Patricio Cleary

Líneas para un balance de la educación chilena (1979-1982)

Patricio Cleary

Durante el año 1981 el gobierno militar chileno inició la fase final de lo que se podría llamar el término de "la educación pública", cuyos efectos cuantitativos y cualitativos ya se empezaron a sentir en toda su magnitud durante el año escolar 1982.

Las causas que le llevaron a tomar esta decisión pueden desglosarse así:

1. La necesidad de destruir definitivamente todas las bases socializantes del sistema educativo anterior, las que estaban estrechamente ligadas al modelo económico sustitutivo, que impulsó primeramente la industrialización interna y posteriormente su modernización.

2. La necesidad de poner en práctica rápidamente el rol subsidiario del estado en la educación, e implementar el traspaso de su misión educadora a los intereses privados o grupos ad-hoc en reproducir determinadas fuerzas de trabajo.

3. Liberar al Estado de la inversión en el sector educación y traspasar este financiamiento al presupuesto familiar de los respectivos interesados.

4. El fracaso del control militar-policial del proceso educativo sostenido desde el mismo día 11 de septiembre de 1973.

5. La necesidad de imponer en la sociedad chilena "la nueva mentalidad" basada en la omnipotencia de las leyes del mercado en lo económico y en la aplicación de la doctrina de la Seguridad Nacional en lo práctico. Esto significaba cambiar totalmente los curriculums, cambiar la relación maestro-alumno, la relación escuela-profesor-padres-autoridad en base a lo anterior.

En lo económico significaba introducir en los educandos un individualismo extremo, la competitividad sin limites entre individuos, y el egoísmo frente a los problemas sociales.

El Estado y la Democracia

El Estado se redefine como eminentemente autoritario y nacionalista y declara al país en un proceso de reconstrucción en lo interno para evitar el efecto destructivo "de la alternativa de una sociedad de inspiración marxista..., todo lo cual contradice nuestra tradición cristiana e hispánica" (1).

Este Estado declara como su fin el bien común general, definido como "el conjunto de condiciones sociales que permita a todos y cada uno de los chilenos alcanzar su plena realización personal" (2). Este bien común debe orientar a los hombres a obtener sus bienes individuales, y la labor de este Estad asegurar los instrumentos legales para que ello se realice.

El principio central de este Estado es el de subsidiaridad, el cual es la justificación práctica de la libertad económica de los grupos más poderosos de una sociedad. El Estado sólo puede actuar en subsidio, por razón del bien común cuando los individuos son incapaces de lograr bienes individuales por sí mismos. En este último caso el Estado entra en acción para entregar una educación mínima que posibilite la socialización del individuo para que respete la propiedad privada, las leyes del mercado y la justificación de la defensa de ambos hechos.

Esta concepción del Estado cambia radicalmente las leyes del juego político, lo que hace que los que lo asumen tengan un principio excluyente en su conducción. En él actúan dos fuerzas:

a) Una económica, que controla el capital interno y que actúa como agente del externo a través de una élite tecnócrata.

b) Otra constituida por el alto mando militar, cuya tarea es el disciplinamiento de la sociedad, y por tanto también del sector educación

Ellas fijan las nuevas reglas entre los grupos sociales, declaran a toda la sociedad civil en crisis ideológica, con el objeto de reestructurarla y adaptarla a la nueva situación.

Otro concepto que es interesante observar en relación a este desarrollo, es el de democracia. Pinochet, el día 10 de julio de 1977, fijó al respecto, la siguiente concepción: "nuestro deber es dar forma a una democracia que sea autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social... Autoritaria, en cuanto debe disponer de una autoridad fuerte y vigorosa... Protegida, en cuanto debe afianzar como doctrina fundamental del Estado de Chile, el contenido básico de nuestra declaración de principios, reemplazando el Estado liberal clásico, ingenuo e inerme, por uno nuevo... Integradora, en cuanto debe robustecer el objetivo permanente de la nación..., por encima de legitimas divergencias en otros aspectos más circunstanciales y que los sucesivos gobiernos tengan la continuidad esencial que les ha faltado... Tecnificada, en cuanto al vertiginoso progreso científico, tecnológico del mundo contemporáneo, que no puede ser ignorado por las estructuras jurídicas... De auténtica participación social, en cuanto a que es verdaderamente libre una sociedad que fundada en el principio de la subsidiaridad, consagre y respete una real autonomía de las agrupaciones intermedias entre el hombre y el Estado para perseguir sus fines propios y científicos (3).

Este Estado y esta nueva democracia sólo pueden funcionar en el marco de un consenso social producido por los dos grupos y apoyado casi exclusivamente por la fuerza, la que se utiliza constantemente en todos los niveles, incluida la educación, donde se emplea en forma directa e indirecta, entendiéndose esta última como una instrumentalización permanente de la inseguridad social, el miedo y la angustia hacia el futuro.

El nuevo rol de la educación después de 1973

La misión de la educación consistió y consiste en la reproducción ideológica del poder central y la mantención de los valores formativos necesarios para su legitimación y desarrollo posterior.

Los hechos de hoy en Chile demuestran que la clase dominante está empeñada en impulsar un cambio de valores en todas las instancias formativas con miras a adaptar en el más breve plazo posible a los chilenos para que justifiquen el nuevo orden social y lo legitimen, y acepten como una normalidad la concentración de la riqueza interna más extrema.

Las principales tesis que sustentan son las siguientes:

- Hay una clase que domina, que es la que tiene que ejercer el poder en toda su plenitud. Esta no puede dar la oportunidad a ningún tipo de sector aun dentro de ella misma, de fomentar la contestación. Se debe cerrar esta posibilidad fijando valores rígidos, inamovibles e indiscutibles.

- Existe una élite de gobernantes y una de gobernados que sólo recibe los influjos ideológicos que necesita la primera para reproducir los procesos productivos concretos. El gobernado que no acepte este tipo de socialización, debe ser eliminado o anulado ideológica o físicamente.

Lo anterior conlleva la formación de un hombre "anti-hombre", con valores totalmente opuestos a los del consenso social anterior, puesto en crisis a propósito.

La conclusión lógica es la necesidad de reorganizar los impulsos ideológicos y reemplazar rápidamente mensajes y valores que contienen en sí fuertes contradicciones en relación a la situación que se está produciendo.

El primer paso es declarar agotados, obsoletos o francamente subversivos los llamados "valores terminales" en relación a otros individuos: derecho a la vida, derechos de las personas, libertad, justicia para todos, igualdad ante la ley, derecho a la verdad y los valores terminales con respecto a la sociedad: justicia y orden social, relaciones de independencia, seguridad, etc.

El segundo paso es declarar caducados algunos valores instrumentales, como solidaridad, tolerancia, honestidad, sinceridad, participación en la sociedad, derecho a la organización, etc.

El tercer paso es la puesta en duda abierta de la legitimidad del anterior sistema educacional que, de acuerdo al nuevo consenso, sólo alimentaba y reproducía a las formaciones sociales declaradas disueltas (parlamentos, partidos políticos, prensa, etc.).

La educación debe ser por tanto intervenida y reajustada, colocándola primeramente bajo un severo control que no permita ningún espacio de disidencia. A la educación privada se le aplica "un control técnico" que significa la prohibición de difundir nociones contrarias a la seguridad nacional.

Los valores educacionales hasta el 73

El objetivo central era la formación de un ser crítico, comprometido en el desarrollo nacional, en los avances sociales, abierto a todo desarrollo cultural y con un amplio espíritu de solidaridad.

El profesor Luis Gomes Catalán describe así las líneas pedagógicas y didácticas de este tipo de educación, que indudablemente posibilitaba un pluralismo:

1. Capacitar para la conservación y robustecimiento de la salud; o simplemente preparar (a los alumnos) para la defensa de la salud (física, intelectual y moral).

2. Capacitar para el conocimiento racional del universo; o preparar para la comprensión inteligente de la vida y del mundo.

3. Preparar para una justa, solidaria y elevada vida social y cívica de acuerdo con la concepción democrática del Estado.

4. Preparar para la vida del trabajo y comprensión de su sentido económico.

5. Capacitar para la apreciación, interpretación y creación de las diversas formas de la belleza artística (4).

La meta era llegar a obtener un individuo sano, racional, inteligente, solidario, justo, demócrata, trabajador, capaz de apreciar lo bello en sus diversas formas.

Lo descrito insinúa que la educación podría haber tenido la posibilidad de formular sus objetivos independientemente del proceso general y que favorecía una movilidad social bastante dinámica, pero la realidad era diferente.

Era efectivo que la educación entregaba algunas posibilidades a toda la población, pero en ella arrastraba problemas más o menos tradicionales: baja escolaridad, falta de asistencialidad, déficit de construcciones escolares, escasez de maestros titulados, excesivo enciclopedismo, etc. Las mejoras en el sistema siempre habían sido el resultado de agudas luchas sociales. A través de ellas se había obtenido la gratuidad, la obligatoriedad, el mejoramiento de la asistencialidad escolar y la constante ampliación del sistema a través del aumento del presupuesto educacional.

El resultado fue un sistema educacional abierto, que llegó a ser un modelo para muchos otros países del continente. Todo ello alimentaba una confianza casi ilimitada en el poder de la educación, que aparecía diseñada como un derecho para todos, e impartida por un profesional de la educación que poseía un alto concepto del trabajo docente. Todo concluía en el convencimiento casi indiscutible de que un buen desenlace educativo podía posibilitar todos los accesos sociales y políticos dentro de la sociedad chilena.

Esta idealización del sistema era casi absoluta, pero puesto esto en un plano real se seguían dentro de él reflejando las desventajas y desajustes de la estructuración económica y social del país.

"Para los pobres existe la escuela primaria, fiscal o parroquial, por lo general incompleta en los campos; para la clase media, las preparatorias anexas a los liceos; para la clase alta, algún liceo privilegiado o el colegio particular, que llevan del kinder a la Universidad. La escuela primaria de hecho es terminal. Sus alumnos más aventajados -normalmente hijos de familias más preocupadas- van al Liceo y si el Liceo es de tradición y el apoyo económico familiar fuerte, sobre todo en el caso del provinciano, ingresarán a alguna carrera de menos prestigio en la Universidad. Otros pocos irán a la Normal o a la enseñanza profesional. En este último caso los menos terminarán sus estudios y muy pocos se emplearán de acuerdo a lo que dicen sus títulos, salvo los egresados de algunas escuelas de gran seriedad. (5)

La expansión de la educación en el período 1964-1973

Conjuntamente con las observaciones criticas que se hacían al sistema educacional, la presión permanente de los sectores sociales -especialmente los trabajadores organizados- para ampliar su participación en él, dan origen a un fenómeno de notoria dinamización de la enseñanza. Es así como la masa de alumnos crece considerablemente a partir de los años en que gobierna la Democracia cristiana hasta 1973.

Este avance, que puede considerarse espectacular, tiene que ver, entre otras causas, con las siguientes:

a) La necesidad de modernizar las estructuras capitalistas del país y la puesta en marcha de la Reforma Agraria.

b) Por una parte, el impulso dado por la Democracia cristiana a la participación popular organizada y al despegue económico basado en la adquisición de nuevas tecnologías productivas, y la decisión del gobierno de la Unidad Popular, por otra, de democratizar y fomentar la unidad de proceso escolar para concitar un apoyo más decidido y enérgico del conjunto de la sociedad chilena a su tarea transformadora y antiimperialista.

Los programas educacionales de la Democracia cristiana y de la Unidad Popular coincidían en tanto uno y otro partían del cuestionamiento del orden anterior. Pero no fue posible que se produjera entre ambos un verdadero consenso. Los valores que impulsaban eran desde cierto punto de vista similares. Postulaban una interacción permanente entre educadores y educandos para obtener una sociedad progresista, dinámica y participativa, y promovían la comunicación permanente del sistema con la comunidad, basada en un contacto solidario y armónico.

La posibilidad de acercamiento de estas fuerzas estuvo siempre latente, y las coincidencias fueron relevantes durante el transcurso del Congreso Nacional de Educación de 1971, en el que, a pesar de las divergencias ideológicas, se aprobó unánimemente, entre otras, la idea de la democratización de la enseñanza.

Este inicio de consenso se vio abruptamente interrumpido después, como sabemos, conforme la conspiración reaccionaria se fue haciendo más y más aguda.

Los conceptos educativos a partir de septiembre de 1973

El proyecto educacional del gobierno militar chileno se basó desde el principio en el intento de crear un nuevo sistema de valores basado en una "ideología oficial", la seguridad nacional, que pretendía la implantación de una nueva conducta ciudadana.

En lo esencial, estos principios se resumen en lo siguiente:

a) Nacionalismo y patriotismo: acatamiento y admiración a símbolos y autoridades militares; ensalzamiento del militar como modelo ciudadano; lucha contra la subversión (identificación y ubicación del enemigo interno); regeneración histórica (reinterpretación a partir del concepto héroe militar).

b) Anti-marxismo y rechazo de todo el pasado democrático: condena a todos los gobiernos civiles por haber permitido el pluralismo; rechazo a la participación en la educación a los profesores que promuevan doctrinas foráneas (6).

El fundamento de los nuevos valores

La educación se convirtió de hecho en un encarnizado campo de batalla, en el cual el nuevo decálogo ideológico se debía imponer a sangre y fuego, eliminando la menor manifestación de oposición o disidencia. El diario El Mercurio en su edición del 18 de junio del 74 ya lo señalaba así: "Uno de los rubros de la vida nacional donde se han advertido innovaciones sustanciales desde que asumió la actual administración, es por cierto la enseñanza. Utilizada ésta como instrumento concientizador del marxismo, debió ser depurada de sus contenidos nocivos, aparte de que se diseñarán nuevas metas para la comunidad del país" (7).

El día 15 de junio de 1974, El Mercurio publicaba la concepción educativa del Ministerio de Educación:

"La educación debe entenderse como un medio de contribuir a incrementar la satisfacción individual y de mejorar la organización social y, por consiguió te. son responsables de la labor educativa todos los miembros de la sociedad.

"La educación debe entenderse como patrimonio y tarea que concierne a toda la comunidad nacional, con el objeto de capacitar a cada hombre en el ejercicio de una libertad responsable y noblemente orientada. En este alto sentido, comparten responsabilidades de educadores, en primer lugar, los padres a través de su núcleo familiar, profesores, gobernantes nacionales, autoridades locales y de barrios, por cuanto de ellos depende el desarrollo de una actitud de disciplina de trabajo y de estudios, únicos caminos reales de posibilidad a las aspiraciones del hombre y la comunidad.

"La educación no aceptará la participación de profesores que promuevan la enseñanza de doctrinas nacionales o foráneas, como el marxismo, que atenten contra el espíritu esencialmente libre y democrático de la institucionalidad chilena.

"Tampoco se aceptará la infiltración de doctrinas políticas de cualquier otro partido a través de la Educación pública o privada.

"Se postula, pues, una educación profundamente humanista. apolítica, que subordine el uso y desarrollo de los avances científicos y tecnológicos al bienestar del hombre y que haga de este constructor experto y responsable del bien común." (8)

Examinando estos primeros documentos específicos, ya saltaba a la vista cómo se implantaba un cambio sustantivo en los valores educativos tradicionales, introduciendo otros nuevos, basados esencialmente en postulaciones como las siguientes: la despolitización del individuo; la práctica de un individualismo excluyente; la neo-democracia dirigida y exclusivista; la exclusión absoluta de la confrontación de ideas; el egoísmo y la competencia; la verticalidad en el mando; la relatividad de los derechos del hombre frente a la seguridad nacional.

Una vez instalado el control militar, se les reconocía a algunos grupos ciertos derechos, lo que se formulaba legalmente (colegio de profesores, carrera docente), aunque limitados por medio de decretos reservados que defendían la seguridad nacional y que incluían toda la fuerza represiva necesaria.

La educación, primeramente reconocida como responsabilidad "compartida" del Estado, fue declarada finalmente como un derecho optativo del que podía usufructuarla. Esta última idea se vio reflejada en toda su integridad en la Directiva sobre la Educación presidencial donde el gobierno militar abiertamente deja de ejercer su responsabilidad educacional.

Este documento representa la revisión del proceso educacional por parte del Estado y su intención de traspasar esta función al sector privado, incluidos los bienes de capital correspondientes, conservando sólo para sí funciones normativas y fiscalizadoras.

Los resultados de la Directiva

La serie de medidas que a partir de este documento fueron puestas en práctica pueden señalarse de la siguiente manera:

A. La Municipalización. Comienza con la dictación del decreto ley 3.063 del 24-12-79, referido a las rentas municipales. En el artículo 38, inciso segundo, se autoriza a las municipalidades para recibir de parte del Estado establecimientos educacionales, fijando vagamente las condiciones para ello. "Además, podrán tomar a su cargo servicios que estén siendo atendidos por organismos del sector público o del sector privado, en este último caso ateniéndose al principio de subsidiaridad; como así mismo podrán destinarlos al financiamiento de obras de adelanto local" (9).

Anuncia en seguida la dictación de cuatro reglamentos para normar su transferencia, administración, control y financiamiento. Estos últimos aparecen seis meses después en el decreto con fuerza de ley 1-3.063. Este es una ampliación del artículo de la ley anterior, en que se fijan las condiciones para el traspaso de parte del Estado a la municipalidad, incluyendo en él al personal docente, que de hecho pierde la estabilidad en el cargo, el estatus profesional y la continuidad de salarios y previsión.

El segundo paso de esta municipalización de la educación lo constituye el decreto ley 3.474 de 29.9.80, referido al financiamiento y administración municipal, en el cual se vuelve a agregar un instrumento legal al decreto con fuerza de ley 1-3.063, en el que se autoriza en la práctica el traspaso por parte de la municipalidad de los establecimientos educacionales recibidos a instituciones y personas jurídicas de derecho privado. Queda establecido claramente que la administración municipal debe responder de esta gestión ante el Ministerio del Interior, lo que significa un traspaso de responsabilidades, de control y de fiscalización, desde el ministerio de educación a los organismos de seguridad.

La llamada participación de la comunidad, que se daría a través de los municipios, queda de hecho descartada, ya que dentro del establecimiento educacional traspasado se debe seguir aplicando el principio de verticalidad en el mando. La prueba fehaciente de ello es el poder del Alcalde, que puede legalmente traspasar, contratar, despedir, deshacer corporaciones, etc., sin posibilidad de parte de los afectados de reclamar. No hay que olvidar que los Alcaldes sólo responden ante Pinochet.

Los 6.766 establecimientos educacionales del país deben estar traspasados a las municipalidades, quiéranlo éstas o no, en el curso de este año.

Este proceso, en la práctica, posibilita la participación del sector privado en la educación, pero con el agravante que sólo podrá funcionar si existe una posibilidad de supervivencia financiera, quedando así fuera del sistema regular todos los sectores que no son interesantes para este naciente mercado educacional.

Dentro de este rubro debe también considerarse el traspaso de establecimientos técnicos y profesionales al sector privado, directamente conectado a la actividad educacional de cada uno de los establecimientos a través del decreto ley 3.166 del 29.1.80. Los beneficiarios fueron: la Corporación Nacional de Desarrollo Social, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Chilena de la Construcción y diversas cámaras de comercio. Un año antes el director de esta rama, coronel Agustín Soto Miranda, declaraba: "el ideal seria que toda esta rama quedara bajo la administración privada u organismos intermedios de la comunidad, reservándose el Ministerio el control de calidad y las labores de asesoría... El sector privado participa así en la enseñanza. Hace ver qué tipos de egresados quiere y facilita la práctica de los estudiantes en las industrias que cuentan con equipamientos fuera de nuestro alcance". (10)

La sola idea de enviar alumnos a la industria, pone de manifiesto el cinismo de esta aseveración, ya que durante el gobierno constitucional de 1970-1973, la oposición política y la mayoría de los mandos militares adoptaron frente a lo mismo posiciones absolutamente contrarias. La idea de control de calidad se refiere casi exclusivamente a productos manufacturados; su aplicación a seres humanos denuncia claramente cuál es la concepción de los militares sobre la formación educacional, sobre todo cuando se trata de, la preparación de los trabajadores manuales.

B. La reforma en la educación básica. Con la dictación de los nuevos planes y programas de la enseñanza básica mediante el decreto ley 4.002 de junio de 1980, se plantean de hecho en este sector dos tipos de instrucción; la mínima y la básica. En el articulo uno se fijan los objetivos de la educación general básica, que son: "a) comprender la realidad en su dimensión personal, social, natural y trascendente, b) Pensar en forma creativa, original, reflexiva, rigurosa y crítica, de acuerdo con sus propias posibilidades, c) Proseguir estudios de nivel medio en consonancia con sus aptitudes, d) Desempeñarse en su vida como persona responsable, provisto de los hábitos y valores propios de tal, y participar en la vida de la comunidad, cumpliendo con sus deberes y exigiendo sus derechos". (11)

En la lectura de lo anterior se fija un límite en el proceso de la socialización sistemática del individuo, y por el cual, se consagra de hecho el derecho del más dotado económicamente para absorber todas las exigencias de la educación básica.

En el artículo dos aparece una posibilidad para los sectores incapaces de educarse a sí mismos, con los cuales el Estado podrá cumplir su papel subsidiario. En él se fijan los llamados objetivos mínimos, que esta vez deben ser cumplidos por todos y que son "a) saber expresarse correctamente en nuestro idioma, en forma oral y en forma escrita; b) dominar las cuatro operaciones de aritmética y sus nociones complementarias esenciales; c) conocer sistemáticamente y cronológicamente con la profundidad que corresponde a este nivel, la historia y la geografía de Chile; d) conocer con la profundidad que corresponde a este nivel las nociones fundamentales de las ciencias de la naturaleza; e) conocer y practicar sus deberes respecto a la comunidad y exigir de ella sus derechos, en forma concreta y aplicada a la realidad que el educando y su familia viven; f) formarse como persona y ciudadano que manifieste en su comportamiento las actitudes y valores propios de nuestra cultura y sobre los que tradicionalmente ha existido un consenso nacional" (12).

La diferencia entre ambas educaciones son notables. La primera abre horizontes hacia todo el sistema educativo, la segunda es terminal y no permite en la práctica la continuación. Los contenidos de esta educación mínima definen a un hombre limitado en su desarrollo, obligado sólo a vivir en su realidad sin poder superarla. Quien quiere la educación básica debe financiársela. De hecho pierde ésta su condición de gratuidad y obligatoriedad.

Según el diario El Mercurio, "la reforma constituye en lo fundamental un esfuerzo loable para simplificar los planes y programas, hacerlos concordantes con las necesidades del país y con las posibilidades reales de cada establecimiento educacional" (13).

C. La reforma en la educación media. Esta se implementa por medio del exento número 300 del 21-XII-1981, donde se establecen los nuevos planes y programas para la educación media. En los nuevos fines y objetivos de la educación media se establece en el artículo 1║ que ésta atenderá a la población escolar que ha finalizado la educación básica general.

Estos programas para la educación media humanística-científica, comprenden un plan mínimo de 21 horas semanales, el cual se deberá ofertar obligatoriamente, a partir del tercero y cuarto año. A éste se le podrá agregar un plan electivo de nueve horas sólo si el colegio está en condiciones de ofrecerlas y financiarlas. Dicho más claramente, esta rama se dividirá en dos ciclos de dos años cada uno. La oferta diferenciada aparece en el último y consiste en la idea de la educación media mínima que planteó el ministro Alfredo Prieto en El Mercurio el 17 de julio de 1981. En la exposición habla de la necesidad urgente de reestructurar la educación media y dividirla en tres canales. Uno, humanístico científico puro; otro, humanístico-científico con orientación hacia la formación profesional para el área de servicios, y un tercero tecnológico.

La socialización a través de esta enseñanza se establece como una instancia de privilegio, la cual debe ser financiada por quien la solicite y ofertada mediante una regulación controlada por la demanda educacional y no por el derecho universal de educarse. Los profesores de este sector deben reorientar su actividad profesional de acuerdo a las posibilidades financieras de las municipalidades o de las corporaciones, lo cual destruye la posibilidad de una formación completa y limita de hecho el horizonte del educador y del educando. El ministro del ramo lo describe así: "Lo que nos interesa es generar alternativas más reales. Tiene importancia también lo que piense el profesorado y la comunidad" (14).

D. La reforma universitaria. Esta se implementa a través del decreto con fuerza de ley número 1 del 30-XII-80, que significa la privatización de facto de la enseñanza superior y la limitación a impartir enseñanza en doce carreras universitarias: abogado, arquitecto, bioquímico, cirujano, dentista, agrónomo, ingeniero civil, ingeniero comercial, ingeniero forestal, médico cirujano, médico veterinario, psicólogo y químico farmacéutico. Los otros títulos profesionales no considerados son traspasados a instituciones no universitarias. Se otorga el derecho al sector privado para crear universidades siempre que ofrezcan las carreras antes mencionadas.

El Decreto con Fuerza de Ley número 4, dictado el 14 de enero de 1981, que fija las normas de financiamiento, establece las modalidades del aporte fiscal del estado, el que se dividirá en 20.000 partes, correspondientes a los 20.000 mejores alumnos resultantes de la Prueba de Aptitud Académica. La distribución de este aporte debe efectuarse conforme al número de estudiantes que cada universidad reciba, siempre que provengan de los 20.000 antes mencionados. Los demás no reciben ayuda indirecta del Estado. Los valores de los aportes se calculan en unidades tributarias -30 UT mensuales en 1982-, pero las carreras de medicina y odontología multiplicarán cada aporte por 2,5 y las demás por 1,8. Junto a ello se establece un sistema de créditos universitarios fiscales, los que deberán ser cancelados al terminar la carrera o abandonar la universidad por los afectados. Este sistema de distribución se distorsionó violentamente el año 1982, ya que las universidades se vieron obligadas a ofertar la mayor cantidad de plazas en las llamadas carreras de punta (medicina y odontología). Algunas universidades han comenzado a crear las carreras "de prestigio" aún sin tener del todo, a veces, las condiciones docentes y académicas.

Con el señuelo de los 20.000 mejores puntajes se ha desatado una lucha febril, ya que ello está ligado a un problema de supervivencia económica.

Posteriormente se dictaron 24 decretos con fuerza de ley, los que reglamentan la existencia de todas las carreras universitarias suprimidas. En ellos se posibilita la llamada enseñanza post-media a través de dos instituciones: los Centros de formación técnica y los Institutos profesionales, los que no podrán otorgar títulos de licenciados, magister o doctor, reservados sólo a la universidad.

En el cuadro que incluimos a continuación se señalan las alternativas de la educación post-media (15).

ALTERNATIVAS DE LA EDUCACIÓN POST-MEDIA

ENSEÑANZA MEDIA

Centros de Formación Técnica Institutos Profesionales Universidades
Titulo técnico Titulo técnico Titulo técnico Grados académicos:
Titulo profesional Titulo profesional Licenciado
Magister
Doctor

CAMPO OCUPACIONAL

Toda esta nueva estructura es, claramente, un retroceso histórico en el desarrollo de las universidades chilenas. Las limitaciones que se inician en la educación básica, y continúan en la educación media, dan por resultado una élite de carácter muy selectivo. Los egresados de la enseñanza media al querer ingresar a la universidad deben entrar en un proceso de selección aún más exigente. Logrado esto deben financiar la parte que les corresponde de la educación superior a recibir. Sólo el que posee medios adecuados para este nivel podrá permanecer en él. Aún estos últimos ya están mostrando que el sistema de financiación individual no funciona.

Las voces disidentes

La iglesia chilena. Es la organización que más críticas ha formulado al régimen en forma pública en el campo de la educación. En la Carta pastoral del 25-V-81 formula al respecto la siguiente reflexión: "El país está viviendo un proceso de cambio global, profundo y rápido en el campo de la educación. La autoridad pública ha manifestado la necesidad de formar a los chilenos en una nueva mentalidad... La educación no tiene sólo una dimensión técnica, tiene también un significado profundo en función del hombre, de la sociedad y de la cultura" (16).

La Iglesia critica abiertamente en este documento la nueva mentalidad propuesta, caracterizándola de excesivamente economicista, individualista, acrítica, competitiva, consumista, antidemocrática, y considera todo esto como anti-valores que producen resultados económicos apreciables, con sacrificios de los valores auténticos (17).

La Iglesia termina llamando a la reflexión y a defender la educación formativa como derecho universal e inalienable de los hombres, el que debe ser defendido por los padres, educadores, alumnos y toda la comunidad en general.

Las organizaciones gremiales de educadores. Son las nuevas instituciones en las que se agrupan los trabajadores de la educación, en su calidad de empleados particulares. La crítica principal la dirigen en contra de todo el modelo educacional, que identifican "como un proyecto concreto para limitar el desarrollo del pueblo chileno; cuando las directivas presidenciales hablan de limitar la responsabilidad de la expansión del sistema educativo, cuando el Estado habla de traspasar el sistema educacional a las municipalidades, cuando reduce su responsabilidad en el proceso educativo, indicando que la enseñanza media y superior constituyen situaciones de privilegio, y exige que la juventud que la quiera disfrutar pague sus costos, se propone un mundo sin visión revolucionaria, sin búsqueda de cambio, sin justicia social, sin espíritu crítico ni creativo y con un ser sumiso y adaptable a la tarea que se le encomienda (18).

También los educadores reclaman una mayor participación en el proceso de discusión y decisión, la continuidad en sus cargos, la reposición de su régimen de sueldos, el aumento del presupuesto educacional y la vuelta a la asistencialidad.

Los alumnos. "Se está implantando una educación para ricos y otra para pobres. Y con la tasa de cesantía, con lo que se está ganando como sueldo promedio, la situación es realmente dramática" (19). Otra opinión dice: "Cada cual se rasca con sus propias uñas. Los valores que priman son el individualismo, la competición, y el exitismo" (20).

Los trabajadores. El Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Madera, Ángel Quintanilla, al respecto, afirmó: "La educación chilena tiene íntima relación con un derecho cultural que fundamenta el desarrollo espiritual del hombre en relación con el mundo del trabajo y que en la sociedad le permite afirmar su identidad cultural... Desgraciadamente, la educación chilena que ha tenido un alto sitial de desarrollo cualitativo y cuantitativo también enfrenta una seria crisis: se constata que el sistema educacional pierde su sentido humanizador y liberador para transformarse en un vaso comunicante con los objetivos de un modelo economicista, productivista y consumista" (21).

Resumiendo, se puede decir que el rechazo a este modelo educacional viene de todos los sectores. Los primeros resultados de su aplicación son ya impresionantes. El propio gobierno de Pinochet admitió recientemente que ha habido un incremento de la deserción escolar primaria del 75 por 100, del 92 por 100 en el ciclo medio y del 98 por 100 en el nivel universitario (22). Los pronósticos para el futuro son aún más pesimistas.

Algunas consideraciones futuras

Todo este esquema aplicado a partir de la Directiva presidencial de la educación define la imposición sistemática de la ideología fascista y pretende la destrucción de todas las tradiciones democráticas del país. La nueva mentalidad propuesta, y en gran parte ya en desarrollo, pretende lograr un debilitamiento de la conciencia histórica y su reemplazo por modelos formativos que produzcan un ser no solidario y capaz de llegar a limites increíbles de comportamiento de carácter negativo frente a otros seres. Dentro del sistema propuesto sólo puede sobrevivir el que es útil y que posea además una educación (instrucción) que posibilite una rápida adaptación a las necesidades del mercado.

Los valores (anti-valores) de la política educacional de la Junta deben ser examinados con juicio crítico y deben incitarnos a buscar una respuesta. Cualesquiera que puedan ser nuestras conclusiones en detalle, es evidente que una política educacional de alternativa debe empezar por volver a la gratuidad, por restituir al Estado todos los establecimientos primarios y secundarios, por restablecer la autonomía universitaria y los principios democráticos en la docencia y la investigación de la enseñanza superior, y por devolver sus derechos a educadores y educandos.


Notas:

1. Declaración de principios de la Junta de Gobierno de Chile, 11-III-1974. El Mercurio, 12-III-74.

2. Idem.

3. Augusto Pinochet. Discurso de Chacarillas. El Mercurio, edición internacional 10-16 julio 1977.

4. Luis Gómez Catalán. Didáctica general. Editorial Universitaria, Santiago, 1957, pág. 42.

5. Patricio Cariola. "Los últimos veinte años de la educación chilena". Revista Mensaje. Santiago, N║ 20-23, 1971, pp. 460-466.

6. "Líneas generales de acción en la Educación de la Junta de Gobierno Militar". El Mercurio, 18-VI-74.

7. Id.

8. Id.

9. Diario Oficial, Ley 3083, 26-XII-79.

10. El Mercurio, Santiago, 10-1-79.

11. Revista de Educación, Mineduc, Santiago, mayo 1980, N 79. Edición especial. "Planes y ramas de estudio para la educación general básica".

12. Id.

13. El Mercurio (Editorial), Santiago, 7-V1-80.

14. Id., edición internacional, 29-VI-80.

15. Id. 12-1-81.

16. Carta Pastoral sobre la Educación. Comité Permanente de Obispos. Santiago 25-V-81 Mensaje, N║ 300, VII 1981.

17. Id.

18. Id.

19. Revista Solidaridad. Santiago, julio 1982, pp. 18-19.

20. "┐Existe divorcio entre la educación y las necesidades de empleo?". La Tercera de la Hora. Santiago, 10-X-82.

21. "┐Existe divorcio entre la educación y las necesidades de empleo?". La Tercera de la Hora. Santiago, 10-X-82.

22. "A nueve años del golpe de Estado de 1973". El País. Madrid, 19-X-82.


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