Asesinato en Washington

XII

UNA MEDIDA DE JUSTICIA

LA TENSIÓN PODÍA sentirse ya desde la entrada al Tribunal de Justicia del Distrito de Estados Unidos, a pocas cuadras del Capitolio y a una media milla de la Casa Blanca. Guardias armados que manejaban el detector de metales revisaban a cada persona que ingresaba con el celo de un oficial de seguridad de Aerolíneas El Al. En los ascensores, dominaba el nerviosismo. Los asistentes bajaron en el sexto piso, siendo revisados nuevamente. Los espectadores y la prensa, los padres y hermanos de Ronni Moffitt, Isabel Letelier y sus hijos, las familias de los acusados, todos se alinearon en una sola fila, vaciaron el contenido de sus bolsillos en bandejas especiales, colocando sus carteras y maletines en una cinta que pasaría por una caja de Rayos X. En seguida, una vez más, todos pasaron a través de un detector.

Más de 200 personas esperaban en la sala anterior a la de la corte, pensando si tendrían un lugar entre los 150 asientos, 50 de los cuales estaban reservados a la prensa.

A todo lo largo del pasillo, custodiaban los uniformados alguaciles de los Estados Unidos, característicos por sus rostros serios, una actitud casi militar y el bulto de sus armas que se percibía a través de la chaqueta. Fuera de la sala de la corte, un pequeño anuncio señalaba la orden del día: "9 de enero de 1979. 9:30 a.m. Los Estados Unidos de Norteamérica vs. Guillermo Novo Sampol, Alvin Ross Díaz e Ignacio Novo Sampol".

Un grupo de exiliados cubanos de Union City, Nueva Jersey, realizó una pequeña manifestación en la calle, frente al edificio, denunciando que los Novo y Ross eran víctimas de un complot del gobierno norteamericano destinado a eliminar el Movimiento Nacionalista Cubano. Proclamaron que las tiendas y otros negocios de Union City habían cerrado ese día, como un gesto de apoyo a los tres acusados. Más tarde, uno de los militantes del MNC, pegó una calcomanía de Omega 7 en la pared del baño para hombres del sexto piso. Los alguaciles llamaron al escuadrón de la policía experto en bombas que, con sus perros, rastreó el área. Los perros no encontraron explosivos, pero el incidente aumentó la tensión.

Los alguaciles escoltaron a dos de los tres acusados desde el cuarto de seguridad hasta la sala misma de la corte. En seguida, Ignacio Novo, en libertad bajo fianza, entró junto a los espectadores. Los tres acusados se abrazaron: los artistas de televisión comenzaban de esta manera sus representaciones. Los acusados podrían haber sido miembros de la misma familia, ya que Ignacio Novo se parecía bastante a Alvin Ross tanto como a su hermano Guillermo.

Ross y Guillermo Novo enfrentaban cargos de conspiración en el asesinato de un funcionario extranjero, asesinato en primer grado de Orlando Letelier y Ronni Moffitt y asesinato con uso de explosivos. Todos estos cargos eran castigados con prisión perpetua. Guillermo Novo también estaba acusado de mentir a un gran jurado. El gobierno acusó a Ignacio Novo de dos cargos menores: perjurio ante el gran jurado y "ocultamiento de una felonía", significando con ello que él sabía del crimen y no lo denunció.

De acuerdo con el sumario, Novo y Ross habían ayudado a Michael Townley a organizar el asesinato y obtener los explosivos letales, pero no se sostenía que ambos hubieran estado presentes en Washington, en el escenario del crimen. Las personas más importantes entre los acusados, los tres miembros de la DINA de Chile, estaban visiblemente ausentes del tribunal. El gobierno de Estados Unidos había solicitado formalmente a Chile la extradición del general en retiro Manuel Contreras, el coronel Pedro Espinoza y el capitán Armando Fernández, a raíz de lo cual el tribunal chileno había ordenado el confinamiento de los tres en el Hospital Militar de Santiago, donde gozaban de comodidades, aunque estaban bajo arresto. José Dionisio Suárez y Virgilio Paz, acusados de ayudar a Townley a colocar la bomba y detonarla, seguían prófugos.

El juicio que estaba a punto de comenzar sería la primera manifestación pública de los dos años y medio de investigación por parte del Asistente del Procurador de Estados Unidos, Eugene Propper, y el FBI. La importancia del juicio residía en el poder de las evidencias de Estados Unidos, que vinculaban al régimen militar chileno de Augusto Pinochet con el complot para asesinar a Letelier; no era un simple homicidio, sino un grotesco acto de terrorismo internacional. La Suprema Corte de Justicia de Chile había encontrado pretextos para diferir una decisión en relación a la extradición de los tres funcionarios de la DINA, esperando el resultado del juicio y la reacción pública en relación al papel de Chile en los asesinatos.

Además de la cargada atmósfera que precedió el juicio, estaba el papel que desempeñaría el único agente de la DINA bajo custodia en Estados Unidos. Michael Townley no había sido acusado junto con el resto, sino que se le había permitido declararse culpable de un único cargo: conspiración para el asesinato de un funcionario extranjero. Incluso cuando su participación en el crimen había sido mucho más seria que la de los Novo o la de Ross, el gobierno lo consideraba no un acusado, sino el principal testigo de los hechos, el hombre de quien dependía el éxito del juicio.

Guillermo Novo desempeñaba el papel del jefe entre los acusados. Se sentó de espaldas a la prensa y al público, pero cuando miraba a su alrededor, su rostro expresaba desafío, confianza y autoridad. Dentro de su ajustado traje de tres piezas, se escondía un cuerpo delgado y nervioso, cuyos movimientos parecían producirse en una recóndita fuerza, que solamente le permitía cambiar de una posición a otra. A pesar de sus esfuerzos por controlarlas, las piernas le temblaban. A excepción de su señal de reconocimiento hacia los amigos y familiares que estaban entre el público, no mostraba signos de emoción.

Novo había nacido en Cuba en 1939, y llegó a Estados Unidos con su familia, en 1954. Se hizo ciudadano norteamericano y estudió química. Después de la Revolución Cubana, la que al comienzo lo atrajo, se hizo adepto de la ideología fascista de Felipe Rivero; con él y con su hermano Ignacio, fundó el Movimiento Nacionalista Cubano, a fines de 1959. Creía que sus ideas liberarían a Cuba de Fidel Castro, del comunismo y la corrupción que había sembrado; esas ideas lo llevaron a ponerse en contacto con Chile, con la DINA, con Michael Townley y, en ese momento, con una corte, enfrentando un juicio por asesinato doble.

Alvin Ross Díaz nació en La Habana siete años antes que Guillermo Novo. Desde una familia de clase media baja, Ross saltó a un oficio de matón en el casino de juego del club nocturno Tropicana. Para él, la revolución significó el cierre de los casinos. Después de abandonar su patria, regresó como integrante de las fuerzas invasoras de Bahía de Cochinos, entrenadas por la CIA, en 1961. Como los hermanos Novo, a veces vendía automóviles usados para vivir, en Union City. Había desarrollado un tic facial, un pequeño temblor en la mejilla derecha, más notorio e impredecible gracias a los frecuentes movimientos de los ojos y la cabeza. Su cara redonda, que deliberadamente había entrenado para que aparentara ser peligroso y vil, calzando con su reputación de pistolero, había perdido la juventud y su piel había comenzado a relajarse.

Ignacio Novo, dos años mayor que Guillermo, carecía de la energía física y la claridad mental que proyectaba su hermano. Siendo el único de los tres acusados libre, tras pagar una fianza de 25,000 dólares, trató de recolectar fondos para la defensa y organizar el apoyo de la comunidad.

Poco después de las 9:30 a.m., el alguacil, dentro de la sala, gritó: "Todos de pie". Todos se levantaron, mientras entraba un negro de baja estatura, edad mediana y cabello entrecano. El juez Barrington Parker Jr., caminaba con muletas desde que perdiera la pierna en un accidente automovilístico, hacía algunos años. Con dignidad, subió lentamente los tres escalones de la tarima, se acomodó los anteojos sin marco y saludó con una inclinación hacia los fiscales, a la izquierda, y hacia la mesa de la defensa, a la derecha. Tomó asiento y todos los asistentes lo imitaron.

Ex comisionado nacional del Partido Republicano, Parker fue nombrado en la barra de la corte federal, en 1969, por el presidente Nixon y había presidido algunos de los casos nacionales más controvertidos. Tenía fama por sus modales rudos y estrictos en la corte y por su escepticismo hacia las demandas de las agencias gubernamentales de Estados Unidos, las que sostenían que "los intereses de la seguridad nacional", las hacía acreedoras de protección especial en la corte; estas demandas parecía iban a jugar su papel en el juicio del caso Letelier. (1)

Abajo, a la derecha del juez Parker, estaban los tres cubanos acusados y sus abogados, Paul Goldberger para Guillermo Novo, Lawrence Dubin para Alvin Ross y Óscar González Suárez representando a Ignacio Novo. A la izquierda de Parker, entre los acusados y la tribuna aún vacía del jurado, estaban los fiscales Eugene Propper, E. Lawrence Barcella y Diane Kelly, nueva fiscal en el caso, encargada de redactar los numerosos memoranda legales que se esperaba surgirían.

El juicio comenzó, iniciándose el proceso de la elección de un jurado. El viernes 12 de enero, cuarto día del juicio, los doce miembros del jurado y seis reemplazantes ingresaron a la sala. Todos eran negros, de los cuales, siete eran mujeres. Por sus actitudes y aspecto personal, tenían la apariencia de ser trabajadores de clase media. Muchos de ellos trabajaban en el gobierno. El juez Parker les ordenó retirarse porque se habían recibido amenazas.

"Debido a las circunstancias del caso, la interrogación individual de los miembros del jurado será forzosamente larga, complicada y minuciosa", anunció Parker. Había eliminado a todos aquellos que tenían opiniones concretas sobre la CIA, Chile o Cuba, y a los que tenían conocimientos acerca del trabajo que desarrollaba el IEP.

Pasó el primer fin de semana. El lunes 15 de enero, en una audiencia sin jurado, Parker no dio lugar a una moción de la defensa de eliminar las evidencias encontradas en un departamento rentado por Alvin Ross. Las evidencias incluían alambre detonante, fusibles eléctricos y un recibo por la compra de un dispositivo detonante Fanon-Courier. El hecho de que el material hubiera sido obtenido legalmente por agentes del FBI, era una prueba importante contra los acusados.

Parker dio instrucciones al jurado.

Para Eugene Propper, tras los dos años y medio desde que había comenzado su investigación, había llegado el momento de depositar el caso en manos del jurado. Tenso, nervioso como un actor que debe presentarse en el escenario de Broadway y recitar su parlamento, después de años de actuaciones de segundo orden, Propper comenzó su exposición inicial. Trató de contar la historia, a fin de impedir que el jurado se perdiera en una cacofonía de nombres hispanos.

Les habló acerca de un hombre llamado Salvador Allende, que había sido elegido presidente de un país sudamericano llamado Chile. Acerca de la dictadura militar que derrocó ese gobierno, eliminando el Congreso, los sindicatos y los partidos políticos. Propper explicó quién había sido Orlando Letelier y por qué llegó a ser considerado un enemigo por el gobierno militar chileno. Les habló de la DINA y del MNC, de Michael Townley, Manuel Contreras y los misteriosos pasaportes con los nombres de Juan Williams Rose y Alejandro Romeral Jara.

Habló de decenas de evidencias que mostraría para establecer las relaciones de trabajo entre los miembros del MNC y el gobierno chileno, entre Guillermo Novo, Alvin Ross, Michael Townley y la DINA. Nombres como Iturriaga, Fernández y Espinoza aparecieron mezclados con detonadores de control remoto, LAN-Chile, modificación de Fanon-Courier, fósforos eléctricos, permanganato de potasio, claves, cartas, huellas digitales. Aseguró al jurado que todo quedaría claro a medida que el juicio progresara.

La defensa pasó al estrado después del almuerzo. Paul Goldberger, representando a Guillermo Novo, prometió al jurado probar que "Michael Townley era un agente contratado por la CIA" que, desde 1974, había sido un "espolón dentro de la DINA", un doble agente. Lanzó a la CIA contra el jurado, gritó su nombre, insinuó haber descubierto la verdad del caso de los misterios del espionaje y el encubrimiento. "Fue un crimen monstruoso cometido por gente monstruosa", dijo Goldberger, "pero probaremos que ni la DINA, ni el Movimiento Nacionalista Cubano, ni el gobierno chileno tiene responsabilidad alguna en él ... Por más difícil que sea de creer, la CIA fue la responsable de un asesinato en la capital de la nación".

Su colega Lawrence Dubin, de la misma escuela en técnicas judiciales, invocó el nombre de Vernon Walters, ex director adjunto de la CIA, como habiendo tenido una ominosa conexión en el caso y con Michael Townley. Él y Goldberger trataron de dejar al jurado con la impresión de que el gobierno había acorralado a sus clientes y que el asunto Letelier se relacionaba más con un mundo de espías que con los patriotas idealistas que eran sus clientes. Ambos abogados prometieron documentos y testigos para demostrar que Townley era agente de la CIA.

Oscar González Suárez, hombre de más de cincuenta años, habló en nombre de Ignacio Novo, tal como había hablado en favor de sus clientes cubanos exiliados por más de dieciocho años. Su inglés con fuerte acento hacía difícil seguir su presentación por momentos, pero señaló con vehemencia que el caso de Ignacio debía separarse del juicio por asesinato y que, en todo caso, Ignacio no hizo más que escuchar las noticias de los asesinatos por la radio y llevar a Townley, "este personaje nefasto", al aeropuerto.

Más tarde, Propper llamó a Michael Moffitt al estrado. Su tarea consistía en entregar al jurado un recuento del horror de la explosión como sólo una víctima que la sufrió y sobrevivió a ella puede relatarlo. El testimonio de Moffitt se había tenido que repetir dos veces. La ira que había sentido en el momento de los asesinatos y posteriormente se había transformado en una oposición tenaz contra el fascismo, el gobierno de Pinochet y los empresarios que lo apoyaban. Pero su pasión y odio no había desaparecido totalmente.

"Sabes, Michael, Townley me pidió decirte que realmente siente lo de Ronni. Y yo le creo. Cualquier cosa que puedas sentir hacia él, pienso que es un tipo serio y realmente siente lo que dice, no en relación a Orlando, pero sí con Ronni", le contó Propper en uno de los ensayos para su testimonio.

Controlando la voz, Moffitt le contestó: "Puedes decirle a Mike que si alguna vez tengo la oportunidad, le sacaré el corazón".

En el estrado de los testigos, Moffitt se desempeñó bien.

Otros testigos se presentaron al día siguiente, el 16 de enero. El detective Walter Johnson, primer policía que llegó al lugar de la explosión; William Hayden, automovilista que conducía junto al automóvil de Letelier; Danna Peterson, médico que intentó salvar la vida de Ronni Moffitt. Los forenses Leroy Kiddick y James Luke presentaron las conclusiones de las autopsias realizadas a las dos víctimas. El juez Parker se negó a admitir como evidencias las fotografías de los cuerpos mutilados.

En seguida, el fiscal se dedicó a establecer los motivos del asesinato y a conectar a los acusados con el gobierno chileno en general y con la DINA en particular. Propper y Barcella sacaron de su saco de testigos a un hombre bien conocido por el jurado. El senador George McGovern, candidato presidencial demócrata en las elecciones de 1972, en su estilo pausado, dio a conocer al jurado cómo Letelier lo había "sensibilizado" efectivamente en "lo relacionado con las violaciones a los derechos humanos" y cómo sus conversaciones influyeron sobre él para actuar en su calidad de parlamentario en el apoyo de la decisión de terminar la ayuda militar de Estados Unidos a Chile.

El parlamentario holandés Relus ter Beck informó al jurado sobre las actividades antijuntistas de Letelier en Holanda, en especial sus esfuerzos para que una firma holandesa cancelara una inversión de 63 millones de dólares en Chile. Ter Beck, corno McGovern, puso de manifiesto la relevancia política de Letelier. El jurado pudo comprobar que la víctima tenía relaciones estrechas con, por lo menos, el pueblo de dos países.

Ya tarde ese día, los fiscales llamaron a Rafael Rivas Vásquez, exiliado cubano, director adjunto de DISIP, servicio de inteligencia venezolano. Atestiguó que Manuel Contreras, en su calidad de jefe de la DINA, visitó Caracas en 1975, solicitando su colaboración para informar a la DINA sobre las actividades de los exiliados chilenos en Venezuela. Rivas Vásquez también recordó haberse reunido con Guillermo Novo cuando éste hizo una escala en Caracas, en viaje hacia Chile, en 1974. Pero cuando Propper le pidió identificar a Guillermo, el testigo, vacilante, apuntó hacia Ignacio.

Al séptimo día, Isabel Letelier subió, al estrado, luciendo un collar con una piedra negra labrada, cuya inscripción decía "Isa". Orlando la había esculpido para ella en Isla Dawson. Contó al jurado la historia de la vida de su esposo. Su testimonio estableció que Letelier "estaba a cargo de la resistencia chilena en Estados Unidos" y que el régimen de Pinochet encarcelaba y mataba a aquellos que discrepaban de él. Su voz, suavemente acentuada, evocó el sufrimiento, la determinación y la valentía. Goldberger y Dubin trataron de desprender de su testimonio que ella había admitido creer que la CIA era responsable del asesinato. Les dio una lección medular sobre la historia chilena reciente, el barbarismo y la brutalidad de la junta. Durante un receso, Propper comentó: "Cada minuto que permanece ella en el estrado, más simpatías se gana por parte del jurado".

La interpretación del testimonio de Isabel Letelier por parte de los abogados de la defensa, se prolongó hasta la mitad de la mañana del día siguiente, el 18 de enero. En seguida apareció Michael Townley. Su ingreso a la sala se cambió rápidamente a una puerta lateral, para evitar que se encontrara frente a frente con Isabel, mientras ella dejaba el estrado. Desde su expulsión de Chile, hacía nueve meses, había aumentado unos doce kilos de peso. Vestía un traje a rayas azul oscuro. Su cabello liso lucía un corte a la moda y tenía la barba y los bigotes cuidadosamente arreglados. Mientras caminaba rígido hacia el estrado, con un aspecto de seria indiferencia en su rostro, el suspenso en la sala aumentaba visiblemente. Townley era un asesino de carne y hueso, un integrante de la policía secreta que estaba a punto de confesar contra aquellos que le habían ordenado matar y contra los que habían trabajado con él en su horripilante profesión.

El jurado, muchos de cuyos integrantes habían estado permanentemente adormilados o aburridos, empezaron a reaccionar ante la presencia de Townley. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Sentados muy derechos en sus sillas, los miembros del jurado pudieron contemplar en tres cuartos de perfil, cuando dirigía su mirada hacia el frente, al hombre acerca de quien el fiscal en su discurso de presentación había hablado tan vehementemente y sobre cuya credibilidad dependía el caso del gobierno.

Michael Townley contaba con una audiencia fascinada, que esperaba ansiosamente oír sus palabras y observar cada una de sus expresiones y movimientos. Mientras respondía las preguntas preliminares para establecer su identidad, dio la impresión de un joven educado, respetuoso, de hablar suave. Se veía tranquilo, alerta e inteligente. Por lo común respondía con un "sí, señor" o un "no, señor". Treinta y seis años, casado, dos hijos, sin haber terminado ta educación media, miembro activo de Patria y Libertad en 1972, su hobby, la electrónica; dejó Chile, regresando después del golpe como Kenneth Enyart y siendo reclutado como agente de la DINA.

El crimen de Townley minimizó el de los tres acusados, no obstante haberse convertido en aliado de los investigadores y fiscales de Estados Unidos, en su calidad de testigo principal para la acusación. El caso se mantendría en pie o se derrumbaría, dependiendo de su habilidad para retractarse a sí mismo como un asesino cuya profesión era el engaño y la brutalidad, convenciendo al mismo tiempo al jurado de que esta vez sí decía la verdad.

Paso a paso, Townley volvió a contar la historia de la primera misión de asesinato que inició con la colaboración del MNC. En oraciones cortas y precisas, sin emocionarse, recordó dónde había estacionado su casa rodante en México y la cantidad de explosivo y tipo de detonador con que había planeado asesinar a Carlos Altamirano y Volodia Teitelboim. Su voz no hacía distinciones entre falsificar una tarjeta de identidad, ordenar un platillo, probar un detonador, leer un mapa caminero, planificar el asesinato de dos personas, o comprar juguetes para sus hijos.

El juez llamó a receso para comer. Townley bajó del estrado, sentándose en el banquillo de los testigos. La mañana había dado dividendos al precio que Propper había pagado por la credibilidad de su testigo, pero algo más acerca de su relación había comenzado a aparecer. Tan pronto como Propper terminó de ordenar sus documentos en el portafolios, se dirigió a la salida. Al pasar junto a Townley, le sonrió, haciéndole un guiño rápido e íntimo de aprobación.

Al regresar para la sesión de la tarde, los tres acusados cubanos se ubicaron solos, llegando los primeros entre todos los actores. Pronto, ingresaron el público y la prensa y se sentaron, conversando en susurros, en la atmósfera de biblioteca que habían implantado los alguaciles. Trajeron a Townley, quien tomó su lugar en el banco de los testigos, a unos metros de los acusados. Ni el juez, ni el jurado, ni los abogados estaban aún en la sala.

Guillermo Novo permaneció de espaldas al público. A la izquierda, estaba su hermano y, cerca de él, Ross. Mantenían la vista fija uno en el otro o en los documentos que tenían delante. Sus murmullos en español, al comienzo parecían ser producto de la lectura. Los músculos del cuello de Townley se fueron endureciendo en la medida en que el volumen de los murmullos aumentaba: "¡Cuídate! Degenerada mierda de la CIA. Hijo de puta". Desde la sección del público, una cubana gritó: "¡Córtenle la lengua! ¡A los soplones se les aniquila!"

Los alguaciles detectaron el conflicto, pero no entendían el significado de las palabras. Mientras lo insultaban, los acusados no miraron a Townley. Miembros de la prensa que hablaban español, tradujeron para sus colegas.

El juez, el jurado y los abogados de la defensa y la acusación regresaron a la sala a los pocos minutos y Townley volvió a subir al estrado. Propper lo encaminó hacia la orden del coronel Espinoza de conectarse con el MNC y matar a Letelier "de una manera que pareciera inocua".

Townley relató los acontecimientos de los días de septiembre, desde su llegada a Nueva York. Contó los detalles de la reunión en el Motel Chateau Renaissance. "Les expliqué que la misión de matar -asesinar- a Orlando Letelier, requería de ayuda". Nombró uno por uno a los que estuvieron presentes en la reunión: Guillermo Novo, Juan Pulido, (2) José Dionisio Suárez, Alvin Ross. Si el técnico en autodestrucción hubiera decidido hablar sobre otros temas, la audiencia podría haberse dormido, o habría abandonado la sala; pero los hechos insignificantes, de cada día de la conspiración -una cena, una llamada telefónica, las estúpidas definiciones ("la DINA no es el gobierno, es una agencia del gobierno")- transformaron los inofensivos detalles cotidianos en la sustancia, la textura y el sabor de un asesinato a sangre fría.

P.: Díganos si en algún momento usted obtuvo una respuesta de alguien del Movimiento Nacionalista Cubano. Y, si fue así, ¿de quién?

R.: A la mañana siguiente, Virgilio Paz fue al Chateau Renaissance, donde yo estaba, y me llevó en su automóvil a buscar al señor Guillermo Novo. Conversamos en el coche de Virgilio Paz y en esa ocasión, Novo me dijo que el MNC tomaría parte en la misión.

Townley relató cómo consiguió el TNT, los explosivos C-4 y el aparato Fanon-Courier que él había modificado, transformándolo en un detonador de control remoto. Señaló el camino, los nombres y los números de las autopistas recorridas con Virgilio Paz, el 16 de septiembre, hasta llegar a Washington.

Con cada detalle, aumentaba la atención del jurado, manteniéndolo en suspenso con las compras en Sears y Radio Schack: "soldadura, destornilladores, pinzas, cosas de ese tipo". Llevó consigo al jurado por cada paso que dieron los asesinos en su camino hasta hacer estallar a sus víctimas: al Holiday Inn y el Motel Congress Regency, al McDonald's y al Roy Rogers, y, finalmente, en la madrugada del 19 de septiembre, a Ogden Court, donde vivía Letelier. Townley señaló: "Paz me comunicó que esperaba, que quería, o deseaba, que yo mismo pusiera el aparato en el automóvil".

La forma tan inofensiva de describir el crimen, frustraba cualquier intento por hacer juicios morales o metafísicos. Él trivializaba la vileza. Como si el villano literario de Heart of Darkness se hubiera convertido, de palabras sobre el papel, en real sujeto de carne y hueso, este educado y obediente joven traía a la realidad el mal existente en la vida real. Ante la blanda audiencia de la sala de la corte distrital, el mal se disolvía en una falsa imagen del ingenio burocrático, de lo innombrable.

Una vez colocada la bomba, informó Townley al jurado, el trío eligió el lugar para hacerla estallar. "Antes habíamos visto un parquecito que estaba en el camino de Orlando Letelier hacia su trabajo y les sugerí -pensando con rapidez, Townley modificó su lenguaje para evitar contradicciones-, les indiqué que ese sería el lugar para detonar la bomba". Luego, explicó sus motivos humanitarios: el parque "era muy poco frecuentado y /era/ muy poco probable que alguien más pudiera resultar herido. También ordené que al detonar la bomba, Orlando Letelier estuviera solo en el vehículo". Pero Townley se distrajo. "Los últimos detalles, como el qué y el dónde, los dejé en sus manos", dijo al jurado.

En seguida, condujo a su audiencia fuera de Washington. Alvin Ross lo recibió en el aeropuerto de Newark, escuchó su informe sobre la colocación de la bomba, y lo llevó donde Guillermo Novo. Con la misma extremada atención, sin establecer diferencias entre lo sustantivo y lo trivial, Townley contó que llamó por teléfono, estacionó un auto, compró cigarrillos, visitó a su hermana y abandonó el área de Nueva York, dirigiéndose a Miami el 19 de septiembre.

Tras haber implicado totalmente a Guillermo Novo y a Alvin Ross en la conspiración para el asesinato, en su recuento de los tres días de estadía en Miami, presentó el caso del gobierno contra Ignacio Novo.

"Estoy casi seguro de haber llamado desde Audio Intelligence Devices al señor Ignacio Novo, ese mismo día. No estoy seguro de si fue en esa llamada o en otra que hice más tarde, que Ignacio me dijo: «¿Oíste la radio? ¿Oíste las noticias?». Yo le contesté: «¿Cómo?». Y él dijo: «Algo grande sucedió en Nueva York, perdón, en Washington, D. C.»." En seguida, relató cómo se había encontrado con Ignacio Novo, para cenar juntos. "Discutimos la operación, lo que había sucedido".

Townley continuó con el cuento de la conspiración: Repuso los explosivos que el MNC le había prestado para la misión; reembolsó los "gastos directos que habían hecho en la operación", "mandándosele en las primeras semanas de octubre, a Guillermo Novo y Virgilio Paz, una suma que, posiblemente, no pasaba de $1.600 dólares".

Poco después de las 4:00 p.m., concluyó la investigación directa de Townley. Se le veía satisfecho. Su testimonio había presentado al jurado una información coherente y convincente de la conspiración. Cuando Townley regresó a su asiento en el banco de los testigos, el abogado de la defensa, Paul Goldberger, pidió acercarse al estrado. La defensa y la acusación se agruparon frente a Parker, conversando animadamente durante quince minutos, fuera del alcance del oído de los espectadores y el jurado. En seguida, el juez Parker dio por terminada la presencia del jurado por ese día. Él y los abogados se dirigieron a las oficinas del juez para proseguir la conversación confidencial.

En esas sesiones confidenciales, Goldberger sostuvo que Michael Townley debería ser sometido a repreguntas en el estrado, en presencia del jurado, en relación a su participación en el asesinato de Carlos Prats en Argentina y en el atentado contra Bernardo Leighton en Roma. Goldberger señaló tener evidencia documentada de la presencia de Townley en esos países en la época de los atentados y que, además, su cliente Guillermo Novo había escuchado a Townley admitir haber asesinado a los esposos Prats en Argentina. Los abogados de la defensa estaban fascinados con el sutil golpe bajo propinado a la investigación del gobierno.

El juez Parker escuchó. Era su deber establecer límites para las repreguntas solicitadas por la defensa. Informaciones acerca de la supuesta participación de Townley en otros asesinatos ordenados por la DINA habían aparecido en la prensa antes del juicio y Parker las había leído. "He oído algo acerca de un asunto en Argentina y en Italia", dijo. Estaba inclinado por autorizar la investigación "total" de Townley.

Propper arguyó con vehemencia que ninguno de esos casos era territorio permisible para repreguntas por parte de la defensa. Townley tenía un acuerdo firmado con la fiscalía, en el sentido que sólo podría ser citado para testificar en los crímenes cometidos en Estados Unidos o contra ciudadanos norteamericanos. Todo lo demás estaba fuera de esos límites. Éste había sido el acuerdo a que Propper había llegado con el abogado de Townley, y estaba decidido a mantener los términos del acuerdo, defendiendo a Townley de ser interrogado sobre sus otras actividades y crímenes con la DINA. Propper utilizó el argumento de que Townley tenía "un privilegio de Quinta Enmienda".

Señaló que Townley se consideraba aún un leal empleado del gobierno chileno y sólo empezó a entregar información sobre el caso Letelier después de que un funcionario de ese gobierno, el general Héctor Orozco, lo había autorizado para hacerlo. Sostuvo que Townley era "un servidor público" que había hecho un juramento sagrado: "Como servidor público y agente de la DINA, fue liberado de su obligación de no hablar sobre el caso Letelier por el mismo gobierno de Chile, pero puede ser acusado -y tengo aquí las leyes /chilenas/- dándosele una condena de quince años o algo así, por cualquier otra cosa que diga sea asunto legal o no".

Extrañamente, se habían invertido los papeles. Los abogados de la defensa, Goldberger y Dubin, quienes habían abierto el caso sosteniendo que ni la DINA, ni los cubanos tenían algo que ver con el asesinato de Letelier, ahora sostenían que el juicio debería ser un medio para mostrar los crímenes de Townley por orden de la DINA en los tres continentes. Propper y Barcella se convirtieron en firmes defensores de los derechos de Townley y sus argumentos presuponían que la DINA, lejos de ser el aparato terrorista sin ley que Propper había descrito en su primera argumentación ante el jurado, era una entidad legítima de gobierno, cuyos empleados estaban ligados a ella por juramentos de discreción y cuyas regulaciones debían ser respetadas por la corte de Estados Unidos. La discusión se prolongó hasta las 6:00 p.m., cuando Parker dio por terminada la sesión, sin haber manifestado su decisión.

A la mañana siguiente, el juez Parker abrió la sesión llamando al estrado a los tres cubanos acusados. Los reconvino por sus "amenazas e insultos" dirigidos contra Townley, advirtiéndoles no repetir el incidente. Afligido, Ignacio Novo aseguró al juez: "hicimos comentarios, pero no amenazas, si esto tranquiliza a la corte".

La disputa sobre las áreas permitidas para repreguntas por parte de la defensa continuaron en sesión abierta, aunque con la ausencia del jurado. Goldberger dijo haber recibido una copia del testimonio de Townley en Chile, antes de ser expulsado. En ese testimonio ante el general Héctor Orozco, el mismo funcionario chileno que había "permitido" a Townley cooperar con la fiscalía, éste había negado bajo juramento cualquier participación en el asesinato de Letelier. Goldberger expresó que la declaración podía ser leída al jurado, para demostrar que Townley había cometido perjurio.

Propper brincó. "Esa declaración es, según tengo entendido, un secreto. No fue mostrada a Estados Unidos y está guardada en un libro sellado. .. Aparentemente, no se entrega a nadie y, si así fuera, constituiría una violación a las leyes chilenas, con una pena máxima de veinte años", dijo, apuntando en dirección de las copias del código chileno que tenía encima de su escritorio.

Con mordacidad, Parker le dijo: "¿Usted representa al gobierno de Chile?". Ordenó que antes de las repreguntas, debería mostrarse a Townley la declaración, a fin de determinar si efectivamente era su testimonio.

Goldberger llevó la discusión a Prats y Leighton, señalando que las otras operaciones de asesinato deberían ser examinadas, para mostrar el modus operandi de Townley. Además, dijo, Estados Unidos tiene "la obligación moral y legal" de informar a otros gobiernos sobre los crímenes y el papel en ellos de Townley. El argumento de los fiscales de que los crímenes estaban excluidos en virtud de la Quinta Enmienda a que Townley tenía derecho y del acuerdo de rebaja de condena, era insustancial. Primero, el viaje de Townley a Europa en 1975, en el que él, indiscutiblemente, organizó el atentado a Leighton, se gestó en Estados Unidos, donde se reunió con Virgilio Paz, convenciéndolo para que lo acompañara en esa misión; de este modo, la conspiración efectivamente comenzó dentro de las fronteras de Estados Unidos. Segundo, el derecho de su cliente a la Sexta Enmienda, para solicitar repreguntas al testigo, podría tener más peso que la protección de Townley en la Quinta Enmienda, sobre todo si ello involucraba el proceso en un país extranjero, Chile, por los crímenes relativamente triviales de violación de las reglas secretas de la DINA.

Dubin agregó que el acuerdo de Townley incluía el sustancial "beneficio" de liberarse de ser procesado por otros crímenes, y el jurado debería saber cuáles habían sido esos crímenes, a fin de juzgar equitativamente los motivos de Townley para prestar testimonio.

El fiscal Larry Barcella respondió: "Él /Townley/ obtuvo permiso de Héctor Orozco para tratar el caso Letelier con todas sus ramificaciones. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ordenarle que vaya más allá de eso". Ridiculizó la evidencia del papel de Townley, agregando: "El pasaporte del señor Townley muestra que estaba en Argentina por la fecha en que Prats fue asesinado. Yo me aventuraría a decir que, al mismo tiempo había en Argentina otros treinta millones de personas".

El juez Parker puso fin a la discusión, señalando estar listo para dictaminar. El jurado, dijo, ha visto y oído abundantes evidencias de que Townley era un agente de la DINA y acerca de qué tipo de organización era ésta. "Creo que ante el jurado hay ya suficientes pruebas de que el señor Townley no es el tipo de personas junto a la que les gustaría sentarse en el servicio religioso dominical. No autorizaré repreguntar al testigo en relación a los incidentes de Argentina e Italia. Éste es el dictamen de la corte".

Parker ordenó que hicieran pasar al "testigo Townley". Goldberger le mostró la declaración, preguntándole si era la misma que había hecho en Chile, antes de ser expulsado. Townley la miró, dándose cuenta de que era una transcripción sin firma y no la declaración original que recordaba haber firmado al margen de cada página.

"Yo no hice esa declaración, señor", dijo Townley lacónicamente.

Se ordenó al jurado regresar a la sala. Propper había llevado a Townley hasta el complot para asesinar a Letelier y le pidió identificar las pruebas que corroboraban su testimonio oral. La cantidad de documentos era impresionante, la mayor parte de ellos proveniente de Chile y en poder del FBI gracias a Inés Townley, constituyendo parte del acuerdo. Propper sacó cada prueba, diciendo el número asignado a ella por la corte y pidiendo a su testigo que explicara.

Uno a uno, mostró los pasaportes y las licencias de conducir a nombre de Hans Petersen, los recibos de Avis-Rent-a-Car, el motel y la gasolinería, las boletas de la autopista y el restaurante, los pasajes aéreos y las fotografías. Townley identificó las fotos de Guillermo Novo, Ross y Paz, junto con los representantes chilenos ante la ONU, Mario Amello y Sergio Crespo, ligando así al MNC con el gobierno chileno. Luego, el jurado vio cables eléctricos, recipientes de plástico, material para bombas, fósforos eléctricos. Townley explicó cómo esos objetos, juntos, habían servido para matar a Orlando Letelier y Ronni Moffitt. Dio al jurado una breve lección de electrónica, habiéndoles de "oscilación de una señal", "megahertz" y "VHF", para explicar cómo el aparato Fanon-Courier en sus manos se había convertido en un arma mortífera. En seguida, Propper mostró el acuerdo de rebaja de pena, leyéndola ante el jurado.

En la tarde, Paul Goldberger lanzó la primera pedrada en relación a la repregunta de Townley. Después de las dos primeras preguntas, éste se sintió golpeado, mirando a su alrededor en busca de ayuda. Simplemente, Goldberger había tomado un detonador eléctrico de entre las pruebas que estaban sobre la mesa de los fiscales y pidió a Townley que dijera al jurado dónde lo había obtenido. Éste trató de evadirse, contestando que lo había obtenido por intermedio de un servicio.

P.: Dónde, ¿por intermedio de su servicio?

R.: En relación a esto.. .

SEÑOR PROPPER: ¿Podemos acercarnos al estrado, Su Señoría? Townley miraba implorante a Propper y al juez Parker.

LA CORTE: En relación a esto, conteste la pregunta.

TOWNLEY: Su Excelencia, debido a la naturaleza de mi trabajo y al hecho de que puedo incurrir en faltas legales respondiendo a esta pregunta, respetuosamente, debo negarme a contestar, en el entendido de que la respuesta podría pretender incriminarme.

En menos de tres minutos de interrogatorio, Goldberger había forzado a Townley a valerse de la Quinta Enmienda, para evitar así dar información sobre la DINA.

Parker no hizo ningún esfuerzo por esconder su irritación. Despidió al jurado por todo el fin de semana y dijo, furioso: "Hasta el momento, el ritmo de este caso es alarmantemente lento. Algunos de sus aspectos /que nos están deteniendo/ deberían haberse resuelto con antelación". Cuando el jurado abandonó la sala, reconvino a Propper: "¡Usted debería haber advertido a la Corte hace mucho tiempo acerca de este problema!".

Goldberger se levantó, diciendo con solemnidad: "Rechazo todo el testimonio directo /de Townley/, sobre la base de que no puede invocar en todo momento su privilegio de la Quinta Enmienda". Los abogados se aproximaron al estrado. Propper pidió a Parker autorización para entrevistar en privado a Townley y persuadirlo de que respondiera preguntas sobre la DINA, relacionadas con el caso Letelier. Parker, tras autorizarlo, suspendió las sesiones hasta el lunes siguiente. (3)

El lunes, décimo día del juicio, el juez Parker abrió la sesión e inmediatamente llamó a los abogados al estrado. Nuevamente, el público quedó fuera de la discusión.

El abogado de Townley, Barry Levine (4) habló primero, diciendo que su cliente contestaría la pregunta de dónde había obtenido el fusible eléctrico, pero que continuaría invocando la Quinta Enmienda si se le interrogaba acerca de "los propósitos de los asuntos relacionados con el general Prats o Leighton". El asunto de la Quinta Enmienda se había resuelto con un débil compromiso. Goldberger dijo que durante el fin de semana había conseguido una copia del affidávit de Townley en Chile que, indiscutiblemente, era copia del original, con la firma de éste en cada página. En ese momento, se estaba haciendo una traducción al inglés.

El día avanzó con cortos periodos de repreguntas, alternados con largas conferencias en el estrado. En la tribuna, Townley admitió que la declaración con su firma era auténtica. Explicó que, de acuerdo a órdenes recibidas del general Contreras, en esa declaración había mentido al general Héctor Orozco, relatándole la versión de la misión secreta inventada con el capitán Armando Fernández. Dijo que más tarde fue extraditado, aceptando cooperar y había hecho una segunda declaración ante el general Orozco, esta vez conteniendo la verdad sobre su participación en el asesinato. Después de eso, cambió su papel de asesino por el de ciudadano modelo, de agente clandestino por el de un remilgado burgués.

"La presentación aquí de este documento", dijo a Goldberger, "fuera o públicamente fuera de la investigación del general Orozco, sé positivamente que constituye una violación a la ley chilena".

"Usted no esperaba que obtuviéramos la declaración, ¿verdad?".

"Para serle franco, no lo esperaba; va contra la ley, y cualquiera que haya violado la ley en Chile al obtener el documento, probablemente será castigado", agregó virtuosamente Townley.

Dubin y Goldberger, imposibilitados de preguntar a Townley sobre otros crímenes de la DINA, fueron incapaces de despedazar su testimonio a través de repreguntas. Pero hábilmente se las ingeniaron para sembrar dudas sobre su credibilidad, llevándolo hacia asuntos que pusieran al descubierto su frialdad de carácter, esperando poder convencer al jurado de que un hombre tan despreciable no dudaría en mentir.

Goldberger preparó el diálogo siguiente:

P.: ¿Tiene algún remordimiento por haber matado a Letelier?

R.: ¿Específicamente al señor Letelier?

P.: Sí.

R.: No, señor. Pero sí, en el caso de la persona que lo acompañaba. Mucho, señor.

P.: Según su apreciación, Letelier era un enemigo, ¿correcto?

R.: Él era un soldado, yo también lo era. Correcto, señor.

P.: En el momento en que usted lo mató, en Avenida Massachusetts, ¿era él un soldado?

R.: En sí mismo, en su partido, en sus acciones, estaba realizando una batalla contra el gobierno de Chile.

P.: ¿Y usted se vio a sí mismo como un soldado, señor Townley?

R.: Así es.

P.: ¿Un soldado que había recibido la orden de cumplir un contrato, de cometer un asesinato?

R.: Así es, señor.

P.: ¿El gobierno le dio alguna vez una orden, o la DINA le dio una orden de asesinar a quien usted no quería matar?

R.: No, señor. No estoy diciendo que yo estuviera de acuerdo con asesinarlo. Recibí una orden y la cumplí lo mejor que pude.

Un soldado, en una guerra reconocida sólo por sus jefes, había matado a un hombre catalogado como un soldado enemigo. Por desgracia, también había muerto un civil. Órdenes. Cumplía órdenes. Las mismas palabras escuchadas en los juicios por crímenes de guerra de los nazis en Nuremberg; las palabras de los norteamericanos acusados de la masacre de civiles en My Lai durante la guerra de Vietnam. Por un momento, los dos años y medio de la investigación del asesinato Letelier-Moffitt se congelaron en un solo bloque. Había llegado el instante, como en una tragedia de la antigüedad de que el elenco y los espectadores, la prensa, los familiares, los protagonistas, se detuvieran a reflexionar. ¿Quién había creado este monstruo que se autodenominaba soldado?

Pero el ambiente de la sala de la corte no daba lugar a la trascendencia. El sistema de Pinochet, la DINA, la junta militar chilena, los crímenes de los mini nazis del Tercer Mundo, nunca fueron el tema en la Corte del Distrito de Estados Unidos. Por el contrario, el juicio, lo mismo que la investigación, estrechaba el foco y evitaba las implicaciones de carácter histórico. Los "derechos" del testigo-estrella del gobierno determinaban el carácter del interrogatorio, mientras los procedimientos sepultaban la connotación política del crimen.

Más tarde, ese mismo día, Goldberger y Townley sostuvieron los siguientes "dimes y diretes":

P.: Cuando su esposa participó en el viaje a México (usted dijo que su esposa era agente), ¿sabía ella cuáles eran las circunstancias? Ella sabía a qué iba, ¿no es verdad?

R.: Ella sabía que íbamos a interrumpir una reunión. Así es, señor.

P.: ... ¿Sabía ella que iban a México a matar a algunas personas, si era posible?

R.: Eso ya se mencionó. Sí, señor.

P.: ¿Y ella formaba parte del plan?

R.: ... Ella no estaba involucrada en la planificación misma.

P.: ¿No fue ella usada como pantalla, por decirlo así, en el viajecito en casa rodante hasta México?

R.: Esto formaba parte del encubrimiento. Sí, señor.

P.: Y ella sabía las circunstancias del pla. . . ¿Y ella sabía los nombres de las personas. . . el nombre de Altamirano. . . el nombre de Teitelboim?

R.: La mayoría de los ciudadanos chilenos sabía muy bien esos nombres, señor.

P.: ¿Planearon en Estados Unidos ir a matar a alguien a México?

R. Sí, señor.

P. Su esposa formaba parte del plan, ¿no es así?

R. Ella iba a ser usada en él. Así es, señor. . .

P. De modo que quería no sólo estar usted en la posición que tenía, sino también arrastrar a su mujer a la posibilidad de ser culpada por haber cometido crímenes en Estados Unidos.

Era un esposo normal, cuya mujer lo acompañaba en viajes de negocios. Un buen padre que compró regalos a sus hijos después de saber que su bomba había matado a dos personas. Un hombre hogareño, que no veía contradicciones en cuidar a su amada y, al mismo tiempo, hacer volar en pedazos a la amada de otro. El creativo asesino escogió con precisión sus palabras en la corte. Las respuestas de Townley encerraban un ligero, tono burlón, como si hubiera estado respondiendo en una obra de teatro ante los espectadores; como si estuviera riéndose de la credulidad de quienes lo interrogaban y que veneraban la cortesía y el respeto. Permaneció en el estrado hasta el jueves 25 de enero, sometiéndose a las repreguntas de la defensa. A lo largo de los seis días de testimonio, se mantuvo consistente en la reconstrucción del complot de asesinato.

Pero el largo y polémico proceso de repreguntas parecía haber mellado su fría compostura. Durante el último día en el estrado, permanentemente miraba al juez, corno pidiendo socorro, o a Propper, como preguntándole: "¿No puedes objetar?". A menudo se quejó de dolor de garganta y, entre las preguntas, tomaba compulsivamente sorbos de agua, interrumpiendo el curso del interrogatorio. La imagen de confianza en sí mismo había empezado a desmoronarse, mostrando en cambio la débil personalidad as un muchacho vulnerable.

Entre tanto, los reporteros del Washington Post y el New York Times obtuvieron copias de las conversaciones confidenciales en el estrado, sostenidas el 22 y el 23 de enero, en las que los abogados y el juez Parker discutieron el acuerdo secreto que había firmado Estados Unidos con Chile, como condición para obtener la extradición de Townley. SILBERT SE PUSO DE ACUERDO CON CHILE PARA RESTRINGIR LA INFORMACIÓN, decía un encabezado del Washington Post del 24 de enero. El New York Times anunció que el acuerdo firmado por el abogado de Estados Unidos Earl Silbert y el Ministro del Interior de Chile Enrique Montero significaba que Estados Unidos "restringiría la información" sobre el caso Letelier-Moffitt, específicamente lo relacionado con los crímenes de Prats y Leighton. El razonamiento de Propper en relación al acuerdo, decía la noticia, fue que el gobierno chileno creía "que el gobierno norteamericano los estaba usando como una acusación política para deshacerse del gobierno de Pinochet, y que ellos querían seguridad de que no íbamos a regar por todo el mundo la basura. Esa era la base del acuerdo".

Durante la conversación en el estrado, Propper justificó su actitud de mantener en secreto el acuerdo ante la corte y la defensa. Los abogados de la defensa habían sido informados de la existencia de dicho acuerdo por un abogado chileno. "Para su información, Su Señoría, éste fue un acuerdo entre Estados Unidos y Chile, /en/ el cual el señor Townley no tuvo participación (con todo respeto, por tener que volver al asunto), teniendo en cambio que ver con la información que hubiéramos descubierto. Dijimos que esta información sólo sería usada en las cortes de Estados Unidos, o entregada al gobierno de Chile. Es decir, no la entregaríamos a la prensa, ni a todo el mundo. Y Chile, a cambio de lo anterior, si tenía alguna otra información del caso Letelier, la entregaría a Estados Unidos.

Las discusiones en el estrado, el acuerdo secreto con el gobierno de Chile y los términos del acuerdo de reducción de pena de Townley, revelaron los lineamientos que seguía la acusación al presentar el caso. Tomados todos esos factores, entregaron una respuesta parcial a la misteriosa razón de que Chile hubiera extraditado a Townley. La respuesta parece haber sido que Estados Unidos había planeado anticipadamente con Chile una forma de investigar y juzgar el asesinato de Letelier, protegiendo a la vez al gobierno chileno del desenmascaramiento y su culpabilidad. La DINA, sus operaciones dentro y fuera de Chile, su personal, había quedado fuera de los límites, con la minuciosamente definida excepción de la operación Letelier. La autocensura impuesta por los fiscales en relación a sus pruebas, fue más clara con cada nuevo testimonio, pero esto no interfirió con sus esfuerzos por establecer la culpabilidad de los tres acusados no chilenos.

Después de Townley, un desfile de testigos subieron al estrado para reforzar su increíble historia, al corroborar las pruebas. El jueves 25 de enero era el décimo tercer día. El cuñado de Townley, Fred Fukuchi, relató al jurado la visita a su casa, dos días antes del asesinato, y mostró los recibos con las llamadas telefónicas de y a Guillermo Novo y los integrantes del MNC de Union City. Un vendedor de artículos electrónicos comparó una nota de venta por un aparato Fanon-Courier, con una copia encontrada en la oficina abandonada de Alvin Ross.

El lunes 29 de enero, el Agente Especial Robert Scherrer subió al banquillo para explicar cómo obtuvo un mensaje a través del teletipo de "Cóndor Uno" a la inteligencia paraguaya, pidiendo la ayuda de Paraguay en la misión de Townley y Fernández a Washington. Era una de las pocas evidencias, aparte del testimonio de Townley, que ligaban a la DINA de Chile con el caso. Scherrer estaba también preparado para decir al jurado lo que había sabido acerca de la Operación Cóndor, la red de asesinato multinacional dirigida por Manuel Contreras y financiada por Chile. Pero fue interrumpido después de describir la Operación Cóndor como "una red de inteligencia" de países sudamericanos y de identificar a Manuel Contreras como "Cóndor Uno".

La aparición de José Barral entre los testigos ese mismo día, hizo que los acusados pusieran cara de dolor. El murmullo de Guillermo Novo "¡Carajo!", pudo oírse hasta la primera fila de espectadores. También el rostro de Barral reflejaba angustia mientras Propper y Barcella procedían a interrogarlo. Barral, simpatizante del MNC, que dijo haber sido entrenado en el uso de explosivos, describió un ambiente en que la gente traficaba con elementos para la fabricación de explosivos. Aseguró ser un auténtico cubano nacionalista. "Guillermo Novo es mi amigo. . . Un patriota", dijo. "Creo que es un hombre que ha sufrido mucho por la humanidad, lo admiro enormemente".

Barral dijo al jurado que Alvin Ross y José Dionisio Suárez habían ido a su casa en septiembre de 1976 y este último "quería saber si yo tenía una cápsula explosiva que pudiera darle". Sin embargo, la memoria de Barral fue vacilante al tratar de recordar si Ross había escuchado o no su conversación. Propper mostró a Barral una cápsula explosiva (5) y éste la identificó diciendo que era la misma, o una similar, a la que le entregara a Suárez en esa ocasión. Dijo haber sacado la cápsula de su escondrijo, una maceta al fondo del jardín, entregándosela a Suárez sobre la base de una petición telefónica de Guillermo Novo. Señaló haber sido interrogado "cientos de veces" por el FBI y obtuvo la promesa de liberarse de culpas al testificar en el juicio.

Barral fue el primer testigo que provocó sorpresa a los acusados. Su nombre fue mencionado a la defensa sólo la noche anterior a su comparecencia. Y los abogados de la defensa sabían que vendrían más sorpresas.

Al día siguiente por la tarde, Ricardo Cañete subió al estrado. Todos los acusados recordaron al ex miembro del MNC. Ahora descubrirían a un nuevo Cañete, el soplón, ante el que se vanagloriaron de haber cometido, o deseado cometer, crímenes.

Cañete reveló al jurado cómo se había acercado a Ignacio Novo, en mayo de 1977. Novo, declaró, dijo que "el gobierno trataba de culparlo del asunto Letelier. Yo le contesté: «¡No me digas!». . . Él agregó: «¡Así es!». Y luego, dijo: «Perdóname, tengo que llamar por teléfono para ponerme en contacto con algunos amigos de la DINA que han estado informándome de cómo van las cosas»". Ignacio Novo pidió a Cañete documentación falsa y ante la corte volvió a contar la historia de los documentos a nombre de Frederick Pagan, de los que dio una copia a Ignacio y otra al agente del FBI, Larry Wack.

Cañete identificó una foto suya, saliendo del restaurante Se Chuan Taste de Nueva York con Ignacio Novo y una mujer llamada Marta. Atestiguó haber entregado a Ignacio Novo, en Union City, un pasaporte panameño y otros documentos a nombre de Víctor Triquero, el que más tarde usó Guillermo Novo en su fuga.

Habló de la reunión crucial con Ross. "Mientras yo escribía a máquina el DD 214 (falsos papeles militares), hacía alarde de mi trabajo. El señor Ross empezó a fanfarronearse de sus asuntos: fabricación de bombas. . . Llevando más lejos la conversación. . . el señor Ross me dijo: «Yo hice la bomba de Letelier». Le contesté: «¿Y qué?»".

Posteriormente, habló de una reunión con Virgilio Paz, en 1978, en el bar Bottom of the Barrel, en Union City. Cañete se quejó de que el gobierno lo presionaba para que testificara ante el gran jurado acerca del caso Letelier. Alvin Ross se reunió con ellos.

CAÑETE: El señor Paz me miró a través de la mesa y me dijo:

"Mira. Nosotros lo hicimos. Ellos lo saben, pero deja que lo prueben". Me volteé, mirando al señor Ross para que confirmara lo dicho por Paz. Asintió con la cabeza. El señor Ross dijo: "No te preocupes por nada. Incluso tienen algunos papeles míos y son tan estúpidos que ni siquiera saben lo que tienen".

En seguida, Cañete dijo al jurado que había estado trabajando como informante pagado por el FBI desde su primera reunión con Ignacio Novo. Permaneció en el estrado todo el miércoles 31 de enero. Al día siguiente, el agente especial Larry Wack testificó haber contratado a Cañete como informante.

Después del testimonio de Cañete, el gobierno presentó a dos criminales, Sherman Kaminsky y Antonio Polytarides, quienes estuvieron con Alvin Ross y Guillermo Novo en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Kaminsky, un sionista que alguna vez perteneció al ejército secreto de Israel, el Haganah, cumplía una condena por extorsión. Atestiguó que Ross se había fanfarroneado en su presencia de haber matado a Letelier y de otros actos terroristas. Dijo que atestiguaba con gusto contra Ross porque pensaba que era un sujeto peligroso. Polytarides, un convicto por posesión ilegal de armas, testificó que Guillermo Novo trató de comprarle armas y explosivos. Aunque la transacción final nunca se produjo, señaló Polytarides, Novo trató da darse importancia, vanagloriándose de haber participado en el asesinato de Letelier.

El juicio fue pospuesto varias veces, mientras los abogados discutían sobre qué se le había permitido decir a cada testigo ante el jurado. El juez Parker se irritaba con las demoras, pero se esforzaba por evitar equivocaciones que más tarde pudieran dar pie a declarar el juicio viciado, cuando se produjera la inevitable apelación. Permitió informar acerca del testimonio de cuatro controvertidos testigos que habían sido soplones: Barral, Cañete, Kaminsky y Polytarides. La prensa y el público de la ahora poco frecuentada sala, escuchó el testimonio y luego una versión expurgada del mismo, ante la presencia del jurado. Y el jurado, en realidad, sólo estaba presente en la sala una mínima parte de las sesiones diarias, que duraban entre cinco y siete horas.

Cuando empezó la cuarta semana del juicio, Propper y Barcella trataron de agilizar las cosas, recortando su lista de testigos. Elaboraron acuerdos con la defensa para leer declaraciones de testigos de menor importancia, en lugar de hacerlos comparecer. Los expertos del FBI en huellas dactilares y explosivos proporcionaron los datos faltantes en la cadena de evidencias de la acusación. Habiendo presentado 26 testigos y 126 evidencias, la acusación descansó el 6 de febrero, vigésimo día del juicio.

Desde Chile, encerrado en el Hospital Militar de Santiago con sus guardaespaldas, Manuel Contreras seguía los procedimientos. Los corresponsales chilenos que cubrían el juicio, lo presentaban ante el público lector como un circo primitivo de disputas legales y contradicciones. Mientras la defensa se preparaba para subir al estrado, Contreras ordenó a su abogado, Sergio Miranda Carrington, ex integrante del Partido Nazi chileno, ir a Washington con el fin de proporcionar asistencia legal. (6)

A través de una cuenta gubernamental, Contreras arregló el asunto de los pasajes y gastos de Miranda y dos ex agentes de la DINA. Miranda llegó a Washington el sábado 3 de febrero, registrándose en el Guests Quarters, frente al Hotel Intriga, donde el equipo de la defensa instaló su cuartel general de operaciones. Durante una reunión en la habitación de Miranda, tarde una noche, éste dio a conocer sus trucos para utilizarlos en el juicio; los dos ex agentes de la DINA atestiguarían que Townley nunca había sido agente, trabajando por su cuenta en el laboratorio de su casa; entregarían nombres de "agentes de la CIA", supuestamente al tanto de las actividades de Townley en Chile, cartas robadas, enviadas por éste a su esposa y la grabación de una llamada de Townley a un agente de la DINA en Chile.

La reunión fue poco productiva. Miranda se manifestó contra el caso de Estados Unidos, pensando en las formas de detenerlo. Mientras, no podía mirar de frente a los dos abogados de la defensa, Goldberger y Dubin, ambos judíos. Estaban furiosos por haberse reunido con ese hato de antisemitas, pero les interesaba obtener cualquier evidencia nueva que pudiera ayudar a sus clientes. Preguntaron a Miranda cómo enfrentarían una repregunta los dos agentes de la DINA. "Muy fácil, harán uso de su maravilloso resquicio legal norteamericano de la Quinta Enmienda y se negarán a decir cualquier cosa", bromeó Miranda.

Goldberger examinó los "documentos oficiales de la DINA" que había llevado Miranda y se enfureció. "¡Puras falsedades obvias! ¿Para qué nos trae todas estas porquerías?", recordó haber pensado. Las cartas de Townley parecían ser genuinas, pero su contenido era inocuo. En cambio, la conversación telefónica grabada interesó a los abogados. Se llevaron una copia de la cinta al irse y a los otros ofrecimientos de Miranda dijeron: "Gracias, pero no".

El martes 6 de febrero, día en que descansaban los fiscales, los abogados de la defensa presentaron una transcripción de la conversación telefónica al juez Parker y a Propper y Barcella. Townley, según se afirmó, había hecho la llamada desde la oficina privada de Propper, la semana anterior, marcando él directamente.

Propper y Barcella regresaron a su oficina para leer la transcripción. Townley, como ya se había hecho costumbre durante el juicio, haraganeaba por ahí, bajo la superficial vigilancia de un alguacil. En la transcripción, que se suponía correspondía a las palabras de Townley, leyeron calumnias raciales contra el juez y el jurado, comentarios insultantes sobre Propper y sugerencias acerca de cómo revertir el caso de los fiscales en contra de los cubanos.

También leyeron lo que parecía ser una sugerencia en broma, consistente en organizar una campaña para intimidar al juez Parker. "Desde ahora, ofrezco pedir a amigos de todo el mundo que lo llamen /a Parker/ amenazándolo, hasta lograr hacerlo renunciar al caso".

Barcella golpeó con el puño la puerta de balance que llevaba desde el área de recepción de las oficinas de los abogados estatales hasta los escritorios de las secretarias. La puerta se desprendió de sus goznes, cayendo contra un escritorio, del otro lado de la habitación. Barcella se miró los hinchados nudillos. En ese momento, Townley se le aproximó, pidiéndole hablar con él. "¡Apártate de mi vista!", le gritó Barcella.

Al día siguiente, en la corte, el juez Parker consideró el asunto de la grabación con su habitual actitud malhumorada, pero no emitió juicios enérgicos, ni permitió que el asunto se convirtiera en un factor del caso. Aceptó un rápido informe del laboratorio del FBI, que consideraba las evidencias de diferentes ruidos ambientales, como una prueba suficiente de su autenticidad. Ordenó a Townley subir al estrado, en ausencia del jurado, para verificar si, en efecto, él había hecho esa llamada, increpando a Propper por haber dado a un asesino profesional libre acceso a su oficina y a su teléfono. (7) Pero denegó una moción de la defensa para permitir que la cinta se considerara un testimonio en descrédito de Townley.

Durante los dos días siguientes, la defensa presentó once testigos, de los que sólo uno había sido incluido también en la lista de los fiscales. Se refirieron a Isabel Letelier, tratando de que ella admitiera haber manifestado sus sospechas de que la CIA había violado la correspondencia de su esposo. Dijo ella que había manifestado al FBI la ocasional entrega de su correspondencia abierta, pero que sospechaba de la DINA. "Temía que el gobierno norteamericano hubiera permitido a la policía secreta de Chile actuar en este país para seguir a los refugiados chilenos. Sabía que el jefe de la policía secreta de Chile había venido /una vez/ a este país, reuniéndose con el jefe de la CIA", contestó.

En debates abiertos en la corte, pero en ausencia del jurado, la defensa pidió que se consideraran evidencias las cartas y documentos encontrados en el portafolios de Letelier. "Quiero presentar al jurado el contenido del maletín y demostrarle lo que /Letelier/ estaba haciendo en realidad", dijo Goldberger. Citó el uso de la palabra "camarada" en una de esas cartas, como evidencia de su actividad comunista y sus $1.000 dólares de sueldo mensual provenientes del Partido Socialista de Chile, como prueba de que era un agente cubano. Barcella señaló que las cartas de un muerto eran "el típico caso de rumores" y que las acusaciones de la defensa sobre los contactos comunistas de Letelier eran "casi una forma de macartismo". El juez Parker dictaminó que la defensa no podía interrogar a la señora Letelier sobre el portadocumentos y su contenido, ni tampoco utilizarlos como evidencia. (8)

Edward Cannell III, ex guardia marina de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, testimonió haber salido muchas veces con Michael Townley, pero no haberlo visto nunca en la sección de la CIA de la embajada.

Al día siguiente, el embajador George Landau fue llamado al estrado de los testigos. Originalmente, lo habían citado para testificar por parte de la acusación, pero Propper decidió que su testimonio sería superfluo, puesto que la defensa no había argumentado contra la versión de Townley sobre la obtención de los pasaportes Romeral y Williams en Paraguay.

En su calidad de embajador en Paraguay en la fecha del asesinato y de embajador de Chile en la época de la identificación y expulsión de Townley, Landau había desempeñado un papel constante y crucial en el caso. Los abogados de la defensa lo citaron porque deseaban que el jurado escuchara su versión del contacto del Director Adjunto de la CIA, Vernon Walters, con el incidente del Paraguay. Landau, alto, tostado por el sol y digno, tal como se pensaba, relató la cadena de acontecimientos exactamente igual a como la relatara en un affidávit ante Propper, hacía algunos meses. Dijo haber otorgado visas a dos "oficiales del ejército", chilenos, a petición de un funcionario paraguayo, en julio de 1976, informando a Walters, de la CIA, que ambos individuos llegarían a Washington. "Sospeché desde el comienzo y pedí que se me entregaran los pasaportes después de otorgar las visas .. . y se fotografiaran desde la primera a la última página, incluyendo las fotos de las personas".

El testimonio de Landau difería sólo en un detalle de su previo affidávit: había dicho que la petición de que los paraguayos proveyeran los pasaportes venía directamente del presidente Pinochet a su contraparte, el general Alfredo Stroessner, presidente de Paraguay. En el estrado, Landau señaló solamente: "una petición de alto nivel del gobierno chileno".

Landau se retrató a sí mismo como habiendo actuado decidida y correctamente para borrar cualquier posible apadrinamiento del gobierno de Estados Unidos en la misión de los dos chilenos en su país. Atestiguó haber dicho al funcionario paraguayo Conrado Pappalardo que olvidara el asunto. "Devuélvame los pasaportes porque no tienen ningún valor y considere que las visas están canceladas. Si /los chilenos/ tratan de usarlos, serán arrestados en el aeropuerto de entrada a Estados Unidos. Informé al Departamento de Estado que las visas están canceladas".

Dijo haber recibido varias semanas después, a comienzos de septiembre, los pasaportes Romeral y Williams, sin fotos y que, en 1978, los había enviado al FBI, "cuando todo este asunto se activó y aparecieron los nombres de Romeral y Williams".

La acción de Landau de fotocopiar los pasaportes, había llevado al descubrimiento del equipo de asesinos de la CIA y a la identificación y posterior expulsión de Michael Townley. Ningún otro acontecimiento o prueba había desempeñado un papel tan importante en la investigación del caso. Sin embargo, en el juicio de los tres cubanos, su significado era menospreciado y opacado por el testimonio más espectacular del asesino en persona. Ni la defensa, ni la acusación, preguntaron a Landau por qué, si las fotos de los pasaportes Romeral y Williams estaban en sus archivos y en los de la CIA y el Departamento de Estado semanas antes de que se produjera el asesinato, se había tomado tanto tiempo para que los nombres y las fotografías "aparecieran" en la investigación.

La defensa, no habiendo logrado sacar de Landau ni la más pequeña evidencia de alguna conexión de la CIA en la misión del asesinato, a pesar de los esfuerzos de Landau por impedirlo, al día siguiente pasó a interrogar a dos testigos de la CIA. Marvin L. Smith, Jefe de Operaciones de la CIA, y Robert W. Gambino, Director de Seguridad de la Agencia, antes del juicio, habían entregado affidávits a Propper, estableciendo que Michael Townley se puso en contacto con la agencia en 1970 y en 1973, pero que nunca había trabajado para la CIA en ningún aspecto. En los pasillos, durante un descanso, Goldberger explicó a los reporteros que, al llamar a los agentes al estrado, no esperaban que se alzaran de brazos y dijeran: "Nos agarraron. Él siempre fue agente nuestro". La táctica de la defensa era maniobrar a los oficiales de la CIA hacia negativas exageradas acerca de las actividades de ésta, que pudieran convencer al jurado de que se estaba realizando un encubrimiento y que las negativas acerca de Townley eran mentiras, señaló Goldberger.

Gambino, Director de Seguridad, en una corta aparición en el estrado, dijo que su oficina había otorgado "aprobación preliminar de seguridad" para usar al señor Townley en "una actividad operativa", en febrero de 1971. La CIA tuvo "cierto interés en Townley" hasta diciembre de 1971, fecha en que se canceló la aprobación de seguridad. Dijo no saber si Townley había sido "usado" alguna vez.

Pero Goldberger y Dubin formularon preguntas a las que Gambino no dio respuestas. ¿Había tenido la CIA operativos en Chile entre 1971 y 1973? Gambino no tenía información sobre si las hubo o no. ¿Había allá en Chile algunos empleados de la CIA en esa época? No, de acuerdo al conocimiento personal de Gambino. ¿Alguien de la CIA podía responder a eso? Gambino no respondió.

En seguida, el Director de Operaciones, Marvin Smith, hizo el juramento de decir toda la verdad y nada más que la verdad. Puesto que él era responsable directo de lo que llamaba "Operaciones clandestinas" en el extranjero, podría esperarse que tuviera respuestas a algunas de las preguntas sobre Chile y Michael Townley.

En marzo de 1971, dijo, "se tomó la decisión de contactarlo /a Townley/, de utilizarlo. . . Esa fue nuestra intención". En agosto de 1971, los empleados de la CIA en Chile ("Sí. Había varias personas de la CIA en Chile"), trataron de ubicarlo en una dirección en Santiago que él había entregado, pero se les comunicó que había regresado a Estados Unidos. Dos semanas más tarde, se designaron agentes para tratar de localizarlo en Miami, pero se comunicó que había regresado a Chile. (9) Con esto, la CIA renunció a Michael Townley.

Goldberger presionó. "La CIA estaba también profundamente interesada en derrocar el régimen de Allende, ¿no es verdad?" Propper objetó la pregunta. Ha lugar, contestó Parker.

Goldberger reformuló su pregunta. ¿Había algunas operaciones de la CIA en Chile, en esa época? Sí. ¿Tuvo algún papel político la CIA allá? No. Los archivos no revelan eso. ¿Había una sección de la embajada norteamericana llamada POL/R? No sé. ¿Sabe dónde estaba ubicado el cuartel de la CIA en Chile? No. Goldberger preguntó acerca de los archivos de la CIA sobre Michael Townley. Sí. Había un archivo. No. No hay documentos secretos de la CIA. No. No había fotos de Michael Townley en los archivos de la CIA. ¿Recibió la CIA una fotografía de Michael Townley en 1976? "Puedo decirle que no hay ninguna foto de Michael Townley en los archivos de la CIA".

Tras una pausa, Goldberger preguntó: "¿Alguna vez lo registraron bajo el nombre Juan Williams Rose?" No. Smith lo había registrado con los siguientes alias: Andrés Wilson, Hans Petersen Silva y Kenneth Enyart, pero nunca con el de Williams. "¿Sabía usted que existía un ciudadano norteamericano trabajando para la DINA de Chile?" No.

Smith escuchaba las preguntas y entregaba sus respuestas en un tono neutro. Goldberger y Dubin alzaron las cejas y miraron significativamente hacia el jurado. La táctica probablemente pasó desapercibida para el jurado, pero el interrogatorio de la defensa ganó un par de puntos contra la credibilidad de la CIA. Incluso, esto tuvo un efecto dramático, si bien no aportaron evidencias nuevas. El interrogatorio de la defensa fracasó en su intento por demostrar la falsedad de la historia de la CIA de que Michael Townley nunca había trabajado para la agencia.

Había terminado el último y el mejor de los golpes de la defensa. Ésta descansó desde el mediodía del viernes 9 de febrero, vigésimo tercer día del juicio.

Prevalecían los argumentos finales y, con ellos, comenzaron temprano el lunes siguiente. El cansancio se reflejaba en los rostros de los abogados de ambas mesas. Durante cinco semanas, habían pasado interminables días en la corte y largas tardes y amaneceres preparando a los testigos, estudiando los testimonios y elaborando estrategias. El abogado de la defensa, Goldberger, había faltado un día por enfermedad. Una infección o virus afectó la voz de Propper, minando sus energías durante los días difíciles, los finales.

Barcella, quien había repreguntado a la mayoría de los testigos de la defensa, se levantó para resumir el caso, para reconstruir la miríada de detalles acerca del complot para matar a Letelier, ligando para el jurado, cada evidencia que ligaba a Guillermo Novo y a Alvin Ross con los asesinos y a Ignacio Novo con el encubrimiento. Barcella actuó para reforzar la credibilidad de su testigo-estrella y para desechar cualquier mínima duda sobre la probidad del acuerdo firmado a fin de lograr el testimonio de Townley.

"Se necesita un infiltrado. Así es como puede saberse lo que sucede en el interior de una conspiración", dijo. "Sin Michael Townley, este monstruoso crimen nunca se podría resolver totalmente, ¿verdad?. . . Y sin ese acuerdo, Michael Townley no habría testimoniado. . . Y todos los conspiradores habrían escapado".

Entregó su interpretación sobre la aparente actitud irracional de Chile al entregar al FBI al hombre que podía probar que Letelier había sido asesinado en virtud de un plan forjado en Chile. El gobierno chileno entregó a Townley al FBI, dijo: "porque Chile no sabe lo que Townley sabe. . . Porque Contreras no permitió que nadie supiera lo que sabe Townley".

Los abogados de la defensa también entregaron sus puntos de vista. Goldberger acusó a Michael Townley de mentiroso profesional y de "un hombre que habla de eliminar gente como si se tratara de insectos". Un hombre que ha dirigido su testimonio contra los cubanos para evitar pasarse el resto de su vida en la cárcel. "Nadie puede ser convencido por la palabra de Michael Townley, y a eso se reduce el caso", dijo Goldberger. Pero tácitamente aceptó de que había poca evidencia para insistir sobre su opinión inicial de que Townley era un agente de la CIA. "Nosotros no podemos probarlo, no podemos ir más allá de una razonable duda". Pero el jurado sí podría, sugirió, puede tener más de una razonable duda acerca de los descargos de la CIA y la credibilidad de Michael Townley.

El juicio había dado un extraño viraje. El gobierno de Chile, acusado en las declaraciones iniciales de los fiscales de la responsabilidad de enviar terroristas a las calles de Washington, se mencionó poco en el testimonio presentado al jurado. Tanto la acusación como la defensa evitaron estrategias que apuntaran a la crítica directa del gobierno de Pinochet. Fue extremadamente sorprendente que la defensa hubiese coordinado su estrategia con el gobierno de Chile para calzar en la teoría de Contreras de "la CIA lo hizo". Pero hubo una explicación poco lógica para el procedimiento de guantes blancos de los fiscales en su trato al gobierno chileno, y menos justificación aún para la camaradería que se puso en evidencia en las relaciones entre los fiscales y Michael Townley. En efecto, Townley se había convertido en parte del proceso de la acusación y, con arrogancia, había manipulado el caso del gobierno norteamericano para hacerlo inofensivo al régimen de Pinochet. Él definió los términos de su propio testimonio, (10) rehusándose a responder preguntas relacionadas con el trabajo interno de la DINA y con otros crímenes que había cometido a su servicio. Y su rechazo fue aprobado por un apasionado argumento del fiscal, que hizo exclamar al juez Parker contra Propper, en una ocasión: "Parece que usted estuviera representando al señor Townley".

Incluso, los fiscales incorporaron los principales argumentos de Chile, como la inocencia de Pinochet y la no participación de oficiales, excepto los de la DINA en el asesinato. El fiscal Barcella repitió la opinión de Townley de que Contreras no había informado a Pinochet del asesinato. Pero Townley sólo sabía lo que Contreras le había dicho, y no tenía conocimiento directo de si Contreras y Pinochet habían discutido o no el asesinato de Letelier en sus reuniones diarias, antes y después del hecho.

El argumento final fue el primer reconocimiento público de que el gobierno norteamericano aceptó la historia de que el asesinato de Letelier en cierta forma había sido un acto de Manuel Contreras y sus seguidores de la DINA, actuando por su cuenta, como una especie de pícaro elefante fuera del control de su amo, el general Pinochet, a quien Estados Unidos otorgó generosamente el beneficio de la duda.

Al día siguiente, luego de las instrucciones del juez Parker, él jurado se retiró a cumplir sus obligaciones. Luego de deliberar durante tres horas ese día, regresó al día siguiente, 14 de febrero, a las 3:30 p.m., exactamente ocho horas y media después de haber comenzado sus deliberaciones. Sólo entonces, los miembros del jurado anunciaron haber llegado a un veredicto.

En la sala de la corte, más de veinte alguaciles se pararon como estatuas. Más alguaciles patrullaban los corredores. Una mujer, portavoz del jurado, se puso de pie, leyendo la decisión con voz neutra. Guillermo Novo: Primera acusación, culpable. Segunda acusación, culpable. Una letanía de "culpables" siguió a todos los cargos contra Guillermo. Luego, para Alvin Ross: Culpable, culpable, culpable, en todos los cargos. Y luego, lo mismo para Ignacio Novo.

Silvia Novo, la esposa de Ignacio y otros miembros de la familia, comenzaron a llorar desde que oyeron el primer "culpable". Los acusados se mantenían impávidos en sus asientos. El juez Parker revocó la libertad condicional de Ignacio Novo y fijó las sentencias y fechas para las apelaciones. Cuando los acusados se levantaron para ser escoltados fuera de la sala, Ignacio alzó el puño y gritó:

"¡Viva Cuba!"

Luego, mirando hacia los periodistas, dijo:

"Los dados estaban cargados".

El juicio había terminado.

1. Parker manejó el caso del ex director de la CIA Richard Helms, sumariado en 1977 por mentir a un Comité del Senado de Estados Unidos acerca de la participación de la CIA en la acción encubierta en Chile. Con reticencias, Parker aceptó un acuerdo de reducción de pena que Helms obtuviera del Procurador de Estados Unidos Earl Silbert. Al multarlo con una suma de 1,000 dólares, Parker dijo a Helms: "Ahora está usted ante esta corte en desgracia y vergüenza". Helms abandonó la sala y anunció a los reporteros que esperaban afuera, sosteniendo una copia de la disposición de Parker: "Llevo esto como una medalla de honor". En otro caso que implicó rebaja de pena por parte del gobierno de Estados Unidos, pedida para proteger supuestamente la seguridad nacional, Parker citó a un funcionario egipcio sobornado por la Corporación Westinghouse, contra la voluntad de los funcionarios norteamericanos.

2. Pulido murió de un ataque al corazón, el verano de 1978, antes de que se realizaran las acusaciones contra los presuntos culpables.

3. La entrevista con Townley se realizó en presencia de un taquígrafo, pero la transcripción se mantuvo secreta hasta después de terminado el juicio. Una segunda entrevista se realizó esa misma tarde en la oficina de Propper, esta vez, sin la presencia de un taquígrafo.

4. Colega de Seymour Glazer, que no pudo representar a Townley pues los abogados de la defensa lo incluyeron entre los testigos.

5. El testimonio de Barral fue retrasado porque el laboratorio del FBI insistió en desactivar la cápsula detonante antes de permitir su exhibición en la sala de la corte.

6. Contreras pudo haber entregado considerable ayuda financiera a los defensores de los cubanos. Después del juicio, los agentes Cornick y Scherrer descubrieron una cuenta de Contreras en el Banco Riggs de Washington, siendo informados del depósito de 25,000 dólares, pocas semanas antes del juicio, a través de una operación de traspaso de fondos. Un cheque firmado por Contreras. por esa misma cantidad, fue cobrado a los pocos días por un intermediario y entregado a Hernán Parada, empleado de LAN-Chile, siendo cambiado en efectivo en Miami, Florida Los agentes del FBI no pudieron rastrear el dinero hasta su destino final, pero sospecharon que terminó en uno de los fondos de la defensa del MNC en Miami.

7. En una carta posterior al juicio, dirigida a Earl Silbert, Parker señalaba: "Este asunto es muy grave. Se le exige hacer una investigación sobre esta llamada telefónica y, específicamente, sobre el acceso del señor Townley a los teléfonos del gobierno, en general".

8. En una audiencia previa, el 12 de diciembre de 1978, Propper dijo que el FBI había "examinado /los documentos del portafolios/ cuidadosamente, no encontrando evidencias de que Letelier hubiera estado trabajando para algún gobierno, ni cubano, ni chileno, ni otro".

9. En esa época, Townley estaba en San Francisco. (Véase el Capítulo 4, "El Chacal del Cóndor").

10. El mismo Townley se refirió al punto 5 de su acuerdo que, en efecto, decía que los crímenes cometidos fuera de Estados Unidos estaban fuera de los limites del interrogatorio.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02
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