Sergio Spoerer

Sociólogo, ex-vicepresedente de la federación de estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso

El movimiento de reforma universitaria se inicia en Chile en junio de 1967; bajo el impulso decisivo del movimiento estudiantil se extiende desde la Universidad Católica de Valparaíso -cuya casa central es ocupada el 17 de dicho mes- hacia la Universidad Católica de Santiago y muy luego a todas las universidades chilenas. ¿Por qué 1967? Desde un punto de vista no sólo chileno sino latinoamericano ésta nos parece una fecha decisiva. Los años 60 se han abierto bajo el signo de Cuba; ella inaugura una fase en que el antiimperialismo además de heroico es optimista: «Nuestra generación es hija de Cuba y de Vietnam», decía Rodrigo Ambrosio expresando el sentir de una juventud que veía no sólo la dimensión necesaria de la lucha, sino la posibilidad de la victoria; el imperialismo podía ser derrotado: Ho Chi Minh, Fidel, el Che estaban allí para recordarlo. Cuba hacía hablar español al socialismo y haciéndolo próximo lo hacía comprensible, deseable, necesario; el error de muchos -nuestro error- fue hacer de aquel sueño cotidiano un horizonte inevitable: bastaba voluntad, coraje, pensábamos, todas las condiciones las creíamos dadas, el enemigo nos parecía débil, para derrotarlo bastaba con no equivocarse de «vía». Y así, encerrándonos en falsos debates, fuimos no sólo dificultando la acción, sino ignorando los verdaderos problemas: nos dejamos cegar por la engañosa superficie de lo que creíamos evidencia. Fueron necesarios muchos años, el cataclismo de una gran derrota, para que una nueva mirada reconstruyera la realidad de entonces. Los análisis de hoy no son, pues, ejercicio de memoria ni expiación autocrítica: son un conocimiento nuevo que la propia historia ha hecho posible, previniéndonos al mismo tiempo contra la pretensión inútil de declararlo evidente.

¿En qué concierne todo esto a la reforma universitaria?, se preguntará alguien. En todo, y muy de cerca, responderemos, antes de anunciar que iniciamos otro rodeo; pues del mismo modo que una multiplicidad de islas Jamás constituirá un continente -a lo más un vasto archipiélago que, por convención, podría denominarse así- tampoco una yuxtaposición de verdades fragmentarias sabría merecer el nombre de análisis.

La derrota militar de la intervención imperialista en Bahía Cochinos y la ocupación de Santo Domingo, impidieron por mucho tiempo comprender la verdadera naturaleza del nuevo dispositivo norteamericano en la región: Alianza para el Progreso y políticos de contrainsurgencia. Cuando a poco andar la «ayuda» y las «reformas» se diluyen completamente, la asistencia a las FF.AA. y policiales de la región en su lucha contra el «enemigo interno» se convierte en la clave de la política norteamericana. El acrecentamiento y la diversificación de sus intereses económicos que lleva sus inversiones desde la minería y la agricultura a la industria y los servicios, exige un creciente control político, social y cultural incompatible con el tipo de Estado liberal-populista predominante en la región. Desde este punto de vista el verdadero rostro de la presencia norteamericana no está en la experiencia de Eduardo Frei, en 1964, sino en el golpe contra Goulart, en Brasil, ese mismo año. Sin embargo es la «Revolución en Libertad» quien accede a la izquierda: ella sería expresión de la Alianza para el Progreso con que los EE. U U. quieren ofrecer una alternativa al ejemplo cubano, el partido demócrata cristiano sería así «la nueva cara de la derecha», estrategia de disimulación de una burguesía incapaz de confesar su nombre. De este modo, en el énfasis -explícito o no- puesto en la oposición reforma o revolución, es todo el modelo autoritario que se gestaba en Brasil y pronto se extendería a otros países, el que así se ignoraba. La gravedad de un tal olvido la izquierda chilena estaba lejos de sospecharla: pensar entonces en algo parecido a septiembre 1973 era del orden del delirio.

Sin embargo, los signos anunciadores no faltaban. Desde 1965, con la fundación del Partido Nacional, la derecha lleva adelante su rearme luego de un profundo reflujo de los años precedentes. La fusión liberal-conservadora es más que una simple convergencia dictada por las necesidades electorales: un discurso autoritario y nacionalista y un nuevo grupo dirigente -herederos de una tradición fascista siempre presente en la burguesía chilena- reemplazan las orientaciones y los dirigentes históricos que condujeron a liberales y conservadores en el juego político de la república democrática y representativa. En 1967 la burguesía monopólica chilena y la fracción latifundista pierden aceleradamente sus ilusiones democráticas; en un consultivo de agosto de ese año el Partido nacional planteaba: «El Gobierno de Frei es víctima, en lo interno, de la crisis de autoridad más aguda de este siglo en nuestro país (...), como en las anarquías anteriores tal estado de cosas sólo puede ser detenido con un régimen de autoridad encruzado por un gobierno fuerte, impersonal y nacional (...) Mantenemos toda nuestra fe en los superiores destinos de la Patria y en el sentido de acendrado deber y de justicia que siempre ha distinguido tanto a su Poder Judicial como a las FF. AA.». En esos años la izquierda chilena no parece haber entendido la radical ruptura que esa posición anunciaba; no fueron pocos los que no vieron allí otra cosa que «contradicciones en el seno de la burguesía». Tampoco nadie pareció prestar mayor atención cuando un año más tarde un general desconocido, llamado Augusto Pinochet, publicaba un libro escuetamente titulado Geopolítica. No por más sabido lo allí anunciado nos parece menos decisivo: oscuras páginas, que entonces hubiéramos creído remotas, se inscribían en aquellos signos.

A mediados de los años sesenta una crisis general de la sociedad chilena está en desarrollo. A nivel económico sus síntomas más visibles (estancamiento, inflación, cesantía) son la expresión de un trasfondo estructural en que las tendencias monopolizadoras y dependientes de la economía chilena entran en contradicción con el tipo de Estado existente y, particularmente, con sus formas de intervención económica relativamente estables desde la época del Frente Popular.

El agotamiento de la fase simple del proceso de industrialización por sustitución de importaciones ha tendido a implantar nuevas y más complejas formas de dependencias del capital extranjero que se establece sólidamente en todo el sector industrial -de preferencia en sus sectores más dinámicos-, en los servicios básicos -teléfonos, electricidad- y en el sistema financiero. La acelerada cubanización general de la sociedad, exceptuando el sector agrícola, cuyo tradicionalismo incentiva las migraciones urbanas y la consiguiente agudización de la marginalidad.

La crisis alcanza también a todo el sistema político: a sus instituciones, a sus prácticas, a sus ideas dominantes. El Estado que nace en los años 20 y se expresa jurídicamente en la Constitución de 1925, se hace incapaz de regular, como hasta entonces, los conflictos sociales. El núcleo dominante (burguesía monopólica, mediana y pequeña, latifundio, alta burocracia estatal) ve desagregarse el consenso del que extrae su legitimidad. No sólo la fuerza y la creciente significación nacional de la clase obrera y el movimiento sindical aparecen como alternativas críticas; el campesinado y el subproletariado urbano se expresan en la vida política rechazando su permanente exclusión de la vida nacional. Pero es en el análisis de las transformaciones que la modernización general de la sociedad opera en las estructuras de los sectores medios, que ahora queremos detenernos; sin ella el proceso de reforma universitaria nos parecería incomprensible.

Desde un punto de vista académico la modernización de la Universidad puede ser entendida como racionalización de sus funciones y actualización del conocimiento científico, pero aquello que en prioridad define la modernización universitaria es la presión social por la adecuación del «producto universitario» (profesionales, investigadores, función cultural) a las demandas del sector moderno en plena expansión dentro de la sociedad, una de cuyas manifestaciones principales es la acelerada transformación de su estructura ocupacional; ella se diversifica generando una fuerte demanda de tecnificación a todos los niveles; no sólo en la economía donde la industrialización exige profesionales (ingenieros, economistas) y una contribución importante en la investigación aplicada, sino -aspecto que aquí nos interesa enfatizar- en la estructura misma de la burocracia estatal.

Desde los años 20 los llamados sectores medios habían encontrado en las distintas funciones del aparato estatal un canal privilegiado para sus reivindicaciones y su ascenso social; no por casualidad el llamado «sindicalismo de clase media» (profesores, empleados públicos) ha jugado un papel decisivo (autónomo y poderoso) en el conjunto de la actividad sindical; tampoco es un azar si el Partido Radical fue el eje de toda la vida política en Chile entre los años 20 y 60. Los sectores medios que así se expresaban provenían de preferencia de la disolución de las actividades artesanales, de la expansión del comercio y los servicios, y de las distintas funciones estatales; la disminución de las tasas de analfabetismo y el aumento de las de la escolaridad básica y media hacían que el sistema educacional jugara un importante papel en la movilidad social de esos sectores. Así, la «clase política» (los «funcionarios de la superestructura») hacían del abogado y el profesor primario sus intelectuales principales. (Para comprobarlo bastaría hacer un simple ejercicio de memoria sobre la composición de las más altas direcciones de los partidos de centro e izquierda durante los años 40 y 50.)

Muy distintas son las características de los nuevos sectores medios que nacen con el proceso de modernización. Estos son sectores medios de "segunda generación", con mayor estabilidad, menos frágiles, con mayor "conciencia de clase"; mientras que sus padres (burguesía empobrecida, ex-artesanos o semiproletarios) veían en el éxito de sus luchas reivindicativas una condición de sobrevivencia o, en el mejor de los casos, de consolidación de su reciente ascenso social, los sectores medios modernos ven en su profesionalización un nuevo signo de status equivalente al que proporciona la propiedad; su demanda educacional es la Universidad y su aspiración profesional es menos el «ejercicio libre» (como los médicos, los abogados) que la gestión de alto nivel en la empresa moderna y el Estado. El saber altamente calificado proporciona así un status propio, nivel satisfactorio de ingresos (a menudo acceso a la propiedad) y poder: la política se moderniza también y se tecnifica, ella pareciera querer convertirse en asunto de especialistas. Es a nuestro juicio bajo el predominio de estos sectores que se produce desde los años 50 el progresivo desplazamiento del Partido Radical por la Democracia Cristiana en la representación política de los sectores medios y en su papel de eje (de centro) de la vida política chilena. Al pragmatismo del Partido Radical, cuya presencia en las distintas ramas del aparato estatal le permite conciliar intereses a menudo contradictorios, el Partido Demócrata Cristiano opone su carácter ideológico que hace primar la doctrina, los principios, la idea de proyecto nacional y programa de gobierno; de allí que hasta el gobierno de Frei (en que la «caja electoral» y los beneficios del Estado generaran otras conductas) la política era para los militantes del PDC una moral, una práctica con acentos de «cruzada». No es extraño que los nuevos sectores medios se reconocieran en ese partido. Así. desde los años 50, el PDC alcanza una sólida implantación en los sectores estudiantiles y en los colegios profesionales, al mismo tiempo que se hace portavoz de los sectores sociales que nacen a la vida política con la acelerada expansión del cuerpo electoral que resulta de las reformas electorales de 1949, 1957 y 1961. La modernización, la crisis de representación y los vacíos de la política de la izquierda hacen que el PDC conquiste lo más dinámico de la juventud, las mujeres y los sectores sociales hasta entonces «excluidos» de la vida nacional: el campesinado y el sub-proletariado urbano (marginales). De ese modo, además de moderno (con un programa y capacidad técnica) el PDC se reviste de un carácter de partido de masas que le hace enfatizar los temas de la organización y la participación popular.

El PDC se entiende como una alternativa al movimiento popular que históricamente han encabezado las organizaciones políticas (Partidos Comunista y Socialista) y de masas (CUT) de la clase obrera; reiterados aspectos de su política tendían a restringir el creciente peso político del movimiento obrero en la vida nacional, pero sólo una extrema simplificación del análisis puede hacer del PDC «la nueva cara de la derecha». Afirmación que sólo es posible al omitir un dato fundamental: la derecha está en otra cosa. La gran burguesía monopólica, el latifundio y el capital imperialista no se reconocen en el proyecto demócrata-cristiano; que Frei, en 1964, los «haya salvado del comunismo» no os hace olvidar su propio proyecto: pasar a una fase superior del desarrollo capitalista sobre la base de una extrema privatización y extranjerización de la economía y del establecimiento de un Estado autoritario y represivo. A partir de septiembre de 1973 esto parece evidente, pero en los años 60 el clima dominante marcado por la oposición «reforma o revolución» llevaba fácilmente a la amalgama entre el Partido Nacional y el PDC, cuando no a hacer de éste «el enemigo principal». Sin embargo, y justamente en esos meses, el PDC es sacudido profundamente por sus contradicciones internas: sus sectores progresistas imponen el llamado programa por una vía no capitalista de desarrollo, y el senador Rafael A. Gumucio es elegido presidente nacional del Partido; desde entonces los conflictos entre la mesa directiva y Gobierno se multiplican. Frei se ve en la necesidad de declarar: «nadie me torcerá la mano».

Es en este clima que se inicia, en 1967, el movimiento de reforma universitaria.

La Universidad era, quizá, la institución en que se conservaban más integralmente los principios, estructuras y conductas propios de un tradicionalismo que la modernización desplazaba en casi todos los niveles de la sociedad. Desde 1931 la Universidad de Chile se regía por el Estatuto entonces dictado; las universidades católicas -por mucho más que su estructura interna de autoridad- se hacían llamar monárquicas. Sorprende el contraste evidente entre este acentuado tradicionalismo y la reconocida historia de luchas sociales en que participa el movimiento estudiantil desde los años 20; pues éste, salvo iniciativas muy localizadas, jamás se plantea la lucha por la reforma universitaria como su tarea principal, como si el precio de la autonomía fuese el inmovilismo. Así, la autonomía nos parece designar, hasta los años 60, una suerte de compromiso entre la Universidad y el Estado, en que éste asume una casi total tuición financiera al mismo tiempo que se priva de intervenir en la vida normal de la Universidad; por su parte, la autoridad universitaria -en cuya designación el Presidente de la República juega un papel decisivo- hace de la preservación de la autonomía un mecanismo de su propia legitimación. Aun a riesgo de exagerar los aspectos negativos de este análisis, podríamos decir que la autonomía conciliaba, en efecto, una especie de populismo radical del movimiento estudiantil con la preservación de los rasgos más tradicionales de la Universidad. Es posible señalar entonces que hasta los años 60, tanto su composición (profesores y alumnos), como por su ideología y su función social, la Universidad excluyó de su seno la presencia orgánica del movimiento popular; lo que le permitió operar sin dificultades mayores como aparato de reproducción de la ideología de las clases dominantes y como mecanismo de captación de su personal técnico y político.

En las universidades católicas la situación antes descrita no estaba sino exacerbada, no es extraño entonces que fuese en ellas que se iniciara -y de modo radical-el proceso de modernización y democratización de la Universidad chilena. En las universidades católicas de Valparaíso y Santiago el movimiento de reforma es dirigido por sectores demócratacristianos -particularmente de su juventud- próximos del ala «rebelde» del partido. Cuando se revisan hoy los postulados de entonces, resumidos en las universidades católicas en la fórmula: «Universidad democrática, comunitaria, comprometida con la realidad nacional», sorprende el impacto nacional que tuvo un movimiento cuyos objetivos aparecen tan limitados. Para comprender dicho impacto es necesario tener presente el carácter de la crisis general de la sociedad que antes hemos descrito, pues hoy nos parece evidente que la reforma universitaria, no sólo por las transformaciones internas que postulaba, sino por su discurso global sobre la sociedad, tocaba el corazón de la ideología tradicional dominante contribuyendo a desagregar aceleradamente las bases de su legitimidad, a privarla efectivamente de su hegemonía. Así, Por ejemplo, cuando el movimiento estudiantil fundamenta su reclamo de democracia interna diciendo que «deciden los que trabajan (profesores, alumnos, empleados)», produce una crítica efectiva del principio de autoridad como realidad exterior al proceso mismo del trabajo: el propio derecho de propiedad era así puesto en cuestión. Puede comprenderse el carácter de una tal afirmación en el clima del año 1967, donde la reforma agraria -pese a todas sus limitaciones- concitaba las iras de la derecha y donde la reforma de la empresa y del sistema bancario suscitaban el interés de toda el ala izquierda del PDC. A «El Mercurio» no escapaba la compren sión de estos riesgos y la extensión posible de tales principios desde la esfera universitaria al conjunto del proceso de producción; «El Mercurio» asume entonces la defensa irrestricta del principio de autoridad y denuncia que el movimiento de reforma es la obra de «agitadores comunistas» que sólo desean atacar a la Iglesia. «El Mercurio miente», responden los estudiantes, consigna que desde entonces hace parte integrante del movimiento de reforma y, espacio de algunos meses o años, del sentido común nacional.

La actitud de la Iglesia frente al proceso de reforma universitaria es particularmente importante. La Iglesia ha sido también tocada, desde el comienzo de los años 60, por la crisis general de la sociedad chilena y. sostenida por las orientaciones de la encíclica «Mater et Magistra» y del Concilio Vaticano II, entra en una rápida superación de su fase de agente de control social para buscar una perspectiva pastoral popular. En 1964 se publica el documento «El deber social y político», que define la posición de la Iglesia en vísperas de la elección presidencial de ese año; en él -si bien no se condena la alternativa representada por el candidato del FRAP, Salvador Allende- toda su visión de las necesarias transformaciones de estructura, el proceso de cambios y sus condiciones políticas, demuestra que la Iglesia hace del programa demócrata cristiano su propio proyecto; es en este clima de compromiso activo y optimismo militante que transcurren para la Iglesia los primeros años del gobierno de Frei. 1967 es el momento en que se inicia un movimiento de repliegue institucional de la Iglesia como una manera de responder a las diferentes tendencias que se manifiestan en su seno y que corresponden con las contradicciones propias al gobierno de Frei y a la democracia cristiana. El conflicto de las universidades católicas interviene en un sentido exactamente inverso a este repliegue, pues obliga a sus distintos sectores a manifestarse públicamente sobre un problema de carácter nacional frente al cual la jerarquía no reacciona de modo homogéneo; las posiciones conservadoras del obispo Tagle, en Valparaíso, y del rector Silva Santiago, en la capital, son superadas por la intervención del cardenal Silva Henríquez, que cuenta con el apoyo de la mayoría del Episcopado chileno y del Vaticano. Así son legitimados los acuerdos del seminario de Berga (febrero de 1967) sobre «la misión de la Universidad Católica en América Latina», con que el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) parece anunciar lo que en 1968 serán las muy progresistas resoluciones de su conferencia de Medellín. De este modo, nos parece justo señalar que el movimiento de reforma de las universidades católicas contribuyó positivamente para que la Iglesia chilena continuara su evolución en un sentido democrático y popular.

Hemos visto así, aunque sumariamente es cierto, que el movimiento de reforma universitaria produjo en algunos de los principales aparatos generadores de hegemonía de la sociedad chilena. Pensamos que estos efectos extra universitarios y la reacción tradicionalista y autoritaria que engendraron dentro y fuera de la Universidad, fueron subvalorados entonces por la izquierda, que pareció privilegiar la lucha en torno a ciertas reivindicaciones tales como la ampliación de la matrícula (Movimiento «Universitario Para Todos») o el aumento del presupuesto que anualmente concedía el Estado. De allí que no se estableciera un consenso en torno a un proyecto de reforma; que permitiera radicalizar el proceso de modernización y de democratización de la Universidad y enfrentara la reacción tradicionalista y autoritaria dentro y fuera de la Universidad (raíz de «Patria y Libertad» y el proyecto fascista). Desconociendo o subvalorando a un tal enemigo, la izquierda no pudo impedir que la reforma universitaria fuera la ocasión de una lucha de influencias por el control de la Universidad, lo que llevó a un creciente distanciamiento, primero, y a un radical antagonismo después, a las fuerzas de la Universidad Popular y de la Democracia Cristiana, hasta el punto de que esta última fue prácticamente ganada para la reacción autoritaria que hizo de la Universidad una importante trinchera en la lucha por el derrocamiento del Gobierno Popular.

Hoy, a cinco años de aquella derrota, el fascismo ha transformado profundamente el paisaje nacional; Chile pareciera otro país, el fascismo ha desgarrado su historia.

Hoy la Universidad es otra, otros son sus estudiantes. No se trata sólo de un regreso a antes de 1967: la ruptura es más vasta y más profunda. La lucha es también distinta y distinta la esperanza; aunque es fácil la tentación de aferrarse a las referencias del pasado.

Hoy la Universidad ha sido desmantelada; institutos, escuelas y departamentos han sido clausurados, eliminados masivamente sus docentes e investigadores, impedido todo pluralismo cultural y científico, disciplinas enteras están en vías de desaparición, las organizaciones estudiantiles han sido prohibidas; la Universidad entera, vía militarización, ha sido sometida al más estricto control político. Los criterios imperantes de autofinanciamiento de la educación y Universidad de selección han restringido su matrícula y hecho elitario su acceso. La represión que ejerce el Estado sobre ella no es sino un instrumento de su extrema privatización. Como nunca antes, la Universidad ha perdido su carácter nacional y ha sido puesta en función de las necesidades tecnológicas y de gestión de las formas dominantes del desarrollo capitalista.

La Universidad de mañana deseará, ante todo, ser democrática y solidaria. Habrá quizá que repensar los conceptos de autonomía y extensión que vehiculizan la imagen de una institución separada de la vida social, con objetivos propios, que parece retribuir su derecho al aislamiento construyendo esporádicamente ciertos puentes por los que hace circular algunos de sus «productos». La primera tarea de mañana es dar a la Universidad un verdadero carácter nacional; éste no sólo será la obra de sus miembros (docentes, investigadores, estudiantes, personal administrativo y auxiliar), sino, sobre todo, el resultado de un sólido consenso: la Universidad debe ser un foco de democracia y de independencia nacional, eso es lo que exigirá de ella aquel consenso, base de un nuevo sistema político democrático y popular, de un desarrollo económico independiente basado en la atención de las necesidades de la mayoría del país y de una cultura que sea la expresión de una pluralidad nacional polifónica y multicolor.

En esa nueva realidad, y en el camino que a ella conduce, el movimiento estudiantil tiene un papel decisivo y que quisiéramos llamar de vanguardia; él es el sector más dinámico de una juventud que no cesa de aumentar, haciendo de Chile cada día un país más joven. Todo este vasto movimiento Juvenil se ha formado prácticamente bajo el fascismo, su memoria es frágil y reciente. El movimiento popular, sus partidos, sus organizaciones sindicales deben establecer con él una fraternidad sólida, de lucha, de optimismo; hay que saber ponerse a la escucha de su experiencia, de las formas originales que asumen sus organizaciones y sus combates, de sus aspiraciones, de sus ideales, de su búsqueda de una nueva manera de vivir, de amar, de comunicar la alegría. De ahí saldrán muchos de los intelectuales que la Patria necesita, y ella los requiere numerosos, distintos, lúcidos, capaces de inventar y construir un nuevo paisaje solidario, capaces de enseñar y practicar la sólida y tibia arquitectura del racimo.

LOS AUTORES DE ESTE NUMERO

Jacques CHONCHOL: Ingeniero Agrónomo, ex-ministro de agricultura del Gobierno de la U. P., autor de obras de su especialidad, ensayos políticos, etc.

Edgardo ENRIQUEZ FRODDEN: médico. ex-Rector de la Universidad de Concepción, ex-ministro de Educación del gobierno de Salvador Allende.

* Enrique KIRBERG: Ingeniero, ex-Rector de la Universidad Técnica del Estado.

* Eduardo RUIZ CONTARDO: Sociólogo, ex-Vicerrector de la Sede Oriente de la Universidad de Chile.

* Sergio SPOERER: Sociólogo, ex-vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso.