Balmaceda y la contrarrevolución de 1891

Capítulo VII

CONCEPTO TRADICIONAL SOBRE LOS ANTECEDENTES DE LA GUERRA CIVIL

La Guerra Civil de 1891 es uno de los episodios de nuestra historia que ha provocado la mayor atracción, en los hombres de estudio: así se explica que sobre ella exista una nutrida bibliografía. La profusión de estos trabajos ha contribuido poderosamente a obscurecer la índole de sus antecedentes y los móviles de sus actores. No obstante, ya existen los materiales suficientes para exponer con objetividad y sin "parti-pris" los antecedentes y la naturaleza de este conflicto.

El examen de tan violenta conmoción conduce a una conclusión en la que todos los autores están de acuerdo: ella se produjo como consecuencia del antagonismo entre el Presidente de la República, quien contaba con el respaldo de un reducido sector partidista, y el Congreso Nacional, tras el que se aglutinó la mayor parte de las fuerzas políticas actuantes en el país. Este es un hecho que no admite discusión y justamente él ha servido de base para las explicaciones que durante muchos años se han dado a tan trascendental conflagración.

En efecto, con distintas formas y aderezada con variados y -a veces atractivos elementos secundarios, se ha expuesto la siguiente tesis:

La guerra civil no fue un fenómeno de improvisado carácter, sino el resultado de la evolución experimentada por nuestra vida institucional "desde una época muy anterior al recuerdo de los más viejos políticos contemporáneos y a la que vinieron a servir, sin quererlo, hasta las encontradas ambiciones e intereses de los hombres" (1). Su estallido no fue, por tanto, sino la culminación violenta de un proceso determinado por dos órdenes de fuerzas: el liberalismo por una parte, y las aspiraciones políticas de la aristocracia, por otra.

Desde que el liberalismo hizo su aparición en el escenario político chileno, levantó vigorosamente una bandera reformista que tendía -entre otras cosas- a producir una efectiva restricción en las atribuciones que la Carta Fundamental confería al Presidente de la República; se procuraba por este medio destruir el régimen autocrático establecido por los constituyentes de 1833, estructurando -en cambio- un orden político que asegurara al Congreso una situación de franco predominio entre los poderes del Estado; a este propósito respondieron las distintas reformas de que se hizo objeto a la Constitución y por este mismo propósito sólo podía realizarse plenamente mediante la instauración del parlamentarismo, fórmula constitucional a la que los liberales adhirieron con entusiasmo.

Los elementos de la aristocracia conservadora, si bien eran irreductiblemente antagónicos con las postulaciones del liberalismo y habían contribuido en otra época al establecimiento del llamado régimen portaliano, propiciaron también el debilitamiento del Poder Ejecutivo cuando constataron -durante la Administración de Manuel Montt- que un Gobierno fuerte podía escapar en cualquier momento a su control y dañar sus intereses de clase (2); fue así cómo la aristocracia conservadora se empeñó vivamente en producir un fenómeno de descentralización política que entregara a poderes más fácilmente controlables por ella -en particular el Legislativo y el Municipal- la mayor suma de atribuciones y responsabilidades.

Las apuntadas tendencias políticas lograron realizarse gradualmente; su primera y más señalada materialización estuvo representada por las reformas constitucionales de 1871, 1873 y, sobre todo, de 1874; el Congreso fue ganando atribuciones e independencia.

En estas circunstancias, José Manuel Balmaceda ocupó la Presidencia de la República. Voluntarioso y versátil, movido por un irresistible afán de poder y por un excesivo amor propio, presionado por violentas fuerzas anímicas, ofuscado por el ejercicio del mando e insensible a las profundas transformaciones experimentadas por el país durante casi medio siglo, Balmaceda se alzó como una barrera infranqueable frente a las aspiraciones liberales y conservadoras. Sus concepciones políticas y su actuación, inspiradas en principios autoritarios como los que otrora sustentaron Portales y Manuel Montt, le condujeron a un desorbitado cesarismo; así, tuvo la pretensión de imponer sucesor en la dirección del Estado, intentó reducir los partidos políticos a la categoría de agrupaciones amorfas y sumisas a su voluntad omnipotente. Todo esto, en suma, lo llevó no sólo a pretender la contención de la tendencia parlamentarista, sino a procurar la extensión del ámbito de las atribuciones presidenciales, reduciendo -a la inversa- las del Congreso.

Situaciones como las expuestas tuvieron variadas expresiones; él año 1889,

"al aproximarse la época de las elecciones presidenciales, la cuestión candidatura comenzó a agitar los ánimos." (3)

y con ella resurgieron vigorosamente aspiraciones muy caras a sectores políticos dominantes y mayoritarios del país. Se acusó a Balmaceda de prohijar una candidatura presidencial que trataba de imponer a los partidos.

Y así comenzó ya abiertamente el conflicto. La mayoría del Congreso, a pesar de su notoria falta de unidad, se mostró adversa a estas intenciones e inició -entre 1889 y 1890- una cohesionada y enérgica lucha por alcanzar el control del Poder Ejecutivo a través de gabinetes parlamentarios, que fueran dóciles ejecutores de la voluntad del Congreso; levantó también las banderas de la libertad electoral y de la independencia de los partidos frente al Presidente de la República. Balmaceda, en cambio, se afirmó en la tesis del Gobierno presidencial, negó al Parlamento el derecho a imponerle secretarios de Estado y sostuvo que él no abdicaría sus atribuciones ante ningún poder.

He aquí expuesta, en síntesis, la explicación que tradicionalmente se ha dado a la guerra civil. Según ella, este conflicto no estuvo motivado sino por factores de naturaleza estrictamente política y sus causas radicaron en la existencia de dos conceptos discrepantes respecto de las prerrogativas que en virtud de la Constitución correspondían a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.


Notas:

1. R. Salas E.: Balmaceda y el Parlamentarismo en Chile. Tomo I, pág. 6.

2. Diversos autores -Encina, Eyzaguirre y otros- han aceptado la tesis expuesta por A. Edwards en su obra "La Fronda Aristocrática"; de esta manera, sostienen que la aristocracia chilena, en razón de su calidad de clase dirigente, por obra de arraigadas tradiciones y aun por la acción de una especie de herencia o predisposición racial, poseía "un espíritu casi selvático de libertad y de fronda" que la hacía tener una actitud "casi siempre hostil a la autoridad de los gobiernos y a veces en abierta rebelión contra ellos" (ob. cit., págs. 16-17 y 19).

El hecho objetivo es que los miembros de esta clase han demostrado a lo largo de toda la historia de la República un odio "casi selvático" por la libertad de quienes no forman parte de sus círculos o de quienes eran adversarios de sus intereses políticos, sociales, ideológicos o económicos; es así cómo contribuyeron a la instauración de la autocracia portaliana y la respetaron mientras les fue útil y funcionó en su provecho; es así también cómo todas las medidas represivas que ha conocido el país hasta el día de hoy, han sido inspiradas por los componentes de esta clase social, o han contado con el activo respaldo de ella; la única libertad que la aristocracia ha amado ha sido la suya propia, libertad que, por lo demás, es consubstancial con su calidad de clase dirigente.

3. A. Edwards V.: Bosquejo histórico de los partidos políticos chilenos, pág. 96.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02
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