El Movimiento Obrero en Chile

Capítulo V

LA ETAPA DE LA DIVISIÓN (1946 - 1955)

LA GUERRA FRÍA Y EL AGUDIZAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DEL PAÍS

La época que se reseñará está profundamente condicionada por los acontecimientos de orden internacional. El término de la Segunda Guerra Mundial no trae la ansiada paz; muy por el contrario, le abre a la humanidad una perspectiva revolucionarla que transformará las sociedades nacionales y alterará el enfoque de los problemas internacionales. Se forman bloques de los países industrializados, uno denominado "el mundo libre" y el otro, de los países socialistas. Esta bipolarización lleva a un enfrentamiento por las áreas de influencia del mundo y conduce al rearme, a las alianzas militares, al desarrollo portentoso de la cohetería y armas termonucleares, etc., con las consiguientes repercusiones económicas y políticas. Los 120 mil millones de dólares que se gastan en armamentos en los países del mundo dan una idea pálida del derroche de recursos tanto materiales como humanos en que se incurre para mantener el precario equilibrio internacional. La "Guerra Fría" estalla de vez en cuando en conflictos bélicos localizados, como es el caso de la guerra de Corea, que durante los años 1950 a 1953 agrega un elemento de perturbación a la candente situación política mundial.

El impacto de la Guerra Fría en América Latina y en Chile en particular, es inmediato. El continente se alinea en uno de los boques en pugna mediante la firma de una serie de acuerdos diplomáticos. Con el Tratado de Río de Janeiro de 1947, Chile se compromete política y militarmente e incluso económicamente con los Estados Unidos de Norteamérica en su lucha hegemónica. La Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), suscrita en 1948, crea los organismos de la política panamericana, y el Pacto de Ayuda Militar (1951) proporciónalos elementos bélicos para esta política. Estas decisiones diplomáticas se aprueban en un continente que se debate en medio de grandes trastornos políticos. A la oleada de gobiernos democráticos que sobrevienen al término de la guerra, la sucede una serie de gobiernos dictatoriales en los diversos países del hemisferio. Surge el peronismo en la Argentina, y se produce en Guatemala en 1954 la caída del gobierno democrático, lo que representa el punto culminante de la Guerra Fría en el continente.

La otra tendencia capital es la lucha creciente contra el colonialismo y el imperialismo, que inician lo países que van a constituir el "Tercer Mundo" Más de dos mil millones de seres humanos conquistan la independencia política iniciando la re construcción de sus sociedades nacionales. Los países de Asia y África empiezan a jugar un papel importante en los asuntos de la humanidad y de los de América Latina ven sus anhelos antiimperialistas sofocados por la represión de los gobiernos autoritarios de esta época, pese al ejemplo valeroso de Guatemala Paralelamente se toma conciencia de los graves y complejos problemas sociales y económicos de miles de millones de seres que han vivido al margen de la cultura y del progreso social. En otras palabras, emergen las realidades de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo a las que no es ajeno en cierta medida nuestro propio país.

Chile, tiene durante este período de post-guerra una población de 6.030.000 habitantes, de los cuales un 60,2% vive en los centros urbanos (1950). Se empieza a insinuar una tendencia demográfica que va a constituir un importante ele mentó en la evolución de la sociedad nacional. Los trastornos del tránsito de economía de guerra a la normalidad de la paz se aminoran en Chile en gran parte por el gasto de las reservas de dólares acumulados durante el conflicto bélico, lo que va a permitir al país sobrellevar las dificultades de postguerra. El cobre sigue constituyendo la espina dorsal de la vida economice, nacional, proveyendo las divisas de la balanza de pagos y un creciente porcentaje de los ingresos del presupuesto fiscal, y desarrollando un importante mercado para las demás actividades económicas nacionales. Es decir que la estabilidad de la economía chilena sigue ligada a las fluctuaciones y crisis de la minería cuprífera. El Estado continúa en los primeros años de esta etapa intensificando su intervención en el desarrollo de las empresas productoras, dictando diversas leyes como la que facultó al Banco Central en 1952 para comercializar la producción de la gran minería del cobre. Diversas circunstancias, como el atochamiento de miles de toneladas de cobre en los puertos derivado del término de la guerra coreana, el cambio de actitud política del gobierno y una nueva política para estimular las inversiones en dicha actividad minera, dan lugar a la promulgación en 1955 de una ley de "Nuevo Trato". Esta ley reemplaza todo el sistema tributario vigente por una participación del Estado que alcanza a un cincuenta por ciento de las utilidades de las grandes empresas mineras del cobre; ésta se complementa con otras franquicias financieras. Se crea el Departamento del Cobre y se legaliza la Confederación de Trabajadores de dichos minerales. Se preocupa estimular también la industria salitrera con la promulgación en 1956 de una legislación especial, el denominado "Referéndum Salitrero". Se constituye la Empresa Nacional de Minería, que amplía considerablemente la política de fomento estatal a la mediana y pequeña minerías.

En materia de industrialización las realizaciones del gobierno frentepopulista empiezan en esta etapa a dar sus frutos. Se enciende el alto horno de Huachipato, se inaugura la refinería de la ENAP, empiezan a funcionar las plantas eléctricas de ENDESA, etc., rubros que significan un progreso substancial be la economía nacional. En la agricultura, los gobiernos de este período prosiguen en general las políticas anteriores, que se caracterizan por la implantación de precios remunerativos para los productos agropecuarios y el otorgamiento de créditos para la producción y mecanización de esta actividad, sin alterar las bases estructurales del campo chileno.

Los gobiernos prosiguen en la línea de intervencionismo estatal en la vida económica del país. El año 1953 se crea el Banco del Estado, que refunde una serie de organismos de crédito estatales existentes; se funda el Instituto de Seguros del Estado; se organiza el Instituto Nacional de Comercio, que derivará posteriormente en una empresa de comercio agrícola; se crea un organismo para coordinar las inversiones de los cuantiosos recursos provenientes de la seguridad social, que es posteriormente disuelto; se racionalizan los organismos de comercio internacional, etc.

Sin embargo, el crecimiento general de la economía del país empieza a perder la velocidad que mantuvo en la etapa anterior. Pese a la incorporación de algunos sectores industriales importantes, los estudiosos han detectado un lento crecimiento en la etapa que se estudia. Aparte de este virtual estancamiento económico, otro problema adquiere un significado trascendental: la inflación. A partir de 1950, que registra un 16,7% de incremento del índice en el alza del costo de la vida, la inflación empieza a adquirir una velocidad vertiginosa y descontrolada, alcanzando en 1955 a un 83,8%.

El gobierno de Gabriel González mantiene en sus primeros años la política de emisiones monetarias; y un intento de innovar en esta materia tratando de introducir la estabilización de sueldos y salarios, es descartada como consecuencia de la huelga de febrero de 1950. El gobierno de Carlos Ibáñez experimenta con diversos ministros de hacienda distintas políticas anti-inflacionarias que fracasan estrepitosamente. Finalmente hace suyos los planteamientos de la misión Klein-Sacks, lo que se traduce en la Ley 12.006 promulgada el 23 de enero de 1956. El gobierno inicia una política global para afrontar la inflación tratando de obtener la estabilidad económica, estimular el desarrollo y como consecuencia elevar los niveles de vida del pueblo, dentro de una economía capitalista o de "libre empresa", como suele denominársela. Lo sustantivo de esta política consiste en otorgar reajustes en las remuneraciones, inferiores al alza del costo de la vida; en 1956, por ejemplo, sólo se concedió un 50% del índice de 83,8%, que ya hemos mencionado. Este planteamiento se complementa con la libertad de precios y el libre intercambio en el comercio exterior. El criterio indicado señala el marco de referencia para el ejercicio de la negociación colectiva, abarca a todos los trabajadores, sean éstos públicos o privados, y representa un nuevo enfoque para afrontar el conjunto de los problemas del país.

Las luchas sociales van a alcanzar una nueva perspectiva en esta etapa, condicionada por los acontecimientos someramente expuestos en las páginas anteriores. Se puede afirmar que la burguesía industrial ve acrecentados sus cuadros con los empresarios nuevos que se generaron en la etapa de desarrollo industrial de la época frentista, consolidando sus posiciones sociales con el estimulo de la política gubernamental; esta situación es también valedera para los sectores terratenientes del país. Se constituye una poderosa coalición de intereses empresariales que dispone durante esta etapa de una no menos fuerte expresión política representada por los partidos conservador y liberal y por la dirección nacional y parlamentaria del partido radical. La clase media asalariada crece con nuevos contingentes de trabajadores estatales, producto de la expansión de los servicios públicos, los que van a constituir un importante grupo de presión en la sociedad nacional. El proletariado industrial se incrementa también cuantitativamente, sobre todo con el aporte del sector obrero organizado de las empresas del Estado, que tiene remuneraciones y condiciones de vida relativamente más elevadas que sus congéneres del sector privado. Desde el punto de vista legislativo los obreros, tanto industriales como agrícolas, serán beneficiados por una serie de decretos con fuerza de ley que se promulgan en 1953. Esta legislación establece el salario mínimo para el obrero industrial no aprendiz, el salario mínimo agrícola, la asignación familiar obrera y la indemnización por años de servicios. El año anterior se reorganizan los organismos de seguridad social y de salud, creándose el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud que, en esa época, cubren las prestaciones sociales, especialmente de los obreros y su grupo familiar.

El primer año de la etapa reseñada está dominado por la elección presidencial de septiembre de 1946. Pero hay también otro acontecimiento importante. El 30 de enero se lleva a cabo la única huelga general organizada en toda su vida sindical por la Confederación de Trabajadores de Chile. El gobierno había decretado la disolución legal de unos sindicatos de trabajadores salitreros; la CTCH lleva a cabo un mitin en la plaza Bulnes el 28 de enero, que es disuelto por la policía, en el cual mueren cinco trabajadores. Ante esta dramática situación se declara la huelga general, que alcanza un notorio éxito. La continuación del movimiento se interpreta en distinta forma por las tendencias que actuaban dentro de la CTCH. La fracción socialista estima que se han cumplido las peticiones de la huelga (devolución de la personería jurídica a los sindicatos, castigo de los responsables de los sucesos de la plaza Bulnes, etc.) y que la presencia del Partido Socialista en el gobierno, al que ingresa en esos días, da suficiente garantía a los trabajadores. Por otra parte, la tendencia comunista opina que las garantías debía darlas un gabinete de la Alianza Democrática. Estas discrepancias conducen al rompimiento de la unidad de la CTCH en dos fracciones, que se enfrascan en una penosa lucha fratricida.

Todos estos acontecimientos tienen como telón de fondo la elección presidencial de septiembre del año estudiado, a la que se presentarían candidatos de la Alianza Democrática, fuerzas derechistas, el frente social cristiano y el socialista. Será elegido Presidente el postulante aliancista que inaugura sus actividades con un gabinete de unidad nacional. Durante este período las energías sociales son canalizadas por parte de la CTCH y el comunismo, situación que termina con el vuelco político del presidente de la República.

Presionado por los acontecimientos de la Guerra Fría y por intereses foráneos, el gobierno inicia una abierta ofensiva contra las fuerzas del movimiento obrero que se va a manifestar en la dictación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia y en sucesivas leyes de facultades extraordinarias. La ley mencionada fue durante los diez años de su vigencia (1948 -1958) el más formidable instrumento jurídico para sofocar, incluso aplastar las manifestaciones de protesta de los trabajadores del país. Durante los dos primeros años de su aplicación, amén de poner fuera de la ley al comunismo, prácticamente desmantela la organización sindical obrera, somete a procesos o relega a numerosos dirigentes populares e incluso llega a instalar un ignominioso campo de concentración en el puerto de Pisagua. Chile, en el hecho, vive un estado de sitio permanente, donde apenas un sector político en el Congreso Nacional y la Federación de Estudiantes de Chile constituyen los escasos portavoces de la oposición política del país.

La protesta popular irrumpe espontáneamente en agosto de 1949 en la denominada "revolución de la chaucha", en la que las multitudes santiaguinas protestan por un alza en las tarifas de la locomoción colectiva. Poco después, se declara una huelga de empleados y de algunos grupos obreros, en febrero de 1950, que derriba al ministerio que administraba desde hacía dos años el Estado. La huelga significa la formación de una nueva coalición ministerial, y contribuye a aminorar considerablemente las persecuciones políticas y disipar el ambiente de cuasi dictadura legal imperante. Consigue el rechazo de un proyecto de ley de estabilización de sueldos y salarios y se obtienen algunas conquistas sociales.

Las luchas sociales en los años venideros se canalizan en la campaña presidencial en que se impone la persona del ex-mandatario Carlos Ibáñez. Este personaje logra movilizar en torno a él, a un gran contingente de masas populares desesperanzadas por la creciente inflación y el desprestigio del gobierno radical. Los primeros años del nuevo gobernante son de tinte populista, y se caracterizan por el ingreso al gobierno del Partido Socialista Popular, la promulgación de varias leyes de beneficio para los obreros, un ejercicio amplio de las libertades públicas y la unificación sindical en la Central Única de Trabajadores (CUT).

Sin embargo, los grandes problemas del país, incluso los de los trabajadores, siguen vigentes, agravados por el vertiginoso proceso inflacionista. El movimiento sindical canaliza las crecientes tensiones sociales y demuestra su poderío y el grado de protesta popular en la huelga general de 7 de mayo de 1954, motivada por la detención del presidente de la CUT, a quien se acusa de injuriar al Jefe del Estado. Al año siguiente se lleva a cabo una nueva huelga nacional y general de grandes proporciones y con la finalidad de "advertir" al gobierno para que se preocupe de los problemas de los trabajadores. El 7 de julio emerge la CUT como la organización representativa de los asalariados, en el momento álgido del proceso inflacionario y de la lucha social de ese año. El gobierno trata de comprometer al sindicalismo en su política y al mismo tiempo se orienta definitivamente hacia posiciones más conservadoras. La ocasión de manifestarlo se presenta al declararse una huelga de los empleados de las cajas de previsión y hospitales, en septiembre, que el gobierno afronta decretando el estado de sitio y sometiendo a procesos judiciales a centenares de huelguistas. En el intertanto, envía al Congreso Nacional un proyecto de ley de acuerdo a las recomendaciones de la misión Klein-Sacks.

La CUT sale al paso de la legislación inti-inflacionaria (la futura ley 12.006), aprovechando el ambiente creado por una huelga general de los mineros de las grandes empresas del cobre, motivada por cuestiones específicas de ese sector asalariado. La CUT declara una huelga general y nacional para el 9 de enero de 1956 con carácter de indefinida, hasta derrotar la iniciativa legal de estabilización de las remuneraciones. El gobierno decreta el estado de sitio el día anterior a la iniciación de la huelga general, procede a encarcelar a los miembros del consejo directivo de la CUT y relega a distintos puntos del país a un número considerable de dirigentes provinciales y locales de la central sindical. La huelga fracasa, a lo cual contribuyen también el término del conflicto del cobre el día anterior y la marginación del movimiento de los trabajadores estatales, en especial los de la administración autónoma, quienes se resisten a sumarse a él porque centenares de empleados se hallan procesados por la huelga de septiembre y su suerte depende de la ley de amnistía. Finalmente pesaron el ambiente de apatía ciudadana, el agobio producido por la inflación desatada y la falta de una solución política adecuada a la pretensión de una huelga general indefinida. El fracaso de la huelga general produce la desintegración orgánica de la CUT y el abatimiento moral de sus afiliados, aunque crea, a la larga, las condiciones para el reagrupamiento de las fuerzas políticas del movimiento obrero. Por otra parte, es la circunstancia social que permite inaugurar la política económica anti-inflacionista de estabilización de las remuneraciones.

Las vicisitudes y trastornos de la post-guerra también se reflejan en la vida política del país. Los sucesos de la plaza Bulnes, en enero de 1946, producen un cambio ministerial que lleva a la formación de un gabinete en que participa el Partido Socialista con representantes de las fuerzas armadas y amigos personales del vicepresidente en ejercicio. En las elecciones presidenciales de septiembre de ese año obtiene la primera mayoría relativa el abanderado de la coalición radical-comunista Gabriel González Videla. Un ministerio denominado de "unidad nacional", en el que participan los partidos radical, liberal y comunista, permanece en funciones cinco meses en medio de las contradicciones entre sus integrantes. Después de la elección de municipales, el Presidente de la República expulsa al comunismo del ministerio y constituye el gabinete de "concentración nacional", a base del partido radical y apoyado por los sectores derechistas. El jefe del Estado se enrola vehementemente en uno de los bloques, el "mundo libre", suscribiendo tratados diplomáticos como el de Río de Janeiro, la Carta de la OEA y el Pacto Militar. En el campo interno utiliza sucesivas leyes de facultades extraordinarias y en 1948 promulga la ley Nº 8.996 denominada de Defensa Permanente de la Democracia. Esta ley ilegaliza al comunismo, elimina de los registros electorales a las personas que se presumen sean de esa filiación política; queda en manos de la policía la generación de las directivas del sindicalismo legal (circular Holger-Letelier), se controla la administración de sindicatos y prácticamente el derecho de huelga queda severamente restringido. Se contempla un procedimiento judicial expedito y enumera una serie de sanciones severísimas. El pueblo la llama con todo acierto la "ley maldita". El gobierno la empleó durante toda su vigencia (diez años) para conculcar las libertades públicas y sofocar la protesta obrera. En los primeros años de su aplicación, el país vive una cuasi dictadura legal que llega a instalar un campo de reclusión para presos políticos en Pisagua. Como otra manifestación de este estado de cosas, el año 1947 se promulga una ley de sindicalización campesina, que apenas permitió la organización de unos 25 sindicatos con 1.200 socios hasta la fecha de su derogación, en 1967.

Todo este cúmulo de circunstancias generan una crisis en las organizaciones políticas del país. Se ilegaliza al Partido Comunista, el Partido Socialista se divide, el Partido Conservador también se escinde en un ala tradicionalista y otra social-cristiana o demócrata-cristiana; el radicalismo continúa siendo la base política del gobierno, cambiando de posición según la oportunidad del momento. Surge una nueva fuerza política, el agrario-laborismo, que va a expandirse en consonancia con el crecimiento de un movimiento populista que encabezará el ex-presidente Carlos Ibáñez. Hay que anotar que en 1949 se aprueba la ley que concede el derecho a voto a la mujer en las elecciones generales.

El año 1950 se forma el gabinete denominado de "sensibilidad social" como secuela de la huelga de ese año, lo que contribuye a aminorar las tensiones sociales del país y la persecución política, característica del gabinete anterior. La atención del pueblo chileno se concentra en las elecciones presidenciales de septiembre de 1952, en la que se impone el señor Ibáñez respaldado por amplios sectores populares que incluyen a los partidos agrario-laborista y socialista popular, derrotando a los candidatos de las coaliciones radical-social cristiana; liberal-conservadora, y comunista con un sector socialista.

Los primeros años del nuevo gobierno son populistas, caracterizados por la presencia del Partido Socialista en el ministerio; se promulgan diversas leyes de beneficio para los obreros, ya citadas anteriormente; se crean diversas instituciones económicas del sector estatal y se permite un ejercicio libre de las libertades públicas. Sin embargo, al segundo año de gobierno, éste cambia de política, debido a una serie de circunstancias como la crisis de sobreproducción de cobre, la vertiginosa espiral inflacionista. el fracaso de las medidas económicas de los distintos ministerios y la creciente oposición del movimiento sindical. Los signos de esta nueva orientación son la promulgación de la ley de Nuevo Trato para la gran minería del cobre, la dictación de una legislación anti-inflacionista inspirada en la misión Klein-Sacks y una política autoritaria contra las fuerzas del trabajo organizado, aspectos que se han detallado en distintos párrafos de este capítulo.

EL MOVIMIENTO OBRERO

La guerra mundial permitió estrechar filas en el movimiento obrero internacional tanto en sus secciones políticas como sindicales. Sin embargo, este entendimiento se quiebra cuando irrumpe la Guerra Fría y la bipolarización de los países desarrollados provoca la escisión en bloques del mundo del trabajo. Desde luego, se mantiene y ahonda la división entre el movimiento socialista y el comunismo, pese a una etapa de colaboración en Europa, durante un período de la post-guerra. Los sindicatos, que habían constituido en 1946 la Federación Sindical Mundial, se escinden dos años después; se mantiene por un lado la Federación, que queda en manos de sindicalistas de filiación comunista, y se crea una nueva organización: la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). Esta división repercute en América Latina, donde la FSM mantiene a la Confederación de Trabajadores del Continente o CTAL; la CIOSL por su parte, constituye la Organización Regional Internacional Interamericana de Trabajadores (ORIT). Este antagonismo dentro de las internacionales obreras se mantiene durante toda esta etapa, contribuyendo a restarle fuerza y eficacia a la acción internacionalista de los trabajadores con la consiguiente repercusión en sus respectivas sociedades nacionales.

El Partido Comunista ilegalizado

El comunismo juega un papel importante en la elección del Presidente Gabriel González en 1946. Consecuente con su línea de "unidad nacional", colabora durante cinco meses en un ministerio con los partidos radical y liberal. Después de las elecciones municipales de abril de 1947, en las que alcanza un 20% del electorado, se produce una crisis del ministerio debiendo dejar las carteras de Vías y Obras, Tierras y Colonización, y Agricultura. A continuación el gobierno emprende una ofensiva contra el partido, que va a culminar con la ilegalización del mismo, en virtud de las disposiciones de la ley de Defensa de la Democracia. En diversos párrafos de este capítulo se han descrito los distintos efectos de un cúmulo de medidas que configuraron una política antiobrera de parte del gobierno de la época. A partir de 1950 se aminora la persecución política, pero perdura la ilegalidad de la organización unos ocho años más, con los riesgos inherentes a esta situación jurídica. El Partido Comunista libra una gran batalla por las libertades públicas, trata en sus primeros años de mantener las organizaciones de masas en que tiene influencia, para bregar posteriormente por la reunificación sindical. Desde luego, mantiene una oposición sin tregua al gobierno de González Videla; trata de unir a las fuerzas dispersas de izquierda en un frente del pueblo que levante un candidato en las elecciones presidenciales de 1952. Una tarea importante que atrae su atención en esta etapa es la lucha por la paz, que se manifiesta en diversas campañas determinadas por las condiciones del movimiento internacional.

El Partido Socialista

Esta organización participa en el gobierno en sus meses postreros, hasta el término de su mandato a fines de 1946. En las elecciones presidenciales de ese año el socialismo obtiene apenas doce mil votos con su candidato, lo que origina un cambio en su dirección nacional, en el congreso partidario de Concepción. Esta directiva inicia una activa campaña de recuperación del movimiento, cuyos primeros frutos se muestran en las elecciones municipales del año siguiente. Sin embargo, los acontecimientos políticos, tanto nacionales como internacionales, provocan una crisis orgánica en el partido por los distintos criterios de interpretación de la realidad. La mayoría se pronuncia por una política internacional autónoma de los bloques en lucha; se opone a la persecución policial al comunismo y se niega a colaborar en el gobierno de González Videla.

El otro sector se siente parte del denominado "mundo libre" dirigido por Estados Unidos; sostiene una política anticomunista sin discriminaciones, y es partidario de apoyar al gobierno de la época. La mayoría pasa a denominarse Partido Socialista Popular por decisión del Tribunal Calificador de Elecciones, difunde su programa elaborado en una Conferencia Nacional de 1948, colabora a la reunificación del movimiento sindical, se enrola en la campaña presidencial de Carlos Ibáñez y participa en su gobierno, en los primeros meses en el Ministerio del Trabajo y posteriormente en los ministerios de Hacienda, Minería y Trabajo, contribuyendo en cierta medida a darle el tinte populista al gobierno. Influye en la promulgación de leyes sociales y en la creación de diversas instituciones económicas del Estado, presenta un plan anti-inflacionista global de escasos resultados para las masas populares y aporta el clima de libertades públicas imperante. El cambio de orientación política del primer mandatario hace pasar al PSP a la oposición, la que se irá acentuando en consonancia con las medidas económicas anti-inflacionistas y políticas que ya se han estudiado en este capítulo. El otro grupo, denominado Socialista, cambia después de 1950 de línea política y entra a formar parte en una coalición con el Partido Comunista.

El movimiento sindical se divide

Hasta fines de 1945 los obreros se mantenían unidos en la CTCH. Los sucesos de la Plaza Bulnes y sus efectos provocan la división de la Confederación en dos alas; una acaudillada por dirigentes de filiación socialista y la otra de orientación comunista, generándose entre ambas una pugna de penosos aspectos fratricidas. La primera confederación cuenta con el beneplácito oficial en el año de la división y la segunda durante el período en que el comunismo permanece en el gobierno. La división alejas numerosos sindicatos de las centrales nacionales sindicales. La consecuencia más importante de esta escisión es que cuando se promulga la ley de Defensa de la Democracia, los sindicatos afrontan desunidos su aprobación. Esta ley, como se anotó, contribuye a dispersar el movimiento sindical, con una serie de disposiciones que prácticamente dejan en manos de la policía política la determinación de sus dirigentes y con otras normas de intervención gubernamental en los sindicatos legales.

El otro grupo sindical anarcosindicalista, la Confederación General de Trabajadores, tiene en esta etapa sus efectivos bastante raleados, debido tanto a su oposición tenaz al sindicalismo legal, como por la competencia de los afiliados a la CTCH. Para completar el cuadro, hay que mencionar que en 1947 se funda la Acción Sindical Chilena (ASICH), formada por trabajadores de orientación católica, que empiezan a educar dirigentes para su ulterior actuación en el movimiento sindical.

Las organizaciones de empleados

Los sindicatos profesionales de empleados particulares van a unificar sus efectivos en un congreso llevado a cabo en Valparaíso en 1948. Las tres federaciones nacionales existentes confluyen para estructurar la Confederación de Empleados Particulares de Chile (CEPCH) que, por una parte, logra obtener el derecho a la jubilación para los empleados del sector privado, y por otra, participa activamente en la lucha social de la etapa que estudiamos, presionada por la creciente inflación, que va a deteriorar sensiblemente todo el conjunto de conquistas sociales del gremio.

Una nueva fuerza sindical se incorpora a la lucha social del país: los trabajadores del Estado. En noviembre de 1948 se constituye la Junta Nacional de Empleados de Chile (JUNECH), que une a varias federaciones o asociaciones nacionales de empleados del sector público. Estas organizaciones son: la federación ferroviaria, las asociaciones de empleados fiscales, semifiscales, administrativos de la beneficencia; la federación de educadores y las instituciones de empleados y obreros municipales. La JUNECH juega un papel importante en la defensa de los intereses gremiales de sus asociados, incorpora a las luchas sociales el gremialismo o tendencia sindical de los trabajadores del Estado y contribuye a la reunificación del movimiento sindical.

La Central Unica de Trabajadoras

Un hecho trascendental, que se lleva a cabo en las postrimerías de esta etapa, es la unidad del sindicalismo nacional. Circunstancias políticas como el ascenso al poder del presidente Ibáñez, su respaldo popular, el anhelo por parte de un sector de sus adherentes partidistas de crear en Chile un sindicalismo asociado al gobierno, y la convergencia de los puntos de vista de las distintas corrientes de opinión doctrinaria existentes en la organización sindical, crean las condiciones para una central unificada de los trabajadores, autónoma del gobierno y de los partidos políticos. Los diversos sectores se hallaban agrupados en los siguientes organismos: el Comité de Obreros y Empleados, que une a los miembros de las dos Confederaciones de Trabajadores de Chile; el Movimiento Unitario Nacional de Trabajadores, que agrupa a los ex-afiliados de la CGT; la JUNECH, portavoz de los gremios estatales; el Comité Nacional de Federaciones, grupo de organizaciones autónomas, y el Movimiento de Unidad Sindical, que incluye a otros grupos laborales organizados. Estos organismos se habían agrupado en 1951 en un comando contra las alzas, con los auspicios de la FECH, y posteriormente constituyen la Comisión Nacional de Unidad Sindical.

El Congreso Constituyente de la Central Única de Trabajadores (CUT) se realiza en febrero de 1953, reuniendo a toda la clase trabajadora organizada, tanto el sector obrero, empleados del Estado y municipales, como a algunos grupos de empleados particulares y campesinos. También se hacen presentes todas las tendencias ideológicas existentes en el movimiento sindical, aspecto que da una idea de la amplia base de la nueva Central que se funda.

El Congreso Constituyente aprueba una declaración de principios clasista, anticapitalista, y se pronuncia por la construcción de una sociedad sin clases. Aprueba una plataforma de lucha con las reivindicaciones más anheladas por los trabajadores y adopta posiciones izquierdistas ante los grandes problemas del país. Acuerda mantenerse independiente de las centrales sindicales internacionales y bregar por la unidad sindical de los trabajadores de América Latina. Se da un estatuto orgánico y elige un consejo directivo nacional representativo que dirigirá los asuntos de la CUT por espacio de cuatro y medio años.

La CUT empieza a estructurar sus organismos básicos y al mismo tiempo actúa en forma activa en la lucha social del país. Durante tres años sostiene el peso de la acción del movimiento obrero, librando una serie de campañas, cuyos puntos culminantes son las huelgas generales de mayo de 1954, y de julio de 1955. Sin embargo, el fracaso de la huelga general del 9 de enero de 1956, desintegra la organización y desmoraliza al grueso de sus afiliados, debido a las medidas represivas que adopta el gobierno, aspectos que se han detallado en un acápite anterior. En todo caso, se logra conservar la unidad sindical para las acciones que se verán en el próximo capítulo.

Los campesinos, las cooperativas y los pobladores

El campesinado sigue constituyendo una fuerza más potencial que real en la sociedad nacional. Su eventual expansión se va a restringir al promulgarse el año 1947 una ley de sindicalización campesina que prácticamente impide la organización de esta gran masa de trabajadores. La constitución de la CUT alienta la formación de federaciones que tratan de agrupar a los escasos grupos organizados de pequeños agricultores y de obreros agrícolas. También la Acción Sindical Chilena se vuelca hacia esa actividad logrando dirigir una huelga campesina de repercusiones en la opinión pública, en diciembre de 1953, en la zona de Molina.

Las cooperativas no logran un gran auge en esta etapa, tanto por la división del movimiento obrero como por el ambiente social imperante. No se dispone de informaciones suficientes Para destacar algún aspecto de interés en este sector del trabajo.

Los pobladores empiezan a atraer la atención de la opinión pública con ocupaciones de terrenos baldíos en las comunas circunvecinas de Santiago. Nuevas poblaciones "callampas" surgen en San Miguel, Barrancas, Conchalí, Ñuñoa, organizadas por este sector cada vez más numeroso de los suburbios de la capital y estimulados en particular por el movimiento populista de 1952. Todo este movimiento es espontáneo, sin una dirección centralizada y sin una organización y táctica específicas. Los militantes de los partidos populares juegan un papel indiscutible en la movilización de estos grupos de trabajadores, que tratan de resolver un problema capital de sus condiciones de vida: el de la habitación.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02
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