derechos humanos


Un año de régimen del terror en Chile
Comisión Internacional Investigadora de los Crímenes de la Junta Militar en Chile

Estocolmo, Sede del Parlamento
7 de septiembre de 1974


Un año de régimen del terror en Chile

Estocolmo, Sede del Parlamento
7 de septiembre de 1974

Comisión Internacional Investigadora
de los crímenes
de la Junta Militar en Chile

Este documento tiene por objeto dar una síntesis de los principales aspectos legales que arroja un año de régimen de terror de la junta militar en Chile. El documento se basa en el material recogido en la Primera Sesión de la Comisión Internacional Investigadora de los Crímenes de la Junta militar en Chile, celebrada en Helsinki, Finlandia, del 21 al 24 de marzo de 1974, en la Sesión Extraordinaria de Copenhague, Dinamarca, del 26 al 27 de junio de 1974, en la Sesión Ampliada del Secretariado de la Comisión reunida en Helsinki del 4 al 5 de agosto de 1974 y en la reunión del Subcomité Jurídico de la Comisión verificada en Berlín, República Democrática Alemana, el 4 de septiembre de 1974.

La Comisión basa su trabajo en diferentes categorías de testimonios que se enumeran bajo el título «La naturaleza de la evidencia». Las pruebas provienen de diferentes fuentes: observadores que fueron enviados a Chile por la Comisión; delegaciones de parlamentarios y varias organizaciones internacionales que han enviado delegaciones a Chile, por ejemplo, la Unión Internacional de Juristas Democráticos, la Comisión Internacional de Juristas, la Amnistía Internacional, la Internacional Socialista, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, sindicatos y organizaciones juveniles.

Este documento no es ni completo ni definitivo. Hasta el momento actual se ha llegado a conocer sólo una parte de los crímenes cometidos por la junta y sus cómplices. Más tarde, cuando la Comisión haya recogido y analizado nuevas pruebas, se publicará una lista más completa. Pero desde ahora es posible dar un cuadro general de los crímenes, evaluando y clasificándolos sobre la base de la Constitución y de las leyes de Chile y desde el punto de vista del derecho internacional.

Rebelión armada y establecimiento del régimen militar

Derrocamiento del gobierno constitucional por la fuerza

1. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas Chilenas derrocaron el Gobierno del Presidente Salvador Allende, establecido constitucionalmente y que durante todo su mandato actuó conforme al poder que le confirieron la Constitución y las Leyes de la República de Chile.

Por definición, entonces, la toma del poder por los militares fue anticonstitucional. Constituye, conforme al Artículo 3 de la Constitución, una «rebelión armada» sujeta a sanción según el artículo 121 del Código Penal de Chile y al artículo 267 del Código de Justicia Militar.

Destrucción de las instituciones constitucionales y del sistema político democrático

2. El «poder supremo de la nación» es ejercido ahora por la junta militar (decreto-ley nș 1, inciso 1).

En Chile han sido destruidas todas las instituciones constitucionales.

El pueblo chileno ya no dispone de medio alguno para formarse una opinión ni expresar su voluntad. Por cierto, uno de los primeros actos de la junta fue el de disolver el cuerpo legislativo electo: el Congreso (decreto-ley nș 27 del 21 de septiembre de 1973).

En su lugar, los cuatro miembros de la junta asumieron el «poder constituyente, legislativo y ejecutivo» (decreto-ley nș 128, corroborado por el decreto-ley nș 527 del 26 de junio de 1974 sobre el «estatuto jurídico» de la junta), y se han arrogado el poder de modificar arbitrariamente el texto de la Constitución declarando que los decretos-ley modificatorios de la Constitución son «parte de su texto y deben considerarse incorporados a ella» (artículo 3 del decreto-ley nș 128). La voluntad de los generales de las Fuerzas Armadas se convierte en ley investida de suprema fuerza legal.

Establecimiento de un aparato de estado burocrático-militar

3. Bajo la junta, compuesta por los jefes de las tres armas y el jefe de la policía militarizada (Carabineros), las instituciones democráticas, el Presidente y el Parlamento, han sido reemplazados por órganos militares dictatoriales.

Actualmente el gobierno consiste de 14 generales y almirantes subordinados a la junta.

Se otorgó poderes administrativos extraordinarios a los jefes de unidades militares que de hecho son gobernadores locales de la junta. Oficiales, nombrados «jefes de las zonas de emergencia», gozan de derechos ilimitados para la «salvaguardia preventiva de la seguridad interna» y para controlar los movimientos (de entrada y salida y entre las zonas). Pueden «Dar todas las ordenes que consideren necesarias para mantener el orden interno», lo cual incluye órdenes de represalias contra la población (decreto-ley nș 243, ley nș 12.927, artículos 33 y 34).

Proclamación de un permanente «estado de guerra interna»

4. La junta ha impuesto a todo el país un «estado de sitio» anticonstitucional (decreto-ley nș 3) y ha proclamado que la nación se encuentra en un «estado de guerra» por demás ficticio (decreto-ley nș 5).

Conforme a la Constitución chilena, sólo el Presidente de la República puede declarar el «estado de emergencia», y esto exclusivamente en caso de una «guerra externa», o bien el «estado de sitio» en caso de un «ataque desde el exterior» (artículo 72, número 17, inciso 1). En caso de disturbios internos, el Congreso tiene el poder de declarar el «estado de sitio» en una o varias regiones. Si el Congreso no está en período de sesiones, el Presidente puede, en su lugar, proclamar el estado de sitio por un tiempo limitado (artículo 72, número 17, inciso 2).

Dejando a un lado el hecho de que sólo el Presidente o el Congreso tienen facultad para iniciar tales medidas, faltaban todos los motivos previstos por la ley para decretar el «estado de sitio» o el «estado de guerra». No había ningún ataque de un enemigo externo ni una guerra real. Lo único que existía era la opresión unilateral del pueblo chileno por la junta.

Estas manipulaciones sirvieron como pretexto para establecer tribunales militares especiales que aplican sanciones y represiones drásticas vigentes en tiempos de guerra.

Al definir sus razones para la proclamación del «estado de guerra», la junta recalcó claramente la «necesidad de la represión drástica en su sentido más estricto» y la necesidad de «conceder la mayor libertad a los tribunales militares» (las razones de hecho están dadas en los incisos b y c del decreto-ley nș 5). Remitiéndose a lo anterior, han sido aplicadas penas extremadamente duras, incluyendo la pena de muerte, por una serie de acciones dirigidas «contra la seguridad del estado» (decreto-ley nș 5, artículo 4, incisos a, b, c y d).

El régimen de terror

Represalias extrajudiciales por los militares y la policía

5. Desde el primer día de su toma de poder y durante los doce meses de su régimen, la junta practica detenciones arbitrarias y masivas para subyugar a sus adversarios políticos y crear una situación de inseguridad y temor permanentes. Los materiales oficiales y las apreciaciones hechas por expertos muestran que aproximadamente 30.000 ciudadanos chilenos fueron asesinados sin proceso o sumario.

Estadios deportivos, cuarteles, bases militares (El Bosque y Cerro Moreno), instituciones y academias militares (en Santiago, Valparaíso, Antofagasta) fueron convertidos en prisiones y centros de interrogatorio, donde seres humanos han sido y son sometidos a las más atroces humillaciones. Campos de concentración (Pisagua, Tejas Verdes, Chacabuco) fueron añadidos a la larga lista de lugares de tortura. Las barracas de prisión en la isla de Dawson, donde miembros dirigentes de los partidos políticos de la Unidad Popular y del Gobierno de Salvador Allende estuvieron recluidos durante largos meses bajo condiciones inhumanas, se han convertido en símbolo de venganza y crueldad políticas.

Las cifras más recientes acusan que no disminuye el número de los arbitrariamente detenidos. Los datos oficiales indican que 10.838 personas más fueron detenidas en la segunda mitad de julio de 1974. En los primeros días de septiembre de 1974 el número se había elevado a 21.154. Hubo días en que las detenciones pasaron de 1.600. Como consecuencia, se han abierto nuevos campos de concentración en Chacalluta, Santa Cruz Castro y Puerto Natales.

Por regla general, las detenciones se hacen por simples razones «preventivas», sin denuncia ni comunicación de los motivos de la detención y sin respetar el derecho de defensa personal o de elección libre del defensor. Esto constituye una violación flagrante de las garantías cimentadas en los artículos 13 y 15 de la Constitución chilena. Además, las detenciones arbitrarias constituyen un crimen según el Código Penal de Chile, artículos 141, 148 y 149.

6. En cumplimiento del artículo 16 de la Constitución, el Código de Procedimiento Penal estipula que toda persona que sea detenida o todo el que actúe en su nombre, puede apelar a los órganos judiciales exigiendo las garantías legales respecto a la detención arbitraria o infundada o en relación a una detención practicada por órganos no autorizados. El conocimiento de las reclamaciones respecto al recurso de amparo corresponde en primera instancia a las Cortes de Apelaciones (Código Orgánico de Tribunales, artículo 63, nș 4, letra b).

La junta, ciertamente, no ha respetado ninguna de estas garantías fundamentales. También los tribunales han evadido sus responsabilidades legales. Bajo el pretexto inaceptable de que están fuera de su jurisdicción las medidas tomadas por las autoridades militares durante el estado de sitio, las Cortes de Apelaciones han adoptado una posición de «incompetencia» en lo que respecta a las arbitrariedades de los militares y la policía (ver, por ejemplo, la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto al recurso nș 516-73 sobre la detención de Carlos Briones, Clodomiro Almeyda, Jorge Tapia y otros).

La misma Corte Suprema de Chile, que sumisamente ha manifestado su apoyo a la junta en una declaración del 13 de septiembre de 1973 y en otra del 25 de septiembre de 1973, sancionó las arbitrariedades de la administración aludiendo al carácter «extraordinario» de las detenciones.

La Corte Suprema, al rechazar la queja presentada en el caso del joven Luis Adalberto Muñoz, de 15 años de edad, efectuada por las autoridades militares alegando motivos políticos, declaró que las medidas de protección de menores que contravienen las disposiciones de las autoridades, no pueden tener prioridad bajo las condiciones del estado de sitio. Esto significa que la Corte Suprema se negó a cumplir sus deberes constitucionales y se ha entregado totalmente a la dictadura militar.

Para ilustrar el desacato de las leyes por la junta, haremos referencia al decreto-ley nș 228, artículo 2, que declara llanamente «conforme a la ley» todas las detenciones hechas desde el 11 de septiembre de 1973 hasta la fecha de la publicación del decreto-ley (o sea, hasta el 8 de enero de 1974). El mismo decreto-ley estipula que las detenciones administrativas bajo las condiciones del estado de sitio son reconocidas como legales si en la orden de detención aparece la fórmula «por orden de la junta».

Incluso el negarse a comparecer o el dilatar por más de cinco días la comparecencia cuando una persona aparece en las listas publicadas con orden de detención, son declarados crímenes independientes penados por los tribunales militares extraordinarios según las leyes de tiempo de guerra (decreto-ley nș 81, artículo 1). También serán sometidos a juicio por los tribunales militares, por el delito de colaboración a la fuga, aquellos que den asilo a una persona con orden de detención y la favorezcan en cualquiera otra forma (decreto-ley nș 81, artículo 5, y decreto-ley nș 189).

Por ende, el régimen de terror por medio de detenciones y encarcelamientos arbitrarios aplicado por la junta constituyen una violación directa de las normas constitucionales y de las estipulaciones del Código de Procedimiento Penal.

La junta militar es responsable de estos actos en lo que respecta al derecho internacional. Han sido ignorados totalmente una serie de instrumentos obligatorios sobre la protección de los derechos humanos que Chile se ha comprometido a respetar solemnemente. Haremos mención del Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos (1966), artículo 9, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, artículos 8 y 9, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969), artículo 7.

Aplicación de torturas y otras formas de violencia a los detenidos

7. Un elemento permanente del régimen establecido por la junta es la aplicación de torturas y otros actos de violencia contra los detenidos y la creación de condiciones insoportables para ellos.

Las torturas y otros actos de violencia ya han tenido como resultado la muerte y la completa extenuación física de un gran número de detenidos. Numerosos dirigentes de la Unidad Popular han sido sometidos a condiciones penitenciarias en extremo duras.

El objetivo de las torturas o malos tratos consiste en quebrantar la voluntad de los detenidos y obligarlos a hacer «confesiones» y declaraciones falsas sobre otras personas. Según datos aún incompletos publicados por la prensa, 44 personas murieron en 1974 como resultado de las torturas durante «la preparación de los procesos», entre ellos el ex-Vicepresidente de la República de Chile, José Tohá, y el general Alberto Bachelet. Muchos detenidos perdieron la razón a causa de las torturas, entre ellos Pedro Sunini Silva (ver la acusación del proceso nș 1-73, punto 6).

Los métodos de tortura física y mental son equiparables a los que fueron practicados por la Inquisición medieval y la Gestapo. Testimonios y declaraciones de víctimas, peritos médicos, abogados y eclesiásticos chilenos revelan que los presos han sido sometidos a diversos tipos de torturas, tales como: colgarlos de los brazos, de brazos y piernas, torturas con corriente eléctrica, choques eléctricos, opresión del cráneo, inmersión en agua helada, en petróleo, arrancar las uñas de las manos, flagelaciones de larga duración, cortes de los órganos genitales, estrangulación, aplicación de cigarrillos encendidos o de ácidos, privación de agua durante varios días, sumersión en excrementos, rompimiento de los huesos de la mano, arrojarles a basureros, encerrarlos en cuartos infestados por insectos, interrogatorios en estado de desnudez, azotados y con los ojos vendados.

La aplicación de la tortura es una grave violación de las normas internacionales de los derechos humanos. La tortura está prohibida por el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, por el artículo 7 del Pacto sobre derechos civiles y políticos y por el artículo 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El empleo de la tortura es un crimen según la Constitución y las leyes nacionales de Chile. Conforme a la Constitución (artículo 18, inciso 2), el Código Penal de Chile dispone severas sanciones para aquellos que flagelen a un inculpado o lo traten con severidad excesiva (artículo 150, parte 1). El segundo inciso de la parte 1a del mencionado artículo prevé penas máximas cuando las flagelaciones ocasionan daños físicos o la muerte.

La responsabilidad penal recae sobre todos los ejecutores directos y sobre los investigadores y sus cómplices. Los miembros de la junta y sus más altos jefes militares que ordenan, estimulan o toleran las torturas o tratos inhumanos son, en última instancia, los responsables de estos crímenes y violaciones de los derechos humanos.

Tribunales militares como instrumento de opresión política

8. Uno de los métodos principales de persecución política es el sistema de justicia militar extraordinaria en tiempos de guerra introducido por la junta militar.

Los tribunales militares extraordinarios tienen por finalidad dar a la junta una apariencia de legalidad para encubrir el verdadero propósito de las condenas a muerte y a altas penas de prisión impuestas a personas que no han cometido ningún crimen. Ha sido confirmado que por lo menos 98 personas han sido ejecutadas en 1974 cumpliendo sentencias dictadas por los tribunales militares. El número verdadero probablemente es mucho más elevado.

Los tribunales militares especiales funcionan en todo Chile. El mayor número de sentencias ha sido pronunciado por los tribunales militares extraordinarios en Osorno, Rancagua, Valdivia, Santiago, San Fernando, Concepción, Temuco y Arica. Por lo general, las causas son tramitadas en secreto. Sólo en unos pocos casos la junta hace una especie de proceso público al que tiene acceso un número limitado de periodistas y observadores. Así es como se hizo, por ejemplo, el proceso en el tribunal extraordinario de la fuerza aérea, en el cual fueron condenadas 61 personas el 30 de julio de 1974 (proceso 1-73).

9. Emplear el procedimiento extraordinario ante los tribunales militares, aplicable sólo en tiempo de guerra, es una violación a las disposiciones del artículo 72 de la Constitución de Chile. El Código de Justicia Militar (artículo 73) y la Ley sobre seguridad interior del estado (artículo 35) nș 12.927 del 6 de agosto de 1958 establecen ciertos requisitos que deben existir para que pueda
ser aplicada la justicia militar extraordinaria.

En el decreto-ley nș 13, la junta proclamó que la jurisdicción, en razón del «estado de sitio» y del «estado de guerra interno», pasaba a manos de los tribunales militares extraordinarios en virtud del artículo 73 del Código de Justicia Militar. Así la junta aparentó razones para introducir la justicia extraordinaria en tiempos de guerra. En realidad, estas razones no las hubo ni las hay hasta el día de hoy. El artículo 73 del Código de Justicia Militar establece que los tribunales militares extraordinarios en tiempos de guerra son competentes sólo cuando las fuerzas armadas deben entrar en acción «contra un enemigo exterior o contra fuerzas subversivas organizadas». El artículo 35 de la ley nș 12.927 sobre la seguridad del estado da una interpretación muy precisa e inequívoca del término «tiempos de guerra»; «El estado de emergencia... puede ser declarado en caso de actos de guerra contra un enemigo externo o contra fuerzas subversivas organizadas que actúen en apoyo de una agresión desde el exterior.» Estas condiciones no estaban dadas en Chile y tampoco están dadas en la actualidad.

En el proceso de la fuerza aérea chilena se intentó justificar la jurisdicción de los tribunales militares extraordinarios alegando que la declaración del estado de guerra equivalía de facto al surgimiento de un estado de guerra (proceso nș 1-73, sentencia interlocutoria de fojas 1799 y siguientes). Esta es una elucubración legal insostenible. De hecho, el argumento admite que nunca hubo en realidad un estado de guerra.

10. En la gran mayoría de los casos conocidos por los tribunales militares extraordinarios y en aquéllos que actualmente están en preparación, se presenta una acusación hecha según un modelo standard. Por regla general a los adversarios políticos de la junta se les acusa de haber cometido crímenes tales como «traición», «espionaje», «sedición» (según el artículo 245, inciso 1, y artículo 274 del Código de Justicia Militar) y de «conspiración» con fines de sedición (según el artículo 278).

11. Para «justificar» las sentencias se hace alusión, en primer lugar al articulo 245 del Código de Justicia Militar, inciso 1. El artículo 245 establece que serán condenados a presidio perpetuo o a muerte los que han cometido los actos enumerados en el inciso 1ș del artículo y que consisten en «proporcionar informaciones o datos que favorezcan al enemigo o puedan perjudicar las operaciones de las fuerzas armadas nacionales». El artículo establece los datos concretos cuya transmisión se califica como espionaje: «Santo y seña, órdenes y secretos militares (que han sido confiados a un militar), planos de los cuarteles, planos permanentes y provisorios de las instalaciones de defensa, explicaciones de señalización, datos sobre el estado de las fuerzas, colocación de las minas, ubicación de los torpedos o de sus dispositivos».

Del texto del artículo 245, inciso 1ș, se desprenden dos exigencias: primero, el hecho de haber sido cometido en estado de guerra, puesto que el artículo habla dos veces de «enemigo» y más todavía de enemigo externo. Esto está confirmado especialmente porque el artículo 245 se encuentra en el capítulo que lleva por título «De la traición, espionaje y otros crímenes contra la soberanía y la seguridad externa del estado» (título 2 del libro III del Código). Segundo, los datos transmitidos deben ser de tal naturaleza que contribuyan al éxito de la operación del enemigo
o que puedan perjudicar las operaciones de las fuerzas armadas nacionales. Ninguna de estas condiciones ha existido ni existe actualmente en Chile.

Los conceptos «traición» y «espionaje» presuponen que estos crímenes hayan sido cometidos en interés de algún enemigo. Para conciliar esto, la junta tiene que recurrir a otra de sus elucubraciones. Hace coincidir el artículo 245, inciso 1ș, con el artículo 419, inciso 2ș del Código de Justicia Militar. En esta forma, se crea artificialmente un «enemigo» en cuyo beneficio se comete la traición. El artículo 419, inciso 2ș, define que «por enemigo no sólo se entiende un enemigo externo, sino también fuerzas militares organizadas sediciosas insurrectas». Mediante la interpretación absurda de este artículo, que tergiversa por completo su contenido, el gobierno constitucional del Presidente Allende fue declarado «enemigo interno». En la acusación del proceso nș 1-73 son declarados enemigos además todos los partidos de la Unidad Popular (y otros movimientos de izquierda).

Sobre la base de estas ficciones, los tribunales militares han condenado a muerte a chilenos absolutamente inocentes, a presidio perpetuo o a 20 ó 30 años de presidio militar, por «traición», «espionaje» o «sedición», pese a que no han cometido ningún crimen.

12 Últimamente la justicia militar extraordinaria ha dictado muy a menudo condenas «por participación en una conspiración para organizar una rebelión» (según el artículo 273 del Código de Justicia Militar). Esta fue la fórmula de la acusación con la cual fueron condenados aproximadamente la mitad de los acusados (31 personas) en el proceso nș 1-73 (sentencia condenatoria del 30 de julio de 1974, parte condenatoria, punto III, subpuntos II-III, nș 12-42).

Por consiguiente, no se trata aquí de administrar justicia, sino de la aplicación de un sistema de represión de adversarios políticos, mediante la tergiversación de las reglas elementales y generalmente reconocidas sobre aplicación de las normas de derecho penal.

Abolición de los derechos fundamentales y de las libertades de los ciudadanos

Desprecio de los derechos socioeconómicos

13. Otro aspecto del terror político es el desprecio de los derechos civiles, económicos y sociales, incluidos en particular los derechos sindicales.

En lo que respecta a los sindicatos, la junta ha recurrido a una serie de actos, entre los cuales mencionaremos los siguientes:

- La junta ha disuelto la Central Unica de Trabajadores de Chile (CUT) y ha dispuesto que todos los que no respeten la prohibición serán perseguidos y castigados severamente (decreto-ley nș 12).

- La junta impuso restricciones generales respecto a todas las actividades sindicales para el período completo del «estado de guerra» y del «estado de sitio» subordinando los sindicatos al control estricto de los Carabineros (decreto-ley nș 198, artículo 4, artículo «provisorio»).

- La junta limitó el derecho de los sindicatos a disponer libremente de sus fondos y se incautó de los fondos y propiedades de la Central Unica de Trabajadores (decreto-ley nș 133, artículos 2-3).

Estos actos constituyen una violación flagrante de los principios y normas establecidos por la Organización Internacional del Trabajo y de los principios establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (artículo 8, inciso 1 a-c).

14. Toda una serie de disposiciones dictadas por la junta constituyen un atropello a los derechos económicos de los ciudadanos, especialmente el derecho al trabajo.

El decreto-ley nș 43 derogó «todas las normas, cualesquiera que sean su naturaleza o su origen, que se refieran a la fijación o regulación de los salarios, asignaciones, sueldos, primas, asignaciones extraordinarias y a la remuneración en general, tanto en el sector público como en el privado (artículo 1).

Han sido derogadas todas las garantías respecto a despidos arbitrarios (decreto-ley nș 32). Las estipulaciones del punto 4 del mencionado decreto-ley sirvieron para justificar el despido y el despojo de los medios de subsistencia de varios miles de obreros y empleados, a causa de sus ideas políticas y sus actividades pasadas, incluida la actividad sindical.

Esto constituye otra violación de las normas básicas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 6-7) y de la Convención nș 111 de la Organización Internacional del Trabajo para prevenir la discriminación en el terreno de las relaciones de trabajo y empleo (1958). Tanto el Pacto como la Convención fueron ratificados por Chile.

Sobre la junta recae también la responsabilidad por las consecuencias que ha acarreado el desastroso deterioro de la situación económica del país. Bajo el régimen de la junta, el bienestar material y social de amplios sectores de la población ha sido gravemente afectado. Cerca de 500.000 hombres y mujeres se han quedado sin trabajo en Chile. Los salarios fueron congelados, mientras que los precios de los artículos de primera necesidad subieron notablemente desde septiembre de 1973. La inflación acelerada ha obligado a la junta a desvalorizar la moneda nacional once veces en el curso de un año. A la situación general de miedo y angustia producida por el terror político se añade la inseguridad social y una creciente miseria para la gran mayoría del pueblo chileno.

La abolición de los derechos civiles y políticos

15. En este primer año de subyugación por la junta, han sido totalmente abolidos los derechos civiles y políticos. Han sido eliminadas las libertades de palabra y de información garantizadas por la Constitución (artículo 10, punto 3, inciso 1-3). Mostrando el más absoluto desprecio por los valores culturales, se han hecho quemas de libros en plena vía pública. De acuerdo con las instrucciones oficiales fueron prohibidas numerosas obras de la literatura (entre ellos los clásicos) «debido a su carácter contrario a los ideales que inspiran a la junta». Estos actos constituyen una violación flagrante de la convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los valores culturales, que también fue suscrita por Chile. Han sido clausurados diarios o sometidos a la vigilancia de los organismos de censura militar.

Los principales medios de divulgación masiva e instituciones culturales fueron puestos bajo el control más estricto de las autoridades militares. La dirección de la radio fue entregada a un «consejo» compuesto de cinco miembros, cuatro de ellos son re- presentantes de las cuatro armas (decreto-ley nș 258, artículo 5). Fueron nombrados «rectores delegados» procedentes de los más altos mandos para «unificar los criterios de la dirección de la educación universitaria a fin de asegurar el mejor cumplimiento de los principios establecidos en el decreto-ley nș 1 de la junta» que es el decreto-ley sobre la toma del poder estatal por la junta después del golpe (decreto-ley nș 50). Esta «unificación» equivale en realidad a la expulsión de miles de profesores y estudiantes de las universidades; la eliminación expresa de toda discusión sobre cuestiones políticas en todas las universidades; la introducción de un curso permanente sobre «seguridad interna» que viene a ser un adoctrinamiento en extremo reaccionario para todos.

Habiendo sido declarado ficticiamente el «estado de guerra», los jefes de las «zonas de estado de sitio», en que fue dividido todo el país, llevan a cabo la censura de prensa y de las comunicaciones telegráficas y radiotelefónicas (decreto-ley nș 3, 4, 243, ley nș 12.927, artículo 34, punto c). Se otorgó a los jefes de zona el «derecho» de «suprimir propaganda antipatriótica y su divulgación en la prensa, radio, cine, teatro y cualquier otro medio» (artículo 34, punto a).

16. Los dictadores militares temen toda forma de actividad política por parte de los ciudadanos. Con medidas militares directas se suprimió la actividad legal de los partidos de la Unidad Popular. La prohibición de los mencionados partidos fue establecida por el decreto-ley nș 77 de la junta. Finalmente, el decreto-ley nș 78, suspendió la actividad de todos los partidos políticos.

Con todas estas normas la junta ha violado la libertad de asociación garantizada por la Constitución del país (artículo 10, inciso 5) y ha desdeñado las peticiones de respetar el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (artículo 22) y la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 16).

17. Para encubrir la amplitud del terror político, la junta sistemáticamente falsifica o tergiversa las informaciones. La demagogia obscurantista de la junta se manifiesta cínicamente en varias declaraciones, por ejemplo, la declaración sobre los principios de la administración de Chile (del 11 de marzo de 1974).

Bajo la presión de una opinión pública mundial horrorizada, la junta ha intentado dar apariencia de legalidad a sus actos de terror político. De esta manera se han producido algunos cambios en las formas de violencia empleados. La junta se ha visto obligada a poner en libertad a un buen número de presos, aunque por otra parte han sido detenidos muchos más; a conmutar condenas a muerte, y a dar «amnistía» a algunas víctimas inocentes y acusadas falsamente.

Estas maniobras, sin embargo, no significan ningún cambio de la naturaleza del terror político practicado por la junta. Aunque estos éxitos de la solidaridad internacional con el pueblo de Chile deben ser causa de satisfacción, todavía no hay señal de que disminuya palpablemente el terror desencadenado por la junta. Nadie debe creer que la dictadura de la junta ha sido modificada en su esencia.

El carácter de las pruebas presentadas

Las pruebas presentadas pueden ser divididas en las siguientes categorías:

1 Materiales presentados a la Comisión

1.1. Más de 500 «decretos-ley» y leyes de la junta así como «decretos supremos» y «decretos» de las autoridades, bandos, resoluciones, declaraciones oficiales de la junta y declaraciones de sus miembros.

1.2. Acusaciones escritas y sentencias condenatorias que fueron respectivamente elaboradas o dictadas por los tribunales militares extraordinarios.

1.3. Quejas y peticiones presentadas por abogados y sacerdotes respecto a las detenciones y las resoluciones judiciales negativas pronunciadas por la magistratura superior.

1.4. Material publicado oficialmente por la prensa chilena, informaciones de las agencias telegráficas de la junta.

2 Pruebas testimoniales y otras

2.1. Testimonios de víctimas y testigos presenciales que fueron oídos en las sesiones públicas de la Comisión Internacional y testimonios escritos enviados a la Comisión.

2.2. Materiales documentales fílmicos y fotográficos que fueron tomados por los corresponsales y observadores en Chile.

2.3. Radiografías y otros materiales médicos.

3 Informes y otros materiales de organizaciones internacionales y de observadores

3.1. Informes de comisiones de organizaciones especializadas regionales o interestatales.

3.2. Informes y otros documentos de organizaciones internacionales no estatales.

3.3. Informaciones y dictámenes de grupos de observadores, parlamentarios y abogados que han visitado Chile de abril a agosto de 1974.

3.4. Informes de observadores individuales que visitaron Chile entre marzo y agosto de 1974.

Para los dictámenes de los expertos y para las evaluaciones y también para las consultas de problemas de derecho aislados, la Comisión Internacional pidió la colaboración de conocidos juristas científicos y abogados de muchos países, que han prestado una ayuda muy valiosa.

Conclusiones

En conclusión, la Comisión reitera que la junta militar, al llevar a cabo el criminal levantamiento armado y derrocar el gobierno legítimo de Salvador Allende, destruyó las instituciones constitucionales y la vida política de la sociedad y violó las más elementales garantías constitucionales, las libertades y los derechos políticos y civiles.

En el país reina la arbitrariedad más absoluta y se ha instaurado un sistema de terror político total, de tipo fascista.

Violando las disposiciones de la Constitución, se ha declarado el estado permanente de «guerra interna» y se ha instaurado el sistema de la justicia militar extraordinaria y de penas draconianas correspondientes al tiempo de guerra.

Represalias policíaco-militares, detenciones arbitrarias, aplicación sistemática de torturas y otras formas de violencia, la creación de un régimen penitenciario inhumano para los detenidos, todo esto ha causado la muerte y la extenuación física completa de un gran número de demócratas chilenos.

Ante los esfuerzos de la junta por encubrir la naturaleza y la inmensidad del terror político, hay motivos suficientes para suponer que se intente destruir físicamente a presos políticos, entre ellos los dirigentes del movimiento de la Unidad Popular y del Gobierno del Presidente Allende, creándoles condiciones penitenciarias inhumanas. En este contexto la Comisión reitera sus decisiones anteriores, adoptadas en la Sesión Extraordinaria en Copenhague y en la Reunión Ampliada del Secretariado en Helsinki.

Si la junta inicia los procesos contra dirigentes de los partidos de la Unidad Popular y contra funcionarios del Gobierno del Presidente Allende, si no escucha la opinión pública mundial que exige su liberación, la Comisión dará los pasos apropiadas para contrarrestar estas medidas.

El Tribunal Militar Internacional que en Nuremberg condenó a los principales criminales de guerra de la Alemania hitleriana, puso al descubierto el mecanismo empleado para liquidar a los que se oponían a su política bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo. Con el mismo pretexto, la junta militar ha desatado el terror contra amplios sectores de la población.

De este modo la junta militar, premeditada y conscientemente, dándose perfecta cuenta de sus actos, sistemática y consecuentemente perpetra hechos que significan:

- la inobservancia criminal de la Constitución y de las leyes de Chile;

- una grosera violación de los principios y normas humanistas generalmente reconocidos del derecho internacional, especialmente las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, del Pacto Internacional sobre los Derechos Sociales y Económicos y de la Convención Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, de 1966, que fueron ratificados por Chile, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969 y una serie de convenciones de la Organización Internacional del Trabajo ratificadas por Chile (nș 1, nș 111);

- la violación de las normas generalmente reconocidas de defensa de la dignidad y la vida del hombre y una negación de las conquistas y valores de la cultura y la civilización humanas;

- un peligro directo y extraordinario para la vida y la salud de amplios sectores de la población chilena, para el desarrollo físico y moral de la juventud y de las nuevas generaciones del pueblo chileno.

La junta y los jefes de sus órganos y autoridades centrales, sus lugartenientes, apoderados y cómplices son responsables, tanto conforme al derecho internacional como a las normas de la legislación nacional. Son responsables, además, los ejecutores directos de los crímenes siendo de hecho partícipes de los crímenes de la junta, entre ellos oficiales y soldados que dan muerte sin procedimiento judicial ni investigación alguna, los jefes de los campos de concentración y de las prisiones donde se mantiene recluidas a personas que no han cometido ningún delito, los oficiales y otras autoridades públicas de los órganos del servicio secreto y los organismos de investigación que aplican torturas y otras formas de violencia, los presidentes y miembros de los tribunales militares extraordinarios que imponen sentencias injustas.

Según las normas generalmente reconocidas para el castigo de crímenes de lesa humanidad, el alegar que han cumplido órdenes superiores no releva a los autores de tales crímenes de su responsabilidad penal.

La junta militar chilena es responsable en todo sentido ante el pueblo de Chile y ante la comunidad de los pueblos del mundo.

Estocolmo, 7 de septiembre de 1974.


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