Memorias. Testimonio de un soldado


EPILOGO

NIEBLA SOBRE EL CAMPAMENTO

I. LA FENECIDA "DEMOCRACIA CONDICIONADA CHILENA"

1. Durante el control del Estado por la burguesía liberal

El breve lapso de la Historia de Chile comprendido entre los meses de septiembre de 1970 y de 1973, demuestra, irredargüiblemente, que nuestro país — al que el mundo distinguía como una isla en América, de definida personalidad étnica y de sólida tradición democrática— ha vivido durante su evolución republicana la farsa política de la "Democracia Condicionada".

Desde que Portales, en 1833, impuso el sistema autoritario del presidencialismo impersonal, hasta que un partido único —la Democracia Cristiana— tomó el control del poder, en 1964, la vida de la comunidad chilena se puede dividir en tres grandes etapas históricas: la inicial, en que el poder es detentado por la oligarquía tradicional, plutocrática y aristocrática, apoyada en un firme control del Poder Ejecutivo; la intermedia, desde la Revolución de 1891 hasta la Revolución de 1924, en que el poder es compartido por la burguesía tradicional y por la nueva burguesía comercial ligada al imperialismo inglés, apoyadas en un régimen parlamentario semi anárquico y la contemporánea, en que el poder lo comparten la burguesía tradicional con las nuevas burguesías industrial y burocrática, apoyadas en un nuevo régimen presidencial y ligadas al imperialismo occidental.

La "democracia condicionada" surgió más definidamente al término del primer decenio de esta tercera etapa, la contemporánea, cuando se restableció la legalidad democrática, después de la anarquía del 31 y 32 con el acceso al gobierno de Arturo Alessandri Palma, en 1933.

Se trataba de un sistema democrático peculiar, en el que —sobre la base de las reglas del juego de la Constitución de 1925— la vida nacional se desenvolvía en un régimen de elasticidad política, caracterizado por el armónico equilibrio entre los Poderes del Estado cuyas sendas jurisdicciones, compensadas eclécticamente, posibilitaban el predominio de la burguesía, seccionada ésta en estamentos complementarios.

Desde el punto de vista político, el Poder Ejecutivo se generaba cada seis años por la mayoría absoluta o por las dos mayorías relativas del sufragio popular, caso este último en que la definición depende del Poder Legislativo.

El Poder Legislativo se generaba alternando la renovación total de la Cámara de Diputados con la renovación de la mitad del Senado cada cuatro años, lo que permitía mantener en el Parlamento una oposición vigorosa como freno normalmente mayoritario de la potestad presidencial.

El Poder Judicial tenía una generación semi independiente y sólida estabilidad funcional, condiciones ambas que lo transformaron en un enclave de la burguesía.

Los partidos políticos disponían de una militancia limitada, de magnitudes que no se distanciaban considerablemente, y cultivaban ideologías que, aun en los tiempos del multipartidismo, se polarizaban en sólo dos tendencias centrípetas básicas: la liberal y la marxista. Cuando la poderosa D.C. intentó insuflar una tendencia intermedia —la del socialismo comunitario— empezó a desgranarse, primero con la formación del M.A.P.U. y luego de la I.C., y finalmente se bifurcó en la tendencia derechista del freísmo y la izquierdista del tomicismo.

El principal papel jugado por los partidos políticos ha sido tradicionalmente el de servir de "aspiradoras" de la gran masa de electores independientes en las elecciones presidenciales, parlamentarias y edilicias.

Durante el ejercicio del gobierno de los siete últimos mandatarios, excepto en el casó de Frei, que gobernó sólo con su partido, los anteriores recurrían a combinaciones partidistas a veces tan heterogéneas como la del período de González Videla, que se apoyó en liberales, conservadores, radicales, socialistas y comunistas.

Los dirigentes políticos burgueses chilenos habían sostenido sistemáticamente —en los 37 años precedentes a septiembre del 70— que eran "absolutamente respetuosos de la legalidad democrática". Les faltaba, sí, añadir la frase... "mientras no tengan acceso al poder los marxistas...".

El año 1938 resultó electo por el 50,28% del electorado el radical Pedro Aguirre Cerda, representante del Frente Popular, que incluía a los partidos Socialista y Comunista. Pero Aguirre Cerda, durante el corto tiempo que gobernó antes de su muerte, no alcanzó a impulsar cambios estructurales que habrían alarmado a la burguesía y provocado su derrocamiento por la fuerza, principalmente a causa del grave terremoto de enero de 1939. Sin embargo, se habían alcanzado a agazapar los intereses de la gran burguesía tradicional, cuando promovieron el fallido Golpe Militar denominado el "Ariostazo".

En 1964, la burguesía dominante demostró mejor visión política que en 1970. Captaron a tiempo la posibilidad de triunfo del izquierdismo con su candidato Allende y el sector industrial monopolista sacrificó sus expectativas al apoyar a la burguesía burocrática a través de Frei, evitándose "un mal mayor".

En 1970, en cambio, la burguesía dividió sus fuerzas entre Alessandri y Tomic, entregando la victoria relativa a Allende.

Si la Constitución Política hubiera contemplado la segunda vuelta —"a la francesa"— es seguro que Allende habría sido derrotado y la U.P. habría visto frustradas sus expectativas de llegar al poder. Pero las reglas del juego estaban vigentes desde 1925 y debían ser respetadas. Por lo tanto, la burguesía sólo tenía dos opciones constitucionales, después del 4 de septiembre de 1970: o proclamar a Alessandri en el Congreso Pleno del 24 de octubre o proclamar a Allende y, en este caso, desarrollar una oposición democrática hasta 1976, resguardando la legalidad.

Pero el derrocamiento violento de Allende —con el falaz pretexto de que había violado la Constitución e instaurado un régimen marxista— pone en evidencia que en la "democracia condicionada", la legalidad carece de verdadera legitimidad cuando la burguesía pierde el control del Ejecutivo y confirma que en tal estilo democrático, un régimen de gobierno sólo es legal mientras lo detenta el sistema liberal.

La amarga experiencia chilena comprueba la tesis marxista de que el control del poder requiere de la dictadura del proletariado como transición entre un régimen capitalista y uno socialista. Pero demuestra, a la vez, que la mayoría de la comunidad chilena contemporánea rechaza el marxismo como sistema de gobierno.

Sin embargo, tampoco puede deducirse que la voluntad popular chilena se incline por un sistema fascista de gobierno, que pretenda eliminar radicalmente la libertad de expresión de los sectores populares que respaldan la ideología marxista.

Por poderosos que sean todavía en Chile los sectores plutocrático-burgueses, en el alma del chileno común están sólidamente arraigados los principios libertarios que posibilitan el juego armónico del pluralismo ideológico.

Todo chileno auténticamente patriota, que sienta la necesidad vital de una comunidad nacional integrada —y no dolorosamente dividida en dos fracciones separadas por el abismo del odio— tiene que reconocer el derecho de las tendencias izquierdistas para expresarse y participar en la contienda ideológica interna. Estas tendencias no deben considerar ni que Chile les ha cerrado las puertas de la libertad de expresión y de la representatividad, ni tampoco pueden pretender la exclusividad de su ideología, que tendría que imponerse por métodos cruentos.

Hay que esperar la integración de una mayoría autóctona, dispuesta a introducir cambios profundos en el seno de la sociedad, para instaurar una auténtica mesocracia (en vez de reimplantar la extinguida "democracia condicionada") que tenga como objetivo fundamental la felicidad del pueblo y el progreso de Chile. Ello, mediante el logro armónico del crecimiento de la producción nacional y del otorgamiento de elasticidad social, sobre la base de la participación ciudadana en el poder político-económico, asegurada por una representatividad pluralista.

Para diseñar los perfiles de la democracia que desean los chilenos, es preciso penetrar mejor en el conocimiento histórico-sociológico de la "democracia condicionada", que hemos vivido tan engañados. Así podremos definir los intereses de clase predominantes en la comunidad nacional y apreciar las modalidades de conducción de la sociedad por el poder concentrado en la burguesía.

En la primera etapa de nuestra evolución republicana, o sea la vivida hasta la Revolución de 1891, la oligarquía dominante era la aristocracia terrateniente y la plutocracia comercial-minera.

En esa época, el imperialismo inglés —que tan claramente puede personificarse, en nuestro caso, en Mr. North— buscó el control de la explotación de las salitreras, incorporadas al patrimonio nacional a raíz de la Guerra del Pacífico, tras largos años de sacrificada lucha entre pueblos hermanos.

La Armada Nacional se deja arrastrar por las presiones oligárquicas e imperialistas y lideriza la sangrienta guerra civil que termina con el suicidio de Balmaceda.

A través de la implantación del sistema parlamentario, se consolida en nuestro país el predominio de la alta burguesía latifundista y de la comercial, vinculadas al imperialismo inglés. Los cuantiosos derechos de exportación que las compañías extranjeras pagaban al Fisco chileno por la producción salitrera que distribuían, con jugosas ganancias en el resto del mundo civilizado de la época, permitieron a los sucesivos gobiernos durante dos decenios del siglo pasado y dos del actual, desarrollar la infraestructura nacional y financiar los servicios públicos. Pero la orientación política de las inversiones favorecía fundamentalmente los intereses de la clase dominante chilena. El sector terrateniente de ésta lograba generosos créditos bancarios que no siempre se reinvertían en beneficio de una mayor productividad, y la construcción de caminos, ferrocarriles y puentes serpenteaba por el territorio, cuidando de facilitar la explotación de los grandes feudos agrícolas.

El sector comercial y financiero se beneficiaba por su parte con el crédito y con el aprovechamiento de los excedentes que dejaban las exportaciones y que se invertían principalmente en bienes de consumo. Ello le permitía un nivel de vida placentero, mientras las masas populares soportaban paupérrimas condiciones de existencia.

A raíz de la Primera Guerra Mundial, comenzó a acentuarse la crisis de la industria salitrera y Chile entró lentamente en el proceso de industrialización manufacturera, en búsqueda de la sustitución gradual de la masiva importación tradicional. Empezó, entonces, a emerger la burguesía industrial.

La década del 20 se caracterizó por la presión del asalariado y de la clase media por el logro de conquistas sociales, la que provocó la Revolución Militar de 1924. Su interferencia inicial fue con la intención de patrocinar reformas de beneficio popular, cautelando que la incipiente tendencia comunista, que ganaba adeptos entre los asalariados, no capitalizara políticamente las reformas implantadas y asegurando el mantenimiento del orden público.

Luego del retorno del régimen presidencial, restaurado por la Constitución de 1925, el Coronel Ibáñez del Campo asumió la Presidencia de la República, la que ejerció con características dictatoriales, realizando, en menos de un quinquenio, una labor de positivo progreso infraestructural en el país, con el respaldo del generoso crédito extranjero. Ibáñez debió luchar tanto contra el sector oligárquico, que se resistía a claudicar de sus privilegios, como contra las presiones del asalariado, accionado por el comunismo internacional.

La gran crisis mundial de 1929 comenzó a hacer sentir sus efectos en el país a fines del año 1930 y provocó la caída de Ibáñez, desatando un período de anarquía en el que por breve lapso se implantó en el país un gobierno socialista. A sus líderes —Grove, Matte y Dávila— la derecha política y económica logró hacer fracasar.

Tras un interregno de interinato militar —durante el cual se produjo el impacto de la sublevación de la Marinería— se restableció el Estado de Derecho con la elección de Arturo Alessandri Palma. Con su gobierno, la burguesía latifundista, comercial e industrial recuperó el control del poder, restableciéndose la normalidad pública, a pesar de la marginación total de las FF.AA. de la contingencia política.

Sin embargo, la crisis económica sirvió de estímulo para la movilización popular y la clase media y el proletariado lograron el acceso al poder con el Frente Popular en 1938, tras la candidatura de Aguirre Cerda, que derrotó por sólo 4.111 votos a Gustavo Ross, aunque logró el 50,28% de los sufragios.

La creación de la Corporación de Fomento a la Producción —principal obra del Frente Popular — transformó al Estado en el rector de la industrialización del país, durante la Segunda Guerra Mundial, ante la necesidad imperiosa de acentuar la sustitución de los bienes importados. Ello se evidencia claramente a partir de 1940.

Este rol económico del Estado no sólo fue directivo, sino fundamentalmente ejecutor en el área industrial básica, como en el caso de la siderurgia, del sistema interconectado de electrificación, de la explotación petrolífera y de la petroquímica. Muchas de las industrias subsidiarias, que inicialmente cimentó, pasaron, una vez consolidadas, al sector privado industrial.

Este fenómeno económico produjo el efecto social de fortalecer a la burguesía industrial, debilitar la burguesía latifundista y hacer emerger un nuevo sector burgués, burocrático estatal, de clase media.

Sin embargo, la burguesía industrial, debido a la debilidad de la estructura económica nacional, necesitó apoyarse en el crédito estatal y en el inversionista extranjero. Por ello, se transformó en un estamento monopólico ligado por una parte al capital foráneo y, por otra, a la burocracia estatal, de la cual no pudo prescindir.

Este esquema somero nos refleja la realidad social chilena de la etapa contemporánea de nuestra evolución republicana, hasta el gobierno D.C.

El poder económico aparece, entonces, en manos de una burguesía industrial, aliada con la debilitada clase latifundista, tradicionalmente dominante, y con el imperialismo capitalista. Está apoyada, además, por el poder político que detenta el Estado, cuya influencia directriz en la economía resulta decisiva.

La clase media, por su parte, se fracciona en la burguesía burocrática del Estado, en la burguesía de pequeños empresarios industriales y agrícolas, y en el sector de profesionales y técnicos. El proletariado, a su vez, está dividido en una clase obrera industrial fuertemente sindicalizada y un campesinado totalmente carente de cohesión sindical.

Estos tres principales estamentos de la sociedad, conforman una comunidad nacional sustentada en una débil estructura económica predominantemente dependiente del imperialismo occidental, debido a su ubicación geopolítica.

Las características del subdesarrollo nacional se manifiestan fundamentalmente en la atrofia del crecimiento del Producto Geográfico Bruto. Esto, por su calidad de país esencialmente monoproductor de materias primas, principalmente de cobre, sujeto en el mercado mundial a las fluctuaciones cíclicas de su condición de mineral estratégico, que regula la Bolsa de Londres, aunque......[Falta frase en el original].

Este panorama conduce a medir la realidad chilena, al producirse el acceso de la D.C. al poder, en términos de un país con un endeudamiento creciente, con una distribución del ingreso que favorece sólo al 20% de la población, en lucha crónica con una inflación exagerada, con una infraestructura estratégica anticuada por la imposibilidad de grandes inversiones de capital, con sólo rasgos de industria pesada, con una baja tasa de ahorro y un índice alto de desocupación, ficticiamente absorbido por una administración pública hipertrofiada.

El sistema social imperante en esta "democracia condicionada" es un "condominio" de la burguesía industrial y de la burguesía burocrática^ en el que ambos estamentos se complementan, beneficiándose la primera con las modalidades de administración de la economía que desarrolla la segunda.

El proletariado no está incluido en este reparto del poder. Pero, como constituye un caudal electoral apreciable, la burguesía burocrática evita las grandes tensiones político-sociales sirviendo de "amortiguador'' o "colchón elástico" de ellas, mediante imposiciones populistas a la burguesía industrial. Estas se traducen en concesiones de beneficio popular que permiten mantener el equilibrio del sistema y asegurar la paz social, sin necesidad de una represión sistemática, salvo hechos esporádicos de empleo cruento de la fuerza pública.

El instrumento de fuerza de la "democracia condicionada" es la policía militarizada —Carabineros de Chile— que mantiene con eficiencia el orden público, con la excepción de ocasionales intervenciones de las Fuerzas Armadas.

Las Instituciones de la Defensa Nacional son políticamente neutras dentro del sistema imperante. Pero ellas tácitamente integran el condominio burgués, conforme a los métodos tradicionales de regulación de la carrera militar, sus normas de disciplina y formación profesional y sus incentivos vocacionales. Su orientación funcional es la tradicional de seguridad exterior. Sin embargo, a partir del año 1931 comienza a debilitarse su estructura orgánica, convirtiéndose gradualmente en un instrumento inapto para su misión específica. Diversos factores son la clave de este fenómeno (que se analizarán con mayor detenimiento en la tercera parte de este 'Epílogo'). Pero en relación al sistema social vigente, cabe señalar, mientras tanto, que la burguesía dominante no las hace participar en la distribución del excedente y sólo las financia con un bajo porcentaje presupuestario anual, porque no cree en la hipótesis de guerra vecinal, porque no las necesita como instrumento de represión interna y porque no desea que su fortalecimiento las convierta en alternativa de poder.

El triunfo de la Democracia Cristiana en 1964 y el control del Poder Ejecutivo por un partido único, provocó la crisis del sistema social tradicionalmente imperante. Ello, porque puso en descubierto las contradicciones de la burguesía, desde el momento en que Frei inició el cumplimiento de su programa de "Revolución en Libertad". Sin pretender erradicar la tradición liberal vigente, se propuso abolir el "condominio" con el sector burgués industrial, para imponer la hegemonía de la burguesía burócrata en la búsqueda de cambios sociales que brindaran a los asalariados una apertura más progresista, conforme a su anhelo "comunitario" y cristiano de mejorar el rostro de la realidad económica y social de Chile.

El Gobierno de Frei se caracterizó por el pleno goce de las libertades públicas, por sus esfuerzos por lograr una más representativa estructuración del poder político, por su lucha en la contención de la inflación y por sus reformas educacionales. Hubo una mejoría notoria del nivel económico de los trabajadores y se desarrolló una efectiva labor de promoción popular, la que permitió "erradicar" numerosas poblaciones marginales.

Impulsó la organización poblacional, mediante la expansión de las juntas de vecinos y la creación de los centros de madres, para incorporar a la comunidad a los sectores marginales, procurando que éstos no se convirtieran en factor de hostigamiento del Estado.

Fundamentalmente, cabe mencionar su política de "chilenización" del cobre a través de los llamados "convenios del cobre". Mediante ellos, el Estado entró a participar con un 51% en su explotación, un paso mesurado para el legítimo anhelo de nacionalización de estas empresas de riqueza básica.

También cabe destacar la Ley de Reforma Agraria, que permitió extinguir con prudencia el latifundio e hizo emerger el "asentamiento", brindando a los campesinos un estímulo que comenzó a despertarlos de su letargo secular.

El sector industrial de la burguesía monopolista y pro-imperialista, no estaba dispuesto a renunciar a sus privilegios ni a ceder su co-participación en el control del poder y usó con decisión la barricada parlamentaria para neutralizar la capacidad hegemónica de la Democracia Cristiana.

Por su parte, los partidos de izquierda no aceptaban tampoco compartir el control de las fuerzas proletarias atraídas por el reformismo de los democratacristianos. Es por ello que también rechazaron con denuedo el predominio del Ejecutivo sobre el Congreso y en muchas ocasiones, se produjeron en el Parlamento contubernios entre la burguesía económica y las fuerzas izquierdistas para neutralizar la acción del gobierno.

Esta situación dio origen a una "separación de matrimonio" entre los sectores económico y político de la burguesía, y produjo una polarización de fuerzas en tres frentes políticos: la derecha, el centro y la izquierda.

Pero la posición centrista de la Democracia Cristiana resultó frágil, al cubrir una faja intermedia del paño político nacional de un ancho similar al de las fajas derechista e izquierdista. Pasó a experimentar internamente las tensiones centrífugas de su fuerte sector minoritario de tendencia capitalista más comprometido con la burguesía económica, y del sector mayoritario que quiere una más definida apertura izquierdista, a través del socialismo comunitario. Se produjo así la primera escisión del partido, que condujo a la formación del Movimiento de Acción Popular Unitaria (M.A.P.U.).

Por otra parte, la D.C. tuvo que afrontar los embates de la ultraizquierda, a través de movimientos extremistas, como el M.I.R., que propiciaban la lucha armada y rechazaban la entronización democratacristiana en los núcleos del proletariado industrial y campesino.

Por su parte, las fuerzas sindicales comenzaron a acentuar sus presiones economicistas, especialmente a partir de 1967, lo que sometió al gobierno al constante asedio de las fuerzas laborales.

Finalmente, la concentración del esfuerzo del partido gobernante en la lucha ideológica, lo indujo a cometer el error de marginar a las Fuerzas Armadas de toda participación en el quehacer nacional y descuidar la atención de sus ya debilitados patrimonios institucionales a lo largo de más de seis lustros de descapitalización. Esto provocó los intentos sediciosos de 1968 y 1969, en los que la oficialidad planteó reivindicaciones profesionales, aunque ahí se advierten con claridad sutiles interferencias políticas, tanto de sectores de la derecha como de la izquierda.

Así se llegó al último año de Gobierno de Frei, cuando la burguesía industrial resolvió recuperar la hegemonía política presentando a Alessandri como candidato propio a las elecciones presidenciales de 1970. Por su parte, en la Democracia Cristiana se impuso la corriente socialista comunitaria que propició la candidatura de Tomic.

La lucha electoral se planteó, entonces, en los tres frentes ya mencionados: la burguesía industrial, representada por el Partido Nacional y la Democracia Radical; la burguesía burócrata oficialista, representada por el Partido Demócrata Cristiano, y las fuerzas populares, representadas por los partidos Socialista, Comunista, M.A.P.U., Radical, Socialdemócrata y Alianza Popular Independiente (A.P.I.). Los tres primeros eran marxistas y los otros tres socialdemócratas. Ellos forman la Unidad Popular.

Ninguno de estos tres frentes políticos podía lograr la mayoría absoluta de los sufragios, como la lograra Frei cuando en 1964 fue respaldado por la burguesía cohesionada. Ahora, ésta estuvo dispuesta a correr el riesgo calculado, pues era evidente que la decisión entre las dos primeras mayorías relativas, de acuerdo con la mecánica constitucional, correspondía al Congreso Pleno.

La eventualidad de las dos primeras mayorías entre Alessandri y Tomic, no iba a provocar la crisis de la tradicional "democracia condicionada". Quien de ellos lograra la primera mayoría relativa, tendría sin cuestionamiento el acceso al poder político y continuaría el juego elástico entre los márgenes de tolerancia, que recíprocamente se concedían ambos estamentos burgueses, en la pugna por el poder político entre Ejecutivo y Parlamento.

En cambio, la eventualidad de una primera mayoría relativa de la Unidad Popular iba, necesariamente, a hacer surgir un trascendental dilema político.

El Congreso Pleno tendría que afrontar la responsabilidad de generar la crisis de la "democracia condicionada". Si proclamaba la segunda mayoría relativa —lo que era constitucionalmente inobjetable, pero desde el punto de vista político, vituperable—, había que renunciar a la paz social, porque el movimiento popular se consideraría cívicamente burlado y tendría justificado pretexto para desatar la lucha subversiva y estimular al extremismo de izquierda. Si proclamaba al candidato popular, tendría que aceptar la imposición de su programa de transición al socialismo por la vía legal, en el que claramente se había anunciado la lucha contra los monopolios y los intereses imperialistas.

En previsión de estas últimas dos alternativas, la derecha se acordó del factor de poder adormecido durante casi cuarenta años: las Fuerzas Armadas. Y es así como, durante toda la campaña electoral, los Institutos Armados fueron forzados a volcarse al primer plano de la vida nacional. Durante los primeros ocho críticos meses de 1970, la burguesía se cuidó de no recordar a las Fuerzas Armadas su coincidencia de intereses. Se limitó a destacar su apoliticismo, su sujeción al poder civil y su irrestricto respeto a la constitucionalidad. Por ello, durante dicho lapso se trató de esclarecer la reacción de los cuerpos armados ante el veredicto del Congreso Pleno.

Los Comandantes en Jefe, especialmente el General Schneider, fueron enfáticos en recalcar que las Fuerzas Armadas respaldarían el veredicto popular y la decisión del Congreso Pleno. Ello satisfizo temporalmente a las fuerzas políticas en pugna: las tres confiaban en su ubicación en el primer lugar relativo.

El 4 de septiembre de 1970, Allende logró la primera mayoría relativa, con el 36,22% de los sufragios, contra el 34,9 de Alessandri y el 27,81 de Tomic.

La burguesía chilena se estremeció de pánico ante una realidad que visualizó, pero cuya factibilidad se resistió a presuponer. Entonces, entró en conflicto con su propio sistema democrático, al volcarse éste contra sus intereses.

Su sector derechista y el grupo democratacristiano más derechizante, coincidieron en que se debía impedir el acceso de Allende al poder. En un primer momento, consideraron la alternativa de la proclamación de Alessandri por el Congreso Pleno. Pero la honrada afirmación de éste de que si resultaba electo, renunciaría, dejaba en descubierto una mascarada política que haría impracticable una nueva superchería electoral. Por lo tanto, había que intentar el recurso de la intervención militar, con la justificación de una situación de caos económico y desconcierto político que era preciso fomentar.

Este curso de acción fue compartido por una fracción del imperialismo extranjero, a través de las interferencias de la I.T.T. y de la C.I.A, como fue debidamente comprobado en el propio Senado norteamericano. Los instigadores del golpismo encontraron eco en una fracción del Alto Mando de las FF.AA. y de jefes en retiro, quienes se constituyeron en los promotores.

El sector más progresista de la burguesía, o sea, el ala proclive a posiciones de izquierda de la Democracia Cristiana, encontró otra salida al dilema: la neutralización del programa de la U.P., a través de reformas a la Constitución Política del Estado, que sirvieran de freno a los cambios que significaran transformaciones profundas de la tradición liberal.

La transacción de Allende con este último sector de la burguesía fue el acuerdo de introducir nuevas normas específicas a las garantías constitucionales vigentes. Esto, y el fracaso de la asonada militar empujada por el sector más reaccionario (el asesinato del General Schneider, en un insensato intento de secuestro que desencadenaría el golpe de las Fuerzas Armadas), condujeron a la proclamación del candidato popular por el Congreso Pleno, con la abstención de la burguesía recalcitrante.

Es así como el bloque burgués dominante fue desplazado el 4 de noviembre de 1970 del centro del poder de acción del Estado.

2. Durante la fallida experiencia de transición legal del liberalismo al socialismo

La U.P. asumió el gobierno de una estructura estatal de tradición liberal, apoyada en la legalidad del esquema constitucional vigente. Además, con el respaldo de la mayoría de los asalariados y bajo el compromiso de encauzar su programa en los moldes convencionales del régimen jurídico imperante.

Tenía que enfrentar un Parlamento de mayoría relativa opositora, un Poder Judicial bajo el control irrestricto de la burguesía, una Contraloría General de la República de mentalidad capitalista y una prensa oral y escrita controlada en sus medios más vigorosos de expresión por el poder económico liberal. Las Fuerzas Armadas se habían manifestado renuentes a salirse del rol estrictamente profesional y, aparentemente, en actitud de sujeción al control de poder civil.

El gobierno apreció que, contra los factores negativos de la estructura estatal, tenía la ventaja de la unidad de la coalición de partidos populares, la fuerza social de los trabajadores y la división de la burguesía, agudizada durante el sexenio de gobierno democratacristiano. Confió en que su sujeción a las reglas del juego del Estado de Derecho capitalista le permitiría aplicar, en beneficio de los trabajadores, su programa de transformaciones estructurales. Ello, accionando en lo interno contra el poder del capital monopólico foráneo y nativo, y exhibiendo, en lo internacional, una pugnaz actitud anti imperialista, junto con propugnar la tesis del pluralismo ideológico.

Para el logro de estos objetivos disponía legítimamente del poder político del Estado. Este le permitiría maniobrar flexiblemente todos los instrumentos legales y reglamentarios y recurrir a los aparatos coercitivos bajo control gubernamental, como la burocracia oficial y la fuerza pública. Psicológicamente podía fortalecer su operatividad con la movilización periódica de las masas.

Este lineamiento de estrategia general exigía escalonar y coordinar la conquista de sus grandes objetivos tácticos a lo largo del sexenio presidencial de Allende, que sería "de transición legal" entre el régimen capitalista heredado y un nuevo régimen socialista que, presumiblemente, se instauraría a partir de 1976.

¿Se planificó así la consecución del objetivo estratégico a lograr en 1976? No existen elementos de juicio públicos para establecerlo. Pero veamos cómo se desarrolló la guerra política interna y externa entre los septiembres de 1970 y de 1973.

La visualización de lo ocurrido entre noviembre de 1970 y mayo de 1972, permite establecer pragmáticamente que en este lapso de año y medio, la U.P. dispuso de la iniciativa estratégica. Ella le posibilitó el logro a corto plazo de objetivos tácticos simultáneos de la mayor trascendencia.

La ofensiva popular se diversificó fundamentalmente en la consecución de la redistribución del ingreso interno en beneficio de los sectores populares; en la aplicación decidida y regionalizada de la Ley de Reforma Agraria preexistente, para expropiar los predios de extensión superior a 80 hectáreas básicas; en la estatizacion de la Banca, y en la Reforma Constitucional de nacionalización de la gran minería del cobre, logros en que la burguesía no mostró suficiente capacidad de interdicción. Por el contrario, extrañamente, la nacionalización del cobre contó con una unanimidad de apariencia patriótica, que fue la primera hábil celada en que fue atrapada la Unidad Popular.

En cambio, cuando se trató de la legislación que establecía las tres áreas de la economía —que iba a cercenar el capital privado extranjero y nacional— la burguesía industrial tocó a rebato: reclamó la solidaridad del sector burgués democratacristiano, en la defensa de intereses complementarios.

El Parlamento se negó a legislar y colocó a la U.P. en la encrucijada de postergar la búsqueda del control económico, o crear una situación de hecho consumado en la constitución del área social, usando de recursos jurídicos lícitos, aunque cuestionables.

El instrumento legal de mayor eficacia utilizado fue el famoso D.F.L. del año 1932 —de los tiempos en que se creó el Comisariato General de Subsistencia y Precios, bajo el efímero gobierno socialista— que permitía a la Dirinco requisar empresas necesarias para el abastecimiento de la población, cuya producción se paralizara o sufriera de fallas cualitativas o cuantitativas. Como el mecanismo vigente funcionaba basándose en una simple resolución de Dirinco, publicada en el Diario Oficial, a través del Ministerio de Economía y de la que la Contraloría General de la República debía tomar razón u objetar en el plazo de 30 días, bastaba que se produjera un lock-out patronal para justificar la requisición. Pero cabe tener presente que este mecanismo no implicaba la pérdida del derecho de propiedad, por lo que se creaba la ambigua situación de que un interventor tomaba a su cargo la administración o uso de una industria determinada, y sus propietarios quedaban marginados de toda ingerencia en el manejo del negocio por un plazo indefinido.

En otros casos, cuando se producía un conflicto laboral entre empresarios y trabajadores y se pretendía resolver mediante la toma u ocupación del establecimiento, el gobierno procedía a la dictación de un decreto "de reanudación de faenas" a través del Ministerio del Trabajo. Ello implicaba una "intervención" que podía limitarse a la supervisión o, en el caso de que los empresarios o trabajadores dificultaran la acción del interventor, éste podía tomar a su cargo la administración misma del establecimiento comercial o industrial.

El uso de estos últimos mecanismos legales por el gobierno —"la requisición" y "la intervención" — fue lo que se calificó de utilizar "resquicios legales", recurso que, en justicia, debe calificarse de consecuencial a la obstrucción de la oposición para legislar sobre las áreas de la economía. Además, durante el año 1971, el gobierno usó dinámicamente todos los medios hábiles bajo su control, para doblegar el poder del capitalismo: política de precios y salarios, manejo crediticio en favor del pequeño industrial y del artesanado, control del comercio exterior, etc.

A fines de 1971, se comenzó a manifestar el esfuerzo de la burguesía opositora por recuperar la perdida iniciativa estratégica.

Las primeras manifestaciones se advirtieron paralelamente en el Parlamento, en los partidos políticos opositores, y en las organizaciones empresariales.

Mientras la oposición patrocinaba una Reforma Constitucional que exigía expresamente de una ley para integrar una empresa al área social o mixta, e imponía la participación de los trabajadores en ambas áreas de la economía, las entidades empresariales hablaban del "gremialismo" como una nueva alternativa de poder y procedían a coordinar la acción de ellas bajo la superestructura del Frente Nacional de la Empresa Privada.

Por su parte, los partidos políticos representantes de los dos grandes sectores de la burguesía en contradicción, aprovecharon hábilmente los desórdenes públicos producidos en la "espontánea" marcha de las cacerolas de las mujeres de la oposición —durante la recepción social que ofrecía Fidel Castro— para reconciliarse tras los siete años de "separación matrimonial" y unir sus fuerzas en la acusación política contra el Ministro del Interior, José Tohá, en enero de 1972. Simultáneamente, esta reconciliación entre las dos grandes fracciones opositoras estimuló su esfuerzo por traspasar al Congreso el ejercicio del control del poder del Estado, sustrayéndolo del Ejecutivo. Una de las armas elegidas —el enjuiciamiento político de ministros— se probó con buen éxito al destituir al Jefe del Gabinete, lo que dejó abierto el camino para utilizar sin tregua esa práctica, valiéndose del más nimio pretexto político para cuestionar el régimen presidencial imperante. Ello, pese a que el Tribunal Constitucional rechazó la apelación parlamentaria contra la reacción del Presidente Allende al nombrar de inmediato a Tohá titular de la cartera de Defensa Nacional.

Otra fórmula política que puso en práctica el Parlamento, para "jaquear" el presidencialismo, fue la de pretender calificar los vetos del Ejecutivo a los proyectos de leyes aprobados por el Legislativo, para imponer su rechazo por simple mayoría.

Pero el conflicto de jurisdicción más trascendente que provocó la oposición parlamentaria, se suscitó desde que—con el propósito de eludir el recurso presidencial del manejo de las urgencias, que le permitía dilatar la discusión de los proyectos de ley que interesaban a ella— comenzó a presentar proyectos de Reforma Constitucional. Ellos, al ser vetados por el gobierno y rechazados estos vetos por la simple mayoría parlamentaria, forzaban al Ejecutivo a la consulta plebiscitaria, de acuerdo con la modificación introducida en enero de 1971 al artículo 109 de la Constitución Política del Estado.

Fue así como en febrero de 1972, se aprobó la Reforma Constitucional que establecía que la Ley determinaría las empresas que debían integrar el área social y mixta de la economía y que también por Ley se establecerían las empresas cuya administración correspondería íntegramente a los trabajadores que laboraran en ellas permanentemente, cualquiera que fuera el área a que pertenecieran. Esta hábil jugada política perseguía dos objetivos inmediatos: 1) Obligar al Ejecutivo a vetar la Reforma, de modo que el rechazo de los vetos lo forzara a la consulta plebiscitaria, y 2) crear, en tiempo, una solución de continuidad que colocara al gobierno en la alternativa de rebasar la legalidad en la constitución del área social u obligarlo a paralizar sus esfuerzos por controlar las empresas monopólicas y vinculadas al capital foráneo.

Esta jugada política, marcó el inicio de la pérdida de la iniciativa estratégica del gobierno popular. Ella estuvo unida a los efectos de la medida del gobierno norteamericano de suspender sus líneas de crédito y de entorpecer los requerimientos financieros chilenos en la banca internacional, frente a la decisión del gobierno de deducir las utilidades excesivas de las indemnizaciones calculadas por la nacionalización de los minerales de cobre de Chuquicamata y el Salvador (cuyo 49% era propiedad de la subsidiaria de la Anaconda). También del mineral de El Teniente (cuyo 49% pertenecía a la subsidiaria de la Kennecott) resultando estas empresas deudoras del Fisco, mientras por los minerales de la Exótica y Río Blanco se admitía una baja deuda con la Anaconda y la Cerro Corporation, respectivamente.

A mediados de 1972, empezaron a sentirse los efectos de tana alarmante crisis económica en el país, que afectó principalmente a las capas medias de la población, que habían mantenido una actitud expectante ante la puesta en marcha del programa de la U.P.

El crecimiento económico del país —que había logrado, en año y medio, duplicar el de los dos sexenios anteriores— se comenzó a congelar por saturación de la capacidad instalada. Tanto la inversión pública como privada empezaron a paralizarse por la escasez de divisas derivada de la baja del precio del cobre y la asfixia crediticia exterior y por falta de estímulos a la mediana y pequeña industria. El déficit de la balanza comercial causó alarma en la tecnocracia estatal.

La baja de la producción agrícola, que exigió importar más de 260 millones de dólares en 1971, al promediar 1972 imponía exigencias de importación que casi duplicaban las del primer semestre de 1971. Entretanto, en el campo, la agitación campesina era constante, exigiendo, mediante tomas sucesivas, acelerar las expropiaciones, superando así las posibilidades de control racional de los organismos del aparato estatal.

La oposición derechista ensayaba ya en esos días, una campaña de sistemáticos ataques al gobierno, bien orquestada desde la prensa, radio y desde la tribuna parlamentaria.

La gradual pérdida de la iniciativa estratégica comenzó a provocar serios conflictos internos en el seno de la Unidad Popular, frente a radicales diferencias tácticas entre las corrientes dura y moderada, que determinaron un cambio substancial en la composición del sector económico del equipo de gobierno.

Se apreció entonces la contradicción de que, mientras el nuevo equipo económico pretendió acelerar la conformación del área social requisando las industrias de la línea blanca y otras, el sector moderado buscaba el entendimiento con la Democracia Cristiana para legislar sobre las áreas de la economía y otras materias programáticas del gobierno.

A fines de septiembre de 1972, la oposición política y gremial advirtió que el frente interno gubernamental se debilitaba, por falta de unidad en la acción política. Que, frente al rechazo de las resoluciones de requisición por la Contraloría General de la República, el gobierno se encajonaba con la dictación de sucesivos decretos de insistencia. Que surgían incipientes focos golpistas que comprometían a aventureros oficiales en retiro vinculados con sectores subalternos en servicio activo. Que las empresas multinacionales norteamericanas, afectadas por la deducción de sus utilidades en el pago de las indemnizaciones de nacionalización de los minerales del cobre, pasaban a la ofensiva en el mercado europeo, iniciando demandas de embargo de las ventas de cobre chileno.

Se estimó, entonces, que había llegado el momento de dar la batalla en el campo gremial y se desató el Paro de Octubre, iniciado por los transportistas, que pronto comprometió al comercio y a los profesionales, con el abierto respaldo político de la derecha y una adhesión cauta de la Democracia Cristiana. Por primera vez en Chile se produce una huelga concertada de los sectores patronales, profesionales y técnicos, mientras el asalariado la rechazaba.

El gobierno reaccionó con decisión y, ante el peligro que amenazó la estabilidad del régimen, reunificó su frente político con el respaldo resuelto de los trabajadores y la cooperación de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden público, además de adoptar contramedidas con lasque pretendía paliarlos efectos de la desarticulación del aparato productivo y de distribución nacional.

La dura lucha librada durante más de veinte días, arrastró al país a una crisis de gravedad nunca vista en Chile. Tuvo irreparables consecuencias, al desatarse abiertamente la lucha de clases.

Cuando se estuvo al borde del caos y parecía inminente una cruenta definición, el Presidente decidió llamar a las Fuerzas Armadas al gobierno para restablecer la paz social.

La presencia de los ministros militares en las carteras del Interior, Obras Públicas y Minería serenó temporalmente los espíritus y, aun cuando prosiguió la ardorosa contienda ideológica entre los dos frentes que dividían la comunidad nacional, se logró un compás de espera de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973.

Tanto el gobierno como la oposición comprendieron que la renovación total de la Cámara de Diputados y de la mitad del Senado, podía brindarles la última alternativa democrática de tomar el control del poder político y definir así la pugna entre la concepción socialista y la liberal de la conducción del Estado.

Si la oposición unida lograba controlar los dos tercios parlamentarios, se cerraba el camino de transición al socialismo por la vía legal y era factible hasta deponer constitucionalmente al Presidente por la vía de la acusación, si éste persistía en imponer su programa de gobierno con recursos extralegales.

Si el gobierno lograba una cuota parlamentaria más favorable que la vigente, recuperaría la perdida libertad de acción política, centrando el control del poder en el Ejecutivo.

Era la última alternativa democrática que se abría al país, con la perspectiva de dar mayor elasticidad al enfrentamiento de poderes.

El resultado de la álgida contienda electoral dio a la U.P. el 43,39% de los sufragios, lo que significó una victoria política incuestionable, pues desarticulaba la posibilidad de que el control del poder se desplazara al Parlamento.

Sin embargo, la gravedad de la crisis económica en que estaba sumido el país se había profundizado peligrosamente por los efectos residuales de un paro tan dañino en una economía debilitada. Había un agudo déficit de divisas, problemas casi insolubles en el comercio exterior y una prolongada crisis de abastecimiento del mercado interno agravada por el acaparamiento y una especulación desenfrenada. Todo esto, unido al exacerbamiento del odio de clases, exigía anteponer el interés nacional al sectarismo partidista, para evitar el quiebre del Estado de Derecho en la convulsionada comunidad chilena y el colapso de la esperanza de instaurar un sistema social que hiciera justicia a la causa de la mayoría nacional.

El resultado electoral de marzo de 1973 abría un panorama claro, tanto al gobierno como a la oposición.

Para el primero, la supervivencia de su proceso político le exigía inexorablemente superar el desastre económico que vivía el país.

Era indispensable y de primera urgencia controlar la inflación, que azotaba ya despiadadamente a la gran masa de la población. Una de sus causas era la emisión masiva de dinero, que había alcanzado un nivel aproximado del 1.000% de aumento en menos de dos años y medio de gobierno.

Era fundamental un ordenamiento del mercado, cuya anarquía impedía asegurar a la población un abastecimiento equitativo de los productos de primera necesidad, eliminando las causas de la especulación.

Era esencial el ordenamiento de las áreas de la economía para posibilitar una mayor productividad y asegurar una dirección eficaz y rentable del área social y mixta, cuyas cuantiosas pérdidas se cubrían con el presupuesto fiscal.

Era vital paliar el déficit de divisas que estrangulaba la economía interna y asfixiaba el comercio exterior, logrando un entendimiento digno con los EE.UU., potencia con la que se mantenía "un diálogo de sordos", como lo dijo el Ministro Almeyda. Un país dependiente, encuadrado en la esfera de interés geopolítico del imperialismo norteamericano, que se decidió a nacionalizar empresas multinacionales sin compensación, no podía esperar subsidios para el ingreso de divisas, ni del gobierno ni de la banca privada de la gran potencia occidental. Tampoco podía culpar de la falencia de racionalidad económica en su política interna al imperialismo norteamericano, ni pretender que el área de los países socialistas diera solución integral a sus problemas crediticios a corto plazo, en una época en que los intereses de la bipolaridad mundial estaban ya concentrados en el juego de la "distensión".

Era imprescindible eliminar la polarización de clases, que contribuía más a acrecentar la oposición de la clase media que a ampliar el apoyo de los asalariados.

Era necesario neutralizar la creciente vigorización de los extremismos de ultraderecha y de ultraizquierda, que agravaban la motivación ideológica al crear las alternativas del golpismo fascista o de la dictadura del proletariado.

Para el logro de estos objetivos de bien nacional, era responsabilidad del gobierno propugnar una salida política que diera garantías de estabilidad democrática y de continuidad del régimen constitucional, que exigía mantener el control político del Estado en el Ejecutivo.

Para la oposición, por su parte, había llegado la oportunidad propicia para crear las condiciones que condujeran al derrocamiento del régimen constituido. Si éste, en el transcurso de 1973, lograba superar su grave crisis de debilidad en los frentes político, económico y social, el trienio venidero le abría posibilidades de consolidación que en 1976 fe permitirían alcanzar una hegemonía ideológica tal, que conduciría fatalmente a la transformación del Estado liberal en otro de estructura socialista.

Para la oposición, era indispensable cuestionar no sólo la legitimidad, sino la eficacia del régimen dominante.

Era fundamental, entonces, forzar al gobierno a incursionar más allá de los estrictos márgenes legales, cerrándole los mecanismos de dictación de leyes a sus iniciativas programáticas y rechazando sus vetos a la Reforma Constitucional de las áreas de la economía, para arrastrarlo así a un plebiscito que le sería desfavorable.

Era imperioso que el gobierno se demostrara como cómplice en la acumulación de armas por los grupos extremistas, para que el país se sintiera amenazado por la subversión marxista.

Era de primordial importancia que el gobierno fracasara en su lucha contra el desabastecimiento y la inflación, que llevaban al descalabro a la economía familiar, frustrando los éxitos iniciales en la redistribución del ingreso en beneficio de los sectores de menores recursos.

Era también esencial perturbar la mentalidad profesional de las Fuerzas Armadas, convenciéndolas de que el apoliticismo que les impone la Constitución, no significa servir sin deliberar a cualquier gobierno legítimamente constituido, sino sólo a aquél que se mantenga dentro de los márgenes de tolerancia de las reglas del juego burgués. También, como sostenía en el año 45 el tratadista Ortiz Muñoz —según reproducción de "El Mercurio" del 25 de junio de 1973—, si el gobierno llega "a tal grado de descomposición moral con sus actitudes contrarias a la Constitución y a las leyes, prescindiendo de sus deberes de mandatarios del pueblo" y produciendo "un caos interno o un grave peligro para la soberanía del Estado", en este caso, las Fuerzas Armadas "tienen algo más que la simple facultad de intervenir: tienen la obligación de actuar en defensa del régimen democrático...". "Barridos los mercaderes del templo...", les corresponde proceder "sin demora alguna a colocar al Soberano (el pueblo) en situación de elegir de inmediato sus nuevos mandatarios".

Por último, era imperioso desatar una campaña psicológico-económica para predisponer a la opinión pública y entusiasmar a la oficialidad de las Fuerzas Armadas, con la idea de un Golpe Militar como el que se propició 50 años atrás y que no afectara anímicamente las arraigadas convicciones cívicas de los chilenos.

Pero lo ocurrido en Chile, entre marzo y septiembre de 1973, es un drama sólo comparable a los sucesos vividos en el año precedente a la revolución de 1891.

En el seno del gobierno, se retornó nuevamente a la pugna entre duros y moderados que surgiera entre mayo y septiembre de 1972. El Partido Socialista, el sector de Garretón del M.A.P.U., parte de la I.C., apoyados "extraoficialmente" por el M.I.R., insistieron en su tesis voluntarista de la movilización de masas y del fortalecimiento del presidencialismo. Con ello se propiciaba conformar una estructura económica con drásticos mecanismos de regulación socialista sobre la industria, la banca, la agricultura y la distribución de los bienes, afincados en la ilusión de neutralizara las Fuerzas Armadas, como consecuencia del conflicto interno entre los soldados "honestos" y los "reaccionarios". El Partido Comunista, la fracción del M.A.P.U. liderada por Gazmuri, un sector de la Izquierda Cristiana, el A.P.I. y el Partido Radical, sostenían la tesis de llevar a la práctica un "programa de emergencia económica", bajo una "dirección única, oportuna y eficiente" compartida por el gobierno, la Unidad Popular, la C.U.T. y las Fuerzas Armadas, y así combatir frontalmente la inflación y las ganancias especulativas.

Como se puede apreciar, a esta altura del proceso —junio de 1973— "los árboles no dejaban ver el bosque" y las diferencias dogmáticas dentro de la U.P. eran más bien cuestión de tesitura economicista, con lo que sólo se lograba enervar la autoridad presidencial, restándole la facultad de decisión para resolver el conflicto a nivel nacional. A la U.P. le faltó capacidad de análisis para evaluar las posibilidades de acción y la envergadura del poderío de la oposición. Frente a las Fuerzas Armadas, el dilema se limitaba a las alternativas de mantenerlas neutralizadas por su problemática interna o integrarlas como un todo aséptico a la barricada gubernamental. Ello, sin considerar seriamente la alternativa del golpismo, salvo como especulaciones intrascendentes de pasillo, pese a los síntomas alarmantes de la ofensiva fascista de "Patria y Libertad".

Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas vivíamos una situación extremadamente inconfortable. Advertíamos cómo la campaña psicológica de la oposición iba gradualmente mellando la doctrina del profesionalismo apolítico, especialmente en el estamento medio y subalterno de la oficialidad. Este nivel estaba menos inmunizado contra el flagelo de la baja politiquería e inadaptado a un clima de profundo odio ambiental, fenómeno extraño en un país en que el juego de los ataques políticos era tradicionalmente para la "galería" y terminaba en los comedores del Senado o ('amara de Diputados, en medio de palmoteos y chistes.

En diversas oportunidades, aisladamente o en conjunto, los Comandantes en Jefe expusimos a los ministros Tohá y Almeyda, así como al propio Presidente, cómo la formidable, costosa y sincronizada campaña desatada en la prensa, radio, televisión y desde las salas del Congreso, iba erosionando la imagen del gobierno dentro de la oficialidad. Lo ocurrido en la conferencia dictada a un auditorio de jefes de las tres Instituciones, por el Ministro Tapia, en abril de 1973, sobre la Escuela Nacional Unificada, fue una abierta demostración de frenética deliberación.

Por ello, ambos ministros y el Presidente Allende acogieron mi sugerencia de que era indispensable la "tregua política", tesis que los generales compartían unánimemente y que incluía un acuerdo con la Democracia Cristiana. Si bien ella implicaba concesiones programáticas o una "pausa" en la marcha por el camino de la "transición al socialismo", permitiría un reordenamiento de la exangüe economía nacional, del que se beneficiarían todos los chilenos.

A petición del propio Presidente, me lancé en una verdadera cruzada de convencimiento a los dirigentes de los distintos partidos políticos de la Unidad Popular y de la propia Democracia Cristiana. No han faltado quienes la calificaron de "ingenua". Se me escuchaba con consideración, pero parece que las profundas convicciones sectarias y el espíritu de intransigencia partidario, eran más fuertes que los temores a la eventualidad de una asonada militar, que no se descartaba, pero que íntimamente no se llegaba a creer que podría producirse.

La trágica aventura del Batallón Blindado 2, el 29 de junio de 1973, con su secuela de 22 muertos y numerosos heridos, tuvo un efecto extraño. Pese a constituir una demostración palpable de que las condiciones del golpismo estaban creadas, de que la extrema derecha, a través de "Patria y Libertad", había promovido cínicamente la intentona de rebelión y de que era del más elemental sentido común considerar que no se trató de un conato aislado de un reducido grupo de oficiales jóvenes al que no podían estar ajenos algunos altos jefes, no se quiso concluir de que había llegado el momento impostergable de resolverse a lograr un entendimiento político, un "consenso mínimo", como decían otros, que garantizara el mantenimiento del Estado de Derecho.

Con mayores fundamentos, seguí insistiendo ante los políticos de gobierno y de oposición en la tesis de la "tregua política". Pero la obcecación partidista recordaba aquello de que "no hay peor sordo que el que no quiere oír". Garretón, con cierta ironía, me decía que "el paréntesis" —como denominaba mi proposición de tregua política— no sería jamás aceptado por los democratacristianos, porque éstos entendían que beneficiaría a la U.P. al permitirle estabilizar el descalabro económico. Por otra parte, el Senador Frei me decía que "no se puede dialogar con el adversario, cuando éste pone la metralleta sobre la mesa".

El amotinamiento del Blindado creó, en cambio, un gran recelo entre los partidos políticos de gobierno y entre los sindicatos adictos a éste. Pensaron en que era necesario organizar la defensa de las industrias contra las previsibles incursiones armadas de los golpistas.

En cambio, en la oposición suscitó un gran entusiasmo: "las cosas se estaban dando" como esperaban. Ya se había logrado el objetivo de perturbación militar y se había creado la "psicosis antimarxista", para que actuaran los "salvadores de la Patria" en el momento oportuno.

Así fue como comenzó —por parte de los comandantes de guarnición de las tres ramas y con una actitud expedita de los tribunales militares— a aplicarse la "Ley de Control de Armas" mediante una serie de operativos, a veces con víctimas, basados en denuncias provenientes de sectores de la derecha. El llamado dramático y justo del Cardenal Silva Henríquez —coincidente con la tesis de la "tregua política"— llegó tarde el 21 de julio.

Por parte del gobierno, el Presidente Allende había logrado finalmente, en esos días, que los partidos de la U.P. —tal vez a regañadientes— le dieran carta blanca para ofrecer concesiones dolorosas pero inevitables a la D.C.

En cambio, la oposición comprendía que entre junio y julio, la iniciativa estratégica era enteramente suya y que, políticamente, ya no se trataba de lograr un "consenso mínimo" con la U.P., sino de neutralizar al Presidente Allende "a la uruguaya". De lo contrario, se dejaría a los militares la tarea de exigirle su renuncia o de derrocarlo.

Ahí están, como documentos históricos, en la edición del 1 al 5 de agosto de "El Mercurio", las cartas intercambiadas entre el Presidente de la D.C, Patricio Aylwin, y el Presidente Allende. Son demasiado elocuentes, por sí mismas, para volver a comentarlas.

Aylwin dice que la idea del Presidente de formar comisiones para instrumentar acuerdos "es dilatoria" e insiste en la urgencia de formar un gabinete "con participación institucional de las FF.AA. con poderes suficientes en la estructuración de los mandos superiores y medios".

Esta carta de Aylwin fue, evidentemente, antidemocrática, porque se procuró presionar a Allende para que se sometiera a lo mismo que el Presidente Bordaberry estimó conveniente aplicar en su país.

En cambio, la respuesta del Presidente la recogerá la historia como eminentemente democrática, pues ofreció más concesiones, en sus ocho puntos, que las que la oposición podía esperar. Ahí señalaba que la designación del gabinete era consecuencial al acuerdo previo sobre los ofrecimientos formulados por el gobierno.

El viernes 3 de agosto de 1973, es un día también histórico: en esa fecha, Aylwin desahució el diálogo con el gobierno, abriendo así las compuertas de la más grave crisis institucional de la Historia de Chile.

Sin embargo, el Presidente Allende no perdió la esperanza de evitar una solución de fuerza y pidió a los Comandantes en Jefe y al General Director de Carabineros que integrásemos el gabinete que denominó de "Seguridad Nacional". No se trataba de una composición ministerial en que las FF.AA. tuvieran una representación mayoritaria, ni los poderes suficientes en la estructuración de los mandos superiores y medios, como lo exigía Aylwin. Nos asignó los ministerios de Hacienda, Obras Públicas y Transportes, Defensa Nacional y Tierras y Colonización, más que todo como un símbolo de su apertura a un entendimiento político con la oposición.

Esta no quiso recibir el mensaje y apoyó una nueva huelga de los transportistas, dispuesta a no cejar hasta que cayera el régimen de Allende. En este punto había consenso. En lo que discrepaban la derecha y el sector derechizante de la D.C. era en el método: la primera quería el Golpe Militar y el segundo prefería forzar la renuncia de Allende, para mantener la imagen del Estado de Derecho.

Sin embargo, faltaba dar un paso previo a la consecución del objetivo: era esencial impedir la división de las FF.AA. y Carabineros, para no exponerse al fantasma de la guerra civil. Había que garantizar la mantención de la verticalidad del mando, de manera que la intervención militar —sea como una acción violenta o como un pronunciamiento institucional— resultara monolítica.

Para ello, se requería de la previa eliminación de las cabezas institucionales, cuya lealtad al gobierno constituido era obvia.

En la Fuerza Aérea, la solución la brindó su propio Comandante en Jefe al definir su posición en contra del gobierno, cuando renunció al cargo ministerial que él mismo había escogido. Pese a los ruegos del Presidente —su amigo personal desde antes de las elecciones de 1970— creó primero la crisis de gabinete y luego, el 20 de agosto, intentó rebelarse contra el Jefe del Estado, al resistirse a entregar su cargo de Comandante en Jefe al nuevo titular, el General Leigh.

En la Armada, el propio Almirante Montero —hastiado de la maquinación interna que dirigía el Almirante Merino— tenía presentada su renuncia al cargo y el Presidente había postergado su aceptación, porque no deseaba nombrar a Merino.

En Carabineros, algunos de los generales que seguían en antigüedad al General Sepúlveda, eran leales a éste y el General César Mendoza se preparó para suplantarlos en el momento oportuno.

Con el Ejército se buscó el subterfugio más ruin para que yo dejara libre el campo: mujeres de generales y de jefes de servicio activo y en retiro, en contubernio con mujeres de políticos de la derecha, promovieron un episodio espectacular y penoso frente a la residencia oficial del Comandante en Jefe — donde me encontraba enfermo— al día siguiente del fracaso de la intentona del General Ruiz.

Los generales —de los cuales varias esposas estuvieron en la agresiva manifestación— se negaron a expresar su pública solidaridad conmigo, colocándome en la alternativa de renunciar o de pedir al gobierno el retiro de aquéllos que delegaron en sus mujeres una acción de repudio que, en cualquier caso, sólo era de competencia de hombres uniformados.

Paralelamente con mi renuncia del 23 de agosto, se hacía público el manifiesto de la Cámara de Diputados que denunciaba la inconstitucionalidad del gobierno y reclamaba a los ministros militares que les correspondía "poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes, a fin de encauzar la acción gubernamental por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra Patria y las bases esenciales de convivencia entre los chilenos".

El Presidente nombró Comandante en Jefe del Ejército al General Pinochet, reestructuró su gabinete, formuló nuevos ofrecimientos de transacción y estuvo dispuesto hasta a llamar a plebiscito para definir el conflicto de jurisdicción pendiente por la Reforma Constitucional sobre las áreas de la economía.

Esta última perspectiva resolvió el dilema de la oposición entre la acción militar violenta de derrocamiento del gobierno, o la presión política con respaldo militar para exigir la renuncia de Allende.

El martes 11 de septiembre, a los 19 días de que el Presidente hubiera nombrado Comandante en Jefe del Ejército al General Pinochet, y a los 24 días de que designara Comandante en Jefe de la F.A.CH. al General Leigh, se produjo el cruento derrocamiento del gobierno constituido y la muerte del Presidente Allende en medio de las ruinas humeantes del Palacio de los Presidentes de Chile.

Se extinguió, así, la vía pacífica hacia la construcción del socialismo, porque sus artífices fueron impacientes e incurrieron en excesos: en dos años estructuraron un sistema para el que disponían de seis, sin ajustar el ritmo programático a las inexorables condicionantes nacionales e internacionales. Allende quería dialogar y fue forzado a combatir. Quiso atenerse a la legalidad burguesa, pero resultó una víctima de su respeto a los condicionamientos de un Estado de Derecho capitalista. Respetó el profesionalismo de las Fuerzas Armadas y rechazó el camino de la "vía armada", pero, cuando culminó la aguda crisis política, aquéllas actuaron como factor de poder contrarrevolucionario.

Pero junto con el fracaso de la construcción del socialismo por la vía pacífica (victoria "a lo Pirro" de la derecha económica y burocrática), también se derrumbó, para siempre en Chile, la "democracia condicionada" que no podrá ya renacer después del interregno dictatorial, como el "ave Fénix".

El drama vivido por Chile tendrá que servir de lección a todos los chilenos para construir la auténtica democracia, pluralista y duradera, que será el legítimo motor de la felicidad del pueblo y de la grandeza de la Patria.

II. LA "DEMOCRACIA AVANZADA CHILENA" DEL FUTURO

1. La búsqueda del bien común.

Las opciones para retornar al Estado de Derecho

No existen sino dos opciones pragmáticas para que se restaure en Chile el derecho natural a la libre expresión de la voluntad cívica y se reconstruyan las auténticas instituciones representativas de un pueblo libre y soberano.

Una de ellas es que —ojalá "más temprano que tarde"— la propia cúpula militar que implantó por "la razón de las armas" la dictadura dominante, sea abrumada por la impopularidad y la impotencia y abra voluntariamente las compuertas del Estado de Derecho para que-el país decida libremente su destino, en demanda de un nuevo amanecer nacional que posibilite estructurar el nuevo Estado chileno.

La otra —lamentablemente más larga, peligrosa y dolorosa— es la del desplome forzado de la dictadura. Esto, producto del resquebrajamiento de sus cimientos de bayonetas, ante la presión incontenible de un pueblo hastiado que logra alzarse masivamente contra la tiranía y la opresión, sin saber a ciencia cierta cómo encontrar un verdadero camino de la justicia y de la paz social.

Ambas opciones están preñadas de dificultades, de sufrimientos y de angustias para los nuevos conductores eventuales de la comunidad nacional. Pero es evidente que la primera opción es la que ofrece expectativas de un mínimo sacrificio de vidas, de superación del odio y de una mayor predisposición para que la cordura conduzca a la unidad nacional. La segunda, en cambio, conlleva soportar una etapa muy violenta de transición anárquica, con una inútil pérdida de vidas y destrucción del patrimonio nacional. Durante ella, la sed irrefrenable de venganza y el odio contumazmente exacerbado, esterilizarán los más sanos propósitos de que el sol vuelva a brillar para todos los chilenos. Porque en los grandes conflictos sociales, se movilizan primero —al margen de las ideologías— los desequilibrios emocionales.

Si bien es evidente que no hay una tercera opción para el retorno a una vida en libertad y justicia, también es obvio que no es posible predecir cuál de ambas, finalmente, será la que despeje las tinieblas de la dictadura.

Por ello sólo cabe ensayar, al escribir estas líneas —julio de 1974— un bosquejo de la nueva "democracia avanzada". Esta es la que todos los patriotas sinceros anhelan para su Patria, conscientes de que ya no hay cabida posible para la "democracia condicionada" del pasado, cuyo certificado de defunción se extendió el 11 de septiembre de 1973, después de una autopsia que duró casi mil días.

El poder del Estado como expresión de la voluntad mayoritaria nacional

La política no es otra cosa que el buen sentido de aprehensión de la realidad cultural, económica y social. Por eso, la regla de oro de quienes constituyen una élite dirigente es comprender que el egoísmo es el sentimiento más vigoroso de una sociedad. Por lo mismo, es un espejismo creer que basta con hablar de justicia, libertad, participación, representatividad o solidaridad, para que el pueblo se entregue a un conductor y lo siga enfervorizado en la consecución de metas revolucionarias.

Lo que ocurrirá es que los sectores que trabajan por la rentabilidad se cruzarán egoístamente de brazos, a la expectativa de los frutos a cosechar, y los sectores que laboran su sustento diario, se mostrarán renuentes a comprometerse en una acción que no ofrezca incentivos prácticos inmediatos.

Un verdadero liderazgo impone el ejercicio de la sabiduría humana en su más alto nivel.

La tentación de atraer la adhesión popular con la mentira y el engaño, conduce irremediablemente al fracaso. Por ello, es una falacia muy latina pretender conjugar voluntades con quimeras ideológicas que demarquen fronteras rígidas en el seno de una comunidad, en la que se contraponen y entrecruzan ambiciones, intereses, tradiciones, motivaciones, celos, expectativas, temores, odios, frustraciones, creencias, fanatismos, sectarismos, prevaricación y concupiscencia.

Si la política tiene como objetivo el "bien común" más que propugnar ideologías, debe preconizarse una doctrina nacional que interprete con fidelidad la voluntad mayoritaria del pueblo, sin la cual resulta ilusorio el ejercicio de un gobierno genuinamente democrático.

El logro del "bien común", como objetivo político democrático, exige el control del poder.

Una sociedad tiene, como órgano de poder, al Estado.

El Estado impone regulaciones y normas individuales y colectivas, que hace cumplir a través de mecanismos coercitivos y de convencimiento solidario.

El Estado es fuerte cuando logra implantar deberes por sobre los derechos; cuando se impone sin tener que agitar artificialmente los sentimientos populares; cuando evita el relajamiento de la disciplina social y cuando tiene sometido el poder armado oficial al control de la autoridad representativa.

Pero es incuestionable que el Estado representa los intereses del sector que domina la sociedad. Por ello es que los sociólogos señalan que el Estado no puede ser neutro, sino el centro del poder de la clase hegemónica.

Si anhelamos para Chile un futuro de vigencia democrática avanzada, realmente auténtica, el poder del Estado tendrá que expresar los intereses de la mayoría nacional, para que la política bregue eficientemente por un genuino "interés nacional", capaz de manejar con realismo el factor común de los egoísmos individuales.

Sin embargo, debe tenerse presente que la política está fusionada con la economía, por lo que no cabe esbozar una doctrina política que deje de señalar metas económicas viables, en función de la realidad interna de Chile y de su ubicación inexorable en el mapa geopolítico.

Mi versación política y económica es sólo autodidacta, porque mi formación profesional fue esencialmente estratégico-militar. Ella se realizó en un período de cuatro decenios en el cual los militares no tuvimos participación activa en la vida nacional. Por ello, nuestro adoctrinamiento técnico-profesional estuvo encuadrado en moldes teóricos asimilados a concepciones genéricas, más que a doctrinas específicamente nacionales.

Esta misma falla tradicional es la que ha resultado palpable en un gobierno militar que desconoce la intimidad política, económica y social de su propio país y que improvisadamente se adueña del poder.

Sin embargo, la ventaja de haberme marginado totalmente del quehacer doméstico nacional —en respuesta a la incomprensión de muchos de mis propios camaradas que fueron sibilinamente engañados respecto al difícil rol que me cupo jugar en una etapa trágica de lucha ideológica— me permite esbozar algunas ideas simples, sin pretensiones científicas ni dogmáticas. Pero ellas han sido maduradas a través de la observación apartada del álgido dilema que vive un país pobre y orgulloso, dividido por el odio, en el que la alta burguesía ha logrado convertir a la fuerza pública en su escudo protector. Ello, mediante el ejercicio de una represión brutal, engendro del miedo que atenaza a las minorías cuando asumen el poder, enfrentadas a una mayoría en la indefensión sufriente, hambreada y vejada.

¿Prioridad económica y/o prioridad social?

Es necesario pensar, en primera instancia, en cuáles son los intereses que debe representar el Estado para que su objetivo sea realmente el "bien común", que, con tanta sabiduría, expresaba uno de los más genuinos líderes americanos —el General Perón— al referirse a la "felicidad del pueblo y a la grandeza de la nación".

Esta acertada frase traduce la dificultad de escoger una opción: la felicidad del pueblo implica prioridad social; y la grandeza de la nación involucra prioridad económica.

Ambas preferencias repercuten en la forma de control de la actividad económica, ya sea a través del estímulo de la actividad pública o de la privada.

Es aquí donde los exégetas de las ideologías se traban en las concepciones capitalista y socialista de la conducción del Estado, que se convierten en soga política de la que ambas esperan colgar al adversario.

Felipe Herrera señala en su obra América Latina: experiencias y desafíos, que son opciones ficticias la vieja alternativa entre agricultura o industria, o la prioridad de lo económico respecto de lo social.

Cabe concluir, entonces, que podría existir para un país dependiente, monoproductor, de industrialización secundaria y con una de las inflaciones probablemente más altas del mundo, la posibilidad de accionar sobre los mecanismos claves del sistema económico, conjugando armónicamente el beneficio social con el auge económico.

Es aquí donde hay que decidirse a tomar el mango de una sartén que derrama aceite hirviendo.

Si la solución de la crisis económica nacional se enfoca en términos absolutos, buscando pronunciarse por una alternativa capitalista o una socialista, no se logrará jamás resolver la crisis sociopolítica que divide a la comunidad nacional por el abismo del odio, y no podrá gestarse la reconciliación indispensable para modelar la gran mayoría de voluntades, predispuesta al "bien común".

De lo que se trata es de estructurar un sistema económico que logre combinar en la proporción correcta las necesidades de propiedad pública y de propiedad privada, en función de la capacidad y de las circunstancias de desarrollo real de nuestras bases económicas.

Una economía social de mercado, en un país de márgenes rígidos para el juego de la oferta y la demanda, deriva en beneficio directo de la minoría detentora de los grandes capitales, acentuando la capacidad de enriquecimiento de los ricos y empobreciendo más a la mayoría trabajadora. En un sistema económico en el que juega libremente la iniciativa privada, el crecimiento sólo es factible mediante el incremento de la rentabilidad empresarial, que se logra comprimiendo el régimen salarial.

El desarrollo a costa del consumo popular (con amplia benevolencia hacia el sector empresarial), de restricción drástica de la emisión monetaria, de paralización de la inversión fiscal o de subordinación a los grandes intereses foráneos, exige sofocar drásticamente las presiones sociales. Pero ello resulta contraproducente en un país subdesarrollado como Chile, cuya comunidad nacional quedaría dividida en un décimo de explotadores y nueve décimos de explotados.

Una economía estatista y de control drástico del mercado, en un país dependiente, desalienta la iniciativa privada y estimula un nocivo capitalismo de Estado. Paraliza la inversión, frena la velocidad de crecimiento, destruye la moneda y empobrece a todos, acrecentando la dependencia financiera internacional. La apertura social tras el objetivo del bienestar inmediato, sin un crecimiento paralelo de la producción y la productividad, copa pronto la capacidad instalada de un país con un alto margen de dependencia técnica del extranjero para la instalación y reposición de maquinaria pesada y para el suministro de partes y repuestos. Provoca, también, el déficit masivo de bienes de consumo de importación y ello conduce al desabastecimiento, al acaparamiento y al mercado negro que terminan por anular el poder adquisitivo de las masas.

Por consiguiente, el ordenamiento social de la comunidad exige que el Estado tenga la mayor capacidad para encuadrar a trabajadores y empresarios en un régimen basado en un nacionalismo económico, que, sin desalentar la iniciativa empresarial, sostenga una efectiva política popular.

Eclecticismo en la transformación global de la economía

Tal consideración implica un eclecticismo económico que evite tanto la recesión, como el desgobierno de los precios. Que posibilite márgenes de comercialización ponderados con una tasa de rentabilidad prudencial, pero que a la vez genere la disminución de la desocupación y eleve los salarios bajos y los beneficios sociales para acentuar la prioridad en la reducción de la marginación social. Que incentive al incremento de la inversión, sin estrangular la base del consumo, y que, por último, imponga tanto a los empresarios como a los trabajadores de altos ingresos, el convencimiento de que no pueden pretender una posición de privilegio dentro del sector activo de la comunidad.

Se trata de implementar un aumento del poder adquisitivo interno y de ofrecer posibilidades rentables en el exterior a todos los excedentes posibles de la producción nacional, al margen de toda frontera ideológica.

Se trata de ofrecer nuestra hospitalidad al capital extranjero y a la tecnología de las llamadas empresas multinacionales, pero manteniendo una definida prioridad para la empresa nacional en el usufructo de patentes en las tasas de ganancias y en las facilidades de operación.

Se trata de obtener un rendimiento agropecuario que permita reducir substancialmente la importación de alimentos. Ello, mediante una racionalización de la explotación del agro que asegure un aprovechamiento intensivo de toda el área cultivable en lo agrícola y ganadero, y posibilite incorporar gradualmente los territorios no consolidados a la economía nacional.

Es evidente que tal eclecticismo económico ofrece flancos muy vulnerables, tanto frente a la avidez de la rentabilidad empresarial, como ante la mentalidad economicista de los distintos sectores asalariados. Por esto, resulta fundamental una vigorosa capacidad de decisión del Estado y su virtual hegemonía en la dirección global de la economía, asegurando la eficiencia empresarial pública y privada, en beneficio de la comunidad en general.

Esta condición —indispensable para garantizar el auge creciente del nivel de vida popular— exige la complementación del capital y del trabajo a través de una estructura económica que armonice racionalmente las áreas social, mixta y privada de la producción nacional.

El área social de la economía necesita enmarcar exclusivamente aquellas industrias o empresas estratégicas y monopólicas que son pivote del desarrollo. ¿Por qué? Por su condición de productoras de materias primarias, por su aptitud como motor financiero, por su capacidad creadora y de mantenimiento de la infraestructura básica o por su poder de articulación integradora de la nacionalidad.

Desde un punto de vista cuantitativo, el área social no necesita comprender más allá del medio al uno por ciento de la totalidad de las empresas existentes en Chile, entre las que ya están en el poder del Estado y las que deban expropiarse. Pero la importancia de éstas es suficiente para condicionar la orientación del desarrollo económico y social del país.

El área mixta debe ser integrada por aquellas empresas en que se yuxtaponen el capital y la gestión, tanto del Estado como de los particulares, sean éstos últimos nacionales o extranjeros. El aporte foráneo debe ser financiero y tecnológico, pero el Estado debe evitar los efectos negativos del predominio del patentamiento de empresas multinacionales en la estructura industrial del país y en el proceso de relaciones internacionales al que ésta se articula. El otorgamiento de patentes tecnológicas debe constituir un aporte efectivo al desarrollo económico y ser un instrumento de la capacidad innovadora local, condicionado al establecimiento de la respectiva unidad productora y a plazos prudenciales.

Por su parte, las inversiones de capital extranjero deben ajustarse a las decisiones imperantes en el Pacto Andino, debiendo establecerse reglas del juego flexibles, en relación al destino de los excedentes, a la reinversión y a la liberación gradual de las relaciones de subordinación que atenten contra la soberanía nacional.

En las empresas del área mixta, debe propenderse a la gestión tripartita del Estado, de los empresarios y de los trabajadores.

El resto de las empresas no básicas —grandes, medianas y pequeñas — constituirán el área privada, sobre la base de la complementación entre el capital y la gestión del empresario particular o de cooperativas productoras y el trabajo de los asalariados.

En esta área, la intervención del Estado, se limitará a la fijación de metas de producción, a prevenir la explotación de los trabajadores y a apoyar a los empresarios que colaboren al buen éxito del sistema económico integral. Para ello debe valerse de los mecanismos de control referidos al manejo crediticio, a la fijación de rentabilidad, al otorgamiento de cupos de materias primas e insumos, y a la supervisión del cumplimiento de los gravámenes tributarios, normas salariales y regalías asistenciales.

La transformación global de la economía pasa por la eliminación de los mecanismos de explotación oligárquicos, mediante la dirección centralizada de la programación de las metas de inversión, producción y distribución y de la supervisión tecnocrática del proceso de ejecución, descentralizado en las tres áreas de la economía racionalmente complementadas. Esta transformación debe conducir a liberar el potencial de productividad nacional para intensificar la producción interna, a fin de lograr una distribución cada vez más extensiva de ella, en beneficio popular.

El éxito económico chileno está condicionado no sólo por el esfuerzo interno de transformación del sistema funcional y estructural, sino también por la orientación de sus relaciones internacionales. Ello, debido al alto grado de complejidad de nuestro comercio exterior, con largas líneas de comunicaciones y diversificados mercados con los países industrializados, no alineados y limítrofes, que determinan servidumbres inexorables en las balanzas comercial y de pagos.

Esta situación exige desarrollar una política financiera, comercial y tecnológica de mucho realismo. Ella, junto con respetar los compromisos contraídos, debe permitir concertar todo acuerdo con cualquier interlocutor mundial que resguarde el interés nacional. Este debería ser tanto en el aflojamiento de las relaciones de dependencia, como en la recuperación gradual de la libertad de acción en el manejo del presupuesto de divisas. Este manejo se lograría mediante los recursos de renegociación de la Deuda Externa, sustitución de importaciones, apertura de incentivos a la colocación de productos nacionales en el exterior, drásticas economías burocráticas, facilidades del turismo de ingreso y restricciones al de egreso, reducción del consumo suntuario, movilidad cambiada, etc. Así será posible la acumulación de reservas monetarias que le den sentido real a las aspiraciones de independencia económica.

Las prioridades sociales

La transformación económica debe irse encadenando armónicamente con la búsqueda incesante del progreso social de la comunidad, considerando las claras prioridades que emergen de una justa y dolorosa apreciación de la realidad contingente del cuadro humano chileno.

La primera prioridad social es la absorción de la grave cesantía generada a raíz de la instauración del régimen dictatorial. El esfuerzo social preferencial de la nueva "democracia avanzada chilena", debe concentrarse en el logro de la ocupación plena, ligada estrechamente a un aumento de la productividad. La manifestación más clara del egoísmo capitalista reside, justamente, en mantener oculta una demanda ocupacional que reduce las exigencias salariales y crea un status subocupacional vegetativo en la burocracia estatal y una rotativa de trabajadores ocasionales de escasa productividad. La solución exige planificar a fondo la redistribución de la mano de obra en los distintos sectores de la producción y relacionar la absorción de la cesantía con la expansión de las fuentes de trabajo generadas por el nuevo ordenamiento de la economía, asegurando el aumento real del ingreso.

La segunda prioridad democrática consiste en erradicar a un ritmo acelerado la marginalidad. Ello exige realizar una obra abnegada de promoción popular, a la que deben contribuir todos los sectores activos de la población. El acento en la efectiva realización de un plan masivo de viviendas populares, unido a un amplio plan de salubridad y dietético (destinado a combatir el flagelo de la desnutrición y la mortalidad infantil), es la tarea más humanitaria que puede imponerse un gobierno representativo de la mayoría nacional, cuya divisa debe ser el colocarse al servicio de los desvalidos.

La educación popular es otra gran tarea que debe concitar no sólo la "atención preferente" del Estado, como rezaba la extinguida Constitución Política, sino motivar el empeño solidario de la comunidad organizada. Estrechamente ligado a ella, está el escalamiento cultural que es necesario promover en las capas bajas de la sociedad, así como los incentivos recreacionales y creativos que tiendan al fomento de una colaboración humanista, mitigadora de los odios acumulados. Los enfrentamientos ideológicos no permitieron construir incruentamente la sociedad de expresión de las mayorías que ahora es esencial tratar de construir perfeccionada, apoyándose en la amarga experiencia recogida en el pasado inmediato.

2. La nueva institucionalización de la mayoría nacional

Solidaridad, participación y representatividad

La nueva "democracia avanzada chilena" debe construirla una sociedad humanista, cuya potencialidad resida en la colaboración solidaria entre la mayoría de los miembros de la comunidad a través de mecanismos legales que posibiliten una gran movilización nacional, afianzadora de las libertades democráticas y neutralizadora de la violencia.

La creación de la solidaridad nacional requiere de estímulos superiores de participación extensiva en las decisiones que afectan la vida nacional.

El poder de participación exige de un sistema de organización que posibilite actuar socialmente, reemplazando las argucias dialécticas por el diálogo honesto, para delegar tareas sectoriales que los dirigentes deben ejecutar con fidelidad y eficiencia, en beneficio del conjunto.

Si los dirigentes son capaces de interpretar el consenso mayoritario, la democracia será genuinamente representativa.

Solución cultural, organizativa y doctrinaria

Luego, la corrección de la tradicional crisis sociopolítica chilena -caracterizada por la concentración excesiva del poder en manos de una minoría, por la menguada representatividad de los dirigentes y por la falta de solidaridad general— exige de una solución cultural de tipo organizativo y doctrinario.

Es preciso corregir la organización política del Estado, mediante una nueva Carta Fundamental. Ella no debe ser el fruto del trabajo de gabinete de un grupo reducido de eminentes juristas de concepciones filosóficas tradicionales y comprometidas con los intereses de la alta burguesía, sino que interprete realmente nuestra peculiar problemática y abra perspectivas al destino nacional, en la competencia de un mundo cada vez más interdependiente.

En tal sentido, la Constitución debe abrir las compuertas de los Poderes del Estado a la mayoría nacional, a través de métodos de generación simultáneos del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Edilicio, con campos jurisdiccionales bien definidos.

El régimen de los partidos políticos, gremios, sindicatos y comunidades vecinales, debe conducir a que éstos constituyan verdaderos vehículos de la voluntad mayoritaria.

Una definida doctrina nacional debe interpretar la voluntad de la mayoría, de un modo más elocuente que las tendencias ideológicas. Las ideologías políticas no siempre traducen los verdaderos intereses de la mayoría, aunque a veces pueden ser necesarias como motor de solidaridad y cohesión.

Una doctrina nacional, en cambio, establece reglas y preceptos que pasan a regir la vida de la comunidad, en lo nacional e internacional, para posibilitar la grandeza del país y la felicidad del pueblo.

Por ejemplo, si se parte de la aspiración del ciudadano común, veremos que sus objetivos se tipifican en contar con un trabajo seguro que le procure una remuneración con que solventar sin angustias las necesidades de alimentación, vestuario, atención sanitaria y escolaridad de su hogar.

En segundo lugar, este ciudadano anhela una renta que le permita contar con la casa propia.

A continuación, el mismo ciudadano busca satisfacer sus inquietudes de perfeccionamiento técnico-profesional.

Luego, este hombre quiere dar expansión a sus inquietudes culturales y de orden general societarias, o pretende lograr un mejor confort de vida mediante la adquisición de bienes de capital.

Esta realidad biológica, en un medio como el chileno, genera una movilidad social que se ha acentuado después de la Segunda Guerra Mundial y que demuestra que el hombre busca espontáneamente su liberación material y espiritual, en todos los estratos sociales y al margen de las convicciones ideológicas que sustente.

Por esto, cuando hablamos de una "democracia avanzada", estamos refiriéndonos a un sistema de gobierno humanista, genuinamente representativo de la mayoría nacional, pluralista y libertario, con una organización económica mixta y una organización social neoclasista.

Concepción de la nueva mayoría nacional

Hemos mencionado repetidas veces a la "mayoría nacional" y ya parece conveniente definirla dentro de la comunidad chilena.

En las concepciones políticas de derecha, centro e izquierda, las posiciones centristas han sido normalmente la interpretación más realista de las aspiraciones mayoritarias de nuestra comunidad nacional. Pero, como fórmula de expresión política, han fracasado, porque sus disparos reformistas no han alcanzado a corroer la estructura de la fortaleza capitalista y, tarde o temprano, han terminado por identificarse con las tendencias derechistas.

Por ello, al hablar de mayoría nacional, no nos referimos a una banda central del espectro político que deje a un tercio de éste a la derecha y otro tercio a la izquierda. Nos referimos a una banda que cubre dos tercios del centro del espectro, dejando un sexto a la derecha y un sexto a la izquierda. Dicho de otro modo: una verdadera mayoría nacional implica sobre 3,3 millones de votos en un total de cinco millones de los próximos electores, dejando sin temor 850 mil votos a la alta burguesía y otros 850 mil votos a las corrientes ultristas de izquierda.

Esta concepción quiebra los esquemas tradicionales ya insostenibles de la mayoría relativa o de una mayoría absoluta de la mitad más uno. También exige articular un gran movimiento nacional que agrupe a todas las corrientes políticas de avanzada social, capaces de emerger después del letargo político actual.

De esta urgencia de aglutinación nacional de las tendencias políticas renovadoras y progresistas, surge la necesidad de abolir la frontera entre "burguesía" y "asalariados". Ello es como colocar hitos fronterizos en el centro de la comunidad nacional, en circunstancias que éstos deben señalizar —hacia la derecha— la frontera con la burguesía oligárquica y monopolística, y —hacia la izquierda— la otra frontera con los sectores marxistas que se empecinen en propiciar la dictadura del proletariado.

Al hablar de fuerzas políticas "de avanzada social" o "renovadoras" o "progresistas", no estoy especificando partidos políticos vigentes durante el último régimen constitucional.

Si los comunistas no se proponen ir más allá de los linderos del sistema democrático avanzado de economía mixta, tendrán cabida en el gran movimiento nacional.

Si los marxistas insisten en que la próxima etapa les exige luchar por imponer el socialismo y los democratacristianos creen que pueden volver a gobernar con el aval de la burguesía oligárquica, no hay perspectiva alguna de salida democrática para un país de predominante clase media. Tampoco ni la más remota esperanza de restaurar la paz social, eliminando el odio de clases.

III. NIEBLA SOBRE EL CAMPAMENTO

1. Treinta y cuatro años de neoprofesionalización militar en Chile

El militarismo se extiende en Latinoamérica

Los cuatro decenios de la etapa contemporánea de la "democracia condicionada chilena", muestran a las Fuerzas Armadas de nuestro país como una excepción en la caldera militarista latinoamericana.

Entre 1933 y 1973, casi todos los países del sistema interamericano estuvieron sometidos a regímenes militares de distintas características políticas y represivas. Pero ellos, en general, marcaron dos etapas, en cuanto al modelo del sistema implantado.

Hasta 1958 imperaron las dictaduras de carácter "populista", lideradas por un caudillo militar, impulsor del proceso de industrialización mediante una amplia apertura a la inversión extranjera y el impulso a la libre empresa. Al mismo tiempo, en el orden social promovían medidas de beneficio popular y en el orden político estimulaban la formación de organizaciones de masas adictas al régimen imperante.

Durante esta etapa —y particularmente a partir de la Segunda Guerra Mundial y durante la década del 50— los EE.UU. prestaron una considerable ayuda militar a casi todos los países latinoamericanos para la colaboración de éstos en la defensa hemisférica, ante la amenaza de una invasión militar comunista. En la práctica, todos los países del hemisferio se comprometieron en pactos bilaterales de ayuda mutua, consecuenciales a la forma del T.I.A.R. de 1947 y a la creación de la O.E.A.

El comienzo de la década del 60 coincidió en América con un breve lapso de restauración de los regímenes civiles y, a la vez, con un cambio trascendental de la política norteamericana, coincidente con la iniciación de la "convivencia pacífica". Con ésta, perdió vigencia la eventualidad de una agresión armada extracontinental y, en cambio, emergió la guerrilla como la peor amenaza para la seguridad continental.

El rol clásico de las FF.AA. latinoamericanas fue sustituido por el de la lucha antiguerrillera y la asistencia militar norteamericana se concentró en materiales y asesoría adecuada para el resguardo del orden interno.

El Gobierno de Kennedy, en su empeño por destruir el castrismo, formalizó su política para Latinoamérica a través de la Alianza para el Progreso, un esquema reformista positivo, destinado a materializar un amplio plan de reformas sociales en América Latina, que contribuyera a transformar las sociedades agrarias en industriales.

La Iglesia Católica sufrió internamente los embates de la crisis cubana y se constituyeron tres tendencias en pugna: la conservadora tradicional, la liberal reformista y la revolucionaria socializante.

Las Fuerzas Armadas experimentaron también transformaciones importantes.

En el aspecto militar, la preeminencia de la lucha antisubversiva introdujo métodos nuevos de combate que reemplazaron las concepciones clásicas, y en los que la especialización tecnificada de los mandos subalternos adquirió especial relevancia. La independencia táctica de las pequeñas unidades entregó a los oficiales jóvenes una nueva dimensión de su poder, a través de las acciones locales de comando.

En el aspecto político, las Fuerzas Armadas adquirieron conciencia de la necesidad de familiarizarse con los problemas socioeconómicos de sus pueblos, para contrarrestar la influencia popular de los sectores intelectuales proclives a las tendencias marxistas.

En 1962 se inició en América Latina la segunda etapa de gobiernos militares, de tendencia "desarrollista", caracterizados por su fisonomía institucional más estable, apoyados en una tecnocracia civil. Su objetivo era el desarrollo económico de sus pueblos mediante la aspiración del logro de la industrialización pesada, en aras de la "seguridad nacional".

Surgió la tesis de las "fronteras ideológicas", que acentuó la colaboración entre los regímenes militares latinoamericanos afines y la gran potencia del norte.

Paralelamente, la década del 60 desató un acelerado desarrollo educacional latinoamericano en el nivel universitario, con particular acento en las ciencias sociales. Ello generó para la década del 70 la perspectiva de contar con una élite potencial de tecnócratas civiles llamada, en el futuro mediato, a desplazar a la pléyade de dirigentes políticos tradicionales, lo que podría crear nuevas condiciones políticas inesperadas en el subcontinente.

El adoctrinamiento militar norteamericano se entroniza en las Fuerzas Armadas chilenas

Entretanto, durante estos cuatro decenios, nuestro rincón septentrional representó la "isla democrática". Sus Fuerzas Armadas estaban encuadradas rígidamente en su función profesional, subordinadas estrictamente al control civil y reaccionando —en su rol continental— conforme a los dictados de nuestra diplomacia, siempre reticente a subordinarse incondicionalmente a las tendencias preconizadas por la política norteamericana.

Sin embargo, durante el período de la "guerra fría" (1945 -1958), la posición estratégica de Chile, con el control del Estrecho de Magallanes y del Mar de Drake, era de tal importancia, que sus FF.AA. —especialmente la Armada y la Fuerza Aérea— fueron generosamente favorecidas con la donación de equipos blindados, cruceros, destructores y aviones de combate, que las incorporaron de hecho al adoctrinamiento militar de los EE.UU.

Durante el lapso indicado, comenzó a acentuarse la participación de oficiales de las FF.AA. chilenas en los cursos de entrenamiento clásico para la oficialidad media de las FF.AA. norteamericanas, en sus distintos fuertes y bases de su territorio.

Un viaje por un año a los EE.UU. de un oficial de los grados de mayor o teniente coronel y sus equivalentes de la Armada o la Fuerza Aérea, constituía entonces un verdadero "premio de la lotería", para quienes llevaban 15 o más años de carrera sometidos a una estrechez económica incompatible con su ubicación dentro de la sociedad. Con ironía, se comentaba que esta amplia apertura en las comisiones al extranjero había sido un invento ingenioso de los correligionarios de González Videla para neutralizar "radicalmente" el golpismo, al mantener a la oficialidad con sueldos miserables, pero pendiente de la expectativa de un viaje promisorio al exterior.

A partir de 1960, ante la nueva política bipolar de la "convivencia pacífica" y la entronización de la guerrilla castrista en el continente, la estrategia de "disuasión nuclear" norteamericana se tradujo en una asistencia militar a Chile con un centro de gravedad radicado especialmente en el equipamiento antisubversivo y de acción cívica para las tres Instituciones, aunque la Armada nacional logró prolongar, por un lapso apreciable, el suministro de destructores y submarinos.

El Ejército, con un equipamiento clásico muy obsoleto en materia de armas pesadas, blindados y de artillería, comenzó independientemente a modernizarlo, recurriendo a algunas compras en el mercado europeo. Ello, en el período de mando del General Osear Izurieta, durante la Administración de Jorge Alessandri.

Sin embargo, la corriente de becas del Ejército norteamericano se acrecentó considerablemente en este decenio del 60, con la apertura de las escuelas militares de la Zona del Canal, que posibilitaron el acceso de oficiales subalternos a cursos de adiestramiento antisubversivo y técnicos. Ahí participaban desde las promociones recién egresadas de la Escuela Militar, hasta jefes de graduación media, aparte de los cortos viajes anuales de confraternidad que realizaban las promociones de las academias de Guerra y Politécnica Militar, al término de sus estudios académicos.

Aun cuando la superioridad de las Fuerzas Armadas chilenas procuraba mantener una corriente de contacto docente con los Institutos Militares de enseñanza superior europeos —especialmente en Inglaterra, Francia, España y Alemania Occidental—, cabe señalar que la mayoría de los oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas (de las jerarquías de capitán hacia arriba) hasta el año 1972, habían recibido un adiestramiento táctico o técnico en cursos norteamericanos de duración superior a seis meses.

No pretendo afirmar que esta realidad significó, necesariamente, un "adoctrinamiento específicamente anticomunista", pero es incuestionable que la influencia del modo de vida norteamericano contribuyó a fomentar una concientización anímica contra el "enemigo comunista". En los casos de aquéllos que recibieron entrenamiento especial como "comandos", el enemigo "corporal" era el "guerrillero marxista".

A partir de 1967, la suspensión de la ayuda de material militar norteamericano y su reemplazo por la nueva política implementa-da por el sistema de Foreign Military Sales, alteró parcialmente el esquema anterior. Esto, porque las Fuerzas Armadas chilenas derivaron sus compras hacia el mercado europeo, especialmente desde fines de 1969, cuando —a raíz de la conmoción provocada por el "acuartelamiento" del "Tacna"— el Gobierno de Frei captó su omisión de haber descuidado desaprensivamente las necesidades de equipamiento de las Fuerzas Armadas.

Justamente con la iniciación del Gobierno de Allende, las Fuerzas Armadas tuvieron que enviar nutridas comisiones técnicas a Europa Occidental, tanto para la inspección de los modernos materiales en trámite de adquisición, como para el entrenamiento de sus primeras tripulaciones en la operación de estos equipos.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas norteamericanas, pese a estas adversas circunstancias, se mostraron muy flexibles en materia de ayudas de instrucción, brindando cuotas numéricamente muy generosas para la participación en cursos de adiestramiento, ya no sólo de oficiales, sino también de las nuevas promociones de jóvenes suboficiales recién graduados.

Evolución generacional del sector militar chileno en los cuatro decenios democráticos

Entender la mentalidad del estamento militar chileno exige evaluar su generación y evolución a lo largo de estos últimos cuatro decenios. Ellos son determinantes para comprender la razón o sinrazón de la abrupta ruptura de una línea de conducta que aparecía como inmutable, pese a todas las contingencias políticas que pudieran suscitarse en la vida pública de Chile.

Durante 1932 —cuando el gobierno civilista de Montero, con la terapia de su Ministro de Hacienda Blanquier procuró sanear la debilitada economía nacional— se resolvió clausurar las escuelas Militar y Naval. Los "tira y afloja" que deben entonces haberse producido se tradujeron en que los marinos lograron imponer su criterio de mantener una escuela pequeña de exclusiva formación de oficiales navales. En el Ejército, en cambio, la transacción consistió en ajustar la Escuela Militar al sistema secundario general, y el Curso Militar de 1933 se redujo a un máximo de 33 alumnos, en circunstancias que el II Curso General precedente (equivalente al VI Año de Humanidades), contaba con más de 100 alumnos. Luego, cerca de un centenar de postulantes a la profesión militar debió renunciar a ella y buscar nuevas oportunidades —muy aleatorias— en la Universidad, en Carabineros de Chile o en las limitadas actividades bancarias y burocráticas de aquellos años.

En 1939, con la iniciación de la Segunda Guerra Mundial, se produjo el nuevo despegue de la carrera militar, gracias al esfuerzo del Coronel Arnaldo Carrasco, excepcional Director de la Escuela Militar.

Eran los años en que los triunfos guerreros de la Alemania de Hitler concitaban el entusiasmo de la juventud militar chilena. Muchos apellidos alemanes saturaban las listas de promociones de la Escuela Militar.

Sin embargo, a partir de 1945, el proceso de industrialización chileno y la apertura de las universidades empezaron gradualmente a restar postulantes a la Escuela Militar.

Por su parte, la Fuerza Aérea ya había logrado cimentar su propia escuela de formación de oficiales, lo que hace más difícil la competencia selectiva.

Transcurrió una década, hasta que el Ejército creyó lograr la solución de su problema promocional: la habilitación del imponente y funcional edificio de Las Condes. Se esperaba que sus confortables aulas atrajeran a las filas a lo más granado de la juventud.

Fue el Coronel Ricardo Lecaros Amunátegui —el "último aristócrata" de las filas del Ejército— quien logró poner en marcha un nuevo sistema educacional en los flamantes pabellones de Apoquindo con Américo Vespucio, llamativamente destacados con el magnífico pórtico de su Patio de Honor.

En 1957 empezó a funcionar la Escuela Militar en su nuevo edificio, con un cuerpo de profesores renovado y una planta muy seleccionada de oficiales subalternos. El Coronel Lecaros se había propuesto restar a las universidades un contingente estudiantil de selecta calidad intelectual y moral, para inocular la mejor savia juvenil a las filas del Ejército.

Diversos obstáculos burocráticos impidieron a Lecaros la ejecución racional de su plan. Efectivamente, el atractivo enclave militar en Las Condes entusiasmó a la burguesía residente en este barrio y los padres de familia saturaron la matrícula de sus cursos humanísticos, ante la evidencia de una formación secundaria de primera calidad para sus hijos, tanto en el cumplimiento de los programas, como en la formación moral y física que impartía la escuela. Pero, llegado el momento de decidir el ingreso al Curso Militar al término de los estudios secundarios, la mayoría de los jóvenes mejor calificados se pronunciaban por su ingreso a la universidad, donde una amplia gama de carreras liberales les abría las expectativas de un halagüeño futuro profesional a cinco o siete años plazo.

De modo que cada año, la Dirección de la Escuela Militar debía enfrentar una crisis de selección para el Curso Militar. Ocurría el absurdo de que mientras sus cursos humanísticos estaban repletos, debía llamar a concurso a jóvenes que completaban sus Humanidades en otros establecimientos secundarios y que por una u otra razón no lograban tener acceso a la universidad, para cubrir la cuota de alumnos del Curso Militar que imponía la superioridad Militar.

La falta de interés por la carrera militar tenía sus causas profundas en la realidad sociológica chilena. La acentuada dependencia de post-guerra de los países subdesarrollados respecto a los países industrializados rectores en sus órbitas, había hecho perder la creencia en la eventualidad de conflictos aislados vecinales. Se consideraba la guerra contemporánea como un fenómeno social bajo el control de las grandes potencias, que sólo podía adquirir su dimensión periférica en los focos marginales de tensión de intereses imperialistas. América, en cambio, se consideraba que estaba a buen recaudo del peligro, como "despensa" de los EE.UU. e inmunizada del flagelo de Marte por la juridicidad del sistema interamericano.

Los sucesivos gobiernos, por otra parte, debían concentrar su atención en los agobiantes problemas políticos, económicos y sociales de la débil estructura nacional, relegando las exigencias de la Defensa Nacional a una de las últimas prioridades.

Los presupuestos de la Defensa Nacional sistemáticamente destinaban sobre el 85% de sus recursos a los Gastos Corrientes y menos del 15% a los Gastos de Capital.

El deterioro operacional puede explicarse, sucintamente, señalando, que mientras entre los años 1940 y 1947 se destinó sobre el 20% de los gastos totales del país a la Defensa Nacional (con casi un 29% en 1944), en 1954 descendieron hasta el 16%, para elevarse nuevamente hasta el 22% en 1957 y, después, comenzar un brusco descenso, que en 1967 llega al 9%.

Por otra parte, mientras en 1955 se llega a destinar el 3,3% del P.N.B. a la Defensa Nacional, en 1962 se desciende al 2,2% y en 1967 se llega al mínimo del 1,7%.

La situación del Ejército resultó especialmente comprometida a partir de 1961, cuando perdió la prioridad presupuestaria en moneda nacional, en favor de la Armada. Se llegó, en el decenio siguiente, a un promedio del 44,1 % para la Armada, el 34,1% para el Ejército y el 21,8% para la F.A.CH.

La Ley Nº 13.196, dictada en 1958 durante la Administración Ibáñez a raíz de los bochornosos incidentes del Islote Snipe, que destinaba al Consejo Superior de Defensa Nacional el 15% del ingreso en dólares producido por los impuestos que devengaba la Ley 11.828, con un mínimo de ocho millones de dólares anuales, fue una buena fuente de recursos para las adquisiciones de elementos bélicos en el exterior. Sin embargo, durante las administraciones de Alessandri y de Frei, se reservaba la disponibilidad efectiva de tules recursos, cuyos excedentes se registraban en Cuentas de Reserva de cada Institución Armada y, anualmente, se consignaba en el presupuesto de divisas sólo el mínimo fijado por la Ley.

En cuanto al Presupuesto Corriente en moneda extranjera (más que todo por razones consuetudinarias), la Armada y la Fuerza Aérea disponían anualmente de una situación privilegiada respecto al ejército, lo que —hasta 1971— resultó impracticable corregir dentro de los métodos burocráticos de gestación presupuestaria.

Si la progresiva descapitalización de las Instituciones Armadas venía generando un creciente sentimiento de frustración en los niveles superior y medio de la oficialidad, especialmente en el Ejército, la situación de remuneraciones del personal se tornaba año a año más dramática, creando en todos los niveles jerárquicos un estado de ánimo de indisimulable desaliento. Al Alto Mando le resultaba muy inconfortable contenerlo, invocando las normas de disciplina y ética profesional y creando estímulos artificiosos cursos en el extranjero no siempre racionalizados para una formación profesional homogénea, o la puesta en marcha de nuevos organismos de expansión de la estructura institucional, sin contar con un aumento proporcional de la planta. Por ello, fatalmente la hipertrofia resultaba a costa del debilitamiento de las unidades combatientes.

Un índice bastante elocuente de esta situación de debilidad orgánica, está en el hecho de que en 1930, cuando el país tenía cuatro millones 305 mil habitantes, la planta del Ejército correspondía al 0,23% de la población, y la de la Armada al 0,18% de ella. Cuarenta años después, cuando la población de Chile era de nueve millones 800 mil, la planta del Ejército correspondía al 0,12% de la población, la de la Armada se mantenía en el 0,18 y la de la F.A.CH. alcanzaba al 0,08%.

Al iniciarse 1968 y promediar la Administración Frei, la situación epistemológica del Ejército permitía separar cinco capas horizontales dentro de la oficialidad.

La cúpula militar, con más de 35 años de servicios, la constituían generales de las abultadas promociones egresadas a fines de los años 29, 30, 31 y 32, a las que les correspondió formarse durante las postrimerías del Gobierno de Ibáñez y durante el período de anarquía revolucionaria, por lo que les cupo experimentar las amargas vicisitudes de la reacción cívica antimilitarista. Eran, pues, rigurosamente profesionalistas y toda su larga carrera militar se había desenvuelto en la doctrina de la no deliberación y margina-ción de las contingencias políticas.

A continuación venía una delgada capa de coroneles de 30 a 35 años de servicios —que cubría las exiguas promociones egresadas a fines de los años 1933 a 1938— caracterizada por su formación en la Escuela Militar adaptada a los programas de la enseñanza secundaria, en un período de gran pobreza institucional que les exigió una sólida vocación militar por ser una época de escasos incentivos profesionales.

Enseguida venía una gruesa capa de la oficialidad con 20 a 30 años de servicios, generada en las numerosas promociones que, de nuevo, egresaron de la Escuela Militar a fines de los años 1939 hasta 1948, durante la Segunda Guerra Mundial y en el período de la "guerra fría". Estas generaciones se caracterizaron por su simpatía inocultable hacia la causa nazi. Luego venía la capa media, generada entre lósanos 1949 y 1957, de decidida mentalidad anticomunista. Su formación militar era todavía esencialmente clásica y compartimentada en las armas tradicionales.

Después estaba la capa más joven, formada en la escuela de Las Condes a partir de 1958. Fueron generaciones educadas en la concepción antisubversiva, derivada de la "convivencia pacífica". Su formación militar era muy diversificada, con la introducción de los medios de comandos y paracaidistas, y con los métodos de instrucción antiguerrilleros.

La concurrencia sucesiva de un numeroso contingente de estos oficiales jóvenes a cursos cortos en la Escuela de las Américas, dio a estas generaciones una definida orientación pro norteamericana.

Como puede apreciarse, dentro de la verticalidad del escalafón del Ejército existía ya, en 1968, una notoria heterogeneidad de motivaciones generacionales derivada de la fuerte influencia del medio ambiente, de su formación doméstica y de la mentalidad forjada en las tesis continentales de la defensa hemisférica.

Debe tenerse en cuenta que el estamento militar está sujeto desde la adolescencia al fuerte influjo de normas y preceptos del convencionalismo castrense. Desde los 1 5 ó 16 años, se incorporan a un régimen de vida que guarda marcada similitud con el de la formación eclesiástica y que define su personalidad con un sello indeleble, que lo diferencia del civil de cualquier otra actividad. Con esto no se pretende decir que el uniformado es mejor o peor que un civil. Simplemente es diferente, aunque se trate de hermanos.

Sin embargo, la comentada heterogeneidad de motivos generacionales en la escala jerárquica de la oficialidad, está inmersa en el factor común de su clase social de origen.

En 1968, la oficialidad del Ejército, desde general a subteniente, era de origen mayoritario de clase media y media baja. Dicho en otra forma, pertenecía a la mediana burguesía. Sin desdeñar las conclusiones del estudio del sociólogo norteamericano Roy Allen Hansen * de la Rand Corporation, podría afirmar que no existían ya oficiales provenientes de la clase alta. Mi conocimiento personal de gran parte de la oficialidad me permite afirmar que su hogar de origen lo componían oficiales retirados, profesionales, empleados públicos, comerciantes, pequeños o medianos industriales o agricultores, suboficiales, etc.

Si bien puede ser válida la clasificación que hace Hansen de la oficialidad en tres grupos — los "carreristas", los "tradicionalistas" y los "idealistas"— no comparto su criterio de que este encuadramiento tuviera fundamentos clasistas.

Hansen llegó a la conclusión de que los "carreristas", o sea, los que siguieron la carrera militar para ubicarse en una posición social más alta que la de su familia, eran de origen de clase media baja. Y que, en cambio, los "tradicionalistas", que ingresaron al Ejército por razones de tradición militar y los "idealistas", que lo hicieron por motivaciones puramente patrióticas, pertenecían a la clase media y a la alta. A mi juicio, la vocación militar —si se considera la marcada tendencia de la clase media chilena a encauzar la juventud hacia las carreras universitarias— podía considerarse predominantemente circunstancial.

En cambio, era evidente que la oficialidad cultivaba relaciones de amistad con círculos de nivel social superior al de su propio medio familiar. Eso era especialmente notorio en el arma de Caballería, la que —por el cultivo del deporte ecuestre— establecía contactos con el nivel empresarial, profesional y agricultor de la clase alta.

En cuanto a las asociaciones a que se integraba la oficialidad, puede estimarse que en los últimos dos decenios había disminuido considerablemente el porcentaje de afectos a la Masonería. La participación en organizaciones como "rotarios" o "leones", era generalmente ocasional.

En resumen, cabía ubicar a la oficialidad de 1968 consustanciada con la democracia burguesa imperante, adversa al marxismo y proclive al estilo de vida norteamericano, pero animada de un modo de pensar tradicionalista y nacionalista sobre la seguridad nacional. Esto la hacía cultivar un sentimiento sordo de rencor y desconfianza hacia los políticos, por su desatención y desprecio a los problemas de la capacitación operativa institucional, mientras que una vez al año, en las Fiestas Patrias, prodigaban sus elogios a las Instituciones por "la gallardía y marcialidad" de sus desfiles en el Parque Cousiño.

En cuanto a la suboficialidad ya la conscripción, su homogeneidad social era casi completa. Su procedencia de la clase obrera y del campesinado, los conceptuaba como típicos representantes del pueblo asalariado, sin que se advirtieran en ellos capas generacionales consustanciadas con las influencias de la evolución política.

El suboficial cultivaba con sabiduría criolla una tradición de absoluta apoliticidad. Su mundo eran su cuartel y su modesto hogar. Sus afanes diarios eran el cumplimiento de sus deberes militares y el sustento y educación de su familia. Sus diversiones se reducían al deporte y a los actos de camaradería. Sus ambiciones consistían en tener la casa propia y en dar la mejor educación a sus hijos. Todo sacrificio era compensado con creces si los hijos lograban seguir una carrera universitaria o si alguno de ellos se graduaba de oficial.

El suboficial era, pues, un típico hombre de nuestro pueblo, para el que la disciplina militar constituía un elemento de orden, de rígida sujeción a la jerarquía impuesta por su carrera y cuya meta ambicionada era alcanzar el grado de suboficial mayor. Cultivaba con orgullo las virtudes militares, que se empeñaba con porfía en inculcar a los jóvenes conscriptos. Cumplía, sin discriminación, las órdenes de sus oficiales con celosa sujeción a la cadena de mando. Si estas órdenes rebasaban el marco de la legitimidad, se sujetaba al principio de que quien las impartía era el que debía responder de ellas. Pero hasta las generaciones más antiguas de suboficiales con 30 años de servicio o poco más— no habían tenido oportunidad de evidenciar que sus oficiales los indujeran a una aventura en que se infringiera el Juramento a la Bandera. Sólo muy contados suboficiales mayores del año 68 guardaban el recuerdo del abortado "ariostazo" de 1939, durante el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda, o del "complot de las patitas de chancho" durante el de González Videla.

Las actividades políticas desarrolladas por algunos jefes militares durante la Vicepresidencia de Duhalde (el Ministerio del "Tercer Frente") y en la Presidencia de Ibáñez (los movimientos "P.U.M.A." y de la "Línea Recta"), no llegaron a involucrar a sectores de la suboficialidad.

La participación de unidades del Ejército en situaciones de represión violenta —como las ocurridas en la Plaza Bulnes en 1946; en Santiago, el 2 de abril de 1957, en la población José María Caro, en diciembre de 1962, y en El Salvador, en 1966— no tuvieron motivaciones políticas por parte de los ejecutores, sino el simple imperativo del cumplimiento de instrucciones superiores para el restablecimiento del orden público.

En cuanto a la conscripción, razones fundamentales presupuestarias la limitaron, hasta 1968, a contingentes muy reducidos que comprendían un tercio a un quinto de la base de conscripción anual. Por ello es que —con la excepción de los limitados y periódicos cursos de estudiantes— casi el 100% de los conscriptos llamados anualmente a las filas del Ejército eran hijos de obreros y campesinos, aún no inscritos en los Registros Electorales. Debido a esto, para el conscripto, el cuartel constituía una "escuela de civismo", donde aparte de interiorizarse superficialmente en el manejo de las armas en funciones específicas, adquiría hábitos de higiene personal y de conducta social que contribuían a diseñar su personalidad juvenil, al margen de cualquier inclinación política que íntima e individualmente le animara.

El ligero esbozo precedente de las características epistemológicas del Ejército, podría, por analogía, aplicarse a la Armada y la Fuerza Aérea, aunque no intento generalizar un esquema sociológico del sistema militar chileno pretendiendo afirmar que las dimensiones generacionales de estas dos ramas de la Defensa Nacional fueran similares a las del Ejército. Obviamente, por la naturaleza de su misión y su mayor aislamiento de la comunidad cívica, tanto en la Armada como en la Fuerza Aérea la idiosincrasia de sus niveles jerárquicos -como oficialidad y suboficialidad— era influida por el medio en que desenvolvían su labor profesional.

Sin embargo, la conclusión general que cabe deducir de los comentarios anteriores, es que en 1968 las Fuerzas Armadas, como tales, representaban los intereses y las contradicciones de la mediana burguesía. Esto por cuanto su estructura disciplinaria las sometía a la acción de mando de una élite formada por la oficialidad cuantitativamente minoritaria, pero investida de todas las atribuciones legales y reglamentarias para organizar, enseñar y emplear el instrumento coercitivo de acuerdo con las concepciones ideológicas de dicha élite, aun cuando la mayoría de sus miembros fueran de la más pura extracción popular.

2. La crisis de la burguesía dominante repercute en las FF.AA.

El primer síntoma de descomposición de la disciplina

En 1968, las contradicciones internas de la burguesía dominante en Chile entraron en crisis y la sorda pugna entre la alta burguesía económica-monopolista y la mediana burguesía política-burocrática, provocó, también, graves repercusiones en el Ejército.

El episodio de mayo de 1968 (la renuncia colectiva de los alumnos de la Academia de Guerra, por razones de "frustración profesional") fue el primer sacudón disciplinario de gravedad producido desde 1939. Los actores de esta campanada de alarma pertenecían a la capa generacional de la oficialidad media, de las promociones del período de la "guerra fría" (1949-1957), de formación militar clásica, de mentalidad anticomunista y con una mayor afinidad clasista con el sector burgués burocrático.

Aparentemente resultó contradictorio que esta reacción de indisciplina militar amagara las posiciones del Gobierno de Frei, que representaba justamente a dicha fracción burguesa. Sin embargo, la actitud de este sector de la oficialidad militar no constituyó en sí una amenaza golpista, sino una expresión de disconformidad con la política militar sustentada por un gobierno. A éste se le quería hacer ver que estaba llegando al límite de tolerancia en el no resguardo de los intereses castrenses del sector de la sociedad que detentaba el poder. Tal vez muchos de los propios oficiales protagonistas de este quiebre del profesionalismo militar, podrían argüir que esta interpretación mía, de crisis interna burguesa, sea hoy rebuscada y que sus motivaciones fueron de hecho, exclusivamente de repudio a los políticos en general, por su desaprensión frente a los intereses de la Defensa Nacional. Una encuesta individual posiblemente les daría la razón. Pero si analizan lo ocurrido como un fenómeno militar inmerso en la realidad social de Chile de fines del decenio, no podrían desenraizarlo como un fruto sin orujo político.

Se frustra el primer intento golpista

En octubre de 1969, se produjo el "acuartelamiento" del "Tacna", encabezado por el General (R) Roberto Viaux. En este segundo grave quebranto del profesionalismo militar, los protagonistas mayoritarios fueron oficiales jóvenes de la capa generacional del período de la "convivencia pacífica". Ellos estaban educados en la concepción antisubversiva y de formación militar diversificada, con conciencia del poder del mando descentralizado subalterno. Sus motivaciones públicas fueron tanto la "frustración profesional" como la "desmedrada situación económica del personal". Ambas eran ciertas, si se considera al Ejército como un "compartimento estanco" de la sociedad. Pero en este caso, la causa profunda era —aún con mayor propiedad— la gravedad de la crisis entre los grandes sectores de la burguesía dominante. Es incuestionable que los anónimos instigadores de este acto de rebelión militar fueron personeros del sector de la alta burguesía, en abierta contradicción con la fracción burguesa que representaba la Democracia Cristiana.

No cabe descartar tampoco que, ante la inminencia del amotinamiento —en cuya gestación Viaux trabajó los meses previos—, algunos dirigentes de la oposición de izquierda de entonces hayan intentado "desviar las aguas a su molino".

Fracasa el contubernio golpista para impedir el acceso de Allende al poder

El tercer intento de usar a las Fuerzas Armadas como instrumento decisivo de presión política, ocurrió a raíz de la elección presidencial del 4 de septiembre de 1970.

El lector recordará los comentarios contenidos en el Capítulo III, del Título II de esta obra, caratulado "La ingrata lucha del General Schneider" y los del Título I de este "Epílogo", referidos al desarrollo de la pugnaz campaña electoral que culminó con la primera mayoría relativa para Salvador Allende.

Quienes buscaron impedir de hecho el acceso al poder de la Unidad Popular, procuraron que la intervención de las Fuerzas Armadas, antes que se formalizara la decisión del Congreso Pleno, fuera "institucionalizada" e implicara a las tres ramas de la Defensa Nacional.

El temor de que la Unidad Popular tomara el control del poder, provocó la tregua inmediata entre el bloque burgués monopolista y una fracción de la burguesía oficialista. La maniobra desesperada por presionar a los Altos Mandos para que frustraran el proceso electoral, tuvo como trágico desenlace el asesinato del General Schneider.

Fracasada la intentona golpista y consumado el proceso electoral con la Transmisión Constitucional del Mando, el 4 de noviembre de 1970, la nueva oposición comenzó a estrechar sus filas en la defensa de sus intereses comunes. Pero mientras el sector burgués progresista pretendió radicar la lucha exclusivamente en la lid política, procurando desplazar el centro del poder al Parlamento, el sector burgués económico no descartó en momento alguno el recurso militar para recuperar por la fuerza el Poder Ejecutivo, el único que no contralaba.

Por lo demás, la semilla había sido sembrada durante la etapa de "desorientación" de las FF.AA. Se trataba, ahora, de hacerla germinar, valiéndose de las experiencias recogidas en los intentos fallidos, cuyo fracaso fue, de todos modos, un paso preparatorio.

Una de las experiencias fue que no tenían eficacia los "caudillos en retiro". Había que "usarlos" hasta donde fuesen aprovechables. Pero un Pronunciamiento Militar había que "institucionalizarlo"; de otro modo no se lograría "vertebrarlo".

De modo que no servían un Viaux, ni un Labbé, ni un Canales. No sólo porque no tenían mando regular, sino porque "promoverlos" era inconveniente, ante la eventualidad de que se "arrancaran con el santo y la limosna". Había que comprometer "grupos" de mando sin relevancia política...

La segunda experiencia importante consistió en la conclusión de que no había que "consustanciar" un Pronunciamiento Militar con los intereses clasistas. No convenía golpear las puertas de los cuarteles con el nudillo burgués, porque era importante mantener la imagen de que las FF.AA. eran "el pueblo en armas", que representaban la "opinión popular" e interpretaban el "interés nacional" y los "destinos de la Patria".

La tercera experiencia radicó en que para decidir a los militares a actuar "a sangre y fuego", por sobre todo escrúpulo moral de mancharse de sangre indeleble las manos, había que colocarlos en el límite de tolerancia de sus convicciones tradicionales.

Había, entonces, que "corporizar" el fantasma del marxismo, dispuesto a imponer la "dictadura del proletariado" tras una matanza siniestra de los mandos militares. Ella permitiría destruir las FF.AA. profesionales, para dar paso al "ejército popular", cuyas unidades serían encabezadas por las grímpolas rojas con la hoz y el martillo, relegando a segunda fila el sagrado emblema tricolor.

Con estas tres macizas experiencias como leit motiv de su plan de acción, se inició —en febrero de 1972— la costosa campaña psicológica de "perturbación" de las Fuerzas Armadas y Carabineros, la cual estaba bien financiada e instrumentada, tanto desde el exterior como del interior.

3. La victoria "a lo Pirro" de la oposición

La escalada hacia el golpismo

Como estoy escribiendo este Título del "Epílogo" especialmente dedicado a mis ex-camaradas de armas, digo —en términos militares— que la primera batalla de la "campaña de perturbación" fue el "combate de encuentro" de octubre de 1972.

Las "vanguardias" opositoras fueron los industriales, los comerciantes y los profesionales, contra los trabajadores.

El "grueso" de las fuerzas fueron, por un lado el gobierno y las Fuerzas Armadas y, por otro, los partidos políticos de oposición.

La ubicación de los jefes de las FF.AA. en la barricada gubernamental ya era incómoda. Se sentían a "contrapelo" ante el "temor reverencial" que les inspiraba la postura señera de los dirigentes políticos de la oposición, defensores de los postulados democráticos, frente a la actitud de "levantisca" délos ministros y dirigentes de la U.P. que estimulaban las actitudes agresivas de los trabajadores.

Pero la oposición de nuevo calculó mal con el Paro Nacional de octubre de 1972: no logró colocar a las FF.AA. en los linderos de su "límite de tolerancia", como para que éstas se decidieran a volcar el carro constitucional por cuenta propia para que ella recogiera los frutos anhelados.

No importaba tanto, todavía. Quedaba la posibilidad de estirar la cuerda hasta las elecciones de marzo de 1973, que podían permitirle la oportunidad de prescindir de la subordinación a los militares, mal menor que, si se podía evitar, mejor.

Cuando el resultado electoral de marzo de 1973 anuló toda perspectiva de contar con los dos tercios de mayoría parlamentaria, la burguesía golpista resolvió empujar, a cualquier costo, el Golpe Militar.

A esta altura del proceso chileno, en las esferas militares predominaban tensas vacilaciones y temerosas inseguridades. Ellas eran fruto de su superficial experiencia política y de su gran sensibilidad ante el peligro marxista, que insuflaban hábilmente los exégetas del capitalismo y del imperialismo.

Sigo convencido de que el cruento Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, pudo evitarse si la Unidad Popular hubiera comprendido, en junio de ese año, que la continuidad de un novedoso proceso político constitucional —gravemente erosionado en lo económico por la conjunción de factores adversos, internos e internacionales— dependía de la flexibilidad estratégica y táctica indispensable para aceptar una "tregua política" que implicaba concesiones y aun retrocesos programáticos, consecuentes con la realidad chilena.

Pero no cabía perder de vista que el oleaje económico-financiero ya no permitía mantener la cabeza fuera del agua, sin un salvavidas político.

Me consta que el Presidente Allende tuvo la clarividencia de entender la realidad que vivía. No sé si le faltó la voluntad necesaria para imponer sus personales convicciones dentro de la combinación de gobierno. Esto tendrán que aclararlo los líderes populares de entonces.

Lo que me consta es que cuando se apreció que Allende estaba por ceder, en la oposición se confabularon las fuerzas reaccionarias para neutralizar a aquéllos que, honestamente, quisieron transar con el Presidente.

Después de esta fase de intransigencia de ambas partes, sólo faltaba superar la última dificultad de "institucionalización" del golpismo: la eliminación del Alto Mando constitucionalista del Ejército y la Armada. En la F.A.CH., el problema consistió simplemente en definirse entre generales proclives a la intervención militar.

Los generales golpistas del Ejército y los almirantes golpistas de la Armada, lograron su propósito con distintos métodos. Más sutileza, pero mayor felonía fue la utilizada en el Ejército; más bellaquería, pero mayor limpieza se usó en la Armada.

La conquista del objetivo

Y el martes 11 de septiembre de 1973, por fin la alta burguesía chilena logró satisfacer su ambición de derrocar al Gobierno Constitucional de Chile, usando a las FF.AA. como instrumento de destrucción fratricida, las que —desde esas trágicas horas— pasaron a convertirse en guardia pretoriana de la oligarquía.

Y se instauró la dictadura militar, inspirada en la noble misión que como hombres de armas, les dispone la Ley, la que no sólo es preservar fundamentalmente la soberanía de la nación, cuando ésta se ve amenazada interna o externamente, sino en velar por mantener el orden interno y la seguridad física y moral de todos los conciudadanos, según expresara al país el General Pinochet, el 11 de octubre de 1973.

En esta misma oportunidad, el mencionado general añadió: La gesta del 11 de septiembre incorporó a Chile en la heroica lucha contra la dictadura marxista de los pueblos amantes de su libertad (...).

Los siniestros planes para realizar una masacre en masa de un pueblo que no aceptaba sus ideas, se habían preparado en forma subterránea. Países extranjeros enviaron armas y mercenarios del odio para combatirnos; sin embargo, la mano de Dios se hizo presente para salvarnos, a pocos días antes de consumarse tan horrendo crimen. Hoy sabemos qué habría ocurrido, ya que documentos encontrados así lo indican: el marxismo internacional hubiera desatado la guerra civil, en cumplimiento de sus siniestros planes y la vida de más de un millón de chilenos se habría segado a sangre y fuego (...).

Hemos declarado que para este gobierno no hay vencedores ni vencidos, porque entendemos a Chile como unidad de destino. La auténtica noción de Patria obliga a cada generación a ser fiel con los valores históricos que han heredado de sus antepasados y han dado forma a la nacionalidad. Ello obliga a sentirnos entre todos los compatriotas como hermanos, comprometidos en un mismo barco, cuyo arribo a puerto o cuyo naufragio depende de todos y alcanzará finalmente a todos. Por tanto, proclamamos la unidad nacional como la aspiración más preciada y sólida para la recuperación de Chile.

Por la misma razón, rechazamos categóricamente la concepción marxista del hombre y de la sociedad, porque ella niega los valores más entrañables del alma nacional y pretende dividir a los chilenos en una lucha deliberada entre clases aparentemente antagónicas, para terminar implantando un sistema totalitario y opresor, donde se niegue los más caros atributos del hombre, como ser racional y libre (...).

Con dichos fundamentos, con tal declaración de principios y con la exaltación de los valores morales expuestos, la Junta Militar de Gobierno implantó un régimen totalitario —bajo la vigencia del Estado de Guerra Interno— que desarticuló todos los mecanismos de la representatividad y ha causado miles de muertos, miles de torturados y vejados, miles de cesantes, miles de exiliados, miles de seres que han perdido su dignidad, miles de desesperados que lloran la desaparición de sus seres queridos y miles de desamparados a quienes acosa el hambre, la miseria y la delación.

¿Están cumpliendo las FF.AA. —en tales condiciones— la misión que el Estado les asigna "como fuerzas vigilantes de su seguridad interna y custodia de los más altos valores morales, intelectuales, sociales, políticos y económicos", como lo afirma el mismo general, en la iniciación de su citado discurso?,

4. Los esotéricos "fundamentos" morales y jurídicos del Pronunciamiento Militar

Los fundamentos de la vida del soldado son el "honor"y el "espíritu"

Las viejas Ordenanzas Militares de Carlos III contenían una breve sentencia, que es el fundamento de la vida de un soldado: "El oficial cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio".

El sentimiento del "honor" infunde al soldado la fuerza espiritual para cumplir con dignidad y nobleza sus deberes para con la sociedad que integra.

El "espíritu" es el ánimo de obrar siempre bien respecto del prójimo, actuando verazmente, con altruismo y lealtad.

El honor y el espíritu son los fundamentos de la disciplina militar, que es el sometimiento consciente y voluntario a las normas de jerarquía de una Institución, cuya esencia funcional es el mando y la obediencia.

Es más importante para el resguardo de las esencias de la Patria que el soldado cumpla permanentemente su deber con lealtad y honor, que realizar con valor un acto heroico determinado, en un momento de peligro. Porque la probidad permanente de su conducta es lo que contribuye a garantizar el funcionamiento de la institucionalidad y el buen ensamble de la estructura social.

De aquí que la sujeción inquebrantable de las FF.AA. a las normas a que debe fidelidad, es la que inspira el respeto y la confianza del pueblo por ellas. Porque es la comunidad organizada la que las provee de las armas, en la confianza de que éstas son para garantizar la independencia nacional y defender la vigencia del sistema institucional y, en ningún caso para que amaguen con ellas los designios de la voluntad popular.

Esta filosofía es la que inspira los dictados constitucionales que fijan a la fuerza pública "sus deberes" y no "su rol", y la colocan bajo la dependencia de la autoridad del gobierno constituido, como legítimo representante de la voluntad del pueblo, conforme a los mecanismos vigentes en un Estado soberano.

Por ello es que el artículo 22 de la fenecida Constitución Política de Chile, fijaba a las FF.AA., así como a Carabineros -en su papel de "fuerza pública"— su deber de ser profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes", lo que les imponía que no debían ser "enemigas" del gobierno, sino el instrumento de fuerza a su servicio. Debían estar "al lado", y no "frente" a él.

Al respecto, el Comandante en Jefe del Ejército argentino —una vez restaurado el régimen constitucional en su país, después de la experiencia de un largo interregno de gobierno militar— ha dicho al pueblo de su Patria:

El Ejército debe accionar respetando el normal funcionamiento de las instituciones de la República, con lo que asegura el fiel cumplimiento de la voluntad popular.

Se ubica en el marco de un estricto respeto al poder político.

El triunfo del Ejército es permitir el retorno del pueblo a la conducción de su destino.

El compromiso del Ejército es erguirse en garantía de la continuidad del proceso constitucional; avalar el desarrollo normal y legal de las instituciones del país, sin salidas abruptas y esporádicas que siempre han demostrado su inutilidad y han significado costosos retrocesos para el país, y han mellado el prestigio de la Institución Militar.

El Ejército, cuando asume el papel de defensor de la constitucionalidad, asume simultáneamente el de garante de los anhelos populares.

La cruel ironía del salvaguardar "los fundamentos de la Patria "con los mismos expedientes atribuidos al extremismo de izquierda

Frente a esta concepción de la subordinación del poder militar al control civil, durante el Gobierno de Allende la oposición —dentro de su campaña de acción psicológica de "perturbación" de las FF.AA.— desenterró la tesis del tratadista Pedro Ortiz Muñoz en su Curso Breve de Derecho Penal (1945). Allí, éste sostiene que si los gobernantes llegan a tal grado de descomposición que produzca el caos interno o un grave peligro para la soberanía del Estado, las fuerzas integrantes del Derecho victimado, tienen algo más que la simple facultad de intervenir; tienen la obligación de actuar en defensa del régimen democrático. Barridos los mercaderes del templo y con el restablecimiento inmediato de la Constitución y las leyes, deberá procederse sin demora alguna a colocar al Soberano (el pueblo) en situación de elegir de inmediato sus nuevos mandatarios, "El Mercurio", 25 de junio de 1973).

Ortiz Muñoz se estaba refiriendo a lo que él denominó el "caso más delicado": aquél en que el Derecho es vulnerado sin que se dé ocasión a ningún pronunciamiento ni positivo ni negativo de las Fuerzas Armadas. Aquél en que no medien órdenes ni válidas ni nulas, porque los acontecimientos se desarrollan en formas físicamente pacíficas.

Es curioso que el General Pinochet —en su discurso del 11 de octubre de 1973— aparezca recogiendo en teoría casi textualmente la tesis de Ortiz Muñoz, al decir:

Cuando el Estado de Derecho es vulnerado sin que se dé la ocasión a ningún pronunciamiento ni positivo ni negativo de las Fuerzas Armadas y de Orden, y los acontecimientos se desarrollan bajo un aspecto físicamente pacífico, sin que se advierta la profunda descomposición moral y económica por que se atraviesa, es porque se ha llegado a un caos interno que coloca al Estado en el más grave peligro para su normal desenvolvimiento. En tal caso, será obligación de las Fuerzas Armadas y Carabineros restablecer la vida normal del país, sin que aquello signifique quebrantar los sanos principios del respeto a la Ley y a las normas que el Derecho establece (...)

En ambas apreciaciones sobre "el caso más delicado", se pretende justificar la irrupción violenta y autónoma de las FF.AA. en la política nacional interna exhibiendo un argumento esotérico que no se ajusta a la realidad vivida durante el Gobierno de Allende.

Justamente la campaña psicológica de la oposición orientó su centro de gravedad a requerir un pronunciamiento de las FF.AA., ante lo que reiteradamente calificó como vulneración del Estado de Derecho, recalcando que se atravesaba por un estado de profunda descomposición moral y económica y de grave violencia extremista para la convivencia ciudadana.

Según la opinión de Pinochet, no se habría dado ocasión de pronunciarse a las FF.AA. y de Orden Los acontecimientos se desarrollaron pacíficamente y no se advertía descomposición moral ni económica. De ello deduce que el caos interno era tal, que resultaba obligatorio para las FF.AA. y Carabineros restablecer la vida normal del país sin quebrantar el respeto a la Ley y a las normas del Derecho...

Pero, al margen de esta contradicción dialéctica, en lo práctico, si bien hay coincidencia en la calificación de "la situación más delicada" en que obligadamente las FF.AA. y Carabineros debieran intervenir en contra del gobierno, existe evidente discrepancia entre el tratadista y el general, en cuanto a cómo implementar la intervención.

Para el tratadista, "barridos los mercaderes del templo", las FF.AA. deben apresurarse a apelar al Soberano (el Pueblo) para que elija sus nuevos gobernantes.

Para el general, el derrocamiento del Gobierno de Allende significó restablecer la vida normal del país, sin que existan motivos para apresurarse a recurrir al "Soberano", porque no se ha quebrantado el respeto a la Ley y a las normas del Derecho...

Es decir que en Chile, al parecer, Allende habría renunciado cuidando, previamente, de aplicar los mecanismos constitucionales para que Pinochet fuera su legítimo sucesor y restableciera automáticamente la vida normal del país...

Pero no quiero ahondar en disquisiciones dialécticas, porque más importante es exponer a la consideración del lector antecedentes concretos, para su propia deducción, de acuerdo con lo que le dicte su conciencia, frente a una serena evaluación de la frenética contienda ideológica en que se sumió la comunidad nacional en el año y medio precedente al 11 de septiembre.

Poco después del Golpe Militar de dicho día, circuló en Chile un folleto titulado Algunos fundamentos de la intervención militar en Chile, de edición anónima, pero obviamente avalado por la Junta Militar. De otro modo, no podía ser difundido.

En dicho documento se transcriben: el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973; los acuerdos de la Corte Suprema del 30 de octubre de 1972, del 12 de abril de 1973, y del 25 de junio de 1973; un acta de la Corte Suprema de 4 de julio do 1973; la declaración oficial del 12 de septiembre de 1973 del Presidente de la Corte Suprema; el acuerdo de la Corte Suprema del 13 de septiembre de 1973; una declaración oficial del Contralor General de la República de febrero de 1972; un oficio del Contralor General de la República, del 15 de marzo de 1973, dirigido al Ministro de Economía Orlando Millas; una declaración oficial del Contralor General de la República de abril de 1973; una relación del contenido real de los 13 bultos recibidos por la Presidencia de la República e internados ilegalmente a Chile, y un oficio (incompleto) del Consejo General del Colegio de Abogados al Presidente de la República.

El oficio del Consejo General del Colegio de Abogados no puede comentarse, porque, por error de imprenta, sólo aparece publicado parcialmente.

La relación del material encontrado en el departamento 213 de la Remodelación San Borja del fusilado ex-Director de Investigaciones, Eduardo Paredes, menciona la localización de 20 pistolas ametralladoras MP-40, calibre 9 . con accesorios; 26 mm. pistolas P—38, calibre 9, con accesorios; 45 pistolas Colt. calibre 38, accesorios; 4 pistolas Star, calibre 38, con accesorios; 2 pistolas Llama, calibre 38; 19 pistolas Colt, calibre 45, con accesorios; 4 pistolas Remington, calibre 45, con accesorios; 61 revólveres Colt, calibre 38; 39 revólveres Smith & Wesson, calibre 38; una submetralladora, calibre 9 con accesorios y 7.500 mm., cartuchos del 9 y 30, 06.

Este es un buen muestreo del ánimo voluntarista del sector de la izquierda, cuyas alucinaciones les impedía ver el mundo real y pretendían provocaciones infantiles, inaplicables al esquema chileno, enturbiando el panorama de acción política que el Presidente Allende avisoraba para el peculiar proceso de transición legal a una meta socialista.

La declaración oficial de abril de 1973 del Contralor General de la República, es una protesta contra el Ministro Millas por estimar que éste se ha constituido en su censor, al impartirle directivas acerca de lo que dicho organismo "debe o no debe hacer".

El oficio del Contralor General de la República del 15 de marzo de 1973, es una respuesta al Ministro Millas en la que se refiere a los casos de las industrias requisadas, diferenciando las resoluciones de las que la Contraloría no tomó razón, de aquéllas en que lo hizo, concluye que en el primer caso no es resorte del Ejecutivo fijar la oportunidad de poner término a la requisición, competencia que en cambio le reconoce en el segundo caso.

Los cuatro acuerdos de la Corte Suprema, entre el 13 de julio de 1972 y el 25 de junio de 1973, plantean "conflictos de jurisdicción" con el Poder Ejecutivo, por desacatos a los tribunales y por no concesión del auxilio de la fuerza pública por parte de las autoridades administrativas. No es del caso incursionar en estos distintos asuntos específicos, en los que surgieron discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, por presunta invasión de facultad. Es un asunto más serio que una simple cuestión de competencia, por lo que no me considero con la versación jurídica para emitir juicios ni siquiera de carácter moral al respecto.

Salvo sí en un asunto que me concierne personalmente, por lo que creo tener derecho a defender el espíritu y la letra de lo que dispuse como Ministro del Interior.

Me refiero a los párrafos del oficio del 25 de junio de 1973, de la Corte Suprema al Presidente de la República, que dicen:

El Ministro del Interior impartió instrucciones a los cuerpos policiales por medio de una circular confidencial de que esta Corte Suprema sólo en forma indirecta ha tenido noticia.

A pesar de considerarse tales instrucciones legítimas y necesarias por el Ministro del Interior y Comandante en Jefe del Ejército que las impartió, se hizo uso para ello del sigilo de una confidencia.

Y más adelante expresa:

Es cierto que según la circular, la decisión de la autoridad administrativa significa sólo una suspensión momentánea del auxilio de la fuerza pública; pero ese lenguaje encubre, ya se sabe, lo que a menudo está sucediendo: la suspensión indefinida del cumplimiento de la resolución judicial.

Los párrafos precedentes se refieren a la Circular Confidencial Nº 3 del 19-1-1973, que, en mi carácter de Ministro del Interior, resolví dictar, sin asesoría alguna y redactándola personalmente, ante las circunstancias que se vivían en el período preelectoral.

El texto de dicha circular está transcrito en el Título III, Capítulo II, de la presente obra.

Un examen desapasionado de su breve concepción, permite deducir que tal circular no cuestiona la competencia judicial para impartir, en lo criminal, órdenes directas de desalojo a Carabineros.

Se trata, en cambio, de deslindar responsabilidades frente al conflicto en que se colocaba a Carabineros, cuando los intendentes y gobernadores —al surgir una contradicción con el deber que les imponía el Artículo 45 de la Ley de Régimen Interior — exigían a éstos no cumplirlas, mientras ellos no lo dispusieran expresamente.

Al ordenar, como Ministro del Interior, que los intendentes y gobernadores dispusieran por escrito su voluntad de suspender en cada caso la ejecución del desalojo, centraba exclusivamente en ellos la responsabilidad judicial del presunto incumplimiento de lo prescrito en el Artículo 11 del Código Orgánico de Tribunales, así como la personalización de sus consecuencias legales.

Si vencido el plazo judicial de una orden de desalojo, el intendente o gobernador no se hacía responsable por escrito de la postergación correspondiente, el Jefe de Carabineros debía proceder a su cumplimiento sin más trámite.

Como se puede apreciar, no se trataba de "dejar supeditada al arbitrio político la eficacia de las resoluciones judiciales", sino simplemente de delimitar la responsabilidad entre la autoridad administrativa y la policial, asunto de mi absoluta competencia como Ministro del Interior y que, por supuesto, debía disponerlo por una instrucción confidencial.

Me he extendido en el comentario de este caso específico, porque sirve para formarse conciencia de cómo la pasión y la parcialidad habían llegado a perturbar la serenidad e independencia de raciocinio del más alto nivel de la propia Justicia chilena.

Si con el mismo apasionamiento y parcialidad se juzgaban los demás conflictos de jurisdicción ya aludidos, los testimonios probatorios del desconocimiento de las atribuciones del Poder Judicial por parte del Ejecutivo (contenidos en los documentos de la Corte Suprema y transcritos en el folleto Algunos fundamentos de la Intervención Militar en Chile) resultan discutibles e inconsistentes.

No quiero referirme —por lo doloroso que resulta para las esencias de la democracia chilena— a la "íntima complacencia" con que el Presidente de la Corte Suprema, Urrutia Manzano, recibió el 12 de septiembre de 1973 la decisión de la dictadura militar "de respetar y hacer cumplir las decisiones del Poder Judicial", como si el Estado no fuese un todo, compartimentado en tres poderes, pero cuerpo político armónico de la nación.

Por un conflicto de forma más que de fondo entre los poderes Ejecutivo y Judicial, en abril de 1927 —al asumir el Coronel Ibáñez la Vicepresidencia de la República, por la ausencia temporal del Presidente Emiliano Figueroa— había renunciado a su cargo el Presidente de la Corte Suprema, Javier Ángel Figueroa, hermano del Presidente.

El acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, que se transcribe al comienzo del mencionado folleto, tiene el valor histórico de caracterizar el clima pasional extremo a que se había llegado en el vendaval político, que llevó a la democracia hasta el punto de no retorno.

Según los considerandos de este acuerdo de mayoría —exhibido como justificación ética de la intervención militar para deponer "al gobierno ilegítimo, inmoral y no representativo del gran sentir nacional"—, el Gobierno de Allende había "destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho", al usurpar al Congreso su principal función que es la de legislar; al arrogarse el derecho de hacer un "juicio de méritos" a los fallos judiciales; al violar los dictámenes y actuaciones de la Contraloría General de la República; al violar la igualdad ante la Ley; al atentar contra la libertad de expresión; al violar la autonomía universitaria; al reprimir con violencia el ejercicio del derecho de reunión; al atentar contra la libertad de enseñanza; al violar el derecho de propiedad; al incurrir en frecuentes detenciones ilegales; al desconocer los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales; al infringir la garantía que permite salir del país; al formar y mantener una serie de organismos sediciosos destinados a crear el mal llamado "poder popular" y al amparar la formación y desarrollo de grupos armados.

En su parte resolutiva, el acuerdo en cuestión "representa" al Presidente de la República y a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, "el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos", y señala a los ministros uniformados que "les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infrinjan la Constitución y las leyes, a fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra Patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos".

Termina el documento comentado, con la categórica afirmación de que si los ministros uniformados no hicieren lo que enfáticamente se les señala, comprometerían gravemente "el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución Política y grave deterioro de su prestigio institucional".

No es mi propósito discutir la validez o veracidad de los considerandos de este temperamental acuerdo redactado por legítimos representantes de la voluntad del electorado. Algún día otros —con la serenidad que infunde el transcurso del tiempo— se encargarán de suscribir en las páginas de la Historia de Chile si tales considerandos fueron éticos y justos. También, si obedece a la lógica de los fenómenos del Derecho instar a las Fuerzas Armadas y de Orden, apelando paradojalmente al Artículo 22 de la Constitución, para que establezcan la tiranía del poder armado. Tiranía que no considera la voz del pueblo y avasalla los organismos jurisdiccionales que la propia Constitución establece expresamente para calificar si la conducta del Poder Ejecutivo constituye un sistema permanente de violación del Estado de Derecho, o se inserta dentro de los márgenes de apreciación que los artículos 334 y 335 del Código de Justicia Militar señalan a los cuerpos armados, para que éstos representen la inconveniencia o ilegitimidad de sus actuaciones gubernativas.

Por consiguiente, no entro en el resbaladizo terreno de discutir si la extrema y creciente gravedad del momento político que vivía el país, desde mediados de 1972, justificaba o no la cruenta irrupción de las Fuerzas Armadas y Carabineros en la vida política del país, desde el punto de vista del supremo interés nacional.

Según mi personal criterio —por ingenuo que algunos lo conceptúen—, reitero que el trágico conflicto que afrontaba la comunidad chilena, debió tener una salida política que requirió de un esfuerzo supremo de cordura y abnegación patriótica, tanto del gobierno como de la oposición.

De modo que la gran responsabilidad primaria del derrumbamiento de la democracia -por "condicionada" que ésta fuese— radica fundamentalmente en el nivel de la élite política chilena, no sólo de los que protagonizaron los episodios previos al 11 de septiembre, sino también de los muchos que condicionaron el proceso evolutivo que ha vivido el país en los últimos decenios: algunos, ubicando su interés personal como norte de sus actos políticos; otros, por intentar subordinar la realidad nacional a importadas ideologías; los más, por salvar simbólicamente las apariencias, en vez de aventurarse a transitar por la ruta del bien común.

El folleto que he comentado fundamenta el recurso de la fuerza para la solución de la crisis política chilena, diciendo:

La legitimidad de origen moral y jurídica del nuevo gobierno militar, encuentra así amplia base en la doctrina clásica de las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile. Como símbolo y expresión suprema que ellas son de la nacionalidad, no les corresponde intervenir ni pronunciarse en las luchas de la política contingente. Pero cuando desbordando el campo de las pugnas ideológicas y partidistas se amenazan los fundamentos mismos de la Patria, ésta encuentra y reclama en los Institutos Armados su última salvaguardia.

La dolorosa contradicción está en que para salvaguardar "los fundamentos mismos de la Patria" ha sido necesario anular radicalmente la voluntad soberana del Pueblo, reemplazando el Derecho por la fuerza. Ha sido imperativo usurpar al Congreso la función de legislar. Ha sido inevitable arrogarse el arbitrio de imponer el Estado de Guerra Interno y hacer funcionar los "Tribunales Militares en tiempo de guerra". Ha sido preciso neutralizar a la Contraloría General de la República. Ha sido perentorio violar la igualdad ante la Ley, atentar contra la libertad de expresión, violar la autonomía universitaria, suspender el ejercicio del derecho de reunión, atentar contra la libertad de enseñanza, violar el derecho de propiedad, desconocer los derechos de los trabajadores, infringir la garantía de salir del país y amparar la formación de grupos paramilitares fascistoides. Todo esto, sin poder cerrar el grifo que vacía el torrente de sangre.

Es decir, "la salvaguardia de los fundamentos mismos de la Patria", ha hecho incurrir materialmente a la dictadura en los mismos actos que los diputados atribuían teóricamente "al gobierno ilegítimo, inmoral y no representativo del gran sentir nacional" que fuera derrocado. Pero ello en un grado superlativo, exorcizando con desesperación, más que gobernando.

A este triste rol de "salvadores de la Patria" fueron arrastradas las Fuerzas Armadas y Carabineros, al resolver que no había otra alternativa más que violar afrentosamente la misma Constitución que pretendían hacer respetar.

Pero ¿cuál es exactamente la responsabilidad de la cúpula militar golpista?

5. La responsabilidad primaria de la cúpula militar gobernante

Las premonitorias hipótesis de Joxe

El sociólogo francés Alain Joxe editó curiosamente a mediados de julio de 1970 su obra Las Fuerzas Armadas en el sistema político chileno (Ed. Universitaria, 1970). En el prólogo explica que su ensayo fue redactado más de un año antes de su publicación en Chile.

Es una obra extraordinariamente interesante, cuyo análisis rebasaría la orientación básica de los comentarios de mi trabajo. Pero me referiré a un concepto fundamental expuesto por el autor cuando afirma;

Hablar de una tradición continua de no intervención es transcribir por antífrasis —en el nivel ideológico— el hecho de que las intervenciones de las Fuerzas Armadas, después de la Guerra del Pacífico, han sido en realidad tan importantes y tan decisivas (la Marina en 1891, el Ejército en 1924), que han podido, en cada ocasión, remodelar al Estado "en forma", con una gran eficiencia, de modo que se encuentran inútiles intervenciones numerosas, y que resulta imposible la permanencia durable de las Fuerzas Armadas en el poder.

La reconstitución —en cada intervención exitosa— de un sistema en el cual la intervención permanente del Ejército, en los asuntos propiamente políticos no es necesaria, produce una ilusión óptica. Una intervención militar en Chile equivale a diez en otros países: es perfecta. La tranquilidad política de los militares chilenos proviene de la satisfacción durable que proporciona el trabajo bien hecho. Por supuesto que no se trata del mismo Ejército, ni del mismo trabajo, en 1891, que en 1924 ó 1931. La noción de tradición es relativa y se evita decir que el Ejército de Chile tiene por tradición intervenir cada treinta o cuarenta años.

Puede intentarse explicar la tradición por la historia, pero no el sistema actual por la simple tradición.

Joxe hace, pues, un "análisis histórico" en el que define la tradición de "apoliticismo de las FF.AA." como elemento de la ideología de las clases dirigentes y después entra en un análisis del "sistema actual chileno" (refiriéndose al vigente en los años 68-70), tanto dentro de la nación misma como en el ámbito americano. Señala que la no intervención activa de las FF.AA. en la política, representa "una participación latente y permanente en el juego político y no como simple abstención", para concluir enunciando tres dramáticas hipótesis principales para los primeros años de la década del 70.

En el "análisis histórico", Joxe establece que, tanto en la Guerra Civil de 1891 (en la que la Armada actuó como fracción de la oligarquía), como en la Revolución de 1924 (en la que el Ejército intervino como fracción de la clase media), la intromisión militar "lleva a cierto progreso en el camino de la democratización formal, a un acrecentamiento de la participación política real, a un aumento del cuerpo electoral (especialmente a partir del Frente Popular), así como a la mayor eficacia del sistema, acompañándose todo este conjunto de hechos —de manera no fortuita— por la aceleración en cierto tipo de inversiones extranjeras, que conducen a una expansión y a un fortalecimiento del poder económico del Estado en el interior del país, al mismo tiempo que de su dependencia del exterior".

Joxe señala como hecho sintomático el que entre 1924 y 1932, "el peligro del militarismo de izquierda suscita el acercamiento entre la oligarquía y la clase media, que se refleja en el cuerpo de oficiales", lo que posibilita la restauración de la disciplina y el retorno del poder civil. La nueva clase dominante siguió llamándose "clase media", por razones históricas (identificación tradicional con la clase media que destruyó el régimen oligárquico parlamentario), políticas (se apoyaba políticamente en la nueva clase media urbana) y económicas (creación de consumidores no productivos, apegados a mantener su nivel de consumo a costa de las privaciones de las clases medias bajas o de las clases populares, en los períodos críticos).

Afirma que en el estancamiento económico a largo plazo del Estado chileno "en forma", sus FF.AA. "no intervencionistas" desempeñaron en provecho de la nueva clase dominante, el mismo papel de los ejércitos "intervencionistas" en otros estados en descomposición.

Aunque la nueva clase media hegemónica ha controlado el aparato estatal, "no ha conseguido apoderarse realmente, en provecho propio, del control de la repartición de las rentas", porque no tiene el control del "sistema de expoliación que había instalado la oligarquía". El legalismo de esta clase media se debería a su "relación de subordinación" respecto del Estado como "portador visible de una parte libre de la renta nacional" (explicada por la juridicidad formal de las luchas políticas), y a su "relación de fetichismo" con la Institución (las FF.AA.), que "encubre su lazo de dependencia con el imperialismo", al estar la principal fuente de rentas fiscales en manos de intereses extranjeros.

Es así como el poder civil descansa "en el recuerdo periódico del posible papel" de las FF.AA., cuando se producen choques de intereses entre clases superiores y clases medias, o entre clases medias y clases bajas y "el civilismo de los militares encuentra su contrapeso en el militarismo de los civiles".

Al analizar "el sistema actual" (1968-1970) Joxe dice que el Estado constituye "el centro nervioso esencial del sistema económico y social".

Al referirse a la clase media hegemónica, excluye "el 3% que controla entre el 40% y 50% del P.N.B." (grandes empresarios nacionales y cabezas de grupos banqueros) y la define como un "tablero de ajedrez" que comprende "16 grupos de intersecciones" entre cuatro frentes principales de contradicción: asalariados-no asalariados; sector productivo-no productivo; sector nacional dominante, ligado a los grupos dominantes extranjeros, y sector de ingresos medios altos y de ingresos medios bajos.

El diagrama de Joxe permite definir el juego político de la clase hegemónica interna para dominar a las clases populares, y el del sistema hegemónico externo para ejercitar su influencia sobre el país. Concluye en que no es posible favorecer "simultáneamente" el interés de los diversos grupos, sino "alternadamente" mediante el control del Estado.

En cuanto a las FF.AA., de acuerdo a "sus intereses inmediatos de subsistencia y modernización", las ubica unitariamente dentro del frente "no productivo y asalariado". Pero estarían divididas tanto en cuanto a su nivel de ingresos (medios altos-medios bajos) como en cuanto a su interés de relación con los sectores extranjeros: interés en las compras de equipo en el extranjero para mantener el nivel profesional e interés en la elevación del nivel de rentas, para la sustentación del nivel de vida.

En síntesis, las FF.AA. aparecen, según Joxe, "tironeadas" entre las aspiraciones contradictorias de distintos grupos de clases medias.

De aquí surgiría la "descomposición de la disciplina", latente en las FF.AA. entre 1968 y 1970, frente a los dos distintos criterios que inspiran al personal de las FF.AA., especialmente a su oficialidad. Ellos son el mantenimiento del nivel profesional y el mantenimiento del nivel de vida al que, en la década del 60, se había agregado un tercero mediato: el de la preocupación social, provocado por la revolución cubana, que generó el enfoque de la seguridad interior según un criterio de "mejor distribución de la riqueza o de mayor desarrollo económico".

Estos tres criterios podrían, según Joxe, arrastrar a las FF.AA. a posiciones extremas: desde el fascismo al socialismo.

Sin embargo, Joxe estima que la descomposición de la disciplina militar en tiempo de paz no resulta explicable si no se produce "una descomposición de la alianza de clases en la sociedad civil que tiene la hegemonía del Estado", y sin tener en cuenta "la influencia del factor hegemónico externo".

Son, a su juicio, las tensiones en el seno de la clase media las que "dinamizan" a las FF.AA.

Joxe estima que el poder hegemónico chileno, en 1968-70, en ya incapaz de pasearse con "agilidad y virtuosismo" por el tablero de ajedrez de la clase media. Y que no ha querido "tocar el teclado de la política de redistribución", eligiendo, en cambio, el de la inversión asociada al capital foráneo, frente a la alternativa "de defenderse contra un deslizamiento hacia la izquierda o de tomar en sus manos la dirección del deslizamiento". Esto, como reacción ante los peligros de la baja del precio del cobre en un régimen de "economía de enclave" ante las presiones revolucionarias; ante el riesgo de la llegada al mercado del trabajo de la ola demográfica; ante la psicosis del aumento de la participación electoral y ante las presiones del capitalismo monopolístico en el mundo.

De aquí que Joxe se pregunta si en Chile se está gestando (en 1968-70) "un nuevo cambio de la clase hegemónica dependiente", que eventualmente necesitaría de un Golpe de Estado para asegurarse el poder, o bien "se prepara una ruptura con el sistema hegemónico externo (paso al socialismo) y si esta ruptura podría ocurrir sin enfrentamiento armado interno y bajo cuáles condiciones internacionales".

Ante esta última eventualidad, la intervención estructural, directa o indirecta de los EE.UU., tendría que influir en un momento dado en la marcha de los mecanismos reguladores del país. Para el efecto, el imperialismo se habría asegurado "un cierto grado de control directo sobre las FF.AA." (venta, ayuda, entrenamiento).

Aquí es donde emerge la triste condición de la "clase media consumidora improductiva", tan ligada a las clases populares. Su función tradicional de mantener la demanda interna —conforme al raciocinio de Joxe— "no resulta hoy indispensable para el desarrollo local de las fuerzas productivas nacionales", porque éstas son impulsadas "desde fuera, al formar parte de un conjunto dominado por la corporación internacional". La clase media no productiva resulta ser, así, "una fracción local del mercado de consumo mundial", no ligada ya a la "fracción local de las fuerzas productivas capitalistas mundiales".

Como Joxe ha señalado que las FF.AA. —aparte de sus intereses "inmediatos" (mantenimiento del nivel profesional y mantenimiento del nivel de vida)— tienen ahora el interés mediato de la "seguridad interna" que las impulsa a evitar la guerra civil, vaticina que, en tal caso, el énfasis de su accionar podría radicarse en su necesidad de "apoyar al sector productivo", lesionando o no los privilegios de la clase alta, o recurriendo o no al capital extranjero.

También puede ocurrirles —según estima— que el ejercicio de sus medios de presión las margine de su situación tradicional de vinculación con el destino común de los asalariados. En tal caso, su interés por el desarrollo de los sectores productivos —sea en provecho de los grupos nacionales o en favor de las inversiones extranjeras— haría recaer el peso de los sacrificios en las clases medias bajas y en el sector asalariado.

Surgen así doce políticas, agrupadas en tres tendencias previsibles para el futuro (posterior al trienio 1968-1970), a las que, implícitamente, podrían adherirse las FF.AA.:

—Las políticas corporativistas:

De redistribución nacionalista de izquierda.
De redistribución nacionalista de derecha.
De redistribución dependiente de izquierda.
De redistribución dependiente de derecha.

—Las políticas "de apaciguamiento mediante el desarrollo":

Redistribución más desarrollismo nacionalista de derecha.
Redistribución más desarrollismo dependiente de derecha.
Populismo nacionalista desarrollista.
Populismo desarrollista dependiente.

—Políticas "de desarrollo por coerción":

Cesarismo nacionalista desarrollista.
Cesarismo desarrollista dependiente.
Desarrollismo nacionalista de derecha.
Desarrollismo dependiente de derecha.

Como Joxe estima que en la sociedad chilena el sistema que en el pasado pudo ser compatible y posibilitó la alianza de la clase hegemónica con las clases medias de "redistribución de los recursos producidos por la existencia de una economía de enclave (cobre), y el desarrollo de las fuerzas productivas mediante la inversión y el apoyo en la existencia del mercado interno" ya ha entrado a la etapa de una abierta contradicción, expone tres hipótesis dramática!*, por lo premonitorio de su enunciación:

1. Que el sistema no logre superar la contradicción entre proyecto desarrollista dependiente y apoyo político en una clase improductiva nacional.

2. Que el sistema no logre superar la contradicción entre proyecto desarrollista local e interés del poder hegemónico externo, sin enfrentamiento externo o interno.

3. Que las FF.AA. acepten o propicien una solución revolucionaria del problema de la dependencia y del desarrollo, a través de la vía socialista.

La dos primeras hipótesis podrían conducir a la toma militar del poder y en la tercera "la intervención de las Fuerzas Armadas tomaría la forma de una no intervención".

Concluye el libro de Joxe con la afirmación de que la idea largo tiempo difundida de que los golpes de Estado, el militarismo y el fascismo no eran en Chile peligros reales, a nuestro juicio debe borrarse, ante la toma de conciencia en el sentido que Chile, pese a su tradición, no escapa ya al destino común de los países latinoamericanos, destino que hoy día ya no procede de alguna particular fatalidad histórica local, sino de su integración, más y más empujada hacia el sistema de relaciones capitalistas mundiales.

Las Fuerzas Armadas nacionales son el principal instrumento de consolidación de las relaciones entre los centros hegemónicos mundiales y los grupos hegemónicos locales.

El problema político de las Fuerzas Armadas nacionales es que pueden muy bien, y sin darse cuenta, estar entrenadas hacia la integración orgánica de un sistema represivo internacional, teniendo la ilusión de desempeñar un papel desarrollista nacional.

Del mismo modo, las fuerzas populares en el mundo no pueden actualmente cambiar exitosamente la sociedad, si no se enfrentan con dos relaciones de dominación: la dominación del poder hegemónico interno y la dominación del poder hegemónico externo, cuyos intereses comunes se hacen más coherentes a medida que se acrecienta la integración de la economía mundial (...).

La implantación de la política de desarrollo por coerción: responsabilidad primaria de la cúpula militar

Hasta aquí la apretada síntesis que he procurado acotar, a riesgo de entrometerme en una disquisición de planteamientos que pueden ser discutibles. Pero no he leído otro tipo de estudio extranjero que con mayor visión, profundidad y realismo, vaticine el cataclismo que asoló la Patria querida y que ningún sociólogo chileno pudo seriamente vislumbrar.

Ninguna de las tres hipótesis de Joxe —difundidas en julio de 1970— se materializó. Es como generalmente ocurre con las "hipótesis de guerra" que las Fuerzas Armadas nacionales conciben para planificar la eventualidad de un conflicto bélico. Se produjo la "variante" —no enunciada por Joxe— de la tercera hipótesis: las FF.AA. y Carabineros no aceptaron ni propiciaron una solución revolucionaria del problema de la dependencia y del desarrollo, profundamente perturbadas por la magistral campaña psicológica —alentada directa e indirectamente por los factores de los poderes hegemónicos interno y externo— contra la amenaza de "la dictadura marxista".

La "juridicidad democrática condicionada chilena" —el oasis de la paz social en el convulsionado mundo latinoamericano — fue demolida en sus cimientos mismos tras la grímpola del rechazo categórico de "la concepción marxista del hombre y de la sociedad, porque ella niega los valores más entrañables del alma nacional y pretende dividir a los chilenos en una lucha deliberada entre clases aparentemente antagónicas para terminar implantando un sistema totalitario y opresor, donde se niegue los más caros atributos del hombre como ser racional y libre...".

La cúpula militar que asumió la responsabilidad del gobierno sin otro norte que "el servir a Chile, con toda fe y patriotismo", optó —entre las doce alternativas políticas presuntas— por la "política del desarrollo por coerción", implantando un régimen dictatorial que oscila entre un "cesarismo desarrollista dependiente" y un "desarrollismo dependiente de derecha". Este sistema conculca las libertades y los derechos del hombre, descarga todo el peso de la recuperación de la asfixia económica de los sectores más necesitados y circunscribe el derecho a la educación sólo a la juventud proclive al chauvinismo.

Y esta opción es, precisamente, la responsabilidad primaria de la cúpula militar gobernante.

La verdad sobre la política militar de Allende

Será una cruel ironía del destino que, cuando se escriban serenamente las páginas de la Historia de Chile de los últimos 40 años, se esclarezca que el gobierno que en dicho lapso tuvo una concepción más nítida de la seguridad nacional y demostró con hechos el mayor interés por los problemas de la Defensa Nacional, fue, justamente, el Gobierno de Allende, derrocado por las Fuerzas Armadas y de Orden.

Podrá argumentarse que la visión y el interés por implementar una política militar fue ideológicamente interesada. Se podrá decir que Allende quiso "neutralizar" a las FF.AA. y a Carabineros o "comprarse" a estas Instituciones, para llevar adelante, sin amagos inhibitorios, su proceso de socialización.

Acepto que, desde el punto de vista de la estrategia de la Unidad Popular, se haya considerado que la renuncia al recurso de la "vía armada", como transición al socialismo, exigía "contemporizar y complacer" al "aparato armado de la burguesía". Pero lo evidente es que el único Presidente de Chile que en 40 años abrió un camino de coherencia a los intereses de la seguridad nacional fue Salvador Allende. Comenzó por exigir de los partidos de la U.P. que se respetara su carácter de "Generalísimo de las FF.AA.", negándoles a ellos toda ingerencia en la vida profesional de los Institutos Armados. Prosiguió depositando su confianza en los Comandantes en Jefe, a quienes dio amplia libertad de acción en los problemas (que preocupan a los presidentes) de designación de mandos, llamados a retiro y prebendas en el extranjero. Pero, más allá de lo doméstico, compartió e hizo suya la nueva concepción de "soberanía geoeconómica" que le propusieron las FF.AA. No radica ahí el rol de ellas en la tradicional y estática lucha fronteriza, sino que las hace contribuir en las tareas del desarrollo económico-social que tengan incidencia en la seguridad nacional. Y, más allá de lo conceptual, impulsó, con personal entusiasmo, los planes de aumento de planta, expansión de la infraestructura y adquisiciones en el exterior que propusimos los Comandantes en Jefe ante el Consejo Superior de Seguridad Nacional, así como diversos asuntos de desarrollo tecnológico, sin descuidar el mejoramiento del nivel de vida de los cuadros institucionales mediante arreglos del sistema de remuneraciones y del impulso asistencial, especialmente en cuanto a disponibilidad de viviendas para los distintos niveles jerárquicos.

Los más obcecados podrán acotar que diversos planes de estímulo no lograron concretarse. También eso es cierto, porque el flagelo inflacionario, a partir de mediados de 1972, tornó en irrealizables algunos proyectos estudiados sin tal presunción.

Sin embargo, lo realmente importante fue comprobar una decidida intención de lograr un despegue de las FF.AA. en su capacidad operativa.

Varios integrantes de la actual cúpula militar gobernante participaron con sus ideas y compartieron responsabilidades ejecutivas con personeros del Gobierno de Allende y no tendrían argumentos para desmentir o rectificar las afirmaciones precedentes.

6. Génesis oficializada y hado de la dictadura militar

Una ínfima minoría prepara el operativo del golpe o "Plan Alborada "

Después de lo que el lector ha leído, especialmente en el Título Tercero de este Testimonio... y que refleja fielmente la cronología de mis reflexiones en la dura e ingrata lucha sostenida desde la Comandancia en Jefe del Ejército, podrá comprenderse la dolorosa sorpresa con que me he impuesto de las declaraciones públicas del General Pinochet en su entrevista con "Ercilla" difundida el 19 de marzo de 1974 y en su discurso ante los rotarios de Santiago el 7 de agosto del mismo año.

En la primera, revela que el 13 de abril de 1972 había llegado a la conclusión de que "la materialización del conflicto insuperable entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, será sin solución constitucional". Luego agrega: Vino el 29 de junio, el "tancazo", y como yo digo siempre, ahí estuvo la mano de Dios, aunque hay ateos que no creen. Dios me ayudó, me amplió la visión y el día 4 de julio cambié mi planificación.

En el discurso ante los rotarios, dijo:

Para ser más exacto y aprovechando que está aquí el General Benavides, el día 20 de marzo de 1973 firmó un documento que le mandé, en el que estaban estudiadas las posibilidades políticas por las que atravesaba el país y llegamos a la conclusión en forma muy clara que ya era imposible una solución de carácter constitucional. El Ejército planificó en ese momento la forma de actuar. Se mantuvo en secreto y, a Dios gracias, fue muy bien guardado, porque de otra forma hace rato que ya no estaríamos mirando la luz del sol.

Fuimos ocho oficiales los que planificamos o que recibimos órdenes para llevarlo a cabo.

El General Pinochet era entonces mi Jefe de Estado Mayor, y el 13 de abril de 1972 yo me encontraba en el pleno ejercicio de mis funciones de Comandante en Jefe.

El 20 de marzo de 1973, yo me desempeñaba todavía como Ministro del Interior y tenía delegadas mis funciones de Comandante en Jefe en el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General Pinochet, en carácter de "subrogante".

Sugiero que se revise la narración de las preocupaciones que me absorbían en ambas fechas.

El General Pinochet, como Jefe del Estado Mayor General del Ejército, contaba con mi más absoluta confianza. En los muchos momentos de extrema gravedad que me correspondió vivir y hasta el momento de mi retiro, él escuchó mis confidencias cuando examinaba la situación que se vivía y sus sombrías expectativas. Porque el hombre que tiene que dominar sus emociones, necesita el contacto espiritual con aquellas personas más próximas a sus responsabilidades, en quienes confía plenamente.

Hasta el momento en que —por mi sugerencia— el Presidente Allende designó Comandante en Jefe del Ejército al General Pinochet, cuando presenté mi expediente de retiro, creía honestamente que dicho general compartía con sinceridad mi acendrada convicción de que la caótica situación chilena debía resolverse políticamente, sin Golpe Militar, ya que esto sería su peor solución.

Un hombre puede experimentar escrúpulos de conciencia ante la comisión de actos aviesos, pero no ante sus errores de ingenuidad.

Si se va al fondo de ambas confesiones del General Pinochet, él se coludió para resolver por la fuerza un "conflicto de jurisdicción" entre dos poderes del Estado, al que no se veía salida constitucional.

Después de esta pública ratificación de propósitos, no puede esperarse que el ciudadano común siga creyendo en un "Plan Zeta" o en una "operación militar preventiva contra la inminencia de entronización de la dictadura marxista".

Al año de vigencia de una dictadura militar en Chile, los periódicos norteamericanos "The New York Times" y "The Washington Post", denuncian ante la opinión mundial la intervención de la C.I.A., desde el año 1964 hasta 1973, para impedir primero el acceso de Allende al poder y luego para derrocarlo, con la anuencia del "Comité de los 40", grupo integrado por elevados personajes dependientes del "Consejo de Seguridad Nacional" de los EE.UU.

No es el objetivo de este Testimonio... desmenuzar una intervención foránea en la política interna de Chile que con millones de dólares sobornó a políticos, financió la prensa opositora y subvencionó conflictos patronales, porque como chileno siento vergüenza ante todo acto de impudicia moral en el que aparezca un compatriota estirando la mano para recibir el oro de Washington o de Moscú. Pero que sirva lo ocurrido para que mis ex-camaradas de armas aprendan la lección del siniestro juego de la baja política, en la que imperan la malicia, la carencia de escrúpulos y el histrionismo, por sobre los principios del servicio a la comunidad y la explotación de la buena fe cívica en beneficio partidista y personal.

La farsa de un poder dictatorial

La niebla se extendió sobre el campamento y la bestia, que dormita en lo íntimo del ser humano civilizado, despertó súbitamente con frenética avidez de víctimas, ante las incitaciones interesadas, voceadas desde la sombra por los instigadores de siempre.

El "asilo contra la opresión" se transformó, entonces, por la magia de Circe, en el tinglado de la dictadura.

Toda dictadura es oprobiosa y deprimente, porque representa a una minoría entronizada por la fuerza en el poder.

Todo régimen dictatorial, para mantener su inestable equilibrio, debe recurrir a métodos de barbarie que angustian al espíritu ciudadano y repugnan a las conciencias limpias.

La arbitrariedad y la concupiscencia son los frutos más chocantes y habituales de un sistema caracterizado por la impunidad de los ejecutores de una política de represión, inmersa en un estado creciente de relajación moral.

La ilusión de que una dictadura es un gobierno fuerte, encubre falazmente la dramática debilidad de un gobierno sin representatividad, cuya autoridad depende de la multiplicidad de concesiones favoritistas con que satisfaga las ambiciones y apetitos de sus propios sostenedores.

El poder dictatorial es una farsa en que el propio dictador resulta un prisionero angustiado y alienado de una camarilla sin escrúpulos y prepotente, circundado, además, por el infaltable anillo de venales y aduladores que profita en su propio beneficio.

Inexorablemente, la dictadura incita el juego de las ambiciones entre los bandos o círculos que, con el transcurrir del tiempo, se van conformando entre quienes quieren imponer sus personales criterios caudillistas y la intriga se constituye en el principal expediente de la lucha interna por el poder. La sorda disputa por la supremacía provoca sucesivos desplazamientos cesaristas, o bien, el vacío de apoyo popular crea una orfandad de sustentación ideológica que conduce, inexorablemente, al retorno a la expresión soberana de la voluntad del pueblo aherrojado.

En los 163 años de vida política independiente de nuestro país —sin contar los azarosos avatares de la anarquía preportaliana y al margen del breve y doloroso episodio de 1891— hemos vivido, como única experiencia semidictatorial, la del primer Gobierno del General Ibáñez y el efímero período de anarquía del año 1932.

Cuarenta años después, las Fuerzas Armadas y Carabineros emergen, implantando en Chile una dictadura militar que se distingue por el privilegio de concitar el repudio mundial. Nuestro pequeño y lejano país suscita la preocupación de "moros y cristianos", ante la increíble realidad de la vigencia contumaz del "Estado de Guerra Interno" con todas sus trágicas secuelas que mi conciencia se resiste a especificar, porque sería como poner el dedo en la llaga que agobia a un ser querido.

Pero me parece importante esclarecer que no es justo hablar de "las Fuerzas Armadas y Carabineros" como las Instituciones responsables de la conculcación de los derechos humanos en una nación civilizada.

No fueron las Fuerzas Armadas ni Carabineros las que infringieron el mandato constitucional de sometimiento al poder civil. No fue la mayoría de sus oficiales y suboficiales, ni menos sus conscriptos, la que abjuró del compromiso solemne que contrajo con su Patria al recibir su investidura de uniformado.

Su indeliberante encuadramiento en la verticalidad del mando y el aciago 11 de septiembre de 1973, merecen el mayor de los respetos, porque resulta inconcebible suponer el surgimiento de autonomías de mando en Instituciones tradicionalmente sujetas a rígidos moldes disciplinarios.

De aquí que yo me haya referido a la responsabilidad de la cúpula militar, que no sólo ordenó rebelarse contra el régimen constitucional, sino que impuso la política retrógrada del "desarrollismo por coerción", una vez asentada en el poder.

Y que no se diga que la cúpula militar "interpretaba" el sentir de todos los niveles jerárquicos institucionales. Es cierto que en la oficialidad media y joven bullían los síntomas de descomposición de la disciplina, enervada por su carencia de ductilidad o cultura política, que la hizo fácil presa de la "campaña de la infamia" desatada por los elementos más reaccionarios del país y bien ejecutada por los cipayos de éstos en el periodismo.

Pero también es cierto que la "cúpula militar golpista" no quiso premeditadamente desarrollar ningún esfuerzo por contener o canalizar la presión de la oficialidad febrilmente perturbada por la obsesión del "peligro marxista".

Me consta absolutamente, porque todo cuanto pregoné sobre lo vital que era para la comunidad nacional y para la supervivencia del Ejército profesional no dejarse arrastrar al golpe, era silenciado o deformado por los comprometidos en la fatal aventura.

Y también es cierto que la casi totalidad de la suboficialidad se mantenía en su sabia y criolla línea de marginación política, hasta que se les ordenó emplear sus armas contra sus propios amigos, familiares o vecinos. Lo hicieron con estoica decisión, cumpliendo órdenes de sus superiores, sin cuestionar el "por qué" de una lucha fratricida, y han debido permanecer en la primera línea de combate, soportando sacrificios físicos, tormentos psíquicos y angustias morales. Todo esto, porque a la dictadura le es prácticamente imposible dar vigilancia doméstica a cada suboficial, si se consideran los múltiples entorpecimientos cotidianos que se tienen para asegurar turnos de protección personal y familiar a cada oficial.

7. Las FF.AA. y Carabineros en la nueva "democracia avanzada chilena"

Recuperación del prestigio y eficiencia profesional

Cuando se instaure en Chile la nueva "democracia avanzada", a que nos referimos en el Título II del presente "Epílogo", uno de los más importantes problemas institucionales que surgirán será el de la recuperación del prestigio y de la eficiencia profesional de las FF.AA. y Carabineros.

El prestigio de los cuerpos armados estará gravemente deteriorado por un masivo sentimiento de odiosidad y desprecio que despertará el recuerdo de las atrocidades y arbitrariedades en que incurrieron las tropas durante la etapa represiva. El odio cerval, en muchos casos, incitará a actos de venganza y vejámenes constantes a los miembros de las distintas Instituciones.

En tal sentido, lo ocurrido en el período de anarquía de 1932 y de restauración de la democracia —que me tocó vivir personalmente como alumno de la Escuela Militar— será un pálido reflejo de la situación previsible, cuando ocurra el nuevo retorno a la civilidad.

Será necesario que todos los niveles responsables de la conducción política y militar desplieguen un esfuerzo supremo para serenar los espíritus de los ciudadanos e inducirlos a deponer las pasiones, en aras de las paz social y de la armónica convivencia cívica. En esta cruzada de conciliación, no será menor la responsabilidad y tarea de los políticos de oposición, que la de las nuevas autoridades de gobierno. No será inferior la de los jefes militares en retiro, a la de las nuevas autoridades militares.

Sería de extrema gravedad fomentar la desmoralización de los miembros de las FF.AA. y Carabineros, estimulando represalias y el menosprecio cívico contra los uniformados, porque se frustraría la conformación de nuevas generaciones de oficiales y suboficiales animadas por el indispensable fervor de la vocación profesional y de la divisa esencial del servicio a la Patria.

No se conciliaría con el sentido de justicia (que deberá ser la esencia de la nueva "democracia avanzada") hacer recaer el peso de la responsabilidad de una minoría de la jerarquía militar, que destruyó la irrestaurable "democracia condicional", en los niveles jerárquicos que debieron cumplir órdenes superiores.

Más difícil aún es la solución del problema de recuperar la eficiencia profesional de los Institutos Armados, que no debe confundirse con el espíritu combativo. Si bien pudiera estimarse que la participación prolongada de fracciones armadas en una situación de mantención del orden interno mediante la exacerbación de los procedimientos represivos —aunque éstos repugnen a la conciencia humana especialmente si se ejercitan en contra de compatriotas- pudo vigorizar y endurecer el espíritu de combate del soldado, marino, aviador y carabinero, aquel tipo de empleo de los efectivos militares es científicamente negativo para el mantenimiento de la capacitación operativa permanente que requieren en particular las FF.AA., para cumplir su rol esencial en la defensa de la soberanía nacional.

La eficiencia profesional requiere de una escuela sistematizada y en permanente renovación. Necesita de formación estratégica, operativa y táctica, que exige una absorta dedicación al estudio y aplicación de complejas materias técnico-profesionales por parte de los distintos niveles jerárquicos. Ello impone una total marginación de las Instituciones Armadas de las contingencias internas de la vida del país y, fundamentalmente, no admite improvisaciones.

Debe considerarse que la total y prolongada dedicación de las Fuerzas Armadas a tareas policiales, provocará un vacío intelectual irrecuperable en la preparación para el mando superior de los actuales niveles jerárquicos medio y subalterno de la oficialidad y suboficialidad. Su repercusión para los fines de la Defensa Nacional se hará sentir por lo menos durante los tres decenios siguientes al retorno a la profesionalización de los cuerpos armados, aparte de todas las implicancias anímicas del impacto generacional en las actuales promociones más jóvenes de la carrera y en los adolescentes en aptitud de postular al ingreso a las FF.AA.

La tarea de reducir al mínimo los efectos de la dañina solución de continuidad en la racionalización de la carrera militar, constituirá una prueba de fuego para el Alto Mando futuro.

Mucho podría comentarse sobre este delicado tema, pero su naturaleza —implícita en los secretos de la seguridad nacional— me impiden extenderme en consideraciones más específicas, las que mis ex-camaradas de armas saben dimensionar en todas sus sutiles proyecciones.

Precisamente la complejidad de la formación profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente de su cuerpo de oficiales, es el factor determinante para enclaustrar a los Institutos Militares dentro de una "torre de marfil" de la comunidad nacional, que los aísle de las tensiones político-sociales del vivir cotidiano del país, y los sustraiga del fragor de los choques de intereses sectoriales inevitables en una sociedad organizada y dinámica.

La nueva subordinación del sector militar al poder civil

Si concebimos la esperanza de que "más temprano que tarde" emerja en Chile un gobierno auténticamente representativo de la voluntad realmente mayoritaria del pueblo, de acuerdo con los lineamientos esbozados en el título anterior de este "Epílogo", es preciso referirse, también, en líneas muy generales al nuevo rol que cabe asignar a las Fuerzas Armadas y Carabineros en la concepción de una "democracia avanzada".

Desde luego, no se concibe la existencia, dentro de un Estado moderno, de una fuerza pública que no sea esencialmente profesional. Lo contrario es imaginar una fuerza paramilitar como guardia pretoriana del gobierno de turno, destinada a sostenerlo en el poder, con prescindencia de los intereses permanentes de la seguridad de la nación como cuerpo social.

Sin embargo, la posición "profesionalista" no debe entenderse como total indiferencia política, lo que significaría la ausencia de una meta nacional.

En tal sentido, el profesionalismo militar debe identificarse con la prescindencia propiamente partidista.

Sin embargo, el personal de las FF.AA. constituye un sector vivo de la sociedad y, como tal, no puede calificársele de un "instrumento de fuerza neutro", al servicio del gobierno que "ocasionalmente" asuma al poder.

De aquí la filosofía de la "democracia avanzada", que requiere de mecanismos de generación del poder que ofrezcan a la comunidad nacional la garantía cierta de que el gobierno, elegido libremente, sea genuinamente representativo de la Mayoría —con mayúscula— Nacional.

En tales términos, la premisa esencial para la vigencia del Estado de Derecho, consiste en que cada Institución sea utilizada en su marco funcional apropiado y específico.

Así como el Ejecutivo "administra" el Estado, el Legislativo genera las leyes de interés general y el Judicial aplica los códigos de Justicia, así también como fuerza pública las FF.AA. y Carabineros tienen sendos roles específicos que se yuxtaponen en vez de superponerse, sujetos al control inescapable del poder civil representativo de tal mayoría nacional.

La sujeción de la fuerza pública al poder civil, excluye perentoriamente los sofismas de la presunta "autonomía" del órgano de fuerza respecto de los poderes constitucionales del Estado, para constituirse en el "supercontralor del interés nacional y de los altos destinos de la Patria", sustituyendo la voluntad soberana del pueblo.

No entender así el rol institucional de las Fuerzas Armadas y Carabineros, es negar la esencia misma de la democracia, en la que se "delega" el quehacer nacional en autoridades representativas, pero no se "usurpa" su razón de ser por la decisión emocional de caudillos del poder armado.

Tampoco debe pensarse en que la destrucción del "mito de la autonomía" exige la simplista solución de designar, para el mando de las Instituciones, a autoridades militares o policiales incondicionales o políticamente comprometidas con la tendencia partidista hegemónica.

Se requiere de una nueva concepción estructural de los cuerpos armados que, junto con dar satisfacción a la filosofía de la irrestricta subordinación al Poder Constitucional, se aproxime orgánicamente a las modalidades de empleo estratégico de fuerzas conjuntas, en la eventualidad de una agresión exterior.

Difícil es lograr el ideal de fusionar en una sola Fuerza Armada la tradicional compartimentación en fuerzas de aire, mar y tierra. Pero el extremo actual de mantener una organización de paz tripartita, con doctrinas institucionales divergentes con respecto a los objetivos estratégicos, tendrá que ser superado mediante un nuevo sistema orgánico de mayor aproximación tridimensional. Este, sin quebrantar el espíritu de cuerpo ni atentar contra las diferentes modalidades de empleo en sus medios específicos, debe posibilitar una rápida integración de "órganos de fuerza estratégicos" que realicen flexiblemente la aplicación de los principios clásicos de la guerra.

Este, también, es un tema que da margen a profundos estudios especializados y a debates reservados de carácter técnico, por lo que no cabe —conforme a la naturaleza del presente escrito— ir más allá de su somera enunciación.

Sin embargo, es posible dejar establecido conceptualmente que un símbolo jurídico de la no autonomía de los mandos técnicos de los cuerpos armados, es adoptar imperativos de verticalidad ya vigentes en otros países. Por ejemplo, reservar constitucionalmente para el Jefe del Estado la denominación adicional de "Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas", asignando a los mandos técnicos de cada rama de la Defensa Nacional el cargo de "Comandante General", subordinados a un "Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional", que podría ser incluso un miembro en retiro de las FF.AA. llamado al servicio activo, con acción de mando para los efectos de la coordinación estratégica del empleo de los "órganos de fuerza".

El Ministro de Defensa Nacional podría ser, así, un Secretario de Estado en quien se centralizaría el peso del rodaje administrativo de la Defensa Nacional.

En esta forma, el Presidente de la República, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, delegaría parte de sus responsabilidades en dos altas autoridades: una de acción operativa y otra de acción administrativa.

Esta solución tentativa adquiere mayor relevancia si se llega a la conclusión de la conveniencia de que Carabineros de Chile dependa definitivamente del Ministerio de Defensa Nacional, asunto sobre el cual no emito opinión, por carecer de elementos de juicio avalados por la experiencia recogida sobre el particular.

Un gobierno de un amplio margen de apoyo electoral, ubicado en la franja central que cubra los dos tercios del espectro político nacional, deja como minorías a angostas franjas en los extremos derecho e izquierdo.

Estas minorías, mientras respeten las reglas del juego democrático, tienen derecho a las diversas garantías que brinde la nueva Constitución, en forma proporcional a su representatividad.

Puede ocurrir que tanto desde las franjas políticas de la izquierda y de la derecha, emerjan grupos extremistas que en la clandestinidad recurran a la violencia armada, impulsados por una alienación sectaria, tan heroica como irracional.

Este desafío a la "democracia avanzada" debe afrontarse sin incurrir en la represión indiscriminada y el primer deber de los políticos de todos los sectores es procurar su reabsorción por los partidos democráticos. Sin embargo, tampoco es posible adoptar una actitud de debilidad o tolerancia que atente contra la paz social.

De aquí que —el referirnos a la utilización de las instituciones en su marco específico— debe evitarse, hasta donde sea posible, la superposición de empleo de las Fuerzas Armadas con las policiales, evitando sustraer a aquéllas de sus funciones esenciales y entregando a estas últimas la tarea de reducir al extremismo. Ello, para no dar margen al clima de alarma pública y de temor cívico que es lo que a la violencia extremista le interesa gradualmente exacerbar, a fin de crear las condiciones del caos y anarquía que favorecen sus fines.

En la tarea de neutralización de los extremismos no es suficiente la directa represión drástica. Es más trascendente la acción indirecta, que busque dejar al descubierto los verdaderos intereses que estimulan la violencia. Ellos no siempre son de raigambre ideológica y es posible encontrarse con la sorpresa de que factores hegemónicos externos resulten financiando y ayudando a sectores extremistas que luchan por convicciones ideológicas diametralmente opuestas a los intereses que secretamente los están utilizando.

Durante el gobierno de la Unidad Popular, la extrema izquierda, con su accionar resonante, más simbólico que concreto, contribuyó con eficacia a la caída de Allende. Esto, al exorcizar con el modelo cubano, que no es el camino chileno, para alcanzar las metas de profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que requiere nuestra Patria.

Muy difíciles son los obstáculos que las FF.AA. y Carabineros tendrán que franquear en el futuro mediato para retornar a su sitial de legítima institucionalización, para recomponer su aptitud profesional en beneficio de la razón de ser de su existencia y para concitar el respeto y el cariño desinteresado de todos los sectores de la comunidad nacional.

Una vez que sus miembros tomen conciencia individual de la incuestionable necesidad patriótica de una estrecha identificación de los Institutos Armados con los intereses del pueblo, que son comunes a la gran mayoría nacional, y desplieguen en conjunto un sincero y supremo esfuerzo doctrinario verticalista para anteponer al egoísmo y a la pasión, la divisa del honor y del espíritu militar, el guerrero podrá pasar al reposo anímico y el sol de la convivencia cívica logrará disipar la espesa niebla que cubre el campamento.

Nota:
* Military Culture and-Organizational Decline: A study of de Chilean Army. Berkeley University, 1967.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02
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