Allende enjuicia a Frei


ALLENDE ENJUICIA A FREI

Santiago de Chile, Noviembre de 1965.
Ediciones Punto Final. Nº 5

Desde hace un año la democracia cristiana gobierna en Chile. La campaña presidencial de ese partido y las manifestaciones reiteradas de sus voceros, comenzando desde luego por el propio Presidente Eduardo Frei, sembraron la idea de una "Revolución en Libertad". A la vuelta de un año, los resultados son discutibles. Ediciones PUNTO FINAL —que pretende ser una tribuna abierta al pensamiento progresista del país— consideró que nadie mejor que el senador Salvador Allende, candidato presidencial del FRAP en 1964, podía escribir un enjuiciamiento del Gobierno democratacristiano. El doctor Allende accedió a nuestra petición y ahora nos complacemos en entregar al lector este folleto de alta jerarquía política. Los juicios del doctor Salvador Allende, además del obvio interés público que adquieren por venir de quien vienen, constituyen un adecuado confrontamiento crítico con el Gobierno de Frei. Y ello porque en septiembre de 1964 el pueblo chileno escogió entre dos soluciones, ambas profundamente democráticas y de avanzada, las dos cargadas de esperanzado fervor popular. A juicio de casi todos los observadores, frente al régimen democratacristiano sólo se levanta una alternativa; el socialismo, sistema que en la persona del doctor Salvador Allende recibió hace un año el respaldo de casi un millón de votos. Además de esas consideraciones generales este folleto constituye una novedad política. Es la primera vez que Allende —fogueado en la tribuna pública y en el Parlamento— escribe un corto ensayo político que, a nuestro juicio, es de gran calidad e interés.

PROLOGO

La democracia cristiana no es revolucionaria.— Defiende al capitalismo. La Iglesia siempre ha condenado la revolución.— No existe hoy el régimen comunitario.— ¿Qué es el régimen comunitario?

NADIE que haya alcanzado una noción correcta de las enormes expectativas que ofrece en Chile el encontrarse en el ejercicio de la Presidencia de la República, puede desconocer que el plazo de un año es ya suficiente para formular un juicio concreto, extraño a toda temeridad, acerca de si el Gobierno democratacristiano ha resultado, en síntesis, beneficioso o perjudicial para el país y si es o no una revolución.

Encarar este balance reviste interés desde múltiples ángulos. Es importante comprobar si la democracia cristiana presenta un contenido propio que la diversifique, en términos reales, de otras tendencias desde el punto de vista de la teoría política y que le asigne, por lo mismo, una posición histórica trascendental en la trayectoria chilena y aun de América Latina y quizá si hasta del mundo, como se pregona publicitariamente. Este análisis es útil, asimismo, porque sus conclusiones habrán de contribuir a esclarecer el sentir de la opinión pública, contribuyendo a poner fin a distorsiones circunstanciales. Por último, siempre se ha considerado tarea imperativa para todo hombre con cabal sentido de sus responsabilidades, esmerarse para que la verdad corrija el error inconsciente o prevalezca sobre la mixtificación deliberada.

La campaña presidencial originó un proceso cívico en que se enfrentaron, en definitiva dos corrientes: la democracia cristiana y el movimiento popular. La derecha desertó como tal, y en los hechos, de la contienda y sus sufragios se volcaron hacia el señor Frei.

No es del caso reiterar las advertencias que hemos venido formulando para prevenir al país, con tanta claridad como lealtad, en el sentido de que el señor Frei no ejercería un gobierno eficaz apto para que Chile emprendiese una ruta adecuada para superar el subdesarrollo. Nuestras afirmaciones se basaban en premisas que la experiencia de un año ha colaborado paso a paso.

Tanto la democracia cristiana como el movimiento popular alcanzan un punto de coincidencia. Ambos aseveran que Chile exige de modo ineludible un cambio esencial en las estructuras que determinan su desarrollo económico y su realidad social y política. Se ha asegurado que el sistema imperante condena al país a una frustración que, por su amplitud, llega a constituir el índice de la vida de nuestras gentes. Se estudió ya Chile en profundidad, cuali y cuantitativamente, y se ha divulgado de modo muy vasto el inventario de nuestras deficiencias y vacíos. Se ha demostrado a la ciudadanía que estos factores —enunciados en cifras y por cientos— configuran de manera muy concreta la calidad de nación subdesarrollada que singulariza a Chile y que impera igualmente en el resto de América Latina.

La democracia cristiana y nosotros hemos certificado, así, que nuestra patria reclama una "revolución".

La democracia cristiana utiliza el término de "revolución" sin reticencias; pero lo complementa con las expresiones de "en libertad". Por nuestra parte, siempre hemos hecho presente que nuestra trayectoria se endereza hacia el socialismo como sistema. Pero cuidamos de dejar constancia de que la propia inspiración marxista que reconocemos nos obliga a considerar las características de Chile coexistentes con su subdesarrollo clásico. Aclaramos, así, que adoptamos para la lucha por el Poder el año 64 la vía electoral, con sus ventajas e inconvenientes por figurársenos la más acorde con nuestra idiosincrasia, con nuestras tradiciones y también por ser incruenta, atributo claramente favorable. Durante la campaña presidencial no ocultamos que esta última condición nos llevaría, por la fuerza de las cosas a una etapa de transitoriedad no socialista; pero sí de naturaleza propicia para culminar aceleradamente en un Estado como el que preconizamos.

La democracia cristiana, a pesar de su sedicente revolucionarismo ha cifrado su actitud proselitista en una agresión frontal contra el movimiento popular, a partir del slogan "en libertad". Se nos ha negado sentido patrio; se nos ha hecho aparecer como proyección de tendencias foráneas y, más que nada, como sinónimos de barbarie y de cruel titania. Se ha sembrado por Chile toda la infamia acumulada que el reaccionarismo más abyecto ha logrado concebir en el ámbito internacional. No hay palabras ni juicios suficientemente duros para condenar la acción de la democracia cristiana en este sentido.

Se nos derrotó electoralmente. Fue una victoria "sucia".

Hoy, a un año escaso de gobierno democratacristiano, comienzan ya a acumularse resultados y experiencias que permiten enjuiciar la labor del régimen.

Como síntesis de un año de Poder, fluyen conclusiones obvias. Nos ha asistido la razón, cuando advertimos que la democracia cristiana no sería capaz de cumplir en Chile una revolución, por la ambigüedad de su base teórica; por la composición contradictoria de las fuerzas que le brindaron sus votos; por su inspiración genuinamente pro imperialista; por su carencia de autonomía respecto de los grandes intereses monopólicos nacionales e internacionales y, en suma, por la esencia misma de su filosofía, su estrategia y sus tácticas. En efecto, todas las revoluciones se han singularizado por cimentarse en la reafirmación del sentido nacional del pueblo que las protagoniza. La democracia cristiana, por el contrario, y aunque conocedora cabal de que lo que Chile reclame es una revolución de sus estructuras determinantes, ha pretendido emprenderla subordinándose, por sobre todo y ante todo, al concurso imperialista norteamericano. Jamás pudo destruirse un sistema, apoyándose precisamente en las fuerzas representativas de lo que se hace ineludible eliminar.

Resumiremos algunas de nuestras apreciaciones sobre la democracia cristiana:

a) Es ella un mero reformismo, en cuanto a teoría política. Por lo tanto su acción no podrá jamás implicar una revolución. A pesar de la actitud de algunos de sus miembros, se trata de un partido burgués, cuya misión histórica radica, exactamente, en preservar la existencia del sistema capitalista.

b) Rechazamos que exista otro sistema económico y político diverso del socialismo que pueda contraponerse al capitalismo.

c) Objetamos enfáticamente que pueda implantarse y resultar viable lo que la democracia cristiana ha pregonado —sin definir— como un tercer sistema: el "comunitario".

Los sistemas económicos y sociales no se enuncian con meras fórmulas verbalistas. Se sabe hoy, científicamente, que la naturaleza de ellos depende del tipo de propiedad de los medios de producción; de las relaciones de producción, etc. No se habla "en abstracto" sino con referencias a factores muy precisos y que, en su conjunto, pasan a configurar un sistema. No hay revolución sin cambio de propiedad en los medios de producción.

En apoyo de sus puntos de vista teóricos, la democracia cristiana ha llevado y traído mucho la posición de la Iglesia. Los documentos papales, bastante pródigos en número desde León XIII, en 1891, y los inspirados en ellos, como es el caso de la Pastoral de los Obispos chilenos ["El deber social y político en la hora presente". 18 de septiembre de 1962], jamás han propuesto la substitución del capitalismo. Se ha dramatizado sobre la situación de los obreros y sus dolorosos condiciones de vida. Pero siempre se ha condenado la idea revolucionaria y se ha revelado oposición al socialismo. Sólo ha variado la tremebundez del lenguaje; pero los matices de los juicios han respondido a una inalterable posición. Hay algo muy diverso: el Partido Demócrata Cristiano y sus inspiradores sustentan el sistema capitalista y sus intentos sólo alcanzan a procurar impedir algunos de sus abusos; pero jamás su supresión de raíz. Se critica al capitalismo; pero no se le censura. Escritos de elevada jerarquía democratacristiana tratan de "un más justo reparto del fruto de la industria entre el capital y el trabajo; una más justa repartición del ingreso nacional entre la industria y la agricultura y, más generalmente, entre el mundo urbano y el mundo rural; en síntesis, una política de los salarios y una política de los precios son la solución de fondo de estas inicuas disparidades." [Número especial, Nº 115, de la revista Mensaje. Santiago].

f] Confirmamos la inexistencia de esta tercera posición. Aseveramos que en el mundo moderno no se descubre un solo ejemplo de nación en que impere el sistema comunitario. Y citamos dos pruebas claras; en Alemania Federal y en Italia el gobierno se encuentra controlado por la democracia cristiana. ¿Qué posición ha asumido en ellos el partido en el ejercicio del Poder? Un jerarca intelectual de la democracia cristiana brinda la respuesta: "...estimo que gracias a la aportación técnica del capitalismo, la humanidad ha alcanzado niveles de vida superiores, beneficiándose superlativamente del esfuerzo creador del mundo burgués; si bien por la nota de egoísmo que es su motor inspirador y de acicate, no ha tenido el corazón suficiente para hacer llegar sus ventajas a grandes sectores humanos. Este ha sido s gran desacierto y debilidad humana que ahora está pagando con riesgo de muerte si no se apresta a evolucionar a tiempo, como inteligentemente está haciendo el capitalismo europeo, gracias sobre toda la visión magistral de los dirigentes de la democracia cristiana [La democracia cristiana en América Latina. L. Rodríguez Arias 1961]

Es decir: donde la democracia cristiana es gobierno, su acción se consagra a defender los regímenes burgueses y llega —como acontece en Alemania— a coaligarse y a destacar en primer plano a los sobrevivientes del pardo fascismo de Hitler.

¿En qué consiste la novedad de la democracia cristiana? ¿Cuáles son las características que propugna como una superación revolucionaria del capitalismo y como una exclusión del socialismo? Otro teórico resuelve la consulta: "Y la revolución que propugna la democracia cristiana es la revolución comunitaria, en cuanto está concentrada en el dominio del bien común y en la naturaleza inseparablemente común de los hombres y, dentro de ella, en la trabazón jerárquica de instituciones superpuestas en las que actúa el hombre según las funciones a la división del trabajo, organizado en economía cooperativa para lograr la separación del capital y del trabajo, dando a éste y a la satisfacción de las necesidades del hombre el papel predominante que ahora corresponde al lucro y a los factores deshumanizados de la producción."

Las palabras se deslizan a raudales y nos conducen desde un capitalismo sui generis, pero siempre capitalismo en sus términos reales hasta un socialismo utópico.

Nadie, absolutamente nadie, ha podido definir en forma compatible con un rigor conceptual objetivo, en qué consiste el régimen "comunitario", ni qué ejemplo práctico es dable exhibir de su aplicación en la actualidad. La teorización, por mucho que se rebusque en la terminología y aunque se eluda el paternalismo, aventurándose por la rutas de los grupos sociales "herodíacos" no alcanza las dimensione de un enunciado consecuente y satisfactorio. Puro capitalismo, en cambio, es lo que fluye de la "revolución'' democristiana.

g] Comprobada la inexistencia de una teoría política válida, es de interés echar una mirada sobre los factores que, en los hechos, determinan en última instancia el papel que los movimientos políticos desempeñan en un momento dado. Más que las doctrinas, más que las pseudo definiciones abstractas, la posición de los grupos políticos surge imperativa de sus tácticas de lucha y de quienes son sus sustentadores a través de alianzas —muchas veces secretas o inconfesadas— pero efectivas, que contraen para llegar al Poder.

La democracia cristiana ayuntó su destino electoral en Chile al antimarxismo. En este despeñadero no hubo recurso de que no se valiera.

Cuando se analice con la neutralidad del tiempo este período de nuestra historia cívica, corresponderá al partido que hoy gobierna, el extraño privilegio de haber acallado, en un momento crucial de Chile, los anhelos de libre determinación de nuestro pueblo, a través de una presión de raíz foránea —tanto en su inspiración de fondo como en su ejecución masiva— que distorsionó y confundió el sentir nacional y patriótico. Ni aún la democracia cristiana puede negar, honestamente, el serio retroceso que un fenómeno semejante implica para una nación joven, mientras se aprecia que en otras latitudes la base del porvenir patrio se labra mediante el afianzamiento de los afanes de destino propio y de protagonizar historia.

El movimiento popular ha puesto de realce que esta subordinación al imperialismo, en el ejercicio del Gobierno, tiene que abocar a la democracia cristiana a las contradicciones más flagrantes. Hemos venido reiterando, por citar un ejemplo, que si no se obtienen del cobre los recursos óptimos —para lo que es indispensable nacionalizar las empresas de la gran minería— y si se consideran sus amarras con los monopolios internos, no restaría al régimen otro medio de procurarse recursos que la mendicidad internacional y la asfixia tributaria de muy vastos sectores de chilenos. Es lo que hoy acontece: mano abierta para prodigar el cobre y mano estirada de pordiosero, y mano inflexible para las capas medias, carentes de los resortes de presión de que disponen los poderosos para resguardarse de la acción gubernamental. Un año de experiencia comprueba estos asertos.

Hemos reiterado que la democracia cristiana sustenta una posición que envuelve dependencia efectiva de EE.UU., sobre todo con posterioridad a la fisonomía que adoptó la política exterior norteamericana a partir del Presidente Kennedy. La Alianza para el Progreso abrió la coyuntura precisa, al posibilitar formalmente "slogans" sobre reformas estructurales que nosotros veníamos preconizando desde hace 30 años. La inspiración norteamericana dio pie a la consigna de "en libertad" y con ello al proceso de "deschilenización" que en los hechos sufrimos bajo el actual gobierno y que paulatinamente va negando la libertad de Chile para ser chileno y para reafirmar la fisonomía que antes nos singularizó de modo muy firme, desde un punto de vista principalmente político y cultural. Los resortes propios del país y que nos imprimieron una idiosincrasia inconfundible en el conjunto de América y una manera de ser individual y un estilo cívico también de rasgos nítidos aparecen hoy psicológicamente colonizados merced a la labor oficialista. El partido gobernante une a su ambigüedad y sus contradicciones e indecisiones una ceguera progresiva respecto de los factores que conforman nuestro acervo de criollidad, sin ofrecernos la contrapartida de ventajas compensatorias en el orden siquiera económico, como lo revelan los Convenios del Cobre.

Es un hecho la penetración que el "american way of life" se esfuerza en cumplir en nuestros sectores culturales, científicos y técnicos. Estos propósitos, por el nivel de los círculos en que se practican, pueden ser neutralizados con justo sentido crítico de defensa. Pero ha de llevar a alarma a los chilenos que nuestros medios rurales se vean sometidos a la presión de los Cuerpos de Paz y del Instituto de Educación Campesina, organizaciones yanquis que actúan en Chile con personal extranjero; tiene que causar preocupación que el campo laboral aparezca trabajado por el CLASC en su intento de dividir el movimiento genuinamente obrero; tiene que resultar extraño que Desal y Misereor, bajo tutelas norteamericanas o germanas, accionen en la vida cívica del pueblo; que Caritas —entidad también extranjera— persuada con sus paquetes a amplios sectores de las capas más desguarnecidas de la comunidad y ha de doler —en el orgullo de nuestra nacionalidad— que un sacerdote belga inspire a Mensaje —templo de la doctrina democratacristiana— y que esta publicación sea el órgano de la Orden de Jesús en Chile.

CAPITULO I

La ambigüedad y las contradicciones son características esenciales de la democracia cristiana.

La democracia cristiana no representa una revolución; constituye un dique para contener las ansias populares. Es un Gobierno capitalista o, a lo sumo, neocapitalista. Y como tal lo enjuiciaremos en esta ocasión.

Básicamente, lo que aflora con mayor fuerza del actual régimen son sus múltiples contradicciones. Así debía necesariamente ocurrir, por su ambigüedad teórica y por la ambivalencia de su estrategia y de sus tácticas.

Anotemos algunas de las contradicciones más flagrantes.

Asevera el régimen que el Gobierno del pueblo "comienza con Frei". En los hechos, sin embargo, los sectores asalariados están al margen del ejercicio de la gestión gubernamental. La promoción popular es una raquítica acción paternalista de tipo "evangélico".

Los trabajadores, al margen del ejercicio indispensable del Poder, se mantienen en el marco tradicional de lucha contra sus opresores económicos.

El Gobierno afirma que inspira su misión en el afán de independencia económica. Toda su filosofía del desarrollo se expresa, sin embargo, en función de la ayuda extranjera, con la natural pérdida de la soberanía que ello implica.

El régimen democratacristiano asevera que abomina del capitalismo. Sin embargo, se ha buscado desesperadamente la inversión extranjera. La venida de "capitales" se produce, como es lógico, sólo si se brindan típicas garantías "capitalistas". Se golpean las puertas del mundo capitalista impetrando empréstitos por sumas comparativamente restringidas con respecto a las granjerías que se conceden a las grandes compañías del cobre. Estas retirarán del país, según los Convenios patrocinados por el Ejecutivo, utilidades por más de 2.000 millones de dólares en los próximos 20 años, y cuya cifra se alza a mas de 5.400 millones de dólares, si se agregan amortizaciones, fletes, seguros, etc., considerando el precio a 29 ctvs. de dólar la libra. Antes se llevaban el 37%, ahora el 47% quedará fuera de Chile en virtud de los "sensacionales" convenios.

El Gobierno reivindica para sí la implantación de la justicia tributaria. Sin embargo, se estabilizan los gravámenes de las compañías del cobre por más de 20 años, a pesar de ser las actividades que alcanzan mayor rentabilidad en el país. Los "nativos", no monopolistas, son sometidos a un sistema tributario en extremo duro.

Preconiza el Gobierno la "chilenización" de las riquezas básicas. Se favorece, por el contrario, el "enclave" imperialista, asociándolo con el Estado, con irrefutable restricción de nuestra soberanía, como es el caso del cobre. En nada se corrige el régimen de excepción abusivo del hierro y del salitre.

Asevera el gobierno que la clase trabajadora es su razón de existir. Sin embargo, los reajustes de sueldos y salarios alcanzan, en los hechos, un nivel inferior al alza del costo de la vida, con lo cual los monopolios industriales, comerciales, bancarios y financieros obtienen beneficios asombrosos. No se emprende, hasta ahora, una política agraria concreta y, en cambio, día a día, se acentúan la desnutrición y el hambre por carencia de alimentos y, además, por una política notoriamente errada respecto de los artículos de consumo.

Reitera el gobierno su concepto de que el comercio exterior constituye factor fundamentalísimo del desarrollo nacional. No ha tomado, sin embargo, medida alguna para regularlo eficazmente, salvo la substitución de los bonos dólares, llegando hasta rechazar la indicación de los senadores socialistas para radicar en el Estado el estanco de la internación decaimientos, drogas y materias primas para la industria.

Se sustenta como determinante del gobierno la planificación del desarrollo económico y social. El país no ha sido informado de plan preciso alguno y sólo se aprecian programas aislados e inorgánicos. En el propio partido DC se critica acremente a la CORFO.

El Gobierno se halla sometido a presiones antagónicas. La Derecha en muchos aspectos lo censura y los trabajadores tienen que luchar en contra de la política del Ejecutivo en materia de remuneraciones.

Los empresarios, la Derecha económica, los terratenientes, el capital apoyaron al señor Frei sobre la base de preservar sus privilegios. Los sectores populares que le apoyaron creyeron, a su vez, en los cambios.

La indefinición del Gobierno se hace más flagrante día a día. La desconfianza que se ha extendido en el grupo empresarial ha afectado la inversión en las actividades productivas, lo que está ya repercutiendo, y repercutirá más en breve plazo, en la disponibilidad de artículos de consumo esencial, agravando las dificultades del consumo y alzando los precios.

Según se infiere de la vasta campaña publicitaria que ahora están cumpliendo por todos los medios las entidades que agrupan a los patrones de la industria, de la tierra y a los financieros, su temor estriba en que el Gobierno conceda un renovado y creciente impulso a la acción del Estado, en las actividades, propugnando una progresiva "socialización" en las esferas productivas. Los argumentos que esgrimen para cimentar tal aserto ponen de realce hasta qué grado, totalmente incompatible con la "revolución en libertad" por la cual seguramente sufragaron, es de ambiguo en sus raíces el Gobierno democratacristiano. Así, su aprensión, surge de: a) Inamovilidad de empleados y obreros; b) Comités de Empresas; c) Reforma de las sociedades anónimas; e) Restricción a las transacciones de las acciones Anglo-Lautaro; f) Reforma agraria; g) Política de crédito restrictiva para el sector privado y expansiva para el sector público; h) Reforma del Nº 10 del artículo 10 de la Constitución Política; i) Política Impositiva; j) Eventual modificación de estatutos legales que conceden franquicias a ciertas actividades (construcción, etc.); k) Necesidad de restringir la órbita de acción del Estado.

Por su parte, los asalariados de los sectores privado y público y la clase media en los hechos se ven más y más "promovidos" hacia el ascetismo alimenticio, la pobreza y la frustración.

En esta mar de confusiones inasibles, todo se puede esperar de parte de quienes reaccionan espasmódicamente ante su falta de destino histórico: hoy se apoya un régimen de inspiración económica liberal casi siglo XIX, como ocurrió en la etapa de los "gerentes"; después se gira hacia una "revolución en libertad" y, como es lógico, mañana se podrá adentrar por la vía selvática del "gorilismo".

El Presidente de la Democracia Cristiana, Senador Aylwin, ha denunciado una conspiración en marcha; pero, como siempre, ha caído en la ambigüedad de su partido: ha silenciado nombres y organizaciones. Tiene la obligación de aclarar —sin reticencias— sus afirmaciones.

El movimiento popular y el Partido Socialista tienen una noción exacta de los valores. Saben por lo mismo, en qué consiste una revolución de verdad y saben también cuál es la naturaleza del gorilismo y no ignoran, tampoco, lo que es un golpe de Estado. Para nosotros, lo negro no es pardo ni gris, es solo negro y lo blanco es blanco y punto. En materia de ambigüedad y de confusionismo, Chile comienza, por su propia experiencia, a apreciar donde se llega a "records" sin paralelo posible.

CAPITULO II

La democracia cristiana carece de unidad interna; dos corrientes opuestas; disparidad entre el Ejecutivo y sus parlamentarios y contradicciones entre sus senadores y sus diputados.

A pesar de su tendencia excluyente, resulta obvio en los hechos que el partido único de gobierno carece de unidad interna. No obstante su rigorismo disciplinario y de la regimentación desusada que se exhibe en la Cámara de Diputados, afloran fuertes discrepancias intestinas.

Sectores de la juventud han censurado privada y públicamente lo que consideran desviaciones de derecha del Gobierno y reclaman la adopción de medidas auténticamente revolucionarias.

En lo que se refiere a los Convenios del cobre —"viga maestra del régimen"— parlamentarios muy caracterizados han puesto de realce sus puntos de vista opuestos a aquéllos por los cuales el Ejecutivo ha bregado con singular denuedo.

El gobierno ha rechazado iniciativas espectaculares de los diputados, como aconteció con los precios de los televisores y de los automóviles.

Entre los propios parlamentarios se aprecian desavenencias muy nítidas.

Así, los senadores aprobaron unánimemente disposiciones de los Convenios del Cobre, que los diputados han rechazado, en obedecimiento de la presión del Ejecutivo, que, a su vez, se ha visto presionado por las grandes empresas.

Además, mientras ambas ramas del Congreso han sancionado disposiciones de efectiva importancia, ellas han sido vetadas por el Presidente de la República, como en el caso de la ley sobre beneficios extraordinarios en favor de los trabajadores de la Empresa Portuaria de Valparaíso, eliminados del servicio, a fin de favorecer aspiraciones burocráticas de postulantes demócrata cristianos.

La ambigüedad y la inoperancia propias de sus contradicciones, han determinado que el Gobierno concentre su acción política en rededor de dos puntos. En primer término, se ha mantenido un ritmo y un volumen publicitario desconocido en nuestros hábitos que, al no poder exhibir realidades, ha adquirido los caracteres de una especie de propaganda electoral, respecto de lo que "se hará", olvidándose que el ejercicio del Poder está ya, y desde hace un año, en manos de la DC. Igualmente, el oficialismo ha desplegado denodados esfuerzos en obtener la aprobación de los proyectos de ley que ha sometido al Congreso y, entre estos, el respecto del cobre, calificado como su "viga maestra".

Los dos más trascendentales discursos del Presidente de la República, el del 23 de diciembre del año último y el que pronunció a su regreso de Europa, han sido dedicados a esta última ley y a culpar a la oposición de cerrado obstruccionismo negativo.

La publicidad, y dentro de ésta la presión propagandística en favor de los Convenios del Cobre, ha adquirido dimensiones jamás vistas en nuestro medio. Ejemplos ilustrativos son las cadenas radiales diarias y obligatorias, además, la dedicación empleada para imputar a obstruccionismo de los demás partidos el que no se hayan sancionado los Convenios según los puntos de vistas oficiales, y que representaban las facultades extraordinarias más amplias y decisivas solicitadas por un Ejecutivo en nuestra historia, ya que se trataba de trazar libremente y a su arbitrio la política cuprera y autorizarla para concluir convenios con el carácter de "contratos-leyes". En el Senado de la República se dieron a conocer cifras —no desmentidas— que permiten medir la magnitud de esta propaganda. Durante meses y meses, el Gobierno ha transmitido diariamente 587 microprogramas en todas las radios del país. Se ha pretendido crear la imagen de que todo el desarrollo, el avance y aun la marcha presente y futura del país dependen de su aprobación. Cálculos no refutados, asignan a estos micro programas un valor de 91 millones de pesos por día, sin perjuicio de los mil millones de pesos desembolsados por las empresas en defensa de su labor y de los Convenios. Este último hecho es insólito, ya que los gastos publicitarios se imputan a costos e implican liberaciones tributarias automáticas.

Contra lo sostenido por el Gobierno, la labor de la oposición ha sido eminentemente beneficiosa respecto de sus iniciativas. Así, en el proyecto sobre promoción popular los partidos del FRAP lo perfeccionaron notablemente, asignándole el genuino carácter que estaba llamado a tener, al orientarlo hacia el propósito de que la comunidad se expresa a través de sus organismos vecinales frente a la acción edilicia.

En el proyecto de impuesto patrimonial aconteció otro tanto. Los partidos populares lo apoyaron y fue el propio Gobierno el que lo transó con la Derecha, convirtiéndolo, en definitiva, en un gravamen sobre renta presunta, liberable en amplia cuota por el pago del impuesto complementario.

Dos meses antes de que el gobierno enviara su Mensaje, el Partido Socialista presentó un acabado y extenso proyecto para rehabilitar y promover el desarrollo de las provincias afectadas por el sismo de marzo y para auxiliar a los damnificados. El Ejecutivo para su proyecto tomó gran parte de nuestros puntos de vista.

La reforma constitucional ha contado en su primer trámite con importantes proposiciones del sector popular, al igual que el proyecto que crea el Ministerio de la Vivienda, en cuya tramitación se han hecho indicaciones que lo robustecen, al darle autoridad para un control efectivo sobre los materiales de construcción y que establecen su sentido social, al eliminar la reajustabilidad de los dividendos CORVI.

Las leyes normativas han sido despachadas en su primer trámite y su proyecto se encuentra en estudio en el Senado, al igual que lo que sucede con el que autoriza la adquisición de CHILECTRA.

Todas las iniciativas enunciadas han debido sufrir postergación en sus trámites, ante la urgencia de lo que más ha interesado al propio gobierno: los Convenios del Cobre.

La acción parlamentaria, especialmente la de los senadores socialistas —tan censurada por el Gobierno—, ha permitido poner en descubierto con claridad meridiana los gravísimos errores que contenían los Convenios del Cobre y las lesivas consecuencias que su sanción habría representado —aún más allá de los planteamientos de fondo— si se hubieran aceptado tal cual se les propuso inicialmente.

En los hechos, el Gobierno tuvo que modificar totalmente su iniciativa a través de las indicaciones que formuló, en términos que ella pasó a ser un nuevo y diferente proyecto. Debe agregarse a esto las numerosas iniciativas de senadores de todos los partidos, fundamentalmente de los senadores socialistas, comunistas e independientes de izquierda. En muy pocas ocasiones el Senado ha sido testigo de una discusión más amplia, más profunda y más seria que la que se suscitó en esta ocasión y seguramente en muy pocas oportunidades se desplegó más celo patriótico para obtener siquiera algunas disposiciones que resguardaran el interés de Chile frente al poderío de las compañías y la obsecuencia de la democracia cristiana para con ellas- Los esfuerzos parlamentarios culminaron en un acuerdo público y solemne entre la DC y el Partido Radical y en el que se estipuló muy claramente que en el cobre no habría "contratos-leyes", tal como lo sustentaron los personeros de los partidos populares. El Ejecutivo y su Partido, a través de su mayoría en la Cámara de Diputados, han borrado tal compromiso, sin el que la ley no habría contado con los votos para su aprobación general, lo que habría implicado de raíz su rechazo. La responsabilidad del Partido Radical es inmensa, como lo es igualmente para la democracia cristiana. Tanta trascendencia asignan las compañías cupreras a la condición de contratos-leyes que el Consejo de la Democracia Cristiana, según se afirma, habría recibido una carta del señor Presidente de la República. Tal intervención sería la determinante de que se variara la resolución diametralmente opuesta que antes había sancionado el mismo Consejo. El señor Aylwin impartió instrucciones escritas a los diputados, en comunicación leída en la Corporación, para que votaran negativamente. La misma mayoría de diputados democratacristianos, con el concurso de la Derecha, rechazó las principales modificaciones que el Senado introdujo en el proyecto, para salvaguardar el interés nacional. Así sucedió, por ejemplo, con los retornos, las reinversiones, la competencia de los tribunales chilenos, la tributación, el impuesto CORVI y las iniciativas respecto de la pequeña minería. Esta actitud se expresó, además, con censurable típico sentido de clase, al votarse en contra las disposiciones que beneficiaban a los trabajadores cupreros. Sabe el país que su poderosa Confederación de los Trabajadores del Cobre ha debido declararse en huelga en defensa de sus conquistas y del interés de Chile.

CAPITULO III

Las contradicciones internas de la democracia cristiana y los compromisos con los intereses extranjeros están impidiendo que se formule y aplique una política económica seria y coordinada orientada por los genuinos intereses del país.

La pobreza de los resultados frente a las posibilidades que tenía abiertas el Gobierno para impulsar un aumento mayor de la actividad económica, se explica por varios factores. En primer lugar, ha bastado sólo un año para comprobar que, contrariamente a lo que hizo creer la propaganda electoral, no había planes previamente estudiados ni existían en la democracia cristiana los equipos técnicos capaces de enfrentar con eficiencia las tareas del Gobierno.

Pero lo más importante es que, a la hora de formular una línea económica de conjunto, se nacen presentes todas las contradicciones políticas internas de la democracia cristiana. Fraque no es fácil conciliar medidas que beneficien al mismo tiempo a la clase trabajadora y a la clase empresarial; a los consumidores y a los productores; al capital nacional y al extranjero; que estimulen a al empresa privada y al mismo tiempo fortalezcan la actividad estatal hacia un vago objetivo de "propiedad comunitaria". Resultado inevitable de esas contradicciones es una política económica fragmentaria y confusa, que no puede satisfacer a los sectores populares y que al mismo tiempo despierta resistencias, a veces más aparente que reales, en algunos sectores empresariales.

Así está ocurriendo, por ejemplo, con la política crediticia. Los compromisos que el Gobierno ha debido contraer con el Fondo Monetario Internacional, imprescindibles para la continuación de su política de endeudamiento externo, llevaron a la firma de la Carta de Intención que dirigió al Fondo el Ministro de Hacienda en enero de este año. En el párrafo 9 de esa comunicación se asumen compromisos específicos sobre la política de créditos que habría de seguir el Gobierno, obligándose a limitar a ciertos montos la expansión del crédito y la circulación monetaria en el país.

La "evolución de las finanzas del Estado, a pesar del mayor precio del cobre, no ha seguido el curso que se esperaba y la Caja Fiscal atraviesa por una de sus crisis más agudas. El déficit global previsto para el año en curso asciende a unos 750 millones de escudos, los que se financiarán en sus dos terceras partes con crédito externo y el resto con utilización de recursos internos. Setecientos cincuenta millones de escudos representa cerca del 25% del Presupuesto de la Nación. Descartada por este año la contratación de mayores recursos de crédito externo, quedan al Gobierno tres alternativas para enfrentar el grave desajuste: a) emitir dinero mediante la contratación de nuevos préstamos con el Banco Central, expediente que excede el marco de los compromisos contraídos con el Fondo Monetario y que acarrearía acelerar el proceso de alza de precios; b) postergar pagos fiscales, particularmente los de proveedores, lo cual traería perturbaciones en diversas actividades, las que presionarían por una mayor cuota de crédito bancario para sostener sus actividades; c) reducir drásticamente diversos gastos fiscales, básicamente las obras públicas, medida que representa provocar paralizaciones y desocupación de mano de obra con las consecuencias fáciles de prever.

Cualquiera sea el camino que elija el Gobierno para enfrentar la crisis de recursos, se traducirá en nuevas penurias para la clase asalariada y una carga aún más agobiadora por medio de mayores impuestos indirectos y nuevas alzas de precios.

Poco a poco los recursos y arbitrios de que habitualmente el Fisco ha echado mano en momentos de apremio se han ido agotando. La "Cuenta única fiscal" del Banco del Estado, fuente de financiamiento para la Tesorería en este último tiempo, también ha llegado al límite de su utilización. La Tesorería ha usado el máximo permitido (alrededor de Eº 200 millones) y cuyo expediente resta recursos al Banco del Estado para destinarlos a una mayor acción crediticia productora.

Dentro de este esquema breve resalta el absurdo que significa impulsar la política de asociación con las grandes compañías del cobre, que implicará congelar los tributos de las empresas por 20 años, en circunstancias que constituyen la fuente más rica y dinámica de recursos genuinos para el Gobierno. Se ha demostrado que, a partir de la "Ley de Nuevo Trato", ha disminuido la tributación directa de estas compañías y las clases dirigentes, que se han turnado en el ejercicio del poder, sólo han atinado a aumentar los impuestos al consumo. La política tributaria deja de ser, entonces, un problema técnico y se transforma en uno de carácter socio-político que va ligado a una modificación en la estructura del ejercicio del poder político. En este sentido, el Gobierno democristiano demostró su contradictoria y entreguista política cuando, después de enviar el proyecto de impuesto al patrimonio que el FRAP apoyó decididamente, transó con los grupos reaccionarios y aceptó un impuesto de renta presunta mutilado por los intereses plutócratas.

Bajo estas condiciones, todo el problema del déficit fiscal continúa recayendo, cada vez con mayor fuerza, en las posibilidades de endeudarse con el Gobierno de Estados Unidos y con los organismos internacionales. Ha resultado el resorte más fácil de accionar y ha permitido a la oligarquía criolla eludir por un tiempo su responsabilidad frente al financiamiento del desarrollo del país. Esta política empleada con vigor creciente por la Administración del Presidente Alessandri, gradualmente ha ido limitando sus posibilidades al elevarse en forma desorbitada el nivel del endeudamiento nacional, por encima de las posibilidades reales de amortización. Las cifras oficiales indican compromisos por más de 1.700 millones de dólares, de los cuales casi 700 millones deben cancelarse dentro de los próximos tres años. Para el presente año los compromisos provenientes de la deuda externa eran del orden de los 320 millones de dólares y para el próximo representan una suma muy similar. ¿Cuál ha sido el planteamiento del Gobierno frente a esta situación? El Ministro de Hacienda, en su exposición de ante la Comisión Mixta de Presupuestos, lo señala con precisión: "...el país se encuentra en una situación muy desfavorable para comenzar a reducir ahora mismo su deuda externa, por tres razones: porque algunos préstamos han sido concedidos a plazos cortos; porque no se puede aumentar el ahorro nacional para pagar la deuda externa sin detener el desarrollo, y porque no hay suficientes divisas con qué pagar, aun si tuviéramos el ahorro nacional. Es obvio, por tanto, que en último término nuestra capacidad de desarrollarnos sin endeudarnos depende de nuestra capacidad de aumentar las exportaciones..." "... de 1965 a 1969 no es posible reducir la deuda externa. Por el contrario, hay que aumentarla. Esto puede parecer paradójico..." Naturalmente que constituye un hecho insólito plantear que la reducción del endeudamiento reside únicamente en la contratación de nuevos créditos externos.

Consecuente con este criterio, una vez logrado un acuerdo con el Fondo Monetario, el Gobierno procedió a renegociar parcialmente los compromisos de 1965 a 1967, y a negociar nuevos créditos para el presente año. La renegociación le va a permitir postergar alrededor de 130 millones de dólares y pagar efectivamente, aproximadamente, 190 millones de dólares. Como los nuevos créditos se estima representarán una suma similar, el nivel de endeudamiento global se mantendría. No obstante, los compromisos de asociación con las empresas del cobre y la progresiva nacionalización de otras inversiones extranjeras llevará a contraer nuevas obligaciones con financistas del exterior que harían subir la deuda global más allá de los 2.500 millones de dólares. Es decir, el equivalente de unas cuatro veces el ingreso anual de divisas por concepto de exportaciones.

Sin embargo, el manejo presupuestario del próximo año obliga al Gobierno a obtener nuevas partidas de ayuda crediticia, sin lo cual todo el esquema de la política financiera se vendría por tierra. Constituye la única salida que el Gobierno del señor Frei plantea a toda la ciudadanía. El PS en reiteradas oportunidades ha puesto de manifiesto que esta línea en nada se diferencia de la Administración Alessandri y que la política de atracción del capital extranjero está ligada indisolublemente con la supervivencia a través del préstamo norteamericano en combinación con el de organismos internacionales y bancos privados

Tampoco ha dado el Gobierno durante este primer año signos de que se proponga seguir una política de comercio internacional distinta y más de acuerdo con los intereses nacionales. En materia de exportaciones, todas sus esperanzas se dirigían hacia la gran minería del cobre y a un hipotético aumento a largo plazo hasta alcanzar a un millón de toneladas. Los recientes debates ofrecen a la opinión nacional suficientes elementos de juicio para apreciar lo que verdaderamente puede esperar el país de la llamada "asociación" con las empresas extranjeras. En cambio no se hace nada serio para aprovechar otras posibilidades más inmediatas, como las que ofrece el intercambio con los países socialistas, del que otros países latinoamericanos —incluida la Argentina— están derivando importantes beneficios. Como en otros aspectos, la sumisión a los intereses imperialistas limita el radio de maniobra del Gobierno democratacristiano y priva al país de oportunidades ventajosas de ampliación y diversificación de nuestro comercio exterior.

En su política de importaciones, este Gobierno ha mostrado también durante su primer año vacilaciones e incapacidades para encuadrarla en una política más amplia de desarrollo. Son igualmente evidentes las contradicciones entre ciertos intentos de establecer un control más eficiente frente al mantenimiento de los monopolios y la actual estructura importadora y exportadora y, al mismo tiempo, aparecer cumpliendo los compromisos con el Fondo Monetario contenidos en los párrafos 3, 4, 5 y 6 de la Carta de Intención, que persiguen la libera[liza]ción del comercio exterior y el funcionamiento de un mercado de cambios libre de restricciones. La política monetaria, a su vez, se está utilizando para contener las importaciones a través de la imposición de depósitos previos y de la prohibición de financiar las importaciones. La confusa y contradictoria situación del mercado del dinero está favoreciendo las importaciones de aquellos artículos no sujetos a control de precios y restando recursos para necesidades más esenciales.

En suma, el Gobierno no ha mostrado una verdadera política de comercio exterior. Sigue aplicando la misma concepción y herramientas del Gobierno anterior para una política cuyo enunciado aparente es completamente distinto. Y lo que es más grave, al continuar ejerciendo las mismas normas se siguen acentuando los errores endémicos que han precipitado crisis cambiarías y financieras anteriores y, paralelamente, se refuerzan los grupos monopólicos y especuladores que desde muchos años orientan las operaciones y política de comercio exterior. Ellos constituyen una fuerza de poder enorme que el actual Gobierno, como los anteriores, se muestra incapaz de afectar.

El panorama financiero expuesto pone de manifiesto las escasísimas posibilidades que existen para superar los grandes déficit nacionales dentro de los estrechos marcos de una política económica limitada por los compromisos con el capital extranjero, el Fondo Monetario y el Gobierno de los Estados Unidos; de una política que carece de altura y perspectiva, que no se identifica con las necesidades y realidad nacional y que no representa, en los hechos objetivos, cambios en profundidad, sino que preserva y fortalece las actuales instituciones monopólicas y neocapitalistas.

CAPITULO IV

Lo que la democracia cristiana está impulsando es una redistribución del ingreso nacional limitada y orientada por intereses políticos, en perjuicio de la clase media y sin afectar los grandes intereses capitalistas.

La labor persistente del movimiento popular a lo largo de muchos años llegó a formar conciencia colectiva en el sentido de que uno de los problemas básicos que hay que enfrentar en Chile es el de la tremenda concentración del ingreso y la riqueza nacionales en manos de un reducido sector de la población, que aporta muy poco a las inversiones para aumentar nuestra capacidad productiva y cuyos niveles de vida y consumos suntuarios contrastan con la miseria de la mayoría de las familias chilenas.

En su campaña electoral, la democracia cristiana tomó esta bandera nuestra y ofreció al país un amplio programa de redistribución del ingreso nacional. Se entendía que se trataba de transferir ingresos desde los pequeños grupos de rentas más altas a los sectores menos favorecidos de la población; de ir modificando en su origen las fuentes de esa concentración, y de ir readaptando la estructura productiva para aumentar con mayor rapidez el abastecimiento de los bienes y servicios que atienden necesidades básicas de la población.

Ninguno de los instrumentos concretos para materializar esa redistribución ha estado presente en la labor de este primer año de gobierno. Por el contrario, los efectos de una serie de medidas aisladas, tomadas con vista a otras finalidades, están determinando efectos redistributivos muy diferentes a aquellos objetivos básicos.

Los compromisos con los sectores empresarios y los intereses extranjeros han llevado al Gobierno a eludir una reforma a fondo de la estructura fiscal y a no abrir nuevas fuentes de recursos dirigidas a captar una cuota mayor del ingreso de los círculos privilegiados. En virtud de esos compromisos se renunció al impuesto patrimonial, que recibió el apoyo de los partidos populares en el Parlamento, cambiándolo por uno llamado de "renta presunta", del que fácilmente se excluyen los sectores de altos ingresos a través de las deducciones del global complementario. La revalorización de bienes raíces se ha planteado igualmente de manera tal, que no contribuye a dar más progresividad al sistema de ingresos fiscales. Por este camino, está quedando muy en claro que lo poco que haga la democracia cristiana en favor de algunos grupos de familias cuyas condiciones de vida son particularmente malas, no lo realizará redistribuyendo ingresos de los más ricos, sino mediante recursos que significan disminuir los niveles de vida de los sectores medios. No son los grandes intereses financieros y comerciales, los monopolios industriales, las utilidades excesivas de las empresas extranjeras, los que han de financiar ese pequeño esfuerzo redistributivo, sino tendrán que hacerlo los empleados, los profesionales y capas de personas que con gran esfuerzo han llegado a contar con ingresos medianos y a satisfacer legítimas aspiraciones de vivienda y otras comodidades.

Tampoco se está propendiendo a una mejor distribución del ingreso nacional a través de la política de remuneraciones. Por el contrario, el móvil que orienta la acción del Gobierno en materia de reajustes de sueldos y salarios no es que por esa vía se canalice hacia los obreros y empleados una mayor proporción del ingreso. El Gobierno continúa aferrado a la vieja política de que los reajustes correspondan, a lo sumo, al aumento de precios que reflejan índices oficiales que cada vez tienen menos que ver con la realidad. Los aumentos de productividad continuarán beneficiando, así, a los empresarios y empeorando la distribución del ingreso nacional, como ha sido característico en los años anteriores. No está de más recordar a este respecto que, según informaciones de la propia Sociedad de Fomento Fabril, el volumen de producción industrial aumentó en más de 60% entre 1957 y 1964, mientras la ocupación industrial creció en sólo 5 por ciento, o sea, aumentó en más de 50% la producción industrial real por asalariado, sin que ese incremento de productividad se reflejara en mejoramientos efectivos de las condiciones de vida de los obreros y empleados ocupados por la industria. El Gobierno no ha dicho nada nuevo para el futuro sobre ese proceso como no sea seguir la misma política de regatear el monto del reajuste con vista al mantenimiento dudoso de las remuneraciones reales y facilitando la apropiación por parte de los empresarios de los aumentos de productividad.

Los aspectos negativos de la política de remuneraciones y de ingresos fiscales, desde el punto de vista de la distribución del ingreso, se han acentuado durante este primer año de gobierno democratacristiano por las condiciones críticas de abastecimiento de los productos alimenticios.

Cuando hay escasez de productos esenciales, y no se tiene el valor moral de racionarlos para asegurar que cada familia disponga de un mínimo indispensable, sufren las consecuencias quienes no pueden pagar precios especulativos, quienes no tienen ingresos para acumular y quienes no disponen de facilidades para conservarlos. Así está ocurriendo hoy, y tal circunstancia se ha transformado en un factor más de diferenciación en los niveles de consumo de los distintos estratos de la población chilena. También así se acentúan las ya abismantes diferencias de niveles de vida, que es lo que, en definitiva, interesa cuando se plantean los objetivos de una mejor distribución del ingreso nacional.

Este cuadro de hechos concretos no puede quedar disimulado por unas cuantas acciones demagógicas en algunas poblaciones que exhiben condiciones dramáticas de miseria, ni por disposiciones exhibidas con gran espectacularidad para bajar los precios de los televisores. Esas cosas hay que hacerlas, y también hay que hacer muchas otras. Pero hay que hacerlas como parte de una política re-distributiva de mucho mayor envergadura y proyecciones, y no como simple instrumento para ganar apoyo político en algunos de los sectores más necesitados de la población. Y hay que realizarlas haciendo gravitar su costo en quien corresponde y no en los sectores de la clase media, mientras no se tocan los grandes intereses del capitalismo nacional y extranjero.

CAPITULO V

Durante este primer año de gobierno democratacristiano se han aprovechado factores muy favorables a la expansión de la economía nacional aún bajo los moldes tradicionales.

Si se deja de lado el incumplimiento de las reformas básicas y evaluando la gestión económica de este primer año de gobierno conforme los moldes tradicionales, que es en definitiva lo que representa la democracia cristiana, habría que concluir que se han desperdiciado factores muy favorables.

Al comenzar su Administración, el Gobierno contó con un respaldo de una magnitud que ningún otro gobernante chileno ha alcanzado en el presente siglo. Adhesión y esperanzas de importantes sectores nacionales; solidaridad y confianza de los grupos empresarios nacionales, tanto del sector agrario como del industrial, minero, comercial y financiero; justificadas expectativas de los consorcios inversionistas extranjeros, principalmente norteamericanos y europeos; apoyo del Gobierno de los Estados Unidos y sus agencias crediticias; decidida buena voluntad de los organismos internacionales de financiamiento, muy particularmente del Fondo Monetario.

El comercio exterior, que tradicionalmente ha sido el origen de las mayores dificultades financieras y fuente de presiones inflacionarias básicas, ha tenido, por su parte, una evolución muy favorable. Se calcula que los ingresos de moneda extranjera llegarán a unos 500 millones de dólares o quizás más, según la política que en cuanto a precio de cobre siga el Departamento del Cobre. Se ha estimado que los créditos externos llegarán a 190 millones de dólares que, sumados a la renegociación, arrojan una suma de unos 300 millones de dólares. Se prevé que los pagos al exterior serán inferiores, de manera que se producirá un excedente de unos 30 millones de dólares, aproximadamente. Ya en el primer semestre, la situación de pagos presentó un excedente de más de 50 millones de dólares, contando con el giro de importantes partidas de créditos. Ha influido, además, en este superávit, el mayor precio del cobre, que habría representado ingresos mucho mayores si el Gobierno se hubiera decidido a alzar los precios independientemente de la política de las empresas productoras del metal. Por supuesto, en estas perspectivas inmediatas favorables influye el efecto que ha producido en la balanza de pagos la renegociación de la deuda externa, lo que ha provocado un alivio momentáneo que explica parcialmente la situación relativamente más holgada en materia de pagos internacionales, aunque los compromisos postergados habrán de hacerse sentir en el futuro.

Con tales factores favorables, cabría haberse esperado una expansión importante de la producción y el ingreso. Las perspectivas no responden, sin embargo, a esas posibilidades. La agricultura, actividad que por muchos años ha mostrado una tendencia declinante, acusa en el presente año una nueva reducción que las cifras oficiales sitúan en más de un 4% en relación al año anterior. Se han visto afectados rubros básicos de alimentación como: trigo, avena, centeno, fréjoles, lentejas, cebollas, ajos, papas, etc. La importación de ciertos rubros, entre otros, de trigo, fréjoles, papas ha suplido en parte la demanda creciente, pero con un gasto importante en divisas. La construcción, actividad que había experimentado un repunte, ha vuelto a decaer arrastrando a numerosos establecimientos que giran en torno a esta actividad (tan dinámica). El índice de construcción ha mostrado un crecimiento debido al impulso proveniente del sector público, cuya base de financiamiento depende en grado sustancial de los préstamos externos. En cambio, la construcción privada ha sufrido una baja de consideración. Ha bajado también la producción de acero y cemento, esenciales para la actividad constructora. La producción de la industria manufacturera exhibió un marcado crecimiento en los primeros 6 meses del año, pero a partir del mes de julio se ha producido un vuelco que guarda relación con el ambiente de escepticismo y reticencia que comienza a imperar en las esferas de los centros de poder.

CAPITULO VI

Las medidas tributarias ya tomadas, al margen de una estrategia global de gobierno, han esterilizado anticipadamente buena parte del significado fundamental de la reforma agraria.

LA convicción nacional de la necesidad imperiosa de la reforma agraria, lograda también como fruto de la tenacidad y persistencia del movimiento popular, obligó a la propaganda democratacristiana a destacarla como uno de sus más importantes objetivos.

Poco puede exhibir ahora al término de su primer año de Gobierno, salvo afirmaciones demagógicas y una aparente alarma de los sectores latifundistas. Se han emprendido unas cuantas acciones aisladas mediante la aplicación de la ley en vigor desde períodos anteriores, que han servido para poner en evidencia la concepción paternalista y la falta de confianza en la capacidad popular que caracteriza a los personeros democratacristianos. Así, se mantiene la tierra en manos de la CORA para ir entregándola paulatinamente a los campesinos a medida que se les califica como preparados para recibirla, olvidándose que fueron esos mismos campesinos quienes la han estado trabajando durante años. La democracia cristiana se ha hecho presente en los fundos, pero para cumplir una labor de proselitismo político y no para dar solución a los problemas concretos que se relacionan con la tenencia del suelo y las condiciones de vida de las masas campesinas. Entretanto, para quienes hicieron gala de tener todo planificado y preparado de antemano, no ha resultado suficiente el período de un año para proponer un proyecto de ley que amplíe las facultades existentes para actuar en esta materia. Se encuentran equivocados quienes piensan de buena fe que el Gobierno no ha dicho todavía su palabra acerca de lo que hará en el futuro próximo sobre reforma agraria. Ya hay manifestaciones concretas, y lo que es peor, ya hay medidas legislativas aprobadas, que fijan de antemano la naturaleza de lo que puede esperarse. Frente a tales hechos, no tendrá gran repercusión práctica que el proyecto que se envíe ahora al Parlamento sea mejor o peor, o más o menos audaz en su contenido formal.

El más serio entre esos hechos es haber procedido, en vísperas de una reforma agraria, al reavalúo de las propiedades agrícolas en proporciones tales que, prácticamente, igualan los avalúos fiscales con el valor comercial de la tierra. ¿Va a tomar ahora la democracia cristiana esos nuevos avalúos como base para la compensación por los latifundios que expropie? ¿Va a sanearse de ese modo el fraude que durante años y decenas de años ha significado la vigencia, para fines impositivos, de avalúos absurdamente bajos? ¡Con razón los voceros políticos de los intereses latifundarios no resistieron sino formalmente el reevalúo!

Pero esto puede alcanzar repercusiones muy serias. En primer lugar, si se toman los nuevos avalúos como base de compensación, la reforma agraria habrá perdido en Chile su carácter fundamental de constituir un instrumento importantísimo de redistribución de la riqueza y el ingreso nacionales. Este papel tan importante que ha llegado a ser reconocido internacionalmente en reuniones y conferencias de la FAO, además no será cumplido si, como se anticipa, la compensación se hace con bonos reajustables. Por ese camino, no habrá redistribución, sino simples transferencias que, para más de algún latifundista, significarán incluso un buen negocio.

En segundo lugar, la masa de recursos que quedará afectada con esa base de compensación será tan grande que impondrá a la reforma agraria un ritmo en extremo lento, y que obligará por mucho tiempo a destinar al rescate de los bonos de los latifundistas una cuantía de recursos que, en otras condiciones, permitirían financiar un amplio programa de asistencia técnica y ayuda a los nuevos propietarios para fortalecer rápidamente el progreso agrícola. No sería de extrañar que, muy pronto, comenzáramos a ver cómo se pide ayuda extranjera y se endeuda aún más al país para impulsar programas de esa índole, mientras se continúa traspasando recursos al pago de los bonos de los latifundistas. Así, el país será gravado por el pago de valores artificiales de la tierra que no se reconocieron en el pasado cuando se trataba de pagar contribuciones.

La democracia cristiana ha frustrado así, antes de emprenderla, una de las reformas estructurales básicas, y ha esterilizado antes de presentarlo su anunciado proyecto de ley de reforma agraria. Cuesta entender si esto es fruto de una decisión deliberada del Gobierno o si es el resultado de esa ausencia total de coordinación y claridad de objetivos que lo ha caracterizado durante su primer año.

CAPITULO VII

La desocupación sigue pesando sobre los sectores populares como una de las más graves amenazas sin que el Gobierno logre siquiera definir una política ocupacional.

TANTO o más que el alza de precios y las dificultades de abastecimiento, pesa sobre los sectores asalariados la insuficiencia de oportunidades de trabajo y la amenaza de la desocupación. Muchos sectores cifraron en el gobierno demócrata-cristiano la esperanza de que, aunque no se registraran progresos importantes en materia de remuneraciones y condiciones de vida, por lo menos se cumpliera rápidamente con la obligación elemental de que cada chileno en edad de trabajo cuente con una ocupación estable.

En este primer año de gobierno no hay avance positivo alguno en tal sentido. Por el contrario, los índices de desocupación que registra periódicamente el Instituto de Economía de la Universidad de Chile acusan un empeoramiento o, a lo sumo, el mantenimiento de las condiciones adversas que se registraban en años anteriores.

Si se considera el promedio de los meses de marzo, junio y septiembre del presente año, la cuota de desocupados en la fuerza de trabajo de lo que se llama el Gran Santiago alcanza a 5,7 por ciento, en comparación con el 5,4 por ciento que representó en 1964 y el 5,3 por ciento que se registró en 1963. La proporción de desocupados en la actividad de la construcción en los mismos meses corridos de este año alcanza a 15,6 por ciento, o sea, casi el doble de lo que representaba en 1963 (8,5 por ciento).

Por otra parte, es significativo señalar que el número de personas que el Instituto de Economía califica como "población inactiva con deseos de trabajar" ha venido aumentando persistentemente, desde menos de 110.000 personas en enero del presente año a casi 142.000 personas en el recién pasado mes de septiembre. El impacto de las alzas de precios sobre los presupuestos familiares está obligando en los hogares populares a que nuevos miembros del grupo doméstico —las esposas, hijos en edad de estudiar— procuren encontrar alguna actividad remunerada que contribuya, al menos, a mantener los niveles mínimos de vida.

No hay un solo hecho en este primer año de gobierno democratacristiano que insinúe que se vaya perfilando siquiera una estrategia ocupacional de largo plazo que lleve a proporcionar suficientes oportunidades productivas a la totalidad de la población activa y a los miles de jóvenes que se incorporan cada año a la fuerza de trabajo. Y es que en el problema ocupacional confluyen todos los problemas estructurales de fondo: la capacidad o incapacidad para movilizar el excedente económico potencial de la economía chilena para alcanzar tasas verdaderamente significativas de crecimiento; la decisión o ausencia de decisión política para emprender una reforma agraria rápida y vigorosa; el propósito efectivo o puramente formalista de redistribuir el ingreso nacional, y la capacidad o la incapacidad para promover un desarrollo nacional independiente, ampliando y diversificando la estructura de la economía.

CAPITULO VIII

Para mostrar él cumplimiento formal de las promesas antiinflacionistas, se están creando condiciones que van a dañar severamente los ingresos familiares de obreros y empleados el año próximo.

FRENTE a la inflación, la actitud de la democracia cristiana y la política que viene aplicando durante su primer año de gobierno no se diferencia en mucho de la observada por gobiernos anteriores, y en un aspecto hasta puede resultar más perjudiciales para los sectores asalariados.

Como bandera política el partido de Gobierno asumió ante el país el compromiso de limitar el alza de precios en el presente año a un 25 por ciento, y el Ejecutivo parece dispuesto a hacer denodados esfuerzos para que el índice oficial no muestre formalmente una tasa mayor. Para quien no viva la realidad concreta en su presupuesto familiar, ese compromiso parecería en vías de cumplirse. Pero el problema de fondo es contener el alza de los precios, y no manejarse de manera que se ajusten aparentemente a una cifra establecida de antemano.

Los antecedentes presentados por el Consejo Directivo al Cuarto Congreso Nacional de la Central Unica de Trabajadores demuestran lo que sabe muy bien cada dueña de casa: que los índices oficiales están falseando burdamente la verdadera magnitud del aumento de los precios. Para julio del presente año, el valor del arriendo que se incluye en el índice es de 36,75 escudos mensuales, lo que muestra hasta dónde se trata de cifras totalmente fuera de la realidad. Para el mismo mes, una lista de 31 productos de consumo popular, todos de primera necesidad y que se incluyen en el índice de costo de la vida, los precios efectivamente registrados en el comercio eran superiores a les incluidos en sus cálculos y publicados por la Dirección Nacional de Estadística. Y existe además otro problema: el que está ocurriendo con los precios de los productos no incluidos en el índice oficial, muchos de los cuales forman también parte indispensable de los gastos familiares de empleados y obreros. Porque está suscitándose el fenómeno bien curioso que requeriría explicación oficial. En efecto, los productos incluidos en el índice, que se supone constituyen una "muestra representativa", aparecen ahora sistemáticamente con alzas inferiores a aquéllas de los artículos que no forman parte del índice. Un ejemplo: mientras el índice oficial para el componente vestuario señala un aumento de 10,4 por ciento entre enero y junio del presente año, los precios computados también oficialmente, pero que no se incluyen en el índice, acusan aumentos de 26,3 por ciento para los pantalones de franela; 21,8 por ciento para los slips y 34,6 por ciento para los soquetes de niños.

Factores como esos explican la contradicción tan evidente que se anota entre lo que estamos viendo cada día y los resultados con que nos sorprende cada mes el anuncio del índice oficial. Esto es muy serio, porque son muchos los factores que en nuestro país se regulan a base de ese mismo índice oficial. Entre estas cosas figuran nada menos que el sueldo y el salario de que dependen la alimentación y la vida de muchos cientos de miles de chilenos. No puede aceptarse que continúe esa contradicción flagrante entre la realidad y lo que muestran los índices oficiales.

O estos han dejado de ser representativos, y hay que proceder urgentemente a su revisión, o habría que suponer que se está ante una política deliberada de seleccionar precios ficticios, de cuidar los precios de los productos que forman parte del índice y compensar o dejar que aumenten a su antojo los precios de los artículos que no se incluyen en el índice oficial, lo que significaría que el Gobierno se estaría engañando a sí mismo cuando toma en serio esos porcentajes de alza y se estaría perjudicando indebidamente a la mayoría de la población nacional.

El problema ha venido acentuándose recientemente como consecuencia de la grave crisis del abastecimiento alimenticio. Las restricciones al consumo de ganado vacuno han obligado a cambiar la distribución del gasto familiar, y aumentar las compras de sustitutos no incluidos en el índice oficial a precios especulativos determinados por la misma escasez y la ineficacia de los controles que viene aplicando el Gobierno.

A la situación dramática de hoy, se agrega una grave amenaza para los próximos meses. Porque cuando llegue la hora de discutir los reajustes de sueldos y salarios para 1966, sena ese índice deformado y totalmente fuera de la realidad el que el Gobierno pretenderá tomar como base para establecer los ingresos de todo un año de los obreros y empleados, disminuyendo de hecho su capacidad real de compra en proporción muy fuerte.

Esta es una forma de acción anti inflacionista inaceptable. En el fondo, es la misma táctica de disminuir el alza de precios castigando los ingresos reales de los sectores asalariados que han seguido otros gobiernos en el pasado. La novedad que aporta la democracia cristiana está en los aspectos formales y en la dosis de demagogia. Se sustituye la propaganda aérea por la radial y televisada, y los reajustes en proporción inferior al alza del costo de la vida se sustituyen reajustando en cien por ciento respecto de un índice que no tiene ninguna validez real.

Entretanto, las causas de fondo de la inflación, ligadas al mantenimiento de la estructura agraria, a la asfixia del comercio exterior, al peso de la influencia monopolística y de los grandes intereses, continúan intactas, protegidas por la conciliación y el sometimiento y consagradas en los compromisos con el Pondo Monetario Internacional.

CAPITULO IX

La construcción de viviendas está quedando muy por bajo de lo ofrecido; sus niveles son inferiores a los de años anteriores y se continúa beneficiando a los que tienen más recursos.

LA despreocupación por el desarrollo industrial, característica de este primer año de gobierno, responde en gran medida al espíritu de la Alianza para el Progreso, que ha servido de orientación a muchos de los planteamientos de la democracia cristiana. Pero no ha guardado la misma fidelidad cuando se trata de los aspectos positivos de la posición del Presidente Kennedy.

Así ha ocurrido, entre otras cosas, en materia de vivienda, sobre lo cual acumuló además promesas muy específicas durante la campaña electoral. Lo cierto es que hasta el momento, el Gobierno no puede exhibir nada excepcional, puesto que no ha logrado superar los niveles ya logrados en períodos anteriores.

En efecto, el total de la oferta aproximada o futura de vivienda —incluida la edificación iniciada por el sector público y la proyectada por el sector privado— alcanza durante los seis primeros meses del presente año a menos de 18.000 unidades con una superficie inferior a 1,1 millones de metros cuadrados. Si en el total del año se duplicaran esas cifras, lo que es bien dudoso, se quedaría por debajo de la construcción registrada en 1962, en que la superficie total de edificación de viviendas alcanzó a casi 2,5 millones de metros cuadrados.

Además, para llegar a esas cifras, la estadística oficial se encarga de incluir todas las acciones que puedan ayudar a mostrar resultados más halagüeños. El propio Ministro de Hacienda reconoció el día 101 de junio en la Cámara de Diputadas que "la obra cumplida por el Gobierno, en cuanto a la Operación Techo, hasta el día 6 de junio se ha traducido en la reparación de 2.799 viviendas; en la construcción de 3.485 viviendas mediante el sistema de autoconstrucción; en la construcción de 9.660 viviendas prefabricadas; en la construcción de 1.216 viviendas definitivas, y en la entrega de 335 viviendas donadas". Es decir, que de casi 17.500 unidades computadas, apenas 1.200 correspondían a viviendas definitivas; una proporción apreciable, a simples reparaciones, y bastante más de la mitad, a casas prefabricadas.

Al mismo tiempo, las Asociaciones de Ahorro y Préstamo siguen constituyendo para la democracia cristiana uno de los instrumentos fundamentales de su acción en materia de viviendas. Sin embargo, es bien difícil que sobre esa base se pueda atender las demandas de los sectores más necesitados de la población. Un balance de la distribución de las viviendas financiadas por esas asociaciones muestra que, hasta julio del presente año, menos de la mitad del total correspondía a viviendas con una superficie unitaria inferior a los 70 metros cuadrados. El mismo hecho queda en claro si se tiene en cuenta que, de la totalidad de los deudores hipotecarios de esas instituciones, sólo el 15 por ciento corresponden a familias de ingreso inferior a dos sueldos vitales, mientras aquellas que gozan de ingresos superiores a los cinco sueldos vitales representan más del 38 por ciento del total.

Lo que el Gobierno no quiere reconocer es que el problema de la vivienda, como también el de la educación, no puede resolverse mediante determinadas acciones particulares. El problema de fondo es que hay una proporción importante de la población chilena que carece de un trabajo estable; que apenas tiene niveles mínimos de subsistencia y que adolece de deficiencias de alimentación; que anota altos índices de morbilidad; que no logra un mínimo de vestuario; que revela imposibilidad absoluta de enfrentar aún los gastos escolares elementales y mucho menos de participar en el financiamiento de una vivienda o en el pago de un arrendamiento Y esto no se resuelve a través de una política asistencial ni de la caridad, sino mediante los cambios de fondo que ataquen en su raíz misma el problema.

CAPITULO X

La falta de decisión política y la incapacidad administrativa han creado una de las peores crisis de abastecimiento alimenticio a la mayoría de la población.

AL PROBLEMA ya crónico del aumento permanente de los precios, se ha agregado en las últimas semanas una de las restricciones más fuertes que ha debido sufrir la población chilena en su abastecimiento de productos esenciales, que ha reducido todavía más los ya bajísimos niveles de alimentación.

Sería ingenuo pensar que la crisis de abastecimiento es resultado de los lamentables trastornos climáticos de este Invierno. Lo único que hicieron esos factores accidentales fue poner de manifiesto problemas de hondas raíces, y que este Gobierno no ha tenido la decisión política para enfrentarlos en profundidad ni la capacidad administrativa para aliviarlos siquiera transitoriamente.

Es sabido que el estancamiento de muchos años en la producción pecuaria ha llevado a la necesidad de suplir el déficit de carne mediante importaciones desde Argentina. El año pasado, tales importaciones ascendieron a 35 millones de dólares y en lo transcurrido del año actual representan no menos de 28 millones de dólares. Hasta el mes de julio, el Gobierno continuó con el sistema de la pasada administración de abastecer la demanda de manera que los precios de la carne incidieran lo menos posible en el índice oficial del costo de la vida. Mantuvo también las antiguas formas de comercialización, basadas en que un pequeño grupo de industriales controle de hecho a las 1.800 carnicerías que funcionan en Santiago y las 400 ó 600 de Valparaíso y Viña del Mar.

Ante las crecientes dificultades para el mantenimiento de los precios, se estableció más adelante que todas las importaciones se canalizarán a través de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA), de manera que las pérdidas originadas por el mantenimiento del precio interno a los distribuidores y el costo de las importaciones fueran absorbidas íntegramente por el Estado, calculándose su monto en no menos de 14 millones de escudos en lo que va transcurrido del presente año. Se ha dado así la paradoja de que se convierta a una entidad estatal en el gran financiador de un pequeño grupo de intermediarios, de cuyo total de ventas un 40 por ciento corresponde a carne importada por vía oficial. En otras palabras, las pérdidas de la EOA en esta materia no pueden considerarse como un subsidio a los consumidores en su totalidad, sino que buena parte se ha transferido de hecho como bonificación a un pequeño grupo de distribuidores, con la agravante de que éstos han condicionado su entrega a las carnicerías al pago de precios por encima de los oficiales, especulando con la disminución de 1.800 a 1.000 toneladas semanales en las disponibilidades de carne en Santiago y Valparaíso.

Por otra parte, al adoptarse medidas de supresión de beneficio y expendio de la carne, los intermediarios han volcado el abastecimiento hacia los sectores de altos ingresos, que pueden acumular y pagar sobreprecios especulativos. En otras palabras, la falta de decisión o la incapacidad del Gobierno paria cambiar el sistema de distribución no ha hecho otra cosa que favorecer el consumo de los sectores económicamente más fuertes y a un pequeño grupo de intermediarios, entre los que se dividen los subsidios que pagan todos los chilenos para el mantenimiento de precios.

Los sectores populares, en cambio, privados del abastecimiento de carne, tampoco han podido sustituirla totalmente por otros alimentos similares. Poniendo de manifiesto una increíble incapacidad de previsión, sólo a última hora vinieron a hacerse esfuerzos por abastecer a la población de aves, cerdos y pescado, abriendo nuevas posibilidades a la especulación. Estos hechos reflejan, en resumen, hasta dónde esta Administración ha carecido de una política clara de abastecimiento, que conjugue medidas drásticas con las necesidades de mejoramiento en la dieta alimenticia de la mayoría de la población.

En otros campos de los suministros de productos básicos ha sucedido o está por ocurrir algo similar. Estamos a dos meses de la iniciación de la próxima cosecha de trigo y existen dudas acerca de su verdadera magnitud, si bien todo parece indicar que será inferior en 10 a 15 por ciento de la cosecha anterior. Sin embargo, apante de un plan triguero que tiene un papel circunscrito a una sola área de producción, el Gobierno no ha adoptado medidas para evitar mayor escasez de este cereal. Como es ya tradicional, se recurre, una vez más, al resorte apresurado de suscribir un nuevo convenio de excedentes agrícolas con los Estados Unidos, ahora por 200.000 toneladas de trigo, además de las 110 mil toneladas que se han importado desde Argentina con un costo de 8,5 millones de dólares. Las dos operaciones representarán así, por este solo concepto, 24 millones de dólares. El 50 por ciento del valor de los excedentes agrícolas norteamericanos se destina a gastos de la Embajada de EE.UU. en Chile, sin control alguno de su inversión y que llega a 10 millones de dólares aproximadamente.

Así, pues, la democracia cristiana tampoco ha innovado nada en este aspecto, sino continúa con la vieja política del endeudamiento externo para el abastecimiento de productos que el país, bajo una política distinta, tendría sobrados recursos para satisfacer. La única novedad que se ofrece ahora es que, aún con ese endeudamiento, la población no encuentra el abastecimiento indispensable y empeoran sus niveles de alimentación.

CAPITULO XI

La sumisión a los intereses extranjeros está anulando las posibilidades de definir una política nacional de industrialización.

UNO de los aspectos básicos en todo esquema verdaderamente nacional de desarrollo es el de una industrialización rápida y bien orientada, que cree las condiciones de una auténtica independencia económica; que sea capaz de ofrecer una corriente amplia y a costos razonables de productos manufacturados dirigida hacia las necesidades de las grandes masas de la población nacional; que suministre buena parte de las maquinarias y equipos requeridos para ampliar constantemente la capacidad productiva del país, y que provea de un número creciente de empleos a niveles más altos de productividad y tecnología.

Ese objetivo genuinamente nacional encuentra, sin embargo, la tenaz oposición de los intereses foráneos, a los cuales interesa el mantenimiento de relaciones neocoloniales con los países poco desarrollados. Choca también con las ventajas de los monopolios industriales internos, a los que preocupa más el mantenimiento de sus privilegios actuales que la persistente ampliación y modernización de la base industrial.

A la luz de esas consideraciones, no es de extrañar que el primer año de gobierno de la democracia cristiana no exhiba ningún nuevo proyecto industrial importante. Sus personeros, a quienes se supone entregada la responsabilidad de la política industrial, han ocupado su tiempo en suavizar las negociaciones con las empresas extranjeras del cobre y en tramitar nuevos préstamos externos o en la renegociación de la deuda externa existente.

Se sigue perdiendo, así, el impulso industrial que fue capaz de imprimir a Chile el Frente Popular en su primera etapa y se va desvirtuando el espíritu con que, en aquella época, se creó la Corporación de Fomento. En manos de la democracia cristiana, la CORFO continúa languideciendo, convertida en agente de contratación de préstamos para los grandes empresarios agrícolas y algunos monopolios industriales.

CAPITULO XII

El independentismo actual en las relaciones exteriores es más verbal que efectivo. Las relaciones con los países socialistas responden a condiciones internacionales. La OEA desapareció después de Sto. Domingo. Se la pretende revivir con sus mismas taras: el predominio norteamericano. Continuismo del Gobierno democratacristiano.

COMO la conducción de las relaciones exteriores es asunto privativo del Presidente de la República, la política que se sigue en este orden de cosas tiene que ser calificada a través de los hechos que desde fuera se aprecian, sin que pueda entrarse a un análisis en profundidad.

Es de interés resumir los acontecimientos que pueden servir para juzgar la línea del Gobierno democratacristiano y cuyo contexto clarifica la materia:

a) REANUDACIÓN de relaciones con países socialistas: Unión Soviética, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria. Polonia y Rumania.

b) ACTITUD DISIDENTE de la línea de Estados Unidos frente al caso dominicano.

c) CARTA DE FREI a los cuatro altos personeros de los asuntos económicos y financieros del continente: Raúl Prebish, Carlos Sanz, Antonio Mayobre y Felipe Herrera. (Integración Latinoamericana).

d) VIAJE DE FREI por cuatro países de Europa (Italia, Francia, Alemania e Inglaterra) y por cinco países de América Latina (Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela y Perú).

e) INTENSIFICACIÓN de las relaciones con Argentina. (Integración Económica)

f) DETERIORO de las relaciones con otros países latinoamericanos, especialmente con Brasil.

g) PROPOSICIONES DE TIPO ECONÓMICO dentro del seno de la Organización de Estados Americanos, tales como el proyecto de "Solidaridad Económica" .

h) DISCURSO Y VIAJE del Canciller a EE.UU.

i) ANUNCIO DE TOMIC relativo a la posibilidad del reconocimiento de China Popular dentro de la Organización de las Naciones Unidas.

j) VISITAS del Presidente de Italia, de los Reyes de Bélgica.

k) ACERCAMIENTO con el nuevo Estado africano de Zambia, cuyo Ministro de Relaciones estuvo en Chile.

En la imposibilidad material de tocar todos estos puntes, analizaré los más s[obre]alientes.

En la reanudación de relaciones con los países socialistas y en el establecimiento de ellas con otros con los cuales jamás se las tuvo, no hay un índice de sentido de independencia, ya que se han dejado fuera del contacto oficial, la República Democrática Alemana, la República Popular China y Cuba.

En los tres casos se trata de naciones consideradas como "enemigas" por EE.UU. y la existencia de la República Democrática Alemana es rechazada por el Gobierno de Bonn, cuya subordinación al Departamento de Estado es un hecho y cuyo régimen mantiene estrechas vinculaciones con la democracia cristiana.

La situación expuesta invita a pensar que la apertura de relaciones con la URSS y otros países socialistas es, antes que todo, consecuencia del aflojamiento de las tensiones que se advierte en el plano mundial entre el Kremlin y la Casa Blanca y que, en los hechos, la preeminencia norteamericana sigue vigente. Esta circunstancia se corrobora porque en los primeros días de su gobierno, el Presidente Frei y su Ministro de Relaciones anunciaron la expectativa de conversaciones con Cuba. Estos puntos de vista fueron refutados por el Embajador de Estados Unidos en la ONU, Adlai Stevenson, y nada, desde entonces, se ha emprendido. Algo idéntico ha acontecido con China Popular. El Embajador Tomic anticipó que Chile podría votar favorablemente su ingreso a la organización mundial. Luego hubo de formularse una rectificación, a raíz de una protesta del Departamento de Estado.

Tampoco puede ignorarse lo que se comprueba en el intercambio comercial de que se habla con los países socialistas. A pesar de la buena voluntad de las respectivas misiones, no se ha podido avanzar, en forma de que ofertas socialistas fueron desplazadas por otras norteamericanas menos ventajosas. Corresponde tener en consideración que el trato internacional que hoy predomina permite a cualquier gobierno decidido operar con el mundo socialista, cosa que la democracia cristiana ha hecho en forma esporádica y sin significación.

El punto saliente de la acción internacional del Gobierno está representado por su actitud durante la crisis dominicana.

Esta posición, que nosotros hemos reconocido como positiva, expresa lo que ha constituido una conducta tradicional chilena. Nuestra Cancillería, a través de los años, ha procurado reflejar en este tipo de acontecimientos lo que la opinión pública siente. En el caso dominicano se midió cuan adverso a la intervención era el juicio de los chilenos. Adoptar una línea crítica respecto de Estados Unidos era fácil con la ventaja de que los dividendos políticos se hallaban a la vista.

En el caso dominicano, si se es objetivo, hubo por parte de nuestro gobierno más golpes efectistas que pasos reales. Es evidente que, a medida que Estados Unidos enfrentó a los demás países con hechos "consumados", la línea chilena se atemperó, más que nada porque en círculos oficiales cundió la apreciación de que estábamos quedando "aislados". Los marines siguen ocupando la isla aún hoy y cada día se acentúa la acción contra el gobierno que transitoriamente ejerce el poder.

Debe recordarse que el Presidente Alessandri, a pesar de ser un gobernante conservador, en el orden externo observó líneas definidas, hasta donde se lo permitió EE.UU.

No hay que olvidar que, en la actualidad, abrir contactos con el mundo socialista implica menos audacia que hace diez años y, por lo mismo, el Gobierno sólo se ha amoldado a la nueva coyuntura internacional.

El fenómeno de la República Dominicana no puede aislarse del contexto de los acontecimientos americanos. En su análisis no es dable ignorar a la OEA.

El Gobierno de Chile no se hace a la idea de que la OEA dejó de existir con la intervención en la República Dominicana. A partir de ese momento, la juricidad regional fue borrada y, por lo mismo, la organización que la encarnaba. La Cancillería chilena trata de revivirla asignando funciones "audaces" a la OEA en el orden económico. Esto es algo artificial. Los problemas del desarrollo nacen de deficiencias estructurales y para superarlas se requieren transformaciones políticas que no surgirán de injertos, como la Alianza para el Progreso y sus derivaciones.

Chile tendrá que clarificar su línea de conducta en la próxima Conferencia de Río de Janeiro, convocada bajo el impacto de la "doctrina Johnson" y de la destrucción de los principios de libre determinación y no intervención.

Surge a la vista, que el Gobierno no puede superar el complejo de la dependencia de Estados Unidos.

La aspiración de la democracia cristiana sería llegar a la constitución de un bloque latinoamericano para manejarse mejor con el Gobierno de Norteamérica.

Aseveró en Nueva York el Canciller Valdés:

"Chile considera esencial para realizar las reformas estructurales y lograr la integración, una estrecha asociación con Estados Unidos, en términos de dignidad, de respeto, de confianza y de comprensión recíproca. Esta asociación no está basada sólo en la geografía que de suyo es determinante de realidades políticas y económicas. Ella se ha venido alimentando en un continuado proceso de elaboración jurídica que ha dado forma a un sistema regional, el más antiguo y vasto del mundo".

Se sigue, pues, en los hechos, en la línea de los gobiernos anteriores, sometiéndose a les dictados de Estados Unidos. El avance en materia de independentismo resulta —como todo lo de la democracia cristiana — más verbalista que real.

El viaje del Presidente Frei por Europa fue interpretado como un hábil intento de reforzar la independencia de su Gobierno con el concurso de países que, a pesar de los formulismos, en el fondo alentarían antagonismo contra Estados Unidos.

Profundo error. Se trata de naciones manejadas por gobiernos capitalistas, al estilo inteligente de Europa, que están intensamente ligados a los intereses norteamericanos. Así, resultaba una incongruencia imaginar que el régimen de Bonn ayudaría a Chile a espaldas de EE.UU. El control yanqui en Alemania Federal es aplastante. Casi otro tanto acontece en Italia. Inglaterra depende en estos momentos si no de la ayuda, por lo menos de las expectativas del concurso americano. Sólo Francia denota una posición "díscola".

En su actitud política, el viaje del Sr. Frei puede resumirse así: en las naciones subordinadas a Estados unidos empleó un lenguaje más audaz, porque se sabía que el verbalismo no hallaría una respuesta efectiva que pudiera herir al Departamento de Estado. En cambio, en Francia, donde la reacción quizá acusaría otras proyecciones, se mantuvo una línea cautelosa.

En cuanto a los resultados económicos, hay que tener en cuenta algo que se olvidó. Intelectualmente, la mentalidad europea es rigurosa en la apreciación de los conceptos. El Presidente Frei viajó para dar a conocer una revolución. Aun el hombre de negocios del viejo continente —por cultura— no ignora que una revolución es una revolución y que implica, en los hechos, la substitución de valores fundamentales. Los interlocutores del Jefe del Estado tienen que haber alcanzado conciencia —el capitalismo es sensible a la información— de que Chile efectivamente requiere cambios estructurales y que éstos implican reemplazo del inversionismo internacional por fórmulas de afianzamiento socialista. Por lo tanto, debe haber originado alguna sorpresa que se pregone una revolución y que por el otro lado, se tiente a los financieros con garantías típicamente capitalistas. Los empresarios tienen que haberse planteado cuestiones contradictorias: si se trata de una revolución, las inversiones no proceden y sólo se busca brindar acicates para desposeernos posteriormente de nuestros bienes; si no se piensa cumplir la tal revolución, hay probabilidades de que el pueblo, movido por tanta prédica revolucionaria, no se someta mansamente al engaño, actuando por su cuenta, en cuyo caso los aportes se tornan aún más peligrosos. Conclusión: la expectativas de afluencia de inversionistas europeos privados no deben haberse afianzado después del recorrido oficial.

El propio Canciller Valdés corroboró en alguna medida estas deducciones. En su discurso ante la ONU afirmó:

"Europa está dando hoy crecientes manifestaciones de solidaridad con América Latina. Consideramos que esta vinculación enriquece, articula y complementa las relaciones de América Latina con Estados Unidos, aportando Europa su genio creativo expresado en tantos valores políticos, sociales y culturales que nos son comunes".

Algo así como un calmante para Estados Unidos y un reconocimiento publico de que Chile no espera de Europa sino ayuda política, social y cultural.

Un punto que no aparece claro es el de las relaciones con la República Argentina.

El Gobierno insiste en la integración entre ambos países. Sin embargo, no se descubre el contenido práctico de semejante propósito, aunque es obvio que se están moviendo intereses económicos cuantiosos. En el esquema que hoy caracteriza a una eventual integración no surge la conveniencia de hacerla, dentro de la posición anticapitalista de la democracia cristiana.

Igual carencia de nitidez se anota en la inspiración que guía a Chile en sus negociaciones sobre asuntos limítrofes. Parecería que nuestro Gobierno se esfuerza en impedir se altere la existencia del régimen civil del Presidente Ullia, cuyas discrepancias con las fracciones militares son permanentes. Pero, por otro lado, hay que precisar que el "gorilismo" vecino reconoce estrecha dependencia del Pentágono.

En este orden de cosas surge sólo un clásico "continuismo" y nada más.

Mientras el desarrollo se construya a partir del concurso financiero de empréstitos e inversiones foráneas, resulta obvio que el Fondo Monetario y las compañías de la Gran Minería del cobre constituyen la urdimbre de nuestra actitud internacional. Sin aceptación de las exigencias de las entidades referidas no hay dólares. La mecánica de las relaciones con los demás países del continente —por razones que fluyen indiscutibles al menor análisis— también tendrá que cumplirse dentro del mismo concepto de interrelación. Si no se derrota la fatalidad del entreguismo respecto de EE.UU. mediante una revolución genuina —con sus riesgos históricos— pretender independencia en la conducción internacional es una utopía.

CAPITULO XIII

La promoción popular: un año de suspenso. ¿Será un Club de la Unión al revés? No es invento chileno: un sacerdote extranjero el "Gran Promotor". Molestia del oficialismo democratacristiano: la herramienta se les escapa. La "Planificación Popular"

ES IMPOSIBLE juzgar a la Promoción Popular por sus obras ya que hasta el momento sólo se sabe de la participación de la Consejería de Promoción Popular en situaciones aisladas de mínima importancia. No podría analizarse a la Promoción Popular por haber instalado unos veinte aparatos telefónicos en diversas poblaciones o por haber incorporado al lenguaje corriente las expresiones "promovido" y "marginal". Tampoco puede analizarse el sentido de la Promoción Popular por los múltiples discursos del líder de esa empresa, Sergio Ossa Pretot. La Promoción Popular, expuesta como pieza básica del nuevo Gobierno, sólo puede ser examinada en el suspenso de sus perspectivas, mantenido por el plazo de un año.

APARENTEMENTE la Promoción Popular estaría llamada a provocar dinamismo social en la estancada sociedad chilena. El 10 de diciembre el Presidente Frei dijo: "He querido invitarlos hoy a La Moneda para poder dar comienzo a uno de los aspectos más fundamentales —yo diría tal vez el más fundamental— de nuestra tarea de Gobierno. Hemos sostenido que este país no se salvará ni por el esfuerzo del Estado ni de algunos grupos, sino por el esfuerzo del pueblo entero, que comprenda las tareas que el Gobierno le señala, las haga suyas, y participe de ellas de una manera responsable y dirigente. Sólo en la medida que esta integración se haga efectiva, es como podremos movilizar los recursos humanos de nuestro país, y, al mismo tiempo, darle autenticidad a nuestra democracia".

PERO DE ESTAS palabra y de las muchas pronunciadas en el Gobierno sobre Promoción Popular surge la fuerte contradicción que, una vez mas, certifica el carácter más definible del equipo gobernante: su ambigüedad. Desde el momento en, que se crea una organización para atender las necesidades de un sector social, por separado, se está negando la integración de la sociedad. Para dotar de teléfonos a una población no se necesita crear un servicio especial, tanto más cuanto que vamos a ser socios de la compañía, ni tampoco para vender máquinas de coser en cómodas cuotas a las pobladoras, ni menos para preocuparse de la educación de los niños de determinadas poblaciones. De hecho se está discriminando en una sociedad que deba integrarse naturalmente. Para los teléfonos, para las máquinas de coser a crédito, para la educación, deben funcionar dentro de una sociedad dinámica los mismos mecanismos para todos los ciudadanos.

LA DISCRIMINACIÓN convierte a la expresión "marginalidad" en una variante moderna de la evangélica concepción de los pobres como institución. Sería una especie de "Club de la Unión" al revés con socios más abundantes.

Para entender mejor esta entelequia podría exagerarse su imagen. Por ejemplo, mucho se ha dicho que los conscriptos de las Fuerzas Armadas acusan una tendencia al enanismo. Eso estaría determinado por el grado de desnutrición de nuestro pueblo. La Promoción Popular entendería que para dar solución al problema habría que crear dos ejércitos, uno con hombres altos, bien nutridos, y otro de enanos. Claro está que los últimos no podrían integrar la guardia de "La Moneda". Su acceso se circunscribiría al Patio de Los Naranjos.

LA INTEGRACIÓN social surge en una comunidad dinámica en la cual todos los ciudadanos tienen iguales deberes y derechos. La marginalidad es el reconocimiento objetivo de un fenómeno producido en un conglomerado humano en el cual imperan los privilegios que permiten que un grupo tenga en sus manos el poder económico, político y social.

LA ATENCIÓN de los grupos pauperizados del país por instituciones especiales es la oficialización de aquellas organizaciones ñoñas que hacían la caridad con el producto de rifas o colectas. Pese a esta realidad el Presidente Frei ha dicho: "Pero para eso no se puede seguir el camino ni del paternalismo privado ni del paternalismo estatal".

PARA SUPERAR el paternalismo hay un solo camino y él lo abre el pueblo cuando se impone como clase social.

ESTO LO SABEN los que han creado entelequias como la Promoción Popular y además tal conocimiento constituye su principal preocupación. Su tarea es, justamente, contener a las grandes mayorías para que no abran su propio camino. En lugar de dejar que el pueblo aspire a tener los mismos derechos que un potentado se le dice que hay un tipo de hombre especial, "el marginado", a quien se le "promoverá" para que cuente con una máquina de coser a crédito, con un teléfono para ochenta mil personas, con un paquete Caritas y una "mediagua". Es decir, un destino congruente con la automatización, la era sideral y demás minucias de nuestro tiempo.

HAY UN GRUPO que ha estudiado con seriedad, movido por la inquietud que les provoca el desafío popular, el conflicto que se advierte en la deformada nación chilena. Sabe que existen tensiones, conoce la capacidad que desarrolla el pueblo si una vanguardia política le guía hacia el poder. También sabe que tiene una obligación: contener a la historia. De todo eso ha nacido una Promoción Popular.

LA PROMOCIÓN POPULAR no es un invento criollo. Por el contrario es una fórmula importada. Esto no constituiría motivo de crítica porque es obvio que Chile siempre ha aprovechado el pensamiento europeo y de otros continentes. Es necesario señalar que no se trata de un aporte ideológico, sino de prolongar en Chile un plan cuyos orígenes no se encuentran debidamente aclarados aun cuando puede señalarse que a él no son ajenos los círculos imperialistas.

ES ÚTIL CONOCER el informe de la Comisión de Promoción Popular «al Consejo del Partido Demócrata Cristiano que textualmente señala: "Parece necesario decir algo, también, sobre la acción que DESAL ha estado desarrollando en estos últimos añas en Chile y América Latina. Para nadie es desconocida su acción y los medios con que cuenta. Por la revista MENSAJE nos hemos enterado que entre los días 15 y 26 de febrero pasado se realizó en Santiago un seminario de corresponsales de DESAL en América Latina. Participaron el CELAP (?), personeros de MISEREOR, del Instituto de Solidaridad Internacional, etc. El temario fue análisis de los problemas de la Promoción Popular, ubicación de DESAL frente al Estado, la Iglesia y otras organizaciones. Además, del 21 al 23 del mismo mes, en el Hotel Crillón, auspiciado (así dice la información) por el Gobierno de Chile, y organizado por DESAL, tuvo lugar el Seminario Triángulo (AMERICA LATINA. ESTADOS UNIDOS Y EUROPA). Participaron: la Universidad de Notre Dame, Fundación Rockefeller, Fundación Ford, DESAL (Chile), LOES (Venezuela), INDES (Ecuador), etc. El temario fue la Promoción Popular. Conclusiones: formación de un Consejo Mundial de Promoción Popular en América Latina; un Consejo de Asuntos Latinoamericanos en Europa, uno en Estados Unidos y uno en América Latina (DESAL). Una secretaría general en Norteamérica, una en Europa y una en América Latina". La crónica nada dice, desgraciadamente, acerca de la forma cómo se plantean las relaciones entre toda estructura de Promoción Popular y el Estado chileno. En suma, la Comisión ve como un peligro la influencia de todas estas siglas internacionales en la orientación de nuestra Promoción Popular y cree necesario dejar expresa constancia de ello. Nuestro Partido es profundamente laico (en el buen sentido de la palabra) y lo anteriormente expuesto ha producido ya una reacción desfavorable de parte de la militancia del Partido.

EL PRINCIPAL "promotor" de la Promoción Popular en Chile es un extranjero y no un miembro responsable del Gobierno chileno. Es el sacerdote jesuita Roger Vekemans, de nacionalidad belga. Para hacer funcionar sus planes se ha valido del aporte económico foráneo y clandestino, lo que torna doblemente delicada la intervención suya en el país.

La crítica oficial del informe citado por la democracia cristiana no se dirige a repudiar la Promoción Popular en sí. Se diría más bien que hay una protesta por la entrega en manos extrañas de tan poderosa herramienta de penetración política. Por lo tanto, ofrece ella otro tipo de peligro: el eventual establecimiento de un aparato de control de vastos núcleos populares, a través de su corrupción por el soborno, entrega de privilegios, favoritismos, etc.

Nada más indicado que la Promoción Popular para demostrar el falso concepto de revolución que alienta al Partido de Gobierno. La auténtica revolución sin apellidos, cumplida por voluntad popular, no necesita del establecimiento de un "ghetto" dentro del país.

Un genuino proceso revolucionario significa que todos los ciudadanos se incorporan al destino nacional. La democratización no se traduce en el sufragio esporádico sino en una acción constante y participante en el Gobierno. El factor dinámico indispensable es la "Planificación Popular". El desarrollo nacional se enuncia en programas claramente configurados, tanto cuali como cuantitativamente como en su cronología. Estos programas no pueden ser concebidos al margen de la realidad por "sabios" — uno, nueve o cientos— burócratas sino apenas delineados por los especialistas, pero las masas trabajadoras tienen que intervenir en todo el proceso, desde su proyección hasta su ejecución, fiscalización y cumplimiento. Y para esto se requiere el reconocimiento efectivo —dentro de la máquina administrativa del Estado— de las organizaciones en que los trabajadores se agrupan, desde el núcleo sindical más simple a las federaciones y a las demás entidades de nivel nacional. La experiencia revela que ésta es la única forma de que el pueblo sea "promovido" a su papel histórico. Nosotros no habríamos jamás organizado un Ministerio de Promoción Popular, sino habríamos actuado como corresponde: el pueblo habría sido el Gobierno.

A la Corte de los Milagros que parece ser la Promoción Popular se opone la Planificación Popular. Una, expresa confusión y ambigüedad; la otra, democratización concreta y cumplimiento, por las mayorías nacionales, de su misión histórica.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02