Juan Francisco Palomo


LA "NORMALIZACIÓN" FASCISTA DEL SISTEMA EDUCACIONAL CHILENO

Juan Francisco Palomo

El asaltó definitivo que la dictadura militar emprendió a fines del año 80 y a comienzos del 81 contra el sistema nacional de educación, a través de la nueva ley de Universidades y del traspaso de las escuelas básicas y medias a las municipalidades, tiene como objetivo la necesidad de controlar y dominar física e ideológicamente el sistema general de educación, dada la importancia decisiva que este aparato de estado tiene en la reproducción ideológica en las actuales condiciones de dominación de clase.

Ya en los primeros meses de 1979, la dictadura elabora un plan de reestructuración del sistema general de educación para lograr su dominio y avanzar en el camino de estabilización e institucionalización del poder del gran capital y el imperialismo. En la "Directiva Presidencial sobre educación nacional" de marzo de 1979 se expresan los límites a establecer: "La planificación educacional respetará la libertad religiosa, de pensamiento y técnica pedagógica, en el solo pero estricto marco de la Declaración de Principios del gobierno de Chile y del objetivo nacional".

A partir de estos primeros documentos, la dictadura comienza a aplicar medidas para lograr la funcionalidad de un nuevo sistema general de educación, y hacerlo coherente con el modelo de desarrollo de economía de mercado, que asigna a Chile un rol delimitado en la división internacional del trabajo, y que conlleva la concentración de la riqueza en manos de unos pocos grupos económicos ligados al imperialismo. Esta necesidad de reestructurar el sistema educativo, la señaló claramente el propio Pinochet en su discurso de Chacarillas: "...Sabemos que si no existe una educación congruente con el rumbo que estamos imprimiendo a Chile nos exponemos a fracasar, pues estaríamos edificando en la arena".

Las nuevas líneas de educación cambian en su forma y contenido el sistema nacional democrático de educación, resultado histórico de la lucha del pueblo por asegurar el libre acceso a la enseñanza para todos los chilenos, y por lograr que ésta tuviera un carácter integral, humanista, universal y pluralista.

A partir de la crisis del año 1930 y de la posterior aplicación de un modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones, en el cual el rol del Estado pasa a ser creciente y fundamental y que integra en su acción vastos sectores populares de las capas medias, éstos comienzan a acceder al sistema nacional de educación y a ocupar importantes espacios en él. Durante el gobierno demócratacristiano, el acceso a la enseñanza se democratiza, abriendo paso a nuevos sectores populares, que serán agentes ideológicos del movimiento popular en el interior de las universidades y en el sistema de educación primario y medio.

La lucha ascendente por una democratización de la universidad se concretiza en la Reforma Universitaria de fines de los años 60, que logra interpretar el consenso de la comunidad universitaria en torno a: 1) orientar la actividad académica en función de las necesidades reales del pueblo chileno; 2) asegurar la participación de toda la comunidad universitaria en el gobierno de las casas de estudio; 3) la autonomía de las universidades, y 4) la libre confrontación de ideas en el marco del pluralismo ideológico. El proceso de la democratización de la enseñanza alcanza su punto máximo de desarrollo durante el gobierno popular. Los datos estadísticos nos muestran que durante el gobierno demócratacristiano el número de alumnos matriculados en las universidades pasa de 32.995 en 1964 a 76.979 en 1970, acelerándose este proceso durante el gobierno de la UP, en que los alumnos universitarios se duplican en el período de tres años, pasando de 76.979 en 1970 a 139.999 en 1973.

Luego del golpe de estado, a pesar de la brutal represión, vastos sectores de capas medias conservaron diferentes posiciones en el sistema de educación, expresando en este campo posiciones ideológicas democráticas que entraban en contradicción creciente con la política de la dictadura.

Por otra parte, la nueva orientación del desarrollo económico, a través de la inserción de la economía chilena en la división internacional capitalista del trabajo, bajo una economía abierta de mercado y de explotación de las ventajas comparativas, en la cual el rol del Estado como agente económico se ve subsidiado en favor de la acción de los grandes grupos económicos y del imperialismo, no es coherente con el sistema democrático de educación.

El nuevo modelo económico provoca un desarrollo de nuevas capas medias tecnocráticas funcionales al sistema, en el campo de los servicios económico-financieros y servicios administrativos del Estado, desplazando al mismo tiempo a vastos sectores de capas medias profesionales anteriormente ligados a la administración pública y al sistema de educación. La contradicción de estos sectores con el sector de clases dominante, se expresa con fuerza en el terreno ideológico. Uno de estos campos, como veremos más adelante, ha sido la universidad.

En este trabajo pretendemos mostrar los mecanismos de poder que ha puesto en práctica la Junta para destruir el sistema nacional democrático de educación. En primer lugar, nos referiremos a la "normalización" fascista de reproducción del saber, es decir, al modelo de educación superior. En segundo término, a las formas que se utilizan para estatuir una jerarquización social que vaya produciendo en distintas etapas la exclusión de los sectores populares del acceso a la educación. Asi entendemos el objetivo central de la ley de transferencia de la educación básica y media a las municipalidades.

La destrucción de la universidad histórica

La intervención militar en la universidad a partir del golpe de Estado de 1973, ha estado marcada por el objetivo de someterla ideológica y políticamente. El general Leigh expresaba en octubre del año 1975, en un discurso ante los egresados de la enseñanza media: "No entregarle al enemigo lugares claves en la lucha ideológica y de poder, como son las universidades, no es una actitud sectaria y revanchista. Es un imperativo de sobrevivencia" (citado en Pour l'Université Chilienne, pág. 64).

El 1 de octubre de 1973, el decreto de ley n 50 establecía el reemplazo de los rectores elegidos por la comunidad universitaria, por rectores militares designados directamente por la junta militar. Las nuevas "autoridades" procedieron en una primera instancia a la persecución y eliminación física de los académicos y estudiantes calificados de marxistas, para luego extenderse hacia todos los sectores que alzaran -su voz contra la política oscurantista aplicada por la junta.

Operó así una razzia permanente, en la que fueron decenas los profesores y estudiantes asesinados, otros relegados a campos de concentración, miles los expulsados de sus casas de estudios, gran parte de los cuales se vieron obligados a exiliarse en el extranjero. Según los datos estadísticos proporcionados por Unesco, el número de profesores universitarios desciende de 22.211 en 1974 a sólo 11.419 en 1975 (Anuario Estadístico de Unesco. 1980, pág. 450), continuando esta tendencia regresiva los años posteriores.

El mando militar prohibió las organizaciones democráticas de estudiantes, de académicos y no académicos. La eliminación de la autonomía universitaria se tradujo en la ocupación militar de numerosos planteles, así como la creación posterior de policías internas bajo la denominación de "Coordinadora Administrativa". Paralelamente a la represión física, la dictadura intervino en el plano ideológico reformando programas de estudio en las ciencias sociales, filosofía y creación artística; la enseñanza universitaria perdía así su contenido universal y humanista, desvinculándose de las necesidades reales del pueblo de Chile. Se reprimió el espíritu crítico en el trabajo intelectual, eliminando el pluralismo ideológico y la libre confrontación de ideas. En una primera instancia se perseguía todo lo "marxista", ampliándose luego esta persecución a todo lo democrático-liberal. Al mismo tiempo, se implantó el soplonaje como forma de persecución de la protesta de los universitarios; nada debía indicar lo que ocurría en el mundo exterior, ni las tendencias ideológicas marxistas que recordaban a los "enemigos de la junta".

Se institucionalizó el programa de estudio de la doctrina de seguridad nacional todo esto dentro de un contexto de exaltación del chovinismo y del valor de las FF.AA. como salvadoras del país. La represión física e ideológica se vio acompañada por una disminución del gasto fiscal en educación, como resultado de las nuevas orientaciones del modelo económico de disminución del gasto público y rol del Estado. Como lo demuestra el cuadro siguiente, el gasto fiscal en educación por habitante, desciende un 25% entre el período 1971-1973 a 1974-1978.

Gasto fiscal en educación por habitante
Períodos USS 1976 Indice (1970 = 100)
1971-1973 45,9 122,1
1974-1978 36,3 96,5
Fuente: Mario Zañartu, Los gastos sociales del gobierno de Chile, CISEC, Santiago, 1979

Teniendo como base de referencia el año 1970, el índice real del gasto fiscal en educación por habitante desciende cerca del 50% entre 1972 y 1978, como nos lo indican las cifras siguientes. "

Gasto fiscal en educación por habitante índices reales: años 1970-1978
Años Indice
1970 100
1971 133,7
1972 150,5
1973 74,0
1974 109,9
1975 69,9
1976 75,1
1977 82,6
1978 86,7
Fuente: Mario Zañartu, Los gastos sociales del gobierno de Chile, CISEC, Santiago, 1979, cit. en "Serie de estudios económicos". Vicaría Pastoral Obrera, pág. 49.

La aguda disminución del gasto fiscal en educación, trajo consigo la disminución del personal y de los cupos para estudiantes, la eliminación de programas de investigación y de extensión, todo lo que se traduce en una grave reducción de nuestro potencial científico-técnico-cultural. Basta señalar que Chile es el único país latinoamericano en el cual los índices de escolarización son regresivos. Entre 1973 y 1977 el número de estudiantes por 100.000 habitantes se reduce en un 16%, como podemos apreciar en el siguiente cuadro:

Numero de estudiantes por 100.000 habitantes
(sistema educacional global)
Año
1973 1974 1975 1976 1977
Núm. de estudiantes 1.482 1.444 1.467 1.293 1.249
Fuente: Anuario estadístico de Unesco 1980, pág. 427.

Sin embargo, a pesar de la represión y del oscurantismo impuesto por la junta, la comunidad universitaria no ha logrado ser avasallada. El consenso democrático sigue teniendo su expresión en la gran mayoría de los universitarios. La lucha por la reconquista de la autonomía universitaria, por el pluralismo ideológico, por la participación en todos los aspectos de la vida académica, sumada a la protesta creciente contra la represión fascista, contra la existencia de la policía interna ("Coordinadora Administrativa"), comienza a expresarse a mediados de 1980 en un movimiento latente y en desarrollo en el seno de los claustros universitarios. Durante los últimos meses del año 1980, la lucha de la comunidad universitaria por la defensa y la reconquista de sus derechos comienza a adoptar formas orgánicas superiores. Las manifestaciones en el campus Macúl, las protestas en la Universidad Federico Santa María y la ocupación pacífica de la sede de Unesco en Santiago y las diferentes manifestaciones en las distintas sedes universitarias, constituyen una ola en aumento de protestas de los universitarios. El desarrollo de esta lucha obliga a Pinochet a aplicar medidas extremas, nombrando nuevos rectores militares, entre los cuales al general Medina Lois, ex-responsable de las fuerzas especiales de seguridad, calificado como uno de los elementos dirigentes del sistema represivo. Pero la "mano dura" aplicada no logró aplacar el movimiento de protesta.

Ante el fracaso de la política represiva y aprovechando el período de vacaciones, un equipo designado por Pinochet y presidido por el Ministro del Interior, Sergio Fernández, procedió a estudiar una reestructuración total del sistema de educación superior, reestructuración que debe ser entendida dentro del marco de la reforma global del sistema de educación.

Las nuevas leyes crean un nuevo sistema nacional de educación que se inserta y responde coherentemente a las grandes líneas del modelo económico-social. El nuevo sistema de educación debe responder a los criterios impuestos por el mercado, la educación es transformada en una mercancía.

Esto quiere decir que se ofertará buena y mala educación, según la capacidad de compra del interesado. De esta manera se asegurará la reproducción en el campo educacional de la estructura social jerarquizada y elitista que genera el modelo de dominación. El contenido de la educación varía esencialmente, desprendiéndose ésta de la formación humanista y artística, para generar según los niveles de educación, un trabajador obediente, un empleado eficiente, y a nivel universitario, un profesional tecnócrata. De lo que se trata es que unos y otros respondan a las necesidades del modelo económico y aseguren la hegemonía ideológica de la clase dominante.

La junta reduce la responsabilidad del Estado al otorgamiento únicamente del derecho de acceso a la educación básica, asegurando que los que la reciban "...queden capacitados para ser buenos trabajadores, buenos ciudadanos y buenos compatriotas" (Carta del Ministro de Educación a Pinochet, acompañando la "Directiva Presidencial sobre Educación Nacional", marzo de 1979).

A los niveles medio y superior de educación podrán acceder números reducidos de estudiantes. Así, en la Directiva Presidencial se expresó que los estudios superiores son concebidos como "una situación de excepción para la juventud y quienes disfruten de ella deberán ganarla con esfuerzos, y además debe pagarse o devolverse a la comunidad nacional por quien puede hacerlo, ahora o en el futuro".

A mediados de diciembre de 1980, la junta militar dicta un decreto con fuerza de ley, que establece las bases de un nuevo ordenamiento de la enseñanza superior. Las nuevas medidas están destinadas a descabezar e impedir la expresión de un movimiento universitario de protesta contra "la militarización de la universidad" y en defensa de las conquistas democráticas históricas. La nueva ley perpetúa la dirección militar de las casas de estudio y estatuye la persecución de toda opinión contraria a la oficial. En efecto, el artículo 6 de este decreto establece que: "La autonomía y libertad académica no autoriza a las universidades para amparar y fomentar acciones o conductas incompatibles con el orden jurídico, ni para permitir actividades orientadas a propagar, directa o indirectamente, tendencias político-partidistas alguna". Más adelante, en el artículo 7, se agrega que, "los recintos y lugares que ocupen las universidades en la realización de sus funciones no podrán ser destinados ni utilizados para actos tendientes a propagar o ejecutar actividades perturbadoras para labores universitarias".

Es decir, cualquier actividad desarrollada por estudiantes o académicos que la "autoridad" estime como perturbadora, será reprimida. Respecto de la generación de las autoridades académicas, la nueva ley excluye tajantemente la participación de estudiantes y no académicos (artículo 22).

Por otra parte, la ley de Universidades, reduce a doce el número de carreras con carácter universitario y que contarán con el apoyo económico fiscal. Se excluyen: periodismo, pedagogía, obstetricia, ingeniería de ejecución, geología y muchas otras carreras fundamentales para el desarrollo potencial científico-técnico-cultural del país. Los criterios de selección de las doce carreras que tendrán calidad universitaria, están determinados claramente por las necesidades que el modelo económico requiere. Seguirán siendo universitarias, aquellas de prestigio social y que generarán los futuros cuadros tecnócratas que manejarán el aparato administrativo y económico estatal y privado. Así, el artículo 12 de la nueva ley de universidades estipula que tendrán carácter universitario: Ciencias jurídicas, arquitectura, bioquímica, odontología, agronomía, ingeniería civil, ingeniería comercial, ingeniería forestal, cirugía, veterinaria, psicología, química y farmacia.

La ley prevée la creación de nuevas universidades, pero éstas podrán entregar nuevos títulos universitarios sólo si se otorgan al menos tres de los títulos de las carreras seleccionadas por el equipo del Ministro del Interior.

El texto legal, por otra parte, se refiere fundamentalmente a las reglas de seguridad que deben guiar la actividad de las universidades, sin entrar a determinar las exigencias referentes a la calidad de la enseñanza, ni sobre la idoneidad de los servicios, sino solamente sobre la identidad de los organizadores, fines que se proponen y si cuentan con recursos económicos (artículo 18).

Por último, en los artículos transitorios queda aún más claro el carácter represivo del nuevo sistema de educación superior. En efecto, el artículo transitorio 4 estipula que por un plazo de 5 años (será también transitorio este plazo?) para que una nueva universidad pueda funcionar, debe contar "con la autorización del ministerio del interior, el que sólo podrá otorgarla cuando, a su juicio, no se atente o no pudiese atentarse, con su establecimiento, en contra del orden público o de la seguridad nacional".

Posteriormente al decreto de la nueva ley de universidades, la junta militar promulgó una nueva ley de financiamiento, que establece que el aporte fiscal a las universidades se congela a partir de los niveles 1980, debiendo reducirse paulatinamente de aquí a 1985, fecha en la cual este aporte representará sólo un 50% del actual. Es preciso subrayar que este apoyo financiero está destinado a las doce carreras estipuladas en la ley, lo cual significa que las otras carreras deberán autofinanciarse. La reducción del aporte fiscal, se supone, motivará al sector privado a financiar parte de la actividad universitaria, dándose así un paso más en el proceso de privatización de los distintos servicios sociales. En el discurso para dar a conocer "La Directiva Presidencial sobre la Educación Nacional", Pinochet expresó, en efecto, que "la expansión futura (de la educación) se buscará de preferencia en la iniciativa particular".

Hay que señalar, por lo demás, que la reducción de recursos financieros ha obligado a algunas universidades a traspasar proyectos y equipos de investigación a los grandes grupos económicos.

Debido a la drástica disminución del número de carreras y a las medidas económicas que implican una disminución del número de vacantes, sumado todo esto al alza del coste de los estudios, se genera una elitización del acceso a la enseñanza superior.

Analicemos más profundamente esta situación. El cuadro siguiente nos muestra los nuevos aranceles vigentes en algunas carreras universitarias conforme al dictamen del Ministerio de Educación de fecha 15 de marzo de este año.

Aranceles en el mercado de la Educación Superior . (Algunas carreras en distintas
Carreras U.CH. U.C. U.N. U.Con. V.C.V. U.T.E. U.A. U.SM.
Agronomía 45.000 60.000 - 32.000 40.000 - 36.000 -
Arquitectura
Construc. - 60.000 25.000 - 36.000 28.000 - 24.000
Ingeniería 25.000 - 25.000 24.000 36.000 36.000 - -
Ingeniería 45.000 60.000 30.000 40.000 4000 36.000 - 38.000
Ingeniería 45.000 60.000 30.000 32.000 4000 36.000 36.000 -
Medicina 45.000 60.000 - 64.000 - - 40.000 -
Periodismo 40.000 60.000 20.000 - - - - -
Psicología 40.000 60.000 - - - - - -
Pedag. Ens.Media 15.000 50.000 20.000 20.000 36.000 20.000 28.000 -
Pedag. Ens. 15.000 44.000 20.000 16.000 32.000 16.000 24.000 -
Sociología - - 20.000 - - - - -
Técnicos 20.000 44.000 20.000 24.000 36.000 16.000 - -
Abreviaturas: U.CH.: Universidad de Chile. U.C.: Universidad Católica. U.N.: Universidad

Como podemos observar, las carreras más caras son medicina, ingeniería civil e ingeniería comercial. Las más "económicas" son las carreras pedagógicas. Sin embargo, las "ofertas" varían según las universidades, siendo la más cara la Universidad Católica. El arancel más alto es de 60.000 pesos y el más bajo es de 15.000 pesos para pedagogía en la Universidad de Chile.

Si estudiamos la encuesta realizada en 1978 por el Instituto Nacional de Estadística sobre la distribución del gasto familiar, en 5 grupos quintiles de familias de distintos ingresos, del gran Santiago, reajustada a enero de 1981, observamos que en función del porcentaje del ingreso destinado a gastos de educación, sólo el 20% más pudiente de la población estaría en condiciones económicas de pagar los estudios de un hijo en la universidad. Los otros sectores no alcanzan ni mínimamente a solventar los aranceles exigidos por las universidades.

Gasto familiar mensual en educación, en 5 grupos quintiles de familias de distintos ingresos del Gran Santiago, 1978 (en pesos de enero de 1981)
grupo I % grupo II % grupo III % grupo IV % grupo V %
gasto total 5.471.42 9.807.6 14.348 22.117,93 53.804,89
gasto mensual 37,33 8940 205,20 464,47 2.189,0
0,68 77,93 0,91 179,16 1,43 2,01 4,07

Gasto promedio anual por grupos quintiles:
20% más pobre 447,96 $
20% pobre 1.072,80 $
20% medio 2.462,40 $
20% alto 5.573,64 $
20% más alto 26.268,00 $
Fuente: INE.
IPC: 1978 junio-dic. = 15,6% - 1980 = 20,46% - 1979 = 36,1% (AHC-INE).

La selección económica de los estudiantes será drástica. A la universidad llegarán sólo los sectores de la clase dominante. Esta situación excluye la movilidad social de las capas medias tradicionales, que se ven privadas del acceso para sus hijos a la universidad. Comerciantes, artistas, artesanos, profesionales, campesinos, empleados públicos y particulares, así como la clase obrera, verán por vía de esta selección económica, cerrada toda su posibilidad de educación superior para sus hijos.

La exclusión por niveles de ingresos es tan evidente, que la junta y las financieras se han visto obligados a conceder "créditos" a los estudiantes de escasos recursos que aún acceden a la educación superior. Crédito que el estudiante estará obligado a pagar a partir del 2 año de su egreso, hipotecando así largos años de su vida.

Es preciso analizar en seguida las nuevas reformas de la enseñanza básica y media, para lograr comprender la coherencia del sistema excluyente y elitista proyectado por la junta.

La situación de la educación media

La puesta en vigor del decreto con fuerza de ley n 1-3063, que reglamenta el traspaso de las escuelas básicas y medias a las municipalidades, implicará que el control de la aplicación estricta de los programas del Ministerio de Educación, será de ahora en adelante responsabilidad de los alcaldes, los cuales son designados directamente por Pinochet. A ellos corresponderá contratar el personal docente, con lo cual se acentuará el control político del profesorado, de sus actividades y de los contenidos de sus cursos por parte del Ministerio del Interior.

Esta reforma establece como objetivo prioritario el desarrollo de la educación básica, poniendo énfasis en que todos los chilenos deben tener acceso a ella. Para que -señala- queden así "capacitados para ser buenos trabajadores, buenos ciudadanos y buenos patriotas". Esto es muy significativo porque es a partir de este nivel que se generará hacia el futuro el nuevo sistema general de educación, el cual jugará su papel como aparato ideológico de sumisión de los estudiantes a las reglas del orden social impuesto.

El nuevo sistema general de educación garantiza así la entrega del relevo necesario a la reproducción del sistema de dominación. Téngase en cuenta que la escuela básica toma a los niños provenientes de todas las clases sociales, para inculcarles durante años -en los años en que el niño es absolutamente permeable y vulnerable ideológicamente-, las normas del "saber", las relaciones de mando y obediencia (aceptar conscientemente el rol de explotado o explotador).

Cada promoción de estudiantes que irá egresando de los distintos niveles de enseñanza, se incorporará al mundo del trabajo con la ideología que corresponde al papel que ella debe jugar en la sociedad de clases. De la escuela básica surgirán los "buenos trabajadores", obedientes, apolíticos, buenos patriotas. Los que logren saltar esta valla y alcancen los niveles medios y técnicos de la educación, se verán asignados a las funciones de empleados públicos o privados, comercio, artesanado, técnicos, etc.; y la minoría, la élite que alcance los niveles superiores de educación, deberán jugar el papel de agentes ideológicos reproductores del sistema social dominante, a través del mando y manejo del aparato estatal y económico-financiero privado.

El nuevo sistema de educación nacional impuesto por la junta, sumado a su predominio sobre los medios de comunicación de masas -que impregnan a niños, jóvenes y adultos de valores ideológicos como el "éxito individual", el apoliticismo, el chovinismo, el anticomunismo, el consumismo- dejan al gran capital y al imperialismo en condiciones favorables para lograr la hegemonía ideológica en el interior de la sociedad chilena.

Analicemos más en detalle cuáles serán los mecanismos de exclusión del acceso a los niveles superiores de la educación.

El DL 4002 sobre programas de educación establece las exigencias mínimas en la formación de los niños. Este decreto prevée una flexibilidad extrema, ya que sobre diez asignaturas básicas, sólo cinco de éstas son obligatorias, quedando las restantes sujetas a los recursos, necesidades y condiciones de las escuelas. Así, el espectro oscilará entre una educación completa y de alta calidad, hasta la mera instrucción del manejo de las cuatro operaciones aritméticas, más historia y geografía, y reglas de urbanidad y moral. Al entrar la educación a transarse en el mercado, la calidad de ésta estará determinada por los recursos económicos de las municipalidades, ya que su financiamiento estará asegurado parcialmente por éstas. Y todos sabemos que existen profundas diferencias en los niveles de recursos económicos de los diferentes municipios y, por lo tanto, no todos ellos podrán asignar iguales recursos a la educación básica y media. Es evidente que los municipios más ricos (como los del Barrio Alto de Santiago, por ejemplo) podrán ofrecer a sus habitantes una educación de alta calidad que contemple el programa de las 10 asignaturas básicas y otras suplementarias (idiomas, por ejemplo). Los municipios de escasos recursos, en cambio, podrán apenas asegurar el nivel mínimo de educación.

El nuevo sistema está orientado, en suma, a perpetuar la desigualdad social y a reproducir la estructura social de clases generada por el modelo económico-social del gran capital y del imperialismo. Hay un hecho categórico: los niños que reciban la educación mínima no podrán acceder a niveles superiores del sistema. Ni siquiera podrán cambiarse a escuelas de mejor calidad, ya que la cantidad de asignaturas que nunca habrá estudiado, sumando al precario nivel de conocimientos alcanzado, le impedirán acceder a la educación media y, mucho más aún, saltar la valla de la Prueba de Aptitud Académica, que se seguirá realizando sobre la base de la exigencia del conocimiento completo de los programas "mínimos". En efecto, la "Directiva Presidencial sobre Educación" prevée que en la enseñanza media "se intensificará enérgicamente el nivel de exigencias, en forma de desviar hacia otras alternativas educacionales a quienes no tengan vocación ni/o capacidad de trabajo compatible con ese nivel de exigencias". El sistema general de educación se hará más rígido desde sus primeros años, impidiendo toda movilidad social. Esta dramática exclusión se ve aún más grave por las condiciones de extrema pobreza de la gran mayoría de la población chilena. No nos referimos ya al hecho de que muchos chilenos no puedan pagar mejores estudios para sus hijos, sino a que, además, la estructura social generada por el modelo concentracionista y excluyente y la pobreza de las grandes masas, han producido una deficiencia creciente en la situación nutricional de los chilenos, con las consecuencias negativas que ella acarrea al desarrollo de la capacidad intelectual del niño.

Según datos entregados por el INE, según la encuesta sobre presupuestos familiares realizada en 1978, en ese año el 60% de la población del gran Santiago se encontraban bajo el nivel mínimo de consumo de calorías diarias. Sólo el 40% de los hogares de mayores ingresos satisfacían el nivel de consumo necesario. Esta situación agrava aún más la exclusión de la gran mayoría de la población al acceso a niveles superiores de educación. Veamos lo que nos indica el cuadro siguiente:

Gastos en consumo de calorías y proteínas por persona: 1978
Población Consumo Déficit
Calorías Proteínas Calorías Proteínas
20% más pobre 1.655 47 -663 +5
20% pobre 1.875 51 -443 +9
20% medio 2.176 64 -142 +22
20% alto 2.504 77 +182 +35
20% más alto 3.186 106 +868 +64
Requerimientos mínimos de calorías: 2.318. Requerimientos mínimos de proteínas: 42.
Fuente: Programa de Economía del Trabajo, Academia de Humanismo Cristiano, Informe de coyuntura n 2, octubre 1980-enero 1981.

Hemos analizado globalmente el nuevo sistema general de educación impuesto al pueblo de Chile y las condiciones socio-económicas en que aquél se inserta. Hemos subrayado que la cuestión fundamental está en la necesidad de la junta de dominar este aparato ideológico de Estado, decisivo en la formación de las nuevas generaciones, a las que se trata de someter ideológicamente al sistema de dominación de clases existente hoy en Chile.

No podemos terminar sin subrayar algunas de las tareas sociales y políticas que, a nuestro juicio, surgen de este análisis. El desafío planteado al movimiento democrático es decisivo. La conquista de los derechos de la educación no puede darse sin la derrota del modelo socio-económico de la junta, que es en el interior de éste donde se aplica y desarrolla este aberrante sistema jerárquico clasista de educación.

En el plano especifico de ésta, es necesario impulsar un movimiento nacional que impida a la junta aplicar sus planes. La educación no debe ser una mercancía; ésta debe ser considerada como un derecho de todos los chilenos asegurado por el Estado.

La lucha contra el nuevo sistema de educación es una tarea que concierne a todos. Se trata de salvaguardar el potencial científico-técnico de Chile, de conservar nuestra identidad cultural, de impedir que se sepulte hasta el último vestigio de nuestro pensamiento y nuestra tradición democráticos.


Editado electrónicamente por C.D. Blest el 30may03