Asesinato en Washington

IX

LA INVESTIGACIÓN

EN LA TARDE del día del asesinato, Eugene Propper regresó a su oficina en el cuarto piso del edificio de la Corte del Distrito de Estados Unidos y llamó al capitán Joe O'Brien, jefe de la División de Homicidios de la policía metropolitana. Supuso que los asesinatos de Letelier y Moffitt, igual que las decenas de otros crímenes que había manejado, robos, secuestros, homicidios, fraudes y casos de drogas, caían bajo la jurisdicción de la policía del distrito de Columbia.

El capitán O'Brien le hizo un rápido y acucioso detalle de las circunstancias que rodearon el crimen, recogidas gracias a los informes radiales entregados por los oficiales desde el escenario mismo de los hechos. No se había visto a nadie abandonando el lugar. No había explicaciones para determinar quién o cómo habían colocado la bomba. Él prometió enviar un informe escrito.

Hacia el atardecer, Propper empezó a darse cuenta de que el asesinato tenía connotaciones internacionales y que el FBI debería participar en la investigación, ya que Letelier, en su calidad de ex embajador chileno, caía dentro de un estatuto federal especial que protege al personal diplomático. En la medida en que se comunicaba con profesionales y amigos pertenecientes a agencias gubernamentales de Washington, al ir dando lectura a los informes que comenzaban a llegarle, una enloquecedora cacofonía de palabras zumbonas empezó a asediarlo: comunistas, Allende, gobierno marxista, el papel de la CIA, golpe militar, campos de concentración, derechos humanos, DINA, servicio de inteligencia amistoso, IEP, ideología izquierdeante, simpatizantes comunistas, asesinato político.

Habiendo perdido sólo un caso ante los tribunales, Gene Propper se había ganado una reputación de impetuosa energía alimentada por la ambición, inteligencia rápida y apasionada, instinto legal para resolver los problemas. Era impetuoso, irreverente, ambicioso. Tenía casi un aspecto insolente, que lo salvaba de aparecer arrogante gracias a su afabilidad espontánea. Fuera de los tribunales, sazonaba su conversación con el uso de hipérboles y sarcasmo.

La pequeña, poco atractiva y convencionalmente pintada oficina de Propper, había adquirido el aspecto de informalidad y desorden de la habitación de un estudiante. Como contraste del decorado ofrecido por el mueble de archivo con cerradura de combinación, instalado cerca de la puerta, sobre su escritorio, la pared estaba cubierta de. caricaturas de Doonesbury y, encima del cesto de papeles, un cesto de baloncesto de plástico, colgaba del muro.

Aunque por la barba y la motocicleta tenía una cierta imagen poco convencional, Propper era un hombre apolítico que sólo ocasionalmente daba opiniones ligeramente liberales acerca de los problemas raciales y las libertades civiles. La Oficina de la Procuraduría de Washington, Estados Unidos, hacia la que experimentaba una lealtad desenfadada, le proporcionaba la posibilidad de ascender en su carrera, un deseo común de los abogados jóvenes, por el hecho de que los casos importantes estaban relacionados tanto con las leyes federales como con las locales. Este caso lo fascinó desde el primer momento. Estaba furioso cuando vio las fotografías oficiales de la policía, tomadas a las dos víctimas.

El 22 de septiembre, Propper tuvo una sesión de planificación de estrategias con Joe O'Brien de la policía del distrito y con Carter Cornick, de la Oficina del FBI en Washington. Propper comunicó a los investigadores que tomaría parte directamente en la coordinación de la investigación. Elaboró un cuestionario con las dos agencias de procedimiento legal que, amalgamando en Washington los asuntos federales y locales, a menudo provocaba competencia entre ellas.

La palabra "asesinato" todavía no formaba parte del vocabulario oficial de la investigación, pero O'Brien estuvo de acuerdo en ceder su lugar al FBI en el caso de que comenzaran a predominar motivos políticos, o el caso se saliera de las fronteras nacionales, donde la policía del distrito no tenía capacidad operativa. Estableció que al mismo tiempo, el asesinato de Ronni Moffitt caía dentro de la jurisdicción de la policía del distrito y su departamento proseguiría la investigación, aunque manteniéndose en contacto con el FBI.

Cornick destacó que, teóricamente, cualquiera de las víctimas podría haber sido el blanco y los motivos podrían haber sido pasionales. Habían sabido que Letelier estuvo envuelto en un asunto sentimental y a raíz de ello estuvo separado de su esposa. Tanto Ronni como Michael Moffitt tuvieron ex novios y novias que deberían ser investigados. Letelier y Moffitt tenían cuentas bancadas y pólizas de seguro que también era preciso investigar.

Los tres agentes, expertos en investigaciones criminales, siguieron el método tradicional del "descarte". Todos ellos tenían sólo una vaga idea de la historia reciente de Chile, pero lo que supieron en el curso de las primeras veinticuatro horas después del asesinato, los convenció de la necesidad de informarse acerca de esos acontecimientos, ya que éstos podrían llevarlos a la clave del caso.

Propper pidió libros y artículos acerca del gobierno de Allende. La CIA era una presencia viva. Supo que la DINA, esa palabra repetida por Michael Moffitt y los miembros del IEP, era la policía secreta, cuya fama de brutalidad le había valido a Chile su condena por parte de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU el año anterior. Leyó sobre el MIR, grupo de revolucionarios chilenos que promovían la lucha armada; sobre la labor desempeñada por el Comité de la Iglesia; sobre la participación de Estados Unidos en el derrocamiento del gobierno de Allende; sobre el apoyo de la CIA a los grupos derechistas que asesinaron al general Schneider. Propper concluyó que si la DINA u otra agencia chilena de inteligencia estaba involucrada en el asesinato, como lo declaraban los colegas de Letelier, la investigación estaría necesariamente relacionada con la CIA.

Propper presentó el caso a un gran jurado federal organizado para tal efecto. El FBI comenzó un rastreo sistemático de sospechosos. La sección de documentación investigó expedientes antiguos, dedicándose en especial a grupos que, se sabía, usaban bombas. Desde la primera semana, la búsqueda se centró en los grupos de cubanos exiliados que tenían historial terrorista. Pronto, en los escritorios de Propper y Cornick comenzaron a acumularse gruesos expedientes y memoranda.

Los primeros comentarios editoriales entregaron previsibles manifestaciones de pesar, pero, contrariamente a lo usual, el conservador Washington Post apuntó un dedo acusador hacia Chile y, de allí, al gobierno norteamericano:

Toda esta cadena de acontecimientos, por cierto, comenzó con la caída del régimen de Allende, en cuyo debilitamiento Estados Unidos jugó un papel secreto. En ello hay una lección que aprender, sólo si este país y sus dirigentes la escuchan. En la medida en que nosotros interfiramos ilegalmente en los asuntos políticos internos de otros países, asumimos la responsabilidad por sus lamentables consecuencias.

Pero otra versión surgió también en los artículos y editoriales. Al comienzo silenciada por respeto, se desarrolló la teoría de que extremistas de izquierda habían matado a Letelier con el propósito de crear un mártir. En los últimos meses, Chile había estado tratando de mejorar su imagen externa en relación a los derechos humanos -según declaró el New York Times- por lo que era "difícil de creer" que pudiera estar involucrado el gobierno chileno. El editorial formuló abiertamente la pregunta de si el asesinato de Letelier había sido cometido "por el gobierno de Chile o por los extremistas de izquierda, que no se detendrían ante nada para lograr el descrédito" de la junta chilena.

Los más altos funcionarios del Departamento de Estado, en memoranda que analizaban las posibles implicaciones del caso para la política norteamericana, hacían énfasis en las fraternales relaciones entre Chile y Estados Unidos. Para la mayoría de ellos, se excluía la posibilidad de que una agencia del gobierno militar chileno hubiese perpetrado un acto de violencia en territorio norteamericano. Por el contrario, los expertos en asuntos chilenos del Departamento de Estado consideraban que el daño hecho al gobierno de Chile por el asesinato y las acusaciones que establecían la participación en él de la DINA, sobrepasaba cualquier posible beneficio que pudiera haberse obtenido con la eliminación de un crítico como Letelier.

Un cable de la Agencia de Defensa de Inteligencia, del 28 de septiembre, decía:

Santiago había quitado su ciudadanía al ex embajador el 17 de septiembre (sic) y se supo que realizaban investigaciones acerca de la naturaleza de sus actividades, así como las actividades de su grupo.

... Es difícil echar la culpa a Santiago por varias razones. El poder de la DINA -señalada como responsable- casi con certeza (un 80%), no llega hasta Estados Unidos. La imagen de Chile sufrió un grave revés con el asesinato y esto es algo que los autores del atentado deberían haber sabido y considerado con anticipación. Más aún, el hecho se produjo, como dos atentados previos, durante la reunión de la asamblea general de la ONU en Nueva York, un pésimo momento para llevar a cabo un atentado por parte de Chile. Este país tratará de acallar la ola de protestas, pero su posición en la ONU ya ha sido dañada considerablemente. Tal vez el incidente nunca pueda ser explicado hasta sus últimas consecuencias, ni se logre identificar a los asesinos, quedando así insatisfechos los deseos de los críticos de Chile.

Se consideraba a los marxistas como los más probables sospechosos. Asesinando a Letelier, creaban un mártir, una razón para atacar al gobierno chileno. "Letelier ha dañado más a la junta muerto que vivo". Esa frase se convirtió en la favorita del Departamento de Estado. La proximidad a la Embajada de Chile de la explosión y el hecho de que el asesinato se produjera en la sesión de apertura de la asamblea general de la ONU, se citaban como prueba de que el gobierno chileno era una víctima y no el autor del crimen.

Durante la semana que siguió al asesinato, acudiendo a otras oficinas y agencias del gobierno, conversando con representantes de la Embajada de Chile y de la comunidad de chilenos pro juntistas de Washington, Propper escuchó una y otra vez la teoría del mártir. Algunos de los ex colegas de Letelier en el Banco Interamericano de Desarrollo incluso contaron anécdotas que reflejaban la animosidad de la izquierda en su contra.

El agente especial del FBI, Cárter Cornick, escuchó los mismos rumores. Algunos importantes oficiales del FBI se referían a Letelier y al IEP como "pro comunistas" y "comunachos". Sugirieron a Cornick que dirigiera la investigación hacia la izquierda norteamericana y los exiliados chilenos. Pero Cornick, a pesar de su furioso anticomunismo, rechazó las insinuaciones.

Saul Landau y Ralph Stavins decidieron realizar una investigación independiente, patrocinada por el IEP. Sentían necesaria su intervención para la conducción de la investigación oficial, a fin de ponerla en la pista que condujera a la DINA. Más que proveer pistas y claves, pretendían hacer entender a los investigadores de Estados Unidos el contexto político del asesinato, delimitar la tenue línea divisoria entre la cooperación con y la crítica hacia los esfuerzos de Estados Unidos.

Comenzamos con un conocimiento mucho más general que el del FBI. Sabíamos lo que la DINA había hecho en el interior de Chile, por haber tenido contactos con víctimas de la tortura y oído cientos de historias de detenciones, amenazas, encarcelamientos y asesinatos, contadas directamente por las víctimas o sus parientes. Las características de los ataques y amenazas contra los chilenos, dentro y fuera del país, nos convencieron de que la DINA operaba también en el extranjero.

Recortes de prensa e informaciones recogidas por los exiliados nos indicaban que, tanto la prensa como la policía argentina, consideraban a la DINA sospechosa de la explosión del automóvil y la consiguiente muerte de Carlos Prats y su esposa, en el otoño de 1974; muchos periodistas europeos habían mencionado a la DINA como el principal sospechoso en el casi fatal atentado sufrido en Roma por Bernardo Leighton y su esposa, en octubre de 1975. Otras fuentes de información aludían a las acciones de la DINA contra dirigentes importantes de la Unidad Popular y la Democracia Cristiana en Costa Rica y varios países europeos. Por todo esto, nos sentíamos seguros al formular nuestras acusaciones. Dejamos abierta la posibilidad de que un grupo paramilitar como Patria y Libertad, o un servicio de inteligencia rival, de la Fuerza Aérea o de la Marina, también pudieran haber tenido razones o capacidad para matar a Letelier en suelo extranjero. Pero en virtud de las conversaciones con ex militares chilenos acerca de la rígida estructura vertical de las fuerzas armadas, no nos cabían dudas de que Pinochet mismo debería haber sabido y autorizado un hecho como ese.

Yo había estado con Carter Cornick la noche del asesinato, en casa de Isabel Letelier. Cuando le insistimos que uno de nosotros o un abogado estuviera presente en las entrevistas del FBI con cualquiera de nuestros funcionarios, Cornick se molestó. ¡De ninguna manera! Eso va en contra de cualquier procedimiento. Fuimos inflexibles y lo acusamos de haber grabado personalmente nuestras conversaciones telefónicas, violado la correspondencia, hurgado nuestra basura. Movió la cabeza confundido. "No sé nada de eso", dijo, "pero le diré una sola cosa. En este caso, estamos del mismo lado". Le exigimos nos explicara lo que acababa de decir. Me miró directamente a los ojos: "Saul (tuve que pensar si ofenderme o no por la libertad que se había tomado al llamarme por mi nombre), quiero agarrar a quienes hicieron esto. Los quiero a todos. Y puedo prometerle que llegaremos hasta donde sea preciso para lograrlo". Tenía el nudo corrido de la corbata y un mechón de pelo le caía sobre la frente. Frunció los labios para enfatizar su determinación. Juró no tener conexiones con nada de lo ocurrido en el pasado entre el IEP y el FBI, que él no era sino un investigador criminal asignado al caso. Le creí.

No podía proyectar mi idea preconcebida acerca del FBI como un símbolo y personificación del perseguidor en la persona concreta de Cárter Cornick. Respondió a nuestras preguntas acerca de lo que se sabía del caso, la mayoría de las veces con un "no sé", y accedió a que una persona del IEP estuviera en la puerta de la sala de entrevistas, en el caso de que el entrevistado considerara que los agentes del FBI estaban haciendo preguntas no pertinentes. Mientras Cornick hablaba acerca del horror del crimen cometido, ya no veía ante mí la imagen de J. Edgar Hoover y su maquinaria, sino que vi y escuché a un hombre que pensé era un policía honesto.

En Miami y Nueva York, movimos recursos para investigar dos cosas: individuos y grupos de cubanos exiliados con conexiones claras y abiertas con Chile, y exiliados cubanos con historial terrorista. Era importante mantener relaciones estrechas y cordiales con Eugene Propper, de modo que sosteníamos largas conversaciones telefónicas con él, visitábamos su siempre atestada oficina y, en lo posible, tratábamos de saber siempre dónde se encontraba. Le entregamos la información que recibimos de nuestras propias fuentes, dándole a conocer nuestras teorías. Aprendimos a ser persistentes, haciendo caso omiso de su indiferencia manifiesta ante nuestras informaciones. Nuestra estrategia de cooperación se encontró con otro problema. Supusimos que todos los contactos entre los terroristas exiliados cubanos y Chile eran del conocimiento de la CIA, si es que no contaban con su bendición. Si la CIA había penetrado en la DINA, poseyendo también conocimientos fundamentales de las operaciones terroristas de derecha, lo más probable era que hubiera sido advertida del asesinato Letelier-Moffitt. Si lo supieron con antelación, lo habrían impedido. ¿Por qué? Era lógico que la CIA no permitiera un asesinato con esas características en el corazón de Washington, D.C. Si lo sabían, no era probable que el FBI la acusara. Por eso, ¿podríamos confiar en que el FBI resolvería el caso? Nuestra única respuesta era obvia: oficialmente, el gobierno de Estados Unidos no podía permitir que actos como el asesinato Letelier-Moffitt se produjeran, ni menos en Washington, incluso si estaban involucrados elementos renegados de la CIA. Pero, ¿estaría dispuesto el FBI a inmiscuirse en el aparato de seguridad nacional, que nosotros suponíamos ya sabía quién había realizado el crimen? Si el FBI contaba con el apoyo del Congreso y, al mismo tiempo, sufría la presión de la prensa y la opinión pública, podríamos tener esperanzas. Decidimos jugarnos el todo por el todo y ayudamos a promover ese apoyo y la presión.

El FBI dio un carácter de "especial" a la investigación, codificándola como CHILBOM. Ese status proporcionó a Cornick y a Propper la autoridad y el presupuesto necesarios para ordenar la acción inmediata de cientos de agentes del FBI en todo Estados Unidos. Los primeros informes de laboratorio llegaron al escritorio de Propper cuando los expertos comenzaron la tediosa operación de examinar y analizar los restos del automóvil de Letelier y el contenido de las bolsas plásticas, con restos recogidos en Sheridan Circle. Los medios de comunicación exigían noticias sobre los avances en la identificación del tipo de bomba utilizado y el método de detonación. Propper y Cornick impusieron un secreto más estricto del acostumbrado, rehusándose a dar informaciones y a hacer comentarios.

Por fin, los expertos concluyeron que la bomba que mató a Letelier y a Ronni Moffitt era obra de un eficiente y experimentado técnico, no de un aficionado en la materia. El asesino había acomodado la carga -TNT o plástico- de manera que su fuerza estallara hacia arriba, asegurando que Letelier, el conductor, recibiera su máximo efecto. Consideraron que Ronni Moffitt no era el blanco buscado, sino la víctima accidental de los trozos de metralla. Los investigadores no encontraron restos de fusibles convencionales o equipo de detonación, pero identificaron trozos de baterías del tipo Radio Shack y retorcidas agujas metálicas. Los laboratoristas del FBI llegaron a la conclusión de que era muy probable que una señal de control remoto hubiera activado la bomba, consistente en algún tipo de aparato de radio. Un minutero y la caja de un reloj de bolsillo, encontrados en el área, engañaron al comienzo a los investigadores, pero puesto que la carátula del reloj casi no había sido dañada por la explosión, no podía tratarse de una parte de la bomba. Alguien relacionado con la investigación informó del hallazgo de las piezas de reloj al Washington Post, interpretando que la bomba utilizada era un "aparato de tiempo relativamente sencillo".

El artículo del Post del 25 de septiembre especificó que en ese momento la investigación se centraba en los últimos días y horas de Letelier. Los agentes esperaban que, como en la mayoría de casos de asesinato en los que la víctima conoce a su agresor, la vida y actividades de Letelier proporcionarían las ocultas respuestas para dilucidar el crimen. Dentro de un maletín "Samsonite" gris oscuro encontrado en el automóvil casi intacto, con la sola excepción de una perforación de metralla, los investigadores tuvieron acceso a documentos de trabajo de Letelier, libretas de direcciones, calendarios, cartas, una cinta de grabación, un antifaz protector para dormir y aspirinas. El contenido proporcionó una biografía aproximada del último mes de Letelier vivo.

Cornick decidió que agentes del FBI entrevistaran a cada una de las personas que aparecían en la libreta de direcciones. Durante días, numerosas personas recibieron llamadas telefónicas y visitas de agentes del FBI. Algunos de ellos, aplicando los métodos aprendidos en el periodo de J. Edgar Hoover del FBI, trataron de encontrar pruebas de actividades de izquierda y contactos. Muchos dejaron suponer que la izquierda tenía alguna razón en particular para matar a Letelier.

Una de las primeras diligencias de Cornick en la investigación fue ponerse en contacto con un funcionario del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (INS), cuyas oficinas estaban en las calles 4a. e I, a corta distancia de la sede del FBI. Cornick pensó que, si extremistas chilenos o agentes de la policía secreta habían entrado al país para matar a Letelier o ponerse con otros para que realizaran el asesinato, sus nombres deberían aparecer en los archivos computarizados del INS, que registra a todos los extranjeros que ingresan al país. El INS preparó una lista sacada de los registros, con casi mil nombres de chilenos que ingresaron o dejaron Estados Unidos entre el 2 y el 22 de septiembre, así como de pasajeros no chilenos que habían viajado desde Chile a Estados Unidos. Cornick asignó algunos agentes para que se dedicaran a cotejar los nombres.

Los investigadores del IEP creyeron haber encontrado a los asesinos. Un operador telefónico de un hotel de Nueva York había encontrado exiliados chilenos con información sospechosa. Un hombre y una mujer chilenos se habían registrado en el hotel a mediados de agosto; otros dos chilenos se reunieron con ellos el 15 de septiembre. Los cuatro hicieron llamadas telefónicas a Chile y Costa Rica y a un número en Washington, D.C., cinco días antes del asesinato; los cuatro dejaron el hotel a las 3:27 a.m.

Una de las llamadas a Chile, según descubrieron los investigadores del IEP, correspondía a una familia derechista cuyo hijo había estado involucrado en el asesinato de Schneider. Uno de los chilenos, el oficial naval Hermán Ferrer, sustentaba ideas de extrema derecha. Otro oficial de marina, Iván Petrovich, estaba relacionado con la DINA, según declararon exiliados chilenos. El número de personas, cuatro, coincidía con otra información sobre cuatro sospechosos agentes de la DINA que llegaron en Lufthansa, si bien las fechas de ingreso no coincidían. Las pistas del hotel también parecían concordar con la información de la sirvienta de la casa de Letelier de que el día del asesinato había visto a tres hombres y una mujer en un automóvil estacionado frente a la casa.

El FBI prometió revisar esos datos. "Nada", dijo Cornick a Landau pocas semanas más tarde. "Hay un sucio asunto relacionado con el hotel y la misión militar, pero no tiene ninguna relación con la explosión".

EL AGENTE ESPECIAL del FBI, Robert Scherrer había cubierto el cono sur de Sudamérica desde 1972. Su título de agregado legal en la embajada norteamericana en Buenos Aires, para nadie era un secreto que "encubría" sus antiguos trabajos como espía, cuando el FBI tenía una red de inteligencia en Latinoamérica y tuvo la responsabilidad de asesorar allí la actividad pro nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, habiendo la CIA suplantado al FBI en sus operaciones de espionaje en el extranjero, la labor del agregado legal consistía en descubrir tráfico de drogas y persecución de fugitivos. Pero Scherrer hizo mucho más. Era un experto en inteligencia. Desde Buenos Aires, cubría toda Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, manteniendo lazos con la policía y los servicios de inteligencia de cada uno de esos países. Se había propuesto llegar a conocer a Manuel Contreras, de Chile.

Delgado, poco más de un metro setenta de estatura, cabello rojizo y acento suave, por su apariencia, Scherrer reflejaba los orígenes irlandeses de su madre. Su rigidez provenía de la inflexibilidad germánica del padre y de su formación en el seno de una clase media católica de Brooklyn.

El FBI de J. Edgar Hoover lo contrató cuando tenía 18 años, dándole trabajo como empleado de archivos y mandándolo a estudiar leyes a la Universidad Fordham. Para Scherrer, el trabajo en el FBI era mucho más que eso, llegando a convertirse casi en una vocación religiosa.

Después del asesinato, reunió los cables procedentes de Washington y se puso a trabajar. Extraoficialmente, hizo preguntas en los servicios de inteligencia militar de Argentina. En el lapso de una semana, obtuvo sus frutos. Un soplón fue a visitarlo, diciéndole estar seguro de que la muerte de Letelier era el resultado de una "salvaje Operación Cóndor".

"Esos lunáticos de Santiago van a arruinarlo todo. Esto nos dañará tremendamente. Si usted me habla del MIR, los tupamaros, de basura de ese tipo, estoy de acuerdo. No me importa. Pero la otra basura, eso de salir fuera, a Europa y a otros países, es un mal negocio. Cóndor era un proyecto bueno y esto lo arruinará".

La fuente, un veterano agente de inteligencia, tenía que ver con la tortura y el asesinato como con el pan de cada día. Scherrer conocía la situación del tipo y sabía que le daba acceso a información valiosísima. El agente habló a Scherrer con enojo, pero la apariencia de Scherrer siguió siendo tranquila. Lo exprimió, saboreando una de esas escasas experiencias, esos momentos de intimidad en el trabajo de inteligencia, cuando un agente pasa a otro información candente e importante.

¡De modo que la llamaban Cóndor! Scherrer le dijo haber escuchado informaciones vagas sobre intercambio de datos secretos y acerca de un computador instalado en Santiago. Esa es sólo la "fase uno", contestó la fuente, el intercambio y almacenamiento de datos sobre terroristas marxistas. El propósito real de Cóndor son las "fases dos y tres". La fuente de Scherrer dijo haber oído que las operaciones de la "fase tres" estaban en estudio para realizarse en Portugal y en Francia, pero él no había sabido de ningún asesinato contemplado aún en la "fase tres". Dijo tener razones para creer que Letelier pudo haber sido la primera víctima.

Scherrer escuchaba, almacenando la información para recordarla posteriormente. Hizo otras averiguaciones. El 28 de septiembre, una semana después del asesinato de Letelier, envió a Washington su informe supersecreto.

ASUNTO: Operación Cóndor
posible relación con el asesinato de Letelier.

Operación Cóndor es el nombre en clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de datos de inteligencia relacionados con la izquierda, los comunistas y marxistas, que se han establecido recientemente entre los servicios participantes de Sudamérica con el fin de eliminar a los terroristas marxistas y sus acciones en la zona. Además, la Operación Cóndor promueve operativos conjuntos contra blancos terroristas en los países miembros ... Chile es el centro de la Operación Cóndor que, además, incluye a Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. También Brasil ha aceptado, supuestamente, entregar información a la Operación Cóndor.

Una tercera y la más secreta fase de la Operación Cóndor incluye la formación de equipos especiales de los países miembros para viajar a cualquier parte del mundo, hacia países que no son miembros, llevando a cabo sanciones /que incluyen/ el asesinato, contra terroristas o colaboradores de grupos terroristas pertenecientes a los países miembros de la Operación Cóndor. Por ejemplo, un terrorista o un partidario de una organización terrorista de un país miembro puede estar en Europa. Se envía un equipo especial de la Operación Cóndor para localizar y vigilar al blanco. Cuando termina la operación de localización y vigilancia, se envía un segundo equipo de la Operación Cóndor para que lleve a cabo el castigo preestablecido contra ese blanco.

Teóricamente, un país puede otorgar documentación falsa para el equipo de asesinos que estará integrado por agentes de distintos países. Scherrer concluyó que el asesinato de Letelier "puede haber constituido la tercera fase de la Operación Cóndor".

Scherrer supo que Manuel Contreras -"Cóndor Uno"- había ideado y promovido la creación de la operación, la que había entrado en funciones a fines de 1975. En su etapa de formación, Chile había aportado la mayor parte del financiamiento, realizando una serie de reuniones organizativas en Santiago, a expensas de la DINA. También Chile proporcionó el elaborado sistema computarizado y fungía como centro de operaciones.

El propósito de Cóndor era prevenir que los dirigentes de la resistencia izquierdista de un país se refugiaran en otro. Los miembros de los servicios de inteligencia de Cóndor tenían autorización para ejecutar a los izquierdistas sospechosos de cualquier país perteneciente a la organización. Según se solicitara, los izquierdistas detenidos en un país, podían ser llevados secretamente a su país de origen para ser interrogados y ejecutados. (1)

EN LA PRIMERA semana después del asesinato, Cornick realizó la desacostumbrada gestión de telegrafiar a todas las oficinas de su dependencia para solicitar la opinión de los agentes y analistas acerca de "dónde debería investigar". Los agentes en Nueva York, Nueva Jersey y Miami pusieron a trabajar la red de sus soplones y dieron a conocer a Cornick lo que "en la calle" se decía sobre el asesinato. Los señuelos y soplones proporcionaron un cuadro bastante coherente. Apuntaban hacia los grupos de exiliados cubanos y a uno de ellos en particular, el Movimiento Nacionalista Cubano. Algunos de los soplones señalaron haber oído que Guillermo e Ignacio Novo estaban involucrados.

Los agentes que escarbaban entre sus archivos y en su memoria descubrieron un incidente de colaboración probable Chile-exiliados cubanos en el intento de asesinato de Bernardo Leighton en Roma, en 1975. "Cero" había mandado comunicados a los medios de prensa de Miami, atribuyéndose el atentado a Leighton y su esposa, y el asesinato del exiliado cubano Rolando Masferrer. Ambos hechos habían ocurrido en octubre de 1975. El FBI dio crédito a lo que afirmaba "Cero", debido a que entregaba detalles del atentado que sólo sus autores podían conocer. Una poderosa bomba colocada bajo el automóvil de Masferrer, le había volado las piernas. La bomba tenía un poder similar y había sido colocada igual a la que mató a Letelier y Ronni Moffitt. En base a los archivos, Cornick y sus hombres concluyeron que el atentado a Leighton había sido producto de un "contrato" con el gobierno militar chileno, en el que "Cero" habría servido como "fusil alquilado por Chile". La mejor información que tenía el FBI era que "Cero" correspondía al nombre utilizado por el Movimiento Nacionalista Cubano en actos de terrorismo y que entre sus miembros estaba el jefe del MNC Guillermo Novo, su hermano Ignacio y un disidente del ejército revolucionario cubano, José Dionisio Suárez, que se había ganado los apodos de "El Cepillo" y "Charco de Sangre", gracias a su trabajo como asesino desde la victoria revolucionaria.

DOS SEMANAS DESPUÉS del asesinato, se hizo evidente que éste no se resolvería rápidamente. En informes enviados a la Oficina del Procurador General, Edward Levi, Propper señalaba que el FBI había reducido su investigación a móviles políticos y que el caso traspasaría las fronteras de los Estados Unidos. Alrededor del 2 de octubre, informó a sus superiores que el FBI tenía pistas no confirmadas que apuntaban hacia la DINA u otra agencia de inteligencia chilena. En el cuadro de la administración oficial de Chile, no tenía lugar la suposición de que el régimen de Pinochet hubiera instigado el asesinato y los "voceros" oficiales tuvieron buen cuidado de no relacionar públicamente a ambos. Pero tras bambalinas, sin embargo, tenía que encararse el problema, presionando por una investigación que pudiera comprobar qué papel había desempeñado Chile en el crimen. Y había un segundo problema: ¿colaboraría la CIA en la investigación? Y, si lo hacía, ¿hasta qué punto?

El Procurador General Levi consideró que cualquier esfuerzo por resolver este sangriento crimen sería un importante primer paso para restañar las heridas profundas dejadas por Watergate y Vietnam. Ayudaría a restablecer la fe de la opinión pública en la burocracia del gobierno, advirtió Levi, si todas las agencias gubernamentales trabajaban juntas y con eficiencia en la solución del caso.

El Departamento de Justicia y la CIA lucharon por definir formas de trabajo conjunto aceptables para ambos. Lo que necesitaba el Departameno de Justicia convergía en un mismo punto con lo que la CIA tenía: la información que en el caso se obtuviera llegaría hasta la corte, hasta el juicio público.

La CIA exigía la protección de la información que pudiera revelar "fuentes y métodos". Más aún, una reciente orden ejecutiva surgida de las investigaciones senatoriales sobre los abusos cometidos por la CIA, prohibía a la institución dedicarse a asuntos de "inteligencia doméstica". La prohibición se hacía extensiva en los casos de inteligencia extranjera cuya información pudiera ser usada en casos criminales domésticos. La CIA estaba ligada al FBI, habiendo desaparecido la amarga rivalidad de la época de J. Edgar Hoover; sin embargo, asumió la posición de que sus asuntos eran la inteligencia y no los procesos legales. Además, sostuvo que si las centrales latinoamericanas entregaban información sobre el asunto Letelier y ésta se daba a la publicidad, las relaciones con todos los servicios de inteligencia latinoamericanos se lesionarían.

Finalmente, la CIA sería considerada sospechosa de haber cooperado porque, en el peor de los casos, la investigación podía revelar que algunos miembros de la CIA habían trabajado en el pasado en Chile, estrechamente unidos a los que hoy estaban involucrados en el crimen. El juicio contra esas personas traería inevitablemente como resultado el desenmascaramiento de la información de "seguridad nacional". Además, cualquier delincuente chileno podría chantajear a Estados Unidos, amenazando con hablar de las actividades de la CIA en Chile.

El 4 de octubre, J. Stanley Pottinger, asistente del procurador general en derechos civiles, y Eugene Propper se reunieron con el director de la CIA George Bush y con el Consejero General de la CIA, Anthony Lapham, para encontrar una solución al problema de la cooperación de la agencia. Bush señaló que ésta estaba deseosa de colaborar, si Pottinger y Propper podían "resolver su problema" acerca de la disposición ejecutiva que prohibía su participación en asuntos domésticos. En el curso de las conversaciones salió a relucir el descubrimiento de Scherrer en relación a la Operación Cóndor. Bush dijo que si el Procurador General Levi solicitaba por escrito que la CIA iniciara la investigación de la Operación Cóndor, ellos tendrían una solución para el "impasse" relacionado con la cooperación de la agencia en el caso. Dijo que la existencia de un equipo terrorista internacional con la capacidad de operar en suelo norteamericano constituía un asunto muy serio de seguridad nacional y que entraba al terreno de competencia de la CIA. Consideró que no habría problemas legales para entregar al FBI los resultados de esas investigaciones realizadas por la CIA.

Durante los días siguientes, Pottinger arregló el asunto de la orden presidencial y, con Propper, pulió los detalles para un acuerdo secreto circunscrito a la cooperación entre el Departamento de Justicia y la CIA. Ésta entregaría "relevante" información contenida en sus archivos, pero el Departamento de Justicia no podría utilizar esa información en la corte, a menos que se obtuviera independientemente de otra fuente. En el caso de que la investigación llevara a una particular información entregada por la CIA, o a un testigo de la organización, la decisión de utilizar esa información la tomaría el presidente.

Más que satisfecho, Propper estaba impresionado. Se había convertido en miembro de un club muy especial. El correo de la CIA empezó a despachar al FBI, y de allí a su oficina, montones de documentos calificados de ultra secretos. La mayor parte del material se relacionaba con izquierdistas chilenos sospechosos de actividades terroristas. Pero la CIA ocultó a Propper la información de que el director adjunto Vernon Walters, pocas semanas antes del asesinato, supo acerca de una misión secreta en Washington de dos oficiales de inteligencia chilenos que usaban los nombres de Juan Williams y Alejandro Romeral. El director Bush había recibido personalmente el cable del embajador Landau, informándole sobre el proyectado viaje de los chilenos y había decidido con Walters qué decisión tomar. Tampoco le dijeron a Propper que la CIA había recibido una llamada telefónica a fines de agosto de 1976, informando acerca de la presencia en Washington de Romeral y Williams. De acuerdo a una fuente bien informada, Bush no mencionó a Walters, ni tampoco a Propper, acerca de los misteriosos agentes chilenos.

En lugar de entregar la información que poseía y que apuntaba hacia Chile, la CIA se convirtió en defensora pública de la "teoría del mártir", haciendo evidente su inocencia en el asesinato Letelier-Moffitt. En las semanas siguientes, el punto de vista de la CIA sobre el caso se publicitó en los más importantes medios de comunicación. La columna "Periscopio" del Newsweek del 11 de octubre decía:

Después de estudiar las investigaciones del FBI y de otras fuentes, la CIA ha concluido que la policía secreta chilena no está involucrada en la muerte de Orlando Letelier. . . La agencia llegó a esta conclusión debido a que la bomba era demasiado burda como para ser resultado del trabajo de expertos, y porque el asesinato, ocurrido mientras los dirigentes chilenos buscaban el apoyo de Estados Unidos, sólo podía perjudicar al régimen de Santiago.

En un artículo encabezado con "LA IZQUIERDA ES SOSPECHOSA DE LA ELIMINACIÓN DE LETELIER", el reportero del Washington Star Jeremiah O'Leary escribió:

Los investigadores no descartan la posibilidad de que Letelier pueda haber sido asesinado por extremistas de izquierda para crear un mártir, culpando a los conspiradores de derecha. Varios funcionarios han señalado que la junta derechista de Chile no tiene nada que ganar y todo que perder con el asesinato de un dirigente socialista popular y pacífico, en el mismo momento en que los problemas financieros de Chile están siendo revisados en Washington.

El 12 de octubre, el New York Times señalaba:

Los funcionarios de inteligencia /de la administración Ford/ dijeron que, tanto el FBI como la Agencia Central de Inteligencia, sostienen la opinión de que está descartado que el señor Letelier fuera asesinado por agentes de la junta militar chilena. .. /Ellos/ dijeron tener entendido que la DINA estaba bajo el absoluto control del general Augusto Pinochet y que asesinar al señor Letelier no podría haber servido a los intereses de la junta. . . Los funcionarios de inteligencia señalaron que se realizaba una investigación paralela, sosteniendo la tesis de que el señor Letelier fue asesinado por extremistas de izquierda chilenos, como una forma de entorpecer las relaciones entre Estados Unidos y la junta militar. . .

El 1º de noviembre, el Washington Post informaba:

Los agentes de la CIA dicen. .. creer que los operativos de la actual junta militar chilena no tuvieron participación en el asesinato de Letelier. De acuerdo a fuentes bien informadas, el director de la CIA, Bush, expresó este punto de vista en una conversación sostenida la semana pasada con el secretario de Estado Kissinger. Las evidencias con que la CIA ha contado para sostener esta conclusión inicial no fueron reveladas.


Notas:

1. La mayoría de los ejemplos de los operativos Cóndor, correspondían a la fase dos, o a operativos de dos países. Incluían la detención del dirigente chileno del MIR Edgardo Enríquez en Uruguay, en abril de 1976 y su posterior ejecución secreta en Chile; el asesinato en Argentina del ex Presidente de Bolivia, Juan José Torres, en junio de 1976; el asesinato de dos parlamentarios uruguayos en Argentina, a fines de 1976. La CIA, posteriormente, declaró a un comité investigador del Senado que había descabezado operaciones de Cóndor en Portugal y en Francia, informando de ello a las autoridades pertinentes.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02
Capitulo Anterior Proximo Capitulo Sube