El Movimiento Obrero en Chile

Capítulo III

LA ETAPA DE LA REPRESIÓN (1926 -1931)

LA EXPANSIÓN MINERA Y LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

Las tendencias económicas del período anterior continúan desarrollándose plenamente. La actividad salitrera alcanza su más alto índice de producción coincidiendo con el auge de la economía internacional, que tiene una fecha culminante: 1929. Desde luego, la expansión de este bien económico básico de la vida nacional, tonifica la balanza de pagos y el comercio internacional del país; el presupuesto fiscal dispone de ingentes recursos, estimula las otras actividades nacionales, permite mantener estabilizado el valor de la moneda, aminora considerablemente el alza de las subsistencias y fomenta el pleno empleo. La gran minería del cobre contribuye también con un aporte creciente al comercio internacional del país. Continúa la penetración del capitalismo extranjero, especialmente de procedencia norteamericana, el que consolida sus posiciones en las actividades claves de la vida económica nacional. A los sectores mineros que se han citado, se debe agregar la electricidad, el comercio mayorista y el transporte urbano; finalmente son los prestamistas del Estado. La bonanza económica se acrecienta con la contratación de numerosos empréstitos tanto en el exterior como dentro del país, lo que otorga recursos que el gobierno invierte en un vasto plan de obras públicas extraordinario. La construcción de caminos, escuelas, edificios públicos, servicios de agua potable y alcantarillado, etc., cambian la faz material del país; en todas estas cuantiosas inversiones hubo ciertamente despilfarros y una ausencia de criterios orgánicos para proyectarlas.

El gobierno afianza la tendencia intervencionista en la vida económica nacional creando nuevos servicios públicos como tesorerías, impuestos internos, etc.; estimula al capitalismo nacional con la instalación de organismos de crédito estatal, como la Caja de Crédito Minero, la Caja de Fomento Carbonero, el Instituto de Crédito Industrial. La organización de la Línea Aérea Nacional es otra empresa con que el Estado contribuye a la modernización del país Se reforma la educación primaria el año 1928, se crea la Dirección General de Educación Secundaria y se promulga el estatuto orgánico de la Universidad de Chile. Se forma una policía militarizada y se modernizan las fuerzas armadas, instituciones que constituyen uno de los soportes de sustentación del régimen político presidencial.

El gobierno castrense da como resultado una situación paradojal. Por una parte, mantiene la estructura de la propiedad y la estratificación social en el agro chileno, por otra, estimula y trata de afianzar a los grupos industriales nacionales. Mantiene una política de garantías absolutas a la inversión del capital extranjero, lo que facilita la penetración imperialista, e incorpora a un importante sector de clase media a los nuevos servicios públicos del Estado. El gobierno prosigue en sus líneas fundamentales la evolución iniciada en el año 1920 por el movimiento populista que orienta la clase media. En el fondo, esta situación política no es otra cosa que el establecimiento y consolidación, por la violencia, de la clase media en los poderes del Estado. Comprueba este aserto el examen de los dirigentes políticos, incluidos los militares, que los muestra como representantes genuinos de estos nuevos grupos sociales en ascenso.

La política global del gobierno es, en general, de hostilidad hacia los grupos oligárquicos tradicionales, así como de abierta represión hacia los integrantes del movimiento obrero. El gobierno castrense trata de sofocar las luchas sociales. Esta realidad se empieza a generar a partir de los sucesos de La Coruña en junio de 1925, que dejaron a la Federación Obrera desintegrada orgánicamente y abatida moralmente por la muerte de numerosos de sus afiliados, y por la detención y condenación en masa de los dirigentes obreros. El sector anarcosindicalista se había debilitado considerablemente por sus disidencias internas, y por las represiones patronales. De suerte que el panorama social era desolador cuando se inicia la marcha hacia la presidencia del entonces coronel Ibáñez. En vísperas de las elecciones, el gobierno procede, en febrero de 1927, a clausurar locales y periódicos obreros, encarcela a numerosos dirigentes y coloca en los hechos al margen de la ley a las fuerzas organizadas del movimiento obrero. En mayo es elegido sin oposición y de acuerdo con la Constitución, el nuevo mandatario de la República.

La vida pública del país aparece marcada, como se ha indicado repetidas veces, por la actuación de las fuerzas armadas en la política contingente. La tendencia castrense se manifiesta desde la elección presidencial en junio de 1920; se expresa prácticamente en los golpes de estado del 5 de septiembre de 1924 y del 23 de enero de 1925 y en la permanencia en el Gobierno de algunos de sus líderes más caracterizados. Uno de éstos, el Coronel Carlos Ibáñez, va a culminar el movimiento asumiendo la presidencia de la República en 1927. Sin embargo, la tendencia castrense se mantiene formalmente dentro de la nueva Constitución, permite el funcionamiento del Congreso elegido en 1926, y el año 1930, fecha de su renovación, presiona para que los partidos políticos se pongan de acuerdo en una sola lista de candidatos. En virtud de la ley de elecciones se nomina al nuevo parlamento, que se conoce con el nombre de "Congreso Termal" y cuya actuación práctica fue delegar la potestad legislativa en el poder ejecutivo. Este formalismo constitucional no es obstáculo, sin embargo, para que el Gobierno, en forma implacable y al margen de procedimientos jurídicos, proceda a encarcelar o deportar a sus oponentes políticos, y a conculcar las libertades públicas, estado de cosas que origina la protesta de los estudiantes universitarios e intelectuales de clase media.

Toda la evolución general que se ha descrito empieza a cambiar, cuando en los primeros meses de 1930 se dejan sentir en Chile los primeros efectos de la gran crisis cíclica mundial. Este acontecimiento internacional desploma la economía de los países industrializados, genera una pavorosa cesantía de millones de seres humanos y provoca una serie de trastornos políticos que se señalarán en un capítulo venidero. En nuestro país, la depresión conduce a la paulatina paralización de la actividad básica de la economía: el salitre, con todos los efectos que es fácil suponer en las demás actividades nacionales y en los servicios del Estado. El Gobierno trata de conjurar la crisis creando la Compañía Chilena de Salitre (COSACH) como medio de controlar la explotación y la venta de este vital bien económico, pero los resultados son desastrosos; suspende el pago de la deuda externa, procede a rebajar las remuneraciones de los empleados civiles del Estado o a despedirlos; medidas transitorias, hasta una eventual normalización del mercado internacional. Paralela a estas medidas económicas, recrudece la represión policial y la protesta de la oposición empieza a alcanzar mayor envergadura La Federación de Estudiantes orienta el descontento, especial mente de los grupos medios de la sociedad; la muerte de un estudiante y de un profesor universitario, provocan una huelga general de estudiantes y profesionales, y el Gobierno castrense cae el 26 de junio de 1931, obligando a exiliarse al primer mandatario

EL MOVIMIENTO OBRERO ILEGALIZADO

Entre los acontecimientos internacionales de la época, repercute en el movimiento obrero nacional la pugna entablada en la Unión Soviética entre los partidarios de Stalin y Trotsky, en que se impone el primero e inicia el primer plan quinquenal de ese país. Otros problemas de las fuerzas de los trabajadores aflorarán como consecuencias de la gran crisis cíclica y se reseñaran en el próximo capítulo.

De los antecedentes descritos en los párrafos anteriores de este capítulo, se desprende que una condición para el avance de las fuerzas castrenses hacia el poder, fue la destrucción de las organizaciones de los trabajadores. Se anotó que, en febrero de 1927, se ilegaliza "de facto" el movimiento de los trabajadores al clausurar sus organismos sindicales y sus periódicos y al aplicarse diversas medidas de intimidación a sus dirigentes. Sin embargo, se permite la existencia del grupo parlamentario comunista en el Congreso Nacional. Dejan prácticamente de actuar la Federación Obrera de Chile y la IWW. Estas centrales estaban estructuradas a base de sindicatos libres, vale decir que sus consejos industriales, departamentos o federaciones estaban en contradicción, en general, con los términos de la nueva ley de organización sindical. Los anarcosindicalistas llevaron previamente a esta etapa diversas campañas contra las leyes del trabajo y en especial criticaron la ley de seguro obrero obligatorio.

El Partido Comunista alcanza a realizar un congreso en enero de 1927, donde acuerda apresurar el proceso de “bolchevización” de su organización, es decir, establecer que la célula es la estructura orgánica básica y plantear una posición revolucionaria categórica. Este proceso se interrumpe, tanto por los acontecimientos políticos ya citados, como por una escisión provocada por un grupo de parlamentarios, que forman la Vanguardia Nacional de Obreros y Empleados para apoyar, aunque pasivamente, al gobierno. El grueso del partido afronta la persecución gubernamental — que viola todas las formas jurídicas— y sufre sensibles bajas en sus filas. En suma, el gobierno castrense libra una ofensiva contra "la amenaza del comunismo" o de "la revolución social", logrando aminorar sensiblemente la presión de la lucha social y reduciendo a una actividad semiclandestina a las organizaciones del movimiento obrero.

La institucionalización de la protesta obrera

Conjuntamente con las actuaciones políticas citadas en los párrafos anteriores, destinadas a destruir al movimiento obrero de inspiración revolucionaria, el gobierno estimula y orienta a los trabajadores hacia la constitución de organismos legales, tanto sindicatos y cooperativas como juntas de vecinos.

El instrumento gubernamental es la legislación laboral, cuya expresión formal será la refundición de todas las leyes en el DFL 178 del 28 de mayo de 1931, el denominado Código del Trabajo. Se crea la Inspección General del Trabajo, servicio público destinado tanto a la supervisión de las leyes laborales como al fomento de la organización sindical. Entre los años 1927 a 1931 se constituyen legalmente unos ochenta y cinco sindicatos con unos veintisiete mil socios, de los cuales el grueso son obreros. Se organizan en esta etapa, los sindicatos industriales de los sectores económicos más importantes del país: salitre, cobre, carbón, fábricas metalúrgicas, textiles, etc. También se estimula a las sociedades mutualistas y se obtiene el apoyo para esta política de la Unión de Empleados de Chile.

Todas estas tendencias se encauzan en una organización nacional denominada Confederación Republicana de Acción Cívica de Obreros y Empleados de Chile (CRAC). La Confederación se constituye en una asamblea nacional el día 10 de diciembre de 1929 en la que define sus objetivos de la siguiente manera: "El programa mínimo puede condensarse en los siguientes puntos: 1º. Prestará cooperación sin reservas al programa de reconstrucción nacional que inspira todos los actos del actual gobierno y que se basa en los postulados del 5 de septiembre de 1924 y del 23 de enero de 1925; 2º. Dará especial importancia al mejor estudio y revisión completa de la legislación social vigente para obtener que su aplicación integral contribuya al bienestar de la nación, dando preferencia al estudio y solución de la sindicalización obligatoria".

La CRAC logra aglutinar a un importante sector de sociedades mutualistas y a la casi totalidad del sindicalismo legal del período. Su papel se sanciona cuando en el denominado "Congreso Termal" se reconoce su existencia, otorgándole una representación de diecinueve diputados. Su labor consiste en apoyar al gobierno, incluso proclama al mandatario como "primer obrero del país", y su destino corre la misma suerte que la tendencia gobernante.

El gobierno contrarresta también la actuación de las ligas de arrendatarios creadas por los trabajadores revolucionarios y trata de estimular la formación de juntas de vecinos organizadas por las autoridades del régimen, cuya tarea es preocuparse de los problemas de la comunidad, con lo que, en cierta medida, reemplazan a las municipalidades.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02
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