La educación alternativa en Chile

LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA EN CHILE
Una respuesta a la represión

Alfredo Riquelme Segovia

Licenciado en Historia, investigador de CENECA. Vive en Santiago.
Araucaria de Chile. Nš 36. Madrid 1986.

I. Régimen autoritario y sociedad civil

El golpe militar que derrocó al gobierno constitucional en Chile el 11 de septiembre de 1973, llevó a la entronización en el país de una dictadura militar que se prolonga ya por trece años.

En este lapso, la sociedad chilena ha sufrido una profunda involución en todos los ámbitos, al revestirse el proceso de democratización que había caracterizado a la vida política y social en las décadas anteriores, el cual alcanzará su punto más alto durante los tres años de gobierno de la Unidad Popular (1970-1973).

La instauración del régimen autoritario significó, pues, la clausura de un largo y rico período histórico, en el cual los sectores populares y medios se constituyeron en sujetos protagonices de los conflictos y consensos que fueron dando forma a la construcción y desarrollo del Chile democrático.

Se abrió, así, un nuevo período, caracterizado no sólo por la abolición de todas las instituciones representativas del Estado que descansaban sobre el principio de la soberanía popular, sino también por el intento del nuevo Estado autoritario de destruir la red de organizaciones democráticas de la sociedad civil, a través de las cuales se expresaban los sectores populares y medios (sindicatos de trabajadores, organizaciones de pobladores y campesinos, federaciones estudiantiles, colegios profesionales, asociaciones de profesores, etc.). Para conseguir ese objetivo, todo el poder del Estado autoritario cayó sobre estas instituciones, para realizar su destrucción lisa y llana, o para privarlos de su autonomía, sometiéndolas a la tuición estatal.

Por otra parte, la despiadada persecución que la dictadura lanzara sobre los partidos políticos, afectó también profundamente a las organizaciones de la sociedad civil, debido a la fuerte imbricación que históricamente ha existido en Chile entre ambos tipos de instituciones (en el caso de los sectores populares, las mediaciones partidarias han sido un elemento central en su propia formación histórica como sujetos o movimientos sociales aspirantes al protagonismo histórico).

El esfuerzo desplegado por el régimen autoritario para destruir las organizaciones autónomas de la sociedad civil expresivas de los sectores populares y medios (las organizaciones de banqueros, industriales, terratenientes, etc., no han sido objeto de represión, en la medida que se ha limitado a defender los intereses corporativos de estos sectores sin cuestionar el régimen vigente), constituye una exigencia del proyecto global que aquél ha vehiculizado: la reestructuración de la sociedad chilena sobre la base de un modelo económico ultracapitalista y de una concepción oligárquica de la sociedad y la cultura.

Ese proyecto ha reemplazado a la soberanía popular como base del orden social por la ilusoria "soberanía del consumidor" en un "libre mercado" fetichizado, que no hace sino expresar y reforzar las enormes desigualdades económicas, sociales y culturales provocadas por el modelo económico. En ese marco, la sola expresión de reivindicaciones colectivas de los sectores populares y medios es percibida como una interferencia al orden social basado en la "libre concurrencia". De ahí la necesidad de liquidar sus organizaciones o la autonomía de éstas en relación al Estado autoritario.

Asimismo, los intentos de los sectores populares y medios por constituirse en sujetos sociales, son rechazados por los detentadores del poder y sus asociados, quienes aspiran a monopolizar para sí la condición de conductores de la sociedad (los militares, apoyándose en la Doctrina de Seguridad Nacional; las clases dominantes, sustentándose en concepciones elitistas reaccionarias).

II. Represión y transformaciones del sistema educacional bajo el régimen autoritario

El proyecto capitalista-autoritario que el régimen militar ha vehiculizado, entró en contradicción, desde el primer momento con el sistema educacional históricamente existente en Chile, en cuanto en él se habían ido reflejando progresivamente los elementos democratizadores inherentes al desarrollo del Estado y la sociedad civil.

Desde mediados del siglo XIX, el Estado había asumido la tarea de construir el sistema nacional de educación. Gradualmente, amplió el papel regulador que originalmente le había correspondido, al de fiscalizador, sostenedor y ejecutor de la misión educativa (principio del "Estado Docente", consagrado constitucionalmente en la Carta Fundamental de 1925). El papel preponderante del Estado en este campo se vinculó con el principio de la "libertad de enseñanza", lo que permitió que se desarrollara un subsistema paralelo de enseñanza privada estructurado, principalmente. en torno a la Iglesia Católica. Este, aunque reducido, contaba con algunos de los establecimientos más calificados orientados a la formación de "élite" (esto introducía un factor de segmentación en el sistema educacional que se mantuvo esencialmente durante todo el período democrático, aún cuando las transformaciones en la orientación social de la Iglesia Católica desde los años 60 introdujo un factor de complejización de la función de este subsistema lo que no carecerá de consecuencias en el período actual). El Estado prestó apoyo financiero a la educación particular y fue dando reconocimiento oficial a sus estudios, a cambio de su encuadramiento dentro de la normativa fijada por aquél (fines y objetivos, planes y programas, etc.).

En la medida que la construcción y crecimiento del sistema nacional de educación fue obra del Estado en lo fundamental, las dinámicas democratizadoras que fueron transformando su originario carácter oligárquico desde las primeras décadas del siglo XX, se fueron progresivamente reflejando en la educación. Este proceso se realizó en medio de una permanente tensión entre la tendencia democrática, orientada hacia un modelo educacional integrador, no discriminatorio y universalista, y otra tendencia que se esforzaba por conservar una clara diferenciación de tipos de enseñanza y establecimientos en función de la segmentación social.

Los principales elementos del proceso de democratización del sistema educacional chileno, que alcanzara su nivel más alto durante el Gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) fueron:

i) el progresivo acceso de los estratos medios y populares a los beneficios de la educación media y superior, posibilitado por la expansión del sistema y el incremento de los programas asistenciales estatales;

ii) la creciente influencia de las organizaciones políticas y sociales expresivas de esos sectores en la propia determinación de las políticas educacionales;

iii) la función de apoyo y legitimación de valores y practicas democráticas que fueron adquiriendo los objetivos y contenidos educacionales.

Estos elementos estuvieron presentes en todos los niveles del sistema educacional formal: básico, medio y superior, enseñanza técnico-profesional y educación de adultos, expresándose con ritmos y modalidades distintas en cada uno de ellos.

Como es evidente, estas características históricas del sistema educacional chileno, eran profundamente antagónicas con los objetivos y me- dios del régimen militar autoritario surgido del golpe de Estado de 1973.

Esto significó que, desde el momento mismo del golpe, el peso de la represión directa y administrativa del aparato estatal cayera sobre las instituciones educacionales.

El Estado autoritario procedió a establecer un terreo control sobre el conjunto del sistema educacional, con el fin de transformarlo en función de su proyecto de dominación y de las exigencias de éste. Para esto, utilizó el poder que el Estado tenía en la educación, reforzando su conducción verticalista al no estar limitado por los mecanismos que anteriormente la habían moderado (división de los poderes, elecciones periódicas, libertad de prensa, fuerte presencia de organizaciones políticas y sociales, y, en general, la vigencia de las instituciones y normas propias de un Estado de Derecho). Por otra parte, intervino militarmente las Universidades, donde el proceso de democratización profundizado desde la reforma universitaria de fines de los años 60 había implicado su autonomía académica y administrativa del Estado (que permanecía como su principal fuente de recursos económicos), sobre la base del principio del autogobierno de la comunidad universitaria (académicos, estudiantes y trabajadores no académicos). La autonomía universitaria fue abolida, con la designación de oficiales de las Fuerzas Armadas como Rectores-Delegados investidos de plenos poderes (la institución de los Rectores-Delegados se mantiene hasta la actualidad).

El régimen militar ha llevado a cabo un proceso de "depuración ideológica" de vastísimas dimensiones en las instituciones educativas, eliminando de éstos a una significativa cantidad de calificados docentes, los cuales se han visto forzados a elegir entre la marginalidad en el interior del país o tomar el camino del exilio (en muchos casos esta última fue una opción obligada, por estar en peligro su seguridad personal o ser expulsados del país).

A lo largo de estos trece años, miles de estudiantes y docentes han sido víctimas de la represión directa de los organismos policiales y militares del régimen, contándose entre los ejecutados, detenidos-desaparecidos, prisioneros, torturados y relegados. Muchas de estas víctimas, lo han sido a partir de delaciones efectuadas por organismos y agentes policíacos que operan en el interior de las instituciones de enseñanza en estricta relación con sus autoridades, o como producto de las habituales incursiones armadas de fuerzas militares y policiales a los recintos educacionales.

Inmediatamente después del golpe de Estado, fueron desmanteladas todas las instancias de participación democrática en el sistema educacional y en los establecimientos de enseñanza, así como las agrupaciones gremiales de docentes y estudiantes. La larga y dificultosa reconstrucción de estas organizaciones ha encontrado la permanente resistencia de las autoridades designadas por el régimen y el acoso constante de los organismos represivos.

Al nivel de los objetivos y contenidos de la educación, se ha operado una profunda revisión de los anteriormente vigentes con el objeto de hacerlos funcionales al proyecto autoritario, ultracapitalista y oligárquico que vehiculiza el régimen militar.

En otro orden de cosas, se ha detenido la expansión de la cobertura social del sistema educativo oficial y se ha deteriorado progresivamente el rol asistencial del Estado.

En marzo de 1979, a través de la llamada "Directiva Presidencial sobre Educación Nacional" y la carta al Ministro de Educación que la acompañaba, el Gobierno puntualizó sus principales orientaciones en el campo educacional. Estas no hacían sino sistematizar y reforzar las prácticas que se habían ido poniendo en ejecución desde 1973. En ellas se establecería la tuición gubernamental, sobre todo los contenidos de la enseñanza. Y, en consonancia con el modelo económico y las concepciones sociales y culturales que lo informan, se restringía la responsabilidad del Estado en cuanto al acceso universal a la propia enseñanza básica completa. Esta, además, veía recortados sus objetivos a aprender a leer y escribir, manejar las cuatro operaciones básicas, conocer la historia y geografía del país, y formarse en los deberes y derechos en la comunidad, lo que bastaría para la finalidad explicitada de formar "buenos trabajadores, buenos ciudadanos y buenos patriotas" (sic.). La educación media y superior eran definidas como un privilegio que debe ser pagado por los beneficiarios. Se expresaba, también, la decisión de poner fin a la expansión del sistema educacional estatal y transferir la ampliación de la cobertura de la enseñanza al sector privado (conservando el gobierno, "en todo momento, sus funciones normativas y fiscalizadoras"). Asimismo, la enseñanza media técnico-profesional pasaba a ser vinculada estrictamente con la empresa privada.

En junio de 1980, el gobierno da a conocer su propósito de traspasar la educación fiscal primaria y media, hasta entonces centralizada en el Ministerio de Educación, a los municipios. En las condiciones políticas existentes, caracterizadas por la ausencia de mecanismos democráticos para la designación de las autoridades municipales (nombradas por el jefe del Estado) y de canales de participación de la comunidad en su gestión, la municipalización no hace sino reforzar el control autoritario sobre la educación. Por otra parte, debido a la disparidad de recursos entre los municipios (siguiendo las líneas de segmentación social en el espacio urbano), este proceso tiende a reforzar la desigualdad en la atención escolar. Asimismo, la municipalización puede ser vista como un paso hacia la privatización de la enseñanza estatal.

A comienzos de 1981, se pone en aplicación la llamada "Ley General de Universidades", que especifica para la educación superior los lineamientos de la "Directiva" de 1979, en un contexto de auge del movimiento estudiantil-particularmente en la Universidad de Chile- que caracterizara los últimos meses de 1980 (creación de organismos democráticos de participación a nivel de escuelas y campus), movimiento que se orientaba principalmente contra la intervención militar y la presencia de organismos de seguridad en las universidades.

La respuesta del régimen a la presión estudiantil fue, además de la represión, la reestructuración del sistema universitario nacional en el sentido de reforzar los elementos que se habían ido introduciendo autoritariamente en éste desde 1973.

En síntesis, la nueva legislación universitaria significó la consagración de un modelo de universidad como campo de control cultural y de selección y reproducción de las élites tecnocráticas requeridas por el modelo económico ultracapitalista y por el aparato burocrático estatal. Implicó también una extrema fragmentación y segmentación de la educación superior, al desarticularse las dos grandes universidades estatales (Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado).

Sin embargo, las reconstruidas organizaciones estudiantiles democráticas han continuado resistiendo el modelo de universidad oficial. Asimismo, en los últimos dos años se han sumado a este movimiento por la recuperación de la autonomía y democratización de las universidades, las nacientes asociaciones de académicos.

Este movimiento universitario, que involucra en la actualidad a la gran mayoría de estudiantes y docentes, se ha insertado como uno de los principales protagonistas de la movilización social que desde 1983 se desarrolla intensamente para poner fin al régimen autoritario (las federaciones estudiantiles y las asociaciones de académicos han adquirido un lugar de privilegio en la Asamblea de la Civilidad, instancia coordinadora de las más diversas organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha por recuperar la democracia).

Todo esto ha significado que las universidades se han transformado en uno de los principales campos de lucha entre el régimen autoritario y las fuerzas democráticas, lo que ha implicado un recrudecimiento de la represión, tanto por parte de los delegados del gobierno en las Universidades, como a través de la acción directa del aparato militar y policial contra los campus.

Por su parte, los profesores de enseñanza básica y media también participan activamente en el movimiento democrático (a través de sus organizaciones, la Asociación Gremial de Educadores de Chile -AGECH- y el Colegio de Profesores), así como también los estudiantes de educación media. Esto ha significado un recrudecimiento de la represión en esos establecimientos de enseñanza.

III. La respuesta de la sociedad civil

El fracaso del modelo educacional oficial, por sus propias contradicciones internas y por el permanente rechazo de docente y estudiantes, es actualmente evidente. Sin embargo, su implementación y los diversos tipos de represión que ésta ha conllevado, han configurado un sistema educativo oficial de signo profundamente opuesto al que históricamente había adquirido hasta 1973.

En estas condiciones, ha sido la propia sociedad civil la que ha creado diversas instancias donde se ha desarrollado la función democratizadora que ese sistema había tenido en el pasado.

Entre éstas, se destacan como principales logros, la construcción de un sistema académico informal y el desarrollo del movimiento de educación popular y de adultos, alternativos a las estructuras educacionales oficiales.

El sistema académico informal

Este sistema está conformado por un conjunto de centros académicos independientes del Estado autoritario, en los cuales se han venido desarrollando las funciones de investigación y docencia, que históricamente se habían concentrado exclusivamente en las Universidades.

Aun cuando algunos de estos centros habían surgido con anterioridad al golpe de Estado, es sólo a partir de 1973 que asumirán una función académica profesionalizada, centrada principalmente en la investigación en ciencias sociales, severamente limitada en las universidades sometidas al autoritarismo.

La intervención militar de las instituciones de educación superior y la represión implicaron la liquidación en ellas del mínimo nivel de pluralismo indispensable para el desarrollo de la investigación y la reflexión académicas, en particular en el ámbito de las ciencias sociales.

Por otra parte, la discriminación ideológica imperante en las universidades intervenidas ha conducido a la marginación de ellas o ha condenado a la marginalidad en ellas a numerosos y calificados investigadores, al tiempo que ha cerrado sus puertas a numerosos intelectuales jóvenes, formados en ellas mismas. Unos y otros se han visto privados, así, del ámbito institucional y el sustento material requerido para desarrollar sus actividades y realizar su carrera académica.

Los profesores universitarios que se vieron forzados a abandonar las instituciones de educación superior y los intelectuales jóvenes que, por análogos motivos a los que determinaron la expulsión de aquéllos, no han encontrado cabida en las universidades donde se graduaron, conforman el elemento humano que ha construido la red de centros académicos independientes. A ellos se han sumado en los últimos años, académicos de vasta trayectoria e investigadores jóvenes que ha retornado del exilio, quienes han encontrado en estos centros el espacio que no tienen en el sistema educativo oficial.

Para dimensionar correctamente la importancia y los logros de los centros académicos independientes, es importante precisar que su finalidad no ha sido la de convertirse en una "universidad alternativa", lo que sería un objetivo quimérico. Sus propósitos han sido más acotados en función de sus recursos humanos y -sobre todo- materiales: asegurar la continuidad de la investigación en el campo de las ciencias humanas, en torno fundamentalmente a problemas en diversos aspectos de la realidad nacional, cuyo análisis se ha tornado imposible en los marcos de la universidad intervenida. Tampoco pueden aspirar estos centros a impartir docencia de un modo masivo, concentrándose más bien en la formación de profesionales jóvenes como investigadores (a nivel de cursos y seminarios de postgrado) y en la difusión de los resultados de sus investigaciones dirigidos a líderes de organizaciones sociales y animadores culturales.

El sistema académico informal se ha conformado sobre la base de:

i) La reconversión y ampliación de los centros anteriormente existentes en instituciones académicas profesionalizadas, en las cuales se desarrollan las funciones de investigación y docencia, ii) La creación de nuevos centros académicos, dedicados a las mismas funciones.

Estos surgen, en un primer momento y en varios casos hasta la actualidad, vinculados a la Iglesia Católica, que constituye la institución de la sociedad civil que permanece más entera frente a la represión desatada por el régimen militar. Es así como se crea en 1975, la Academia de Humanismo Cristiano, dependiente del Arzobispado de Santiago, la cual se constituye con el propósito explícito de procurar la continuidad de la investigación en ciencias sociales y humanidades en el país, acogiendo a los especialistas marginados de las universidades, así como de impartir docencia en esas áreas. La Academia, junto con desarrollar sus propias actividades de investigación y docencia, ha patrocinado otros centros de modo directo a través de convenios institucionales.

Por otra parte, diversos centros se han establecido como sedes nacionales de organismos educativos regionales o internacionales, lo que les ha otorgado cierta protección frente a la represión estatal.

Desde 1977, cuando la sociedad civil comienza lenta y dificultosamente a recomponerse a pesar de las dificultades que le plantea la persistencia del régimen autoritario, se crean también diversos centros privados como instituciones de servicios sin fines de lucro.

Enfrentados a un Estado hostil, los centros académicos informales carecen prácticamente de recursos materiales nacionales. Dependen, pues, exclusivamente de financiamientos externos provenientes del mercado internacional de recursos para las ciencias sociales y de la solidaridad de la cooperación internacional. Sin estos apoyos, los centros no podrían ni pueden subsistir.

En la actualidad, el sistema académico independiente agrupa alrededor de 40 centros, con un plantel profesional de más de 500 personas, la mayoría de las cuales se desempeñan como investigadores de jornada completa.

El movimiento de educación popular y de adultos

Las fronteras entre sistema académico informal y lo que llamamos el movimiento de educación popular y de adultos son difusas, pues varios de los centros incluidos en aquél, participan activamente en este movimiento. Estos no se han limitado a una función puramente académica, en el sentido tradicional del concepto, sino que han orientado sus investigaciones hacia la participación en procesos de emancipación y/o organización de grupos populares concretos (investigación participativa o investigación-acción). En estas experiencias, la producción de conocimientos se realiza, al menos en parte, a través de un proceso en el que concurren diversas modalidades de educación popular.

Esos centros académicos que combinan la investigación y la función educativa, han concurrido con otras instituciones profesionales, con los organismos de derechos humanos y con las propias organizaciones de los sectores involucrados en estos procesos educativos, a la conformación del movimiento de educación popular y de adultos.

Este vasto movimiento, que ha involucrado a miles de trabajadores, pobladores y campesinos, hombres y mujeres, durante el período del autoritarismo, no ha sido sólo una reacción frente a los cambios en el sistema estatal de educación de adultos que se han operado bajo el régimen actual, los cuales han seguido las tendencias del conjunto de la enseñanza oficial, en cuanto a la reversión de sus objetivos y contenidos democratizadores históricos.

También se ha desarrollado como una alternativa frente a la liquidación por parte del autoritarismo de diversas instancias de educación no formal que habían existido anteriormente, vinculadas a los partidos políticos y a las organizaciones sociales populares, las cuales fueron víctimas de los embates de la represión.

Posteriormente, en la medida que esas organizaciones sociales y políticas se han ido recuperando, han concurrido con las nuevas instancias educacionales a la ampliación y el fortalecimiento de los procesos de educación popular y de adultos no formales.

Estos se han orientado en dos principales líneas, que se dan estrechamente relacionadas:

i) Satisfacer un conjunto de necesidades educativas instrumentales de los sectores populares, relacionados con su capacitación para enfrentar los agudos problemas concretos que los aquejan. Los proyectos de educación popular contribuyen a esto de dos formas: hacen visible el problema no considerado, al tiempo que experimentan y proponen modos eficientes de enfrentarlo.

ii) Contribuir a la constitución de los sectores populares en sujetos sociopolíticos dotados de organización y direccionalidad, que se sitúen como movimientos sociales que afirmen sus intereses propios en la sociedad.

En síntesis, este movimiento agrupa a una diversidad de experiencias orientadas a satisfacer las necesidades de los sectores populares, incrementar sus niveles de participación y su capacidad de movimiento, fortalecer sus organizaciones, situando sus prácticas educativas en una perspectiva social y política donde coexisten diversas estrategias de cambio social.

La educación popular y de adultos no formal durante el período autoritario, surgió primeramente con un carácter fuertemente defensivo y reactivo, frente a las políticas gubernamentales. Sin embargo, posteriormente se ha ido definiendo progresivamente en términos de su contribución a la construcción y refundación de una sociedad democrática, que incluya las necesidades e intereses de los sectores populares, así como a lograr un protagonismo de estos sectores en ese proceso.

Actualmente, existen en el país alrededor de 160 instituciones que trabajan en educación popular. De éstos, cerca de la mitad se concentra en Santiago, la capital del país. En términos de su cobertura, se estima que han participado en sus actividades con grados variables de intensidad, alrededor de 150.000 personas.

Respecto a su filiación institucional, cerca de la mitad de estas instituciones son organismos que dependen o mantienen convenios con la Iglesia Católica; en tanto que alrededor de un 10% depende de otras iglesias.

En cuanto a los recursos materiales necesarios para su funcionamiento, dependen de una proporción muy alta del financiamiento externo. Los pocos recursos internos que generan provienen de servicios que, considerando la pobreza de las poblaciones con que se trabaja, se cobran muy por debajo de su valor real.

Finalmente, estas instituciones que hasta 1980 trabajaban de modo bastante desconectado, han ido estableciendo posteriormente diversos tipos de vinculaciones permanentes entre sí (Encuentros de Educación Popular anuales. Seminarios inter institucionales, etc.), alcanzando un grado de interconexión muy satisfactorio.


Bibliografía

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Editado electrónicamente por C.D. Blest el 30may03