El Movimiento Obrero en Chile

Capítulo VI

LA ETAPA DE LA LUCHA POR EL PODER (1956 -...)

EL ESTANCAMIENTO ECONÓMICO Y EL INMOVILISMO SOCIAL

Se analizará un período que comprende desde 1956 hasta nuestros días, fines de 1969; una era en que la humanidad continúa viviendo un inestable equilibrio de paz armada entre las graneles potencias industriales del mundo. Sin embargo, parece que la coexistencia pacífica empieza a imponerse en las relaciones entre los Estados, pese a algunas crisis dramáticas como los acontecimientos de los cohetes en Cuba, en octubre de 1962. La otra gran tendencia de la humanidad es la lucha contra los resabios del colonialismo y del imperialismo, cuyo punto culminante es la guerra del Vietnam, donde un pueblo asiático libra una heroica lucha por su liberación nacional haciendo frente a una de las grandes potencias del mundo.

También el período estudiado señala la profundidad y la gravedad de los problemas que agobian a los pueblos de los países en vías de desarrollo. Son estos complejos asuntos de las naciones del denominado Tercer Mundo los que contribuyen a la inestabilidad social y constituyen una amenaza creciente a la paz internacional. Los dos tercios de la humanidad, agrupados en América Latina, Asia y África, han obtenido la independencia Política e inician la reconstrucción de sus sociedades nacionales. En nuestro continente, y dentro de la tendencia señalada, el Ponto cumbre es el comienzo de la Revolución Cubana el 1º de enero de 1959, que ha iniciado la construcción de una sociedad socialista en esta parte del mundo. Por otra parte, Estados Unidos esboza por entonces, la política que se denomina Alianza para el Progreso, planteamiento que estuvo vigente durante ia vida de su inspirador y que fenece de hecho en 1965 cuando las tropas norteamericanas invadieron la República Dominicana.

Esta realidad tan someramente descrita es, desde luego, mucho más rica en acontecimientos que lo que aquí tan brevemente se expone, ya que nos limitamos a señalar aquellos aspectos más relevantes y que influyen en el devenir del movimiento obrero.

Chile, al promediar esta etapa (1960), es un país con 7.375.000 habitantes y hacia el fin del período (1969). su población estimada alcanza a los 9.555.600 habitantes, señalando estos guarismos una tendencia demográfica importante de la sociedad nacional. Por otra parte, en 1960 el 66,5% de la población vivía en las ciudades, porcentaje que en la actualidad alcanza un promedio superior. La creciente urbanización del país hr. generado un sinnúmero de problemas, de los cuales el de los pobladores o habitantes "marginales" es uno de los más relevantes. Otro aspecto que interesa destacar es el hecho de que un 37,4% tiene una edad menor de 15 años, lo que revela el papel importante de las generaciones jóvenes en el devenir social.

La economía del país no se aparta de las estructuras y tendencias básicas que se han descrito en los capítulos anteriores. El cobre continúa siendo la espina dorsal del país, estando reguladas sus actividades productivas durante gran parte de esta etapa, por la ley de Nuevo Trato para las grandes empresas extranjeras del mineral. El fracaso de esta política cuprera y el cambio de gobierno, replantearon el enfoque de las relaciones del Estado de Chile y las compañías norteamericanas de la gran minería del cobre. Este nuevo planteamiento se traduce en los denominados Convenios del Cobre, que se expresaron en una ley promulgada en 1966, que asocia al gobierno con las empresas productoras. Se crea una nueva sociedad, El Teniente S.A., en que el Estado es el propietario del 51% de las acciones, manteniéndose el resto en manos de los inversionistas extranjeros. En las explotaciones futuras como los minerales de la Exótica y Río Blanco, el porcentaje será de un 25% para el gobierno. Igual criterio existía para las sociedades subsidiarias de la Anaconda Co. (Chuquicamata y El Salvador), pero en 1969 se ha extendido la asociación para estos minerales. En el fondo, esta política persigue ir a una paulatina "chilenización" del capital de las empresas; se conserva su administración general en manos de los antiguos propietarios y se les conceden franquicias tributarias; medidas tendientes a aumentar la producción del metal rojo a un millón de toneladas. Circunstancias favorables de tipo internacional y una acertada política comercial estatal han permitido al país disponer de cuantiosos recursos provenientes del precio sostenido y elevado del metal en el mercado europeo. El salitre se rige también por una legislación especial: el denominado Referéndum Salitrero es abordado en 1967 con un nuevo criterio, en virtud del cual el Estado se asocia con las compañías propietarias para crear una empresa destinada a actuar en esta actividad minera.

Las crecientes demandas de la economía nacional y en especial los gastos del Estado, han agregado otro factor importante a las tendencias económicas del país: el endeudamiento externo, que ha alcanzado un monto considerable y que ha tenido que ser materia de negociaciones sobre el pago y amortización en los primeros meses de la administración actual.

Los demás aspectos de la vida económica nacional revelan un estado de crisis. Tal es el caso de la agricultura, que con su estructura de tenencia de la tierra, baja productividad, la creciente importación de artículos alimenticios, los bajísimos niveles de vida del campesinado, etc., obligan a los gobiernos a iniciar la Reforma Agraria En 1962 se promulga una primera iniciativa legal de limitados alcances, para ser reemplazada por la ley Nº 16.640, en 1967, que realmente inicia un proceso de transformación gradual del agro chileno. Se han creado organismos como la Corporación de la Reforma Agraria y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, y se han organizado diversos servicios agrícolas para afrontar esta tarea fundamental para el desarrollo del país, que debe continuar en la próxima década.

El crecimiento industrial del país prosigue a un ritmo lento, pese a repuntes de sus índices en los años 1964-66, o al auge de sectores, como el de la construcción entre los años 1961-1963. Sin embargo, la economía nacional, en su conjunto sigue exhibiendo promedios de crecimiento bajos, que sólo cubren el aumento vegetativo de la población; el Estado sigue jugando el papel más destacado en la promoción de nuevas actividades como la industria petroquímica, la de la celulosa, la automotriz, etc.

La política económica general, y en particular los criterios anti-inflacionistas, son los mismos inaugurados con la legislación de enero de 1956. En los años siguientes, subsiste este planteamiento, promulgándose diversas leyes de estabilización de las remuneraciones y perfeccionándose los procedimientos para mantener los sueldos y salarios a niveles inferiores al índice del costo de la vida. Hubo años incluso en que ni siquiera se promulga la ley anual de reajustes de sueldos y salarios, confiando el Gobierno en su criterio de estabilización. Sin embargo, toda esta política económica se derrumba en diciembre de 1961, retornando la espiral inflacionaria en forma virulenta. El cambio de gobierno de 1964, significa en materias anti-inflacionistas nuevos enfoques, como el otorgamiento de reajustes de acuerdo al alza del costo de la vida, mejoramiento del sector rural, redistribución del ingreso en favor de grupos menos favorecidos y tentativa de establecer objetivos anuales para ir reduciendo la tasa de la inflación. Sin embargo, todo parece indicar, ya en las postrimerías de la actual administración, que la inflación reaparece con tasas relativamente altas frustrando de nuevo la posibilidad de controlar este fenómeno.

El país ha estado evolucionando en los últimos años hacia una estratificación social compleja y variada, producto de la creciente urbanización, el desarrollo de la política de industrialización y la extensión de los servicios del Estado. La población activa del país alcanza a un 32%, incluyendo empresarios. Este sector se estima en unas 640.000 personas, comprendidos los profesionales, los trabajadores independientes, etc., pero sólo 54.600 son empleadores, vale decir, tienen bajo su dirección a personal asalariado. El resto, alrededor de 1.600.000 personas, son los trabajadores manuales e intelectuales de este país. Interesa destacar la juventud de la población trabajadora: el 60% de la población activa tiene una edad que oscila entre los 15 y los 29 años; de ellos unos 600.000 son obreros, unos 162.000 empleados y 200.000 trabajan por cuenta propia.

En la etapa que se estudia nuevos sectores se incorporan a las luchas sociales del país. Uno de estos es el de los campesinos, que inician un proceso de organización de sindicatos, cooperativas y otro tipo de organismos, estimulados por la puesta en marcha de la Reforma Agraria. El otro es el de los pobladores, habitantes de las poblaciones marginales, sector desorganizado socialmente, de instrucción mínima y que rodea a los centros urbanos de la nación.

Las luchas sociales se debilitan considerablemente a partir del fracaso de la huelga general, en enero de 1956. Este apaciguamiento social crea las condiciones que permiten la aplicación de las medidas económicas anti-inflacionistas de los años siguientes. Estos hechos, a los que se agregan la desorganización del movimiento sindical y su desmoralización, continuarán durante un tiempo, terminando por producir el reagrupamiento de las fuerzas políticas del movimiento obrero, como se examinará en párrafos siguientes. El ascenso al poder político de un Presidente de clara filiación burguesa", con una política nítidamente empresarial, provoca el reagrupamiento y la resistencia de las clases asalariadas, lo que se expresa en prolongadas huelgas de distintos sectores de la vida económica, incluidos los trabajadores del Estado. A principios de noviembre de 1960 estalla una huelga general por peticiones económicas, que tiene un epílogo trágico, al disparar las fuerzas armadas contra una multitud de la población José María Caro. En marzo de 1964, en un período de campana electoral presidencial, se lleva de nuevo a cabo una paralización parcial de las actividades económicas del país con relativo éxito.

A partir de 1964, se puede señalar que las luchas sociales van adquiriendo en general mayor amplitud, tanto por el número de asalariados comprometidos como por los sectores económicos involucrados. Se puede afirmar que no hay grupo social organizado en el país que no haya manifestado en un grado u otro su protesta por condiciones de vida, por aspectos políticos etc., incluidos el poder judicial y las fuerzas armadas.

Una huelga general se desarrolla el 15 de marzo de 1966, como protesta por la muerte de ocho personas acaecida en el mineral de El Salvador. Estos obreros cayeron al tratar de disolver la fuerza armada una concentración de solidaridad con la huelga legal de sus compañeros del mineral de El Teniente. Al año siguiente, en noviembre, una nueva huelga general se desarrolla contra la política económica del gobierno. El paro general sepulta la iniciativa gubernamental de imponer el ahorro forzoso — los llamados "chiribonos"— y tiene un desarrollo violento en que mueren varias personas. La defensa del derecho de propiedad y la negativa de residenciar en un terreno baldío a un grupo de pobladores en Puerto Montt, provoca la muerte a varios de éstos, al intentar la policía desalojar a una multitud de habitantes sin casa, en marzo de 1969. Al año siguiente, en julio, se lleva a cabo con relativo éxito una huelga general de protesta por la carestía de la vida. Se desarrolla sin incidentes, pero la actuación de la fuerza pública provoca la muerte de un estudiante y otros actos violentos. En el campo, la explosión social expresada por la organización de los campesinos, es otro de los aspectos descollantes de las luchas sociales en estos últimos años. En suma, todos los estratos de la sociedad chilena se han puesto en movimiento, agregando elementos nuevos en la compleja situación clasista del país y generando condiciones que sería interesante detectar por medio de la investigación científico-social.

Desde luego, una de las consecuencias de estos cambios sociales se refleja en la vida política del país. Uno de los efectos del movimiento social, varias veces citado, de enero de 1956, es la orientación definitiva del gobierno hacia posiciones más conservadoras reflejadas en la ley de Nuevo Trato del cobre, la política de estabilización económica, las medidas represivas contra el movimiento sindical, etc., realidades que crean situaciones favorables para la elección de un mandatario continuador de estas líneas fundamentales. En las postrimerías del gobierno de Ibáñez se deroga la ley de Defensa Permanente de la Democracia y se la reemplaza por una ley de Seguridad Interior del Estado. También se promulga una nueva ley de elecciones, se establece la inscripción electoral obligatoria, la cédula única oficial, registros permanentes de inscripción y la obligatoriedad del voto, medidas que van a ampliar en forma considerable el cuerpo electoral del país. Otra consecuencia importantísima de estos acontecimientos es la constitución del Frente de Acción Popular, la alternativa política del movimiento obrero, cuyos detalles se examinarán en su oportunidad.

El sexenio del Presidente Jorge Alessandri continúa las tendencias fundamentales de la política de los últimos años de su antecesor. Esta administración es la expresión política más genuina de la burguesía nacional, tanto por su política como por la composición social de sus dirigentes, y por su actitud ética ante los problemas del país, etc. El Presidente disfruta del amplio respaldo de los sectores empresariales agrícolas, industriales y grandes comerciantes, el beneplácito de las empresas extranjeras y el apoyo político y parlamentario de los partidos tradicionales del país: conservador, liberal y radical. Mantiene sin grandes problemas el ejercicio de los derechos en la democracia formal, conserva la estructura social y se empeña en una política económica ortodoxa inspirada en la "libre empresa", posición que sufre un colapso en 1961.

Sin embargo, todo este conjunto de actuaciones políticas, que tienden a mantener el status quo, no son compartidas por la mayoría del pueblo, que aspira a una política nueva de "cambios de estructuras" destinados a crear una nueva sociedad más justa e igualitaria. Dos fuerzas políticas captan este profundo anhelo del país: el Frente de Acción Popular y la Democracia Cristiana. El candidato presidencial de esta última agrupación triunfa bajo el slogan "revolución en libertad", pese al apoyo e-lectoral de las fuerzas tradicionalistas del país.

El Presidente Eduardo Frei alcanza la primera magistratura, con lo que culmina una lucha de treinta años desde que formó parte del primer grupo demócratacristiano: la Falange Nacional. Llega al poder encabezando un vasto movimiento populista de sectores de clase media, obreros calificados, empleados, pequeños agricultores, grupos de campesinos y un gran apoyo femenino. Todo este movimiento es dirigido por un grupo de clase media alta unido alrededor del catolicismo como pensamiento original e inspirado en las ideas social cristianas europeas. Su programa político le permitió captar a vastos sectores, ofreciendo "modernizar" al país con métodos gradualistas o reformistas y con una perspectiva nacional y continental.

El gobierno se ha embarcado en un vasto plan de reformas cuyos pormenores y consecuencias escapan a la índole de esta obra, tanto por su complejidad como por su actualidad. Se enumerarán sólo en general para comprender la compleja situación en que actúa el movimiento obrero. Estas reformas son: los Convenios del Cobre, la Reforma Agraria, la Reforma Tributaria, la Reforma Educacional, la política anti-inflacionista con las variaciones que se han señalado. Se han hecho ingentes gastos sociales y se ha estimulado la organización sindical dentro del marco del actual Código del Trabajo, con excepción del campo, donde se ha promulgado una ley de sindicalización campesina. También se ha fomentado la constitución de cooperativas, juntas de vecinos, centros de madres y otros organismos de la comunidad.

Sin embargo, empeñado en toda esta política de reformas, el gobierno ha tratado de dividir al movimiento obrero, especialmente a la fuerza sindical, fracasando en este intento por la cohesión de los sindicatos mismos. Su actuación para afrontar legítimas y justas aspiraciones de los trabajadores ha sido negativa, como lo muestran los sucesos de El Salvador, la huelga de noviembre de 1967, los acontecimientos de Puerto Montt, para citar sólo los más relevantes. La ambivalencia de la política gubernamental, los hechos señalados en el párrafo anterior, así como la creciente inflación, han llevado la desesperanza a millones de chilenos que creyeron que en 1964 se abría realmente la posibilidad de echar las bases de una sociedad nueva en el país.

En medio de estas condiciones se realiza la elección presidencial del 4 de septiembre de 1970, donde obtiene la primera mayoría el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende, derrotando a los candidatos de las fuerzas conservadoras y del gobierno. Diversas circunstancias, que se analizan más adelante, hacen posible que los partidos de los trabajadores, conjuntamente con otras fuerzas izquierdistas, logren constituir una coalición —la Unidad Popular- y obtengan el triunfo electoral citado. Se abre una nueva perspectiva al pueblo chileno, cual es iniciar la construcción de una sociedad socialista.

EL MOVIMIENTO OBRERO

En el plano internacional, la división del movimiento obrero sigue siendo el aspecto más significativo. La Internacional Socialista se ha constituido en el centro coordinador de una serie de partidos socialdemócratas y laboristas, especialmente del continente europeo. Ha tratado de expandir sus actividades hacia otros continentes con relativo éxito y en América Latina ha captado a un grupo de organizaciones denominadas de "izquierda democrática", que incluye al Partido Radical en Chile. El movimiento comunista se ha reunido en dos oportunidades en sendos congresos internacionales para conciliar diversos puntos de vista entre los partidos hermanos. A la antigua disidencia Titoísta se agrega la de Pekín que, respaldada por ese inmenso país, ha creado serias discordias en el mundo de los países socialistas. Hay además enfoques divergentes especialmente de partidos comunistas europeos, que han aflorado con motivo de los acontecimientos checoslovacos.

En el campo sindical han hecho crisis las internacionales existentes: la Federación Sindical Mundial ha devenido en un centro coordinador de organizaciones nacionales de los países socialistas y de algunas otras naciones europeas, quedando sin filiales en África, en Asia por la disidencia china, y en América Latina por constituirse otro centro de unificación laboral. En el mismo caso está la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres que, en la actualidad, reúne solamente a las federaciones sindicales de la Europa Occidental, al retirarse de ella la central obrera norteamericana y diversas filiales de África, principalmente. En contraste con esto, los sindicatos nacionales han hecho esfuerzos para unificar sus organismos a escala continental, tratando de mantenerse autónomos de las centrales internacionales citadas; es el caso de África y de los países árabes.

En América Latina el acontecimiento más relevante ha sido sin duda alguna, la Revolución Cubana. Sin entrara analizar sus múltiples efectos, cabe señalar que ha estimulado la formación de grupos de posiciones ultrarrevolucionarias que en algunos países han desembocado en guerrillas. Por otra parte, alienta la formación en 1964 del Congreso Permanente de Unidad Sindical de América Latina, que es un intento de crear una regional autónoma de trabajadores en esta parte del mundo. En suma, la Revolución Cubana ha despertado las esperanzas acerca de la posibilidad de construir, ahora, una nueva sociedad en los países latinoamericanos.

El Frente de Acción Popular

Uno de los hechos significativos de la vida política del país es el logro de la unidad de acción de los partidos del movimiento obrero para afrontar la conquista del poder. A su vez, esta nueva situación pone fin a una etapa de divisiones entre los trabajadores y les plantea la posibilidad cierta de ejercer, si se lo proponen, el gobierno de la República.

Diversas circunstancias han hecho posible la constitución de la coalición socialista-comunista. A juicio del autor, han sido factores de la vida política nacional los determinantes en la formación de este frente, entre los cuales se pueden citar los siguientes: el ambiente de frustración y de derrota producido por el fracaso de la huelga general de enero de 1956; las medidas represivas tomadas por el gobierno de la época en contra de los dirigentes del movimiento obrero y en particular de los sindicatos; la política general gubernamental favorable a las empresas del cobre, salitre y su planteamiento anti-inflacionista, etc. Por otra parte, el movimiento sindical ha asimilado una experiencia, en el sentido de que la actividad gremial tiene limitaciones ante el Estado y que la lucha anti-inflacionista se traslada del plano de las relaciones meramente entre sindicatos y empleadores al terreno de las decisiones gubernamentales. En otras palabras, para los sindicatos adquiere un significado trascendente la acción pública como medio de lucha social. Otros factores que explican la formación del Frente son las consideraciones de índole electoral, estimuladas por la nueva ley de elecciones y por la propia historia de alianzas políticas de la vida pública del país.

El 29 de febrero de 1956 se constituye la alianza que comentamos, la que define sus objetivos de la siguiente manera:

"El Frente de Acción Popular se caracterizará fundamentalmente como núcleo aglutinador de las fuerzas que estén dispuestas a luchar por un programa anti-imperialista, anti-oligárquico y anti-feudal. Su acción esencial se dirigirá a consolidar un amplio movimiento de masas, que pueda servir de base social a un nuevo régimen político y económico, inspirado en el respeto a los derechos y aspiraciones de la clase trabajadora y dirigido a la emancipación del país, al desarrollo industrial, a la eliminación de las formas feudales de la explotación agraria, al perfeccionamiento de las instituciones democráticas y a la planificación del sistema productivo con vistas al interés de la colectividad y a la satisfacción de las necesidades básicas de la población trabajadora".

El FRAP pasa a ser una de las agrupaciones de oposición a la gestión gubernamental de los últimos años del presidente Ibáñez, convirtiéndose en una de las alternativas de sucesión del poder.

En las elecciones de septiembre de 1958 el abanderado del FRAP, Salvador Allende, obtiene 356,493 votos, que representan el 28,8% del electorado, siendo superado por Jorge Alessandri, que con el 31,5% de la votación es elegido por el Congreso Pleno.

El FRAP actúa como una fuerza de oposición durante toda la administración del nuevo presidente y se convierte otra vez en la elección siguiente en una de las posibilidades ciertas de gobierno para el país. Salvador Allende obtiene en 1964, 977.902 votos, que significan un 39% del electorado, siendo derrotado por el personero demócrata cristiano, que con el apoyo de los partidos tradicionales, obtiene 1.409.000 votos, o sea el 56% de la votación total.

El FRAP, a base de la unidad socialista-comunista, ha demostrado ser una de las alternativas de gobierno de Chile. En otras palabras, el movimiento de los trabajadores a través de su expresión política constituye, hoy por hoy, una de las fuerzas capaces de transformar -desde el gobierno- las caducas estructuras económicas, sociales y políticas de nuestro país.

Las causas de las derrotas electorales son complejas y variadas y su análisis escapa a la intención de este libro. Se puede agregar que el FRAP ha funcionado más como una combinación político-electoral que como un movimiento de masas en todos los aspectos de las luchas sociales. También se puede decir que su homogeneidad política se resiente por las discrepancias de orden estratégico y táctico que mantienen sus principales puntales: los partidos socialista y comunista. En todo caso, la existencia de este entendimiento político ha permitido poner término a la división del movimiento obrero, ha constituido un poderoso bastión de defensa de los derechos políticos y sociales de los trabajadores y ha contribuido a la educación cívica de grandes conglomerados del pueblo.

El Partido Socialista

Esta agrupación política logra reunificar sus efectivos en un congreso realizado en julio de 1957; juega un papel importante en el FRAP, como se desprende del hecho de que el postulante presidencial de esta alianza haya sido en las dos ocasiones citadas un militante de sus filas. El socialismo conserva sus características originarias, pese a algunas declaraciones. Estos rasgos son: sus planteamientos de carácter nacionalista, revolucionario, popular, latinoamericanista y autónomo de los centros obreros internacionales existentes. Se define como un partido de trabajadores de orientación marxista. En los últimos años ha delineado una estrategia que denomina "Frente de Trabajadores", que en lo sustantivo preconiza la toma del poder por parte de las fuerzas del movimiento obrero. Se excluye a otros sectores — de clase media en particular— a los que el Partido tilda de burgueses o comprometidos con el status quo actual. En otras palabras, considera que la alianza socialista-comunista debe constituir el motor que lleve a la conquista revolucionaria del poder para echar las bases definitivas de la construcción de la sociedad sin clases. Este planteamiento no considera pactos u otro tipo de entendimientos con colectividades como el partido demócrata -cristiano o el radicalismo. El Partido Socialista ha sido un fuerte crítico de la gestión gubernamental del régimen demócrata-cristiano, al que ha tildado de "reformista" y de sostener una política que, a la larga, no resuelve los problemas fundamentales del país y contribuye, por el contrario, al mantenimiento de nuestra dependencia del capitalismo extranjero. El Socialismo logra obtener 344.583 votos en la última elección parlamentaria (1969), que representa el 14,5% del electorado, incluyendo a un grupo disidente. Su representación parlamentaria la constituyen 4 Senadores y 15 Diputados.

El Partido Comunista

Esta colectividad política obtiene de nuevo su legalidad en 1958, al derogarse la ley de Defensa Permanente de la Democracia. Se afirma como partido de la clase obrera, inspirado en la ideología marxista leninista. Mantiene su adhesión a la construcción del socialismo en la Unión Soviética, no afectándolo en forma especial los múltiples problemas que han surgido en el movimiento comunista internacional. El partido se ha preocupado particularmente de consolidar su estructura orgánica, la difusión de sus planteamientos políticos y ha sido uno de los puntales del FRAP en las contiendas presidenciales a que se ha hecho mención en otros párrafos. En el plano político inmediato es partidario de mantener la unidad socialista comunista, pero plantea la necesidad de ampliar este frente con otros sectores progresistas del país para llevar a cabo las tareas que estiman fundamentales: erradicar el imperialismo, el latifundio y los monopolios nacionales. El Partido Comunista ha mantenido una posición de crítica a diversos aspectos de la labor del actual gobierno, evaluando positivamente todos aquellos aspectos que estima son favorables o beneficiosos para los trabajadores y criticando las concesiones y la complacencia en los sectores oligárquicos e imperialistas.

El Partido logró en la última elección parlamentaria 381.721 sufragios, que significan un 15,9% del electorado nacional. Sus parlamentarios elegidos son 6 Senadores y 22 Diputados.

La Unidad Popular

Una serie de nuevas condiciones hacen posible que los partidos del movimiento obrero, agrupados en el FRAP, amplíen sus contactos con otras tendencias políticas y constituyan el 17 de diciembre de 1969, el "Pacto de la Unidad Popular". Entre estas nuevas realidades están la proximidad de la elección presidencial, el surgimiento de un fuerte movimiento de apoyo al candidato derechista Jorge Alessandri, las secuelas del movimiento militar denominado "tacnazo", y el fracaso de la política económica y la ambigüedad social del gobierno demócrata cristiano. Se debe agregar la formación del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) a base del ala izquierda disidente de la Democracia Cristiana; la consolidación de la tendencia socialista en el Partido Radical, que se acentúa al desgajarse el ala derecha de la colectividad, y el surgimiento de grupos izquierdistas como el Partido Social-demócrata y la Acción Popular Independiente. Todas estas tendencias citadas, en conjunto con los Partidos Socialista y Comunista, organizan la coalición política que analizamos.

El frente político se define expresando: "Los partidos y "movimientos que integran el Comité Coordinador de la Unidad Popular, sin perjuicio de mantener cada cual su propia filosofía y sus propios perfiles políticos, coinciden plenamente en la caracterización de la realidad nacional expuesta a continuación y en las proposiciones que serán las bases de nuestra acción común y que entregamos a consideración del pueblo".

"Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios, pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud".

Más adelante agrega:

"Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente".

La Unidad Popular establece que:

"Las transformaciones revolucionarias que el país necesita salo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder real y lo ejerce efectivamente".

Más adelante define sus objetivos en materia de estructura política, la que tendrá en el Gobierno de la UP la doble tarea de: "preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores", y "transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder".

La base de esta sociedad estará en el establecimiento de una nueva economía, ya que "las fuerzas populares unidas buscan como objeto central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio para iniciar la construcción del socialismo".

En suma, el programa de la Unidad Popular capta las esperanzas de la mayoría de los chilenos de iniciar la construcción de una nueva sociedad donde los trabajadores sean su espina dorsal y su dignificación la meta suprema.

El 4 de septiembre, la Unidad Popular triunfa con su abanderado el senador socialista Salvador Allende, con 1.075.616 votos y un 36,3% del electorado, derrotando al candidato de las fuerzas derechistas, Jorge Alessandri, que obtiene 1.036.278 sufragios y un 34,4%, y al demócrata cristiano Radomiro Tomic, con 824.847 votos y el 27,8% del electorado.

La Unidad Popular se apresta a asumir el Gobierno de la República de Chile.

La Central Unica de Trabajadores

Hoy, el movimiento sindical de los trabajadores urbanos, excluyendo, por tanto, al campesinado, suma más de 500.000 obreros y empleados organizados. Esta fuerza social está distribuida en dos grandes tendencias organizativas: el sindicalismo legal y el gremialismo de los trabajadores del Estado. Se agrega una corriente minoritaria de organizaciones libres, que es el caso de comités en la construcción y otros grupos similares, que suman unos 5.000 obreros aproximadamente.

El sindicalismo establecido de acuerdo con la legalización promulgada en 1924, reúne en la actualidad a unos 332.000 obreros y empleados, principalmente en el sector privado. Estos asalariados están, a su vez, agrupados en 1.054 sindicatos industriales con 180.000 obreros; 584 sindicatos profesionales de obreros con 9.000 socios; 471 sindicatos profesionales de establecimientos con 58.000 empleados particulares y unos 358 sindicatos profesionales de empleados técnicos con 35.000 socios. Suman 2.667 sindicatos legales, concentrados en Santiago, Valparaíso y Concepción, principalmente (datos de 1967).

El gremialismo corresponde a las organizaciones que se han constituido en la administración central, descentralizada, y empresas autónomas del Estado. Las asociaciones, federaciones y uniones se han fundado a base de los servicios públicos de carácter nacional, agrupan a unos 200.000 trabajadores estatales y llevan a cabo una activa acción en pro del mejoramiento de sus remuneraciones y demás condiciones de trabajo y vida, desde la fundación de la Junta Nacional de Empleados en 1948.

La estructura básica del sindicalismo sigue siendo la organización por establecimiento, fábrica, tienda, etc., reglamentada por el Código del Trabajo, con una gran intervención del Estado en la administración y actividades sindicales y con una serie de prohibiciones, como por ejemplo la de mantener fondos para huelgas. Por su parte, el gremialismo está al margen de la legislación laboral y sus actividades internas se desenvuelven con las limitaciones que involucra la calidad de una organización "de facto".

El movimiento sindical, pese a las restricciones de todo orden, ha logrado estructurar organismos a nivel superior: por sector o servicio económico. Suman más de cincuenta las federaciones, confederaciones y asociaciones de tipo nacional que agrupan al grueso de los trabajadores organizados del país. En el sector privado, las federaciones llevan una vida orgánica precaria, juegan un papel de coordinación y de solidaridad y en ciertos casos, han suscrito convenios colectivos de industria. En el sector público, las asociaciones están mejor estructuradas en razón de la propia naturaleza de los servicios públicos en que están afincados, y por la existencia de un empleador único.

Finalmente, los sindicatos y uniones han constituido un centro nacional, que ha sido hasta ahora la Central Unica de Trabajadores de Chile. La CUT sigue siendo la organización general más representativa de los trabajadores, el portavoz de sus derechos y reivindicaciones sociales y la impulsora de la acción pública de los asalariados organizados del país.

La Central Unica de Trabajadores emerge después de una huelga general en 1956 con sus cuadros desorganizados, sus dirigentes nacionales sometidos a proceso y sus afiliados desmoralizados. En 1957 realiza su I Congreso Nacional Ordinario, que es un paso hacia la recuperación de sus efectivos y la normalización de su vida interna con miras a empezar a jugar un nuevo papel en las luchas sociales del país En 1962 se reúne en su III Congreso Nacional, en cuya consigna: "Chile necesita cambios de fondo" refleja en el campo sindical las transformaciones políticas anheladas por el pueblo de Chile y expresadas en la elección presidencial de septiembre del año 64. Sin embargo, diversos acontecimientos sociales condicionaron posteriormente una actitud defensiva y crítica de parte del movimiento sindical a las actuaciones de la nueva administración.

La CUT ha desempeñado, durante esta etapa, un importante papel de centro coordinador de las luchas sindicales en procura de obtener un mejoramiento de las remuneraciones y demás condiciones de trabajo y vida y en particular en el momento de la discusión de las leyes anti-inflacionistas. Ha dirigido las diversas huelgas generales, que se han mencionado en otra parte de este capitulo, y ha impulsado diversas campañas para difundir su plataforma de lucha. En particular ha mantenido una constante posición de crítica y de oposición efectiva a la política de estabilización de sueldos y salarios contenida en las diversas leyes anti-inflacionistas. Sólo en las postrimerías del gobierno demócrata-cristiano, la CUT logra convenir con éste un acuerdo en materias de remuneraciones para 1970, que se incorpora posteriormente a la ley respectiva. Esta situación de excepción, en esta etapa, se señala sin mayores comentarios.

Desde el punto de vista orgánico la CUT ha seguido reestructurándose, logrando mantener bajo su bandera a la casi totalidad de las federaciones y asociaciones nacionales de obreros y empleados. El grueso de los grandes sindicatos industriales obreros y la casi totalidad del gremialismo, más una confederación campesina, militan en esta organización nacional. La CUT continúa siendo el centro más representativo de los trabajadores organizados del país, estimándose que un 90% de los asalariados urbanos organizados están adheridos a ella. La CUT realiza numerosos esfuerzos a través de congresos provinciales, reuniones nacionales de federaciones, conferencias de estudios de problemas de la juventud y la mujer, etc., para actuar en una forma más eficaz como portavoz de los trabajadores sindicalizados.

La CUT , durante esta etapa, no ha dejado de tener problemas internos que han amenazado su cohesión orgánica. En 1956 un grupo denominado "recuperacionista", financiado y alentado por organismos extranjeros trata de escindir la Central con escasos resultados Ha habido disidencias importantes por motivos ideológicos. Los sindicalistas de orientación demócrata-cristiana y radical se han marginado de la dirección nacional déla CUT, en varias ocasiones, desde 1957 hasta su reincorporación final en el Congreso de 1965. Estas disidencias han empañado, en cierto modo, la imagen de la CUT como institución unitaria de los trabajadores.

En general, los gobiernos de esta etapa han mantenido a la CUT como "sindicato de oposición", situación que ha marginado a los trabajadores organizados, en gran medida, de la posibilidad de influir tanto en decisiones de importancia para sus niveles económicos y sociales como en problemas del desarrollo nacional. Sólo en 1969, a fines de año, se nota un cambio de actitud del gobierno, problema que se debe analizar con mayores antecedentes todavía no disponibles, y que podría significar una nueva correlación de fuerzas sociales.

En suma, el sindicalismo constituye una de las fuerzas del movimiento obrero que, por su tradición histórica, su organización y sus planteamientos, está llamada a jugar un papel cada día mayor en los problemas de la sociedad chilena y en la realidad de trabajo de sus miles de afiliados.

La Confederación de Empleados Particulares

La Confederación continúa siendo el Centro unitario de los sindicatos profesionales de empleados particulares, distribuidos en la industria, el comercio y la minería del sector privado del país. Los 471 sindicatos de empleados, por establecimiento, banco, casa comercial, etc., con unos 58.000 socios, representan la base de sustentación de la CEPCH. La mayoría de estos organismos locales reconocen filas en la Confederación, la que, a su vez, está adherida a la CUT en virtud de un acuerdo de su último Congreso Nacional, en que se selló de este modo la unidad en un solo centro de los trabajadores manuales e intelectuales del país.

El despertar campesino

Suman 100.000 los trabajadores agrícolas organizados en unos 400 sindicatos comunales y repartidos en tres Confederaciones Nacionales Campesinas. El surgimiento de esta fuerza social es uno de los hechos más significativos de esta etapa. Su impulso se debe a las circunstancias de haberse promulgado la ley de Reforma Agraria, la elaboración de una política gubernamental en esta área, y la dictación de una nueva ley de sindicalización campesina, a partir de 1967.

Los campesinos se han agrupado en tres centrales de distinta orientación ideológica. La ley de sindicalización reconoce la libertad sindical sobre la base del sindicato comunal de afiliación voluntaria y la pluralidad o paralelismo sindical. Una de las Confederaciones Nacionales Campesinas es la "Ranquil", sucesora de la Federación Nacional de Campesinos e Indígenas, estructurada en 1961, filial de la Central Única de Trabajadores y que une a los obreros agrícolas de filiación frapista. La otra Confederación Nacional es la denominada "Libertad", heredera de la Unión de Campesinos Cristianos constituida en 1960, es filial de la ASICH - CCT y agrupa a obreros de orientación católica. La tercera gran Confederación es la "Triunfo Campesino" organizada a partir de 1968, vinculada al gobierno y al partido demócratacristiano.

Estas confederaciones campesinas obtuvieron su reconocimiento legal en 1968, han librado numerosas luchas que se han traducido en convenios colectivos de trabajo para un gran conglomerado de trabajadores agrícolas e impulsan la reforma de la tierra. Su desunión orgánica conspira para transformar al campesinado en un factor social más poderoso y promotor de los urgentes cambios sociales que se requieren en el campo chileno.

El cooperativismo

Un gran auge ha adquirido el movimiento cooperativista en esta etapa. Esta fuerza social reúne a unos 1.534 organismos activos de diverso tipo, con una afiliación de 530.000 socios en 1968. Se ha desarrollado como una tendencia orgánica autónoma del resto del movimiento obrero, estimulada por la legislación y la acción promotora del gobierno. Ha reunido a diversos sectores sociales en sus filas, en problemas o actividades como consumo, ahorro y créditos, viviendas, agrícolas, campesinas, servicios, electrificación, agua potable, escolares, etc.

Las cooperativas vinculadas a los trabajadores propiamente tales son las de consumo, que totalizan unos 124 organismos con 285.175 socios; de vivienda con 66.800 miembros, y 117 cooperativas de campesinos con más de 12.000 afiliados. Todas las cooperativas se han organizado en federaciones según el sector de sus servicios, a saber: vivienda, consumo, ahorro y crédito, pesqueras, campesinos, etc. A su vez, han logrado estructurar una Confederación Nacional de Cooperativas que une a las federaciones citadas y a una serie de instituciones vinculadas al movimiento estudiado.

Se han creado instituciones como el Instituto de Financiamiento Cooperativo (IFICOOP), especie de banco de fomento; el Instituto de Educación Cooperativa (ICECOOP) y otros diversos organismos auxiliares en estas materias.

El gobierno, por medio de una Comisión Nacional Coordinadora de Cooperativas a nivel presidencial y del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía y Reconstrucción, interviene en la promoción y controla este importante sector de las organizaciones del pueblo chileno.

Los pobladores

Esta tendencia organizativa de los trabajadores se ha desarrollado considerablemente durante la etapa estudiada. Las "tomas de terrenos" son problemas cotidianos del país. Son los procedimientos que las organizaciones denominadas Juntas de Pobladores emplean para ejercer el derecho a disponer de un pedazo de tierra. La preocupación por este problema se manifiesta en la creación de lo que se denomina la "promoción popular": política del Estado destinada a afrontar las cuestiones de los pobladores y que se ha traducido en la promulgación de la ley 16.680 de agosto de 1968, que reconoce a las organizaciones de la comunidad: juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, centros culturales, etc. Datos incompletos dan cuenta que existen en 1968 2.381 juntas de vecinos o de pobladores; más de 4.000 centros de madres, 5.642 clubes deportivos y numerosas otras instituciones culturales y juveniles. No se dispone de datos acerca de la afiliación de estos organismos comunitarios; pero no cabe la menor duda que alcanza a algunos cientos de miles de personas, incluidos el trabajador y su grupo familiar. Las preocupaciones centrales de estos organismos son la ocupación de terrenos y la regularización jurídica de los mismos; la vivienda, la sanidad, la vigilancia policial, la atención médica, etc.

En numerosos casos estos conglomerados de pobladores han constituido cooperativas de construcción, como se señaló en el párrafo anterior.

En suma, el movimiento de los pobladores constituye otra de las manifestaciones de organización y de acción de parte de los trabajadores del país.

Palabras Finales

Se ha hecho una narración histórico-social que ha tenido como actor principal al movimiento obrero de Chile. Se han descrito sus organizaciones, sus principales acciones y se ha resaltado su papel en el devenir nacional. Un hecho resalta de esta narración: la historia del movimiento obrero nacional esta íntimamente ligada a los pasos de la Historia de Chile. En otras palabras, han sido los propios obreros, empleados, campesinos, pobladores, profesionales; en suma, la clase trabajadora la que ha creado las fuerzas sociales que representan sus organizaciones. El movimiento obrero empezó a constituir una de las tendencias fundamentales de la sociedad chilena a partir de los primeros años del siglo en que vivimos, ha ido acentuando su actuación como factor dinámico de esta sociedad y adquiere un significado trascendental a partir de los resultados de la elección presidencial de 1970.

Los trabajadores organizados del país han visto crecer cuantitativamente sus efectivos en consonancia, en parte, con el desarrollo económico, y con la actividad de sus organismos políticos, sindicales y otros de tipo popular. Primero fueron veinte mil obreros agrupados en las mancomúnales de 1904, luego cien mil de los consejos de la Federación Obrera de 1920 y hoy suben de cuatrocientos mil los afiliados a la Central Única de Trabajadores. Los pocos miles de votos obtenidos en una época ya lejana por el Partido Obrero Socialista, se han convertido en el millón y cuarto de sufragios de la Unidad Popular, de los cuales un porcentaje importante corresponde a los genuinos partidos de los trabajadores. Lo mismo se puede decir de las fuerzas numéricas del cooperativismo y del movimiento de los pobladores.

Paralelamente a este crecimiento orgánico, el movimiento obrero ha ido paulatinamente enriqueciendo y madurando sus líneas ideológicas y programáticas. De la concepción demócrata de principios de siglo, se pasó a la ideología socialista y anarquista en la década de los veinte, con un criterio abiertamente anti-capitalista y anti-burgués. Se vivió la experiencia reformista del Frente Popular, hasta llegar a la formulación del programa de la Unidad Popular, que declara agotada y fracasada la actual estructura de la sociedad chilena y propugna la iniciación de la construcción del Socialismo. Todos los aspectos señalados son hitos que explican la transformación del pensamiento de las organizaciones de los trabajadores y su enfoque ante los problemas nuevos que plantea en cada etapa la sociedad nacional.

La trayectoria del movimiento obrero está jalonada de hechos dolorosos, cuyos héroes, los trabajadores, son los nuevos forjadores de la historia patria de las generaciones venideras. Todo lo que se ha obtenido en la lucha por la igualdad y la libertad ha sido conquistado en sus respectivos campos por las distintas organizaciones del movimiento obrero. Los derechos democráticos, las conquistas sociales, la legislación laboral, el derecho a la vivienda, son algunos de los aspectos en que los avances se deben a la lucha de los trabajadores del país. Quien puede negar, por ejemplo, que la defensa permanente que ha hecho el movimiento obrero de los derechos políticos y de su vigencia en el país, ha sido decisiva para mantener la democracia formal.

La dignificación del trabajador y su clase, también es un fruto de la acción del movimiento obrero. Si recordamos las miserables condiciones de trabajo de los obreros mineros de principios de siglo y el relativo mejoramiento que se ha obtenido desde entonces, se verá que ha sido la actividad incesante de los trabajadores la que ha obtenido, mediante sus luchas, estos logros. No cabe la menor duda que aún queda una gran cantidad de problemas que afligen a los sectores modestos de la población, pero se abre en la actualidad una perspectiva seria y concreta para ir a su solución definitiva.

Además, el movimiento obrero en cada etapa de su desenvolvimiento, ha ido adquiriendo conciencia cabal de las cuestiones derivadas de ser Chile una nación dependiente del imperialismo. De una situación de absoluta marginación de la sociedad nacional en su etapa heroica, pasa a su reconocimiento formal en los años 20, a papel de colaborador de otras fuerzas sociales durante el frente populismo, y a una actitud de permanente oposición en los últimos años.

Hoy se enfrenta a la inmensa perspectiva de ser el factor dinámico de los grandes cambios que transformarán de raíz la sociedad chilena.

El movimiento obrero chileno no ha estado ausente de los cambios acaecidos en el campo internacional. Muy por el contrario, ha recibido su influencia, se ha vinculado a las nuevas realidades, orgánicamente o mediante la expresión de su solidaridad con todos los pueblos oprimidos del mundo y en particular de su continente: América Latina.

El movimiento obrero no reconoce generaciones sino una sola calidad: la condición de trabajador. En un país de formación juvenil como el nuestro, a la juventud trabajadora conjuntamente con la juventud estudiantil, le corresponde una gran tarea, cual es construir una sociedad que le permita desarrollar plenamente sus capacidades creadoras. La participación de las juventudes en el movimiento obrero la vincula, por una parte, con el pasado glorioso de estas fuerzas dinámicas del país, y por otra, permite echar las bases de una estructura social justa y auténticamente democrática. Sin embargo, como la propia tradición del movimiento obrero lo indica, el futuro se conquistará por la lucha y la educación a través de los distintos organismos que son la base de los trabajadores organizados.

Nuevas tareas, complejas y duras, tiene que afrontar el movimiento obrero en la actualidad. El ascenso al poder político de la Unidad Popular, donde los partidos de los trabajadores juegan un destacado papel, crea las condiciones para la realización de los objetivos que permitirán echar los cimientos de la sociedad socialista. En otras palabras, el movimiento obrero tiene la oportunidad histórica de llevar a cabo lo que ha sido la razón de su existencia y de sus luchas: construir la sociedad sin clases.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02
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