Armas en el campo e intrigas en La Moneda

PUNTO FINAL
Año IV. Nº 105
Martes 26 de mayo de 1970

Editorial

CAMPESINOS, pobladores y estudiantes pasaron a la primera línea de combate en la última quincena. Los primeros efectuaron un paro nacional de 24 horas, protestando por la violación de numerosas leyes sociales que cometen los terratenientes. El paro nacional campesino, apoyado por las tres confederaciones que agrupan a los sindicatos de trabajadores agrícolas, se alargó a 48 horas en la provincia de Ñuble, donde los latifundistas, en lo que parece una franca colusión con el gobierno, están desafiando la lucha por la tierra que mantienen los campesinos.

También en la zona sur, más de 600 familias se tomaron 18 hectáreas de terreno en el fundo "San Miguel" de Talcahuano para levantar sus viviendas. Se trata del Campamento "Lenin" que dirige la izquierda revolucionaria apoyada en 17 sindicatos obreros que integran el Comité de Solidaridad Gremial de Concepción. En Santiago, entretanto, los pobladores del combativo Campamento "26 de Enero", ahora radicado en terrenos de la población "La Bandera" donde conquistaron el derecho a sitios, fueron nuevamente agredidos por el Grupo Móvil.

La respuesta del reaccionario gobierno democristiano duro con los pobres y complaciente con los ricos, ha sido la habitual: el Grupo Móvil recibió órdenes de apalear y detener manifestantes en la Población "La Bandera", en Bulnes y en Concepción, aparte de intentar un cerco de hambre, que fracasó, al Campamento "Lenin" de Talcahuano.

Los tribunales clasistas han cumplido también su papel. En Concepción tramitan condenas de tres años de cárcel para Nelson Gutiérrez y Manuel Rodríguez, ex dirigentes de la FEC; en Chillán piden cien días de prisión para el alcalde García Moreno y el secretario general de la CUT local, Augusto Jiménez; en Santiago condenan a penas de relegación y cárcel a cuatro dirigentes obreros y estudiantiles de la izquierda revolucionaria. Entretanto, ponen en libertad incondicional a terratenientes que han amenazado claramente con derramar sangre campesina o que participaron en los hechos donde perdió la vida un funcionario de CORA en Longaví, provincia de Linares.

En esta edición de PF procuramos presentar una reseña de todos estos hechos que van configurando claramente el espíritu de lucha que germina en nuestra clase obrera y campesina. PF está con los que combaten y desde sus columnas los llama a seguir adelante, por la revolución.

PF.


Análisis

ARMAS EN EL CAMPO E INTRIGAS EN LA MONEDA

EL Gobierno dcmocristiano puso en escena en Ñuble, después del asesinato del jefe zonal de la CORA en Linares, Hernán Mery Fuenzalida, una bien montada pieza teatral. Intentó con ello restaurar su imagen autoritaria frente a los campesinos, ahogar las protestas que su debilidad crearon en el seno del partido Demócrata Cristiano y capitalizar —en temporada de cosecha electoral— los factores políticos que engendró el crimen de Linares.

En nuestra opinión el objetivo más importante de la comedia escenificada en Ñuble —con un pintoresco entreacto de contrabandistas en Curicó—, es el descrito primero, o sea mostrarse fuerte ante el campesinado. A raíz del asesinato de Hernán Mery (ver PF Nº 104), la autoridad paternalista del gobierno se resintió gravemente en el campo. Buena parte de los campesinos chilenos no han logrado todavía sacudirse de lo que algunos llaman "conciencia dependiente", que les impide ver la composición clasista del Estado o del gobierno. Para ese sector, quizás el más numeroso, el gobierno "no representa otros grupos sociales sino que es una entidad autónoma". [1]

La Democracia Cristiana ha tenido buen cuidado de cultivar esa "conciencia dependiente" que corresponde a su papel de agente de la ideología reformista burguesa.

La reforma agraria que ha puesto en práctica —y que se ajusta al planteo kennedista proclamado en agosto de 1961 en Punta del Este—, no se orienta a liberar al campesinado, como sucede en revoluciones agrarias como la cubana o la china, sino a convertirlo en un foso social que impida el salto proletario hacia el socialismo.

En ese sentido, la DC ha logrado un éxito más que relativo. Este se aprecia en su influencia campesina comparativamente mucho mayor a la que registra en el proletariado industrial organizado y entre capas gremiales de la burocracia. Según cifras de la Dirección General del Trabajo (diciembre 1968), la Confederación "El Triunfo Campesino", manejada por el gobierno a través del INDAP, agrupa 20 federaciones, 146 sindicatos comunales y 36.440 campesinos que significan el 52,03% de los obreros agrícolas organizados. La Confederación Campesina "Libertad" — manejada por la Asociación Nacional de Organizaciones Campesinas (ANOC) y por la Unión de Campesinos Cristianos (UCC) y que también muestra fuerte influencia democristiana—, agrupaba a esa fecha 10 federaciones provinciales, 56 sindicatos comunales y 15.172 socios, equivalentes al 21,67% de los asalariados agrícolas. La Confederación Campesina e Indígena "Ranquil" —socialistas, comunistas, mapucistas— contaba con 13 federaciones, 77 sindicatos comunales y 17.021 asociados, o sea el 24.31% de los obreros agrícolas. [2]

Al sector campesino dominado directa o indirectamente por la DC, habría que añadir la Confederación Nacional de Comités de Asentamientos y Cooperativas de Reforma Agraria "Liberación Campesina", que aunque de escasa significación como instrumento de lucha social, es un excelente apéndice para efectos electorales democristianos que se derivan de la actividad de CORA e INDAP.

Según estadísticas de la Oficina de Informaciones del Senado, desde 1965 a diciembre de 1969 se han formado 568 asentamientos campesinos con 18.618 familias. La Confederación de Asentamientos se constituyó en septiembre de 1968. afirmando representar a 20 mil trabajadores de asentamientos, pre asentamientos y cooperativas.

LOS MOTIVOS DEL LOBO

Esta "clientela electoral" —para usar el término partidista usual— tiene, como en el área de sindicatos industriales o en el de pobladores, campo este último donde la DC también ha logrado enclaves importantes, un efecto multiplicador. Más de dos millones y medio de personas viven de la agricultura en nuestro país (30% de la población activa).

Esto hace que la DC todavía constituya una alternativa de continuidad de poder para la burguesía y el imperialismo.

Su imagen populista y paternal ante los sectores campesinos, sin embargo, sufrió serio daño con el asesinato del jefe de CORA en Linares, perpetrado frente a 200 carabineros al mando de un general. Luego, el desplante amenazador de un parlamentario del partido Nacional, que anunció "más muertos" y que calificó de "cuatreros" a los funcionarios de CORA, fue el exabrupto de un sector derechista que no se resigna a perder posiciones agrarias semifeudales a cambio del "desarrollismo" que le ofrece la DC con auxilio norteamericano. Ese sector quiere desbancar a la DC del gobierno.

El gobierno se encontró ante un desafío, en plena temporada electoral, cuando debe cuidar su "clientela" y a la vez convencer a la burguesía y al imperialismo de su capacidad para seguir conduciendo el proceso que evite una verdadera revolución en el país.

La solución a la que echó mano es típica del jesuitismo que inspira la mayoría de sus actos. Fingió un enfrentamiento en Ñuble con los latifundistas y hasta "descubrió" armas en Curicó (7 rifles 22. 2 revólveres y 1.470 cartuchos), aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado ... pero con guante blanco. Los tribunales parecieron entender qué se les pedía y colaboraron dictando las órdenes del caso para poner en libertad incondicional, acto seguido, a terratenientes que en todo instante se mostraron alegres y confiados, sabiéndose actores de un show.

PERFIL DE ÑUBLE

La provincia de Ñuble está en el extremo sur de lo que se conoce geográficamente por Chile Central y que comienza al norte en Aconcagua. Desde el ángulo de una reforma agraria es la zona más importante del país. El valor de sus tierras, según el avalúo fiscal, corresponde al 60% del total nacional. Esto ocurre no sólo por la calidad de las tierras sino también por su cercanía a los principales centros de consumo. En todo caso, en Chile Central está el 76% de la tierra regada del país y el 39% de la tierra arable. Su superficie territorial alcanza a los 9,3 millones de hectáreas (el 12,5% del total) y en sus fronteras se desarrolla el 28% de la explotación agropecuaria del país, aportando aproximadamente el 45% de la producción agrícola nacional.

Ya en 1966, un organismo de la OEA —el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, CIDA—, siguiendo las recomendaciones de la Alianza para el Progreso, publicó un estudio señalando:

"En Chile Central se encuentra el centro neurálgico de los problemas más agudos de la tenencia de la tierra en Chile y, por lo tanto, en esa zona deben concentrarse los mayores esfuerzos de una reforma agraria". [3]

Esa afirmación del CIDA se basaba en el siguiente dato: el 75% de la tierra arable de Chile Central está en poder de terratenientes, propietarios de fundos que van desde las 100 a 5.000 y más hectáreas.

Chile Central es el nudo más visible del latifundismo. Naturalmente, la reforma agraria democristiana ha sido relativamente más débil en esa zona, aunque el ministro de Agricultura del régimen, Hugo Trivelli, ex director ejecutivo del CIDA, no ignora que es allí donde se presenta con más fuerza el complejo latifundio-minifundio que caracteriza al agro chileno.

En Ñuble, entre 1965-69, la reforma agraria expropió 52 fundos e instaló 35 asentamientos con 792 familias. Las expropiaciones afectaron 36.271,3 hectáreas, de las cuales 18.213,3 eran de secano y 18.058 de riego.

(Edio Salazar, presidente de la Federación de Asentamientos de Ñuble, aseguró a PF que su organización controla 42 asentamientos constituidos (1.200 campesinos) y 6 por constituirse. La federación trabaja estrechamente ligada a la CORA e INDAP).

En Ñuble operan federaciones campesinas afiliadas a las tres confederaciones arriba mencionadas. La "Pedro Aguirre Cerda" pertenece a la confederación "El Triunfo Campesino", la "Isabel Riquelme" a la confederación "Ranquil", y la "Bernardo O'Higgins" a la "Libertad".

Las autoridades de Ñuble nunca se han mostrado muy amistosas con las organizaciones campesinas. Ya en 1968, los campesinos democristianos reunidos en Ninhue pidieron al gobierno la remoción del intendente Roberto Casanueva de la Barrera, a quien sindicaron como partidario de los terratenientes, caso que ocurre en todas las provincias agrícolas. El intendente prolatifundista de Ñuble sigue en su puesto y él dictó las órdenes de detención contra los dirigentes del sindicato de empleadores agrícolas, Jorge de la Sotta Mizón y Renato Gazmuri Schleyer, que cuatro días después quedaron en libertad incondicional.

TEATRO POLÍTICO

El clima de tensión artificial —para ocultar su debilidad en Linares— se vio favorecido para el gobierno por la existencia en Ñuble de la "zona de emergencia". En efecto, desde el 30 de enero esa provincia está bajo la autoridad del coronel Washington Carrasco Fernández, jefe del estado mayor de la III División del Ejército con sede en Concepción. El coronel Carrasco es el jefe de la zona de emergencia decretada a raíz de una huelga campesina que incluyó la toma de 211 fundos para exigir el cumplimiento de leyes sociales.

El presunto enfrentamiento de ahora entre un gobierno popular con latifundistas, se originaba en los trámites de expropiación de tres fundos: "La Ermita" (de la Comunidad Valdivia-De la Sotta, dividido en seis predios o "hijuelas" de las que se expropian 5 con 750,2 has.). "Selva Negra" (de Samuel de la Sotta con 885.6 has.), y "Roble Sur" (de Demetrio Zañartu con 200 has.). Son tierras planas regadas y aptas para el cultivo de remolacha.

Este último fundo, "Roble Sur", al día siguiente de ser detenidos Gazmuri y De la Sotta, se anunció que quedaba al margen de la expropiación porque el Tribunal Agrario de Ñuble falló que el predio podía acogerse a la franquicia del art. 21º de la ley de reforma agraria que excluye los fundos "bien trabajados".

Quedaban en litigio, pues, los fundos "Selva Negra" y "La Ermita"; en el primero trabajan 18 campesinos en forma permanente y en el segundo 17. Según la ley ellos tienen prioridad para quedar asentados si la CORA toma posesión de los fundos. Sin embargo, parecen ignorarlo al punto de solidarizar con sus patrones mediante la formación de sindicatos "amarillos" y la defensa física de los predios. Organizados por los latifundistas, esos campesinos levantaron barricadas con sacos de arena, cavaron fosos y tumbaron árboles en los caminos de acceso a los fundos, a unos 50 kilómetros de Chillán.

Mientras el ministro del Interior hacía declaraciones "duras", el jefe zonal de CORA en Ñuble fue llamado a Santiago. Fernando Marchant había afirmado que la CORA tomaría posesión de "La Ermita" y "Selva Negra" apenas la Corte de Apelaciones de Chillan se pronunciara en un recurso que la propia CORA presentó contra un dictamen del juez de Bulnes. Después que la CORA depositó en ese juzgado el 10% del valor de los fundos ("Selva Negra" por ejemplo, vale Eº 1.510.207,50), correspondiente a la cuota al contado que se paga a los expropiados, los terratenientes pidieron que la CORA no tomara posesión hasta que no fueran aclaradas las objeciones que ellos ponían al monto de la expropiación. (Debe recordarse que minutos antes del asesinato de Hernán Mery el terrateniente Gabriel Palma Benavente exigió un cheque al día por un millón de escudos para entregar el fundo "La Piedad" sin incidentes). El juez de Bulnes acogió la petición de los latifundistas y la CORA presentó un recurso a la Corte de Apelaciones de Chillán, enredándose en una maraña legal que puede perfectamente durar dos meses más hasta culminar en la Corte Suprema.

En realidad, la CORA tiene facultades para tomar posesión de los fundos. La ley 17.280 del 22 de febrero de este año, le otorgó más atribuciones, reduciendo al 1% la cuota al contado que debe pagar por fundos subdivididos después de 1965 por latifundistas interesados en burlar la reforma agraria mediante el reparto del fundo entre familiares. Es el caso de "La Ermita", por ejemplo. La misma ley faculta a la CORA para posesionarse de los fundos mientras el proceso sigue adelante en los tribunales.

De modo que si la CORA no ha pasado a controlar "Selva Negra" y "La Ermita" en Ñuble, es simplemente porque recibió instrucciones superiores de no hacerlo. La comedia no necesitaba llegar a la verosimilitud.

El ministro del Interior ya no necesitaba seguir en su papel de "hombre duro" con los terratenientes. Le calza mejor el de apaleador de profesores, estudiantes y pobladores. [4]

Los latifundistas, a su vez, lograron demostrar su fuerza, utilizando impunemente procedimientos que, imitados en grado menor por la izquierda revolucionaria, provocarían cuando menos la declaratoria del Estado de Sitio. Rivalizando con la autoridad del gobierno, consiguen ante la "conciencia dependiente" del campesinado desprestigiar la reforma agraria.

Desde luego, los campesinos que luchan por la tierra nunca han gozado de las exquisitas consideraciones que el gobierno DC otorga a los latifundistas. Hace dos años el Grupo Móvil hizo un alarde bélico para desalojar el fundo "San Miguel" en Aconcagua y se entabló un proceso contra más de 30 campesinos. El dirigente de la confederación "Ranquil". Rolando Calderón, socialista, vive en la clandestinidad para evitar una pena arbitraria. En Casahue, provincia de Cautín, el Grupo Móvil desalojó un fundo ocupado por campesinos en huelga. En la confusión uno de los carabineros mató a un sargento. Cinco dirigentes fueron torturados. La senadora María Elena Carrera ha denunciado sin ser escuchada que existen campos de entrenamiento de "guardias blancas" en Los Angeles, Puerto Varas y Bulnes.

Si en los fundos "La Ermita" y "Selva Negra" había armas, perfectamente pudieron ser llevadas a otro lugar. PF recorrió la zona en la que no se observaba ninguna vigilancia policial mientras las autoridades anunciaban que estaba prácticamente acordonada.

Ocurre que los terratenientes no necesitan armas para defenderse de una reforma agraria que les arruine. Ni la policía ni el ejército son sus enemigos. Las armas de que se aprovisionan, los aprestos en el interior de los fundos, los entrenamientos de "guardias blancas", no tienen por móvil insurgir contra el gobierno. Aunque quisieran, ellos saben que nada pueden contra el poder de fuego no digamos del ejército (que sólo en 1964-65 compró 20 tanques M-26 y 30 tanques M-41) o de la fuerza aérea (que nada más que en helicópteros norteamericanos compró 37 desde 1969), sino, simplemente, del Grupo Móvil equipado con armas de fuego de la OTAN y tanquetas lanza-granadas.

La belicosidad terrateniente tiene por objeto amedrentar a los campesinos y a funcionarios correctos para sacar el mejor precio posible a sus fundos cuando les llegue, si les llega, la hora de la expropiación. Incluso, como en Linares, chantajean antes de asesinar.

El actual gobierno no es enemigo de los latifundistas. El presidente Frei ha dado reiteradas seguridades a los terratenientes que "trabajan bien" sus fundos. En Ñuble, el caso de "Roble Sur", excluido del cuadro, lo prueba. "La Ermita" y "Selva Negra", en cambio, son fundos que hasta un lego entiende que están semiabandonados, mal explotados. Los campesinos de la zona viven en un estado de miseria abismante. La escuelita primaria Nº 30 que atiende a los niños de ambos fundos es una casa ruinosa que carece hasta de vidrios, que se llueve entera y donde cuatro maestros (incluyendo una normalista que vive como pensionista en la "casa" de una familia campesina) hacen una labor heroica para educar niños que caminan kilómetros en busca de instrucción. Los salarios de los campesinos son de 6 y 9 escudos diarios, el valor de dos cajas de cigarrillos; los trabajadores más conscientes son enviados a las tareas más duras, en los puntos más lejanos de los fundos, mientras sus mujeres son victimas de vejámenes, sus aves de corral envenenadas, etc. Los latifundistas se valen de toda clase de artimañas para ganarse la confianza de algunos explotados. Recurren a los regalos: camisas, zapatos, vestidos para las mujeres, radios a transistores. O se valen de falsos funcionarios de CORA que visitan los fundos anunciando que si se realiza la expropiación los Inquilinos quedarán cesantes. Los campesinos ignoran que tienen prioridad al formarse un asentamiento. Si todo falla, está la violencia física para aplastar a los rebeldes. Para eso son las armas y es dudoso que, salvo algunos hombres de absoluta confianza, los latifundistas las entreguen a campesinos que en cualquier instante pudieran darse cuenta de la verdad y volverse contra ellos.

DEL LOBO UN PELO

Según el vicepresidente de la CORA, Rafael Moreno, hasta el 9 de marzo se hablan expropiado 1.200 fundos con una superficie de 3.200.000 hectáreas. Sólo 280.000 has, son de riego (la superficie regada del país es de 1.300.000 has. Añadió que se han constituido asentamientos sólo en 960 fundos; se han entregado 3.000 títulos de propiedad (Frei prometió hacer 100.000 nuevos propietarios en el campo); y se espera terminar el periodo con 1.500 fundos expropiados.

Volviendo a las cifras del CIDA, hay que recordar que en Chile hay poco más de 10 mil grandes explotaciones agrícolas con una superficie total de 22 millones y medio de hectáreas.

La reforma agraria democristiana —por lo tanto— significa un pelo de diez por ciento que se ha comprado a buen precio al latifundismo. No siempre le ha sido arrancado a disgusto: el "36,4% de los predios expropiados lo fueron a petición expresa de sus dueños, acogiéndose éstos a condiciones más favorables de indemnización, en virtud del Art. 10 de la Ley". [5]

Aparte de mínima en sus alcances físicos, la reforma agraria democristiana es ideológicamente contrarrevolucionaria Tiende —y lo está consiguiendo en una medida que examinaremos en otro artículo— a crear una mentalidad de pequeño propietario, bloqueando su incorporación al campo revolucionario. Los campesinos asentados abandonan la lucha que deficiente y todo los orientaba en el sindicato y asumen respecto a los "voluntarios" que trabajan en los asentamientos una conducta que suele recordar a los antiguos patrones. Por otro lado se les asigna el papel de "clientela del Estado populista y este papel preserva mucho de la conciencia dependiente entre ellos" [6] . Desde luego, el proceso de cambios en el campo no conduce al socialismo, sino a fortalecer el sistema capitalista.

Los latifundistas más listos, o sea aquellos integrados al moderno complejo agrícola-industrial, entienden el verdadero cauce kennediano de la reforma agraria. En la misma provincia elegida como escenario de la última pieza teatral del gobierno, la Cooperativa Agrícola Remolachera Ñuble Ltda. consume el 60% del crédito agrícola de la región. Su principal cliente es la Industria Azucarera Nacional S. A. (IANSA), donde los intereses latifundistas engranan con el Estado que les representa, sirve y protege.

MANUEL CABIESES DONOSO.


Reforma agraria

CAMPESINOS DE LAMPA NO QUIEREN PROPIEDAD PRIVADA

EL lunes 4 de mayo en la madrugada, el "chico" Moisés Morales cortó las alambradas del antiguo fundo "Peralillo" de Lampa y dio la señal a sus compañeros para que entraran al potrero. El grupo que lo acompañaba comenzó de inmediato a instalar los enseres, viejos colchones, utensilios de cocina, mientras las mujeres se preocupaban de poner a resguardo, en las improvisadas carpas que levantaron, a los niños más pequeños. En el centro de la tierra que los acogía, en un mástil improvisado, enarbolaron una bandera chilena. Tranquilos, como si ejecutaran labores cotidianas, riéndose por lo bajo ante las perspectivas que cada uno veía en la acción, casi sin mirarse entre ellos, los campesinos tomaron una decisión: no abandonar el pedazo de tierra, así tuvieran que dejar la vida ahí.

Bonifacio Arancibia, huesudo, de alta estatura, con 58 años a cuestas, viudo pero con una madre y una hermana a quienes mantener, me dijo días después de la toma del predio: "Cuando anoche vinieron los carabineros, yo les dije: "de aquí no me muevo, mátenme si quieren, pero de aquí no me sacan". La noche anterior, miércoles 13, un piquete de carabineros bien apertrechados se instaló frente al campamento, de donde no se han movido hasta ahora.

"Sépalo mi teniente que no opondremos resistencia, no nos defenderemos, pero tendrá que matarnos a todos si quiere sacarnos", le declaró Moisés Morales al jefe de la unidad policial.

El oficial y la tropa, como cualquier habitante de la zona de Lampa, provincia de Santiago, sabe que la acción de los campesinos está justificada por hechos reales. Un ejemplo son los 4 hermanos Vergara, cesantes hace tres años. Hay otros que han pasado cinco años sin tener trabajo permanente. La inseguridad y la miseria son los factores que los agruparon y los llevaron a tomar finalmente la decisión. El Servicio Nacional del Empleo, SENDE. realizó una encuesta en el lugar y totalizó a 81 cesantes en Lampa. Todos en el área agraria. 53 de ellos se inscribieron en el Comité de Cesantes de Lampa, que organizó Moisés Morales con algunos de los más desesperados, en las semanas previas a la toma de la tierra.

"No hemos sido ayudados ni asesorados por ningún partido", dicen los campesinos. El 8 de febrero escribieron a las autoridades de CORA: "como ya lo hemos dicho claramente en otras oportunidades, no queremos que nos regalen la tierra, ni pretendemos ser sus dueños individuales, nos interesa el fruto que podemos sacar de ella".

En 1966 fueron expropiados el fundo "Peralillo" y la Hacienda "Lo Vargas", de Joaquín Cerveró y Gonzalo Barrios, respectivamente. Ambos eran los latifundios más extensos y mal explotados de la zona, de 3 mil cuadras cada uno, ubicados al interior de Lampa, en la comuna de Renca. La CORA instaló en el primero de ellos el asentamiento "José Miguel Carrera", con 25 asentados, en una extensión de 800 cuadras. "Aquí sobra tierra para que la trabajemos todos nosotros", dice José Yáñez cuando explica la toma del predio. Yáñez es presidente del comité de ocupación.

Señala que antes de hacer nada consultaron a los asentados y éstos estuvieron de acuerdo. Los campesinos insisten que este no es un movimiento contra la reforma agraria. La mayoría de ellos han trabajado como "voluntarios" en los fundos de Barrios y Cerveró y posteriormente en los asentamientos. En la carta enviada a las autoridades de CORA, expresan: "2.—Damos a conocer la traída de campesinos de otros lugares, existiendo en Lampa campesinos que han trabajado toda su vida en este lugar y según lo conocemos de la Ley, tienen sobrados derechos para llegar a las tierras. 3.—Damos a conocer la expulsión de campesinos asentados sin darles razones de tal medida, ni entregarles sus libretas ni liquidaciones de balances". Y continúa la carta:

"6.—Tenemos también el caso de compañeros que trabajando en carbonerías dentro de los asentamientos no se les hizo contratos legales ni se les paga leyes sociales. 7.—El alcalde de Lampa y asentado señor Julio Carreño (militante del PDC. Nota de PF) tiene y ha tenido contratados compañeros sin pagarles las leyes sociales ni hacerles contrato de trabajo". (La carta está firmada por Moisés Morales. José Yáñez y Bonifacio Arancibia). Esta situación arbitraria fue reconocida por el propio alcalde de Lampa, que el 7 de abril del presente año le escribió a Felipe Amunátegui, subsecretario de Agricultura, que "se permite hacerle presente que por tener que ir al XII Congreso Nacional de Municipalidades que se inicia hoy en Viña del Mar no le fue posible acompañar a su oficina al Comité de Cesantes de Lampa, no obstante le asiste la absoluta certeza de lo justo que es que se ayude a este comité por la angustiosa situación por que están pasando". La tramitación que habían sufrido los campesinos a esa fecha era antigua. En septiembre y octubre de 1969 hicieron gestiones ante la CORA, Ministerio del Interior y Ministerio de Agricultura, sin ningún resultado. Al tomarse la tierra, la Federación Campesina "Eduardo Frei", y dirigentes de la Confederación "El Triunfo Campesino", oficialista, firmaron un acuerdo con el Ministro Hugo Trivelli, según el cual los cesantes de Lampa fueron divididos en tres grupos y repartidos en tres asentamientos distintos. El acta firmada por Luis Vílches, de la Federación "Eduardo Frei" y Ramón Velásquez, de la Confederación "El Triunfo", no fue conocida por los afectados. Se hizo sin consultarlos y los campesinos la rechazaron. El sábado 16 de mayo firmaron un acta interna, en el campamento del asentamiento ocupado, que reproducimos fielmente, según su ortografía y redacción: "Los compañeros que firman a continuación se comprometen mantener el objetivo con que se decidió tomarse este predio: 1º ubicado en la comuna de Renca fundo Peralillo. Objetivo: 1º mantenerse en este predio en forma indefinida asta conseguir los títulos de dominio de este terreno, los cuales se trabajaran en forma coop. colectiva. Sobre las bases mencionadas estamos dispuestos a seguir agotando todos los medios que permitan la solución del problema, siempre que se respete los planteamientos de los campesinos".

Moisés Morales explica a PF que el movimiento actúa sobre tres bases fundamentales: la explotación y la propiedad colectiva de la tierra: conservar el grupo unido, para mantener la continuidad de la comunidad, y formar una cooperativa independiente de los organismos gubernamentales.

La tendencia general de los campesinos es la aspiración a la propiedad privada de la tierra. Esta tendencia ha sido desarrollada por la filosofía misma de la reforma agraria democratacristiana, que ha extendido en el campo la propiedad individual con los títulos de dominio particular y la selección de los asentados, según su "capacidad para empresarios agrícolas" que den impulso y desarrollen el capitalismo agrario. La experiencia que han iniciado los campesinos cesantes de Lampa puede resultar valiosa para las posiciones revolucionarias de los trabajadores agrícolas, porque significa un planteamiento de propiedad colectiva surgido de la base. En la actual coyuntura político-electoral, la derecha ha aprovechado muchos casos de descontento entre los campesinos por algunos métodos usados en la aplicación de la reforma agraria, para presentarlos como actitudes contrarias a un cambio en la estructura agraria del país, y una defensa del sistema patronal. Esto no sería posible con el movimiento de los campesinos de Lampa, que se pronuncian categóricamente en favor de la reforma agraria y piden que ésta sea más drástica y entregue toda la tierra cultivable a los campesinos.

Llama la atención que en su gestación, no esté presente ningún dirigente izquierdista. Por el contrario, los campesinos que ocupan los terrenos abandonados del asentamiento "José Miguel Carrera" están afiliados a la federación campesina "Eduardo Frei" y a la confederación campesina "El Triunfo", "porque era el sindicato más cercano". Su líder y artífice principal de la organización que se dieron, Moisés Morales Carrasco, de sólo 25 años, soltero, está formado como organizador de campesinos por el Instituto de Educación Rural, de conocida orientación anticomunista. "Nunca me dejaron ser promotor del Instituto", dice Moisés Morales, y "terminé trabajando como colono en la central de Longotoma, antes de ser expulsado por la organización porque discutía técnicamente como campesino algunas cosas que enseñaban". Se instaló hace meses en Lampa, postulando a un asentamiento donde no fue aceptado. Pero las promesas lo hicieron traer a su familia, de Bío-Bío, y debió quedarse.

AUGUSTO CARMONA A.


Pobladores

CAMPAMENTO "LENIN": EXPERIENCIA DE LUCHA OBRERA

SEISCIENTAS familias que carecían de vivienda se tomaron 18 hectáreas del fundo "San Miguel", en la comuna de Talcahuano. Una semana después, luego de aguda tensión provocada por el cerco policial que levantó el Grupo Móvil impidiendo incluso el acceso de alimentos, obtuvieron su primera victoria. La delegación zonal del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en vista de la decidida actitud de los pobladores, accedió a llegar a una solución. Las 600 familias podrán radicarse en los terrenos que se tomaron y levantar sus viviendas.

El Campamento "Lenin" de Talcahuano se inspira en el ejemplo que ha dado a los sin casa el Campamento "26 de Enero" de Santiago, experiencia de lucha que PF ha divulgado extensamente.

Sin embargo, la gestación del Campamento "Lenin" tiene peculiaridades. Desde luego, la toma de terrenos fue organizada a través de sindicatos obreros de la provincia de Concepción que se agrupan en el recién formado Comité de Solidaridad Gremial. Este Comité trata de elevar el nivel de combatividad de la clase obrera en Concepción, importante centro industrial y estudiantil. Estos últimos, los estudiantes, se han incorporado activamente al Comité tanto en el plano de los universitarios como de los secundarios. La ocupación de 18 hectáreas del fundo "San Miguel" por las 600 familias fue apoyada con una huelga y desfiles callejeros por la Federación de Estudiantes de Concepción (FEO y la Federación Provincial de" Estudiantes Secundarios. Asimismo, los universitarios participaron en la toma de terrenos e instalaron carpas para prestar atención médica y de otro tipo.

Trece sindicatos obreros formaron inicialmente el Campamento "Lenin" y posteriormente el número de organizaciones aumentó a 17. Entre ellas se cuenta el sindicato de empleados y obreros del reaccionario diario "El Sur" de Concepción que, desde sus columnas, atacó duramente la situación producida en Talcahuano.

EL COMITÉ DE SOLIDARIDAD GREMIAL

El Comité que organizó y condujo al éxito esta nueva lucha de los sin casa, se constituyó formalmente sólo el 28 de abril, emitiendo una declaración en la que fija sus objetivos. Estos son:

"1.— El Comité de Solidaridad Gremial, es el centro aglutinador de todas las organizaciones de los trabajadores, de los pobladores y de los estudiantes para unificar sus luchas y estructurar una acción común que tienda a la destrucción del régimen social vigente y a la construcción del socialismo.

2.— El Comité de Solidaridad Gremial (C. S. G.), tenderá a organizar en sindicatos a los trabajadores, manuales e intelectuales, del campo y de la ciudad, públicos y privados, sin limitación de ninguna especie, para incorporarlos a la CUT. cuya Declaración de Principios, en su integridad, se entiende como parte integrante de la Declaración de Principios del C.S.G.

3.— El Comité de Solidaridad Gremial, propenderá a concientizar a los pobladores, trabajadores y cesantes, en general a todos los habitantes de las poblaciones marginales, de emergencia y callampas, para organizarlos en juntas de vecinos y en comités que agrupen a los arrendatarios, a los sin casa y a los allegados; y constituyan la Central Única de Pobladores de Chile. Con el mismo fin, el Comité de Solidaridad Gremial promoverá la integración de sus cuadros en las actuales juntas de vecinos, comités de barrio, centros de madres, culturales y deportivos ya existentes.

4.— El Comité de Solidaridad Gremial, considera que el estudiantado es esencialmente de avanzada y, por lo tanto, impulsará para la plena realización de su vocación revolucionaria, la Central Única de Estudiantes de Chile, integrada por todas las federaciones estudiantiles ya existentes.

5.— El Comité de Solidaridad Gremial, considera que la solidaridad es la forma más eficaz para estructurar la acción común de los trabajadores, pobladores y estudiantes en su enfrentamiento con el orden capitalista, entendiendo esta solidaridad como la adhesión fraternal y permanente de los unos a la causa de los otros y la de todos a la causa del socialismo.

6—El Comité de Solidaridad Gremial, entiende que el ejercicio práctico de la solidaridad creará las más variadas maneras de enfrentamiento. Tendrá por esto que fijar, para cada caso, las más convenientes formas de acción común, conjugando los métodos legales e ilegales de ludia.

7.— El Comité de Solidaridad Gremial, declara que la tarea de edificar una sociedad socialista no sólo importa recoger los valores de nuestra tradición histórica sino que formar la conciencia de que tal edificación requiere de un hombre nuevo; esto es, un luchador y forjador abnegado estudioso, disciplinado y consciente".

La crisis habitacional en Concepción es tanto o más aguda que en otras provincias del país. La proyectada toma de terrenos en el fundo "San Miguel" de Talcahuano se filtró y llegó a oídos de familias que también carecen de viviendas pero que no estaban afiliadas al Comité de Solidaridad Gremial. Es así como pocas horas antes de llevarse a cabo la ocupación, el 7 de mayo, unas treinta familias llegaron por su cuenta al fundo "San Miguel" e instalaron sus carpas. De inmediato eligieron una directiva provisoria y bautizaron al pequeño Campamento con el nombre del senador comunista Jorge Montes. En una verdadera carrera contra el tiempo —para impedir que el Grupo Móvil alcanzara a cerrar los accesos al fundo "San Miguel"— los dirigentes del Comité de Solidaridad Gremial movilizaron a las familias que participarían en la toma. Consiguieron llegar a tiempo y el número do familias aumentó a seiscientas. El Grupo Móvil, pisándoles los talones, acordonó la zona y trató de rendir por hambre a los pobladores, impidiendo el ingreso de alimentos.

Producida la ocupación se realizó una nueva asamblea, esta vez con la participación de todas las familias que ocupaban terrenos. La mayoría impuso una nueva directiva encabezada por Javier Navarro, del MIR, y bautizó definitivamente al Campamento con el nombre de Lenin.

Los pobladores del "Lenin" se han organizado internamente en forma muy parecida a como lo hizo el Campamento "26 de Enero" de Santiago. Desde luego, cuentan con grupos de milicianos encargados del orden interno y de la defensa del Campamento. Algunos voluntarios han tenido que ser rechazados para las guardias nocturnas porque son muy jóvenes: 12 y 14 años. El primer galpón que se levantó en el Campamento correspondió al centro cultural donde se dictan charlas de concientización y en el cual se está formando una biblioteca con libros y revistas de literatura revolucionaria. El segundo galpón correspondió al policlínico donde algunos médicos voluntarios y estudiantes de Medicina y Enfermería atienden a los que lo requieren. El tercero será una escuela para niños y adultos. Los alumnos de la Escuela de Periodismo han instalado una oficina de información y propaganda que afronta ahora la publicación de un periódico interno. La construcción de las viviendas provisorias, la atención de la olla común (siete fondos de aluminio que humean noche y día), el corte de leña, y otras labores, son afrontadas en comunidad por los pobladores, en perfecta disciplina, orientados por los jefes de las milicias. Banderas chilenas y retratos del Che Guevara y Lenin se ven por todas partes, junto con la febril actividad de los pobladores que ahora sonríen confiados, seguros que la primera victoria se verá seguida por nuevos triunfos.

J. C. M.
Concepción


Justicia de clase

LOS TRABAJADORES SIEMPRE PIERDEN

MUCHAS veces se ha sostenido que uno de los problemas de la administración de justicia en Chile, es que los jueces no respetan el espíritu de la ley, interpretándola a su antojo. La afirmación es incompleta. Habría que agregarle que el más alto tribunal del país, la Corte Suprema, no respeta ni el espíritu ni la letra de la ley. Prueba de ello es un fallo dictado en marzo de este año en contra de los empleados de la empresa Cemento El Melón. El dictamen negó el derecho de los trabajadores a acogerse a los beneficios de la ley 16.386, que se refiere a las garantías que no pueden quitársele a los obreros cuando han pasado a ser empleados. La ley 15.944, promulgada en 1964. convirtió a los obreros electricistas y mecánicos en empleados particulares. Y la disposición legal que la Corte Suprema desconoció afirmaba que "la aplicación de esta ley no podrá significar disminución de las remuneraciones del personal a que ella se refiere, ni en los beneficios obtenidos por concepto de regalías o años de servicios".

Se establecía entonces que los obreros pasaban a beneficiarse de las gratificaciones, previsión y servicios vigentes para los empleados particulares, sin perjuicio de conservar lo que ellos habían tenido hasta ese momento.

La empresa Cemento el Melón no vaciló en atropellar la ley. Según el acta de avenimiento que regía en marzo de 1966, los trabajadores tenían un régimen de indemnización por años de servicio, y la empresa debía depositar mensualmente un 8.33% de los salarios en una asociación de ahorro y préstamo. Se formaba así un fondo que el obrero podía retirar en un momento dado. Según la ley ya citada, la empresa debía continuar haciendo los depósitos. Al suspenderse la operación, los empleados presentaron una demanda ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Valparaíso. Allí se incluyó también el hecho de que la empresa no respetó tampoco las regalías, sino prácticamente se las descontó de las gratificaciones, en vez de sumarlas como era lo que ordenaba la ley.

El Juzgado del Trabajo falló a favor de los trabajadores. La sentencia salió a principios de 1969. Por su parte, la empresa apeló a la Corte del Trabajo del puerto. Nuevo fallo a favor, que reafirmaba el derecho de los demandantes a seguir percibiendo la indemnización del mes por año de servicio y las regalías. En ese punto, la empresa recurrió de queja a la Corte Suprema. El abogado de Cemento El Melón es Raúl de la Puente, experto en defender grandes causas. Entre sus clientes, recolectados en las empresas más poderosas del país, está el Banco Chile. Este personaje afirmó —en el momento de presentar el recurso de queja— que no le cabía la menor duda acerca de que el fallo le sería favorable.

"LOS MINISTROS NO SABÍAN"

Efectivamente, por unanimidad, la Corte Suprema dictaminó que los trabajadores no tenían derecho a percibir las regalías ni la indemnización. El fallo, modelo en su género, se basa en que los afectados no pueden reclamar estos derechos porque fueron obtenidos cuando ellos eran jurídicamente obreros, y los beneficios no pueden trasladarse por "haberse dado término a las funciones anteriores, y porque los interesados, en sustitución de aquéllos, pasan a gozar de los beneficios de indemnización por años de servicio que contemplan las leyes 7.295 y 10.475".

La defensa de los trabajadores presentó un recurso de reposición, es decir pidió que se dejara nulo el fallo, por adolecer de dos errores bien manifiestos. En el escrito, se expresa: "No es exacto que se haya dado término a las funciones anteriores. La ley clasificó a los demandantes como "empleados particulares" sin que mediara cambio de funciones o labores.

No es exacto tampoco que los empleados particulares gocen de indemnización por años de servicio". En una frase diplomáticamente envenenada, el abogado defensor expresa: "Que no tienen ese beneficio es algo elemental en Derecho del Trabajo, de modo que mantener la afirmación contraria es incurrir en un error de derecho que serla inexplicable en el más alto tribunal de la República". Luego explica —para información de los ministros de la corte Suprema— que la ley que ella mencionó en su fallo desapareció en virtud de la ley 10.475, modificada por la ley 11.506. Ella destina los fondos originalmente previstos para la indemnización, a otro uso: el fondo común de la Caja de Previsión, para otorgar jubilación y montepío a los empleados particulares, que entonces —en el año 1954—, carecían de estos beneficios. Se quedaron pues con jubilación, pero sin indemnización. Eso, sin embargo, lo "ignoraba" la Corte Suprema. En el recurso de reposición interpuesto por la defensa de los trabajadores se expresa más adelante: "El error de derecho consistente en afirmar que los empleados gozan de indemnización por años de servicio queda más de relieve aún, si cabe, con la frase que usa V. E. al decir que ese beneficio lo contemplan las leyes 7.295 y 10.475, pues ello no es así. La primera de esas leyes lo contemplaba, y la segunda le puso término. Esa es la verdad legal. ¿Es posible que un fallo de la Excma. Corte Suprema incurra en un error tan pronunciado?"

Es posible. Cemento Melón ganó la causa, y más de doscientos obreros sintieron en carne propia cómo se administra injusticia en Chile. Una ley que se suponía era para beneficiarlos, sirvió en la práctica para que la empresa ahorrara una cuantiosa suma de dinero.

¿QUIÉNES SON LOS QUE GANARON?

Hasta enero de este año, el gerente general de Cemento El Melón era Ernesto Pinto Lagarrigue, ahora enteramente dedicado a su tarea política al lado de Alessandri. Presidente del directorio es Eliodoro Matte Ossa. Entre los directores figuran Edmundo Eluchans Malherbe, Salustio Prieto Calvo y Manuel Mardones Restat.

Según las cifras del balance al 31 de diciembre del 69, los gastos de la empresa en bienestar social ascendieron a Eº 1.608.629.—, cifra superior a la del año anterior sólo en cuatrocientos mil escudos. En cambio, las ganancias subieron de 29 millones en el ejercicio previo, a 34 en el último.

Dentro del rubro Provisiones, figura el ítem "gratificaciones, participaciones y desahucios a empleados y obreros". En el último balance, la suma es de Eº 3.336.608.—, —casi idéntica a la del balance anterior: Eº 3.319.865.—. ¿Cómo se las arreglaron para conseguir tanta estabilidad? Con santos en la Corte, podría ser la respuesta.

ENDESA

Un problema muy similar al de los empleados de Cemento El Melón se presentó a mil cuatrocientos obreros electromecánicos y torneros de ENDESA, que en virtud de la ley 15.944 pasaron a ser empleados particulares. Al no respetarse lo estipulado por la ley, se presentó una demanda que fue fallada a favor de los empleados en el Juzgado y la Corte del Trabajo. Esta vez el procedimiento seguido por los empleados consistió en presentar demandas por grupos, de modo que cuando el asunto llegó a la Corte Suprema, se debió dictar un fallo cada vez. En junio de 1968, la Corte Suprema dio la razón a los empleados, por cuatro votos contra tres. La causa se vio en la segunda sala.

Posteriormente, la Suprema cambió de actitud. Todas las demandas que vinieron a continuación —exactamente iguales en el fondo— fueron falladas en contra. Los ministros habían recapacitado. Pero quedó en pie el primer fallo favorable a los trabajadores.

Esto originó una aguda situación de conflicto gremial en la ENDESA. ya que los trabajadores —por orden de la Corte Suprema— están recibiendo un trato discriminado. Hay alrededor de 250 empleados a quienes se les respetan las garantías que tenían como obreros (aguinaldos, ciertos beneficios provisionales), pero al resto, que son más de mil, se le desconoce ese derecho en virtud de los otros fallos de la Corte Suprema.

El profesor universitario y penalista Eduardo Novoa, en su estudio sobre el poder judicial aparecido en la revista "Mensaje", afirma que la Corte Suprema legalmente no tiene facultad para revocar una resolución de las Cortes del Trabajo. Esto agrava aún más el escándalo producido al emitir este tipo de sentencias, en las que se refleja claramente de qué lado están los ministros de la Corte Suprema.

La falsa neutralidad con que se la quiere hacer aparecer ante los chilenos queda desenmascarada cuando un trabajador conoce el fallo que se ha emitido. Estos "supremazos" son la expresión del poder económico de la burguesía, hecho carne en el sistema judicial.

S.


Economía

DESARROLLO Y SOCIALISMO

EL "slogan" de triunfo da la democracia cristiana en 1964 fue la llamada "revolución en libertad". Se iniciaba —según muchos— una etapa de transformaciones que, junto con servir de alternativa a la Revolución Cubana, sacaría a Chile del subdesarrollo.

A casi seis años de estas promesas, ante una nueva elección presidencial, el pueblo sigue sufriendo la misma pobreza y miseria de entonces.

Según el último informe de CEPAL, la tasa de crecimiento económico nacional ocupó uno de los tres últimos lugares junto a Perú y Haití. La inflación alcanzó el nivel más alto de toda América latina con un 30.6 por ciento. La producción agrícola bajó un 3.4 por ciento, el aumento del resto de los sectores fue bajísimo. La desocupación continúa haciendo estragos con una población cesante de más de 100 mil personas —según cifras oficiales—, o de 300 a 400 mil según otros informes. La desnutrición infantil produce dramas que hacen que... "el 30 por ciento de los niños chilenos se encuentren mutilados mental y físicamente en forma irreversible", con palabras del propio candidato gobiernista.

Estos fueron los resultados de la política reformista de la DC, cuyo equipo de "asesores" y "especialistas" planificarían una estrategia de desarrollo que sirviera de alternativa a la revolución socialista.

La inspiración teórica de estos planes político-económicos se originó en gran parte en el pensamiento "desarrollista" de la CEPAL (Comisión Económica para América latina), que, paradojalmente, es la misma institución que nos muestra con cifras y estadísticas irrefutables el fracaso de la gestión reformista.

Ese organismo internacional cobró importancia hace diez años, cuando el triunfo de la Revolución Cubana y su posterior crecimiento económico comenzó a mostrar a América latina un único e irreversible camino hacia el desarrollo: el socialismo.

Las burguesías y el imperialismo norteamericano debieron "fabricar" teorías nuevas de desarrollo que, sin perjudicar directamente sus intereses, promovieran un plan de reformas que aliviaran los conflictos sociales provocados por el subdesarrollo.

La publicación de "El Pensamiento de la CEPAL", por la Editorial Universitaria, nos permite develar estos propósitos, desentrañando la nueva estrategia imperialista para nuestros países, que esa Institución denomina "estrategia de desarrollo planificado" o "desarrollismo", profusamente utilizada en la gestión gubernamental DC.

BASES DEL DESARROLLO

La "evolución del pensamiento" de CEPAL contempla un análisis de lo que para ella son los puntos básicos de una "estrategia económica de desarrollo". Entre estos destacan: 1) crítica al comercio exterior, dentro del concepto "centro-periferia"; 2) necesidad de la industrialización o "desarrollo hacia adentro"; 3) necesidad de planificar para desarrollar: 4) motivación adecuada para el financiamiento externo y la inversión extranjera; 5) integración regional como fórmula de desarrollo; 6) la inflación y estabilidad necesaria; 7) "dimensión social" del desarrollo; y 8) transformaciones estructurales que se requieren para una distribución equitativa de los frutos del desarrollo.

El principal fenómeno que preocupa a CEPAL es la dependencia que produce el comercio exterior que hace que a América latina venga a corresponderle "como parte de la periferia del sistema económico mundial el papel específico de producir alimentos y materias primas para los grandes centros industriales".

La relación de precios de intercambio —según el estudio— tiende a perjudicar los productos primarios favoreciendo los productos industriales de centros desarrollados que... "en vez de transferir las ganancias del progreso técnico mediante una baja correlativa de los precios, tenderían a absorber esas ganancias y traducirlas en un aumento sostenido de sus ingresos".

También importa la menor demanda de materias primas por la sustitución tecnológica —caso salitre y carbón—, así como el progreso técnico que rebaja los precios de bienes finales en países industrializados, amén de las medidas proteccionistas que impiden nuestro acceso a otros mercados internacionales. Por otro lado, los países satélites aumentan la importación de bienes manufacturados con el consiguiente deterioro de la balanza de pagos.

La conclusión del análisis es la necesidad del "desarrollo hacia adentro" cuyo nervio central es la industrialización. Las empresas multinacionales —con capital extranjero— cubrirían las necesidades de consumo interno evitando el desgaste de divisas.

La disyuntiva aparece —según CEPAL— al preguntarse: "¿en qué medida los factores de que dispone una economía en crecimiento han de emplearse en aumentar las exportaciones, a fin de conseguir más importaciones y en qué medida en acrecentar la producción agrícola como industrial para el consumo interno?". Finalmente concluye en que "la verdadera elección sea entre producción interna o prescindencia de los bienes que se trata".

Para aplicar exitosamente el criterio de "desarrollo hacia adentro", la CEPAL hace un llamado a todos los sectores sociales cuando señala: "esa cooperación debe comprender no sólo la de los empresarios, sino también de los "agentes sociales", partidos, organizaciones gremiales, etc.". Esto, sin considerar por supuesto el carácter antagónico de los intereses de cada clase en regímenes capitalistas, donde lo que gana e] empresario lo pierde el asalariado.

Los métodos recomendados corresponden precisamente, y a eso se debe su cita, a los utilizados constantemente por el actual gobierno chileno, cuya aplicación fracasada se encuentra a la vista de los trabajadores. También cabe destacar que el "carácter participacionista" es compartido en los actuales planteamientos del candidato de la derecha, tanto como del gobiernista.

Aunque también se señala que los consejos corresponden a "las necesidades de una determinada etapa del desarrollo latinoamericano", no se indica cuáles son las nuevas etapas, así como tampoco se menciona la erradicación del capitalismo y la independencia económica-política como fórmula de desarrollo.

Por el contrario, en el contexto del "desarrollo programado", que señala el estudio, se contemplan con especial interés "la inversión extranjera y el financiamiento de los países centrales". Un ejemplo de la aplicación de este criterio lo constituye la Junta Militar del Perú, que bajo las mismas inspiraciones expropió la IPC (International Petroleum Company), pero entregó mayores concesiones a otras empresas norteamericanas del petróleo; negoció un préstamo de 80 millones de dólares con el BID; y entregó enormes concesiones a la SOUTHERN PERU CORPORATION para que ésta invierta cerca de 300 millones de dólares en aumentar la explotación del cobre peruano.

¿Qué necesidad había de aplicar la enmienda Hinkenlooper?

La presencia del expresidente Johnson en Punta del Este, en 1964, modificó substancialmente la política económica de los Estados Unidos hacia América latina. Su total apoyo a la integración económica como fórmula de desarrollo, presionado por las empresas multinacionales monopolísticas de su país, abrió una nueva etapa al imperialismo.

Antiguas fórmulas fracasadas, como la Alianza para el Progreso, urgían nuevas medidas en la relación de dependencia y control, las que a su vez producirían un mejoramiento da la imagen yanqui en el continente.

La creación de la ALALC y su posterior reemplazo para nuestros países por la CORFO ANDINA (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile), brindaron satisfacción a quienes urgían un remodelamiento de las estructuras económicas nacionales.

La CEPAL señala que vivimos "la hora de la integración". Más adelante indica que la "actual dispersión se debe tanto a factores geográficos como al hecho de que los países se hayan vinculado separadamente a los centros en la fase de crecimiento".

Obviamente CEPAL desconoce que este hecho es impulsado directamente por los Estados Unidos que han aplicado una política de "balcanización" en América latina, cuando sus intereses así lo indicaban, llegando a promover guerras separatistas, como en Panamá y otros países.

"En cuanto a la industrialización —señala CEPAL— la falta de proyección hacia el exterior podría atribuirse a la falta de experiencia anterior como a que llegan tarde a la evolución fabril".

Gabriel Valdés, ministro de Relaciones Exteriores chileno y delegado de la CECLA ante el presidente Nixon, el 12 de junio de 1969 afirmaba "...que Latinoamérica está contribuyendo a financiar el desarrollo de Estados Unidos de América y de otras naciones industriales. Las inversiones privadas han significado y significan para América latina que los montos que se retiran de nuestro continente son varias veces superiores a los que se invierten".

Cifras entregadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos calculan los flujos de capitales por cuenta de inversión privada entre 1950 y 1965: desde Estados Unidos a Latinoamérica $ 3.8 billones de dólares; desde Latinoamérica a Estados Unidos: $ 11.3 billones de dólares.

Los hechos y cifras son elocuentes, hablan por sí solos. Entre los planteamientos de CEPAL no se considera que América latina "no llegó atrasada en la evolución de los países fabriles y desarrollados", sino que, por el contrario, "estaba presente" como principal instrumento de ese desarrollo.

Es evidente que el imperialismo norteamericano no patrocinará medidas que disminuyan sus ganancias en el continente y por eso no teme a nuevas políticas económicas "desarrollistas", que no significan otra cosa que "el mismo monje con distinta sotana".

El planteamiento de las economías subdesarrolladas y el creciente proceso de "pauperización" de las masas asalariadas del continente, incrementada por la explosión demográfica, obligarán a radicalizar cualquier nueva política económica, neutralizándola en favor de la única alternativa real de desarrollo: el socialismo.

La presencia pujante de Cuba y el despegue económico que significará la producción de 10 millones de toneladas de azúcar el presente año, cifra que marcará el inicio de una nueva etapa de su economía planificada, situará a esa nación en breve tiempo al nivel de los países desarrollados.

Citemos finalmente las palabras del Primer Ministro cubano, Fidel Castro, dirigiéndose a los estudiantes de Economía de su país: ..."Marx concibió el socialismo como resultado del desarrollo. Hoy para el mundo subdesarrollado ya es incluso condición del desarrollo. Porque si no se aplica el método socialista —poner todos los recursos naturales y humanos del país al servicio del país, encaminar esos recursos en la dirección necesaria para lograr los objetivos sociales que se persiguen— si no hace eso, ningún país subdesarrollado saldrá del subdesarrollo".

JORGE SILVA LUVECCE
Penitenciaría - Santiago


Tribuna teórica

CÓMO SE FINANCIA LA REPRESIÓN CAPITALISTA

LA represión en el sistema capitalista no es una circunstancia que se observa sólo en determinados períodos históricos. Como hemos afirmado en una serie de artículos anteriores, la represión deviene en esencia fundamental del capitalismo, en el verdadero medio de sostenimiento del modo de producción. Esa represión es ejercida directamente por la clase económicamente dominante a través de sus relaciones sociales de producción por medio de la subordinación forzada del obrero y en virtud de las cuotas de ganancia extraídas de la explotación de la fuerza de trabajo.

Hemos tenido oportunidad de afirmar que en el sistema capitalista no encontramos una barrera rígida ni mucho menos una contradicción entre las que hemos llamado represión implícita y represión manifiesta por cuanto el Estado, en los diversos períodos del capitalismo, en algunos con mayor intensidad que en otros, cumple siempre funciones económicas, y ello nos sirve para aventurar la siguiente proposición:

Que en el capitalismo, el ámbito de la superestructura y sus niveles políticos, jurídicos e ideológicos, está adecuado correlativamente a la base material del sistema [7] ; y que el conjunto de aparatos concretos del Estado, vale decir sus instituciones, inciden de tal manera en la producción social que cuesta señalar los límites que separan sus gestiones superestructurales de las infraestructurales.

Ahora bien, si consideramos el origen del financiamiento de ese portentoso conjunto de aparatos represivos y administrativos que es el Estado capitalista, veremos cómo nuestra proposición no se encuentra muy alejada de la realidad.

Atendiendo a las características generales de las formaciones sociales que perviven en el capitalismo, en lo que se refiere al financiamiento del Estado no hay más que dos alternativas a considerar.

La primera, que el Estado sería financiado por la propia clase que lo instrumentaliza, es decir, por los capitalistas.

La segunda, que el Estado serla financiado por el proletariado y demás segmentos explotados del sistema.

En apariencia son los capitalistas los que financian su propio Estado (especialmente a través del espejismo de los impuestos proporcionales), de donde podría hasta deducirse que el Estado en el capitalismo es contrario a los intereses de los propios capitalistas, pues reduce sus cuotas de ganancia y las devuelve equitativamente a la "sociedad" en la forma de bienes de servicios públicos e instrumentos y gastos para mantener el orden "fuera y dentro de las fronteras de la nación". Considerando así el problema, el Estado capitalista absorbería parte de la plusvalía apropiada por los capitalistas y se la devolverla al "conjunto de la sociedad".

La verdad es que una parte (y a veces una parte gruesa) del financiamiento del Estado es aportado directamente por los capitalistas, pero ello no significa en modo alguno que la clase capitalista se debilite económicamente por cuanto los impuestos estatales, sobre todo los directos, son puestos por los mismos capitalistas a cuenta de la reducción del salario real de la clase trabajadora. Por otra parte, los impuestos que pagan a su Estado los capitalistas tienen la particularidad de impactar favorablemente determinados rubros de la misma producción capitalista. Pongamos algunos ejemplos:

Imaginemos que una empresa constructora paga directamente un monto elevado de Impuestos al Estado. Ahora bien, imaginemos también que las necesidades de expansión capitalista requieren que se incrementen las vías de comunicación, las represas, los puentes, etc., para una mejor circulación de los productos. Presionado por las necesidades de los capitalistas, el Estado deberá realizar grandes inversiones en el rubro de la construcción... y contratar los servicios de la empresa constructora que anteriormente había pagado grandes impuestos. De tal forma que las contribuciones canceladas por los capitalistas, no son más que inversiones destinadas a aumentar su propia rentabilidad y el Estado hace las veces de un simple intermediario entre los capitalistas más poderosos.

Otro ejemplo todavía más explícito lo representan los impuestos estatales destinados a invertirse en fabricación de productos bélicos y represivos. Es de suponer que los magnates del petróleo, del carbón o del cobre, como también los fabricantes de accesorios derivados de la producción de armamentos, se someten gustosos a los impuestos para "la defensa nacional" ya que así aumentan la demanda de su producción.

Estos ejemplos nos sirven para demostrar que en las condiciones más óptimas, parte de la plusvalía arrancada por los capitalistas a los trabajadores es reclamada por el Estado capitalista para devolverla más tarde... a los mismos capitalistas.

Pero sobre todo hemos de tener en cuenta que gran parte del mantenimiento económico del Estado capitalista se verifica a través de los impuestos indirectos y de este modo es el mismo Estado el que rebaja, a la manera de un perfecto capitalista, los salarios de los trabajadores. Desde el punto de vista de la racionalidad capitalista puede aducirse que este mecanismo trae consecuencias no del todo desfavorables para la clase trabajadora, puesto que el presupuesto fiscal al contemplar una ampliación en el radio de acción capitalista proporcionaría mayores oportunidades de empleo, mayor demanda de mano de obra, mayor especialización e incluso mayores salarios.

Pero en la generalidad de los casos el fenómeno que se produce es simplemente un desplazamiento de una mano de obra por otra, como también la proletarización de otros sectores sociales, sin que ello conlleve un mejoramiento en las condiciones de vida de la masa proletarizada. Supongamos que gran parte del presupuesto fiscal se invierte en áreas que demandan la producción intensiva de medios de producción. Inmediatamente ocurre un desplazamiento transitorio de los capitalistas productores de medios de consumo lo que netamente significa una baja en el consumo general de los trabajadores. Los capitalistas desplazados resurgen posteriormente como absorbedores de salario obrero a través de la venta de bienes de subsistencia para los trabajadores empleados en el sector de los medios de producción, pero esto, sólo una vez que las condiciones se han normalizado volviendo la demanda del núcleo trabajador a ser constante, es decir, cuando los capitalistas dominantes ven alejarse la peligrosa contingencia de tener que aumentar los salarios de los trabajadores. Dicho de otra manera: La diferencia proporcional entre el capital constante (medios de producción) y el capital variable (mano de obra y salarios), persiste a pesar de los desplazamientos de un grupo de capitalistas por otro y aun de un sector del proletariado separado "ex profeso" (por intermedio de las demandas estatales) por otro. Todo lo expuesto atendiendo a un presunto funcionamiento equilibrado del capitalismo, puesto que en las condiciones de desequilibrio manifestadas por el desmesurado crecimiento de determinado-sectores capitalistas que provocan excesos de capital sin posibilidades de inversión efectiva, el peso de la parte más desequilibrada de la estructura es sobrellevado fundamentalmente por la clase trabajadora.

El Estado, pues, es financiado por el proletariado y por las demás clases explotadas del capitalismo, ya sea por intermedio del capitalista privado que agrega a su ganancia el margen destinado para el fondo fiscal o por el mismo Estado, sobre todo a través de los mecanismos expoliadores de las contribuciones indirectas. Es el proletariado la clase que financia la mantención e incremento de las fuerzas represivas. Es la clase que por paradoja financia su propia represión. Como escribiera Rosa Luxemburgo:

 

"Los consumos del salario de los funcionarios del Estado (y lo mismo del "soldado"), significan desplazamientos parciales del consumo de la clase obrera al séquito de la clase capitalista, en cuanto sean pagados con recursos de los trabajadores. (Rosa Luxemburgo, "La Acumulación del Capital"). Buenos Aires. 1968, pág. 423).

Si se considera ahora como los Estados capitalistas destacan gruesos montos del presupuesto fiscal para la mantención e incremento de los implementos y fuerzas represivas y/o expansivas, podemos inferir que por medio de la represión, cuando esta última se ha convertido en una verdadera empresa "en sí", el Estado encuentra una de las formas más notorias para intervenir directamente en la base económica del sistema, tanto, que puede ser considerado no sólo un organismo represivo que manipulan las clases dominantes, sino que además —y por eso mismo— en un instrumento de explotación social, un organismo que crea demanda efectiva de capitales, que abre nuevas perspectivas de inversión para las empresas capitalistas y que por último, crea plusvalía adicional a la plusvalía ya existente.

“Prácticamente el militarismo, sobre la base de los Impuestos Indirectos actúa en ambos sentidos: asegura a costa de las condiciones normales de vida de la clase trabajadora, tanto el sostenimiento del órgano de la dominación capitalista —el ejército permanente— como la creación de un magnifico campo de acumulación para el capital. (Rosa Luxemburgo. op. cit., pág. 433).

Mas nunca el Estado abandona el ámbito de la superestructura al cual pertenece genéricamente. Por el contrario, con la intensificación del militarismo represivo y/o expansivo o con la conversión de la fuerza represiva en empresa capitalista provista de una dinámica económica de crecimiento autónomo en relación al mismo Estado capitalista, las ideologías "estatalizadas" tendientes a legitimar el uso de la fuerza represiva alcanzan un notable desarrollo, de tal manera que incluso las victimas de la represión capitalista, esto es, el proletariado y demás clases no capitalistas, cuando carecen de aparatos político-militares susceptibles de enfrentar al sistema económico-represivo representado por el Estado, como también de una adecuada organicidad combativa, son integrados en la participación de su propia explotación hasta tal punto que las clases explotadas y reprimidas no sólo financian la represión sobre ellas ejercida, sino que pueden incluso llegar a sostenerla.

Estos aspectos están planteados haciendo abstracción de los puntos de referencia históricos. Pero como la empresa-represiva alcanza magnitudes verdaderamente importantes, y hasta determinantes en el funcionamiento de la totalidad del sistema capitalista en las épocas más avanzadas del capitalismo, nos detendremos en los próximos artículos a analizar esa verdadera fusión de la economía y de la política llevada a cabo por la empresa represiva durante la fase monopolista del capitalismo.

FERNANDO MIRES


Estudiantes

A TRES AÑOS DE CÁRCEL CONDENAN A DIRIGENTES

EL fiscal de la Corte de Apelaciones de Concepción, Raúl Fuente-Alba, pidió penas de tres años y un día de cárcel para los dirigentes estudiantiles Nelson Gutiérrez y Manuel Rodríguez, expresidente y exvicepresidente, respectivamente, de la Federación de Estudiantes.

El ministro Enrique Broghamer, que instruye el proceso, seguramente aplicará las sanciones que pide el fiscal ya que es pública su animosidad contra las ideas que sustentan los acusados.

Nelson Gutiérrez es militante del MIR y Manuel Rodríguez de la Federación Juvenil Socialista (FJS).

Aparte de ellos, en el mismo proceso están involucrados el empleado bancario Claudio Rivera, Rosalía Lechuga y Elvira Coddou. Contra ellos el fiscal Fuente-Alba pidió 602 días de prisión (541 días por uno de los presuntos delitos y 61 días adicionales por otro).

Rosalía Lechuga y Elvira Coddou no cometieron otro “delito” que ser las esposas de Arturo Villavela y José Bordas, respectivamente. Ambos fueron declarados "reos en rebeldía" al eludir la acción de la Policía Política. En vista que no podía capturarlos, la PP arrestó a las mujeres y les endosó las presuntas transgresiones a la Ley de Seguridad Interior del Estado cometidas por sus maridos.

Un equipo de abogados integrado por Pedro Enríquez Barra, Samuel Fuentes, Adolfo Veloso y Orlando Estrada, por cuenta de la Federación de Estudiantes de Concepción, se prepara a cuestionar el fallo una vez que el ministro Broghamer dicte sentencia en base a las penas que pide el fiscal.

Los dirigentes estudiantiles Nelson Gutiérrez y Manuel Rodríguez, y las otras personas, estuvieron detenidos y fueron procesados a raíz del allanamiento ilegal de la Universidad de Concepción, ocurrido en la madrugada del 7 de junio del año pasado. El allanamiento, que violó tranquilamente la autonomía universitaria, se efectuó en busca de los "raptores" del periodista Hernán Osses, director de "La Tarde" de Talcahuano. Además de allanar las residencias estudiantiles, la PP y Carabineros invadieron el recinto que ocupa la Federación de Estudiantes. Los dirigentes, que habían entrado anticipadamente en conocimiento de que se efectuaría un allanamiento, se preocuparon de limpiar el edificio de cualquier tipo de material utilizable en las acusaciones habituales de la policía. Sin embargo, la PP aseguró que había hallado bombas molotov y literatura llamando al derrocamiento del gobierno y a la lucha armada. Esta maniobra le sirvió para proceder, acto seguido, a la detención de Nelson Gutiérrez y Manuel Rodríguez, aprovechando la denuncia que la Intendencia de Concepción presentó a los Tribunales.

La denuncia se basa en disposiciones de la Ley de Seguridad interior del Estado y alude concretamente —lo mismo que el dictamen del fiscal Fuente-Alba— al MIR, definiendo que el proceso está en realidad orientado contra esa organización revolucionaria clandestina.

El anuncio de las sanciones que pide el fiscal, ha provocado hasta ahora huelgas y combativos desfiles callejeros de los estudiantes penquistas. El Grupo Móvil de Concepción ha tenido que actuar casi a diario para reprimir manifestaciones estudiantiles. A la protesta por el castigo que se pretende aplicar a sus dirigentes se sumó la denuncia activa de la agresión norteamericana en Camboya.

PENSAMIENTO CAVERNARIO

El ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Enrique Broghamer, que instruyó el proceso contra los dirigentes estudiantiles, el empleado bancario y las dos mujeres, tiene una pública posición ideológica que lo define en la animosidad contra la Izquierda revolucionaria.

Entrevistado por el diario "Crónica" de Concepción (17-4-70), el ministro Broghamer se refirió a las críticas que ha hecho el abogado Eduardo Novoa Monreal a la justicia de clase existente en nuestro país.

Broghamer negó que la justicia sea clasista. Dijo: "No es efectivo. Esa es una de las injurias gratuitas al Poder Judicial. Somos jueces de Derecho y como tales aplicamos las leyes vigentes en el país. Tendremos que seguir haciéndolo mientras exista este tipo de Estado. El hecho de que a veces la gente adinerada sale mejor parada es porque tiene mejor defensa. Caso similar ocurre en la medicina y nadie se extraña. Un individuo que tiene bastante dinero puede consultar a un médico y sanarse de su mal, al tanto que uno de escasos recursos solamente está en condiciones de ver a un "meico", que no está en condiciones de ejercer bien".

Refiriéndose a la "poca libertad" de que goza la policía para ablandar a los detenidos, el ministro Broghamer dijo: "Aquí en Chile no se le da libertad a la Policía para que investigue, porque según las disposiciones legales der ben presentarlo (al detenido ante los Tribunales de Justicia dentro de 48 horas de su detención. No sucede así en Estados Unidos y Francia, donde la policía realiza una especie de presumario. De esa manera entrega al detenido a la justicia totalmente confeso de su delito". Broghamer piensa que no hay torturas y flagelaciones, y lo dice: "Eso de maltratos es relativo, pienso que sólo tratan de asustarlo (al detenido nada más para que hable. Los reclamos de flagelación por parte de Investigaciones son muchos, pero, ¿qué sucede cuando los enviamos al médico para que compruebe lo denunciado? Resulta que no tienen ningún rastro de lo expresado en el cuerpo".

Pero donde el ministro Broghamer se muestra tal cual, es en su respuesta a la pregunta sobre los medios "para contener la violencia". Dice: "Desde ya considero que la Ley de Seguridad interior del Estado es insuficiente para atajar el terrorismo que está imperando. Hay que ser más drástico y dar mayor facultad para la autoridad administrativa. Esto es, que pueda dictar destierros, relegar, etc. Pero sé que implantar un orden de cosas de esa naturaleza significaría el estallido de una gritería opositora arguyendo que se está restringiendo la libertad individual. A pesar de eso sostengo que sólo de esa manera debe actuarse. Nada de entregar pruebas concluyentes. Debe bastar la presunción de delito para dictar sanciones".

OTRA CONDENA

Mientras todo eso ocurría en Concepción, en Santiago la Corte de Apelaciones condenaba a cinco dirigentes obreros y estudiantiles en otro proceso de la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Los dirigentes Norman Gamboa y José Mora, y los estudiantes Patricio Figueroa, Iván Salazar y Jaime Riera, fueron condenados a 61 días de relegación, los tres primeros, y a 41 días de cárcel los dos últimos.

La acusación —formulada por el gobierno— se inició a fines de 1968 contra Mora, Figueroa, Salazar y Gamboa. Estas personas fueron detenidas cuando se dirigían al local en que se estaba celebrando el congreso nacional de la Central Unica de Trabajadores (CUT). Llevaban material de propaganda del MIR para repartir en ese congreso al que asistían delegados obreros que representaban esa corriente ideológica.

La acusación del gobierno fue la de repartir "propaganda subversiva" y los Tribunales —¡era que no!— encontraron que era efectivo. Por lo tanto fueron condenados.

El proceso se acumuló a otro que ya existía en la Corte de Apelaciones contra los editores responsables del periódico mirista "El Rebelde", actualmente fuera de circulación. Aparecieron implicados Miguel Enríquez, Bautista Van Schouwen y Jaime Riera, los dos primeros declarados "reos en rebeldía", y este ultimo detenido, procesado y hoy condenado.

El proceso sirvió —como otros que se han lanzado contra la izquierda revolucionaria— para facilitar detenciones, allanamientos y persecución policial en general. El presunto delito cometido por "El Rebelde" fue denunciar ante los obreros, campesinos y estudiantes el carácter clasista de los medios de difusión de la burguesía y la filiación explotadora y humillante del sistema que impera en el país.

Los dirigentes condenados esperan ser notificados para cumplir las penas de relegación y de cárcel que les han impuesto.

Para cerrar el ciclo en los Tribunales, la misma Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la encargatoria de reos que había dictado un juez de la comuna de La Granja contra dos oficiales y varios carabineros del Grupo Móvil, acusados de la muerte del obrero municipal Pedro Opazo, a quien una bomba lacrimógena le estalló en la cabeza, durante unos incidentes en la comuna de San Miguel. La Corte estimó que el juez que investigó la muerte del obrero Opazo se había "excedido" en sus funciones y que no tenía competencia para declarar reos a los carabineros del Grupo Móvil. El asunto fue transferido olímpicamente a una fiscalía militar para que se investigue.

Todo esto mientras latifundistas implicados en la muerte del funcionario de CORA. Hernán Mery, en Linares, y en la resistencia a la reforma agraria en Ñuble, quedaban en libertad incondicional por "falta de méritos".

La misma vara sirve, como se ve, para medir de distinta forma, según los acusados estén del lado del statu dominante, o en el sector de los que combaten por un sistema social justo y humano.

MACAUREL


Política nacional

LA ELECCIÓN: GOLPE ANTES O DESPUÉS

LAS fuerzas armadas han estado siempre presentes en las decisiones políticas más importantes de Chile. Pero los habitantes del país, especialmente los que tienen acceso a los medios de difusión, prefieren señalarlas como ajenas a los fenómenos políticos. Así establecen una diferencia con las restantes naciones latinoamericanas, en las cuales la intervención militar en la vida política es un hecho público y notorio.

La aparente prescindencia de los militares en los asuntos políticos es otro de los mitos que el hombre medio chileno mantiene para avalar uno de sus espejismos más queridos: la alta politización de los ciudadanos del país.

¿HAY "GORILAS"?

Diversas encuestas se han encargado de empezar a demoler ese mito sobre el cual se han edificado equivocadas tácticas políticas. Persisten, sin embargo, una serie de mitos, creados por la oligarquía y la burguesía, para engañar a ia clase trabajadora y explotada, la que unen mañosamente a su destino con falsas imágenes de la realidad socio-económica para así distraerla de sus auténticas preocupaciones y hacerla olvidar que el origen de sus males nace de la subsistencia de un régimen que se basa en la injusticia social.

El ciudadano chileno, especialmente el que viaja a Argentina, por ejemplo, se complace en mofarse de los habitantes de ese país, mostrándolos como individuos dominados por militares, a los que justamente el argot argentino bautizó como "gorilas", expresión que se ha extendido a todos los pueblos del continente, que la hacen suya.

En una declaración formulada el 10 de mayo pasado, el senador ultraderechista Julio Durán, reveló que dos ciudadanos que fueron elegidos legalmente para ocupar la Presidencia de la República, pudieron llegar a ella luego de pedir visto bueno a los militares.

El senador Durán declaró: "En Chile hay precedentes sobre consultas formuladas a los jefes militares por el jefe del Poder Ejecutivo, como fueron los casos de la formulada al general Oscar Novoa. al término del gobierno del presidente Arturo Alessandri, con ocasión del triunfo de don Pedro Aguirre Cerda sobre don Gustavo Ross Santa María; pero la consulta se hizo después del acto eleccionario y ante una votación estrecha y reclamada. El otro caso sucedió al término del gobierno del presidente González Videla. quien consultó al general Arnaldo Carrasco, con ocasión del triunfo por mayoría relativa de don Carlos Ibáñez del Campo, el cual no tenía fuerzas parlamentarias suficientes, y el general le informó que estimaba conveniente el respeto a la primera mayoría, ya que ella representaba la voluntad popular expresada en las urnas".

El senador Julio Durán contó parte de la verdad porque el general Oscar Novoa, que además de ser un militar conservador mantenía docilidad extrema ante el presidente Alessandri, intentó desconocer el triunfo de Aguirre Cerda y fue un sector de oficiales de ejército, entre ellos los tenientes coronales Carlos Vargas y Guillermo Barrios, los que se opusieron a las órdenes que "para tal objetivo dio su superior.

Es posible que la diferencia fundamental que exista entre el comportamiento de los elementos castrenses de Chile sea su apego a las formas legales, que no les ha impedido intervenir en los asuntos políticos.

EL PODER DE DECISIÓN

Basta preguntarse: ¿qué habría ocurrido si el general Arnaldo Carrasco responde al presidente González Videla que las fuerzas armadas estaban dispuestas a desconocer el amplio triunfo electoral de Carlos Ibáñez?, para advertir que el poder de decisión, en un momento culminante, estuvo en manos de los uniformados.

El senador Julio Durán trajo a la memoria tales recuerdos para atacar al actual Comandante en Jefe del Ejército, porque, según dijo, no tiene simpatía por el candidato presidencial de la ultra-derecha, Jorge Alessandri, al que apoya el parlamentario del partido Democracia Radical.

Durán agrega que el general Rene Schneider Chereau es amigo personal de Radomiro Tomic, candidato a la Presidencia del partido Demócrata Cristiano, y que tiene "respeto intelectual por el senador Salvador Allende, candidato presidencial de la Unidad Popular.

El senador Durán, formado en las asambleas radicales, en las que ganó el dominio de la técnica de las triquiñuelas políticas, no sólo atacó al Comandante en Jefe del Ejército porque éste no es partidario de Alessandri, según sus propias palabras, sino que de paso recordó que en los momentos decisivos hay una tradición interventora de las fuerzas armadas. Con habilidad la recuerda citando dos hechos concretos ya mencionados, para luego establecer que aún quedan por conocer los pronunciamientos de los más altos jefes de otras ramas de las fuerzas armadas (Aviación y Armada) y del Cuerpo de Carabineros. Con sutileza el senador Durán, después de revelar dos decisiones de las fuerzas armadas ante elecciones presidenciales, invita a sus jefes a pronunciarse políticamente frente a la de 1970, con la íntima esperanza que alguno discrepe del juicio público emitido por el Comandante en Jefe del Ejército. El senador Durán persigue el enfrentamiento.

El general Rene Schneider desató la ira de la ultraderecha, luego que ésta por intermedio de su vocero más importante, el diario "El Mercurio", consiguió una declaración del alto jefe militar respecto a la elección presidencial de septiembre.

Consultado el general Schneider al respecto, el 8 de mayo por el mencionado matutino ultraderechista, respondió: "El Ejército es garante de una elección normal, de que asuma la Presidencia de la República quien sea elegido por el pueblo, en mayoría absoluta, o por el Congreso Pleno en caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50 por ciento de los votos".

El partido Democracia Radical, colectividad formada con los elementos más conservadores del antiguo Partido Radical, dominado por él senador Julio Durán, dijo sobre las declaraciones del general Schneider, "que aun cuando en su contenido no expone ninguna idea que pudiera tildarse de contraria a la letra de la Constitución Política, ella importa una indebida intromisión en el acto eleccionario".

El senador Durán, como vocero de Jorge Alessandri, protesta porque a su juicio, de acuerdo con la tradición que él crea con las anécdotas que menciona en su declaración del 10 de mayo (caso ele generales Novoa y Carrasco), el general Schneider debió dar su decisión política después del 4 de septiembre, y no antes.

Está claro que eso es lo que persigue Durán cuando confiesa que mantuvo su candidatura presidencial, en la campaña de 1964. consciente que no tenía chance. Debe recordarse que en marzo de 1964, se efectuó una elección complementaria en la provincia de Curicó en la que fue elegido parlamentario el socialista Oscar Naranjo, apoyado por las mismas fuerzas que postulaban la candidatura presidencial de Salvador Allende, acontecimiento que determinó que tanto los intereses económicos norteamericanos como los de la oligarquía y burguesía chilenas resolvieran apoyar la candidatura del democristiano. abandonando a Durán, para detener el eventual triunfo del socialista Allende.

El ministro consejero de la embajada de Estados Unidos, en esa época Joseph J. Jova, que además era el "hombre de la CIA" en Chile, jugó un rol destacado en el cambio de frente de los políticos de la oligarquía y burguesía chilenas, con una intervención directa y decisiva, para la cual contó esencialmente con el apoyo del presidente del Banco Francés e Italiano para la América del Sur. el expresidente de la República. Gabriel González Videla.

En su declaración el senador Durán (10 de mayo) dijo: "Si al término del gobierno del señor Jorge Alessandri, y después de la derrota del candidato a diputado del Frente Democrático en Curicó, el General en Jefe, que creo era el señor Izurieta, hubiera hecho de oficio la misma declaración desafortunada del señor Schneider, con la cual se habría convertidlo de hecho en generalísimo de mi campaña presidencial, podría haberme impulsado a continuar en la lucha para obtener la segunda mayoría en las urnas y haber derrotado con las fuerzas parlamentarias que me acompañaban y que eran ampliamente mayoritarias en el Congreso Pleno, al candidato que me hubiera podido derrotar en las urnas, con votos directos del pueblo".

EL APOYO UNIFORMADO

El senador Durán no desaprueba la intromisión de los uniformados en la política, ya que él mismo revela que si hubiera tenido el apoyo de ellos en 1964, habría continuado en la lucha.

El locuaz parlamentario ha puesto sobre la mesa algo que se está manejando desde algún tiempo para callado. Durán aparece en la corriente de los que piensan en la necesidad de un golpe de Estado después del 4 de septiembre, una vez que se conozca el resultado de la elección directa.

En la ultraderecha hay dos corrientes. Una es la que dibujó el senador Durán, revelada con su afirmación que a él le parece normal que se consulte a los militares después de la elección directa de los ciudadanos, y otra la que considera peligroso para los intereses que están en juego que se llegue a la elección.

Dentro de "El Mercurio" ambas corrientes están reflejadas. Una la observa el director, Rene Silva Espejo, amigo personal del actual presidente de la República, y otra el subdirector del mismo diario, Arturo Fontaine, quien fue subsecretario de Hacienda cuando era titular de esa cartera Jorge Prat, connotado fascista, quien en 1954 instó oficialmente al presidente de la época, general Ibáñez, a dar un autogolpe. El presidente Frei, que prepara su campaña presidencial para 1976, es contrario a impedir que se desarrolle la elección presidencial.

En La Moneda se comenta que hay dos situaciones en la historia del Perú que sirven para ilustrar la que podría plantearse en Chile. Una es la planteada por las fuerzas armadas peruanas al presidente Manuel Prado, a raíz del triunfo presidencial de un hombre del APRA, y la otra la provocada por las mismas fuerzas al presidente Fernando Belaúnde, antes de la realización de la elección presidencial (octubre de 1968). Prado dejó el poder ante el atropello castrense, pero quedó como un "repúblico" con chance política futura mientras que Belaúnde se desprestigió con la expulsión violenta. No debe olvidarse que este último estaba informado de las maniobras de los militares y que el golpe no le sorprendió. Por eso, justamente, la caída de su respetabilidad republicana incluso entre sus partidarios.

Detrás de la irritación del senador Julio Durán y de "El Mercurio", que luego de entrevistar al Comandante en Jefe del Ejército le ha atacado por sus declaraciones, puede medirse la frustración que provocó en la ultraderecha la opinión del alto jefe militar. Este dejó abierto el camino de la lucha electoral hasta octubre, cuando deberá reunirse el Congreso Pleno, en lugar de bloquearlo antes del 4 de septiembre para evitar el riesgo que representa el eventual triunfo de salvador Allende, o clausurarlo el mismo 4 de septiembre de acuerdo con el resultado que se obtenga.

SE BUSCA UN "NARANJAZO"

La ultraderecha presiona para que se produzca este año el mismo fenómeno de 1964, que determinó el entendimiento de los intereses imperialistas con los de la oligarquía y burguesía criollas y con ello el triunfo del populista Eduardo Frei.

La ultraderecha necesita en 1970 un "naranjazo". Así se denomina en argot político a una elección como la que en marzo de 1964 precipitó el vuelco derechista en favor de un candidato único.

El ansiado "naranjazo" no aparece y la ultraderecha se impacienta, y con las declaraciones del general Rene Schneider se distancia más.

Algunos creen que la precipitación de una elección complementarla con la inhabilidad de un parlamentario, puede convertirse en el esperado "naranjazo". Como en 1964, la izquierda tradicional sería la vencedora, y ante el fenómeno los estrategos de la operación ultraderechista propondrían, como en 1964, el slogan "todos contra Allende". Eso significaría la eliminación de Tomic o de Jorge Alessandri.

Este último aparecía hasta octubre de 1969 con la mejor chance de la ultraderecha. Pero luego del pronunciamiento militar que se registró por esa fecha, acontecimiento que le obligó a anticipar el lanzamiento de su campaña, perdió terreno.

En cambio experimentó un mejoramiento la postulación de Radomiro Tomic, hábilmente proyectada en el terreno de la izquierda, maniobra ya desarrollada por la burguesía y el imperialismo en la campaña de 1964.

Tomic, con un fuerte aparato de propaganda, apoyado en una fortuna inconmensurable, ha logrado descontar distancias en la carrera presidencial.

TOMIC Y EL ENGAÑO

Con un lenguaje ambiguo como el que usó Frei en 1964, consigue desorientar a la masa trabajadora, sobre la cual, esencialmente, ejerce influencia la propaganda de sus enemigos de clase. La televisión, la radio, el cine, la prensa escrita y la misma educación que se imparte en los colegios básicos y medios, tienden a conformar en Chile una mente conservadora cuyos frutos se cosechan en los "limpios comicios".

En la actualidad, Tomic y su comando basados exclusivamente en la propaganda, han logrado concentrar el debate político sobre la lucha en el frente agrario, como si se tratara del gran dilema de Chile. Así como en 1964 Salvador Allende, con su pronunciamiento sobre la necesidad de nacionalizar el cobre, obtuvo que la lucha presidencial se hiciera sobre el dilema real: intereses nacionales versus intereses imperialistas norteamericanos, en 1970 el tomicismo ha conseguido que el dilema electoral se concentre en la lucha entre los sectores industriales "desarrollistas" capitalistas (amamantados por la literatura de CEPAL), y los minoritarios grupos feudales, parapetados en la extrema derecha, una ultraderecha de corte fascistizante.

El tomicismo por intermedio del control que mantiene en la Corporación de Reforma Agraria (CORA), ha conseguido centrar la lucha presidencial sobre el dilema agrario y hasta ha conseguido "industrializar" la memoria de un honesto mártir, el ingeniero agrónomo Hernán Mery, víctima de su sinceridad funcionaria.

En los últimos quince días los titulares sobre el conflicto agrario —reforma agraria capitalista versus últimos reductos feudales—, copan la atención de los lectores y muchas materias que realmente inquietan al pueblo han quedado relegadas. Eso ha determinado que la iniciativa propagandística, tan útil en luchas legales, la tenga en sus manos el fuerte aparato de la democracia cristiana.

El robustecimiento de Tomic y las declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército hacen difícil por ahora que se produzca el entendí miento entre alessandristas y tomicistas. Mientras se espera su llegada, el presidente Eduardo Frei se esfuerza por evitar que se acentúen las pasiones en los frentes alessandristas y tomicistas, porque de ocurrir esto se haría difícil la maniobra destinada a contener la victoria de la izquierda por la vía electoral.

La falta de este entendimiento coloca el golpe de estado como alternativa indispensable, lo que no agrada a Frei. El está construyendo su plataforma para 1976 y para eso necesita algunas cosas: que Tomic no sea elegido, que sea derrotado Allende y que no se produzca un golpe de estado que lo cubra de oprobio. Pero esto último será resuelto de acuerdo con las necesidades más apremiantes de los intereses económicos del imperialismo y de la burguesía chilena.

OBSERVADOR


Notas:

1. David Lehmann, Cuadernos de la Realidad Nacional. Nº 2. enero de 1970, Universidad Católica.

2. "Trayectoria del movimiento campesino chileno", Almino Affonso. reproducido en "Cuadernos Sindicales". Universidad de Chile. Chillán. Nº l, enero de 1970.

3. "Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrícola". CIDA, mayo de 1966. pág. 270.

4. En Ñuble los latifundistas y campesinos apatronados que se habían "alzado" contra el gobierno, no recibieron un rasguño. En cambio, el Grupo Móvil disolvió a palos un mitin de respaldo a la reforma agraria en Bulnes. Detuvo al presidente del comando de la Unidad Popular en Ñuble, Gonzalo Cáceres, del MAPU, e hirió a Ricardo Catalán Febrero, del MIR. presidente del Centro de Alumnos de Agronomía de Chillán.

5. Armand Matterlart, Cuadernos de la Realidad Nacional, Nº 3. marzo de 1970. pág. 42.

6. David Lehmann. op. cit.

7. Decimos correlativamente. Ello no implica afirmar que existe una adecuación sincrónica. No planteamos en modo alguno un determinismo mecánico en donde las formas represivas estarían estrictamente condicionadas a los cambios en la economía.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02