¿ Vía legal hacia el socialismo ?


CAPITULO VII

CONSIDERACIONES FINALES

Los seis capítulos que anteceden fueron escritos en México a comienzos de 1976. Después de esa época han aparecido varios estudios de interés sobre el gobierno chileno de la Unidad Popular. Joan E. Garcés ha publicado en Barcelona (España), bajo el sello Ariel, Allende y la experiencia chilena, obra en la que analiza los hechos con criterio de cientista político y proporciona información directa de valor, por haber sido Garcés asesor político del Presidente Allende. Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista en el exilio, que fuera el partido más grande de los que formaron la Unidad Popular y tienda política del Presidente mártir, proporciona una visión de los acontecimientos desde el punto de vista de un político actuante, de reconocida inteligencia, en su libro Dialéctica de una derrota. Siglo XXI Editores, 1977. Enrique Silva C., ex Contralor General de la República y ex Presidente del Tribunal Constitucional chileno, publica en Caracas, a fines de 1977 El Tribunal Constitucional de Chile (1971-1973), Editorial Jurídica Venezolana, una obra en la que hace un prolijo análisis jurídico de todas las controversias jurídicas suscitadas entre el Presidente Allende y la mayoría de oposición del Congreso, conocidas por aquél tribunal.

El primero de ellos no se refiere a los problemas jurídico-institucionales ni menciona la acción que desarrollaron los órganos encargados oficialmente de la aplicación de la ley en el proceso de subversión reaccionaria (1). El segundo se ocupa de esos aspectos y les concede un lugar determinado dentro de los factores que condujeron a la caída del gobierno de la Unidad Popular.

En el curso de este capítulo haremos referencia a sus opiniones, en cuanto atañen a las consideraciones que aquí formulamos.

En cambio, la obra de Silva Cimma toca varios de los puntos sobre los que han versado nuestros capítulos precedentes, si bien desde un enfoque diferente, lo que nos mueve a hacer algunos comentarios generales a su respecto.

Silva analiza los conflictos constitucionales concretos que se promovieron a nivel jurisdiccional, pero extiende también sus observaciones a aspectos amplios del funcionamiento jurídico-institucional chileno durante el gobierno de Allende. Su postura es estrictamente la de un jurista que pasa revista a los acontecimientos y que los juzga a la luz de los principios puros del derecho.

Todas sus apreciaciones concuerdan, en general, con las que tenemos expuestas en los capítulos anteriores.

En efecto, demuestra que al Ejecutivo le asistía la razón en la mayor parte de las disputas producidas con la mayoría parlamentaria (pp. 64 a 69) (2); que la mayoría del Congreso no trepidó en violar las normas jurídicas que enmarcaban sus atribuciones y en vulnerar principios fundamentales de derecho para alcanzar irresponsablemente su propósito de obstrucción al gobierno legítimo (pp. 120, 176, 178, 179, 180, 189 y 193); que el Poder Judicial se entrometió abiertamente en campos reservados a las atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo, con quebrantamiento manifiesto de la Constitución y de las leyes y con flagrante abuso de poder (pp. 169, 170, 171, 172 y 173), y que el Contralor General de la República también descendió a la lisa política, excediendo en forma insólita y burda sus atribuciones legales, en afán de impedir las medidas administrativas que en uso de sus facultades disponía el Ejecutivo (pp. 169, 172, 173, 200, 201 y 202). El descaro de este último funcionario llegó a tal grado que en múltiples oportunidades varió de criterio y alteró sus propias conclusiones anteriores para cumplir tal propósito (pp. 32 ,174, 169 y 200).

Silva concurre también, con su ilustrada opinión, a demostrar la legalidad de muchas de las medidas del Presidente Allende de que hemos tratado en este trabajo, entre ellas, la adquisición de acciones bancarias por Corfo como medio para alcanzar la estatización bancaria (pp. 157 y 158) y la requisición de empresas industriales y comerciales (p. 159).

Cuando llega el momento de hacer las calificaciones propias de todos los abusos y excesos de poder en que incurrieron los órganos del Estado que sostuvieron apasionadamente una acción agresiva en contra del gobierno de la Unidad Popular, Silva Cimma -pese a medir sus palabras- es preciso y claro. A su juicio, la mayoría del Congreso Nacional adoptó una posición "antijurídica y sediciosa" (p. 189) y el Poder Judicial "arrasó la norma jurídica" (p. 172).

Se comprenderá, con lo dicho, la importancia que asignamos al análisis jurídico de Silva, análisis que cobra mayor fuerza si se consideran sus títulos académicos y científicos y si se agrega que proviene de un jurista que ha sabido mantenerse por encima de la pasión política y que parece conservar su fe en el ordenamiento jurídico tradicional. Pues Silva confía aun -si no hubiera sido por el fragor del enfrentamiento irreconciliable entre dos tendencias opuestas (pp. 43, 55, 64, 71, 72, 111, 143, 144, 147, 148, 180, 211 y 216)- en las posibilidades de subsistencia de un estado de derecho organizado sobre bases democráticas, y formula votos por el retomo a la normalidad institucional (pp. 72 y 212). Llega hasta el extremo de pensar que las discrepancias producidas en el seno del Tribunal Constitucional se originaban "en la natural discrepancia que a menudo se suscita en el orden jurídico dentro de cualquier organismo jurisdiccional colegiado" (p. 147) (3).

Comprobado, de esta manera, el poderoso aval para nuestras afirmaciones capitales que importa la obra recién comentada, creemos llegado el momento de formular las consideraciones finales que fluyen de lo que llevamos dicho.

La labor desarrollada por el gobierno de la Unidad Popular para una transformación de las estructuras económicas chilenas constituyó un esfuerzo gigantesco, si se le juzga por los resultados alcanzados y por los escasísimos instrumentos de que se disponía. Fue, precisamente, la sinceridad de ese esfuerzo lo que levantó la decisión del gobierno norteamericano y de los grupos políticos y económicos afectados de sobrepasar cualquier límite en la oposición a aquel gobierno. En el hecho el gobierno popular avanzó en el cumplimiento de su programa económico mucho más allá de lo que habría podido imaginarse, considerando la falta de mayoría parlamentaria de apoyo, los estrechos límites que concedía el orden jurídico burgués y la notoria escasez de cuadros técnicos y administrativos apropiados.

En cambio, la Unidad Popular fracasó en su plan de movilizar al pueblo hacia la conquista del poder, movilización que debió gestarse conjuntamente con aquella tarea y que, de haberse llevado a cabo, habría proporcionado el aparato de apoyo contra la furiosa reacción de la burguesía. Una participación real, organizada y sostenida por el pueblo, habría permitido afrontar y anular la corrosiva actividad opositora, planificada, impulsada y costeada por los Estados Unidos. Al parecer, dominó en algunos la idea de que los mecanismos jurídico-institucionales y administrativos podían ser suficientes y que la acción transformadora podría provenir de su mera aplicación. Este era un doble error, porque ningún cambio verdaderamente revolucionario podría emanar de aquellos y porque tales mecanismos estaban obstaculizados -dentro de su limitado efecto- por obra de los organismos jurídicos encargados de declarar la correcta aplicación de la ley.

El gobierno de la Unidad Popular se puso a sí mismo un límite ceñidísimo cuando asumió el compromiso irrestricto de sujetarse exclusivamente a los moldes institucionales y a las vías legales para alcanzar el logro de propósitos que eran de índole revolucionaria. Indudablemente tienen este último carácter obtener "un traspaso del poder político y económico de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, campesinos y sectores progresistas de las capas medias", "poner en práctica un nuevo modelo de Estado, de economía y de sociedad", "reemplazar el modo de producción capitalista mediante un cambio cualitativo de las relaciones de propiedad y una redefinición de las relaciones de producción" y construir "una nueva economía" orientada hacia el socialismo.

Es necesario entender que el derecho burgués y toda su consiguiente organización institucional han sido establecidos con la intención de afirmar indefinidamente en el poder al régimen político, social y económico que predica el liberal-individualismo (base del sistema capitalista) y que por ello eleva a la categoría de axiomas jurídicos algunos conceptos como "seguridad jurídica", "derechos adquiridos", "autonomía de la voluntad" y otros, que no son sino instrumentos para perpetuarlo y para que subsista la situación de privilegio de las actuales clases dominantes. Ese derecho burgués está preparado, por ello, para que pueda ser utilizado como un verdadero cerrojo de seguridad que impida el paso de los proyectos revolucionarios dentro de la sociedad. Hay que abandonar la idea de que las reglas de ese derecho son para hacer justicia; solamente sirven para que los defensores del régimen capitalista puedan parapetarse mejor y oponerse a los cambios que les resulten excesivamente incómodos.

Debe agregarse que no es suficiente, tampoco, disponer de preceptos legales que admitan, aunque limitadamente, efectuar algunos cambios en las estructuras económico-sociales, si los organismos jurídicos encargados de aplicarlos, especialmente los tribunales de justicia, se hallan en poder de la reacción. Porque cuando éstos vean que las tensiones sociales se extreman, deformarán el recto sentido de esos preceptos y los aplicarán torcidamente, con el fin de llevar la declaración del derecho -que a ellos les toca- a un punto mucho más retrasado que la verdadera significación de la ley vigente. Un simple juego de malabarismo jurídico permitirá a esos organismos sostener que dice negro donde la ley escribe blanco (4), y con ello impedirán de hecho que ésta pueda ser utilizada por las fuerzas populares. Esto significa que si se quiere aprovechar el sistema legal imperante para avanzar hacia modificaciones sustanciales del régimen, no bastará tener la razón jurídica, porque ésta será negada.

Pese a que los sostenedores del statu quo buscan naturalmente situarse bajo el alero de una legalidad que ellos mismos elaboraron para que constituyera su defensa, en los pocos casos en que ciertas normas puedan ser empleadas correctamente para debilitar su posición, la tarea estará perdida por el desenfado con que los encargados de aplicar la ley la interpretarán en contra de este propósito.

La derecha y sus aliados son inteligentes, astutos e inescrupulosos. Jamás serán vencidos por fuerzas de izquierda que caigan en sus trampas y que acepten combatir en un terreno que ellos mismos han elegido. Son capaces de manipular la legalidad y cuentan para ello con los medios y los hombres apropiados.

La única manera de poder utilizar la vía legal para avanzar hacia el socialismo es: 1) tener clara conciencia de que la legalidad burguesa sólo podrá ser utilizada en forma transitoria y que en todo caso habrá de ser modificada profundamente por la fuerza de las masas populares dentro de un plazo reducido; 2) contar dentro de ella con preceptos que permitan poner en marcha un proceso que facilite posteriores cambios de la estructura política, económica y social; 3) tener tribunales compuestos por hombres progresistas, refractarios a la variada gama de seducciones reaccionarias y capaces de utilizar los principios y las normas jurídicas con un justo sentido de liberación de las mayorías postergadas, y 4) contar con fuerza pública suficiente y confiable que se encargue de imponer el cumplimiento de ese sistema legal, destinado a emplearse únicamente para los primeros pasos (5).

En virtud de una acción concertada de los tribunales y de la Contraloría, la exigencia de legalidad a la que fue sometido el gobierno de la Unidad Popular fue enteramente diferente y mucho más rígida que la que esos mismos órganos públicos habían impuesto sobre los anteriores gobiernos chilenos, fueran ellos de derecha o de centro. En tales condiciones, quedaba cerrado el camino para que pudiera avanzarse hacia metas transformadoras del sistema. La legalidad, así distorsionada por la interpretación abusiva de órganos que en la lucha política se sumaban a los enemigos del gobierno, se convertía en un obstáculo insalvable para el cumplimiento siquiera parcial del programa de la Unidad Popular.

La situación recién señalada podía ser advertida con entera claridad desde el término del primer año del gobierno del Presidente Allende y fue representada formalmente a éste (6). El "difícil camino de la legalidad" se había transformado, ya a fines de 1971, en un simple callejón sin salida (7).

El recurso a ciertas vías legales pudo estar disponible durante los primeros meses del nuevo gobierno. El desconcierto creado por la derrota política y por el fracaso del plan montado por la CIA para impedir el acceso al poder del Presidente Allende había debilitado la voluntad de lucha de la derecha. A ello se sumó su ignorancia acerca de la posibilidad de que la izquierda utilizara aquellas vías, lo que aumentó su turbación.

Pero a fines de 1971 ya la derecha se había reorganizado y había recibido del gobierno norteamericano los planes, medios materiales y personal adecuado para llevar a efecto el ataque concertado en contra del gobierno popular. Además, había avanzado suficientemente su alianza con la democracia cristiana como para poder calcular que en adelante este partido iba a acompañarla incondicionalmente en sus propósitos.

Desde ese fecha la aplicación tergiversada de la ley con el fin de apoyar a los enemigos políticos del gobierno popular, por parte de los tribunales y de la Contraloría, rebasó toda medida. Fue entonces cuando, sintiéndose éstos secundados por la oposición política coligada y amparados por las seguridades norteamericanas, abandonaron hasta las apariencias de una aplicación imparcial de la ley. De esta época son las resoluciones en las que no se oculta siquiera que están contradiciendo los principios que ellos mismos habían proclamado antes, cuando no creían necesario abanderizarse en la pugna política.

Perdido ya todo pudor por parte de estos organismos encargados de declarar la aplicación de la ley, la posición del gobierno de la Unidad Popular se debilitó notablemente. Porque si bien los marcos legales significan un límite para las posibilidades de acción de un Ejecutivo que encara la tarea de introducir cambios profundos en una sociedad (8), al mismo tiempo le proporcionan una defensa en contra de quienes pretenden desconocer su legitimidad. En toda legislación existen preceptos que impiden ataques ilegales en contra del gobierno y que sancionan enérgicamente a quienes se alzan en su contra. Incorporados abiertamente los tribunales a la pugna política por el lado de la oposición, el gobierno quedó privado de hecho de la protección jurídica que ellos le debían (9). De los cientos de atentados terroristas y de todo orden que perpetró la oposición unida, muchos de ellos con resultado de muerte de gente inocente, ni uno solo fue debidamente investigado -y mucho menos sancionado- por los tribunales plegados a la subversión. El gobierno quedaba, en consecuencia, imposibilitado para avanzar por vías legales hacia sus metas y, además, privado de la protección que la ley tiene prevista para todo gobierno legítimo. En adelante, todo el que quisiera podía tirar a mansalva contra el gobierno y sus personeros. Y la oposición supo aprovechar, por cierto, tan inaudita ventaja.

Impulsando los hechos en esta forma, la oposición derechista-democratacristiana se proponía hacer imposible el gobierno del Presidente Allende, privarlo de toda salvaguarda legal y arrastrarlo hacia acciones de fuerza.

Debe considerarse, asimismo, el efecto psicológico que todo este maquiavélico proceder tenía sobre una parte importante de la población chilena. Precisamente en razón del alto grado de desarrollo político del pueblo y en virtud de antiguas tradiciones locales, los problemas sobre legalidad y licitud de las actuaciones públicas ejercían una influencia profunda en amplios sectores. El chileno medio se interesaba en los problemas jurídicos y los entendía en buena medida. La prensa, la radio y la televisión se hacían eco de ellos y los explicaban a su público, el que los seguía apasionadamente a través de foros, polémicas y debates organizados. La circunstancia de que los tribunales, con su antiguo prestigio de justicia y austeridad, negaran la razón a las acciones gubernativas, confundió a muchos y los llevó a la conclusión de que ellas se apartaban efectivamente de la legalidad y constituían un quebrantamiento de la promesa presidencial.

Es una fortuna extraordinaria, para un equilibrado juicio histórico de tan controvertido periodo de gobierno, que dos organismos jurídicos del más alto rango y de la mayor competencia técnica, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Defensa del Estado, hayan dejado testimonio escrito de su apreciación acerca de la regularidad de casi todas las medidas del gobierno de la Unidad Popular y de las reiteradas demasías y abusos en que incurrieron los tribunales de justicia y la Contraloría (10).

Hemos visto que la oposición reaccionaria, confusa y desorientada en los primeros meses de ascensión al poder del Presidente Allende, se reorganizó muy rápidamente e inició a mediados de 1971 una contraofensiva a la cual consiguió plegar más tarde al Partido Democratacristiano, bajo pretendidas banderas de defensa de la libertad y de la vigencia del derecho.

Esa labor opositora fue en ascenso a través de sucesivas etapas ya reseñadas (11). En un primer momento se limita a una especie de resistencia pasiva, que luego se transforma en un ataque organizado dentro del plano legal y de obstrucción parlamentaria. La lucha se intensifica un grado más cuando se trata de forzar al gobierno popular a salirse de la legalidad por el procedimiento de ponerle vallas que le impidan continuar su tarea dentro de la ley. La etapa final la constituye el abandono abierto por la oposición de todos los marcos legales; en ella se exhibe su voluntad de derrocar al gobierno constitucional por todos los medios, sin descartar ni los violentos ni los ilegítimos (12). Esta última etapa tiene como remate el golpe militar del 11 de setiembre de 1973, en el que pierde la vida el Presidente Allende y con el que se inicia el período más siniestro de la historia chilena.

La explicación de esa intensificación del ataque opositor y de sus cambios cualitativos hacia formas cada vez más extremas, debe ser hallada en el hecho de que las medidas del gobierno de la Unidad Popular, pese a todos los obstáculos y tropiezos que se le colocaban, estaban atrayendo a sectores cada vez más amplios de la población. A pesar de todas sus tretas inescrupulosas, de todos sus recursos ilegítimos y del apoyo clandestino de Nixon y de Kissinger, la oposición estaba siendo vencida. El incremento de votos y de congresales de izquierda en la elección parlamentaria de marzo de 1973 así lo demuestra. La oposición hubo de acudir a medios nuevos y faltos de la ética más elemental para poner término a este mejoramiento de posiciones de la izquierda. Los nuevos medios fueron la subversión abierta y la seducción de las fuerzas armadas para que éstas se encargaran de derribar al gobierno constitucional.

Todos estos pasos y decisiones de la oposición unida, a los que -aunque parezca aberrante- se sumaron los tribunales de justicia y el Contralor General de la República, no son un producto espontáneo del odio político de los sectores conservadores en contra del gobierno del Presidente Allende. Es necesario convencerse de que la oposición chilena al gobierno popular, cuando menos desde mediados de 1971, contaba con un organismo central de dirección, de cuya existencia no se ha hablado hasta hoy, pero cuya presencia real queda delatada por la organización y planificación de las medidas adoptadas para oponerse al gobierno legítimo. Dicho organismo central, verdadero Estado Mayor civil de la subversión contrarrevolucionaria, contaba con numerosos miembros, muchos de los cuales han ostentado posteriormente designaciones de confianza de la Junta Militar, aunque no todos en cargos que sean de gran relieve para el juicio público. Era este organismo el. que mantenía el contacto con la CÍA, el que organizaba y distribuía tareas entre los medios de comunicación social, mayoritariamente dominados por la oposición, el que planificaba las acciones y el que disponía la ejecución de las actividades clandestinas, todo ello con apoyo técnico, logístico y hasta de personal norteamericano. Es seguro que desde un principio formaron parte de él miembros del ala derecha Democratacristiana. Desde comienzos de 1972 debió contar ya con conexiones más amplias con el Partido democratacristiano y, desde poco antes, con delegados de los tribunales de justicia y del Contralor. Es probable que desde el comienzo tuviera también contactos con algunos oficiales adictos dentro de las fuerzas armadas.

Este Estado Mayor civil hubo de ceder el paso a los generales confabulados cuando éstos decidieron llevar adelante el golpe militar.

Solamente colmando este vacío dentro de las informaciones con que ha contado la izquierda chilena, es posible comprender la acabada orquestación de la reacción chilena y la exacta coordinación de sus operaciones contrarrevolucionarias. Junto a la actuación de la CÍA es necesario agregar la labor de este aparato secreto de dirección, que debió extender sus brazos hacia todos los grupos, organizaciones y entes públicos que adhirieron activamente a la subversión contra el gobierno legítimo.

Todos los que participaron en esta tarea han de haber experimentado, en los primeros momentos del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, la grata sensación de haberle asestado a la izquierda chilena un golpe mortal. Es bien difícil que hoy se sostengan en una impresión semejante. Como lo expresa Joan E. Garcés, en definitiva y en razón de la solidez del gobierno popular, les fue necesario "forzar a la contrarrevolución a sus opciones más costosas, que se materializaron... en la masacre que se inició el 11 de setiembre de 1973". Además, esa masacre, en un sistema de alto desarrollo político, como es el chileno, representa una "derrota política definitiva de la burguesía como fuerza social competitiva ... (pues) ... en lo sucesivo estará condenada a mantener formas dictatoriales de gobierno y a imposibilitar la instauración de un régimen democrático que permita libre competencia para retener o alcanzar el poder político, pues se sabe condenada de antemano" (13).

Las ideas de izquierda estaban suficientemente arraigadas en Chile; una represión como la que desató la Junta Militar, pese a su lujo de violencia y de crueldad, no conseguirá eliminarlas. Antes bien, ellas se reafirmarán en quienes las sustentábamos y prenderán en muchos otros que no las compartían y que ahora han podido comprobar, con la experiencia vivida, que el capitalismo solamente puede imponerse en Chile al precio del hambre del pueblo, de la mentira, de la mala fe y de una represión brutal.

Nuestro propósito fue demostrar la definitiva impracticabilidad de la vía puramente legal para emprender una marcha hacia un auténtico socialismo. Lo sucedido en nuestro país lo patentiza y permite distinguir dos campos diversos en los cuales esa vía se atasca. Uno es la disonancia entre tal propósito y un régimen institucional y jurídico diseñado precisamente para frustrarlo. Otro es el plegamiento inevitable de quienes se desempeñan en los organismos públicos encargados de declarar la recta aplicación de la ley y de los principios de derecho, a las posiciones políticas más reaccionarias. Estos no se detendrán ante nada y arrojarán por la borda el sentido del deber, las exigencias de la justicia y hasta la más elemental dignidad, para sostener a un sistema al cual se sienten integralmente incorporados y que llegarán a defender por cualquier medio.

Sin la distorsión de la ley que cumplieron en Chile los tribunales de justicia y el Contralor General de la República, el gobierno de la Unidad Popular pudo haberse sostenido y pudo encontrar amparo en la propia legalidad para defenderse de la insurrección burguesa; el Presidente Allende pudo haber avanzado aun más en el desarrollo del programa previsto, y la contrarrevolución pudo haberse quedado sin un arma que le redituó mucho: la pretendida inconstitucionalidad e ilegalidad de las actuaciones del gobierno popular.

No está demás recordar que esos mismos organismos y funcionarios, servidos por las mismas personas físicas, adoptaron después del sangriento golpe una actitud de completo servilismo ante la Junta Militar, apoyando y cohonestando todos sus atropellos y demasías. Porque éste es el perfecto contrapunto que había de esperarse de ellos.

El pueblo chileno debe conocer la responsabilidad capital que cupo a los miembros del Poder Judicial (14) y de la Contraloría en el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, tanto para que se restablezca la justicia histórica, cuanto para que aquélla pueda hacerse efectiva llegado el momento.

Los hombres de izquierda de otros países deben considerar los extremosos atajos que es capaz de utilizar la derecha de cualquier parte del mundo para cerrarles el paso y para hacer fracasar sus más caros proyectos, aun en aquellos casos en los que aceptan someterse a las reglas del juego impuestas por sus adversarios.

Caracas, diciembre de 1977.


Notas:

1. En obras anteriores J. E. Garcés se ha ocupado de algunos problemas jurídico-institucionales, pero sin profundizar en ellos.

2. Las citas entre paréntesis que se inician, corresponden a las paginas de la referida obra de Silva Cimma.

3. Silva Cimma hace una cálida defensa de las actuaciones del Tribunal Constitucional dentro de su obra (pp. 147 y 209 a 216). Lo que no explica son los factores o causas que habrían impedido que el fragor de la lucha política alcatara a los miembros del tribunal, especialmente a los dos representantes en él de la Corte Suprema. Porque si estos Ministros adoptaban en el seno de su tribunal de origen actitudes inspiradas por la pasión política y no por la razón jurídica, y allí "arrasaban la norma jurídica", no se ve qué podría purificarlos en el momento en que cruzaban el umbral del Tribunal Constitucional. Esta nos parece una lamentable debilidad del estudio de Silva Cimma, tan valioso en otros aspectos.

4. C Altamirano, ob. cit., p. 63.

5. C. Altamirano, en ob. cit., p. 67, expresa que la institucionalidad chilena habría sido "aprovechable por el movimiento revolucionario no en la perspectiva de completar un ciclo histórico, sino solamente en la de enfrentar desde posiciones de fuerza más favorables -políticas, sedales y militares- la ruptura del Estado burgués". Agrega que "intentar transitar el camino político institucional sin tropiezos hasta alcanzar el objetivo final, era sólo una ilusión, una frágil ilusión".

6. Fue la época en que me sentí obligado a exponerle al Presidente Allende mi opinión acerca de la inviabilidad de los esfuerzos para adelantar con éxito apelando a la aplicación de ciertas disposiciones legales aprovechables para los planes del gobierno.

Después de haber cumplido con ese deber elemental, por mi calidad de asesor jurídico presidencial, estimé que mi criterio debía ser conocido también por los dirigentes políticos de la Unidad Popular. Fue éste el origen de mi extenso artículo denominado "El Difícil Camino de la Legalidad", publicado en marzo de 1972 en el número 7 de la Revista de la Universidad Técnica del Estado. Obtuve un apartado con dicho artículo, el que fue distribuido a esos dirigentes.

Es cierto que la advertencia, dentro de un artículo que podría ser accesible a todo público, se efectuó en una forma eufemística, para no colocar al gobierno en una situación difícil. Pero lo que allí se expuso podía ser comprendido claramente por todo aquél que quisiera entender.

Reproduciré dos acápites de ese artículo que pueden confirmarlo.

En la página 13 se dice textualmente: "Hemos mostrado, hasta aquí, en un cuadro objetivo y general las escasas posibilidades que el sistema jurídico nacional ofrece al plan de gobierno de la Unidad Popular".

En la página 24 se agrega: "El camino de las transformaciones revolucionarias directas queda impedido en una gran medida y pasa a hacerse perceptible el peso opresivo de esa legalidad burguesa, destinada a amparar y a sostener su sistema social. A lo anterior debe agregarse que cada vez va quedando más cubierto, por su utilización máxima, aquel campo que permiten las actuales disposiciones aprovechables como instrumentos de transformación, fuera de que, simultáneamente, lo estrechan interpretaciones judiciales o de la Contraloría".

Y nótese que en esos instantes ni el Poder Judicial ni la Contraloría habían llegado a los excesos a los que se lanzaron más adelante.

¿Podría pedirse una manera más clara de advertir el verdadero estado de cosas?

7. Hay elementos de juicio que podrían indicar que esa advertencia tuvo efecto en el Presidente Allende. En un discurso de "18 de abril de 1972, ante una concentración de más de medio millón de personas. Allende planteó por primera vez en público el agotamiento de una forma de Estado" (J. E. Garcés, ob. cit., p. 249) y el 5 de setiembre siguiente, en otro acto público, propuso "la necesidad de reemplazar las instituciones del Estado y del régimen jurídico-institucional" (ibídem). En su Mensaje al Congreso de 21 de mayo de 1972, Allende dijo textualmente: "La gran cuestión que tiene planteada el proceso revolucionario y que decidirá la suerte de Chile, es si la institucionalidad actual puede abrir paso a la transición al socialismo . . . Sólo si el aparato del Estado es franqueable por las fuerzas sociales populares, la institucionalidad tendrá suficiente flexibilidad para tolerar e impulsar las transformaciones estructurales sin desintegrarse..."

A mediados de ese año 1972 Allende había formado una comisión -de la que me tocó formar parte- encargada de la elaboración de una nueva Constitución apta para regir un Estado popular. La comisión cumplió su cometido y entregó al Presidente, a comienzos de setiembre, un anteproyecto completo. Sería del mayor interés histórico poder rescatar ese texto.

8. Es lo que C. Altamirano llama (ob. cit., p. 63) la legalidad convertida en "camisa de fuerza de la revolución".

9. Según C. Altamirano, en ob. cit., p. 64, el Poder Judicial "revestido desde antiguo de un manto de justo y austero", se transformó en "madriguera de la reacción y protectora de sus demasías".

10. A fines de 1972, después de intentar vanamente, por los obstáculos de hecho que se presentaban, que se sancionara administrativamente a abogados consejeros del Consejo de Defensa del Estado presidido por mi (los mismos que tan cumplido papel de juristas habían llenado hasta entonces, según se expresó en el capítulo V, pero que ya a fines de 1972 habían sido atrapados en su mayoría por la maraña de pasión, odio y miedo tejida conjuntamente por la CIA y por la reacción chilena), que en número de 8 se habían plegado a una huelga profesional dispuesta por el Colegio de Abogados, abandoné definitivamente mi función en ese servido y dediqué mis esfuerzos a organizar en Europa la defensa chilena en contra de las acciones judiciales iniciadas por la empresa Braden Copper Co. en Francia, Alemania Federal, Italia, Holanda y Suecia. Estas acciones procuraban frustrar la nacionalización chilena del cobre y entorpecer el comercio internacional del principal producto chileno de exportación. Con ello puse voluntario término a más de 36 años de servicios funcionarios en defensa de los intereses del Estado chileno y pasé a servir profesionalmente a la Corporación del Cobre de Chile. Fruto de mi experiencia en esa defensa judicial de la nacionalización del cobre, que cumplí hasta pocos días antes del golpe militar, fue mi libro Defensa de las nacionalizaciones ante tribunales extranjeros, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, a fines de 1976.

11. Esas etapas no se conforman siempre a un orden cronológico muy preciso, pues la acción opositora se ejercía simultáneamente en varios planos: parlamentario, jurídico (ante los tribunales y Contraloría), de propaganda pública, de penetración en las fuerzas armadas, de acciones terroristas, etc., y, en ocasiones, algunas de éstas se adelantaban o se retrasaban en relación con las demás.

12. La distinción entre esas diversas etapas del proceso de oposición al gobierno de la Unidad Popular se marca por primera vez en nuestro trabajo "Las cuestiones jurídico-institucionales y la vía chilena", publicado en El Gobierno de Allende y la lucha por el socialismo en Chile, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México. 1976. pp. 188 y ss.

13. Joan E. Garcés. ob. cit., pp. 91 y 92.

14. Es posible hablar del Poder Judicial como un conjunto, porque los magistrados que sostuvieron una posición de estricto apego al cumplimiento de sus deberes funcionarios fueron una minoría muy reducida, incapaz de influir efectivamente en las decisiones. Las más altas jerarquías judiciales se disputaron la palma en la posición más beligerante contra el gobierno legítimo y en la obsecuencia sumisa ante los facciosos, posteriormente.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02
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