derechos humanos


Documentos
Sesión de la Subcomisión Jurídica de la Comisión Internacional Investigadora
de los Crímenes cometidos por la Junta Militar en Chile

Berlín, República Democrática Alemana
6 de febrero de 1977


Sesión de la Subcomisión Jurídica de la
Comisión Internacional Investigadora de los Crímenes cometidos por la Junta Militar en Chile

Documentos

Berlín,
República Democrática Alemana

6 de febrero de 1977

El 6 de febrero de 1977 tuvo lugar en Berlín, capital de la RDA, una sesión de la Subcomisión Jurídica de la Comisión Internacional Investigadora de los crímenes cometidos por la Junta militar en Chile.

Bajo la dirección del profesor F. K. Kaul, presidente de la subcomisión jurídica, participaron en las deliberaciones juristas de diferentes orientaciones políticas de Gran Bretaña, Francia, España, de la URSS, de Austria, la RFA, Finlandia y de la RDA. Asistieron además a la sesión Clodomiro Almeyda, secretario ejecutivo de la Unidad Popular, Eduardo Rojas, vicepresidente de la Central Unica de Trabajadores de Chile (CUT), Sergio Inzunza, ministro de justicia del gobierno de la UP, juristas chilenos de los diferentes partidos de la Unidad Popular así como representantes de organizaciones sociales de la RDA. La subcomisión jurídica escuchó las declaraciones de los testigos chilenos Fidelia Herrera y Pedro Jara.

En el folleto presente se publican materiales acerca de los 3 puntos que figuraron en el orden del día:

I. Sobre el problema de los «desaparecidos» en Chile

II. La violación, por parte de la Junta militar en Chile de los principios universalmente reconocidos y de las normas del derecho internacional referente a los derechos humanos

III. Acerca de la violación de las libertades y los derechos de los sindicatos.

Durante la sesión de la subcomisión jurídica varios participantes se refirieron a hechos concretos que testimonian el apoyo económico, militar, político y diplomático que prestan una serie de Estados a la Junta militar chilena. La subcomisión jurídica tomó conocimiento de los materiales, los estudiará y completará para publicarlos a su debido tiempo.

I. Sobre el problema de los «desaparecidos» en Chile

Testimonio de Fidelia Herrera, Chile

Me llamo Fidelia Herrera y soy militante del Partido Socialista.

Ingresé a la Juventud Socialista en 1936, desde la fecha de mi detención y hasta hoy día soy miembro del Comité Central. Fui detenida el 15 de febrero de 1975 en la calle y sin testigos. Dos sujetos se me acercaron y me dijeron que me identificara. Les pedí primero que se identificaran ellos. Sacaron un documento que los denunciaba como de la DINA. De inmediato fui subida a una camioneta, se me colocó scotch en los ojos y un par de lentes oscuros. Fui conducida a un lugar desconocido, pero por la distancia pude darme cuenta que estaba en los alrededores de Santiago. Fui bajada de la camioneta, dejada en un patio descubierto, permanecí algunas horas allí.

Durante tres días se me aplicó corriente eléctrica sentada, luego, un día fui conducida a una pieza, desnudada, y colocada en una cama de acero, puesta en una posición exactamente igual cuando se opera a una persona, amarrado las piernas y los brazos, una toalla húmeda colocada sobre el estómago, y se me colocaron electrodos en las partes más sensibles, tapada la boca, para evitar que se sintieran los gritos, y se me empezó a aplicar corriente eléctrica. Es tal la fuerza de esa aplicación eléctrica, que a pesar de estar sujeta y vendada, el cuerpo se arquea, y por eso muchas personas sufren después problemas a la columna. En dos oportunidades se me dio este tratamiento. La última vez tuve un principio de pérdida de conocimiento, fui retirada y conducida a otro lugar, donde había camas y había otras mujeres. Se les encargó que no me permitieran tomar agua, porque con el cuerpo cargado de tanta corriente se corre el riesgo de, al tomar agua, de electrocutarse.

Entre las personas que allí estaban, estaba mi hija. Ella me cuidó durante unos días y luego ella fue sacada de este lugar y no la volví a ver. Se me aisló.

Un día fui sacada nuevamente, conducida a un lugar de Villa Grimaldi, que era el lugar de tortura, fui llevada por dos hombres, y había otra persona que esperaba. En un momento determinado sentí que empezaba a golpearme esa persona que estaba de pie en frente mío. Me dio un golpe tan fuerte que yo perdí el conocimiento totalmente. Una vez que me recuperé, esta persona me quitó la venda, me tomó del pelo, me levantó la cabeza, para que la mirara y me dijo: «yo soy el que te va a matar.» Esa persona era llamada capitán Silvio, que por supuesto era un nombre falso. Con posterioridad y en conversaciones con otras personas socialistas llegamos a la conclusión de que era la persona que está a cargo de los operativos que recogían a los militantes socialistas.

Logré posteriormente saber el verdadero nombre de este sujeto. Es el capitán del ejército, Hernán Barrilla Muñoz.

Quiero también señalar, y me parece que es lo más importante, que durante el tiempo que permanecí en Villa Grimaldi, estuve durante dos meses en Villa Grimaldi, tuve oportunidad de ver al compañero Alfredo Rojas Castañeda, ingeniero, director de ferrocarriles en el gobierno de la Unidad Popular. Al compañero lo vi en los primeros días de marzo, yo quedé en muy mal estado de salud, estuve muy grave y por esta misma razón hubo menos preocupación por lo que yo pudiera hacer. Una mañana, como a las seis de la mañana fui sacada a un baño y en una fila de hombres que estaba por entrar allí también, reconocí al compañero Alfredo Rojas. Pese a que los dos estábamos vendados, pero a esa altura ya no tenía la venda negra, sino que usaba un pañuelo de seda de mi propiedad de color claro, que me permitían entonces, porque los detenidos nos dábamos todo tipo de recursos, para poder observar el lugar en que estábamos y las personas que podían estar a nuestro lado. Como digo, vi al compañero Rojas y me di cuenta que él también me reconoció. Esta certeza se comprobó al día siguiente, porque escuché la voz del compañero Rojas que hablaba con un guardia y le decía, si era posible que alguna de las mujeres detenidas le lavara alguna ropa, porque en el lugar en que estaba, eso no era posible. El entonces fue con el guardia hasta la puerta de la pieza en que yo estaba y golpeó. Abrí yo y estaba sin la venda, lo pude ver perfectamente. El me entregó una ropa que retiró al día siguiente. Naturalmente que era solamente el recurso que él usó, para que no me quedaran dudas de su presencia allí.

El compañero Rojas está desaparecido. Cuando yo estaba en libre plática, es decir, en Tres Alamos, un día llegó la madre de él a hablar conmigo. Y solamente en esa fecha supe del desaparecimiento de Alfredo. Alfredo Rojas es hijo único. Su madre ha hecho en Chile lo que cualquier madre en esa situación haría, ha utilizado todos los recursos para dar con el paradero de su hijo. Me preguntó si era posible, pese a que ella comprendiera el riesgo que significaba, que estando detenida, pudiera ella en los tribunales entregar mi nombre como testigo de haber visto a su hijo. No dudé ni un instante y le di mi consentimiento. En estas circunstancias fui citada a declarar en el 8º Juzgado del Crimen en Santiago de Chile y allí consta mi declaración en el sentido de haber visto en Villa Grimaldi en la fecha que ya he indicado al compañero Alfredo Rojas.

También durante el mismo período vi al compañero Ariel Mansilla, dirigente nacional de la Juventud Socialista, estudiante universitario. El compañero se encontraba en muy mal estado. También un día que fui sacada a las seis de la mañana, había una persona a quien tenían prácticamente en brazos otros dos compañeros. Esta persona estaba inclinada sobre un lavatorio tratando de lavarse las manos. Tenía la cabeza vendada como cuando se está herido. Tenía un pie hecho pedazos. Les ordenaron a los compañeros que lo sostenían, que lo retiraran. Al tratar de quitarle de allí esta persona levantó la cara. Estaba sin venda en los ojos y nos quedamos mirando. Era el compañero Ariel Mansilla... El compañero Ariel Mansilla también está en la lista de los desaparecidos.

También tuve oportunidad de estar con una compañera que allí conocí con su nombre de batalla, Nana. Era militante del MIR. Después de haber permanecido una semana más o menos conmigo, ella fue sacada y en el momento de irse, me pudo decir que ella temía que se la llevara al sur de Chile, a Osorno propiamente, donde había un proceso pendiente en contra de ella. Esta compañera se llamaba Carmen Díaz de Correré y también figura en la lista de desaparecidos.

Estos son los testimonios que puedo entregar de mi permanencia en Villa Grimaldi. Quiero también finalmente aportar algo sobre el poder judicial. En los veinte meses que permanecí detenida en Tres Alamos, en dos oportunidades integré el Consejo de Ancianos que era la organización que internamente nos dábamos las detenidas para nuestra relación con la autoridad o con personas extranjeras. Representábamos a compañeras detenidas en el campamento. En esta situación tuve oportunidad de hablar en dos o tres oportunidades con el presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre. En una de estas visitas que él hacía formalmente a los campos de detenidos, las detenidas le formulamos nuestras observaciones sobre el caso de los desaparecidos. El Sr. Eyzaguirre empezó negando el hecho de que hubiera desaparecidos en Chile. Nos dijo que nosotras sabíamos perfectamente que estas personas habían salido de Chile con una identificación falsa. Por lo tanto que todos los llamados desaparecidos eran personas que se encontraban en el exterior. Nosotras le dijimos que queríamos hablar con él en un tono de seriedad y respeto, y que teníamos serias denuncias que hacerle, puesto que cada una de las mujeres detenidas era testigo de haber estado o visto a personas que figuraron en las listas de desaparecidos. Finalmente nos escuchó y nos propuso que le enviáramos una denuncia por escrito con nuestros nombres y los nombres de las personas que cada una de nosotras había visto.

E incluso él mismo nos sugirió que esta denuncia se la podríamos hacer llegar por medios probados a través de nuestros familiares. Nosotras estuvimos en principio de acuerdo, pero requerimos de él que nos diera las seguridades de que las personas que íbamos a ser testigos no pasáramos con posterioridad a las listas de desaparecidos. Frente a esta petición, su respuesta fue muy clara y categórica. Dijo que él no podía garantizar nada, porque la situación de los detenidos por ley de estado de sitio no dependía de él sino del Ministerio del Interior. Vale decir de la DINA. También esta situación le fue planteado al Ministro de Justicia, Miguel Schweitzer, y de él realmente no tuvimos ninguna respuesta. El se negó a escuchar. Por eso nosotros sostenemos de que el poder judicial, especialmente la Corte Suprema, es cómplice de todos los crímenes que se han cometido y que se siguen cometiendo. Eso es lo que tengo que declarar.

Prof. Kaul: Agradezco a la compañera Herrera sus exposiciones, que nos dan una profunda idea sobre el instrumento de terror empleado contra los desaparecidos. Tengo una pregunta. La compañera Herrera dijo que fue detenida el 15 de febrero en la calle, en la cual evidentemente se encontraba sola. ¿Hicieron llegar a sus familiares o amigos la noticia de su detención?

Fidelia Herrera: No, porque fue detenido todo el grupo familiar. Nosotros desaparecimos de nuestra casa. Hubo un hecho que creo yo, que me permite hoy día estar viva aquí y es que en el caso de la detención de mi hija, si hubo testigos Llegó en el momento en que la detenían a ella una persona amiga. Esa persona, pese a que no es de la izquierda, ni es una persona de ningún nivel político, advirtió que algo extraño estaba pasando, y pudo comunicarlo a algunas relaciones de amistad nuestra.

Prof. Kaul: ¿Pero eso se refiere únicamente a la persona de su hija?

Fidelia Herrera: Con respecto a la persona de mí hija.

Prof. Kaul: ¿Entonces los amigos o parientes no sabían, donde se encontraba la compañera Herrera?

F. Herrera: No sabían. Mi madre, cuando se dio cuenta que no había nadie en nuestra casa, se dirigió a la Vicaría de Solidaridad. Allí supusieron de inmediato que habíamos sido detenidos. Se presentaron los recursos de amparo, de habeos Corpus. Nunca fueron contestados.

Prof. Kaul: ¿Así que Ud. prácticamente figuró también entre los desaparecidos?

F. Herrera: Durante dos meses fui una persona desaparecida.

Prof. Kaul: ¿Y después de esos dos meses?

F. Herrera: Fui conducida a incomunicados, es decir, Cuatro Alamos y luego aparecí en Tres Alamos.

Prof. Kaul: ¿Pero no más incomunicada?

F. Herrera: No más incomunicada.

Prof. Kaul: Gracias.

Pregunta: ¿ Quisiera saber de la compañera Herrera lo que sabe sobre el proceso contra Rojas, en el cual ella hizo una denuncia y, algo más, si sabe, si a otros prisioneros los han declarado por desaparecidos en los juzgados del crimen y si en los juzgados del crimen hay muchos antecedentes sobre los desaparecidos?

F. Herrera: Si, así es, muchos por lo menos del campamento de mujeres, todas las compañeras sin excepción, que habían visto personas detenidas en Villa Grimaldi o en otros lugares de tortura y que luego aparecerían en las listas de desaparecidos. Todas las compañeras sin excepción dieron sus nombres, para que los familiares pudieran hacer las denuncias en los juzgados respectivos.

En el caso específico del compañero Rojas junto conmigo fue a declarar una compañera del MIR, que también lo había visto. Ella es Amelia Negrón y se encuentra en Francia.

Prof. Kaul: Tengo una pregunta adicional. ¿Si Ud. compañera Herrera, no hubiera aguantado las torturas mientras que se encontraba incomunicada y si hubiera muerto, nadie hubiese sabido este hecho y el hecho de su detención?

F. Herrera: No, porque, por ejemplo, yo firmé muchos documentos vendada, ignoro lo que firmé y en conversaciones posteriores con las demás personas detenidas, en muchos casos se hacía firmar la libertad de la persona detenida. Por eso que cuando los familiares reclamaban por la detención de una persona detenida, se les mostraban los documentos, en que el propio afectado había firmado su libertad.

Prof. Kaul: Eso es de una importancia extraordinaria.

Pregunta: Quiero que complete la pregunta que yo le hice. Quiero que me diga lo que han hecho los juzgados del crimen con esa denuncia donde hay pruebas de la detención de los compañeros en Chile.

F. Herrera: Nada.

Prof. Kaul: Le agradezco otra vez más, compañera Herrera, sus exposiciones tan detalladas.

Testimonio de Pedro Jara, Chile

Mi nombre es Pedro Jara. Soy chileno. He sido dirigente sindical, soy militante del Partido Comunista de Chile. Como lo hace la mayoría de los chilenos, me integré al trabajo de un grupo antifascista, desarrollando un trabajo en el frente de propaganda, en la comuna de Conchalí de la ciudad de Santiago. Fui detenido por primera vez el día 30 de julio del año 1976. Llegaron a mi casa cuatro individuos, portando metralletas, a la hora de la una y media de la mañana. Nos hicieron levantar a mi señora y mis hijas y nos pusieron mano arriba contra la pared, y procedieron a registrar toda la casa. Al preguntarles quiénes eran, se identificaron como agentes de la DINA. Me introdujeron a un vehículo que estaba detenido frente a la casa, procedieron a colocarme papel de scotch en los ojos, encima unos lentes oscuros y después de una hora y media más o menos de recorrido, llegué a un lugar desconocido para mi. Allí me sacaron el scotch y me pusieron una venda. Me introdujeron a una pieza y supongo que era una sala grande y a pesar de estar vendado podía mirar hacia abajo, las baldosas eran de color rojo y blanco...

Al día siguiente me dejaron en libertad. Esto lo puse en conocimiento, inmediatamente al día siguiente, a los demás compañeros que trabajaron en el grupo, para que se trasladaran todos los mimeógrafos y el equipo que teníamos a nuestro cargo, y, que no llegara nadie a mi casa, que me aislaran totalmente, porque sabía que tenía la casa vigilada. A las dos semanas después, un día 18 de agosto, fui detenido por segunda vez. En aquella ocasión fui llevado al mismo lugar, que reconocí por las baldosas, que estaba en la misma sala, donde me habían interrogado la primera vez. Me sacaron al exterior, al patio y me presentaron a un compañero, que se llama Julio Vega Vega, de 73 años de edad, que era el enlace nuestro que teníamos en este trabajo. Me preguntaron, si lo conocía. Estaba con su camisa totalmente ensangrentada, al decir, que no lo conocía, me llevaron a una pieza cerca, donde me desnudaron totalmente, fui tendido en un catre metálico, donde fui amarrado de pies y manos. Me aplicaron unos paños húmedos en los testículos y en las tetillas y procedieron a aplicarme corriente eléctrica. Después de la primera aplicación de corriente me vuelven a preguntar, si lo conocía. Vuelvo a decir que no. En eso siento un grito del compañero Vega que estaba cerca, me gritó: «Compañero Jara, lo saben todo». Hasta cierto punto sentí una especie de alivio y de rabia a la vez, porque veía que nos habían descubierto. Enseguida procedieron a soltarme y nos mantuvieron encerrado en un lugar que llaman la torre. Nos meten en una cajonera que se abre con una especie de trampa, que tiene como 1,5 m2. En ese lugar nos sacaban periódicamente cuando nos hacían careos, exigiendo nombres y direcciones de otros compañeros. En uno de esos días, que nos encontrábamos todos en el patio comiendo un plato de porotos, uno de los guardias solicitó un maestro para reparar una camioneta. Les ofrecimos dos compañeros para hacer este trabajo y para poder hacerlo nos autorizaron a levantar las vendas. Fue así como pudimos reconocer a algunos campaneros que estaban detenidos. Reconocimos allí al compañero Vicente Atencio, a la compañera Rosita Leyra, al compañero Alfonso Vizcarra, que estaba trabajando conmigo. Estábamos haciendo este trabajo. Todos estos compañeros de militando comunista, más dos compañeros que eran, según dijeron, miristas y el compañero Mario Maureyra y María Galindo. Una vez que terminamos este trabajo de reparación de la camioneta, un día antes de salir en libertad, me trasladaron de la cajonera a otra celda, una celda más amplia que era como una pieza, donde fui trasladado con dos compañeras. Estuve con la compañera Rosita Leyra y la compañera Juana Villavicencio. En la pieza del lado, dividida solamente por un tabique delgado de madera, se encontraba la compañera Marta Ugarte, junto con la compañera María Galindo. A la compañera Marta la conocía durante muchos años y más todavía conocía a la compañera Rosita Leyra. Como ambas piezas tenían una salida común hacia el patio, podíamos conversar y vernos, ya que ambas piezas tenían una puerta, que se abría con un simple cerrojo, y cuando se retiraba el guardia que estaba a nuestro cargo podíamos conversar libremente entre los cinco que estábamos en ambas piezas.

Fue así como la compañera Marta nos pudo mostrar las muñecas de sus manos, terriblemente amoratadas y en parte que les faltaba la piel, donde, según nos contó, la mantenían colgada durante horas en los interrogatorios. Nos contó además que continuamente le aplicaban corriente, y que la habían sometido a careo con el compañero Víctor Díaz, a quien tenían en otra celda separada, pero nosotros no vimos al compañero Díaz. Pero si Marta que estuvo con él. Nos expresó la compañera Marta que tenía muy serias dudas de que fueran a dejarla en libertad. A pesar de su estado físico destrozado, ella se preocupaba más de la suerte que corría el compañero Víctor Díaz, porque según nos dijo, lo trataban peor que a ella.

El día 25 de agosto fui dejado libre. Al día siguiente fue mi señora a la Vicaría de Solidaridad a presentar un deceptimiento (sic) al recurso de amparo que había puesto dando cuenta de mi desaparecimiento. Copia de este documento que se presentó en la Corte de Apelaciones la tengo aquí en mi poder con fecha del 26 de agosto de 1976. A pesar de todas las amenazas que había recibido de que no saliera de mi casa, consideré una cobardía mantenerme en mi casa encerrado y el día viernes 27 de agosto, fui a la Vicaría de la Solidaridad e hice una declaración de todo lo que había visto y todo lo que me había sucedido en Villa Grimaldi, que fue el lugar donde estuve detenido. Firmé esta declaración, que dijeron que iba a ser enviada a la Comisión de Derechos Humanos. Este mismo día 27 de agosto, o sea dos semanas antes que apareciera el cadáver de Marta Ugarte, fueron en dos ocasiones a mi casa los agentes de la DINA, muy molestos, porque con los nombres y direcciones que había entregado no habían encontrado a un solo compañero.

Fue así como nos vimos en la necesidad de salir del país, pero antes de hacerlo, el día 9 de noviembre, me dirigí a la notaría de Arturo Carvajal, donde hice una declaración pública, firmando las fotos de Marta Ugarte, de Alfonso Vizcarra, del compañero Julio Vega Vega, reconociendo que estas personas habían estado detenidas en Villa Grimaldi y habían sido vistas por mí. En vista de toda mi persecución posterior, salí del país con toda mi familia. Eso sería todo lo que puedo aportar a la Comisión, referente a lo sucedido por mi durante mi detención.

Anotaciones al caso de Marta Ugarte

Marta Ugarte, de 42 años, profesora y dirigente popular destacada, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile, fue detenida por la DINA el 9 de agosto de 1976.

En el recurso de amparo (hábeas corpus) presentado seis días después por sus familiares en la Corte de Apelaciones de Santiago, se dieron a conocer los detalles precisos acerca de su detención. Sin embargo, el Ministerio del Interior informó a la Corte -y también a los familiares-, que no existían antecedentes de que Marta Ugarte hubiese sido detenida.

Un nuevo recurso, presentado esta vez por la Vicaría de la Solidaridad, tuvo igual resultado.

Entretanto, Marta Ugarte era salvajemente torturada y flagelada por sus captores. En efecto el día 14 de septiembre, en una playa situada al norte de la ciudad de Valparaíso, llamada «La Ballena», se encontró su cadáver estrangulado, con la mandíbula y ambas muñecas fracturadas y con numerosas otras contusiones.

En un comienzo el cadáver no fue identificado y la Junta pretendió hacer creer que se trataba de un crimen pasional de una desconocida, informan dolo así a la prensa oficial durante varios días. No obstante, diligencias efectuadas por los familiares, lograron establecer, recurriendo incluso al informe pericial del dentista que atendía a Marta Ugarte, que a ella correspondía el cadáver encontrado.

Ante la justicia ordinaria se sigue actualmente en Chile un proceso en que se investiga el asesinato, sin que se tenga conocimiento de que se haya logrado presentar alguna prueba directa acerca de que Marta Ugarte estuvo detenida durante el período comprendido entre su desaparecimiento y el hallazgo de su cadáver.

Hoja de registro para casos de «personas desaparecidas» en Chile

Comisión Internacional
Investigadora de los Crímenes de la
Junta Militar en Chile
Bulevardi 13A/9
0120 Helsinki 12, Finlandia

Esta hoja de registro (véase el original en la pag. 22) debe contribuir a coleccionar y registrar antecedentes sobre personas «desaparecidas» en Chile. El material deberá ser enviado a organizaciones e instituciones nacionales e internacionales para ayudar a conocer el paradero de las personas «desaparecidas» en Chile.

La Comisión Internacional Investigadora de los crímenes cometidos por la Junta Militar en Chile ruega a todas las organizaciones, instituciones y personas que tengan conocimientos de dichas personas llenar la hoja de registro adjunta y entregarla a la Comisión Internacional (también) en el caso de que se tengan antecedentes de sólo uno o algunos de los puntos).

En el caso de que el informante no desee que aparezca su nombre ni que se traten algunos puntos, rogamos indicarlo en la hoja de registro.

1º Datos sobre la «persona desaparecida»

1.1. apellido y nombre
1.2. edad o fecha de nacimiento
1.3. sexo
1.4. Nº de la cédula de identidad
1.5. último domicilio
1.6. estado civil
1.7. profesión o actividad ejercida
1.8. dirección del lugar de trabajo
1.9. origen político y afiliación a alguna organización

2º Informaciones sobre la detención

2.1. lugar, fecha y hora aproximada de la detención
2.2. corto relato sobre las circunstancias de la detención y la autoridad que la efectuó
2.3. nombres y direcciones de testigos de la detención
2.4. cuándo y dónde ha sido vista la persona desaparecida después de su detención; ¿conoce Ud. otras informaciones importantes respecto a este punto?
2.5. paradero probado del detenido
2.6 ¿Cómo ha sido tratado el detenido?
(torturas, aislamiento etc.)

3º Fuentes de informaciones y de pruebas

3.1. ¿Sabe usted si ha sido presentada una denuncia por secuestro, lesión física, presuntos daños u otros delitos?

Ponga una «X» a la respuesta correspondiente.
Si
No
No lo sé

3.2. En el caso de «SI», indíquenos los detalles sobre el tribunal y el número del procedimiento

3.3. Sabe usted si se presentó un recurso de habeos corpus? Ponga una «X» a la respuesta correspondiente.
Si
No
No lo sé

3.4. En el caso de «SI», nómbrenos la Corte de Apelaciones y el número del caso

3.5. ¿Que informaciones fueron dadas por las autoridades de la Junta Militaren relación con la persona desaparecida?

3.6. ¿Sabe usted, si e! caso ha sido investigado o si se pidió a una de las organizaciones siguientes que se encargue del asunto? Ponga una «X» a la respuesta correspondiente.

Vicaría de la Solidaridad

Grupo ad hoc de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU Comisión de Derechos Humanos de la OEA (Organizaciones de Estados Americanos)

3.7. Otras informaciones o pruebas que usted considere importantes

4º Documentos

4.1. En caso de que tenga usted fotocopias de documentos en relación a las informaciones dadas en los puntos 1, 2 y 3 le rogamos enviarlas.

Por ejemplo:
- certificado de nacimiento
- certificado de matrimonio
- documentos sobre empleos
- cartas
- declaraciones juradas
- informes de la prensa
- copias de autos de procedimientos penales
- copias de actas del habeos corpus y de otros documentos jurídicos

5º Nombre y dirección de la persona que da esta información

II Violación de los principios y normas generales del Derecho Internacional por parte de la Junta Militar en relación con los derechos humanos en Chile

El sistema de terror político contra el pueblo chileno, institucionalizado y convertido en política estatal por la Junta Militar, ha sido condenado oficialmente por las organizaciones internacionales competentes, por los gobiernos de muchos países del mundo, por las asociaciones e instituciones representativas internacionales, no gubernamentales, por los foros internacionales de la opinión pública y por un considerable número de organizaciones nacionales que manifiestan su firme solidaridad con el pueblo chileno.

El sistema de grave atropello de los derechos humanos y derechos fundamentales instaurado por la Junta Militar ha sido objeto de una investigación completa detallada y por parte del grupo de trabajo ad hoc para la investigación sobre la situación de los derechos humanos en Chile, formado de acuerdo a la Resolución 8 (XXXI) de la Comisión de Derechos Humanos. Los resultados de esta investigación están contenidos especialmente en los informes A/10285 (1975), E/CN.4/1188 (1976) y A/31/253 (1976).

Gran número de materiales auténticos sobre la violación de los derechos humanos están contenidos en el «Segundo informe sobre la situación en relación a los derechos humanos en Chile» elaborado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y sometido a la VI sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA/Ser. P./AG/doc. 066/76/25/ May 1976). Los hechos, en relación con la violación de los derechos humanos, son tratados y examinados en este informe en particular, a la luz de las disposiciones de la Declaración Americana sobre los derechos y deberes del hombre.

En el curso de su trabajo de casi tres años, la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar ha reunido, recopilado y analizado una enorme cantidad de material referente a los crímenes, extremadamente graves, que la Junta ha cometido y sigue cometiendo. Los materiales de investigación han sido presentados a la opinión pública a través de una serie de publicaciones, siendo, de este modo, ampliamente divulgados. Puesto que los actos criminales en relación al menosprecio de los derechos humanos cometidos reiteradamente por la Junta Militar de Chile no cesan, la Comisión Internacional sigue reuniendo nuevas pruebas.

Sobre la base de estos antecedentes se puede deducir que el carácter criminal de la dominación de la Junta Militar en Chile es un hecho comprobado, generalmente reconocido y confirmado por la totalidad de las pruebas concluyentes.

En la investigación de los crímenes, los expertos competentes han hecho llamar la atención reiteradamente sobre el hecho de que los actos ilegales de la Junta Militar que son a la expresión de su política estatal y que se llevan a cabo con la ayuda del mecanismo estatal manipulado por la misma junta, constituyen una violación sistemática, abierta y grave de los principios y normas del derecho internacional reconocidos universalmente.

La Subcomisión Jurídica de la Comisión de Investigación Internacional ha hecho un análisis concreto del Acta del Derecho Internacional violado por la Junta Militar en Chile.

I. Incumplimiento de los compromisos estipulados en la Carta de las Naciones Unidas

La Carta de las Naciones Unidas contiene y representa el principio del respeto a los derechos humanos. Este principio se concretiza en varias disposiciones del preámbulo y en seis diferentes artículos de la Carta. En el preámbulo se enuncia la resolución de los pueblos que integran las Naciones Unidas de «reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas». El contenido de la resolución acerca del «Fomento y el desarrollo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales» y la resolución acerca de la «Imposición de los derechos humanos y las libertades fundamentales» se puede encontrar de múltiples formas en el contexto de varios artículos de la Carta. Aquí cabe señalar, en especial, el artículo 1, punto 3 sobre los propósitos y principios de la ONU y el artículo 13, punto 1, letra «b» sobre las funciones de la Asamblea General.

En virtud del artículo 56 de la Carta «Todos los miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización» de una serie de propósitos de la ONU. Entre estos figuran en primer lugar la garantía de un «respeto universal a los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión» (Artículo 55).

El principio del respeto a los derechos humanos formulado en la Carta de la ONU refleja la necesidad reconocida por los pueblos de una cooperación internacional para garantizar los derechos y libertades fundamentales del hombre. La inclusión de este principio en la Carta de las Naciones Unidas tiene, desde el punto de vista jurídico, un significado tal, que la exigencia en cuanto al apoyo para que se apliquen los derechos y libertades fundamentales se eleva a la categoría de un deber de principio, fundamental y reglamentario de los miembros de la ONU.

De ello resulta también la conclusión incondicional y categórica de que el régimen instaurado por la Junta Militar que ha institucionalizado un sistema de violación masiva y abierta de las libertades y derechos fundamentales del hombre está en contradicción con los objetivos y principios de la ONU, con el espíritu y letra de la Carta de la ONU.

La orientación actual del Derecho Internacional y la práctica en la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas han confirmado repetidamente que la garantía de los derechos fundamentales del hombre es un compromiso de extraordinaria importancia que los miembros de la ONU adquieren a través de sus estatutos. A este respecto, se puede hacer referencia, con toda razón, al juicio de los consultores del Tribunal de Justicia Internacional pronunciado en 1971 en relación a Namibia que contiene la interpretación del principio de respeto a los derechos humanos tal como está enunciado en la Carta de la ONU. El Tribunal de Justicia Internacional llegó a la conclusión de que la impugnación de los derechos fundamentales del hombre «representa una manifiesta violación de los objetivos y principios de la Carta» (International Court of Justice, Reports 1971, p. 16).

Este juicio consultivo del Tribunal de Justicia Internacional constituye un nuevo fundamento para sostener la opinión de que el régimen de impugnación de los derechos fundamentales instaurado por la Junta Militar de Chile que se basa en el sistema de la discriminación política, representa una violación abierta de los propósitos y principios de la Carta de la ONU.

La Organización de las Naciones Unidas ha llamado reiteradamente la atención de sus Estados miembros sobre su deber incondicional de fomentar y apoyar el cumplimiento de los estatutos en relación al respeto de los derechos humanos. De esta manera, se subrayó en la «Declaración sobre los principios del Derecho Internacional que se refieren a las relaciones amistosas y a la cooperación entre los Estados de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas» (aprobado en la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General del 24 de octubre de 1970), que «cada Estado tiene la obligación de hacer valer, mediante acciones comunes o individuales, el respeto universal a los derechos humanos y libertades fundamentales y de garantizar su salvaguardia en correspondencia con la Carta de la ONU.

II La violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de las convenciones internacionales sobre los Derechos Humanos

Es sabido que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948, esto es, inmediatamente después de la terminación de la segunda guerra mundial, fue una respuesta a la perentoria exigencia de los pueblos de elevar a un primer rango de la tutela internacional la vigencia de los derechos y valores humanos elementales arrasados por el fascismo. En el hecho, todo el sistema de la ONU nació dictado por la necesidad de alcanzar la paz y de restablecer y asegurar los derechos fundamentales y las libertades democráticas, escarnecidos y suprimidos por el fascismo y el nazismo, que es la peor de sus manifestaciones.

Al decidirse por la ONU la elaboración de una Carta Internacional de los Derechos Humanos, se previo que ésta constaría de dos partes: la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos (convenciones) sobre los Derechos Humanos de tal suerte que, mientras la Declaración tendría el significado y la función de una recomendación de la Asamblea General, los Pactos constituirían tratados de derecho internacional que los miembros de la ONU debían suscribir y ratificar. En consecuencia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos quedó completada con los Pactos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos que entraron en vigor en 1970 al reunirse el número de ratificaciones necesarias.

La Declaración de Derechos Humanos hizo explícitos, de manera solemne, los derechos y libertades aludidos en la Carta. Su artículo 2 subrayó la idea esencial de que la pretensión de todo ser humano a los derechos humanos y libertades referidos en la Declaración no admite discriminación derivada de su convicción política u otra circunstancia personal y no caben a su respecto distinciones relativas a la posición política o jurídica del respectivo país. De este modo se consagra el derecho de opinión, al igual que el derecho a la vida, libertad y seguridad (art. 3), prohibición de la tortura (art. 5), igualdad ante la ley (art. 7), derecho a la tutela jurídica eficaz (art. 8), prohibición de la detención arbitraria (art. 9), procedimiento ante tribunales independientes (art. 10), prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal (art. 11), entre otros derechos y libertades fundamentales.

La prohibición de la discriminación por opinión política, en cuanto al reconocimiento del goce y ejercicio de los derechos humanos o, lo que es lo mismo, de la violación de los derechos humanos por motivos políticos o ideológicos, ha sido reiterada en numerosos instrumentos internacionales de que Chile es parte. Pueden mencionarse, a título ilustrativo, el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (articulo 2 y preámbulo), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, de 21 de diciembre de 1965 (artículo 2, letra a) y artículo 5), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 20 de diciembre de 1952, etc.

Es más, las Naciones Unidas han ido adoptando decisiones concretas para hacer frente, impedir y sancionar las acciones que los mismos Estados ordenen u organicen y que signifiquen violación sistemática y masiva de los derechos humanos.

De ahí la resolución 2391 (XXIII) de la Asamblea General de la ONU, que califica expresamente de crímenes contra la humanidad las acciones de la política de Apartheid; la resolución 2621 (XXV), que califica de crimen la prosecución del colonialismo, en todas sus formas; las resoluciones sobre medidas contra el nazismo y la discriminación racial 2331 (XXII), 2438 (XXIII) y 2545 (XXIV); la convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, de 9 de diciembre de 1948, y la convención sobre la inaplicabilidad de las disposiciones sobre prescripción a los crímenes de guerra y a los crímenes contra la humanidad, de 26 de diciembre de 1968. Tales instrumentos prosiguen y desarrollan los principios jurídicos elaborados en los acuerdos de las cuatro potencias para el Procesamiento y Castigo de los Criminales de Guerra, de 8 de agosto de 1945, y en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional, de la misma fecha.

El posterior desarrollo progresivo del derecho internacional, y de los postulados de los derechos humanos encuentran la fase culminante de su formación en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en 1966 por la XXI Sesión de la Asamblea General de la ONU y que entró en vigencia en marzo de 1976.

Dicho Pacto contiene deberes concretos respecto a la observancia de los Derechos Humanos constituyendo así una nueva etapa del derecho internacional. Debemos mencionar aquí principios que a través de la plena vigencia del Pacto requieren actual y especial significación jurídica:

a) El cumplimiento de los compromisos internacionales;

b) La responsabilidad por la violación de tales compromisos y de las normas del derecho internacional;

c) La responsabilidad por los crímenes cometidos con motivo de su violación.

Proclamada en 1948 la Declaración Universal sobre Derechos Humanos con carácter de recomendación, el fin fundamental del Pacto es la creación de normas jurídicas obligatorias que garanticen la observancia de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, por los Estados firmantes de él.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por los Estados -entre los cuales se encuentra Chile- quienes han asumido así determinados deberes internacionales, son de este modo garantía jurídica de los deberes internacionales y libertades concretos que él contiene. Y a su vez, contribuye de manera directa para que la ONU y los Estados miembros hagan efectivas las disposiciones de la Carta y los propósitos fundamentales sobre la materia.

Los Estados Partes mediante el Pacto en forma directa se obligan a: respetar y garantizar, sin discriminación, los derechos reconocidos en él (art. 2, número 1) y a respetar y garantizar la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en dicho texto, (art. 3). Por ello el Pacto refrenda y eleva de categoría jurídica la tutela de los derechos elementales del individuo: derecho a la vida (art. 6, núm. 1), derecho a la libertad y a la inviolabilidad personal (art. 9 y 10), derechos a la inviolabilidad del honor, de la reputación y del domicilio (arts. 16 y 17), derecho de cada individuo a la defensa de sus derechos ante un tribunal competente, independiente e imparcial (art. 14); los derechos y las libertades cívicos y políticos: derecho de ciudadanía, derecho a la posesión de bienes y al matrimonio, libertad de pensamiento, de conciencia y de credo religioso, libertad de opinión y asociación pacíficas, derecho al sufragio universal, igual, directo y secreto (arts. 12, 13, 16, 18, 19, 21, 23 y 25).

El estudio especializado sobre la violación de los Derechos Humanos en Chile por el régimen de Pinochet, efectuado en el informe presentado por el Grupo ad hoc de la Comisión de Derechos Humanos de febrero de 1976, dice: «Dos años y cuatro meses después de su llegada al poder, los dirigentes actuales, obsesionados al parecer por el problema de la seguridad del Estado, siguen actuando como si fuesen los ocupantes militares de un territorio extranjero hostil y desprecian por completo las normas de conducta humanitarias universalmente aceptadas tal como se enuncian en las convenciones internacionales.» Y agrega más adelante: «... la denegación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la tortura y los tratos inhumanos, crueles y degradantes se han convertido así en una realidad habitual en la política gubernamental de Chile.»

Tal conducta asumida por los dirigentes de un Estado, cuyo poder ya lo usurparon mediante la comisión de crímenes, es incompatible con el sistema del derecho internacional de la ONU y de sus propósitos fundamentales, constituye asimismo un obstáculo a la puesta en práctica de la cooperación internacional para el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales como lo prescribe el art. 1º párrafo 3 de la Carta.

Los crímenes perpetrados en Chile en contra de los derechos y libertades democráticos del pueblo chileno y que son la negación de los derechos y libertades fundamentales del hombre quebranten gravemente lo establecido en el Pacto, y en consecuencia los deberes internacionales asumidos por Chile al firmar y ratificar el referido documento. Tales crímenes han sido perpetrados, no sólo mediante todos los métodos de terror y barbarie, ya demostrados ante la comunidad internacional, sino además, por sus instrumentos jurídicos, su «legislación», a través de la cual destruyó toda la institucionalidad democrática de Chile. Dicta normas -Decretos Leyes- en cuya virtud establece el imperio de la arbitrariedad y el terror, fundándose en «emergencias» de diverso tipo que viviría el país; o en el peligro que existiría sobre la «seguridad nacional»; y bajo otros diversos conceptos que van desde la «guerra interna», «estado de sitio» en diversos grados; «peligro de agresión permanente»; «guerra no convencional» o «subversión latente».

Siendo los tres últimos conceptos, los que sirven para reemplazar el estado de sitio, que lleva ya tres años de vigencia, por un estado de emergencia permanente, que les permitirá continuar con la represión y el terror bajo otros fundamentos y denominaciones. Estos vagos conceptos han sido incluidos en las Actas Constitucionales promulgadas el 11 de septiembre de 1976. A partir de ellos y mediante manipulaciones jurídicas de situaciones legales restrictivas de libertades, por las supuestas emergencias, pretende la dictadura la violación completa y aniquilación de los derechos humanos fundamentales protegidos por el Pacto.

Contraviniendo del modo reseñado, lo expresamente previsto en el art. 4 del Pacto, que dispone que la dispensión de las obligaciones emanadas de él, sólo puede ser usada por los Estados partes en forma excepcional y temporal cuando la vida de la nación esté en peligro, y cuya exigencia haya sido proclamada oficialmente. Con ello naturalmente, no sólo se ha transgredido el art. 4 referido, sino todo el sistema de obligaciones que impone el Pacto, en el sentido de respetar los derechos y libertades fundamentales del hombre, resguardados en su articulado.

No obstante, del especial significado que e! principio del respeto general de los derechos humanos adquiere en el Pacto y del hecho que Chile es parte de dicho Convenio Internacional, firmándolo y ratificándolo en conformidad a los mecanismos previstos en el propio instrumento para su perfeccionamiento y entrada en vigencia, la Junta Militar ha violado sus disposiciones y además manifiesta la expresa intención de desconocerle su vigencia y no respetar las obligaciones que de él emanan.

III La violación de las declaraciones aprobadas por la ONU y de otras actas generales sobre los derechos humanos

Todo el sistema de las torturas e injurias a los presos, que han sido comprobadas a través de numerosas investigaciones internacionales, no sólo constituye una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino también una inobservancia fraudulenta de la «Declaración sobre la protección de todas las personas contra torturas y otro tipo de tratamiento o castigo crueles, inhumanos o indignos», aprobada el 9 de diciembre de 1975 por la Asamblea General (resolución 3452 (XXX)).

La definición del concepto de «tortura» contenida en el artículo 1 de dicha declaración, puede aplicarse completa y absolutamente al tratamiento de los encarcelados en los numerosos centros de interrogatorios y torturas, en los centros secretos de la privación de libertad, en las cárceles y campos de concentración. Dicho artículo caracteriza la tortura como «un tipo agravante, doloso, cruel, inhumano o degradante del tratamiento y del castigo».

Precisamente este sistema de aplicación de la tortura y múltiples otras formas de tratamiento cruel, inhumano y degradante de los detenidos y personas bajo arresto por los órganos penales de la Junta quedaron fijados en los documentos de la ONU, en especial en el informe del grupo de trabajo ad hoc (E/CN.4/1188, §§ 127-154) y en otros materiales y conclusiones de la 4a sesión de la Comisión Internacional Investigadora de los crímenes de la Junta Militar en Chile, celebrada el 28 y 29 de marzo de 1976 en Helsinki (véase «Arbitrary arrests and detentions in Chile», §§ 7.1.-7.5; §§8.1-8.4).

La calificación del sistema de torturas aplicado por la Junta y sus instituciones y agentes resulta, a la luz del derecho internacional, de las disposiciones del artículo 2 de la declaración que dice al respecto: «Todo acto que signifique una tortura u otro tipo de tratamiento cruel, inhumano o degradante en el castigo es un injuria contra la dignidad del hombre y debe condenarse como una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos».

Mediante su resolución 1993 (IX) del 19 de mayo de 1976, el Consejo Económico y Social de la ONU llamó especialmente la atención sobre el compromiso jurídico-internacional de cumplir en todas sus cláusulas dicha declaración aprobada mediante la resolución 3452 (XXX) de la Asamblea General.

Las múltiples pruebas sobre las condiciones de prisión de los detenidos confirman, que las personas privadas de su libertad, que se encuentran en las cárceles, campos de concentración, centros de interrogatorios, establecimientos de policía y departamentos del servicio de inteligencia (DINA) están expuestas a injurias y castigos que, en su conjunto constituyen una violación de las disposiciones sobre las «Normas mínimas estandardizadas del tratamiento de prisioneros», aprobadas en 1955 por un congreso especial de la ONU (A/Conf./6/1 Annex 1.A) y corroboradas mediante la resolución del Consejo Económico y Social 663 C (XXIV) del 31 de julio de 1957.

Se violan, sobre todo, con regularidad y en gran medida, los artículos 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 así como muchas otras disposiciones estipuladas en dichas normas mínimas estandardizadas. Entre estas, figura la prohibición categórica y absoluta de «los castigos físicos, el calabozo y todo tipo de castigos crueles, inhumanos y degradantes», contenidas en el artículo 31.

Los diversos aspectos de la actividad represiva de los órganos de la Junta Militar en Chile violan también varias otras actas de derecho internacional, por ejemplo las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas que se refieren a los aspectos concretos del reconocimiento y respeto universal de los derechos humanos.

La Junta Militar, al valerse de una justicia militar especial, al desarrollar procesos judiciales anticonstitucionales en consejos de guerra a fin de arreglar cuentas con los adversarios políticos, al perseguir a los demócratas chilenos por su convicción política y al no emplear las garantías procesales contempladas en la Constitución y las leyes viola con ello las disposiciones de la resolución 2858 (XXVI) de la Asamblea General de la ONU, aprobada el 20 de diciembre de 1971, y que se denomina bajo el título: «Los derechos humanos en el campo de la justicia». A través de esta resolución la Asamblea General ha corroborado solemnemente los principios de los derechos humanos que se refieren al ejercicio de la jurisdicción. Eso vale en especial para aquellos que han sido consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 5, 10 y 11).

La Subcomisión Jurídica de la Comisión Internacional Investigadora de los Crímenes de la Junta Militar en Chile llama en particular la atención sobre el hecho de que en las cárceles chilenas siguen detenidas más de 2.000 personas que han sido condenadas por consejos de guerra durante la sesión del tribunal violando groseramente las leyes materiales y procesales del país (véase: The Disappearance of Arrested Persons in Chile. A survey presented by Jacob Södermann, Helsinki, Finland, September 1976, p. 8).

En dicho informe la Subcomisión Jurídica subraya la ilegalidad jurídico internacional del empleo, por parte de la Junta Militar, de la justicia militar para realizar actos de violencia y la ilegalidad del continuo encarcelamiento de personas que han sido condenadas por los consejos de guerra.

Contribuyen a la explicación del contenido concreto de los derechos humanos reconocidos universalmente los seminarios de la ONU para los derechos humanos en los cuales participan prestigiosos expertos del ramo correspondiente, que han sido nombrados por sus gobiernos y por consiguiente, invitados por el secretario general de la ONU. Las conclusiones elaboradas sobre la base del consenso de tal seminario son de considerable interés.

Del 19 al 30 de mayo de 1958 se celebró en Santiago, en cooperación con el gobierno de Chile, un «Seminario sobre la protección de los derechos humanos en cuanto al derecho y al proceso penales», organizado por la ONU. Las conclusiones elaboradas bajo la presidencia de representantes de Chile subrayan en particular, que las garantías del código del procedimiento penal pronunciadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 3, 6, 8, 9, 12 y 30) representan «normas jurídicas reconocidas universalmente».

En las conclusiones de dicho seminario se ponen de manifiesto y se interpretan detalladamente las «garantías fundamentales» en el campo de la jurisdicción.

Los participantes en el seminario de Santiago declararon que de las garantías fundamentales de los principios resulta la «prohibición más estricta de todos los métodos de la fuerza física y de la influencia moral contra presos y personas detenidas». El empleo de dichos métodos debe ser calificado como crimen (Naciones Unidas. Seminario acerca de la protección de los derechos humanos en el Derecho y el procedimiento penales. Nueva York, 1959, St/TAA/HR/3. Recomendaciones § 8).

La Subcomisión Jurídica llegó a la conclusión también en este aspecto, de que la Junta Militar no respeta las normas reconocidas universalmente y que han sido corroboradas en detalle a través de las conclusiones de dicho seminario celebrado en Santiago por la ONU en relación a los derechos humanos.

IV El incumplimiento de las convenciones internacionales aprobadas por las organizaciones especializadas internacionales OIT y UNESCO

La violación de los derechos humanos y de los derechos sindicales por el régimen de la Junta Militar en Chile significa una violación permanente y grosera de los compromisos jurídico internacionales que resultan de los estatutos de la Organización Internacional de Trabajo y las Convenciones acerca del trabajo, ratificadas por Chile, de los estatutos y de las convenciones y otras actas de la UNESCO.

El problema de la violación de los derechos humanos y sindicales por el régimen de la Junta Militar ha sido tratado varias veces por las conferencias generales de la OIT.

La Conferencia General de la OIT (59a sesión) expresó su preocupación por la grave situación en Chile respecto a la detención, ejecución y deportación de dirigentes sindicales, la violación de los derechos humanos y libertades democráticas, la disolución de las organizaciones sindicales, así como la restricción del derecho a la asociación y conclusión de contratos colectivos, estableciendo en su resolución del 24 de junio de 1974, que de este modo se violan varias convenciones internacionales. En la resolución se constata en particular la violación de los principios y normas de los estatutos de la OIT y de la convención (Nº 1) ratificada por Chile, sobre la duración de la jornada de trabajo en la industria, del año 1919.

La Conferencia General subrayó que las autoridades han despedido a decenas de miles de obreros, violando además los principios más elementales sobre la supresión de las discriminaciones por motivos de convicción política y afiliación sindical, al prohibírseles su reincorporación. Constató también una violación de la convención (Nº111) de 1958, ratificada por Chile (Bureau International du Travail. Bulletin officiel. Vol. LVII, 1974, Nr. 1, p. 41).

En base al informe de la comisión de investigación especial, la 60a sesión de la Conferencia General comprobó en su resolución del 24 de junio de 1975, que en el año en curso «no ha habido ningún cambio real», estableciendo otra vez la veracidad de los hechos en cuanto a la violación de las convenciones internacionales sobre el trabajo. Se suman además al cuadro de las convenciones violadas, los siguientes acuerdos: Convención (Nr. 87) sobre la libertad sindical y la protección del derecho sindical de 1948 y la convención (Nº 98) sobre el Derecho de Negociaciones de Contratos Colectivos de 1949 (Bureau International du Travail. Bulletin officiel. Vol. LVIII, 1975, Serie A, Nr. 1, p. 80-81).

La discriminación practicada por la Junta Militar por razones de convicciones políticas fue objeto de discusión en la sesión 196 y 197 del Consejo Administrativo de la OIT en relación con el informe de la comisión sobre la investigación de las medidas especiales fijadas después del golpe del 11 de septiembre de 1973 y que significa una violación de la convención Internacional Nº 111. La Comisión encargada de observar el Cumplimiento de las convenciones reafirmó en su informe ante la 61a sesión de la Conferencia General, que en Chile aún se sigue violando la convención Nº111 contra la discriminación (Conférence international du Travail. Compterendu provisoire. Soixante et uniéme session, 1976, Nr. 26, p. 26/a; Rapport de la Commission d'experts pour l'application des Conventions... Conférence... 61e session, 1976, Rapport III, 4A, p. 182).

La Conferencia General de la UNESCO expresó su profunda preocupación ante la violación de los derechos humanos en Chile, especialmente en relación con la detención, deportación y asesinato de destacadas personalidades que se desempeñaron en el terreno de la educación, la ciencia y la cultura y en relación a actos tales como la quema de materiales de enseñanza y otras obras que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad, constatando además, la violación de una serie de disposiciones estipuladas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La situación en el sistema de la instrucción pública donde la Junta Militar ha tomado represalias contra muchos miles de profesores, estudiantes y alumnos y ha paralizado el libre desarrollo de la educación escolar y universitaria, significa también una inobservancia de las disposiciones de la «Convención de las Recomendaciones de la UNESCO contra la discriminación en el sistema de instrucción pública», aprobadas en 1960. Esta Convención define la «discriminación» como restricción y/o privación de los derechos y posibilidades no sólo sobre la base del carácter étnico, del color de la piel, etc., sino también en cuanto a la religión, las convicciones políticas y otras convicciones.

Mientras que la Convención, prevé la abolición de todas las restricciones legislativas y medidas administrativas en relación a la práctica de la discriminación, la Junta Militar chilena aplica abiertamente criterios discriminatorios contra grandes grupos de empleados en las escuelas superiores y generales y contra los estudiantes y alumnos.

V El menosprecio de las resoluciones especiales de la Asamblea General y otros órganos de la ONU en relación a la violación de los derechos humanos en Chile

La Junta Militar menosprecia deliberada y cínicamente las resoluciones especiales de la Asamblea General de la ONU y otros órganos e instituciones aprobados en particular para condenar la violación de los derechos humanos y libertades democráticas por la Junta Militar en Chile y que deben contribuir a restablecer los derechos humanos en Chile.

El hecho de «no observar las resoluciones aprobadas» por la ONU por parte de la Junta Militar chilena se subraya especialmente en las observaciones finales del informe del grupo de trabajo ad hoc del Consejo Económico y Social para la XXXI Asamblea General de la ONU del 8 de octubre de 1976 (A/31/253, § 518).

Las siguientes resoluciones de la Asamblea General de la ONU que constituyen una expresión de la opinión de esta comunidad internacional acerca del problema de la violación de los derechos humanos en Chile no han sido observadas por la Junta Militar.

Resolución 3219 (XXIX) del 6 de noviembre de 1974;
resolución 3448 (XXX) del 9 de diciembre de 1975; y
resolución del 15 de diciembre de 1976.

Una abierta provocación por parte de la Junta Militar es además la desatención de numerosas resoluciones y conclusiones de los órganos de la ONU, tales como el Consejo Económico y Social, la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías.

De ello forman parte además:

- la resolución del Consejo Económico y Social 1873 (LVI) del 17 de mayo de 1974,
- la conclusión de la Comisión de Derechos Humanos del 1º de marzo de 1974,
- resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos:
8 (XXXI) del 27 de febrero de 1975
3 (XXXII) del 19 de febrero de 1976,

- resoluciones de la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías:
8 (XXVII) del 21 de agosto de 1974
(XXVIII) de 1975
3B (XXIX) del 31 de agosto de 1976.

VI Los intentos insostenibles por parte de la Junta Militar de demostrar su libertad respecto a los compromisos de derecho internacional

La Subcomisión Jurídica de la Comisión Internacional Investigadora de los Crímenes de la Junta Militar en Chile ha investigado exhaustivamente si son obligatorias para Chile las normas de derecho internacional en su conjunto, al igual que cada una de las actas, por haberse comprobado su violación por parte de la Junta.

Este análisis fue necesario, porque la Junta ha tratado de demostrar, a través de hechos pseudo jurídicos improcedentes, de medidas diplomáticas y acciones propagandísticas, que para ella no son válidas las mencionadas normas del derecho internacional. Mediante este proceder, la Junta trata de negar su responsabilidad ante la serie de acciones que en forma directa y descubierta violan las normas del derecho internacional.

Uno de los intentos de demostrar la inaplicabilidad de las normas de derecho internacional en lo que se refiere a los derechos humanos fue la decisión Nr. 20-187 del 25 de agosto de 1976, aprobada por la Corte Suprema de Chile contra el recurso de ilegalidad del decreto de la Junta en relación a la expulsión administrativa por razones de orden político.

En el primer punto de su decisión, la Corte Suprema sostiene que: «la Convención sobre los Derechos Políticos y Civiles, aprobada por la resolución de la XXI sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966... no fue promulgada como ley de la República». Por este motivo, esta convención no puede servir de «base jurídica» para suprimir el decreto ilegal Nr. 81 de la Junta. El motivo de tal decisión de la Corte Suprema no tiene objeto y no puede ser aceptado como «desligación» de los compromisos resultantes de la convención.

La convención sobre los Derechos Civiles y Políticos fue ratificada por Chile en febrero de 1972. El documento de ratificación fue aprobado cumpliendo estrictamente todas las disposiciones y preceptos necesarios de la Constitución Política de Chile y al mismo tiempo respetando el procedimiento de que es el Congreso la entidad que debe aprobar primeramente esta acta de carácter jurídico internacional ratificada por el Presidente de la República (artículo 72, punto 16 de la Constitución Política de Chile).

El hecho de que Chile haya ratificado dicha convención y esté obligado a cumplir sus resoluciones fue reconocido oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (véase entre otras cosas la comprobación oficial en el informe del Consejo Económico y Social A/10285 del 7 de octubre de 1975, Appendice 1, § 3).

El documento de ratificación fue presentado al secretario general de la ONU por el gobierno chileno de acuerdo al artículo 26, punto 2 de la convención. La ratificación de Chile fue reconocida como una de las 35 actas de ratificación necesarias para que ésta pueda entrar en vigor (artículo 27, punto 1). En consecuencia, la convención sobre los Derechos Civiles y Políticos entró en vigor el 22 de marzo de 1976.

La actual doctrina del derecho internacional parte del hecho de que la ratificación de los pactos sobre los derechos humanos obliga al Estado que ratifica a cumplir todas las disposiciones de dichos pactos. En especial, con respecto a los compromisos resultantes de la firma y ratificación de los pactos aprobados por la Asamblea General de la ONU, los expertos competentes en derecho internacional opinan que «tal contrato tiene carácter obligatorio para los Estados que lo firmaron de acuerdo al procedimiento previsto en el propio contrato».

La Convención de Viena sobre las normas jurídicocontractuales aprobada por la ONU en 1969 y ratificada por Chile corroboró un principio jurídicointernacional de extraordinaria importancia «Pacta sunt servando» (artículo 26). La Convención se basa en la concepción según la cual un Estado que se ha adherido jurídicamente a un contrato no puede ser desligado de sus compromisos por el mero hecho de que se remita a un resquicio en el derecho nacional (artículo 27). Por el acto de la firma, de la ratificación o adhesión, el Estado reconoce obligatorios para sí mismo los principios y las normas del contrato internacional que hizo entrar en vigor.

De este modo fue fijada la opinión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la resolución sobre el status de la Convención de los Derechos Humanos aprobada el 18 de febrero de 1977.

El decreto Nº 247 promulgado por la Junta el 17 de enero de 1974 y que establece «normas sobre los contratos internacionales» no tiene y no puede tener fuerza de ley. El artículo 5 del decreto prevé que después de haber depositado el documento de ratificación o del acta de adhesión, el canciller de la Junta «proclama» este contrato internacional mediante un propio decreto.

Ante todo, el decreto Nº 247 es anticonstitucional porque es un acto que fue promulgado en virtud de los poderes usurpados ilegítimamente por la Junta para dictar actas normativas con fuerza de ley, entre ellas tales, que cambian las disposiciones de la Constitución Política de la República.

Y además, tal acto no pudiera ser retroactivo aun cuando fuera promulgado de acuerdo al derecho. Juzgando según la parte motivada del decreto, ese tampoco fue el sentido de sus autores, pues en el punto 3 de la parte motivada se habla de «una existencia de diversos contratos internacionales firmados por Chile y que se encuentran en el estado de su ratificación».

En consecuencia, no pueden ser consideradas apelaciones sobre una «necesaria promulgación» si se trata de compromisos incondicionales resultantes de la firma del Pacto de Derechos Civiles y Políticos celebrada el 16 de septiembre de 1971 y ratificado el 10 de febrero de 1972 de acuerdo a la aprobación del Congreso de Chile.

VII. El problema de la responsabilidad: sanciones, medidas de influjo, penas

1º Medidas de influjo de acuerdo a la Carta de la ONU

La supresión de los derechos y las libertades elementales del hombre practicada por la Junta Militar chilena en el interior del país está inseparablemente vinculada con la política que contraviene todos los ideales y principios de la Carta de la ONU que forman un conjunto unitario e indisoluble.

El terror político que ha sido institucionalizado constituye la negación del principio que consiste en respetar y salvaguardar los derechos y las libertades del hombre. De este modo el régimen instaurado por la Junta Militar chilena no sólo es una expresión del rechazo completo, sistemático y consciente del principio de respetar y garantizar los derechos y las libertades del hombre. El régimen militar fascista en Chile pone en peligro la paz, la seguridad y la colaboración normal entre los pueblos.

Todo intento de hacer renacer la ideología y prácticas fascistas entraña un peligro para la paz y la cooperación internacional en el espíritu de los principios de la Carta de la ONU. Como bien se sabe la fundación de la Organización de las Naciones Unidas y la elaboración de su Carta han sido la expresión de la decisión de los pueblos del mundo, de borrar el fascismo de la práctica histórica y no permitir su resurgimiento, cualquiera sean sus formas o apariencias.

En este contexto es significativo el hecho de que la Conferencia General de la UNESCO al tratar el problema de la violación de los derechos humanos en Chile subrayó en su resolución Nº 11.31. del 23 de noviembre de 1974 «su condena y rechazo del fascismo como doctrina y sistema de gobierno». La Conferencia General de la UNESCO constató «la influencia nefasta que una práctica antihumanista tal como es la del fascismo, ejerce sobre el desarrollo de la vida intelectual de los pueblos» (UN General Assembley, XXX Session. Document A/10 285, Appendix E).

La práctica de la ONU parte de la necesidad de tomar las medidas previstas en los capítulos VI y VII de la Carta de la ONU para el caso en que se constate una situación política en la cual se contravengan gravemente los derechos humanos.

De acuerdo a las estipulaciones del capítulo VI de la Carta, el Consejo de Seguridad de la ONU está autorizado para «investigar toda situación susceptible de conducir a fricción internacional..., a fin de determinar si la prolongación de tal situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional» (artículo 34 de la Carta de la ONU). Una situación como la que se ha mencionado más arriba surge en un país cuando se contravienen gravemente los derechos y las libertades elementales del hombre.

Tal situación fue constatada en Chile después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, por los organismos competentes de la ONU. Ya en su 30a sesión, la Comisión de Derechos Humanos, al tratar la situación surgida en Chile expresó su profunda preocupación frente a las graves contravenciones a los derechos humanos en Chile que se oponen a la Declaración General de los Derechos Humanos y otros documentos correspondientes, ratificados por un gran número de países, incluso por Chile.

La Comisión de Derechos Humanos llamó al gobierno chileno a poner fin a todas las violaciones de los derechos humanos que contrarían los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y a otros documentos internacionales, incluso los acuerdos internacionales sobre los derechos humanos.

Por consiguiente existe una fundada razón para reconocer la competencia del Consejo de Seguridad, actuar según el capítulo VI de la Carta de la ONU y recomendar la toma de medidas a fin de corregir la situación existente.

Ya en la Conferencia Internacional de Solidaridad con el pueblo chileno que tuvo lugar en Atenas del 13 al 16 de noviembre de 1975, se resolvió someter a los miembros de la ONU la proposición de aplicar, por decisión del Consejo de Seguridad, las medidas previstas en el artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas.

Este artículo contiene una enumeración aproximativa de las medidas: «...la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas...». En la práctica de la ONU estas medidas son a menudo reunidas bajo el término más general de «medidas correspondientes». Con el fin de elaborar proposiciones para medidas concretas que puedan influir en el régimen de la Junta Militar fascista habrá que hacer referencia sobre un precedente, es decir sobre la resolución de la Asamblea General de la ONU 1761 (XVII) que recomienda medidas influyentes sobre la República de Sudáfrica (RSA) para eliminar la política del apartheid.

La Asamblea General les recomendó a los miembros de la ONU:

1º romper las relaciones diplomáticas con la RSA;

2º cerrar sus puertos a los barcos que están bajo la bandera de la RSA;

3º adoptar leyes que prohíban a sus barcos tocar puertos sudafricanos;

4º boicotear todas las mercancías sudafricanas y abstenerse de la exportación de mercancías incluso todas las clases de armas hacia la RSA;

5º rehusar a todos los aviones pertenecientes a compañías que han sido registradas según las leyes de la RSA el permiso para aterrizar o volar sobre su territorio.

La Asamblea General de la ONU recomendó al Consejo de Seguridad tomar las medidas necesarias incluso sanciones, para garantizar sus resoluciones acerca de la RSA (United Nations Action in the Field of Human Rights, p. 42).

En relación con el examen del conjunto de medidas que deberían ser aplicadas frente a la Junta Militar chilena, la Subcomisión Jurídica estima necesario recordar las proposiciones sometidas varias veces por la Comisión Internacional en sus documentos aprobados en sus sesiones y reuniones de la secretaría.

La Subcomisión Jurídica subraya que las proposiciones, desde el punto de vista de los principios y las normas del derecho internacional, parecen indudablemente motivadas y se apoyan plenamente en los documentos de la ONU y en otras actas del Derecho Internacional que han sido tratados en este informe.

2º Prestar ayuda al régimen de la Junta Militar significa para los Estados miembros de la ONU no cumplir con los deberes fijados en la Carta de la ONU

Reiteradamente la opinión pública ha dado cuenta de la ayuda que de uno u otro modo se presta al régimen de la Junta Militar chilena. Se trata entre otras cosas, de ayuda económica, suministros de armas a la Junta y el abastecimiento a los organismos militares y políticos con medios técnicos. En muchos casos la ayuda se efectúa directamente por organismos gubernamentales o con la intervención o el conocimiento de instituciones estatales, utilizando créditos estatales, y en base a garantías estatales para inversiones de capitales privados. Todas estas acciones se denominan con el término «diferentes formas de ayuda para los gobernantes chilenos» de las cuales se habla en la última resolución de la Asamblea General de la ONU aprobada el 15 de diciembre de 1976 (punto 5 c de la resolución). En relación a lo anteriormente dicho la Asamblea General encargó a la Comisión de Derechos Humanos «medir las consecuencias» de una ayuda tal prestada a la Junta Militar chilena.

Sin anticipar juicios y conclusiones definitivos que la Comisión de Derechos Humanos aprobará al respecto, la Subcomisión Jurídica estima necesario llamar la atención al hecho de que las ayudas prestadas a los «gobernantes» constituyen en el fondo un apoyo directo o indirecto a un régimen que contraviene los objetivos y principios de la Carta de la ONU, que destruye el sistema de los valores humanistas del Derecho Internacional actual y que se apoya en la organización de una violación permanente y abierta de los derechos humanos. Por consecuencia toda forma de ayuda prestada a la Junta Militar chilena constituye en sí un incumplimiento de los deberes fijados en el artículo 56 de la Carta y que consisten en «actuar conjunta o individualmente, en cooperación con la Organización», a fin de contribuir a garantizar «el respeto universal de los derechos humanos y de las libertades fundamentales».

3º Razones por las cuales se califica a los crímenes cometidos por la Junta Militar como crímenes contra la humanidad

La Subcomisión Jurídica considera necesario examinar hacia todas las direcciones si existen razones para calificar el sistema institucionalizado de contravención de los derechos humanos por parte de la Junta Militar chilena como crimen contra la humanidad. El punto de partida es la pregunta si los principios de Nuremberg sobre la definición del carácter, las formas, dimensiones y los sujetos concretos de la responsabilidad aún son aplicables a los crímenes que se cometieron y se cometen todavía.

En este sentido la Subcomisión Jurídica estima necesario recordar una vez más el hecho de que la Conferencia General de la UNESCO, en su resolución 11.31 que condena el sistema de la violación de los derechos humanos en Chile, subraye el peligro que constituyen todas las clases de práctica antihumanista cuya fuente es el fascismo para el desarrollo de relaciones de amistad y del respeto mutuo entre los pueblos así como para la paz mundial y la seguridad internacional.

La codificación (efectuada por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU) que se basa en las estipulaciones del artículo 6 de los estatutos de la Corte Militar Internacional de Justicia, calificó los crímenes, tales como asesinato, eliminación, sojuzgamiento, destierro y otros actos inhumanos contra la población civil, o la persecución por motivos políticos, racistas o religiosos como crímenes contra la humanidad cuando estos actos o estas persecuciones son cometidos en ejecución o en relación con cualquier crimen contra la paz o con un crimen de guerra.

En el proyecto del Código de los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad (elaborado en 1951 por la Comisión de Derecho Internacional), el empleo de fuerzas armadas con otro fin que no sea la autodefensa nacional o colectiva o sea su empleo por decisión o recomendación del organismo competente de la ONU se califica también como crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad.

Si se parte del hecho de que el empleo de las fuerzas armadas de la Junta Militar chilena contra el propio pueblo con el fin de derrotar el gobierno legal y mantener con la fuerza el poder usurpado tiene características del término «crimen contra la paz» (de un término que es definido en el proyecto del Código de los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad), eso también es una razón para calificar e! sistema del terror político instaurado por la Junta Militar en Chile como crimen contra la humanidad.

La Subcomisión Jurídica toma también en consideración que los organismos competentes de la ONU aplicaron el término «crímenes contra la humanidad» a los crímenes internacionales actuales, precisamente al apartheid. En las resoluciones 2022 (XX), 2074 (XX), 2202 A (XXI), 2189 (XXI), 2307 (XXII), 2396 (XXIII), 2506 B (XXIV), 2671 (XXV), 2775 F (XXVI) y en una serie de otras resoluciones de la Asamblea General de la ONU se califica el apartheid y en general todas las formas de discriminación racial como crímenes contra la humanidad. En este sentido la Asamblea General indica en la resolución 2671 F (XXV) del 8 de diciembre de 1970 que la política del apartheid practicada por el gobierno de la RSA constituye una negación de la Carta de la ONU y es un crimen contra la humanidad.

4º La responsabilidad individual de los crímenes cometidos por miembros de la Junta Militar y sus agentes

La Comisión Internacional subrayó repetidamente que fuera de la responsabilidad política y mora! del sistema de la violación de los derechos y las libertades elementales en Chile tiene importancia fundamental también la responsabilidad individual de los crímenes que se cometieron y se cometen todavía.

En el juicio del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg se destacó particularmente el hecho de que los crímenes contra el derecho internacional son cometidos por seres humanos y no por categorías abstractas y que sólo el castigo de personas individuales que cometen tales crímenes está garantizado el cumplimiento de las estipulaciones del Derecho Internacional (International Military Tribunal, Vol. XXII, p. 565-566).

De importancia fundamental es también la estipulación de los estatutos de la Corte Militar Internacional de Justicia según la cual la función oficial de los acusados, su posición como jefes de gobierno o funcionarios de gran responsabilidad no puede ser considerado como motivo para una liberación de la responsabilidad o una atenuación de la pena (artículo 7).

Las exposiciones precedentes autorizan a la Subcomisión Jurídica tomar la siguiente conclusión general:

La Junta Militar chilena instauró un régimen de terror que constituye una negación de las metas de la Organización de las Naciones Unidas, un incumplimiento consciente de los deberes que resultan de las convenciones ratificadas y entradas en vigor, una violación grave y provocadora de toda una totalidad de principios y normas universalmente reconocidos del derecho internacional, un ataque a los fundamentos del orden jurídico internacional. Tanto del punto de vista del derecho internacional como en concordancia con la legislación de Chile los miembros de la Junta Militar son responsables de los crímenes cometidos.

En este contexto la Subcomisión Jurídica subraya que es su deber apoyar la Comisión Internacional de todos modos en la apreciación de los comprobantes reunidos y en la calificación jurídica exacta del acto criminal correspondiente así como en el cumplimiento de otras tareas de la Comisión Internacional en el marco de sus competencias y apoyándose en la capacitación profesional de sus miembros.

Los materiales reunidos por la Comisión Internacional pueden servir de base para la acusación que el pueblo chileno presentará contra la Junta Militar.

III Informe del Comité Exterior de la Central Única de Trabajadores de Chile a la Subcomisión Jurídica de la Comisión Investigadora de los Crímenes de la Junta Militar Fascista

Atentados a las libertades y derechos sindicales

En Chile, todas las libertades y derechos sindicales están total o parcialmente suprimidos, tanto los que se encuentran prescritos en la Legislación Internacional del Trabajo como los que corresponden a las leyes chilenas.

Están prohibidas o restringidas fuertemente las libertades de organizar sindicatos, de elegir dirigentes sindicales, de reunión, el fuero sindical, los derechos a revisar las condiciones de vida y de trabajo, a la negociación colectiva, a huelga.

Tal situación fue reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual instó a las autoridades de la Junta Militar a restablecer los derechos y libertades sindicales esenciales. En repetidas oportunidades la Comisión de Investigación y Conciliación de la OIT en materia de libertad sindical ha informado a la Conferencia General, al Consejo de Administración de este organismo internacional que los atentados a los derechos sindicales en Chile son permanentes. Lo reitera en su último informe de noviembre de 1976. El movimiento sindical chileno ha venido denunciando esta situación, ya sea en la clandestinidad, o a través de organizaciones y dirigentes que pueden actuar públicamente.

El 28 de mayo de 1976, diez organizaciones sindicales nacionales, a través de sus máximos dirigentes enviaron una carta pública al General Pinochet, señalando la aguda crisis a que está sometido el movimiento sindical, lo cual se une a la «grave angustia económica que viven los trabajadores».

Estos dirigentes diferencian dos etapas de la represión al movimiento sindical. Primeramente las restricciones se debieron a las necesidades impuestas por la «Seguridad Nacional», lo cual significó que el «movimiento sindical chileno se encuentra virtualmente paralizado». Y se agrega: el período actual es que «esta tendencia ya no es sólo la consecuencia de medidas de emergencia, sino que se presenta como línea permanente dentro de la política sindical y laboral».

Las 10 organizaciones se refieren a la mantención del Decreto Ley 198 que coarta hasta la más mínima expresión sindical y al proyecto del Nuevo Código del Trabajo, la reforma de la Previsión Social, el Estatuto Social de la Empresa y al nuevo Estatuto de Capacitación Ocupacional; son sólo algunos de los instrumentos a través de los cuales la Junta Militar pretende destruir la vida sindical y los derechos adquiridos por los trabajadores en casi un siglo de lucha.

El nuevo Código del Trabajo establece por ley la división y el paralelismo de las organizaciones sindicales, impide en la práctica el derecho a petición y negociación colectiva y somete a la organización al control irrestricto de la autoridad administrativa. El llamado Estatuto Social de la Empresa, elimina toda posibilidad real de intervención de los trabajadores en las decisiones respecto de la producción y legitima la subordinación de éstos a las decisiones empresariales. La reforma de la Previsión Social desconoce las antiguas conquistas sindicales en esta materia, impide el acceso de los trabajadores organizados a la dirección del sistema y permite utilizar los fondos previsionales en el denominado «mercado de capitales» con lo que se transfiere directamente dineros de los trabajadores a manos de los especuladores financieros. Por último el Estatuto de Capacitación Ocupacional, elimina los organismos de educación y perfeccionamiento de los trabajadores, confiando las iniciativas que puede haber en ese plano, exclusivamente a la dirección, gestión y organización del Estado y los empresarios privados.

Sin embargo, la Junta Militar no ha podido imponer sus designios. El movimiento sindical lucha por el derecho a la subsistencia, el derecho al trabajo y defiende las organizaciones sindicales.

Esta acción se manifiesta públicamente en la carta de 7 organizaciones dirigida al Ministro del Trabajo en el mes de septiembre pasado, en la cual expresan que se deben adoptar las siguientes medidas:

1º Derogación del Decreto 198

2º Restablecimiento del derecho de petición y negociación colectiva.

3º Modificación de los reglamentos de las Comisiones Tripartitas, en el sentido que reciban, discutan y resuelvan los memorándum y peticiones que les presentan los gremios, como asimismo se respete en sus resoluciones la vigencia de las actas de advenimiento que contemplen beneficios superiores.

4º Constitución de Comisiones Tripartitas para las ramas de la producción y servicios que aún no la tienen, con amplias facultades resolutivas.

De la misma manera los sindicatos de todo el país se han opuesto a la dictación del nuevo Código del Trabajo, la reforma de la Seguridad Social y otras medidas anunciadas por la Junta. Es importante enfatizar que las acciones públicas mencionadas, incluyen a 17 de las Federaciones y Sindicatos Nacionales más destacados del país, como: Confederación Marítima de Chile (COMACH), Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Confederación de Empleados Particulares de Chile (CEPCH), Comando de Trabajadores del Petróleo, Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Sindicatos de Industria SUMAR, Federación de Trabajadores del Banco del Estado, Federación Industrial Ferroviaria, Federación «El Triunfo Campesino», Sindicato Nacional de Industria Azucarera, Federación de la Construcción, Confederación Unidad Obrero-Campesina, Confederación Campesina e Indígena «Ranquil», Federación Minera, Federación Nacional Textil, Federación de Trabajadores del Metal y Asociación Nacional de Pensionados. En conjunto actúan allí, la mayoría absoluta de los trabajadores organizados sindicalmente.

La respuesta del régimen es la violencia desatada contra los dirigentes sindicales, secuestrándolos, como asimismo disolviendo sindicatos, imponiendo dirigentes, prohibiendo reuniones, negando el derecho a huelga y a la negociación colectiva.

Hacemos presente a Uds. que:

1. - Casi la totalidad de las organizaciones sindicales que aún mantienen una vida legal restrictiva han solicitado a las autoridades militares -y en forma pública- la derogación del Decreto Ley 198 y la plena restitución de las libertades sindicales en el espíritu consagrado por la OIT y que la Junta ha violado totalmente, esto es:

1.1. - La libertad de elegir y ser elegido. Derecho impedido por el Decreto Ley antes mencionado, el cual además, elimina prácticamente el fuero sindical y la inamovilidad de los dirigentes, el tiempo que éstos puedan destinar a sus labores y la posibilidad de realizar reuniones libremente. A través de este instrumento la Junta Militar puede incluso destituir e imponer dirigentes a su arbitrio. Así por ejemplo:

- En septiembre de 1976, decretó el cambio de la directiva de la Con federación de Trabajadores del Cobre, recurriendo a pretextos legales, pero en realidad porque Guillermo Santana, su Presidente (que fue elegido en diciembre de 1973 ante un Inspector del Trabajo) firmó el 28 de mayo la carta de los diez dirigentes sindicales dirigida al General Pinochet. Se nombró como su sucesor a Bernardina Castillo, quien ha representado a la Dictadura Militar en dos oportunidades en la Conferencia de la OIT.

- El 18 de septiembre se reestructuró la Directiva del Sindicato Profesional de Empleados y Obreros de LAN Chile.

1.2. - El derecho a reunión de los sindicatos está coartado por las autoridades. Sólo el Ministerio del Interior puede autorizar reuniones. En los últimos meses las autoridades militares prohibieron las reuniones sindicales. El 12 de noviembre fue suspendido el Consultivo Nacional de los Trabajadores del Comercio y Cooperativas, que ya había sido autorizado. El 22 de noviembre la Junta no autoriza el Consultivo Nacional de los Trabajadores Marítimos, que debía realizarse la primera semana de diciembre.

1.3. - La cancelación de la personalidad jurídica, disolución y requisición o traspaso de bienes sindícales son práctica habitual de la Junta. En agosto de 1976 fueron disueltos 19 sindicatos y 17 en el mes de noviembre del mismo año.

2. - La represión organizada contra los trabajadores posibilita que los patrones infrinjan las leyes laborales. El diario «El Mercurio» del 8 de diciembre de 1976 publica que 27.069 infracciones que afectan a once mil trabajadores han sido comprobadas en seis días y todas ellas están relacionadas con «contratos de trabajo no actualizados», «no pago total de las remuneraciones», «incumplimiento de la ley de la silla por parte de empresarios del comercio», «no pago de imposiciones pre- visionales».

3. - La Junta Militar utilizando diversas formas ha tratado de ahogar el funcionamiento de las organizaciones sindicales, especialmente recurriendo a impedir la libre disposición de las cotizaciones sindicales. Tal es la denuncia Nº 823 reconocida por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que se refiere a las Confederaciones Ranquil y Unidad Obrero-Campesina.

4. - Lo ocurrido con los «desaparecidos», afecta también grandemente al movimiento sindical. Así, en los últimos seis meses, han sido secuestrados por la DINA y otros servicios de inteligencia, numerosos dirigentes sindicales, entre ellos:
Jaime Donato : Presidente de la Federación Eléctrica de Chile
Nicolás López : Ex dirigente nacional de la CUT
Raúl Montoya : Dirigente Nacional de la Construcción
Fernando Navarro : Dirigente de CUT y de los Ferroviarios
Lincoyán Berríos : Dirigente Nacional de los Empleados Municipales
y decenas de otros más.

A ello hay que agregar los casos de los destacados dirigentes obreros, secuestrados con anterioridad por la DINA:
Exequiel Ponce : Dirigente Nacional de la CUT
Víctor Díaz : Ex dirigente nacional de la CUT
Bernardo Araya : Ex dirigente y fundador de la CUT

5. - Las llamadas Actas Constitucionales, dictadas en septiembre de 1976, ponen al nivel de la «Constitución Política del Estado» que la Junta pretende implantar, las limitaciones al derecho de huelga, llegando a condicionar éste por consideraciones de «Seguridad Nacional». Resulta evidente que esta sola condición, dado lo amplio, ambiguo y discrecional, permite a cualquier jefe militar impedir toda huelga, por justa que ella sea.

6. - Recientemente, hace sólo un mes, ha aparecido en Chile una nueva forma de reprimir al movimiento sindical. Un grupo de enmascarados asaltó impunemente la sede de la ANEF, golpeando a las personas que se encontraban allí y quemando archivos así como causando otros daños. No robaron nada. No cabe duda que los asaltantes contaban y cuentan con protección oficial. Es el terrorismo abierto y a la luz del día.

Debemos concluir que dado el rol que históricamente le ha correspondido a la organización sindical en Chile, la acción represiva de la Junta lesiona gravemente las posibilidades de desarrollo futuro del país. Sin embargo, a pesar de todo, los trabajadores de una u otra manera logran romper el cerco, hacen oír su voz y se constituyen cada vez más en un pilar de nuestro futuro democrático.