José Carrasco. Asesinato de un periodista


Epílogo

El comando asesino

Desde el 20 de octubre de 1986 el ministro Aquiles Rojas, de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción Pedro Aguirre Cerda, investiga los asesinatos de Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga, José Carrasco y Abraham Muskatblit.

El magistrado fue designado originalmente para investigar el homicidio de Gastón Vidaurrázaga. Por ser la víctima hijo de una jueza, se nombró a un Ministro de Fuero para iniciar el proceso. Entretanto, las familias de los otros asesinados y el Colegio de Periodistas interpusieron querellas por homicidios calificados ante distintos Juzgados del Crimen. La caracterización de los crímenes, la aparición de un comando que se adjudicó las muertes y el surgimiento de pistas coincidentes en los procesos -descripciones de los asesinos y automóviles- hicieron a los abogados solicitar la acumulación de las causas por estimar que las cuatro muertes fueron obra de una misma organización delictual con características muy particulares. El 20 de octubre la acumulación de los procesos fue aceptada.

El grupo criminal que cometió los cuatro asesinatos hizo pública su existencia el 12 de septiembre, cuando una voz masculina se comunicó telefónicamente con varias agencias de noticias para señalar que el "Comando Septiembre Once" era el autor de las muertes. La voz precisó: "Cinco fueron los muertos en el atentado al Presidente Augusto Pinochet y muy pronto habrá un quinto muerto, uno por cada escolta asesinado".

El "Comando Once de Septiembre" realizó su cometido sólo cinco horas después del fallido atentado. Mientras la mayoría de los chilenos permanecían pendientes de las noticias de la televisión, sus integrantes planificaban su recorrido mortal, que en la primera noche cobró tres víctimas. Ese domingo 7 a muchos televidentes les llamó la atención unos avisos de utilidad pública que aparecían de tanto en tanto por la red del canal nacional. Su contenido y la insistencia con que se repetían eran, por decir lo menos, extemporáneos: mientras el país aún no sabía si el General Pinochet había sobrevivido al atentado, uno de los avisos citaba a los "socios del Club Deportivo Papillón" a "reunirse en Colina". El otro pedía "sangre, para Estanislao Matta y Rosa Granate".

Recorrido mortal

A las 2 de la madrugada del 8 de septiembre, el comando llegó a su primer destino: la casa del electricista Felipe Rivera Gajardo (49 años, casado, sin hijos) en la comuna de Pudahuel. Saltaron murallas, golpearon puertas y ventanas y entraron a la casa a la fuerza. Encapuchados y armados, preguntaron por "Mao" -nombre político de Rivera en el período de la Unidad Popular, cuando militaba en las Juventudes Comunistas-. Dijeron que los había mandado el "Frente". Ni Felipe Rivera ni su esposa les creyeron. El alcanzó a advertirle a su mujer: "Yo no conozco a estos gallos, llama a la vecina". No hubo tiempo. Rivera fue sacado bruscamente y, a medio vestir, lo subieron a un taxi con los vidrios polarizados. Fue encontrado horas más tarde en un sitio eriazo, en las cercanías de la Municipalidad de Pudahuel. Tenía 14 balas en el cuerpo.

Cerca de las cuatro de la madrugada, Gastón Fernando Vidaurrázaga, 29 años, profesor básico, dormía en su casa en la comuna de San Bernardo junto a su familia. Fuertes golpes en la puerta los despertaron. Seis civiles armados con metralletas y con sus rostros cubiertos con pasamontañas, derribaron la puerta. Vidaurrázaga fue sacado en slip y camiseta, mientras su esposa e hija de tres años se refugiaban en el patio de la casa. Los secuestradores se movilizaban en un taxi y un auto Chevrolet opala rojo. El cuerpo sin vida del joven profesor apareció horas después en un costado de la ruta cinco sur, a la altura de San Bernardo. Tenía 16 impactos de bala en el cuerpo.

Al promediar las cinco de la madrugada, el comando se trasladó hasta el Barrio Bellavista. Un hombre muy alto y otro más pequeño echaron abajo la puerta del departamento de José Carrasco. Apuntándole con un arma, lo sacaron de su casa, lo subieron a un furgón y enfilaron hacia el Cementerio Parque del Recuerdo. Allí lo asesinaron.

En la madrugada siguiente los asesinos reanudaron su macabra faena. A las 2.15 horas llegaron a la casa del publicista Abraham Muskatblit, en las cercanías de Puente Alto. Su mujer se despertó al sentir pasos de gente que corría en el jardín. Los sujetos, armados con metralletas cortas y uniformados con trajes verde oscuro, ingresaron a la casa rompiendo las chapas de las puertas. Obligaron al matrimonio y sus dos hijos a colocarse frente a una pared con los brazos en alto, revisaron el carné de identidad de Muskatblit y se lo llevaron. Un hombre extremadamente alto daba las órdenes. El cuerpo del publicista fue abandonado en el camino a Lonquén, en un canal de regadío con siete balas en el cuerpo.

La que pudo ser la quinta víctima anunciada por el comando, eludió su destino. Un llamado anónimo la puso en aviso. La tarde del 12 de septiembre, la hermana de Luis Toro, abogado de la Vicaría de la Solidaridad, escuchó una voz amable y familiar que le advirtió que el profesional podría ser la próxima víctima. El aviso permitió al abogado tomar medidas de precaución. A las dos de la mañana del 13 de septiembre, el comando llegó a su casa. Toro sintió ruidos de auto en la calle y se asomó a la ventana: vio a cuatro sujetos saltando la reja, ingresando al jardín y escuchó cómo intentaban forzar una de las puertas de la casa. En la calle los esperaba un auto café oscuro, moderno, modelo americano. Mientras Toro llamaba a la policía, los sujetos se fueron. Minutos después llegó un segundo grupo que se movilizaba en un jeep. Tocaron el timbre y le dijeron que sabían que tenía problemas, que bajara a conversar, que eran carabineros de un servicio especial. Toro se negó a bajar y les advirtió que había avisado a la policía. Los sujetos escucharon algo por un transmisor que tenían en el vehículo y se fueron. Dos minutos después llegó un radiopatrullas de Carabineros.

Premeditación y alevosía

El comando homicida que vengó a los cinco guardaespaldas del General Pinochet, reunía características muy especiales: pudo desplazarse sin problemas por una ciudad con toque de queda y bajo Estado de Sitio recién implantado; manejaba información que podría calificarse de "inteligencia"; contaba con una sofisticada infraestructura para cometer los crímenes y sus integrantes actuaron con "notable profesionalismo".

Para planificar el recorrido mortal que realizaron en la madrugada del 8 de septiembre, el comando debió contar con información especializada, que no es de dominio público. En las cinco horas que mediaron entre el atentado y el primer secuestro manejaron datos claves, como los domicilios de sus víctimas. No todos éstos eran públicos ni aparecían en la guía telefónica, por lo que es dable suponer que era información que manipulaban con anterioridad o que bien tuvieron acceso a un archivo muy especial. Los asesinos sabían también de las trayectorias políticas de sus víctimas, información que debió pesar en el momento de elegirlas. Sabían que Felipe Rivera había sido un dirigente comunista durante la UP y conocían incluso su nombre político, que ya no usaba. También debieron saber que el hermano de su esposa, Diego Lira Matus, estaba preso por el caso del hallazgo de arsenales en Carrizal Bajo. Lira Matus fue torturado y sus interrogadores lo habían amenazado de muerte a él y su familia, entre ellos a su cuñado Felipe Rivera. El comando también sabía que Abraham Muskatblit había sido un militante comunista mencionado en las confesiones del agente Miguel Estay Reino, "El Fanta", en un proceso que investigaba el destino de diez militantes comunistas detenidos desaparecidos. También sabían de la importancia de José Carrasco en el MIR.

El comando contaba además con muchos medios, por lo menos seis autos y muchas armas. De acuerdo a las versiones de los testigos, en dos ocasiones fueron vistos un furgón utilitario y un taxi. También se vio dos o tres veces un modelo Datsun, además de un Chevrolet Opala rojo, un auto americano café oscuro y un jeep azul.

Contaban también con mucha seguridad y tranquilidad para actuar. Todos los secuestros se efectuaron durante las horas del toque de queda. Los controles y patrullajes policiales y militares habían sido reforzados esa noche para ubicar y detener a los autores del fallido atentado. Sin embargo, los hombres del "Comando Septiembre Once" no tuvieron dificultades para desplazarse en varios autos y fuertemente armados, durante dos noches seguidas.

Acabaron con sus vícümas con una metodología que repitieron con precisión y frialdad. Fueron rápidos y eficientes en su brutal cometido. En una sola noche fueron capaces de llevar a cabo tres secuestros y homicidios. Su alta preparación para cometer los delitos fue señalada en un escrito ante la Corte por la jueza Yolanda Manríquez, madre de Gastón Vidaurrázaga: "...se encuentran altamente adiestrados para su acción, atendida la forma de operar, especialmente si se considera el corto lapso nue transcurre entre un delito y otro. Además no se dejan amedrentar, ya ue vuelven a cometer un nuevo delito (el asesinato de Muskatblit) a sólo 24 horas del primero".

En todos los secuestros no hubo interrogatorios ni tortura de por medio. Tampoco allanamientos en los domicilios. Los cuatro hombres fueron sacados de sus casas con la decisión tomada de asesinarlos. Sin embargo, como señalaron en otro escrito los abogados Carmen Hertz y Jaime Hales en relación al homicidio de José Carrasco, "se lo llevaron para no matarlo allí delante de todos, pues, aparentemente, necesitaban algo de tiempo durante el cual debía mantenerse en penumbra la circunstancia del crimen". Por todas las características del comando antes descritas, los abogados indicaron en el mismo escrito que "el más elemental raciocinio nos habrá de llevar a la conclusión de que los asesinos deben ser buscados entre personas afectas al régimen imperante, muy fanáticas, o dispuestas a cumplir sin vacilar cualquier orden, preparadas para actuar y dar muerte a seres humanos con bastante facilidad". Al referirse a las facilidades de los asesinos para desplazarse bajo Estado de Sitio y toque de queda, indicaron:".. .el grupo de fascinerosos no sólo estaba integrado por personas que tienen simpatía en grado de fanatismo a las actuales autoridades políticas del país, sino que tienen un grado de autoridad que les asegura el desplazamiento expedito a través de la ciudad. Es decir, quienes cometieron estos crímenes eran portadores de salvoconductos o ERAN PERSONAS DE AQUELLAS QUE NO NECESITAN SALVOCONDUCTOS PARA DESPLAZARSE". Por su parte, la jueza Yolanda Manríquez concluyó en su escrito: "los hechos señalados no son improvisados, no podrían considerarse como la expresión espontánea de un grupo cualquiera de insanos que, actuando independientemente, cometen los delitos señalados, sin una orientación determinada. Por el contrario, se trata de acciones perfectamente coordinadas, lo que revela una planificación central cuya finalidad apunta a 'eliminar' físicamente a personas que, a lo más, lo único que podrían tener en común es ser opositores al actual gobierno". La forma de actuar de los asesinos, agregó el escrito, "demuestra la existencia de una extensa y peligrosa organización criminal en la que tienen que haber intervenido, en distintos niveles y jerarquías, numerosas personas que han asumido tareas específicas. De acuerdo a lo anterior tenemos entonces autores intelectuales, los encargados de la implementación y de la infraestructura, y ejecutores materiales".

"Once de Septiembre"

En la investigación de los cuatro asesinatos, el ministro Aquiles Rojas ha contado con un elemento inesperado: un proceso instruido a un comando también llamado "Once de Septiembre", por el fiscal militar de la causa, Juan Guillermo Michelsen bajo el rol 1500-83. La información acerca de la existencia de este proceso llegó al Colegio de Periodistas a través de un comunicado de prensa firmado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR. Este entregaba detalles sobre los miembros y tipos de trabajo que habría realizado este comando. El proceso, indicó el comunicado, fue sobreseído. El FPMR en su informe indicaba que a partir de la información proporcionada no era posible "concluir categóricamente que el actual 'Comando Septiembre Once' está compuesto por las mismas personas". Los abogados de los familiares de las víctimas, no obstante, pusieron en conocimiento del magistrado la información, por considerar que la coincidencia merecía ser investigada judicialmente.

Informaciones extraoficiales han señalado que el ministro Aquiles Rojas habría tenido acceso al proceso instruido por la justicia militar. Su acuciosa investigación lo llevó incluso a citar a declarar a Francisco Fuentes Ciscutti, quien aparecía sindicado como el jefe operativo de este comando. La posibilidad de hacerlo surgió porque Fuentes Ciscutti está preso desde hace más de un año, procesado por delitos comunes y otros que estarían vinculados a la justicia militar. Y, al parecer, Fuentes Ciscutti estaría muy dispuesto a colaborar en la investigación judicial, a la luz de una confesión suya en que señaló que "consciente de mis facultades mentales y sin actuar bajo presión alguna, frente a los acontecimientos que vive el país y la desaparición de personas por parte de organismos no identificados, entrego a los organismos que a continuación indico: Comité Internacional de Derechos Humanos, Delegación de la Cruz Roja Internacional, Embajada de Francia, Embajada de Italia, Arzobispado de Santiago, la siguiente declaración". En la confesión Fuentes Ciscutti reconoció su participación en el "Comando Once de Septiembre", entregó nombres y dio cuenta de su trayectoria:

"Fui integrante en el tiempo de la Unidad Popular del MAPU en la Universidad Técnica de Punta Arenas. Con posterioridad al pronunciamiento militar fui reclutado por el Ejército en el Departamento CIRMA dependiente de la Quinta División del Ejército, donde presencié los arrestos de más de 50 personas, incluyendo al señor Galetovic, el cual posteriormente, después de permanecer como preso político, abandono el país en calidad de asilado. También me tocó estar presente en el Regimiento Nº II Caupolicán, Porvenir, Tierra del Fuego, en chequeo y control de presos políticos, donde el oficial de fuero de Inteligencia para retirar a las mencionadas personas, era el teniente de Reserva Julio Márquez, ex funcionario de la ENAP (...)

"Una noche, el mencionado teniente Márquez, después de ejecutar a cinco personas, dijo que habría que decir que se fugaron del regimiento. Las personas que recuerdo figuraban entre las cinco, eran el profesor primario de la Escuela Fiscal de Porvenir, Héctor o Ramón Baigoni, yo lo conocía porque él era miembro del Mapu e incluso varias veces me hizo clases particulares. El segundo (...) era Ramón González, un ejecutivo, casado con la profesora de la Escuela Básica, de Punta Arenas, Genoveva Toro, (...) las otras personas eran gente universitaria que provenían de distintos puntos del país, para estudiar en la Universidad Técnica de Punta Arenas. En la mañana temprano, previa a la ejecución de las personas, se les colocó pastillas en los líquidos que ingirieron y se observó el comportamiento, y en la noche se les sacó en un station Chevrolet de color amarillo, de propiedad de un señor Smith, en dirección a campo abierto a 10 kms. del regimiento, una vez llegado ahí, la gente comenzó a clamar por su vida, porque presentían que los iban a ejecutar, pero el teniente Márquez les dijo que se consideraba una buena persona, así que se largaran a correr y trataran de irse a Río Grande, sector argentino, y él lo daría como fuga. No tuvieron otra alternativa y en ese momento al dirigirme a la camioneta para traer la bitácora, sentí las descargas, y los cuerpos con sus ropas ensangrentadas estaban en el suelo, dos de los jóvenes universitarios trataron de incorporarse, pero fueron rematados por los demás agentes. También me tocó estar en la llamada Casa del Deportista, al lado del Gimnasio de Punta Arenas, donde funcionaba el Servicio de Inteligencia Regional. En más de cinco oportunidades me tocó ver torturas, en su mayoría jóvenes universitarios. Estas eran dirigidas por el señor Gutiérrez, agente; Luis Vidal Aguayo, cabo de la Fuerza Aérea, y Jorge Larraín, Coronel de Aviación de la DIFA. A este coronel lo apodaban Harry el sucio, actualmente el coronel Larraín se desempeña en el DINE de calle Presidente Ríos entre Alameda y Santa Rosa, Santiago. Una de las mujeres torturada fue la señora Ema Filosa de Albarrán la cual fue conducida al interrogatorio recién operada, recobrando su libertad de inmediato por orden del coronel de Ejército Miguel Cerda González. "En el año 74 ingresé a la Escuela de Ejército de San Bernardo y el año 75 fui designado en la Escuela de Suboficiales del Ejército, en el curso de Combatiente Especial para Comando de Infantería y Fuerzas Especiales, en la unidad de fusileros. El director del plantel era Osvaldo Hernández Pedreros, actual Intendente de Santiago. Faltando 25 días para mi graduación me retiré en forma voluntaria, regresando a Punta Arenas. Fui detenido por el Servicio de Inteligencia, los cuales me preguntaron el porqué de mi retiro, pero como mi padre era militar y Jefe de Control de Armas y Explosivos del Cuartel General de la Quinta División del Ejército fui dejado en libertad al quinto día. (...) fui a Buenos Aires por unos meses mientras se olvidaban de mí. Regresando a Chile estudié mi profesión actual en Santiago, técnico ortopedista, perito estético terapista con mención en Tanatología, 'Medicina Legal'.

"En 1979, frente al conflicto limítrofe con la Argentina, fui llamado al servicio activo como oficial, enviándome a la zona fronteriza de la Patagonia Austral.

En 1980 el Ejército me ofreció, a través de la CNI, si quería trabajar en la Clínica de la CNI de Av. República 517, lo cual no acepté y me dediqué a trabajar en forma privada. "En 1982, ingresé al Regimiento Tacna al curso AOR de reserva como para-médico, donde se preparaban los cursos de represión que actúan en las calles, poblaciones y universidades (...). "En 1983, el Servicio de Inteligencia Militar, me solicitó que deberíamos formar un Comando Anti-Subversivo cuyo nombre sería 'Comando Septiembre 11' o 'Comando Once de Septiembre' (...)"

Informes coincidentes

En el comunicado que recibió el Colegio de Periodistas se dio cuenta de un "informe preparado para el Ministerio del Interior por el abogado asesor del Gabinete don Hugo Ortiz de Filippi". Allí se describía al "Escuadrón CC 11, Comando Coordinador 11 de Septiembre" como un "escuadrón antiterrorista de infiltración, fuente de contrainteligencia formado por civiles, oficiales militares de planta y oficiales militares de reserva pertenecientes a las unidades: Regimiento Arsenales de Guerra, Regimiento Tacna, (CECOE) Centro de Cohetería del Ejército, (CNI) Central Nacional de Informaciones, (DINE) Deparlamento de Inteligencia Nacional del Ejército".

Acerca de sus misiones el informe precisó textualmente:

"-Reunir información de inteligencia-conexión
Grupos políticos y de prensa extranjera
Grupos religiosos y control de parroquias
Grupos poblacionales y universitarios -Operación silencio
a) Dirigentes políticos, universitarios y prensa".

Por su parte, Fuentes Ciscutti confirmó estos datos en su confesión. Allí, al referirse a su participación en el "Comando Septiembre Once" indicó: "que dentro de la programación nos comunicábamos con nuestros enlaces al teléfono 592020, teléfono de la Escuela de Inteligencia 'San Bernardo'. Como no podían figurar militares de planta en el ministerio y el comando dependería del Ministerio del Interior, fui elegido como capitán del comando y jefe de operaciones de enlace, entre el Ministerio del Interior y el Ejército". Agregó que el "escuadrón tenía como misión, el control de personas, control de parroquias, grupos religiosos, grupos universitarios, dirigentes políticos y poblacionales. Para estos efectos se contaba con el conocimiento del asesor del Ministerio del Interior, abogado Hugo Ortiz de Filippi y sus secretarias Paulina y Ximena, además del jefe de la presidencia, coronel Morgado". Entre las actividades desarrolladas por el comando, Fuentes Ciscutti indicó que "durante las noches detuvo y secuestró a numerosas personas, trasladándolas al Regimiento Escuela de Paracaidistas Peldehue". Asimismo indicó que el comando "recibió la orden de interrogar y torturar sicológicamente a la sicóloga Andrea Hales".

El ex agente entregó, asimismo, una nómina de sus miembros: "Teniente activo del Ejército de dotación de Arsenales de Guerra, Hugo Hurtado Latorre; teniente de Infantería del CECOE, Centro de Cohetería del Ejército, Mario Larenas, actual jefe de la Policía Militar de FAMAE; teniente Marcos Lucare, del Regimiento de Arsenales de Guerra, hijo del subdirector de la Escuela de Inteligencia; Teniente Patricio Alejandro Ellios Rodríguez, enlace del CNI; teniente Arturo Quiroga (ex DINE); Patricio Torres, CNI. Estos últimos tres oficiales pertenecen al Regimiento Tacna, Centro de Oficiales de Reserva. Además los civiles Renato Bolton Troncoso, Patricio López Acosta, Eliseo Muñoz Núñez, Julio Morales, Doctor César Domínguez Guayiller (cirujano)". En el informe entregado al Colegio de Periodistas se repitieron los mismos nombres, omitiéndose los de el teniente Marcos Lucare y del doctor Domínguez, y agregándose el del civil Alfonso Bolton Troncoso.

En su declaración el ex agente dio también nombres al referirse a los cursos de represión que realizó el año 82 en el Regimiento Tacna. "Entre las personas que dirigen el curso, indicó, están: El mayor de Ejército Carrasco, capitán Jorge Amagada de la Cuadra, capitán Patricio Cardemil, capitán Villarroel, teniente Patricio Torres (CNI), teniente Patricio Alejandro Ellios (CNI), teniente Arturo Quiroga (ex DINE), subteniente Arturo Marshall, hijo (seguridad)". Al referirse a los "apoyos de inteligencia", Fuentes Ciscutti aportó con más nombres: "Brigadier Sharlin, profesor de Inteligencia Militar, comandante del Regimiento Arsenales de Guerra. En esta misma unidad estaba el mayor Rebolledo y el capitán Salgado de Inteligencia Militar".

El ex jefe operativo del comando también proporcionó detalles acerca de los autos que utilizaban: "un Ford Corcel color rojo, conducido por el teniente Hugo Hurtado Latorre. En su interior iban dos fusiles ametralladoras marca UZI, dos granadas de fabricación española, cuatro granadas lacrimógenas para dispersar multitudes, una pistola marca Walters, una bengala de fabricación española, una baliza de color rojo, además de un mapa con el área de todas las unidades, más una radio transmisor. El segundo vehículo era un Suzuki utilitario con las mismas armas".

Esperanzas de justicia

Los avances en la investigación del ministro Aquiles Rojas son aún desconocidos. El magistrado trabaja discretamente. No se sabe qué pasos está dando, ni tampoco si las pistas conseguidas han podido ser mayormente investigadas. Aunque sí ha acumulado mucha información: las declaraciones de Fuentes Ciscutti y el proceso contra el CU, instruido y sobreseído por la justicia militar, han sido hasta ahora el eje de su investigación. Entretanto, la colaboración de otros organismos oficiales para el proceso no se ha traducido en aporte alguno.

Así ha quedado demostrado en los resultados de diversas diligencias ordenadas por los magistrados que han tenido en sus manos la investigación. A solicitud de los abogados querellantes, se pidió a la Jefatura de Zona de Estado de Sitio la nómina de salvoconductos entregados a los vehículos que pudieron circular en la madrugada del lunes 8 de septiembre. La jefatura respondió que no podía entregar esos antecedentes "por razones de orden práctico". Los abogados también pidieron que se solicitara la nómina y se citara al personal de Carabineros que estuvo de guardia o permaneció en el recinto de la Tenencia El Salto durante la noche del día 7 al 8 de septiembre, y especialmente cerca de las 5 horas. Frente a dicho recinto policial debieron pasar necesariamente los secuestradores y asesinos de José Carrasco. La primera respuesta a la diligencia fue el envío de los nombres de dos policías que habían estado la noche anterior al crimen en la tenencia.

Los abogados querellantes Carmen Hertz y Jaime Hales han solicitado otra serie de diligencias vinculadas al asesinato de José Carrasco, de las cuales se desconocen por ahora los resultados. Una de ellas pedía que se citara al Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, para que explicase las declaraciones en que aseguró que las cuatro muertes investigadas eran consecuencia de una purga interna de sectores marxistas y que estaban relacionadas con el fracaso del atentado contra el General Pinochet. Otras diligencias pedidas fueron: que se oficie al Registro Civil -organismo que mantiene la información sobre vehículos motorizados- para que entregue la nómina completa de los vehículos Datsun Stanza, Toyota 1.6 -automóvil- y furgones Subaru del tipo utilitario; ofició a la Jefatura de Zona en Estado de Sitio y Zona en Estado de Emergencia para que den cuenta de las unidades policiales o de las Fuerzas Armadas que tuvieron a su cargo la vigilancia de los sectores aledaños a la casa de José Carrasco, y el barrio Recoleta la noche en cuestión; copia íntegra y auténtica del libro de novedades de la Tenencia El Salto, correspondiente a la noche del 7 de septiembre y al día siguiente; citación del personal que estaba en la Tenencia con posterioridad a las cinco de la mañana y hasta el mediodía, para que declare circunstanciadamente sobre la oportunidad y forma en que se enteraron de la presencia del cadáver de José Carrasco en el sector; ofició a Investigaciones para que se diga la razón por la cual no se tomó contacto con la familia del occiso una vez que se determinó su identidad mediante el procedimiento de huellas dactilares; ofició al Ministerio de Defensa Nacional para que señale qué instituciones dependientes de esa repartición o vinculadas con ella, tienen en su dotación vehículos como los que fueron usados por los secuestradores que asesinaron a José Carrasco.

Entretanto, el trabajo de la publicitaria Brigada Especial creada por la Policía de Investigaciones para aclarar las muertes arrojó insólitas conclusiones. El grupo fue disuelto con bastante menos publicidad que cuando fue creado. Al respecto, el abogado de la familia de Abraham Muskatblit, Jorge Mario Saavedra, comentó: "El Director de Investigaciones, Fernando Paredes, designó una comisión especial para investigar estos crímenes. Nosotros le prestamos bastante ayuda a pesar de nuestras reticencias. La brigada tomó huellas, investigó y de repente a sus integrantes se les designó a otros casos, y se acabó la brigada. Se da la paradoja que ese grupo realizó mucha investigación y los informes son increíblemente infantiles, como que las víctimas murieron 'por balas' y por 'acción de terceros', en circunstancias que en mi propia oficina, Investigaciones interrogó a testigos para después hacer ese informe increíble. Hay constancia de que a una jueza, Berta Rodríguez, le negaron auto y bencina para hacer una importante diligencia".

Para Jaime Hales, uno de los abogados de la familia de Carrasco, el descubrimiento de la verdad, no debiera ser difícil: "Sabemos dónde encontrar a los culpables. Podemos presumir su Rol de Pagos. Sabemos el poder que tienen, que pueden desplazarse cargando armas en noches de toque de queda y Estado de Sitio. Que pueden pasar a través de barreras y saludar guardias armadas en las calles sin ser detenidos. Pero, mientras no haya voluntad de parte de la autoridad policial, administrativa y militar no se van a saber los nombres de los asesinos, que es el único dato que falla. No basta con tener un buen juez. Hay que tener un buen aparato investigador que no hay. Incluso, tampoco basta con eso. Hay que tener investigadores con voluntad". La conclusión para Hales es tajante: "Era más fácil encontrar a los culpables de estos asesinatos que a quienes participaron en el atentado contra el General Pinochet".


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02
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