Asesinato en Washington

EPÍLOGO

23 DE MARZO de 1979. "En los diez años que he servido en esta barra, nunca había presidido un juicio de asesinato tan monstruoso como éste", comentó el juez Parker, sentenciando a Guillermo Novo y a Alvin Ross a prisión perpetua en una institución de máxima seguridad. Podrían salir en libertad bajo palabra en 1999. Ignacio Novo, condenado por perjurio y encubrimiento de una felonía, fue sentenciado a ocho años de prisión, con la posibilidad de solicitar libertad bajo palabra después de treinta y dos meses.

11 de mayo de 1979. Parker sentenció a Michael Townley, en base al acuerdo de reducción de condena firmado más de un año antes a cambio de su testimonio, a diez años, tomándose en cuenta el tiempo que ya había pasado en prisión. Bajo la cláusula de protección de testigos federales, recibió una nueva identidad, siendo confinado en una prisión de mediana seguridad, con opción a libertad bajo palabra no antes de octubre de 1981. En la audiencia de la sentencia dictada por Parker, una vez más, Townley expresó su ausencia de remordimientos por haber matado a Letelier, diciendo que esperaba regresar a vivir en Chile, una vez cumplida su condena.

31 de mayo de 1979. El depuesto general Manuel Contreras, desde su confinamiento en el Hospital Militar de Santiago, acusó al Ministro de Relaciones Exteriores Hernán Cubillos y a otros dos ministros civiles de haber "puesto en peligro el honor de la nación" por su relación con el gobierno de Estados Unidos en el caso. Pocos días más tarde, después que el presidente Pinochet lo reprendiera públicamente por su acción, Contreras declaró: "Como soldado, estoy listo una vez más para obedecer las órdenes de mi general /Pinochet/, a pesar de la ignominiosa posición de algunos lacayos que lo rodean".

El 16 de mayo, en un dictamen preliminar, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Israel Bórquez, denegó la extradición de Contreras, Espinoza y Fernández a Estados Unidos, donde debían presentarse a juicio. Los tres permanecieron bajo arresto, con una apelación pendiente para una presentación ante la misma corte. En Washington, el Asistente del Procurador de Estados Unidos, Eugene Propper, y el embajador norteamericano George Landau hacían antesala en la oficina del congresista Tom Harkin para solicitarle posponer la introducción de una resolución firmada por cincuenta y cinco parlamentarios, solicitando que el presidente suspendiera préstamos bancarios privados a Chile, basándose en el Acta de los Poderes Económicos Internacionales de Emergencia, de 1977. Landau y Propper sostuvieron que una resolución del Congreso en este sentido, se vería en Chile como una interferencia en el proceso judicial y serviría de pretexto para denegar la extradición solicitada a la Suprema Corte. Propper aseguró a los miembros del Congreso que una negativa de extradición, o, al menos, una negativa para conducir un débil juicio en Chile, provocaría muy graves sanciones contra el régimen de Pinochet.

En los nueve meses que siguieron al juicio, los grupos Omega 7 y Cero, pertenecientes al Movimiento Nacionalista Cubano, se atribuyeron el asesinato de dos dirigentes exiliados cubanos, quienes proponían la reconciliación de los exiliados cubanos con el gobierno de Cuba, además de seis atentados en las áreas de Washington y Nueva York.

El 1º de octubre, la audiencia de la Corte Suprema sostuvo la disposición de Bórquez de que la extradición debería ser denegada, argumentando que el caso de Estados Unidos se había basado principalmente en la palabra de Michael Townley, cuyo testimonio había estado condicionado por el acuerdo firmado con el gobierno norteamericano. Contreras, Espinoza y Fernández, después de poco más de un año de confinamiento, fueron liberados. Espinoza y Fernández regresaron a la vida activa en el ejército. La Corte rechazó utilizar el abultado paquete de evidencias norteamericanas contra los tres acusados, en el improbable caso de que en el futuro se realizara algún juicio militar. El embajador Landau regresó a Washington pocos días más tarde para discutir las posibles sanciones a Chile por parte de Estados Unidos. Por tercera vez, era llamado a Washington desde su nombramiento, en noviembre de 1977, debido a protestas relacionadas con el caso Letelier. En un editorial, el New York Times calificó la decisión chilena como "una pirotecnia judicial.. entendible en el contexto del régimen chileno, fuertemente controlado por personas que podrían estar implicadas", en el asesinato de Orlando Letelier.

El 30 de noviembre, la administración Carter anunció una serie de medidas punitivas por la actuación de Chile en el caso Letelier. Chile fue criticado no por su negativa a extraditar, sino porque los inculpados chilenos eran "funcionarios de ese gobierno" y porque "durante más de veinte meses, el gobierno de Chile no había hecho ningún esfuerzo serio para investigar o condenar por sí mismo estos crímenes". La declaración señalaba que el presidente Carter había ordenado la reducción de la Misión norteamericana en Chile, el término de las ventas militares de "conducción", el "retiro" de la Misión Militar norteamericana, la suspensión del financiamiento del Export-Import Bank y el término de nuevas actividades de la Corporación Internacional de Inversiones Privadas en Chile. La declaración calificaba el asesinato de un "magno acto de terrorismo internacional", señalando que la conducta de Chile en este asunto había sido "deplorable... En particular, su negativa a conducir una completa y clara investigación de este crimen". El gobierno militar de Chile había, "en efecto, favorecido este acto de terrorismo internacional", no obstante casi pudo llegar a establecerse la responsabilidad del gobierno de Pinochet en el asesinato mismo. Las medidas "no fueron más que un latigazo" que "reafirmó, en lugar de debilitar, el gobierno militar /de Pinochet/", comentó en un despacho desde Santiago el Washington Post.

Tres meses después de haber sido anunciadas las represalias de la administración Carter, no se había retirado a ningún funcionario de la embajada y los oficiales chilenos se felicitaban por haijfit enfrentado tan exitosamente el bluff montado por Estados Unidos. Hacia febrero de 1980, las relaciones de Estados Unidos con Chile volvieron a recuperar el tono afable de apoyo que caracterizara los primeros años de la dictadura de Pinochet, agregándose ahora el entusiasmo manifestado por Estados Unidos en relación al modelo económico chileno. Para controlar la organización sindical creciente, Pinochet promulgó nuevos decretos, permitiendo a la DINA/CNI arrestar a los disidentes sin mediar cargo alguno, relegándolos a aldeas remotas por periodos de tres meses. Aunque la destitución de Contreras puso fin a los arrestos masivos y desapariciones, el director del CNI, Odlanier Mena, continuó recurriendo a la tortura en centros de interrogatorio secretos. El embajador Landau, sin pronunciarse sobre los derechos humanos, aprobó, en febrero, la publicación de un informe del personal de la embajada, que ponía de manifiesto su apoyo al programa económico chileno. Decía:

Por su confianza en el mercado económico. Chile está a la vanguardia de una respuesta neo conservadora mundial ante la amenaza de una creciente inflación... Muchos observadores privados norteamericanos se inclinan a creer que el régimen militar se mantendrá durante diez años con un gobierno estable y moderado, razonablemente favorable a la libre empresa y a la inversión extranjera.

¿CÓMO SE DEBE concluir la historia de un complicado acontecimiento que involucró a varios países durante algunos años; un capítulo fundamental sobre la propiedad y el bienestar, la intriga, el asesinato y, finalmente, la cacería y la captura? En las novelas de espionaje, todas las piezas calzan; el autor controla los hechos y los personajes. En la vida real, la intriga desafía los controles literarios, y el final de una historia como la que acabamos de contar, es mejor presentarlo a los lectores mediante una serie de preguntas, que constituyen respuestas parciales y deducciones, a partir de las evidencias incompletas. Así se hace la mayoría de los juicios.

¿TUVO EL GOBIERNO NORTEAMERICANO EL SUFICIENTE CONOCIMIENTO PREVIO COMO PARA HABER EVITADO LOS ASESINATOS? La respuesta depende de quien sabía qué y cuándo, y qué hicieron con eso. A partir de julio de 1976, ocho semanas antes de que fueran asesinados Orlando Letelier y Ronni Moffitt, varios altos funcionarios de la CIA y del Departamento de Estado sabían que la DINA había organizado una operación secreta en Washington, D. C. El 26 de julio de 1976, Conrado Pappalardo, asesor máximo del presidente Stroessner del Paraguay, pidió al embajador norteamericano George Landau visas norteamericanas para dos oficiales chilenos de camino a Washington, en una misión de inteligencia que requería pasaportes paraguayos en lugar de chilenos. Cualquiera sea el curso de la interacción de las agencias de inteligencia, Landau, de acuerdo a su último testimonio, consideró que ésta era una inusitada petición. Sin embargo, otorgó las visas. Aparentemente, su decisión se basó en la reiteración de Pappalardo de que la petición provenía del presidente Stroessner, que, a su vez, la había recibido del presidente Pinochet. También se le informó que el director adjunto de la CIA, general Vernon Walters, estaba en conocimiento de la misión chilena y estaría en contacto con los dos agentes cuando estuvieran éstos en Washington.

Pero, sospechando, el embajador Landau tomó dos precauciones: fotocopió los pasaportes de Juan Williams y Alejandro Romeral y mandó un cable ultra secreto, vía Departamento de Estado, al general Vernon Walters, al cuartel general de la CIA. Este cable es secreto, pero conocimos parte de su contenido. En él, Landau preguntaba a Walters si la misión chileno-paraguaya se había planeado en conjunto con la CIA.

¿QUIÉN LEYÓ EL CABLE DEL EMBAJADOR LANDAU Y CÓMO ACTUARON CON ÉL? En ausencia de Walters, el cable de Landau y las fotos fueron al director de la CIA, George Bush. (1) En el Departamento de Estado, el cable llegó a la oficina de Harry Shlaudeman, Asistente del Secretario de Estado para Asuntos Interamericanos, tras haber llegado primero a la oficina del Secretario de Estado Henry Kissinger.

La reacción de la CIA fue peculiar. Landau esperaba que Walters tomara determinaciones rápidas, en el caso de que la misión chilena no contara con la aprobación de la CIA. Pero pasó una semana, durante la que el equipo de asesinos podría haber tenido tiempo para realizar su plan original de viajar directamente a Washington desde Paraguay, y matar a Letelier. Walters y Bush conversaron esa semana sobre el asunto. No supimos de ninguna otra acción de la CIA, pero Walters cablegrafió a Landau a Paraguay, a más tardar, el 4 de agosto, para informarle que la CIA no tenía nada que ver con la misión chilena y él personalmente "no estaba enterado".

A juzgar por sus acciones, el embajador Landau estaba alarmado. Canceló las visas y pidió a la inteligencia paraguaya recuperar los pasaportes. Consideró el asunto lo suficientemente serio como para ordenar notificaciones de alerta en todos los consulados de Estados Unidos y en los puertos de entrada al país, para detener a Williams y Romeral a su llegada. También realizó diez llamadas telefónicas en las semanas siguientes, para insistir en la devolución de los pasaportes. No explicó por qué estaba tan preocupado con el asunto Romeral-Williams, pero no cabe duda de la seriedad con que se dedicó al hecho. En el caso Letelier-Moffitt, se negó a discutir asuntos que iban más allá de su testimonio oficial.

Los funcionarios norteamericanos supieron otro hecho importante antes del asesinato. A pesar de la orden emitida por Landau, dos individuos, usando pasaportes chilenos a nombre de Juan Williams y Alejandro Romeral, obtuvieron visas oficiales A-2 para ingresar a Estados Unidos, en el consulado norteamericano en Santiago, y entraron al país el 22 de agosto. (2) Las autoridades de Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Miami detectaron su llegada, reportándola al Departamento de Estado. Además, cuando Romeral y Williams llegaron a Washington, alertaron a la CIA con su presencia, motivando que un funcionario de la Embajada de Chile hiciera una llamada al general Vernon Walters a Langley.

Es imposible de creer que la CIA sea tan descuidada en sus funciones de contraespionaje como para simplemente haber ignorado una operación clandestina de una agencia de inteligencia extranjera en Washington, D.C., o en cualquiera otra parte de Estados Unidos. Es igualmente dudoso que Bush, Walters, Landau y otros funcionarios no estuvieran en conocimiento de la cadena de asesinatos internacionales que se habían atribuido a la DINA. El general Walters, jefe de los contactos de la CIA con servicios de inteligencia extranjeros, de seguro poseía detallados conocimientos acerca de la actividad criminal de la DINA.

¿POR QUÉ LO HICIERON? No lo sabemos. Debería haber sido lógico para aquellos que sabían de la operación secreta que se ponía en marcha en Washington tratar de descubrir qué estaba a punto de hacer Chile. Los servicios de inteligencia de la DINA de Chile y de la CIA de Estados Unidos no eran adversarios que trataban de subvertir mutuamente sus sistemas de gobierno, por el contrario, eran servicios de inteligencia amigos, en permanente contacto entre sí, a través de canales normales de comunicación.

Los chilenos hicieron aparecer su misión a Washington como contando con la aprobación de la CIA. Tal vez, el director y el adjunto de la CIA ordenaron a sus representantes en Chile decir a sus contrapartes de la DINA y de otros servicios de inteligencia chilenos "¡Oigan! Sabemos: que están a punto de hacer algo en Washington, así es que mejor dígannos de qué se trata, o deténganse". (3)

Una cosa es clara; el jefe de la DINA, Manuel Contreras, habría suspendido la misión de asesinato si el jefe de la CIA o el Departamento de Estado hubiera expresado su desacuerdo al gobierno chileno. Un agente de inteligencia que conocía el caso dijo que ninguna advertencia habría cancelado el asesinato. Cualquier cosa que hayan hecho Walters y Bush -si es que hicieron algo-, la misión de la DINA se llevó a cabo. Orlando Letelier y Ronni Moffitt están muertos. Pero la pregunta prevalece: ¿HABRÍAN PODIDO PREVENIRSE ESTOS ASESINATOS?

UNA VEZ QUE SE PUSO EN MARCHA LA INVESTIGACIÓN, ¿POR QUÉ SE DEMORÓ TANTO? Bush, Walters, Landau y otros que en esa época fueron informados de la actividad secreta chilena, ¿actuaron de inmediato, dando a conocer lo que sabían? El asesinato se produjo el 21 de septiembre de 1976. Las acusaciones se presentaron el 1o. de agosto de 1978. Sin embargo, las evidencias que condujeron a la identificación de Michael Townley y a su expulsión, en abril de 1978, ya estaban en poder de altos funcionarios norteamericanos semanas antes del asesinato.

Obviamente, la información Romeral-Williams y las fotografías estaban en íntima relación con la investigación del FBI. Más aún, una semana después del crimen, el agente del FBI Robert Scherrer informó sobre la existencia de la Operación Cóndor. Su cable del 28 de septiembre con la información de Cóndor llegó al FBI con "distribución colateral" al Departamento de Estado y la CIA.

Cóndor era una red de servicios de inteligencia compuesta de seis países sudamericanos con dictadura militar, organizada por Contreras para perpetrar asesinatos de exiliados disidentes. Los procedimientos de Cóndor consistían en pedir a los países miembros falsos documentos para las brigadas asesinas, compuestas por agentes de otros países que integraban la organización. Paraguay era uno de los miembros. Scherrer, incluso sin saber sobre el asunto Romeral-Williams en Paraguay, concluyó que el asesinato de Letelier calzaba con las características de una Operación Cóndor. Los que sabían acerca del incidente Romeral-Williams en Paraguay y su posterior viaje a Washington, tenían muchas más razones para llegar a la misma conclusión. En las semanas previas al crimen, sabían que Chile había implementado una misión tipo Cóndor, vía Paraguay.

¿QUÉ HICIERON BUSH, WALTERS Y LANDAU, ADEMÁS DE OTROS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO Y LA CIA CON LA INFORMACIÓN ROMERAL-WILLIAMS Y LAS FOTOGRAFÍAS, DESPUÉS DEL ASESINATO? La primera semana de octubre, Eugene Propper y varios oficiales del Departamento de Justicia se reunieron con Bush, director de la CIA, para discutir sobre la cooperación de la Agencia Central de Inteligencia en el caso Letelier. De acuerdo con uno de los asistentes, en esta reunión Bush habló sobre la Operación Cóndor, pero no dijo una sola palabra sobre las fotografías y el incidente de Paraguay. Ni Bush, ni Walters, ni alguna otra persona de la CIA entregó la información que poseía sobre la misión secreta chilena a Propper o al FBI. (4) En lugar de entregar una información que señalaba directamente como sospechosos a Chile y la DINA, la CIA parece haber hecho exactamente lo contrario. En el Newsweek, el Washington Post, el Washington Star y el New York Times aparecieron artículos diciendo que la CIA había llegado a la conclusión de que la DINA nada tenía que ver con el asesinato de Letelier. Según se agregó, el director de la CIA, Bush, informó personalmente al Secretario de Estado Kissinger sus conclusiones acerca de la inocencia de la DINA.

El Departamento de Estado entregó una parte, no toda, de la información sobre la misión secreta de Chile al FBI, el 22 de octubre, un mes después del crimen. Esa información consistió en las copias de los pasaportes paraguayos con las fotos de Romeral y de Williams, la llegada de dos individuos con estos nombres a Miami, el 22 de agosto, con pasaportes chilenos. El Departamento de Estado rehusó entregarnos el memorándum oficial que enviara al FBI sobre el asunto, de manera que no pudimos saber exactamente cómo se catalogaba el incidente paraguayo y la fuente de su conocimiento de la entrada a Miami de Romeral y Williams.

Sabemos que la información y las fotografías Romeral y Williams no desempeñaron papel alguno durante los diez primeros meses de la investigación del FBI. También supimos de cinco casos de retención, destrucción o encubrimiento de documentos clave para el caso. Los ejemplos sacados a la luz en nuestra investigación hacen surgir la posibilidad de que en el seno del gobierno norteamericano haya habido un intento de sabotear la investigación del FBI, desviando la atención del gobierno militar chileno:

1. El asistente del Procurador, Propper, y el FBI no recibieron el cable enviado por el embajador Landau a Vernon Walters, donde explicaba el incidente paraguayo, sino sólo más de un año
después del crimen.

2. Robert Driscoll, encargado del buró de Chile en el Departamento de Estado, no informó al FBI de su conocimiento de que Romeral y Williams estaban en Washington alrededor de la fecha
del crimen. Un memo con esa información, procedente del archivo del buró de Chile, llegó al FBI más de un año después de asesinato.

3. Los archivos del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), conteniendo las formas I-94 que documentan la entrada a Estados Unidos de tres de los cinco miembros de la misión asesina de la DINA, fueron sacadas de las computadoras del INS. Los nombres faltantes eran: Alejandro Romeral Jara, Juan Williams Rose (entrada a Miami el 22 de agosto, con pasaportes chilenos) y Hans Petersen Silva (nombre usado por Michael Townley para entrar a Nueva York el 9 de septiembre de 1976). (5) Además los funcionarios del INS llevaron a cabo una investigación de archivos en 1979, descubriendo la desaparición de todas las circulares que acompañan normalmente a los avisos de vigilancia, como los ordenados por el Departamento de Estado para Romeral y Williams.

4. Alguien con acceso a los archivos de registro de ciudadanos en el consulado norteamericano en Santiago, sacó la fotografía del expediente de Michael Townley archivado allí.

5. Otra evidencia de los archivos del Consulado, también fue destruida. Después de su expulsión, Townley dio a los investigadores los nombres de Hans Petersen Silva, Armando Faúndez
Lyon y Liliana Walker Martínez, usados respectivamente por él, Armando Fernández Larios y por la agente de la DINA, habiendo realizado estos dos últimos la vigilancia preliminar a Letelier. El agente Scherrer, del FBI, cuando investigó, a mediados de 1978, encontró la solicitud oficial de visa 257-A para los tres nombres, pero descubrió que el cónsul norteamericano Josiah Brownell ordenó la destrucción en el archivo del documento de prueba que debería haber incluido la carta del ministro de Relaciones Exteriores, solicitando visas para los tres agentes. Las cartas, firmadas por un funcionario chileno, presumiblemente el jefe de la Sección Consular, Guillermo Osorio, también puede haber tenido anotaciones de los funcionarios de Estados Unidos que concedieron las visas. Los funcionarios consulares declararon que la destrucción se hizo de acuerdo a una disposición de rutina, que elimina los archivos antiguos. Pero Scherrer, en una anterior investigación de los archivos, en 1977, advirtió a Brownell que debería conservarse todo lo relacionado con el caso. Preguntamos a Brownell por qué había destruido los archivos que Scherrer le había pedido conservar, pero se negó a responder.

Y a esta lista puede agregarse un sexto ejemplo de ocultación de pruebas. El contenido completo del portadocumentos que Letelier llevaba el día en que fue asesinado, fue reproducido mientras estaba en poder de los investigadores, entregándose su contenido a la prensa. Aparecieron decenas de artículos, la mayoría escritos por columnistas de derecha, que retrataban a Letelier corno un agente cubano a sueldo y, por extensión, como espía de la KGB. Las acusaciones e imputaciones se basaban en el "sorprendente" hecho de que Letelier recibiera 1,000 dólares mensuales del Partido Socialista de Chile para cubrir los gastos que implicaba su trabajo en Estados Unidos contra el gobierno de Pinochet. Por el hecho de que la carta de la tesorera del Partido Socialista viniera de Cuba y estuviera casada con un funcionario del gobierno cubano, algunos llegaron a la conclusión de que Letelier era agente de la DGI de Cuba. El FBI investigó el portadocumentos, concluyendo que las acusaciones eran infundadas. Letelier era exactamente lo que aparentaba ser: un dirigente político en el exilio que representaba la Unidad Popular de Chile en Estados Unidos. (6)

Sin menospreciar la especiosa lógica de las acusaciones, sus implicaciones en la investigación del asesinato quedaron en claro: si Letelier era realmente un espía, entonces su muerte, como un asesinato de pandilleros, había sido un ajuste de cuentas entre delincuentes violentos, que vivían en un mundo de asesinato e intriga, un acto que no merecía ni juicio ni castigo.

¿QUÉ HABRÍA SUCEDIDO SI LA INFORMACIÓN FALTANTE HUBIERA SIDO ENTREGADA, O HUBIERA SIDO ENTREGADA ANTES? Un agente del FBI, después de haber visto una copia del memo de Driscoll por primera vez en 1977, dijo: "Se habrían evitado considerables esfuerzos en la investigación", si el FBI hubiera sabido de la presencia de Romeral y Williams en Washington. Consideró que "el caso habría sido resuelto un año antes".

En nuestra reconstrucción de la investigación del FBI, faltaron dos piezas en el rompecabezas. Una, explicaría por qué el FBI, en las semanas posteriores al crimen, hizo tan poco con la información que poseía acerca de la misión secreta chilena, siguiendo, en cambio, otras pistas de menor importancia. La otra, explicaría qué indujo con tanta tardanza a los investigadores -a mediados de 1977- a resucitar la olvidada pista Romeral-Williams y empezar a enseñar las fotos a sus informantes.

Si bien la falta de esa información entorpeció el proceso de la investigación, esa no fue la única causa de que el agente del FBI Carter Cornick y el fiscal Eugene Propper se demoraron tanto en asignar la prioridad de la pesquisa a las fotos Romeral-Williams, la información sobre el incidente de Paraguay y la llegada a Miami de los agentes chilenos. Propper y Cornick declinaron explicar qué ocurrió, pero sostuvieron no haber encontrado obstáculos, aparte de las "tramitaciones burocráticas", en el curso de sus investigaciones. Nos gustaría pedirles que la hicieran de nuevo.

Sería inocente de nuestra parte, así como de la parte de quienes realizaron la investigación del gobierno, calificar ejemplos como ocultamiento y destrucción de pruebas como el producto de inconsciencia burocrática, como un caso en que una parte del gobierno no sabe qué hace la otra. Tampoco es explicación suficiente el decir que la tendencia sicológica de los funcionarios públicos, imbuida de anticomunismo y susceptible a la versión sin fundamento de las "teorías del mártir" hayan, de cierta forma, cegado a los profesionales, impidiéndoles ver los hechos concretos que tenían enfrente.

Ninguna explicación burocrática puede justificar los rodeos y obstáculos que encontraron los investigadores para resolver el caso. No fueron los ocultamientos de la DINA, como tampoco el sigilo del Movimiento Nacionalista Cubano los que mantuvieron la investigación fuera de la pista correcta durante casi un año; fueron las acciones conscientes, u omitidas a propósito, de los funcionarios y agencias del gobierno de Estados Unidos.

Una vez que llegaron a la pista correcta, los investigadores usaron las fotografías para identificar a Michael Townley. Con su extradición y posterior confesión, según el equipo del FBI de Carter Cornick, Robert Scherrer y Larry Wack, y los integrantes del equipo de la Oficina de los Abogados de Estados Unidos, Eugene Propper y Lawrence Barcella, los crímenes estaban resueltos. Su investigación del caso y posterior acusación, revelaron al mundo una conspiración terrorista dirigida por funcionarios del gobierno militar chileno. La historia de su gestación y los obstáculos que superaron constituyen la última mitad de este libro. Todos estaban envueltos, más allá de sus responsabilidades oficiales. En el transcurso de la investigación y el juicio, trabajaron tiempo extraordinario, las más de las veces con pasión, dando pasos sorprendentes.

Al mismo tiempo, estaban cercados por los límites del sistema en el que habían trabajado, no atreviéndose a desafiar los estrechos marcos establecidos para su investigación y acusaciones del crimen. Las disposiciones de la División de Crímenes de Mayor Cuantía de la Oficina del Procurador de los Estados Unidos, establecían que el equipo de investigadores pesquisara un asesinato político, sin llegar hasta la fuente política del asesinato. En 1978, Eugene Propper dijo a un reportero: "La gente que atribuye motivacions políticas al hecho está equivocada. Aquí no hay nada político. Es un estricto caso de asesinato, un caso en el que alguien resultó con sus piernas voladas".

Sin embargo, para establecer los hechos, se necesitó recurrir a decisiones políticas y, entonces, el asunto se le quitó de las manos al Procurador de Estados Unidos. El caso pudo ser juzgado porque la administración Carter autorizó al embajador Landau para que presionara al gobierno de Pinochet a que entregara a Townley al FBI.

Pero cuando los Estados Unidos se enfrentaron a la necesidad de emprender la más difícil tarea de obtener a Manuel Contreras, el segundo hombre más poderoso de Chile, súbitamente modificaron su decisión original, limitándose a hacer una petición de extradición al sistema judicial chileno.

El embajador Landau, que había actuado como un león en el asunto de la expulsión de Townley, con lo que Estados Unidos sólo tenía el esqueleto del caso, se convirtió ahora en un cordero, declarando tener fe en el sistema judicial chileno.

¿POR QUÉ ESTADOS UNIDOS DIRIGIÓ SU PETICIÓN -QUE, EN EFECTO, ACUSABA A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO CHILENO DE ABUSAR DE SU PODER- AL SISTEMA JUDICIAL CHILENO? El gobierno de Estados Unidos pidió a la corte chilena presentar en el juicio al jefe del servicio de inteligencia más importante del país. En las mejores épocas y en los países más democráticos, esto habría sido una petición poco realista. El sistema judicial chileno, en los cinco años del régimen de Pinochet, nunca había actuado contra el gobierno militar, en ningún asunto de importancia. La ficción de la independencia del poder judicial era evidente en Chile.

Puede llegarse a la conclusión de que el gobierno norteamericano, aceptando esta ficción como un hecho y sometiendo el caso al sistema judicial, en lugar de insistir en la extradición por vías diplomáticas, ayudó al fracaso de la gestión de extradición.

Estados Unidos aceptó una segunda ficción: que los asesinos de la DINA estaban, en cierta forma, desligados del gobierno chileno, como si Townley, Fernández, Espinoza y Contreras hubieran cometido el crimen un tanto individual y no sujetos a las órdenes de Pinochet. Estados Unidos prefirió no reconocer que el asesinato se había cometido para servir los propósitos del gobierno de Pinochet, aceptando, en cambio, los términos impuestos por ese gobierno para manejar el caso. Esos términos -y no es de sorprenderse- incluían la promesa de que el enjuiciamiento del caso Letelier no involucraría al régimen de Pinochet.

Esta protección estaba implícita en el acuerdo secreto entre el Procurador de Estados Unidos, Earl Silbert y el viceministro Enrique Montero para lograr la expulsión de Michael Townley, así como en el acuerdo firmado por Townley para la rebaja de su condena. Ambos acuerdos representaban las condiciones de Chile impuestas al juicio norteamericano por el asesinato de Letelier, que impedía la denuncia de los crímenes de la dictadura de Pinochet.

La decisión de Estados Unidos de proteger el régimen de Pinochet fue dictada por consideraciones de política internacional y no con el fin de apoyar a los fiscales para lograr el castigo de los implicados en el asesinato. (Por lo contrario, la exclusión en el juicio de las evidencias sobre los crímenes de la DINA y el papel desempeñado en ellos por Pinochet, favorecieron la condena de los cómplices cubanos.) La decisión puede entenderse como producto de la política del gobierno de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Al evitar el descrédito del régimen de Pinochet, Estados Unidos estaba protegiendo sus propios intereses, su sistema de inteligencia, las prioridades de su seguridad y sus pilares económicos.

Pinochet, al deshacerse de Allende, había extraído una gran espina de la zarpa del león, y Washington le estaba agradecido. La relación de la política norteamericana con el gobierno militar era la de un protector con su protegido; las reconvenciones ocasionales en relación al desprecio por los derechos humanos de Pinochet, sólo servían para poner de manifiesto la preocupación norteamericana por su vástago. El asesinato de Letelier puso en un dilema al gobierno de los Estados Unidos: aclarar el crimen traía consigo el riesgo de desacreditar, y posiblemente derrocar, a Pinochet y su sistema. La administración Carter se vio enfrentada inexorablemente a la elección entre castigar al gobierno chileno por haber perpetrado un acto de terrorismo internacional, o proteger a Pinochet.

Tal como en el pasado, cuando quienes elaboraban las políticas invocaban la seguridad nacional para justificar su apoyo a las dictaduras latinoamericanas, nuevamente en este caso prevaleció el argumento de la seguridad nacional. La estabilidad del régimen de Pinochet se convirtió en algo sagrado para los intereses norteamericanos, por encima del castigo al terrorismo ejercido por ese régimen.

La habilidad de Estados Unidos para actuar en el caso Letelier, también se vio limitada por la naturaleza comprometedora de las anteriores actividades de la CIA en Chile y las relaciones permanentes entre la CIA y la DINA. La investigación amenazaba no sólo con desenmascarar a Pinochet y sus crímenes, sino también con revivir el espectro de nuevas denuncias relacionadas con la acción secreta de la CIA. La revista Qué Pasa dejó al descubierto un aspecto vulnerable de los servicios de inteligencia norteamericanos en un breve comentario de mediados de 1979: Si Estados

Unidos solicita la extradición de Manuel Contreras, ex jefe de inteligencia de Chile, Chile podría pedir la extradición del ex director de la CIA, Richard Helms, por el papel desempeñado por la Agencia Central de Inteligencia en el complot de secuestro y asesinato del general Rene Schneider, en 1970.

La investigación reveló que la CIA y la DINA tenían relaciones de trabajo en la época del asesinato de Letelier, lo que permitía a agentes de la DINA ingresar con frecuencia a Estados Unidos. A sabiendas, los funcionarios de la embajada de Estados Unidos extendían visas para misiones chilenas de inteligencia. En el caso Letelier, los integrantes de la brigada asesina de la DINA, casi sin excepción, habían tenido, o tenían en ese momento, vínculos con la CIA y otras agencias gubernamentales norteamericanas. La CIA había apadrinado el terrorismo de los exiliados cubanos, habiendo entrenado a tres de los cinco implicados en el asesinato. La CIA había ayudado a crear las condiciones propicias para el golpe militar chileno; había alentado y ayudado a Manuel Contreras a crear y hacer funcionar la DINA. Sin embargo, los funcionarios de Estados Unidos minimizaron y ocultaron los lazos existentes entre la CIA y la DINA. El fiscal Earl Silbert y el asistente del fiscal, Propper, en una carta enviada a los abogados de la defensa, pocas semanas antes del juicio, declararon que "la relación, si es que la hubo, entre la CIA y la DINA no es relevante en el caso. Si se encuentra alguna relación que sea relevante y útil para la defensa, se hará pública". Un memo de los fiscales, presentado más tarde a la corte, decía: "No hay absolutamente ninguna evidencia de que la Agencia Central de Inteligencia tuviera conocimiento previo o haya participado en el asesinato de Letelier ... No existe ni la más mínima prueba que indique la participación o el conocimiento de la CIA en este asunto". (Las cursivas son nuestras.)

Finalmente, es difícil creer que la red de agentes de la CIA no hubiera -mucho antes del crimen- detectado la Operación Cóndor y las actividades criminales conjuntas de las fuerzas policiales latinoamericanas.

A la luz de las complejas relaciones entre la seguridad nacional norteamericana, la política, la banca y los círculos empresariales de Estados Unidos, y Chile, debemos preguntarnos por qué Contreras escogió asesinar a Letelier en Washington, D.C. La razón obvia es que Letelier vivía y trabajaba en Washington, por lo que era más fácil asesinarlo allí. Al perpetrar el espectacular asesinato en la capital de Estados Unidos, Contreras dio al gobierno chileno un argumento sicológico que asegurara a aquellos favorablemente dispuestos hacia Pinochet la inocencia de su gobierno. Chile no podía ser el autor del crimen, se razonaba, porque la muerte de Letelier sólo podría haber favorecido las reservas y el descrédito del gobierno de Pinochet, precisamente en el momento en que había iniciado una campaña para mejorar su imagen en relación a los derechos humanos, abriendo así camino a nuevos préstamos. Contreras era implacable, y la audacia de un asesinato en la capital de Estados Unidos servía para intimidar a los enemigos reales y potenciales. Pero más allá de esas explicaciones obvias, las evidencias van hacia un panorama más complejo.

Regresemos a Romeral y a Williams. Contreras favoreció dos veces su detección por parte de la CIA. Sabía que la CIA había sido informada del intento de Paraguay, así como sabía que la cancelación de visas significaba que también la entrada a Miami sería detectada. Por órdenes suyas, sus agentes, viajando como un segundo equipo Romeral-Williams, informaron de su llegada a Washington a la oficina central de la CIA.

Michael Townley, cuya veracidad hemos aceptado en general, declaró no haber sido informado directamente de la segunda misión de Romeral y Williams, sino que supo a través de redes secretas de la DINA que Contreras ordenó la segunda misión para encubrir la real misión del asesinato. El uso de los mismos nombres era una maniobra para borrar a los Romeral y Williams originales, que tanta alarma habían producido en Paraguay. Parece ilógico que un hombre planificando un asesinato llame la atención sobre la presencia de sus agentes en el lugar y cerca de la fecha del crimen que había ordenado se cometiera.

Nosotros entregamos la siguiente interpretación acerca del propósito de la primera y la segunda misión Romeral-Williams. Con la misión de Paraguay, Contreras intentó implicar a la CIA en la operación Letelier, sin decir necesariamente a la CIA el real propósito de la misión en Washington. Creía que, al tener sobre sí sospechas de haber colaborado, la CIA se aseguraría de que cualquier investigación posterior no prosperara. El propósito de la segunda, llamada misión encubierta, realizada por agentes que usaban los mismos nombres Romeral y Williams, puede haber sido tantear si la CIA actuaría para prevenir o controlar una operación encubierta en Washington. Luego de informar a la CIA de la presencia de los agentes y comprobar que nada sucedía, Contreras dio luz verde para la real operación de asesinato.

En las declaraciones que en defensa propia hizo en Chile contra su extradición, Contreras insinuó que la mano de la CIA estuvo presente en cada paso de ambas operaciones Romeral-Williams, que él negó tuvieran relación con la muerte de Letelier. Dijo que el representante de la CIA en Chile, "cuyo nombre no recordaba", sugirió el uso de pasaportes de un tercer país y aconsejó a Contreras posponer la primera misión, usando los mismos nombres en la segunda. Contreras sostuvo que otro agente de la CIA, nuevamente le falló la memoria para recordar su nombre, llevó los pasaportes Romeral y Williams al consulado norteamericano el 17 de agosto de 1976 y, personalmente, timbró en ellos las visas. (7) Contreras señaló que el propósito de ambas misiones era ponerse en contacto con su "amigo", el general Vernon Walters de la CIA, quien le había prometido entregar una lista de los parlamentarios de Estados Unidos favorables al gobierno chileno.

La táctica de Contreras parece haber sido una variación de la táctica del "correo gris", usado con éxito en años recientes por personas relacionadas con la CIA acusadas de crímenes, para desanimar la investigación, advirtiendo que el crimen habría sido cometido como parte de una operación de la CIA, o que la investigación del crimen sacaría a relucir los secretos de la CIA.

Hasta dónde se cumplió el plan de Contreras, no lo sabemos. En el análisis final, Contreras se equivocó al creer que podría cometer impunemente un asesinato en Washington.

Cuando decidió asesinar a Letelier en Washington, Contreras no previo que el crimen podría concentrarse en la felonía de asesinato en lugar de pensarse en un asesinato político, y aun así afectar al gobierno chileno, sin llegar a su derrocamiento. Tampoco comprendió la flexibilidad y sutileza de la política y el sistema judicial de Estados Unidos, ni la determinación de partidarios y amigos de Letelier en todo el mundo. Cometió un error y éste le costó caro: su rango y su puesto.

Tan sorprendente como la elección de Washington por parte de Contreras, fue su elección del ciudadano norteamericano Michael Townley como el asesino.

La personalidad de Townley atrajo la atención y provocó la especulación de todos los que siguieron de cerca el caso Letelier.

Como salido de novelas de espionaje y películas de detectives, este enigmático personaje no sólo evitó un castigo más severo, sino que se las ingenió para despertar las simpatías e impresionar a algunos de sus acusadores. Él y su familia gozaron de consideración especial e indulgencia por parte de las autoridades norteamericanas. No hemos encontrado ninguna evidencia que demuestre que Townley era agente de la CIA, pantalla o doble agente, pero la paradoja de un asesino confeso que establece los límites de su propio testimonio, deambula por los pasillos de la corte y utiliza libremente los teléfonos de los fiscales para hacer llamadas internacionales, es curiosa. Como testigo del gobierno, Townley tuvo la oportunidad de pedir, y la recibió, inmunidad para su esposa, haciendo extensiva su propia inmunidad a crímenes cometidos por él en otros países. La protección cubrió las actividades de su padre, a quien apoyó la calidad de agente extranjero de su hijo. A mediados de 1978, poco después de que Michael Townley comenzara a cooperar con el FBI, la policía de Miami entregó información sobre las actividades bancarias de Townley en el lugar de trabajo de su padre, el South East First National Bank. La información reveló la existencia de una cuenta conjunta Jay Vernon Townley-Andrés Wilson (nombre en la DINA de Michael Townley). Pero, ágilmente, el asistente del Procurador, Eugene Propper, dio órdenes para retener esa información.

Una característica permanente fue la relación especial con funcionarios norteamericanos a lo largo de una década de la carrera terrorista de Townley, así como con diplomáticos norteamericanos y agentes de la CIA, como hemos podido descubrir. Sin embargo, se dejó a un periodista chileno projuntista la tarea de identificar su fotografía, tras haber sido publicada en la prensa, pretendiéndose hacernos creer que la CIA no tenía fotografías de Townley en sus archivos.

Hasta el momento de la redacción de este libro, ni la CIA, ni el Departamento de Estado, como tampoco el FBI, nos dieron a conocer ningún documento sobre el caso Letelier-Moffitt, que nosotros habíamos solicitado, basándonos en el Acta de Libertad de Información. Los funcionarios de dichas dependencias también se negaron a responder a algunas de nuestras preguntas, invocando la "seguridad nacional".

¿QUÉ INTERESES SE DEFIENDEN AL OCULTAR INFORMACIÓN ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO POR PARTE DEL FBI Y LA COOPERACIÓN O NO COOPERACIÓN DE LA CIA? ¿Qué intereses se defienden al retener la documentación de rutina que contenía las visas y órdenes de arresto de Romeral y Williams, por ejemplo, y las comunicaciones oficiales entre la CIA y el Departamento de Estado cuando se detectó por primera vez, antes del asesinato, la misión secreta chilena? ¿Qué intereses nacionales o de seguridad se defienden, escondiendo las razones que tuvieron la CIA y el Departamento de Estado para permitir a policías secretas extranjeras de regímenes represivos entrar a Estados Unidos? Las respuestas son un misterio, pero no lo son para los Pinochet, los Stroessner y los Contreras del mundo. Ellos ya lo saben. Pero a los norteamericanos, cuyos intereses vitales se han visto afectados, se les niega acceso a ellas y se les permite saber poco de su propio aparato de seguridad.

PINOCHET PERPETRÓ UN ataque terrorista en suelo norteamericano, pero la administración Carter no ha visto este hecho lo suficientemente serio como para castigar a su régimen. Pinochet salió adelante con el asesinato.

Orlando Letelier y Ronni Moffitt no pueden ser resucitados. Hasta ese punto, no hay justicia posible. Pero sus asesinatos hicieron mucho más que simplemente agregar dos cadáveres a la colección de Pinochet. Produjeron un cambio cualitativo en el clima político. Debido en parte a la publicidad y a la campaña política internacional que rodeó la investigación y el juicio, los militares chilenos se vieron obligados a debilitar su dominio absoluto, destituir a Contreras y disolver el imperio de la DINA. El pueblo chileno nuevamente empezó, con limitaciones, a actuar políticamente, organizar la oposición, iniciar una cauta pero resuelta campaña para restaurar las instituciones democráticas. Por primera vez desde el golpe, los estudiantes y trabajadores hacen manifestaciones y organizan huelgas, y las mujeres reclaman la desaparición de sus maridos, hijos y hermanos.

En noviembre de 1978, Isabel Letelier regresó a Chile para solicitar la devolución de la ciudadanía de su esposo, pidiendo que la justicia chilena declarara ilegal el decreto que despojaba a Orlando de su ciudadanía.

En Chile, repitió lo que había dicho muchas veces desde el asesinato: era el mismo Pinochet quien había debido autorizar el asesinato. Los agentes de la DINA/CNI la vigilaron abiertamente durante sus apariciones públicas, tomando fotos a todos ¡os que hablaban con ella. Pero notó que el pueblo no parecía intimidado. La detenían, la saludaban, le expresaban su sentimiento por la pérdida de su esposo, le pedían que continuara su batalla por la justicia.

En su última noche en Santiago, y habiendo realizado sus gestiones legales y visitas familiares, asistió a un concierto de música popular. Después del intermedio, el maestro de ceremonias, antes de dar por iniciada la segunda parte del espectáculo, hizo mención de las personalidades que estaban entre el público asistente. Los embajadores de Venezuela y Alemania se pusieron de pie para agradecer los aplausos. El maestro de ceremonias continuó: "También esta noche nos honra con su presencia la viuda de Orlando Letelier, Isabel". Estallaron los aplausos y, mientras Isabel se ponía de pie, éstos crecían en intensidad. El maestro de ceremonias, a través del micrófono, pidió: "Gracias, señoras y señores. Ahora, por favor, permítannos iniciar la segunda parte del programa". Los aplausos continuaron, convirtiéndose en un sonido rítmico, clap, clap, clap. "¡Por favor, señoras y señores!", rogaba el maestro de ceremonias.

Desde el auditorio, un hombre de potente vozarrón, gritó:

"¡Compañero Orlando Letelier...!"

"¡Presente!", respondieron los asistentes.

"¡Ahora .. .!", repitió la voz de bajo.

"¡Y siempre!", coreó el público.


Notas:

1. Walters estaba retirándose de la CIA, y aunque aún figuraba en la nómina de pago en esa época, estaba descansando en Florida, gozando de sus vacaciones acumuladas, antes de dejar oficialmente la agencia. Landau mandó su cable el 28 de julio, temprano ese día. La oficina de Bush acusó recibo ese mismo día, o al siguiente.

2. De acuerdo con la investigación oficial de Estados Unidos, no se supo sino hasta marzo de 1978 que el segundo equipo Romeral-Williams se componía de dos agentes de la DINA distintos, y no de los asesinos Townley y Fernández.

3. De conformidad con un affidávit archivado en el caso por Robert Scherrer, ni el jefe de la CIA, ni otro subordinado /en Chile/ se había comunicado con el general Contreras ni otro agente de la DINA en 1976, en relación con algún viaje de funcionarios de la DINA a Estados Unidos para entrevistarse con el general Walters".

4. Y parece ser que tampoco se les pidió directamente. El FBI no interrogó a Walters sobre el incidente de Paraguay hasta el 14 de junio de 1978. Walters dijo que no podía entregar información pertinente acerca del asesinato de Letelier y que "nunca había discutido con algún funcionario paraguayo sobre la expedición de pasaportes falsos o de algún operativo de inteligencia conjunto chileno-paraguayo". También se ofreció a ser sometido a una prueba de detección de mentiras sobre lo declarado.

5. Después de que la expulsión de Townley abrió el caso, a mediados de 1978, una búsqueda de veinticuatro horas en los archivos del INS realizada por un equipo de treinta y cinco a cincuenta empleados, a insistencias del FBI, hizo aparecer las formas originales I-94 de Romeral, Williams y Petersen.

Propper, en una declaración entregada sobre su acción, usada en el juicio civil conducido por Isabel Letelier y Michael Moffitt contra el gobierno chileno, respondió lo siguiente acerca de las formas I-94:

R.: Si mal no recuerdo, el FBI tuvo gran dificultad en encontrarlas (al decir esto, puedo estar cometiendo un error que molestará al FBI) en los archivos del INS. Pero el Departamento de Estado, o las había retirado, poniéndolas juntas con los pasaportes, o algo hizo con ellas, por eso no estaban en los archivos de inmigración cuando el FBI las buscó por primera vez.

P.: ¿Sabe usted por qué las sacaron? ¿Alguna vez su investigación descubrió por qué sucedió esto?

R.: No, que yo recuerde. Pienso que el Departamento de Estado investigaba lo que estaba ocurriendo en Paraguay.

6. Sin embargo, el FBI no refutó públicamente las acusaciones, ni dio a conocer sus propias conclusiones acerca de los documentos contenidos en el maletín en la época en que aparecieron los artículos mencionados. La refutación se hizo al fin en una declaración poco difundida de Eugene Propper, en una audiencia anterior al juicio, en diciembre de 1978.

7. Un ex agente de la DINA dijo haber recibido su visa para una operación secreta en Estados Unidos en diciembre de 1976, en esa misma forma. Un funcionario norteamericano identificado como agente de la CIA, llevó al agente, ex militante de Patria y Libertad, Anthal Pipthay, al consulado un sábado por la tarde (día de descanso del personal) y colocó la visa en su pasaporte, a fin de que pudiera viajar al día siguiente. La misión del agente de la DINA, que más tarde fue conocida por el FBI, implicaba hacerse pasar por izquierdista y obtener información aún no publicada de un periodista del Wilmington News, sobre una serie de artículos que éste escribía sobre los contactos de la CIA con chilenos de derecha, antes y después del golpe.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02
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