Balmaceda y la contrarrevolución de 1891

Capítulo IX

NATURALEZA DE LA GUERRA CIVIL DE 1891

Los historiadores están de acuerdo en que la Guerra Civil de 1891 es el más grave trastorno institucional sufrido por la República en toda su historia. Representó la pérdida de unas diez mil vidas más o menos; los daños materiales fueron cuantiosos; se lesionaron las finanzas y se perjudicó el comercio y la vida económica en general. La organización política del país experimentó un vuelco importante con la instauración del régimen parlamentario que imperó hasta 1925.

1. La Revolución

Estos hechos han servido de fundamento para calificar a la contienda del 91 como una Revolución.

Creemos que el uso de tal calificativo es erróneo. Una revolución no es sólo un trastorno violento. Más que eso, es un proceso de gran trascendencia histórica que modifica las bases de existencia material de una sociedad, que altera la composición de los grupos sociales y las relaciones existentes entre ellos, que cambia la organización política y su orientación, y que crea nuevas condiciones para el desarrollo de la vida cultural. Un fenómeno revolucionario -en suma- entraña la total transformación de la estructura social.

Desde este punto de vista, el conflicto del 91 no fue una revolución, ya que él no produjo los efectos mencionados. Y no podía serlo simplemente porque sus promotores no eran elementos revolucionarios, sino más bien reaccionarios, contrarrevolucionarios.

Si se reflexiona con cierto detenimiento sobre el significado profundo de lo que aconteció en Chile a partir de la Guerra del Pacífico, y sobre todo entre 1886 y 1890, es posible llegar a la conclusión de que durante ese periodo se promovieron cambios que constituyen -en su conjunto- una audaz tentativa revolucionaria.

En efecto, del análisis que se ha hecho a través de todo este trabajo, se deduce que se pretendió producir una transformación muy profunda en las bases sobre las cuales descansaba la economía nacional, creándose posibilidades para la industrialización y acrecentándose de una manera muy intensa las fuerzas productivas del país. Además, se quiso estimular el desarrollo independiente de nuestro sistema económico, procurando la eliminación o la reducción al mínimo de la influencia que sobre él tenía el imperialismo inglés.

Consecuencia de estos hechos, fueron transformaciones de orden social. Comenzó a desquiciarse la base del régimen agrario tradicional; el antiguo territorio araucano rápidamente llegó a ser el principal centro de la actividad agropecuaria; allí actuaba un nuevo tipo de agricultor -especie de burguesía rural- dotado de espíritu capitalista, más emprendedor y activo que el terrateniente tradicional, que se reclutó especialmente en las filas de la burguesía y de la pequeña burguesía y que se incrementó con colonos europeos de semejante extracción social. El latifundio de de la Zona Central -el viejo ámbito agrícola de Chile- perdió así el carácter preeminente que tenía en la economía agraria. Pero, además, este mismo latifundismo recibió otro golpe: los campesinos empezaron a zafarse más rápidamente de las relaciones señoriales que en él imperaban; abandonaron el campo y se trasladaron en masa a las salitreras y a las ciudades, o se incorporaron a las obras públicas que febrilmente se construían a lo largo de todo el territorio. De esta manera se nutría la clase obrera a expensas directas del debilitamiento que empezaba a sufrir el régimen agrario semifeudal.

Por otro lado, el dinamismo que se advertía en todos los planos de la vida chilena, permitió el surgimiento de nuevas funciones para las que se requería trabajo intelectual; se multiplicaron las oficinas de correos y telégrafos, se establecieron en todas partes las oficinas del registro civil, aumentaron las plazas de profesores de distintas ramas de la enseñanza, creció el personal de empleados de los ferrocarriles a medida que se extendía la red ferroviaria, se crearon nuevos Ministerios, intendencias y gobernaciones y nuevos servicios públicos con sus correspondientes plazas de funcionarios; las obras públicas y privadas exigían constructores, ingenieros, arquitectos; el movimiento comercial, minero e industrial, al intensificarse, reclamaba técnicos, empleados, contadores, etc. En una palabra, se crearon condiciones para que la clase media pudiera experimentar un rápido crecimiento. Y justamente así ocurrió, de tal suerte que ella pudo erigirse en un estamento altamente significativo dentro de nuestra sociedad.

La burguesía industrial, por otra parte, se fortaleció; surgieron algunos importantes establecimientos fabriles y se ensancharon muchos de los talleres existentes. Las obras públicas y la activación general de la vida económica, contribuyeron apreciablemente a intensificar la producción manufacturera nacional.

Mientras los nuevos elementos sociales crecían, vigorosamente provocando con ello un cambio en la conformación de la sociedad chilena, los que habían tenido predominio hasta 1879 encaraban el quebrantamiento de sus posiciones.

La vieja aristocracia terrateniente, para sobrevivir como clase económicamente fuerte, debía cambiar su espíritu y sus procedimientos, y reajustar por completo el trabajo de sus dominios y sus relaciones con los trabajadores de la tierra. Tenía que cambiar el tradicionalismo económico, aceptando que en la explotación agrícola se introdujeran modalidades de tipo capitalista. Por supuesto que con semejantes cambios, la aristocracia enfrentaba la pérdida de los caracteres que poseía por esencia, ya que debía desarraigar añejos prejuicios, eliminar su mentalidad señorial, su apego a la rutina y su afán de conseguir beneficios sólo gracias a la bondad y extensión de sus tierras y al trabajo de sus inquilinos.

La burguesía comercial y bancaria, enfrentaba también un cambio en el giro y carácter de sus negocios. Unos deberían dejar de ser simples comisionistas que ganaban el tanto por ciento en sus relaciones con el capitalismo inglés. Los otros debían abandonar las actividades meramente especulativas a que se habían lanzado tomando ventajas de la Ley de Bancos de Emisión del año 1860, para funcionar de una manera coherente dentro de un sistema orientado antes que nada al aumento de la productividad del país. Unos y otros perdían con ello preeminencia y, tal vez, disminuirían sus ganancias. Para la mentalidad altamente especulativa de nuestros capitalistas, mentalidad poco propicia al desarrollo de las actividades productoras, semejantes cambios eran en realidad onerosos, y los rebajaba del alto sitial en que estaban colocados dentro de la vida colectiva.

En el orden político, el país presenció considerables cambios a partir de la Guerra del Pacífico. Y estos cambios llevaban el signo democrático. En tiempos de Santa María se dictaron las leyes de matrimonio civil, de registro civil y de cementerios laicos; con ellas, la Iglesia, aliada tradicional de la aristocracia y adversaria de los avances liberales y democráticos, perdió considerable influencia. Luego, bajo la Administración Balmaceda, estos avances continuaron; se estableció el sufragio universal, se reformó la ley de municipalidades, se ampliaron las incompatibilidades parlamentarias, se extendió el voto acumulativo, etc. Además, la presencia de la clase media y del proletariado robustecieron esta tendencia a la democracia que se observaba en la vida política; así, en 1887 se constituyó el Partido Democrático y las organizaciones de los trabajadores adquirieron mayor consistencia y capacidad de acción.

Finalmente, desde el punto de vista cultural, los progresos cambios que se advierten en el país son manifiestos. Se extienden los beneficios de la educación pública, la que se perfecciona y diversifica; se acrecienta la circulación de periódicos; se hacen más intensas y frecuentes las influencias culturales extranjeras, etc. Además, se modifican las costumbres y el género de vida de la gente como una derivación de las transformaciones que están afectando a Chile.

El panorama bosquejado indica de un modo fehaciente que en nuestro país se estaba produciendo una efectiva revolución; la totalidad de la estructura nacional se conmovía ante el impacto de un pujante movimiento renovador, que aceleraba vigorosamente su evolución. Se buscaba el avance hacia formas más democráticas de convivencia; se procuraba el establecimiento y desarrollo del capitalismo industrial; se pretendía reducir y anular la influencia del imperialismo. En síntesis. Chile entraba por el camino de la revolución democrático-burguesa.

Ahora bien, los promotores de la Guerra Civil fueron elementos empeñados precisamente en impedir el desarrollo de una revolución como esa. Se ha probado de una manera categórica en otras páginas, que sus intereses económico-sociales eran incompatibles, en mayor o menor grado, con transformaciones de tanta trascendencia y magnitud. Por eso levantaron su brazo armado contra un Gobierno que actuaba en sentido genuinamente revolucionario y contra un Presidente -Balmaceda- que era el alma de ese Gobierno. En Concón y en Placilla no triunfó entonces una revolución; a la inversa, en el campo de batalla fue abatida la revolución. La victoria correspondió a fuerzas reaccionarias que, recurriendo a la violencia, recuperaron el control absoluto del Estado.

2. La Restauración.

Al producirse la derrota de Balmaceda, las fuerzas reaccionarias se dieron la tarea de restaurar en su integridad el viejo orden, de consolidar su predominio y de tomar medidas para evitar que volviera a producirse una situación semejante a aquella que acababa de ser derrocada tras duro esfuerzo.

En el plano económico, esta reacción fue impresionante.

El presupuesto de obras públicas, que en 1890 fue de $ 26.196.417 de 24 peniques, representando el 35% del total de gastos fiscales ordinarios y extraordinarios, experimentó las siguientes fluctuaciones a partir de 1892:

Año Total Tipo de cambio
1892 19.083.103 18 peniques
1893 18.340.153 15
1894 25.596.534 12
1895 25.320.244 16
1896 26.529.361 17
1897 18.516.828 17
1898 19.866.767 15
1899 17.413.502 14
1900 27.910.143 16

Es de advertir que la reducción en los primeros años que siguieron a 1891 no pudieron ser más drásticos, simplemente porque era necesario dar término a los trabajos iniciados durante la Administración (Balmaceda y cumplir los contratos correspondientes. De los datos anteriores se deduce que el presupuesto de obras públicas del año 1900 fue inferior al de 1890 en un 28%, advirtiéndose que en 1900 hubo un visible aumento con respecto a los años inmediatamente anteriores.

Los recursos destinados a favorecer la colonización, fueron también reducidos. Mientras en 1890 ascendieron a $ 1.819.592 de 24 peniques, en 1895 llegaron a $ 710.450 de 16 peniques y en 1900 a $ 563.058 del mismo valor; es decir, los gastos en colonización correspondientes a 1895 y a 1900 representaron el 30% y el 23% respectivamente de lo que fueron en 1890. Esta acción, por lo demás, había sido anunciada por el Ministro del ramo al Senado el 23 de noviembre de 1892 cuando manifestó:

"el Gobierno cree llegado el momento de suspender el trabajo de las colonias. Se ha prestado al país considerables servicios con lo que hasta ahora se ha hecho."

La política salitrera siguió orientaciones diametralmente opuestas a aquellas que había enunciado Balmaceda en 1889. Se hicieron numerosas enajenaciones de salitreras fiscales, las que incrementaron las pertenencias de las empresas extranjeras; de este modo, hacia 1898, se había consolidado

"un círculo o gremio reducido de salitreros que ha constituido el monopolio extranjero que hoy domina la industria, manejando la producción según conviene a sus intereses y no a los del Estado, arrebatándonos un poder de cambio que desequilibra la economía del país, cercenando al Fisco muchos millones de pesos por derechos de exportación, deteniendo el desarrollo de la industria y comprometiendo su vida propia por el alza artificial de precios y poniendo, en fin, en peligro nuestra integridad territorial, convertido por la riqueza misma en fuente de poder extranjero." (1)

Las empresas extranjeras, libres para actuar a su arbitrio, tomaban medidas aconsejadas por su propia conveniencia pero que, además de perjudicar a la industria, dañaban seriamente la economía nacional, contribuyendo a agravar sus problemas. Así por ejemplo, en 1896 se organizó una combinación salitrera que redujo la exportación de 26.844.000 quintales a 23.409.000 en 1897. Con esta medida se intentó infructuosamente mejorar la cotización del salitre en el mercado internacional, pero esto no representó ningún beneficio para el país; antes por el contrario, las rentas fiscales bajaron de $ 162.591.304 en 1896, a $ 85.439.021 en 1897 como resultado de la menor entrada por pagos de derechos de exportación del salitre. Además, la paralización o reducción de faenas, dejó cesantes a unos 10.000 trabajadores y quebrantó por completo la estabilidad comercial de las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Efecto de los trastornos señalados fue una situación de grave crisis económica que dejó en el país más de 50.000 personas sin trabajo y que afectó severamente a todas las actividades económicas.

Por otra lado, se abandonó por completo el proyecto de Balmaceda tendiente a modificar el régimen bancario existente y crear el Banco del Estado. Los bancos particulares continuaron realizando sus negocios dominados por un espíritu especulativo cada vez más desenfrenado. Siguiendo la inspiración de algunos banqueros, en 1892 se intentó una conversión metálica que no produjo otros resultados que favorecer a los bancos. Tres años más tarde, en 1895, la conversión metálica fue realizada; su duración fue efímera, ya que en 1898 -otra vez por presión de los bancos- debió restablecerse el curso forzoso del papel moneda. En estas operaciones contradictorias, las instituciones bancarias lograron pingues beneficios; mientras tanto, el peso fue puesto en el plano inclinado que lo condujo a su constante desvalorización, como lo revelan los siguientes datos:

1890 24 1/16 peniques
1892 18 13/16
1893 15
1894 12 9/16
1895 16 13/16
1896 17 7/16
1897 17 9/16
1898 15 11/16
1899 14
1900 16 4/5

Desde 1892, el Gobierno se abstuvo de tomar iniciativas que favorecieran el desarrollo de la producción industrial o que estimularan de un modo significativo las fuerzas productivas del país. Incluso la atención que se dispensó durante la Administración Balmaceda a la educación pública fue abandonada, como lo revelan los siguientes datos:

Año Presupuesto de gastos en el Ministerio Educación Tipo de cambio
1890 7.282.240 24 peniques
1892 4.932.639 18
1893 4.172.882 15
1894 4.620.379 12
1895 5.843.615 16
1896 5.582.304 17
1897 5.603.142 17
1898 5.556.474 15
1899 5.980.040 14
1900 7.784.255 16

Todos estos hechos concluyeron por desprestigiar totalmente al régimen surgido de la guerra civil; en cambio, la figura de Balmaceda comenzó a adquirir en el alma popular y en el espíritu de vastas capas de la población, los contornos de un héroe que fue capaz de llegar hasta el sacrificio de su vida en defensa de los intereses de la Nación y del pueblo. La desilusión alcanzó a hombres que con entusiasmo y honestidad secundaron a los rebeldes del 91; así, el año 1894, Francisco Valdés Vergara, al hacer un estudio sobre la situación económica de Chile, escribía:

"La liquidación de la revolución dio los siguientes resultados:

"1. Gastos de más de $ 100.000.000;

"2. Emisión de $ 20.000.000;

"3. Pérdida de 10.000 hombres útiles para las actividades económicas;

"4. Perturbación grave del crédito del fisco y del comercio de Chile;

"5. Predominio en la dirección financiera de la República de un grupo reducido de personas que representaban las grandes fortunas, cuyos intereses confunden con los intereses generales del país" (2)

Y Valdés Vergara, severo juez de los rebeldes a quienes ayudó con fervor, agrega más adelante:

"Doloroso es confesarlo, pero es lo cierto que con las mejores intenciones de servir al país, de impulsar su progreso, de purificar su política, los hombres que hicieron la revolución y los que fuimos servidores de ella, hemos causado a Chile daños mayores que los bienes prometidos. Nunca pudo aplicarse con más verdad que a la presente situación de Chile que aquella frase tan amarga de Bolívar, al contemplar, en su agonía, el desquiciamiento político de la República de Colombia: "Los que hemos luchado por la Independencia de América hemos arado en el mar." Sí, en el mar hemos arado también los que servimos de buena fe a la revolución de 1891. Estérilmente fueron sacrificados los chilenos muertos durante la guerra civil.

"Falta ahora en la Moneda la voluntad imperiosa que todo pretendía avasallarlo y que llegó a imaginarse que no necesitaba del Congreso para gobernar; pero, en cambio, hoy tenemos en el orden político al Ejecutivo anulado ante un Congreso anarquizado por las fracciones de los antiguos partidos, y en el orden administrativo, el dominio de un grupo privilegiado de personas, la influencia disimulada de intereses egoístas que están habituados a absorber cuanto los rodea". (3)

He aquí la opinión de un hombre que estuvo contra Balmaceda, pero que al cabo de muy pocos años no pudo ocultar su desencanto al observar que la guerra civil fue hecha solamente para que un grupo privilegiado de personas pudiera hacer prevalecer sus "intereses egoístas" por sobre la justicia, los derechos y los intereses del pueblo.

Dueña del Estado, la reacción procedió a reestructurarlo de acuerdo a sus conveniencias. Desde luego, quedó establecido el régimen parlamentario mediante una interpretación -no escrita y aceptada por todos- de la Constitución de 1833. Con ello las fuerzas económicas y sociales dirigentes aseguraron el predominio de un Poder público al cual tenían más fácil acceso, al que podían controlar con mayor efectividad y desde el que su representación más genuina estaba en condiciones de actuar en equipo y en forma perfectamente organizada. Se complementó esta medida con la Ley de Comuna Autónoma que colocó el poder electoral bajo la tuición de esos mismos grupos, especialmente de los grandes terratenientes conservadores; de este modo, el "gran elector" que había sido el Presidente, fue reemplazado por "grandes electores locales" o "caciques" que surgieron en todas partes. Finalmente, quienes promovieron un violento trastorno con el disfraz de la libertad electoral y de la pureza de los actos cívicos, anularon el sufragio universal y desvirtuaron el régimen representativo de Gobierno con el empleo de procedimientos sucios y corruptores, entre los cuales el "cohecho" y el "acarreo de carneros" fueron los más degradantes de todos; con ellos, las contiendas electorales se transformaron en asquerosas ferias en las que el voto se compraba con pesos, con empanadas y con vino. Con tales mecanismos y con estos vicios transformados en norma, la democracia chilena sólo existió en el papel; la dirección total del Estado quedó en manos de una minoría orgullosa dotada de fuerte espíritu clasista; por algo, en una oportunidad, Eduardo Matte, miembro de una familia de banqueros, pudo exclamar:

"Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio." (4)

Y estos dirigentes gobernaron el país con la mentalidad de malos terratenientes que manejan su hacienda; demostraron una incapacidad absoluta para mirar hacia el futuro o para tomar iniciativas perdurables. Los treinta y cinco años de régimen parlamentario hicieron agudo contraste -por su esterilidad- con los cinco años durante los cuales Balmaceda ejerció normalmente su mandato. Con razón Ricardo Donoso señala que la reacción de 1891 produjo los siguientes resultados:

"La intervención del Gobierno fue reemplazada por el dinero y los sillones parlamentarios pasaron a ser el adorno de los acaudalados y la expresión ostentosa de los elementos plutocráticos. Comenzaron entonces a turnarse los gabinetes... El poder público perdió toda su eficacia y los problemas se iban acumulando sin que encontraran solución... El desquiciamiento de la administración pública alcanzó limites increíbles, interviniendo los diputados y senadores hasta en los más insignificantes asuntos de la administración de las provincias." (5)

Finalmente, los elementos ultramontanos y clericales, que desde hacía treinta años estaban a la defensiva cediendo importantes posiciones políticas e ideológicas, comenzaron a recuperarse vigorosamente. El Partido Conservador logró transformarse en una fuerza de primer orden y a gozar de una influencia decisiva en la marcha de los asuntos públicos gracias a su numerosa y bien cohesionada representación parlamentaria. La Iglesia por su parte, restableció su influjo social y compensó con creces las pérdidas que había experimentado durante la República liberal. Desde estos ángulos, la "revolución" del 91, creó situaciones que ya habían sido superadas a partir de 1861.


Notas:

1. Claudio "Droguen: Legislación Salitrera, pág. 35.

2. Francisco Valdés Vergara: La Situación Económica y Financiera de Chile, pág. 29.

3. Ibid., pág. 72.

4. "El Pueblo", 19 de marzo de 1892.

5. Ricardo Donoso: Desarrollo político y social de Chile desde la Constitución de 1833, pág. 104.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02
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