender en contra de fuerzas mayores. Por otro lado, la tendencia hacia una economía centralizada y planificada, reduce cada vez más la heterogeneidad en la composición política del Estado, lo que no siempre quiere decir que disminuya el pluralismo partidario (o pluripartidismo); lo que en realidad disminuye es el pluralismo ideológico, pues las distintas "corrientes de opinión" se canalizan más y más hacia ese común denominador que representa la defensa del capital expropiado. Bajo apariencias republicanas legitimadas por la burguesía en su fase de ascenso o de subversión (ver nuestro artículo "El Mito del Estado Liberal"), se oculta la concentración y monopolización del poder político, fenómeno paralelo a la concentración monopólica del poder económico. Por último, la tendencia expansiva, o necesidad de "imperializar" la economía capitalista, sólo es posible bajo la égida de un Estado capitalista monolítico y totalitario, aunque éste se oculte detrás de los difusos velos de la democracia representativa.

Estas tres tendencias económicas que conducen al fortalecimiento del Estado, solamente son viables con la participación ascendente de los aparatos represivos y/o expansivos.

Ahora bien, el incremento de las fuerzas represivas-expansivas no es un fenómeno que solamente incida en la coordinación política del capitalismo, sino que además, y por intermedio de una relación recíproca, las necesidades económicas de la burguesía que han conducido a la "monolitización" de la política estatal, impactan a su vez en el mismo funcionamiento económico del sistema. Veamos de qué manera:

1.—En primer lugar, el Estado del capitalismo avanzado debe presupuestar periódicamente determinadas cantidades de dinero con el objetivo de mantener el contingente cada vez más vasto del ejército permanente con lo cual el Estado se convierte en un absorbedor creciente de plusvalía, pues los "presupuestos nacionales" son financiados en forma principal por la clase trabajadora a través del mecanismo de los impuestos indirectos y de los impuestos directos que los capitalistas cancelan al Estado, pero a cuenta del mismo trabajo explotado. (Ver nuestro artículo "¿Cómo se financia la represión capitalista?").

2.—En segundo lugar, la creciente extensión de las fuerzas militares represivas-expansivas amplía los rubros de producción militar de tal modo que las guerras y las represiones constituyen a la postre campos de inversión de capitales hasta tal punto que los demás rubros de producción, aparentemente no comprometidos en el negocio de la guerra, dependen de su mantenimiento progresivo. Téngase en cuenta que la producción de armamentos y de sus derivados, además de representar seguras fuentes de inversiones para aquellos excedentes de capital que de otra manera se volverían en contra de sus propios generadores, asegura empleo constante a una gran cantidad de mano de obra, y desde luego, una permanente capacidad de demanda para la misma. [5]

3.—En tercer lugar, como las necesidades del capitalismo impulsan a la constante agresión militar, el Estado mismo se convierte en el director supremo de un sistema que hace de la guerra su principal medio de subsistencia.

Estas tres situaciones mencionadas, como se ve, contienen implicancias que inciden en la transformación sustancial del Estado capitalista, el cual pasa a ser controlado por lo que podríamos llamar un complejo político-económico-militar. Expresando así esta nueva relación: si la política económica conduce a la política militar, esta última conduce a su vez, a la economía militarizada, de donde se desprende que el poder político, el poder económico y el poder militar, se fusionan en una sola entidad, excluyente y totalitaria y —permítasenos utilizar términos de valoración— irracional e inhumana.

Como todos estos procesos no son productos de la imaginación, sino que simples hechos constatados, en nuestros próximos artículos analizaremos las características de la represión internacionalizada a partir de la economía que la ha generado a niveles insospechados: la del imperialismo norteamericano.

FERNANDO MIRES


Pobladores

TOMAS DE TERRENOS SEGUIRÁN EN SANTIAGO

EL congreso de los sin casa efectuado en Santiago en el mes de marzo (ver PF 102), designó una Jefatura Provincial Revolucionaria para llevar adelante la lucha de los pobladores. Al frente de la JPR se colocó a Víctor Toro, jefe del Campamento "26 de Enero". Posteriormente, siguiendo el mismo estilo de dirección, se constituyó en Talcahuano el Campamento "Lenin", y en Santiago —en el camino Santa Rosa, comuna de La Granja— surgieron los campamentos "Unión" y "Ranquil".

Dirigentes de la JPR sostuvieron una conversación con PUNTO FINAL. Luego de reseñar a grandes trazos el problema habitacional en Santiago (alrededor de 700 mil personas carecen de vivienda, o sea cerca de un tercio de la población de la capital), los dirigentes de la JPR agregaron: "Este gobierno, que prometió 360.000 casas pero que no llegará ni a la mitad, ha encarado el problema con una política de "parches" como los cinco planes que ofrece CORHABIT para la construcción de viviendas. Salvo casitas de cartón, sin alcantarillado, agua ni luz, esos proyectos están fuera del alcance de la gente modesta.

En el área sur de Santiago, donde es mayor la concentración obrera, el problema reviste caracteres dramáticos. Por eso en ese sector han surgido los Campamentos "26 de Enero", "Unión" y "Ranquil", además de otras muchas poblaciones de emergencia. A la falta de casas hay que agregar un problema derivado que son las enfermedades. Es sabido que de los seis principales grupos causales de muerte en Chile, tres tienen relación directa con la vivienda o con la carencia de ella. Hay que agregar el factor de la emigración a la ciudad de núcleos campesinos que hace subir constantemente el número de personas que carecen de vivienda. Las encuestas indican que la gente que llega a Santiago en busca de trabajo, no es la gente muy joven ni la de mayor edad. Es gente que rápidamente forma un hogar y esto significa más demanda de vivienda, recursos de salud, escuelas, etc.".

"De modo que el problema de la vivienda no se soluciona si no se aborda en conjunto con otros problemas. Eso no lo han podido hacer hasta ahora los gobiernos de la burguesía. Solucionar la emigración a las ciudades, por ejemplo, significa hacer producir la tierra. Y hacer producir la tierra significa hacer una verdadera reforma agraria. Todos sabemos cómo se desarrolla la reforma agraria de este gobierno. Al establecerse un asentamiento queda aproximadamente el 60 por ciento de los primitivos trabajadores. El resto va a la cesantía. Más tarde esos desocupados llegan a Santiago o a otras ciudades, aumentando la interminable lista de cesantes que viven en poblaciones marginales. En definitiva, no hay solución habitacional si no es con un cambio de todo el sistema. Los parches fracasaron. No se trata tampoco de cambiar a un incapaz por otro: se trata de avanzar históricamente hacia la construcción del socialismo, que es la única solución integral", los dirigentes de la JPR de los sin casa, cuyo lema es "Casa o Muerte, Venceremos", señalan que los pobladores tienen dos caminos para tratar de solucionar su problema:

"Uno es el que ofrecen los organismos de gobierno y otro es el que los mismos pobladores se pueden dar a través de su organización, apoyándose en sus propias fuerzas. Después de pasar uno, dos, tres o cinco años haciendo cola en los ministerios, sacando papeles, efectuando los trámites que los burócratas del sistema han inventado, toda persona se da cuenta que le han estado tomando el pelo. De ahí a la organización de los comités de los sin casa, la elección de un terreno y la toma de ese terreno, no hay sino un paso lógico". .

Los dirigentes de la JPR definen las tomas de terreno en la siguiente forma:

"El poblador pasa a exigir una solución. Se cansó de esperar; el camino legal se cierra, además lo asocia con trámites, papeleos, burocracia, etc.".

"Por eso las tomas de terreno son hechos ilegales, organizados por el pueblo que es impulsado por sus necesidades más vitales. Esto nos hace ver que las tomas de terreno seguirán. Mientras existan chilenos sin techo, habrá tomas de terreno".

"Las directivas encargadas de llevar adelante estas acciones, no pueden ser simplemente organizaciones gremiales. De hecho son organizaciones políticas que encaran todos los problemas: cesantía, mala salud, emigración, etc., y que frente a ellos plantean soluciones claras".

"Por ejemplo, esta Jefatura provincial Revolucionaria de los sin casa, se ha situado a la cabeza de esas luchas, planteándose claramente la sustitución del actual sistema, como el único camino posible para dar solución total al problema de la vivienda en Chile".

"Importantes enseñanzas nos han dejado los Campamentos "26 de Enero" en Santiago y "Lenin" en Talcahuano. Algunas son las siguientes:

a) Es posible movilizar a los pobladores para que exijan una solución al problema de la vivienda. Los pobladores están cansados de los burócratas y timoratos.

b) El grado de concientización que se alcanza en poco tiempo es elevado.

c) La formación de milicias populares es una idea aceptada y muy sentida por nuestro pueblo. Los milicianos son los mejores compañeros en todos los aspectos.

d) Es posible ir nutriendo con estas luchas el futuro ejército del pueblo, ejército que ante su sólo nombre provoca pánico y terror a los burgueses.

e) La solidaridad de los demás sectores revolucionarios tiene un lugar preciso y tareas concretas en que manifestarse. A partir de estas experiencias se ha roto por un lado con la forma tradicional de las tomas de terreno y por otro se puede mostrar un camino más claro. Los Campamentos "Ranquil" y "Unión hace la Fuerza" en Santiago, son un ejemplo de esto. Nuestra experiencia nos indica que los partidos de la izquierda tradicional, agrupados en la Unidad Popular, no comprenden estas ideas nuevas, estos métodos revolucionarios".

"No entienden, por ejemplo, que estas movilizaciones masivas crean las ideas y dan la oportunidad al pueblo de resolver una serie de problemas que la burguesía no ha resuelto ni podrá jamás hacerlo. Por ejemplo: el robo, los juegos de azar, el alcoholismo, las riñas entre pobladores, el aseo de cada vivienda y del campamento en general, etc. El pueblo a través de las milicias toma responsabilidades y aprende a utilizar su propia capacidad. Daría mucho que pensar a los golpistas si la campaña de la Unidad Popular fuera llevada en estos términos. El pueblo movilizado y organizado es la base para la construcción de un sistema socialista en Chile".

Los dirigentes de la JPR de los sin casa, añaden:

"Estas luchas y estos métodos permiten resolver los problemas de los sin casa. No en su totalidad, es cierto, pero crean la organización necesaria para seguir adelante. Sin embargo, los campesinos, los obreros de las industrias, los estudiantes, también están librando importantes batallas. Creemos que estas ideas les pueden servir. Es indudable que la mejor experiencia es la que se puede sacar trabajando en estos frentes de masas, el intercambio de ideas es una labor de las organizaciones que se colocan a la cabeza de estas luchas. Despreocuparse de este aspecto sería un error". "Estas luchas libradas en la masa permiten la unidad de criterios necesaria para la unificación de la vanguardia revolucionaria que conducirá al pueblo en las futuras batallas en el camino hacia la toma del poder".

"A diferencia de otros países de América latina, en Chile, en las poblaciones, se concentra una parte importante del potencial revolucionario de nuestro pueblo".

"Tarea de las organizaciones revolucionarias es encauzarlo con métodos nuevos. Es hora de dejarse de reuniones entre cuatro paredes con una ventanita abierta para que salga el humo".

"En resumen: las tomas de terreno seguirán mientras existan familias sin casa. El sistema fracasó en dar solución a estos problemas. A partir del Campamento "26 de Enero" se presentan para estas luchas concretas nuevos métodos de acción".

"Estas luchas, sin embargo, son limitadas. Pero permiten en conjunto con otras luchas dadas por el pueblo, ir creando la organización de vanguardia. Las organizaciones revolucionarias deben desarrollar sus acciones ligadas a las masas obreras y campesinas de nuestra patria. Crear 2, 3, muchas "26 de Enero", esa es la consigna. CASA O MUERTE, VENCEREMOS".


LA JUVENTUD NO PUEDE CREER EN ELLOS

Dos estudiantes muertos por obra de la policía.

Muchos testigos afirman que una bala fríamente disparada por un oficial del Grupo Móvil, segó la vida del joven Pavez.

El mismo día otro niño fue apaleado por carabineros, en forma tan bestial que sólo sobrevivió diez horas. Nuevamente contundentes testimonios indican que la tortura de ese indefenso adolescente, se realizó cobardemente dentro de un furgón policial.

¿Por qué la juventud a lo largo de Chile, se rebela y clama por justicia? ¿Por qué sucede lo mismo a lo ancho de América? ¿Por qué han debido desfilar miles de colegiales para protestar por el inmoral abandono de toda vigilancia en los barrios pobres y clamar contra la explotación que en ellos practican los prostíbulos y cantinas?

La más simple reflexión nos da la respuesta: una generación que busca pensar con honradez no puede creer en nuestras instituciones ni en sus autoridades.

Si el ministro del Interior, Patricio Rojas, y el subsecretario, Juan Achurra, recién sucedidos los hechos, se anticipan a emitir declaraciones destinadas a justificar actos del Grupo Móvil, que sólo conocen a través de informaciones interesadas, ellos están, así, renunciando a toda solvencia y autoridad para sancionar esos hechos y para garantizar al país una investigación seria y verídica.

El general de Carabineros, Vicente Huerta, siguiendo el ejemplo que le da el gobierno, se adelanta también a cualquier procedimiento de las fiscalías militares, y prescindiendo de toda careta, lanza una declaración que significa un cheque en blanco para todos los atropellos que puedan cometer los miembros de esos servicios, adiestrados para la represión brutal.

El Cardenal, don Raúl Silva Henríquez, en ambigua declaración, no clama por investigación y justicia ante esas dos vidas juveniles, dura y salvajemente tronchadas. Cuando embiste con su lanza contra el fantasma: "de los que conspiran contra el alma de la juventud", o "quienes se aprovechan de ella", está de hecho otorgando un ciego apoyo a esas mismas autoridades, cuya actuación implica dar carta libre a la bestialidad y, así, trasladar a Chile métodos tan nefastos como los que conocemos del Brasil y de todos los países militaristas o pseudodemocracias de América.

Una nueva generación lucha valientemente por sus ideales. Ellos no son foráneos, como no podríamos llamar foráneo al cristianismo, porque la verdad y la Justicia no tienen patria ni fronteras.

Ellos, los gobernantes, las autoridades, los ministros de la justicia y los prelados, que con superficialidad permiten o acallan hechos tan graves como los que recién han sucedido y constantemente están sucediendo, están causando el descrédito de cada una de las Instituciones del país y conduciendo a la desesperación a un pueblo que cada día se hace más consciente de su deber y su derecho a derrotar la injusticia.

Confiamos en que en nuestra patria se imponga una nueva visión de lo que debe ser la sociedad y la solidaridad humanas. Si no es ahora por una vía electoral y democrática, en todo caso será pronto, porque jamás conseguirán mantener amarrada a la nueva generación al yugo de la opresión y el atropello a los más elementales derechos del hombre.

El Juicio que nos merece la actuación del gobierno y de las fuerzas policiales a su mando, expresado en las líneas anteriores, se ha visto plenamente confirmado con los luctuosos acontecimientos ocurridos el día del paro nacional de la CUT.

MOVIMIENTO IGLESIA JOVEN
Santiago


Opiniones

VAMOS HACIA EL FASCISMO

ARMADOS de metralletas carabineros y detectives invadieron el Campamento "26 de Enero" el martes 7 de julio. El diario "Las Ultimas Noticias", de marcada posición derechista, informó al respecto: "Según el Prefecto de Santiago, Jorge Maluenda, lo hicieron en cumplimiento de una orden de detención de Víctor Toro emanada del Ministro sumariante José Cánovas. Sin embargo, éste demostró su extrañeza por la acción policial, que desconocía. La orden expedida por él sólo requería la detención de Toro".

La "extrañeza" del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago no se tradujo ni siquiera en una amonestación para los policías, los cuales destruyeron muchas puertas de las pequeñas chozas de madera donde viven hacinadas las familias del Campamento "26 de Enero".

Los policías se llevaron incluso dinero de los pobladores como lo señala el diario "Las Ultimas Noticias" en el relato ya mencionado: "María Tapia, una mujer lavandera, contó que de su pequeña choza habían desaparecido 260 escudos que guardaba en un cajón".

Una vez más se demostró que carabineros y detectives pueden sobrepasar las atribuciones legales cuando se enfrentan con Tos pobladores de modestos recursos.

Por esos mismos días el Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Mario Luxoro, denunció el asalto cometido contra la sede de su Facultad por el Grupo Móvil. Luego de relatar los daños materiales y humanos causados por los policías dijo: "No es atrevido decir que el gobierno no tiene el control de la policía".

Una estudiante de segundo año de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Graciela Salazar, contó ante las cámaras de televisión que ella fue detenida por el Grupo Móvil en el interior del edificio de la Facultad donde estudia y llevada primero a la 13ª Comisaría y de allí a la 16ª. Fue golpeada en el suelo por los carabineros. Vio cómo los policías daban puntapiés a sus compañeros, a uno de los cuales (José Henríquez Cornejo) le fracturaron la pelvis, dos costillas y le provocaron un traumatismo encéfalocraneano.

La joven, aún impactada por el mal trato recibido, contó ante los televidentes que en la 16a Comisaría ella y sus compañeras fueron desnudadas y sus órganos genitales palpados con el sólo propósito de causarles daños morales.

El Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, Fernando Kutnetszov, expresó en un foro en la televisión que el asalto a la Facultad de Ciencias representaba el tercer atentado a la autonomía universitaria bajo el actual gobierno democristiano. Recordó que en febrero de 1968 fueron expulsados de Chile catorce profesores universitarios argentinos, la mayoría de los cuales trabajaban para la Facultad de Ciencias, y que en 1969 fue detenido por la policía civil el profesor francés de la Escuela de Sicología de la Universidad de Chile, Benjamín Fabré, al cual le destrozaron un tímpano en la tortura.

En 1969, carabineros y detectives realizaron un asalto masivo contra la Universidad de Concepción, bajo el pretexto que buscaban a estudiantes implicados en un aparente secuestro de un periodista de la zona.

En los casos de las torturas del profesor Fabré, del asalto contra la Universidad de Concepción y contra la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, hubo querellas criminales contra la policía, las cuales, como ocurre con todos los procesos en los que el gobierno y su aparato represivo son los acusados, vegetan en los carcomidos Tribunales de Justicia.

Los casos mencionados, sólo algunos de los muchos que se registran a diario en el país, van configurando el deslizamiento de Chile hacia el fascismo.

Eduardo Frei es un político que por su formación intelectual, social y económica, calza en un proceso de fascistización.

Muchos pueden pensar que la afirmación constituye una arbitrariedad que no resiste análisis serio. Pero es conveniente examinar la situación actual de Chile y ubicar dentro de ella la figura de Frei para comprender que él es uno de los más adecuados para una alternativa fascista.

La Falange Nacional, a la que Frei contribuyó a fundar, surgió como una copia de la Falange española, fuerza política creada por el líder fascista José Antonio Primo de Rivera.

La Falange Nacional surgió en un período en que se gestaba en el país un movimiento progresista amplio, similar al que existía en España y que mundialmente llevaba el nombre de Frente Popular. En España la Falange fue uno de los elementos básicos en el complot contra el gobierno progresista existente, que tuvo como jefe a los miembros más reaccionarios de las fuerzas armadas.

Los falangistas aglutinaron en España a los clérigos, a los militares, a todos los sectores más reaccionarios del país para contener el proceso de cambio que se iniciaba en su país.

En Chile las arbitrariedades que a diario se cometen para contener la voluntad de cambio de los sectores más avanzados, ocultadas o estimuladas por la mayoría de los órganos periodísticos, que en conjunto conforman el periodismo más reaccionario de América latina, marcan el comienzo de un proceso que desembocará en un enfrentamiento definitivo entre las fuerzas que mantienen el statu quo y las que propician la revolución.

Hay quienes hablan de las tradiciones chilenas para defender el orden establecido, como en España lo hicieran Onésimo Redondo, José Antonio y Ramiro Ledesma, los líderes del fascismo hispano, pero no vacilan en pisotearlas cada vez que tienen que destruir manifestaciones progresistas o revolucionarias.

Indiscutiblemente Chile camina hacia el fascismo y frente a él se alzará un movimiento revolucionario.

AUGUSTO OLIVARES


Notas:

1. En esta y otras oportunidades citamos documentos del PC, en 1964 principal colectividad del FRAP y ahora fuerza determinante en la coalición electoral de la "Unidad Popular". Sin embargo, es sabido que el Partido Socialista aprobó conclusiones similares al analizar los comicios de 1964, especialmente en lo referente al tema de la campaña del terror.

2. A propósito de estas citas creemos de interés recordar palabras de Fidel Castro en el discurso de clausura de OLAS, el 10 de agosto de 1967; cuando se refiere a la vía pacífica para alcanzar el poder y a sus sucesivos fracasos: "Y después escucha usted a un revolucionario que dice: nos aplastaron, nos organizaron 200 programas de radio, tantos periódicos, tantas revistas, tanta televisión, tanto esto, tanto lo otro. Y es como para preguntarle: ¿Y que tú esperabas? ¿Que iban a poner la televisión, la radio, la revista, los periódicos, la imprenta, todo en tus manos? ¿No te das cuenta que ese es el instrumento de las clases dominantes, precisamente para aplastar la revolución?".

3. "Orden significa, primordialmente, asegurar que la población no tenga mas alternativa, siquiera intelectual, que confiar su vida, bienes y seguridad física al Estado. El Estado de derecho persigue esa finalidad aparentemente mediante técnicas menos brutales que los modelos del Antiguo Régimen. Pero, como opina Maulnier, la brutalidad de este escamoteo de valores sociales fundamentales no reside tanto en los medios como en la finalidad que es siempre someter a una mayoría al control de una minoría". (Carlos P. Mastrorilli, "El Poder Político", Buenos Aires 1969, pág. 86).

4. Cabe destacar que estas tres tendencias se dan generalmente en forma paralela y que no existe periodicidad ni mucho menos determinaciones entre ellas.

5. "... es evidente que la formación de un aparato militar gigantesco no crea ni implica competencia con las corporaciones privadas. No hay instituciones militares privadas que tengan interés en mantener al gobierno con sus propias reservas, y el ejército desempeña el papel de cliente ideal para los negocios privados al gastar millones de dólares anualmente en los términos más favorables para los proveedores". (P. Baran y P. Sweezy, "El Capital Monopolista", Buenos Aires. 1969, pág. 166).

"... no hay duda de que el abastecimiento al ejército es considerado universalmente como un buen negocio: todas las empresas, grandes y pequeñas, tratan de conseguir una participación tan grande como sea posible. Los intereses privados de la oligarquía, lejos de oponerse a los gastos militares, estimulan su continua expansión". (Baran y Sweezy, op. cit. pág. 167).


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02