Balmaceda y la contrarrevolución de 1891

Capitulo V

ACCIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO DE BALMACEDA

Desde el Gobierno, Balmaceda inició resueltamente la realización de lo que se pudiera considerar su programa de acción gubernativa. El análisis que haremos de su actividad, revela, por una parte, cuan imbuido estaba de los principios que sustentaba; por otra, nos pone frente a un estadista en el verdadero sentido de la palabra, esto es, frente a un hombre que concibe un plan de Gobierno y lo ejecuta en todas sus partes, sin claudicaciones de ningún género.

1. Obras públicas.

Balmaceda, como ningún otro Mandatario en Chile, elaboró e hizo realidad un vasto plan de obras públicas. Comprendió que la necesidad de aumentar las fuerzas productivas del país así lo exigía; y, de acuerdo con la más sana doctrina, se dio cuenta también que había necesidad de aprovechar en obras reproductivas y en trabajos que procuraran un mejoramiento de las condiciones de vida de la población, los cuantiosos ingresos que proporcionaba la industria salitrera. Por último, también vio con claridad, que mediante ellas, se acelerarían las transformaciones económicas y sociales, y por tanto, políticas y culturales que el país tan urgentemente reclamaba.

En este aspecto,, la labor gubernativa provocó la más tenaz y a veces enconada oposición; también contra ella se agitó a la opinión pública a través de sostenidas campañas de prensa, en la que se daban a conocer razones adversas a las iniciativas y a la acción del Gobierno. Conviene analizar brevemente los argumentos esgrimidos por los opositores, a fin de hacer luz sobre los móviles que los guiaban y los intereses que defendían. "El Independiente", con fecha 5 de junio de 1889 escribía:

"Las rentas fiscales crecen año a año, el sobrante aumenta en proporciones hasta ahora jamás previstas. . . Así se explica el que por todas partes no se hable ya de otra cosa que de grandes construcciones públicas y que la cal y el ladrillo sean la vil materia en que parece que por decreto de los dioses va poco a poco convirtiéndose todo el riquísimo y deslumbrante metal que hasta ahora habíamos imaginado era un don privilegiado con qué la bondadosa fortuna satisfacía su lujoso capricho de regalarnos.

"Desgraciadamente, presenciando este brillante juego de millones, hay siempre allí un testigo silencioso, mudo y triste, y que parece ofender la vista de los jugadores. Todo eso que allí brilla debía ser suyo, constituir su herencia, su patrimonio, y, sin embargo, él está desnudo. ┐De qué sirven esos hermosos palacios que se construyen para escuelas, por ejemplo, si no podrá enviar a ellas sus hijos, porque no tiene con que vestirlos? El contraste de esa brillante opulencia y de su dura y triste miseria no puede ser más amargo, ni engendrar en el otros sentimientos que los que la expoliación social produce y ha producido siempre entre los que son sus victimas."

Las verdaderas razones, demagógicamente envueltas por el citado diario del Partido Conservador, fueron puestas al descubierto por "El Ferrocarril" el 1║ de junio de 1889 cuando afirmaba que con ese plan

"... todos se sienten bajo la influencia de esa atmósfera artificial que no descansa en una base sólida de prudente previsión. Este malestar de los intereses particulares que forma contraste con la exuberancia de un fisco rico y pródigo de dineros nacionales, tiene forzosamente que reflejarse en todas las manifestaciones de la vida política".

De esto se deduce que había ciertos "intereses particulares" descontentos con la acción del Gobierno y se indicaba, en seguida, que ese malestar necesariamente debía repercutir en las esferas políticas representativas de esos intereses. Por supuesto, esas repercusiones fueron adversas a Balmaceda.

Variadas fueron las causas determinantes de esta actitud. El plan de obras públicas estaba modificando de una manera favorable a las clases asalariadas el mercado del trabajo y promovía, por otro lado, profundas transformaciones sociales. Así, en "La Tribuna", se informaba el día 20 de abril de 1889:

"Alza de jornales. Con motivo de las innumerables obras públicas que se construyen en la actualidad en toda la República, los jornales han subido desde un año a esta parte de un modo digno de ser notado por nuestros economistas. A los peones que antes se les pagaba sesenta centavos por día, sin ración, se les abona en los edificios en construcción noventa centavos y se les da una ración que equivale a veintiséis centavos al día. Los empresarios del ferrocarril transandino tienen reunidos, en un corto tiempo, más de cuatrocientos trabajadores, a los cuales se les abona un jornal de un peso cincuenta centavos diarios. En poco tiempo más, los empresarios de dicha obra abrigan la confianza de completar el número de mil jornaleros, con los cuales puedan llevar a término sus trabajos en breve espacio de tiempo".

Por su lado, incidiendo en este mismo asunto, el diario "Ecos de los Andes" decía el 18 de abril:

"El mal aumenta. A la escasez general de trabajadores y ya subido jornal, pésimo estado de las viñas y mala calidad de los productos en general, se agrega ahora el subido precio con que la empresa del ferrocarril Clark se está atrayendo a la mayor parte de los peones. Los vinicultores se ven hoy día en la imperiosa necesidad de pagar el mismo jornal de la empresa para poder concluir en debido tiempo sus cosechas. Muy conveniente seria que la empresa pusiera todo empeño en atraer de otros pueblos el resto de la peonada que necesita".

Sintetizando estas maneras de apreciar el problema, en "El Ferrocarril" se escribía lo que sigue:

"El país ha hecho siempre justicia a los patrióticos propósitos de la concepción de estas obras, como también a los grandes resultados que serán su consecuencia. Las divergencias han versado únicamente sobre la manera y oportunidad para realizarlas. No sin fundamento se ha considerado con inquietud la considerable absorción de brazos en obras públicas, cuando la actividad creciente de la industria, de la agricultura y de la minería demandan un concurso mayor de hombres de trabajo para la vitalidad normal de todas esas fuentes de producción y de riqueza pública.

"Es un hecho al alcance de todos que, en la actualidad, no estando todavía en ejecución los ferrocarriles y demás obras fiscales proyectadas, se ha transformado por completo las condiciones de trabajo. La carestía de los jornales y salarios alcanza proporciones inquietantes, y más que todo la escasez de brazos disponibles para dar a los trabajos el impulso que conviene a su próspero desarrollo y terminación." (1)

Estos juicios de la prensa reflejaban fielmente el sentir de los latifundistas, quienes, preocupados de las proyecciones negativas para sus intereses de la política impulsada por Balmaceda, buscaban la manera de neutralizarlas. Así, en la sesión celebrada por la Sociedad Nacional de Agricultura el 15 de abril de 1889, N. M. Cox presentó a la consideración del directorio un estudio sobre las causas que estaban produciendo

"el malestar agrícola en el país",

señalando como una de ellas

"... el empleo de numerosos brazos en las obras fiscales que se inician y construyen", (2)

Oídas estas explicaciones,

"... el señor Matte manifestó que a su juicio existían otros puntos que convendría tratar. Entre otras consideraciones, hace presente que convendría reducir el subido salario que hoy ganan los trabajadores". (3)

A través de los documentos anteriormente expuestos, se puede apreciar que la oligarquía terrateniente comprendió que el plan del Gobierno estaba directamente encaminado a la destrucción del sistema semifeudal de trabajo de que había usufructuado secularmente; más aún, comprendió que su predominio económico y social estaba amagado, razón por la cual correspondería

"... al Congreso hacer entrar en vereda al Gobierno y tomar las medidas conducentes para mejorar la situación económica del país".

Esto lo escribía "El Estandarte Católico", órgano del clero y del Partido Conservador, en su edición del 4 de junio de 1889. En este párrafo es posible advertir que los conservadores veían en el Congreso el instrumento eficaz, susceptible de ser empleado para salvaguardar sus intereses de clase. Además, cuando se hablaba de "mejorar la situación económica del país" se quería significar, simplemente, mantenimiento del retraso que imperaba en el campo y del bajo nivel de vida del campesinado, que era fuente de ganancias para los terratenientes.

Otras razones de la oposición que venimos estudiando las da el citado "Estandarte Católico" en un artículo titulado "Antes lo necesario que lo conveniente" y en el que se dice:

"El señor Balmaceda está empeñado en adquirir para su nombre la gloria de haber cruzado el país a lo ancho y a lo largo de caminos de hierro, de haber levantado palacios para la instrucción, aumentado el material de la marina y del ejército, abierto puertos y construido diques: en suma, haber dado impulso vigoroso al progreso industrial y material. Pero en esta prodigalidad espléndida para todo lo que brilla, en este reparto fastuoso de millones en obras de mera utilidad y de dudosa conveniencia, no ha reservado ni un maravedí para mejorar la situación económica del país, para aliviar al pueblo de la carga abrumadora de los impuestos, para acelerar la conversión metálica, para procurar el bienestar general con la disminución de la miseria."

En otro párrafo se agregaba:

"Con el florecimiento extraordinario de las rentas nacionales, florecimiento que permite invertir muchos millones en obras de lujo, una gran parte de , las contribuciones se cobra sin derecho por parte del Gobierno . . ." (4)

Conceptos semejantes a éstos se pueden hallar en diarios como "El Heraldo", "La Libertad Electoral", "El Ferrocarril" y, en general, en la prensa representativa de los intereses dominantes en la vida económica de la República, en aquella prensa que expresaba -sin ambages- únicamente las conveniencias de quienes tenían en sus manos la riqueza privada del país. En estos juicios aparecían expuestas dos causas de la oposición a los planes del Gobierno: a) se quería reducir los presupuestos de gastos fiscales mediante la reducción de los ingresos al erario público, y b) se deseaba aprovechar el excedente de las entradas ordinarias para producir la conversión metálica.

Lo primero significaba que los banqueros, agricultores, mineros e industriales procuraban evitar el cercenamiento de sus ganancias ocasionado por la tributación vigente. Es decir, a través de estas proposiciones intentaron hacer prevalecer sus intereses inmediatos, subordinando a ellos los intereses más grandes y permanentes de la República. Al preconizar tales puntos de vista, estos elementos se desentendían de los efectos que su realización podría producir en el posterior desarrollo de la economía nacional, uno de los cuales -el más grave- tendría que ser la mayor dependencia de ésta con respecto al capital extranjero, lo que consumaría la definitiva deformación de la estructura económica de Chile.

En cuanto a la conversión metálica, ciertos elementos la planteaban con el carácter de una cuestión que no admitía espera. Los banqueros la anhelaban con el fin de crear los conductos a través de los cuales pudiera llegar a sus manos la abundante riqueza fiscal.

Aún más, aparte de las razones expuestas, había quienes estaban temerosos de los efectos políticos que pudiera producir el plan de obras públicas. El senador José Clemente Fabres, durante la discusión a que dio lugar el despacho del proyecto relativo a la construcción de ferrocarriles, expresó:

"No puedo disimular el alcance político que envuelve el proyecto en debate. Por el se va a conferir al Ejecutivo, al Jefe del Estado, un poder inmenso: se va a poner en sus manos elementos y medios tan numerosos para ejercer una influencia irresistible en la masa del país, que realmente pueden llegar a peligrar las libertades públicas, principalmente la de elecciones" (5)

Entre los más enérgicos opositores a los proyectos auspiciados por Balmaceda, estuvo el político conservador Carlos Walker Martínez. Sus intervenciones en el Parlamento, inspiradas en un apasionado y fanático sentimiento de repulsión hacia el liberalismo, también exponían las razones por las cuales su Partido era contrario a la gestión económica del Gobierno. Entre esas intervenciones, es de singular interés la que hizo el 24 de noviembre de 1887, con motivo de la discusión del presupuesto para el año 1888. En esa oportunidad, dio a conocer los siguientes puntos de vista:

1. Sostuvo que los gastos proyectados para 1888 eran excesivos:

"Yo afirmo -decía- que en las circunstancias actuales, en vez de pensar en aumentar nuestros gastos, debemos pensar en aumentar nuestras entradas, mediante la mas rígida economía y la más escrupulosa inversión de los caudales públicos."

2. Después de señalar lo anterior y contradiciendo su afirmación relativa a la necesidad de aumentar las entradas fiscales, propiciaba la reducción de los impuestos como una manera de aprovechar prudentemente las riquezas que proporcionaba la provincia de Tarapacá. Basaba- esta demanda en una afirmación peregrina, que no resistía el menor análisis; sostenía, sin fundamento alguno, que en cuanto a contribuciones. Chile era uno de los países que las tenía más fuertes y que cada ciudadano chileno debía soportar gravámenes que casi duplicaban a los que recaían sobre los habitantes de Inglaterra y España y que eran mucho mayores que los pagados por alemanes, franceses o austríacos.

3. Luego, argumentaba así:

"Dar 40.000.000 de pesos al Presidente de la República, además de lo que le , han dado las facultades abusivas de nuestros malos hábitos de indolencia y egoísmo, es acabarlo de hacer señor de vidas y haciendas, con el innumerable número de empleados, de construcciones, de contratos que esos 40 millones de pesos significan."

Estas consideraciones, como se ve, carecían por entero de fundamentos económicos y tenían un alcance netamente político. Lo que Walker Martínez buscaba, en forma lisa y llana, era la más absoluta pasividad del Gobierno, no solamente para disminuir el radio de su acción y debilitarlo, sino también para impedir cualquier cambio sustantivo en la conformación de la vida nacional.

4. Lo expuesto le permitía llegar a la siguiente conclusión:

"Yo estoy decididamente por la economía de los presupuestos. La cuestión es si pueden hacerse. Afirmo que sí, y voy a las grandes partidas.

Veamos estas "grandes partidas", pues, a través de ellas se puede medir en toda su integridad el espíritu reaccionario que animaba al fogoso dirigente conservador:

"Un millón doscientos mil pesos en edificios para escuelas, es algo que no puede ser, porque no nos hacen falta, y hacerlos de nuevo es enteramente lujo y despilfarro. Esas escuelas existen, si no tan espléndidas como el Gobierno quiere, bastante buenas para llenar su objeto. Y aunque no tuviéramos en propiedad los edificios que se propone construir, ┐no sería posible tenerlos en arriendo? ...

"Segunda economía que puede y debe hacerse. Los demás edificios, que suman más de un millón de pesos. Entre ellos, aparece una Academia Militar, teniéndola en buen estado; una Escuela de Medicina, que también la tenemos; un internado de 400.000 pesos, que también lo tenemos: todo inútil.

"┐Dónde se han educado o formado los actuales señores ministros? En el Instituto Nacional. Allí está perfectamente sano, capaz de vivir muchos años más para servir de cuna al liberalismo de los futuros tiempos; y, sin embargo, se edifica uno nuevo ... Parece que hay empeño en tirar los dineros a la calle ...

"Otra economía de notoriedad evidente: la colonización. Son doscientos o trescientos mil pesos. ┐Para qué? Para traer gente inútil. Yo no comprendo cómo se convencen los hombres de Gobierno de que la inmigración forzada, artificial, siempre da fatales resultados, y que lo único racional y científico es promover la inmigración natural y espontánea...

"Otra economía: Los 700.000 de las guardias nacionales, que son absolutamente inútiles...

"Otra economía: El Registro Civil. Es cerca de medio millón de pesos en números redondos ...".

De lo transcrito, y del texto íntegro del discurso que examinamos, queda en evidencia un solo hecho: Walker Martínez -y por ende el conservantismo- patrocinaba la esterilidad gubernativa; y esto lo hacían en defensa de sus intereses económicos, sociales, políticos e ideológicos; para ellos, un Gobierno manejado por "los más fervorosos "sectarios del liberalismo", debía ser reducido a la más absoluta y completa inercia.

En suma, de lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la oposición levantada contra el propósito de Balmaceda tendiente a dotar a Chile de las obras necesarias para su progreso, no obedeció sino al afán de hacer primar las conveniencias y los intereses de los terratenientes, por una parte, y de los banqueros por la otra. Unos, porque estimaban amenazadas las bases de todo su poderío económico y social y veían alzarse -en cambio- formas económicas nuevas que aminorarían su significación en el país. Los otros, como ya se ha dicho y como se verá más adelante, porque aspiraban a tener un beneficio directo de la ingente riqueza que afluía a las arcas fiscales. Por consiguiente, todos los argumentos en que se hablaba de la "miseria del pueblo" y en que se hacían alusiones a ese "testigo silencioso, mudo y triste", a quien ofendía el "brillante juego de millones", eran falaces y se empleaban únicamente para encubrir intereses que no eran los del pueblo ni los de la nación.

Los opositores usaron todas las armas de que podían disponer, aun las más vedadas, para hacer prevalecer sus puntos de vista. Se llegó a la calumnia y al desprestigio. "El Mercurio", a raíz de la inauguración del viaducto del Malleco, publicó el siguiente comentario el 30 de octubre de 1890:

"Si se dejara hacer a S. E., construiría ferrocarriles de todas dimensiones v de todos tamaños entre Camarones y Punta Arenas... así daría de comer a muchos hombres y tendría listos cien mil en caso de peligro."

"El Heraldo", con fecha 10 de abril de 1889, en un artículo titulado "Vidas Paralelas: Lagojannis (6), North, Balmaceda", decía:

"Lagojannis, North y Balmaceda se asemejan en los medios de que se valen para llegar a su fin; los tres procuran como los prestidigitadores llamar la atención por medio de gesticulaciones y palabras para que el público no les vea las manos en el momento de hacer la trampa... Balmaceda recorre las provincias alabándose a sí mismo y va repartiendo, como propios, los millones del Estado... bota por la ventana, cada año, tantos millones como los que North ha podido juntar en toda su vida... murmura: "mi estrella no ha de eclipsar, porque siempre habrá serviles"... es el hijo calavera que despilfarra en obras locas y alegres saraos la herencia de sus abuelos."

A pesar de esta conjunción de poderosos intereses que actuaba en sentido contrario al suyo, Balmaceda acometió la tarea de realizar, como se ha dicho, el más vasto plan de obras públicas que registra nuestra historia. Para percibir la magnitud de él, basta señalar que una parte substancial de los gastos públicos realizados durante esta Administración se destinaron a esta finalidad, como lo revelan los siguientes datos:

Años Gastos ordinarios y extraordinarios en obras públicas Total de gastos fiscales Ordinarios y extraordinarios %
1889 12.036.796 46.092.535 26%
1890 14.899.161 59.390.144 25%
1886 26.196.417 75.063.376 35%

Aun en plena guerra civil, el Gobierno de Balmaceda destinó $11.326.728 a obras públicas, esto es, el 15% del total de gastos fiscales.

En los años siguientes a 1891, esta clase de inversiones fueron inferiores a los de 1890 y representaron también un porcentaje mucho más bajo del total de egresos fiscales; además de esto, la disminución en el valor de la moneda contribuyó a que las inversiones efectivas en obras públicas fueran decididamente menores que las hechas en 1890.

a) Ferrocarriles y caminos. Dentro del cuadro general de construcciones, dio especial preferencia a los ferrocarriles y caminos; estaba convencido de la imperiosa necesidad que había de fomentar la agricultura, las industrias, la minería y el comercio mediante la formación de una vasta red ferroviaria y caminera que facilitara sus operaciones y que desarrollara nuevos centros e producción a lo largo de todo el país. Su concepción sobre el valor de los ferrocarriles es explícita en todos sus discursos, pero tomó la forma literaria más hermosa cuando en una oportunidad dijo:

"Así como las aguas fecundan la campiña árida y seca y la vuelven risueña y la cubren de mieses, así la locomotora y sus carros de acero abren en el valle y en la montaña el surco donde germina el trabajo, se acrecientan los productos, se derrama el capital y se agita la población que vive con el sudor de su frente." (7)

A fines de 1887 fue presentado un proyecto de ley por el cual se pedía autorización y el correspondiente financiamiento para construir las siguientes líneas: Victoria a Osorno (403 kilómetros) , Coihue a Mulchén (43 kilómetros), Santiago a Melipilla (59 kilómetros), Calera a La Ligua y Cabildo (76 kilómetros), Salamanca a Illapel y Los Vilos (128 kilómetros), Vallenar a Huasco (48 kilómetros), y desde la estación del Mercado Central de Santiago a Barnechea o El Peñón. En total se proyectaba la construcción de 1.200 kilómetros, en circunstancias que la red existente no pasaba de 1.000. En el Congreso el proyecto fue muy resistido; en su contra se utilizaron argumentos de toda índole, afirmándose, por ejemplo, que él no obedecía a una necesidad pública urgente, que gravaba a los ciudadanos con una pesada carga, y que no era aconsejable si se tomaban en cuenta las verdaderas conveniencias del país. No obstante, los cuerpos legislativos le dieron su aprobación, y el 20 de enero de 1888 se dictó la correspondiente ley.

Además, Balmaceda hizo públicos sus propósitos de construir el ferrocarril longitudinal norte que uniera la Zona Central con la provincia de Tarapacá, y varios tramos, del cual fueron consultados en la Ley de 1888.

Junto a las iniciativas realizadas por cuenta del Gobierno, se dio autorización a la firma Clark para construir un ferrocarril transandino que uniera a Los Andes con Mendoza, y a la firma Bustamante para que construyera otro, siguiendo las márgenes del río Laja y atravesando la cordillera por el Paso de Antuco. También la Compañía del Ferrocarril de Taltal fue autorizada para prolongar sus líneas.

En diversas oportunidades, Balmaceda exteriorizó sus deseos de expropiar los ferrocarriles particulares. En el discurso que pronunció en Iquique el 9 de marzo de 1889 expresó:

"Aspiro a que Chile sea dueño de todos los ferrocarriles que crucen su territorio. Los ferrocarriles particulares consultan necesariamente el interés particular, así como los ferrocarriles del Estado consultan, antes que todo, los intereses de la comunidad, tarifas bajas y alentadoras de la industria, fomentadoras del valor de la propiedad misma."

Días más tarde, el 17 de marzo, en la ciudad de Antofagasta, renovó estos conceptos al decir:

"No está lejano el día en que se consume la expropiación de los ferrocarriles particulares en toda la República..."

Conforme a estas ideas, en octubre de 1888 el Gobierno había presentado un proyecto de ley que lo autorizaba para expropiar varios ferrocarriles del Norte Chico. En la respectiva exposición de motivos se informaba que

"... siendo esos ferrocarriles de propiedad particular y debiendo, por consiguiente, consultar antes que todo el provecho de los empresarios, las tarifas son hasta tres y cuatro veces más altas que las fijadas por los ferrocarriles del Estado en el centro y sur de la República. De aquí proviene la estagnación de la minería y de la agricultura por la sujeción a especuladores que utilizan en vasta escala el esfuerzo de grandes y pequeños industriales, con grave y manifiesto perjuicio de la industria y de la producción general".

Este proyecto no prosperó en el Parlamento; sin ser discutido, pasó a comisión. Cabe advertir que estos ferrocarriles que se pretendía expropiar, eran de propiedad británica; la presentación del mencionado proyecto produjo visible malestar en los círculos financieros londinenses; muy expresivo fue a este respecto un editorial titulado "Expropiation of the Anglo-Chilian Railways", que apareció en "The South American Journal" el 9 de febrero de 1889.

En la provincia de Tarapacá, la Compañía del Ferrocarril Salitrero (The Nitrate Railways Company of Tarapacá), sociedad inglesa, había obtenido del Gobierno peruano, con anterioridad a la Guerra del Pacífico, un verdadero monopolio en su favor. En 1886, el Gobierno de Chile declaró la caducidad de tal monopolio, en atención a que la Compañía no había dado cumplimiento a ciertas disposiciones del contrato respectivo. Se generó de este modo un largo conflicto judicial que, en 1889, por iniciativa de Balmaceda, fue sometido a la jurisdicción del Consejo de Estado. Este organismo ratificó lo hecho por el Gobierno y dio término legal a un odioso monopolio que lesionaba el desarrollo de la industria salitrera. La decisión del Gobierno tuvo serias repercusiones políticas y diplomáticas. La Compañía del Ferrocarril Salitrero recurrió al Congreso en busca de protección, argumentando que lo. resuelto en su contra vulneraba la Constitución y las leyes; de esta manera, la Compañía se implicó en el violento conflicto existente entre el Presidente de la República y el Congreso. Además, hizo presentaciones al Foreign Office, en reiteradas oportunidades, para lograr que el Gobierno británico la apoyara, por la vía diplomática, en sus demandas. Entre las presentaciones hechas en este sentido, se puede citar una de John Thomas North, en uno de cuyos párrafos decía:

"Me atrevo a pedirle ahora que tenga la bondad de instruir al ministro en Santiago para que proteste contra la grosera violación de los derechos del ferrocarril salitrero que el Gobierno chileno está llevando a efecto." (8)

El Foreign Office actuó con gran celeridad, accediendo a esta petición; fue así cómo el 13 del mismo mes, el Ministro inglés en Santiago entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile un memorándum en que expresaba su oposición

"a la infracción por parte del Gobierno chileno a los privilegios exclusivos, formalmente conferidos a la Compañía de Ferrocarriles Salitreros por el Gobierno del Perú, en concesión fechada el 26 de octubre de 1871" (9)

A esta presentación nuestro Gobierno contestó altivamente, haciendo notar que

"no hay materia que pueda ser objeto de intervención diplomática en el asunto sobre el cual versa el memorándum referido, asunto que como todos los que se relacionan con aquel contrato se encuentra bajo el exclusivo imperio de la soberanía nacional". (10)

De la reseña hecha, se puede concluir que la política ferroviaria de Balmaceda obedeció a las siguientes ideas directrices:

a) conectar los extremos de la República (Iquique por el Norte y Puerto Montt por el Sur) por medio de una gran línea central; b) construir ramales que dieran salida a la costa a importantes zonas productoras del interior; c) expropiar los ferrocarriles particulares, y d) terminar con el monopolio ferrocarrilero ejercido por una compañía inglesa en Tarapacá.

Complementando las medidas anteriores fue dispuesta la reorganización de los Ferrocarriles del Estado, cuya ley orgánica de 1884 adolecía de serios defectos.

En cuanto a caminos, durante la administración de Balmaceda se construyeron más de 1.000 kilómetros de caminos de diferentes tipos. La mayor parte de ellos se hizo con el fin de facilitar la colonización de la zona ubicada al sur del río Bío-Bío.

Para vencer los obstáculos opuestos por el relieve y por los ríos al avance de los ferrocarriles y caminos, fue preciso construir alrededor de trescientos puentes de todas dimensiones, entre los que se destacan el viaducto del Malleco y los puentes sobre los ríos Maule, Nuble y Bío-Bío, notables y audaces obras de ingeniería.

b) Obras de higiene y salud públicas. Hasta fines del siglo, la población chilena careció de una serie de elementos capaces de proteger eficazmente su salud; las ciudades no disponían de convenientes servicios de agua potable ni alcantarillado; los hospitales eran estrechos y se hallaban mal acondicionados, etc. Como resultado de esto, la población estuvo expuesta a graves enfermedades endémicas y epidémicas que contribuían a mantener altos coeficientes de mortalidad y morbilidad; entre las epidemias, la del cólera -que apareció a fines de 1886- revistió caracteres catastróficos, ya que cegó miles de vidas y perturbó por algún tiempo la tranquilidad pública.

El Gobierno, justamente alarmado por esta situación, encaró la tarea de sanear las ciudades. Alrededor de veinte de ellas fueron dotadas de servicios de agua potable y en otros casos estos servicios fueron ampliados. Se crearon algunos hospitales, se ensancharon otros y se construyó una veintena de nuevos locales para estos establecimientos; con éstas y otras medidas, fue beneficiada de un modo efectivo la higiene pública y se mejoraron notablemente las condiciones sanitarias en que vivía la población.

c) Otras construcciones públicas. Para completar la dotación económica del país, como asimismo para atender a las necesidades de importantes servicios públicos, entre 1887 y 1890 se realizaron otras valiosas construcciones.

Fueron habilitados diez puertos con muelles y malecones, con lo que pudieron activar y hacer más eficiente el tráfico. Con el fin de que barcos nacionales" y extrajeres dispusieran de los medios para ser reparados, se construyó un dique seco en Talcahuano, lo que materializó una vieja y sentida aspiración; en distintos puntos de la costa se levantaron alrededor de treinta faros de diferentes categorías para proteger la navegación. También se construyeron numerosas estaciones ferroviarias con sus bodegas anexas, se tendieron lineas telegráficas con una longitud aproximada a los 1.500 kilómetros y se perfeccionó el servicio de correos, haciéndolo más extenso y construyendo para ellos y el telégrafo locales en distintas ciudades.

También se construyeron más de ochenta edificios para establecimientos educacionales con capacidad para unos 35.000 estudiantes, lo que significó un .paso decisivo en el progreso de la educación pública.

Atendiendo a la necesidad de modernizar el inhumano sistema carcelario, fueron construidos dieciocho centros penales de diversa categoría, estableciéndose en ellos celdas individuales llamadas a disminuir los efectos de la degradante promiscuidad en que vivían los reclusos.

También varias reparticiones públicas y militares pudieron contar con nuevos edificios, entre los cuales podemos mencionar las intendencias de siete provincias, numerosas gobernaciones, el palacio del Ministerio de Industrias y Obras Públicas, la Escuela Militar, la terminación de la Escuela Naval, y otros cuya lista sería largo enumerar.

Por último, se procuró el mejoramiento de algunas ciudades. Así, fue canalizado el río Mapocho; se pavimentaron numerosas calles y se abrieron otras en Santiago, Valparaíso, Concepción, etc.

Un hecho que merece destacarse en el plan de obras públicas, es que para su realización el Gobierno puso en práctica una política de discriminación deliberada y sistemática en contra de empresas constructoras británicas; a la inversa, celebró contratos muy importantes con empresarios de otras nacionalidades, especialmente franceses y norteamericanos. Esta ostensible actitud antibritánica que aparecía como dominando en las esferas gubernativas de nuestro país, no pasó desapercibida en los círculos londinenses ni en la Legación de Inglaterra en Chile.

El 25 de septiembre de 1890, el Ministro de Inglaterra, Mr. Kennedy, presentó al Foreign Office el informe confidencial y comercial N║ 8 en el que expresaba:

"Yo no he cesado de observar que los contratos de Gobierno para trabajos públicos en Chile han sido concluidos principalmente con firmas francesas y en algunos casos con alemanas, en vez de hacerlo con inglesas como fue anteriormente la norma";

luego, en este documento hay una enumeración de los principales trabajos (dique, puentes, etc.), cuya construcción había sido encomendada a Creussot y otras firmas francesas (11). El hecho de que la representación inglesa hubiera estimado necesario poner en conocimiento de su cancillería estas materias, es índice seguro de que se concedió importancia a la actitud asumida por el Gobierno de Chile. Y no era para menos; un experto diplomático como Kennedy tenia que ver en estos hechos y en otros semejantes, una peligrosa tendencia contraria a los intereses británicos que era preciso controlar y conjurar de algún modo.

Por otro lado, en la prensa británica esta situación también mereció comentarios. "The Economist", en su edición del 15 de noviembre de 1888, al dar cuenta que nuestro Gobierno había entregado a una firma norteamericana la construcción de algunas vías férreas, expresa:

"debe lamentarse que las empresas británicas en Chile hayan recibido tal golpe".

"The South American Journal", en un editorial del 28 de abril de 1888 titulado "Chilian Railway Contracts" señala que con respecto a los contratistas ingleses que pudieron haberse presentado a las propuestas abiertas para la construcción de ferrocarriles,

"el Gobierno Ejecutivo de Chile no está actuando bona fide en está materia";

sostenía esta opinión porque a Inglaterra se mandaron tardíamente y en forma incompleta las bases de las propuestas respectivas, creándose así obstáculos artificiales para que en ellas participaran firmas inglesas.

2. Política financiera.

Desde la dictación de la Ley General de Bancos del año 1860, se establecieron en el país numerosas instituciones bancarias, las cuales gozaron de liberales facilidades emisoras. Pudo de esta manera constituirse un núcleo de banqueros que, al amparo de las

"... pésimas prácticas bancarias permitidas por dicha ley..." (12)

llegó a tener una influencia decisiva en la marcha de las finanzas nacionales.

Los momentos críticos por los que pasó el erario fiscal en 1866, con motivo de la guerra con España, y la crisis económica general que culminó con la inconvertibilidad del papel moneda en 1878, fueron oportunidades aprovechadas por los banqueros para realizar buenos negocios; incrementaron sus emisiones y obtuvieron concesiones de diversa índole que les reportaron apreciables beneficios. Ilustra esto el siguiente hecho: En 1878, el Gobierno autorizó nuevas emisiones de billetes, a fin de que los bancos cubrieran un empréstito levantado para servir impostergables obligaciones; lo lógico hubiera sido que las emisiones autorizadas no excedieran al monto total del empréstito; sin embargo, ellas fueron cuatro veces superiores; el empréstito ascendió a $ 2.525.000 y los bancos obtuvieron el derecho para emitir hasta $ 10.100.000 por el término de diez años. La fiebre emisora, impulsada por el incontrolado afán especulativo de algunos banqueros colocó a los bancos al borde de la quiebra, razón por la cual el Estado fue en su auxilio estableciendo la inconvertibilidad. A juicio de Fetter, hechos como éstos indican que hubo

"relaciones indeseables entre el Gobierno y los Bancos y el mal sistema bancario" (13)

Facilitó el desarrollo de estas relaciones la acción que los banqueros realizaban en el plano político; muchos de ellos eran destacados miembros de los diversos partidos y ocupaban posiciones de influencia en el Parlamento o en el Gobierno de la República.

Como era de esperar, estas operaciones se tradujeron, de inmediato, en una depreciación del peso, lo cual, por otra parte, satisfacía los intereses inflacionistas de los endeudados terratenientes. A este respecto es necesario tener presente un hecho señalado por diversos economistas nacionales y que el norteamericano Fetter sintetiza en las siguientes palabras:

"Hay algo paradojal en el hecho de que un país gobernado en el pasado por una aristocracia conservadora, con una historia política tan estable y con un crédito público tan excelente, haya debido pasar por una experiencia monetaria tan desagradable. La explicación de ello se encuentra principalmente en el fuerte endeudamiento de sus terratenientes y en su predominio en las esferas gubernativas" (14)

Con motivo de la guerra contra el Perú y Bolivia, el Gobierno se vio precisado a hacer emisiones de papel moneda que llegaron a $ 28.000.000. Hacia 1880 el total de papel moneda en circulación llegó a $ 35.559.885. .

El favorable término de la guerra proporcionó al fisco grandes recursos financieros; un verdadero torrente de oro afluía a sus arcas. Se despertó entonces el interés de los banqueros por establecer la conversión metálica, interés que, por lo demás, era también compartido por importantes sectores de la opinión pública. Resultado de estas aspiraciones fueron: el retiro de pequeñas cantidades de billetes ($ 1.912.084 entre 1882 y 1886), y el proyecto de ley presentado al Congreso en 1886 que proponía:

1. Retirar mensualmente de la circulación la cantidad de $ 125.000 en billetes fiscales;

2. Pago del 10% de los derechos de aduana en metálico;

3. Exigencia de una garantía, en bonos del Estado, para las emisiones bancarias, y

4. Suspensión de las nuevas emisiones de los bancos mientras! las gubernativas no fueran reducidas a $ 16.000.000

Estas medidas estaban encaminadas a producir la contracción del circulante, a fin de alzar la cotización del peso; además, se pretendía formar la reserva metálica del Estado, aprovechando los derechos de aduana. También tendían a restringir las actividades emisoras de los bancos y a respaldar estas mismas emisiones con títulos del Estado. En una palabra, se tomaban medidas para producir la conversión metálica. Dentro de este cuadro de ideas, no se consultaba una modificación substancial del régimen bancario que, como lo preconizaba Manuel A. Zañartu, condujera a la formación de un Banco Nacional o del Estado, lo que era, sin duda alguna, una medida indispensable para regularizar la marcha financiera de la República. Por el contrario, los bancos contaban con la continuación de los beneficios que derivaban de la legislación vigente y de los privilegios que habían alcanzado en 1878.

El 14 de marzo de 1887 el proyecto fue convertido en ley; pero los representantes de los intereses bancarios en el Parlamento combatieron cualquiera medida que limitara o restringiera de un modo considerable las actividades bancarias o que amenazaran con disminuir los privilegios alcanzados. Una vez despachada, la ley contenía las siguientes disposiciones:

1. Anualmente se incinerarían 1.200.000 pesos de billetes fiscales hasta reducir la emisión a $ 18.000.000 (Art. 1║).

2. Durante los años 1887 y 1888 se invertirían anualmente; $ 1.200.000 en comprar pesos fuertes o pastas de plata, y en los siguientes, $ 1.500.000. Las monedas y el metal así adquiridos se depositarían en la Casa de Moneda y pasarían a constituir, la garantía de los billetes fiscales de curso forzoso (Arts. 3║ y 4║).

3. Los bancos no podrían emitir en billetes al portador, sino una cantidad igual a su capital efectivo, quedando exentos de esta obligación los bancos que habían hecho emisiones en conformidad al contrato de 1878 (Art. 6║).

4. Los bancos garantizarían el 50% de la emisión con pastas metálicas o títulos de la deuda del Estado, de las municipalidades de Santiago y Valparaíso o cédulas de la Caja de Crédito Hipotecario (Art. 7║).

5. Los billetes de banco serían de 20, 50, 100 y 500 pesos (Art. 10).

El principal efecto de esta ley fue la reducción de la capacidad emisora del Estado, que garantizaba sus billetes con plata. Los bancos, en cambio, continuaban sus actividades sometidos a disposiciones muy liberales y sin que el volumen de sus billetes experimentara la menor disminución. Más aún: los bancos se beneficiaban con lo dispuesto por la ley, porque la cantidad de billetes de emisión fiscal disminuía, mientras la de billetes bancarios aumentaba, lo que permitía a éstos cumplir la función de aquellos; y, en segundo lugar, porque la bondad del billete fiscal, respaldado por una fuerte existencia en metálico, se comunicaba al billete bancario.

La Ley de 1887 estaba llamada sólo a preparar la conversión metálica; de ahí que durante el Gobierno de Balmaceda diversos elementos continuaran desplegando serios esfuerzos para lograrla en su integridad. Los banqueros se mostraban particularmente interesados en ella, toda vez que la conversión introduciría el factor estabilidad en el signo monetario, lo cual facilitaba considerablemente sus negocios. Pero, aparte de esta consideración de orden general, los bancos deseaban la conversión por dos razones:

1) Ella alzaba el valor de la moneda, pues la conversión debería hacerse elevando el valor del peso-papel, al que tenía el peso-plata. En 1889 esto significaba un aumento de 7 peniques por peso aproximadamente, si se toma en cuenta que el peso-plata se cotizaba a 33 3/8 peniques y el peso papel a 269/16 peniques;

2) Porque la conversión metálica la realizaría el fisco. En efecto, los bancos no disponían de reservas metálicas y el proceso de formarlas tendría que ser lento; el Estado, en cambio, organizaría las reservas y por obra de la natural circulación monetaria dentro del país, parte de esas reservas llegarían a las arcas bancarias sin que los banqueros hubieran invertido un solo centavo en constituirla. El negocio era de una claridad meridiana. Exponiendo este punto de vista, el senador Melchor Concha y Toro declaró en el Congreso lo que sigue:

"Si se quiere que los billetes de Bancos, grandes y chicos, se conviertan en metálico, el camino es muy sencillo: transforme el Estado la moneda legal en metálico, y sin necesidad de disposición nueva ninguna, el billete bancario representará moneda metálica.

"Si el billete de Bancos representa sólo papel, es únicamente por mandato de la ley y no por voluntad de los Bancos.

"Voy a probar lo que digo, si es que ello necesitara demostración.

"Según la ley que creó el papel moneda, éste es el único medio de relacionar todas las obligaciones, cualquiera que sea la forma en que se contraigan.

"Pues bien, si la ley se modificara en el sentido de permitir estipular en moneda metálica, entonces los Bancos podrían en sus transacciones contratar en metálico y, sin duda alguna, tendríamos una emisión representativa de la moneda metálica o su equivalente" (15)

En contra de la conversión metálica había autorizadas opiniones que daban, por lo menos, tres razones de considerable fuerza, algunas de las cuales eran compartidas por el Presidente de la República. Estas eran las siguientes: 1) Dada la estructura económica de nuestro país, la conversión no sería duradera. En efecto, la balanza de pagos desfavorable

"... debía forzosamente llevarnos, y muy ligero, a un completo desproveimiento monetario, dejando el comercio interior servido, cuasi del todo, por billetes, y la vitalidad industrial del país completamente a merced de los dueños de este artículo" (16)

A juicio de quienes sostenían esta posición, la conversión metálica sería un beneficio fugaz, puesto que en cualquier momento se podrían repetir las circunstancias que condujeron a la inconvertibilidad en 1878 (17). 2) Para realizar al conversión, sería necesario perturbar el plan de obras públicas en que se hallaba empeñado el Gobierno, con lo cual la holgura fiscal no sería aprovechada en crear las bases indispensables para el efectivo progreso económico general del país. 3) Si se realizaba la conversión, los bancos conservarían sus facultades emisoras y sus privilegios, lo que, tarde o temprano, comprometería el éxito mismo de la empresa.

Balmaceda soslayó con habilidad las intenciones de los intereses bancarios. En su Mensaje al Congreso correspondiente al año 1889, anunciaba que "... la hora del régimen metálico se ha alejado" y agregaba:

"Mientras la balanza económica no se nivele por el valor de la exportación chilena, todo empeño extraño a esta idea capital será inútil y los mejores esfuerzos resultarán frustrados. Es necesario alentar la industria de los cobres por todos los medios razonables, estimular la industria agrícola y la producción del salitre, y radicar en Chile al menos una parte de los cuantiosos provechos de la industria salitrera para llegar seria y eficazmente a la solución deseada".

Más tarde, en 1890, Balmaceda declaró:

"Las leyes de ocasión, los arbitrios de los banqueros y rentistas, las economías dirigidas a limitar los trabajos públicos no traerán a nuestro suelo el bienestar ni la conversión metálica" (18)

Al expresarse de este modo, Balmaceda daba formas a la más sana de las doctrinas financieras susceptibles de ser aplicada en nuestro país, es decir, a aquella que consideraba las modalidades propias de nuestra estructura económica y que hacía radicar la solución de los problemas financieros en la solución del conjunto de los problemas económicos que lo afectaban.

Esta actitud del Presidente de la República, si bien no era abiertamente hostil a los círculos bancarios, era, a lo menos, contraria a sus afanes expansionistas. En un artículo lleno de falacias, en el cual envolvía problemas de diversa índole, y empleando un tono calculado para impresionar a la opinión pública y a ocultar los verdaderos móviles que lo guiaban, "El Ferrocarril" escribió editorialmente el 2 de junio de 1889 lo que sigue:

"La ingente riqueza fiscal no tendrá otra aplicación que la de servir a la espléndida prodigalidad de ese programa (el de obras públicas) que inspira tan justificados recelos al espíritu de prudencia y previsión.

"Entretanto, el curso forzoso del papel moneda continuará minando por su base las fuentes de la producción y del bienestar nacional. El comercio y la industria seguirán a merced de las terribles oscilaciones del cambio, sin punto razonable de partida para sus cálculos y combinaciones. La depresión de los valores hará sentir sus estragos en todos los hogares e irá haciendo más precaria todavía la condición de la inmensa mayoría que no cuenta con más arbitrio ni fortuna que la remuneración de sus aptitudes personales de trabajo. El régimen de los sueldos y de las rentas ficticias, equivalente a la mitad o a los dos tercios de su valor nominal, se perpetuará con todas sus desastrosas consecuencias.

"En cambio, tendremos el espectáculo de un Fisco rico, gastando sin tasa ni medida los sobrantes acumulados a expensas de la angustiosa condición de los ciudadanos y de la vitalidad del comercio y de la minería"

Este cuadro sombrío pintado por "El Ferrocarril" y con él por diarios como "El Estandarte Católico", "El Mercurio", "El Heraldo" y otros, revela que los intereses bancarios estaban en una posición de ostensible antagonismo con la política financiera del Presidente. Este antagonismo se hizo tanto más agudo cuanto que en el pensamiento de Balmaceda tomaba cuerpo el propósito de crear el Banco del Estado.

En este sentido, sobre Balmaceda actuaban dos influencias vigorosas: una era su experiencia personal y la otra su amistad con Manuel Arístides Zañartu.

"Siendo campesino... se empeñó (Balmaceda) en abrir un canal para ampliar el riego de sus tierras y lo cogieron del cuello los Bancos y los intereses que equivalían a amarrar de pies y manos a un hombre de iniciativas propias" (19)

Esta experiencia negativa arraigó en él el convencimiento de que los bancos no tenían otra finalidad que enriquecer a sus propietarios y que el bienestar económico del país sólo les interesaba en la medida que sus propios intereses prosperaran. Manuel A. Zañartu había presentado al Congreso, en agosto de 1887, un proyecto de ley por el cual se creaba un Banco Nacional; estaba convencido de que los bancos ejercían una influencia perturbadora en .la marcha económica de Chile, razón por la cual estimaba que no se debía

"...dejar entregado el equilibrio general de los negocios del país a los cálculos y conveniencias de personas que no tienen la misión de ocuparse de su prosperidad, sino de la suya propia, como se ha hecho entre nosotros con los Bancos" (20)

Debido a estas influencias, se explica el siguiente hecho señalado por Emilio Rodríguez Mendoza:

"A poco de llegar a la Moneda, Balmaceda exteriorizó la idea de un Banco del Estado, lo que equivalía a echarse encima la banca nacional, acostumbrada a que el Estado le prestara al dos o tres por ciento los sobrantes que empezaba a dejar la industria salitrera y que dicha banca prestaba, a su vez, a los particulares al ocho o al nueve por ciento .. ." (21)

Si Balmaceda exteriorizó esta idea, la verdad es que ella no vino a tomar forma sino cuando la ruptura entre el Ejecutivo y el Parlamento llegó a ser violenta. Antes no lo hizo, quizás si para evitar que los poderosos intereses bancarios se alarmaran y dificultaran el desarrollo de toda su política económica.

Desde fines del año 1889 y principalmente en el curso del año 1890, los banqueros intentaron, por medio de iniciativas parlamentarias, conseguir lo que no habían logrado del Gobierno. Así, el 15 de octubre de 1889, la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley tendiente a acelerar las medidas para producir la conversión metálica. En el respectivo informe se decía:

"La Comisión mixta encargada de estudiar las medidas que sea urgente proponer en la situación financiera actual, ha creído que se impone, en primer lugar, la reforma de la Ley de 14 de marzo de 1887 que no ha producido los efectos que de ella se esperaron.

"Algunas de las disposiciones de esa ley han sido posteriormente modificadas ... otras no han podido llevarse a efecto sino en proporción muy reducida: las que prescribían la compra de pastas metálicas; subsisten únicamente aquellas que restringen la circulación del billete bancario, con lo cual se originan perturbaciones que día a día serán de efectos más visibles. Para volver a la circulación metálica es menester retirar el papel moneda, y esto no se conseguirá si se aumentan en vez de disminuir las causas que lo hagan necesario. Negando a los bancos la libertad de emitir billetes menores de veinte pesos e imposibilitándolos para entrar en las oficinas recaudadoras de las contribuciones, no puede avanzarse en la incineración del papel moneda sin exponer al país a las perturbaciones de escasez de circulante ... Las bases del proyecto son:

"1. Aumentar la incineración de papel moneda en $ 800.000 anuales hasta reducirlo a $13.000.000.

"2. Suprimir el recargo actual y cobrar en plata fina los derechos de aduana, a contar desde el 19 de enero de 1895.

"3. Declarar convertible en plata fina, también desde esa fecha, el papel del Estado.

"4. Permitir a los Bancos que emitan billetes menores de $ 20 y declarar que sean todos ellos recibidos en arcas fiscales, obligándolos al mismo tiempo a garantir el total de sus emisiones con un 70% en valores públicos y el resto en metálico, el que se enteraría por sextas partes en cinco años" (22).

Discrepando con este informe que constituyó una tentativa para hacer prevalecer los intereses de los banqueros, un diputado presentó otro de minoría. Lo transcribimos en su mayor parte, porque, a través de él se puede conocer una opinión muy generalizada respecto de los verdaderos móviles que guiaban a los banqueros al preconizar en la forma que lo hacían, la conversión metálica:

"...la circulación metálica no se ha conseguido, no por electo del papel moneda, sino que existen otras causas de perturbación que es preciso remover.

"Entre estas causas, en mi concepto, debe apuntarse el exceso de circulación de los billetes de Banco, que se ha producido por efecto de las relaciones entre el Fisco y los Bancos en términos de que hayan podido desempeñar, como han desempeñado en el día, exactamente el mismo rol que el papel del Estado... El remedio para corregir este mal debe buscarse entonces en procurar que se restablezcan las cosas a su estado normal, lo que sólo puede conseguirse impidiendo que el billete de Banco desempeñe el oficio de moneda y que quede destinado a su papel natural, o sea, facilitar las transacciones o las operaciones de los mismos Bancos.

"Para llegar a este resultado, no hay sino que desligar a los Bancos de toda relación con el Fisco, pues de este modo sus billetes no tendrán una circulación forzada, como la han tenido hasta ahora, limitándose su emisión a las necesidades reales y positivas del mercado.

"Mientras esas relaciones existan, será inútil todo esfuerzo que se haga para llegar a la circulación metálica. En vez de salvar las dificultades de la hora presente, no se conseguirá más que producir nuevas y más graves perturbaciones... Lo primero es asegurar la conversión en metálico de los billetes de Banco, pues sin ella el retiro del papel moneda o su convertibilidad no producirá resultado alguno, y antes, por el contrario, se producirán nuevos trastornos y más graves, como queda dicho.

"De aquí que yo no he podido aceptar ni que se derogue la ley de 1887 en la parte que fija el tipo de los billetes de banco, ni menos todavía que se autorice bajo ningún pretexto su admisión en arcas fiscales.

"El papel bancario no puede tener más circulación que la que naturalmente le corresponde, y permitiéndose la emisión de billetes de tipo inferior a los fijados en la ley de 1887, así como aceptando su admisión en arcas fiscales, s& la forzará, con lo que no se hará otra cosa que mantener por tiempo indefinido la situación por que hemos atravesado desde 1878 y cuyas funestas consecuencias estamos todos de acuerdo en deplorar.

"Es verdad que con esto el negocio de los bancos tendrá que ser menor en el primer momento; pero me parece que esta consideración no debe detenernos cuando está de por medio el interés general del país que tendría que continuar soportando los gravámenes enormes que le ha impuesto el orden de cosas creado con las leyes de inconvertibilidad primero, y las de sobre-emisión de papel moneda en seguida ... Porque la verdad es, y no me cansaré de repetirlo, que los capitales no se fabrican por simple medida de Gobierno, sino que se obtienen mediante la producción debida del comercio, la industria y el. trabajo. Todo lo que no proceda de aquí no contribuirá sino a la creación de situaciones ficticias, como la que tratamos de corregir, en que el beneficio del momento de los Bancos, representa una pérdida considerable que el pueblo no tiene por que soportar desde que no está llamado a participar de ese beneficio. El que suscribe considera que no tiene la ley para qué preocuparse del interés de los Bancos, pues ellos como los particulares, deben consultarlo en la medida de sus fuerzas y de sus recursos .. ." (23)

Las excesivas preocupaciones del Congreso impidieron que este proyecto fuera despachado; de todos modos, el deseo de los banqueros permanecía latente, esperando una mejor oportunidad para cristalizar.

El año 1890, cuando la ruptura entre el Gobierno y los círculos que controlaban el Congreso estaba planteada, el Parlamento dio su aprobación a los siguientes proyectos que estaban llamados a proteger y aún a ensanchar las actividades bancarias:

"Artículo, único. El retiro de los fondos fiscales, actualmente depositados en los Bancos de emisión, no se hará para depositarlos en arcas fiscales, sino que se girará sobre ellos a medida que lo exijan el servicio público y los compromisos del Estado".

"Artículo único. La emisión de los Bancos podrá hacerse en billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, y 500 pesos".,

"Articulo único. Los Bancos que soliciten que sus billetes sean recibidos en arcas fiscales, deberán garantir totalmente su emisión. Esta garantía se constituirá en la forma establecida en los incisos 1, 2 y 5 del artículo 7 de la ley de 14 de marzo de 1887 y se hará efectiva completamente al solicitar el derecho de admisión del 50% restante por cuotas semestrales de 5%.

"Se declara que el derecho de depositar los billetes fiscales, establecido por las leyes de 19 de agosto de 1880 y 5 de enero de 1881, sólo puede ser ejercido por los particulares".

Con estos proyectos se quería: 1) Obligar al Estado, por medio de una ley, a mantener el depósito de sus fondos en los bancos particulares, lo que tenía por objeto impedir la adopción de cualquiera medida gubernativa contra los bancos, y de mantener una reserva de billetes fiscales que respaldara sus propias actividades; .2) Extender la capacidad circulatoria de los billetes de emisión bancaria, y 3) Apresurar la tan anhelada conversión metálica. Balmaceda negó su aprobación al primero de estos proyectos y devolvió, modificados, los otros dos. Esta actitud del Presidente fue vigorosamente impugnada en el Congreso por Eulogio Altamirano, Joaquín Walker Martínez, Ricardo Letelier y otros parlamentarios, quienes alegaron que ella era producto del menosprecio con que el Presidente miraba al Congreso.

Al estallar la guerra civil, el Gobierno presentó al Congreso un proyecto que en sus dos primeros artículos decía:

"Art. 1. Los billetes bancarios registrados en la Casa de Moneda serán considerados como de emisión fiscal para todos los efectos legales".

"Art. 2. Los Bancos pagarán mensualmente al Estado el valor de su emisión registrada y, al efecto, abrirán al Fisco una cuenta corriente sobre la cual podrá girar hasta por el 15% del valor de la emisión".

Según expresión de un diputado, estas disposiciones borraban

" .... como con una esponja la ley de Bancos de emisión de 1860 y la de 1887 que introdujo algunas reformas a la de 1860" (24)

Llamado Manuel Arístides Zañartu a desempeñar las funciones de Ministro de Hacienda, el Gobierno se propuso realizar la vieja idea de crear el Banco del Estado. Al efecto, la Cámara de Diputados, en sesión de 9 de julio de 1891, tomó conocimiento del respectivo mensaje que, en su exposición de motivos, decía:

"La creación de un Banco con el concurso y supervigilancia del Estado.. es una de las maneras más eficaces para fomentar la riqueza y el trabajo╗ prevenir trastornos económicos y asegurar contra el agio y la influencia del unos pocos la vida económica de todas las industrias y del comercio honrado, por la acción y el concurso efectivo de la comunidad.

"El sistema de Bancos libres con derecho a emisión ha hecho época en Chile. Se ha resuelto que la emisión de los Bancos particulares concluya y es entonces indispensable crear el Banco que pueda hacerlo, tomando en consideración el concurso del Estado y los fines que con su establecimiento se propone realizar ... No habrá en esta institución clases bancarias, oligárquicas y directores del crédito, en provecho exclusivo de sus personas o para desarrollar influencias perniciosas en la política. El Banco será una institución que no hará grandes ricos . ..

"Corresponde al Banco el derecho exclusivo de emisión, y como su capital será considerable, la emisión tendrá las proporciones necesarias al cambio de las operaciones diarias".

Desgraciadamente, el desenlace que tuvo la guerra civil malogró tan útil cuanto necesaria reforma de nuestro sistema bancario; la creación del Banco Central, en 1925, vino a realizarla, aunque parcialmente.

3. Hacienda pública.

Durante la administración de Balmaceda, la situación económica del Estado puede ser calificada de espléndida. Un somero análisis de los presupuestos generales de la nación revela que anualmente había fuertes superávits de arrastre que se iban acumulando en tal forma, que hacia el año 1890 llegaron a la suma de $ 34.651.191.96, en circunstancias que el presupuesto de gastos para ese año alcanzaba a $ 55.389.306.70.

Esta holgura fiscal hizo posible el financiamiento de todo el plan de desarrollo económico nacional que se había propuesto el Gobierno y dio margen, además, a que algunos sectores abogaran por la eliminación de aquellos gravámenes que recaían sobre terratenientes o grandes empresarios. Ya hemos visto cómo se llegó a sostener que

"....una gran parte de las contribuciones se cobran sin derecho por parte del Gobierno ...".

En el Congreso estas ideas encontraban amplio eco; así, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 29 de noviembre de 1888, Ventura Blanco Vial manifestó:

".... de las declaraciones del señor Ministro resulta que, cubiertos los gastos para 1889, quedará una gran cantidad de fondos sobrantes. Yo abundo, señor Presidente, en las ideas que sobre contribuciones ha manifestado el H. Diputado por Petorca. Es indispensable poner mano sobre nuestro sistema tributario y disminuir los gravámenes que pesan sobre los contribuyentes".

Balmaceda participaba de las ideas que tendieran a simplificar el régimen tributario, pero no en cuanto ellas significaran una merma de las entradas fiscales, sino que remplazaran ciertos tributos por otros más racionales. En esta forma, se limitó a eliminar algunas contribuciones como el alcabala, que dificultaba las transacciones comerciales, la de privilegios exclusivos, la de haberes mobiliarios y los derechos de aduana que pagaba la internación de maquinarias y herramientas útiles al desarrollo económico del país.

Un rasgo notable de la política hacendaría de Balmaceda está señalado por el hecho de considerar a las entradas provenientes del salitre como entradas extraordinarias que debían ser invertidas en gastos también extraordinarios que, además de capacitar económicamente al país, proporcionaran al Estado fuentes de entradas ordinarias de carácter permanente. A este respecto en su ya citado discurso de Iquique, sostuvo:

"Debemos invertir el excedente de las rentas sobre los gastos en obras reproductivas, para que en el momento en que el salitre se agote o menoscabe su importancia por descubrimientos naturales o por los progresos de la ciencia, hayamos transformado la industria nacional, y creado con ella y los ferrocarriles la base de nuevas rentas y de una positiva grandeza".

Este propósito de eliminar el salitre como fuente de recursos ordinarios era de una trascendencia enorme, ya que sólo en esta forma se podía asentar la hacienda pública sobre bases sólidas y de relativa estabilidad, liberándola -además- de los vaivenes que la industria del salitre pudiera experimentar.

Los acontecimientos posteriores han demostrado plenamente cuan acertada era esta manera de pensar; si se hubiera aplicado en su integridad el punto de vista que Balmaceda tenía sobre estos asuntos, se habrían conjurado las graves crisis fiscales que se produjeron posteriormente cada vez que la situación del salitre se hacía precaria en el mercado internacional.

Además, Balmaceda sostenía que era preciso

"... aprovechar las épocas de prosperidad para difundir y ensanchar la enseñanza, fomentar la industria y la riqueza particular, elevar el nivel moral y mejorar por el trabajo perfeccionado, el bienestar de la población obrera, y administrar con mayor severidad y energía a medida que crece y se aumenta el tesoro nacional, es acopiar medios de vida para los instantes de crisis, no siempre previstos y a veces involuntarios, que sobrevienen a las naciones, aun a las más fuertes y mejor regidas" (25)

Una de las críticas fundamentales que se hizo a la administración de Balmaceda era que el Gobierno abusaba de los empréstitos para llevar a cabo el plan de habilitación económica del país. Pues bien, analizando esta afirmación, hemos llegado a constatar hechos que la desvirtúan por completo. En efecto, durante el Gobierno de Balmaceda se contrataron tres empréstitos en el exterior, que fueron los siguientes:

1. El empréstito de 1886, por 6.010.000 libras esterlinas, hecho con el objeto de cancelar los empréstitos de 1858, 1867, 1870, 1873 y 1875, cuyos saldos llegaban, en 1886, a 5.454.500 libras esterlinas y que significaban un gravamen anual de 501.746 libras. El nuevo empréstito demandaba, en cambio, un Servicio de 300.500 libras. Una pequeña cantidad de este préstamo, la suma de 315.000 libras fue gastada en pagar a los tenedores de la deuda peruana, lo que se hacía en conformidad a lo estipulado por el Tratado de Ancón. Este empréstito fue autorizado por ley de 27 de agosto de 1886, es decir, su gestación y aprobación legislativa se produjeron durante la Administración Santa María; fue contratado, sin embargo, con fecha 3 de noviembre de 1886, en los primeros meses de la Administración Balmaceda.

2. El empréstito de 1887 por 1.160.200 libras esterlinas, contratado para adquirir certificados salitreros emitidos por el Gobierno del Perú, lo que daba al Estado chileno la propiedad de setenta y una oficinas salitreras.

3. Por ley de 20 de enero de 1888, se autorizó la contratación de un empréstito por 5.000.000 de libras esterlinas, destinado a la construcción de 1.200 kilómetros de vías férreas. En conformidad a esta autorización, el 26 de julio de 1889 se contrataron 1.546.400 libras esterlinas con el Deutsches Bank de Berlín. Es interesante recalcar que éste fue el primer y único empréstito externo chileno que se colocó fuera de Inglaterra durante todo el siglo XIX; este hecho es revelador de dos cosas importantes:

a) que durante la Administración Balmaceda el Gobierno se orientó a entrar en relaciones con un centro financiero distinto del británico, y. b) .que ya por esta época Alemania rivaliza abiertamente con Inglaterra por ejercer alguna influencia económica en Chile. Estos dos hechos son altamente significativos, sobre todo el primero, ya que él demuestra que existe una tendencia a no fortalecer, sino más bien a debilitar la tradicional subordinación económica en que se hallaba Chile con respecto a Gran Bretaña.

Si se compara el ritmo con que creció la deuda externa entre 1886 y 1890, con el que tuvo antes y después de este período, se puede concluir .que se mantuvo el que había adquirido con anterioridad y fue, en todo caso, interior al que tuvo posteriormente.

En cuanto a la deuda interna ella disminuyó de ( 49.223.429, que era en 1886, a $ 42.385.139 en 1890.

Por consiguiente, Balmaceda no gravó la hacienda pública; de los 8.716.600 libras esterlinas pedidas, 6.010.000 lo fueron para convertir deudas anteriores, por lo que la deuda sólo aumentó en 2.706.600 libras que corresponden a los empréstitos contratados en 1887 y 1889. En cambio, la deuda interna bajó en $ 6.838.290.

Lo expuesto permite decir que entre 1887 y 1890, la hacienda pública de Chile fue sanamente administrada. En efecto, se mantuvieron constantes superávit presupuestarios, lo que era signo de la mesura con que se hacían los gastos públicos, a pesar de que ellos habían aumentado de un modo considerable por acción de una política económica esencialmente creadora. Además, se usó con prudencia del buen crédito que tenía la República en el exterior; se recurrió al arbitrio de los empréstitos sólo para financiar obras de indudable beneficio nacional. Por último, el régimen tributario fue modernizado mediante la eliminación de algunos impuestos que eran verdaderos resabios coloniales. En resumen, la hacienda pública pasó por uno de los períodos más florecientes de toda su historia y en el manejo de los caudales de la nación se nota la influencia de un espíritu previsor y progresista.

4. Política agraria.

Desde mediados del siglo XIX, las actividades agropecuarias habían logrado apreciables progresos bajo la influencia de una serie de factores favorables; no obstante, la supervivencia del latifundio y de relaciones de puro corte señorial en la vida agraria, actuaron de una manera decisiva para obstruir el impulso renovador que se hacía sentir sobre tales actividades; agravando estos factores de retraso, era notoria la falta de una enseñanza especializada que capacitara a la población rural para hacer la explotación del suelo en conformidad a ciertas elementales normas científicas; sólo existía en el país un centro de enseñanza y divulgación agrícola: la Escuela de la Quinta Normal de Santiago; en el mismo sentido negativo, obraba la escasez de caminos y ferrocarriles, lo que mantenía en forzosa inactividad ricas zonas alejadas de los centros de consumo.

Debido a esto, la posición de Chile como país agrícola desmejoró considerablemente, de tal modo que ya hacia 1880 se empezaba a insinuar la incapacidad de la producción agropecuaria nacional para satisfacer integralmente las necesidades del mercado interno.

Poco después de la Guerra del Pacífico, quedó consumada la conquista del territorio araucano; en 1883, fueron aplastadas las últimas manifestaciones de la resistencia indígena y las tierras de Arauco fueron "pacificadas"; finalizó así un proceso que si bien se había prolongado por más de tres siglos, sólo se pudo realizar de una manera sistemática y con relativa abundancia de recursos en plena República y a partir de 1860.

La conquista de Arauco significó la posesión, por el Estado, de una cantidad de ricos territorios susceptibles de ser entregados a una intensiva explotación; con ello la superficie agrícola del país se podía incrementar notablemente y también aumentaba la producción. De ahí que fuera preciso elaborar y poner en práctica planes de colonización que permitieran introducir a esos territorios nuevos elementos humanos que actuaran como nuevas y valiosas fuerzas productivas. En esta forma, el conjunto de la actividad agropecuaria se revitalizaría con considerable beneficio para la economía del país.

En estas condiciones, Balmaceda dio forma a una política colonizadora que, aparte de poner bajo explotación enormes territorios vírgenes, favoreciera la introducción de los nuevos adelantos agronómicos. Con fecha 20 de octubre de 1886, apenas transcurrido un mes desde su ascensión al poder, se impartieron instrucciones para producir la parcelación de terrenos en las vecindades de algunas ciudades del sur, procediéndose

"... a hijuelar en lotes que no excedieran de cincuenta hectáreas los terrenos disponibles a inmediaciones de las colonias. En cumplimiento de esta orden, se delinearon unas cien hijuelas cerca de Traiguén, Victoria y Purén" (26)

Para que la obra colonizadora fuera hecha en forma ordenada y conforme a planes que permitieran la radicación de colonos donde se necesitaran, en 1888 se intentó crear la Dirección General de Tierras, Colonización e Inmigración, para lo cual se envió al Congreso el correspondiente proyecto. Esta iniciativa no fue secundada por el Poder Legislativo, lo que movió al Gobierno a reorganizar la Oficina de Tierras y Colonización, por decreto de 28 de diciembre de 1889, fijándosele las siguientes funciones: velar por la conservación de los terrenos del Estado, ordenar la mensura y división de estos terrenos, y atender a la constitución de la propiedad indígena y a la instalación de colonos.

Resultado de esta labor fue el establecimiento de nuevas colonias o el progreso de las existentes en Victoria, Ercilla, Quillón, Purén, Temuco, Traiguén, Quino, Galvarino, Angol, Lautaro, Pitrufquén, Contulmo, Quechereguas y otros lugares.

Para estimular la incorporación de la zona a la vida nacional, en 1887 fueron creadas las provincias de Malleco y Cautín y se establecieron numerosas escuelas y otros servicios públicos que, aparte de facilitar las actividades de los colonos, implicaban la radicación de nuevas familias en los nacientes centros de la región. Simultáneamente con esto, se construyeron caminos y se inició la construcción de algunos ferrocarriles como el de Victoria a Osorno y de Coigüe a Mulchén.

El fomento a la inmigración complementó las medidas anteriores. Entre 1886 y 1890 llegaron al país 23.932 personas, lo que significa que en cuatro años de la administración de Balmaceda se cubrió cerca del 50% del contingente inmigratorio recibido por Chile entre 1849 y 1910 (27). Sólo en el período 1888-1889 fueron instaladas 331 familias que agrupaban 1.589 personas en las colonias del sur (28).

Constantemente el Gobierno pedía dineros para

"...fomentar la inmigración europea y norteamericana .." (29)

Fue así como entre 1886 y 1890, los gastos hechos en colonización experimentaron el siguiente aumento:

1886 $ 182.112
1887 187.866
1888 320.490
1889 1.048.490
1890 1.819.592

Esto significa que desde el último año del Gobierno de Santa María, hasta 1890, las inversiones fiscales en actividades colonizadoras aumentaron en un 900%. En los años siguientes a 1891, estos gastos fueron reducidos apreciablemente; en 1895 llegaron a $ 710.450 de 16 peniques y en 1900 a $ 563.058 de 16 peniques, en circunstancias que en 1890 los gastos se hicieron en moneda de 24 peniques.

También se hacía presente al Congreso que

"... desde Chiloé a Magallanes hay territorios vastísimos que conviene poblar y entregar a la actividad industrial" (30)

El año 1888, en el Mensaje correspondiente, Balmaceda informó al Congreso que:

"La colonización e inmigración continúa siendo uno de los más graves problemas de nuestra actividad industrial. Las colonias extranjeras en el territorio de Arauco tienen por objeto dar la norma de un progreso más avanzado que el nuestro al resto de la población nacional que se derrama en aquella región; y también producir la inmigración espontánea por las relaciones personales de los colonos y el éxito alcanzado en sus labores.

"Aunque los resultados obtenidos sean relativamente satisfactorios, la creciente actividad y riqueza pública y particular reclaman una corriente de inmigración variada y más vigorosa. No deben omitirse sacrificios para afirmar y ensanchar el cauce de la corriente inmigratoria, pues ellos tienen por objeto atender necesidades de importancia capital.

"En la formación de las colonias extranjeras de Arauco, puede darse cierta cabida a la colonización nacional y realizarse la venta de tierra en lotes más pequeños y al alcance de fortunas modestas. Sería ésta la manera de dar vida industrial a la vasta y fértil porción de la Araucanía.

Naturalmente, estas medidas perjudicaban ciertos intereses. Frente al latifundio de la Zona Central, surgía una nueva región agrícola que, por el volumen y el valor de su producción podía adquirir marcado predominio en la economía agraria nacional. De esta manera se explica que el diputado y eminente economista conservador, Zorobabel Rodríguez declarara en la Cámara -el 3 de mayo de 1887- lo que sigue:

"He sido y soy enemigo de la colonización artificial, porque considero que un país como el nuestro no debe derrochar dinero en ella. Creo que al emprenderla, se hace mal empleo de las rentas públicas y que el Gobierno extralimita sus facultades mezclándose en el movimiento de la población; no es correcto invertir los fondos públicos para atraer al país pobladores extranjeros cuando la población no aumenta, no por falta de potencialidad de nuestra raza, sino por falta de medios de subsistencias.

"Aunque no fuera enemigo de la colonización artificial, como lo soy en general, lo sería tratándose de Chile, porque, a mi juicio, este país no es un país de colonización artificial; nuestros terrenos no son apropiados para implantarla. Creo que ,no necesitamos un aumento de población, sino que, al contrario, tenemos de sobra con el impulso natural de nuestros pobladores, y si no existieran las causas que destruyen nuestra población al nacer, en poco tiempo podríamos alcanzar un aumento muy superior al que obtendríamos trayendo inmigrantes extranjeros durante muchos años".

Por su parte, "El Independiente", diario del Partido Conservador decía en su editorial del 19 de marzo de 1889:

"Desde hace largos años, venimos protestando sin descanso desde estas columnas contra el sistema de colonización seguido hasta ahora, y por medio del cual, a más de arrebatar al trabajador chileno el pedazo de tierra que ocupaba o podía ocupar, se le exigía, en forma de contribuciones, y tributo que era de vida, para costear de este modo el viaje de extranjeros menos capaces y menos fuertes, que venían a substituirlo en el trabajo y en el goce del suelo".

A través de estas palabras, se puede apreciar la forma como er recibida la política colonizadora de Balmaceda por los elementos de la oposición y, en particular, por aquellos que representaban a la tradicional aristocracia latifundista.

También la política agraria de Balmaceda tuvo otros aspectos. En 1887 se dictó una ley por la cual los propietarios de pequeños predios rurales quedaron exentos de pagar el impuesto agrícola. Además, se modificó el arancel aduanero con el objeto de facilitar la internación de máquinas y herramientas indispensables para la explotación de la tierra. Nuevas regulaciones relativas a la distribución de aguas fueron establecidas a fin de evitar, o al menos disminuir, los constantes litigios en que se veían envueltos los agricultores. Por último, teniendo en vista la necesidad de dotar a la agricultura de técnicos especializados, y como una manera de mejorar la capacidad de trabajo de los campesinos, fue perfeccionado el Instituto Agrícola y se crearon escuelas prácticas de agricultura en Elqui, San Fernando, Talca, Chillán, Concepción y Chiloé.

5. Política minera.

Al advenimiento de Balmaceda la industria minera constituía la principal fuente de riqueza nacional, pues sus productos cubrían los más importantes rubros de nuestras exportaciones y representaban, además, un factor considerable dentro del cuadro general de la producción.

Durante buena parte del siglo pasado, la minería tuvo como finalidad abastecer de materias primas a los grandes países industriales, especialmente a Inglaterra. El fundamento de esta actividad extractiva fue el cobre y la plata; a lo largo de varios lustros. Chile se destacó como el principal centro cuprífero de mundo; en algunos períodos, llegó a cubrir más del 60% de la producción mundial de metal rojo. A fines de la década 1871-1880, la minería del cobre entró en un período de franca crisis el precio del metal experimentó violento decaimiento en el mercado mundial, como lo revelan los siguientes datos publicado en "The Economist" (31):

Enero 1883 66.10.0 libras esterlinas la tonelada
Octubre 1883 62.10.0
Enero 1884 57. 5.0
Octubre 1884 54. 2.0
Enero 1885 48. 0.0

Como resultado de esto, la producción que alcanzó a 600.790 toneladas entre 1871 y 1880, bajó a 362.281 toneladas en el período 1881-1890, lo que se tradujo en la paralización de numerosos establecimientos mineros en las provincias de Atacama y Coquimbo, y en una serie de otras graves perturbaciones.

Balmaceda, que se dio cuenta de la magnitud del problema, insinuó una correcta solución; estimó que la minería chilena no sólo debía procurar materias primas al mercado externo, sino que además debía ser la base de una poderosa industria metalúrgica nacional; con ello, aparte de lograrse efectiva protección a la minería, se estimulaba la industria y se conseguía incrementar la riqueza pública y privada. Expresando estas ideas el 22 de marzo de 1889 pronunció en La Serena las siguientes palabras:

"Pero, señores, si la vida industrial╗de la provincia (Coquimbo) sufre hoy las zozobras de las oscilaciones del mercado de los cobres, como en el sur sufre parcialmente la industria agrícola, persuadámonos de que la industria minera y la agrícola necesitan convertirse en industrias de elaboración que estimulen los salarios, que vivan del consumo directo y no de establecimientos extranjeros o de sindicatos que juegan a las especulaciones inciertas de los juegos que precipitan.

"Si para iniciar los fundamentos de la industria elaboradora de los cobres fuera necesario el auxilio del Estado, yo creo que habría llegado el momento de poner la fortuna pública al lado de la industria cobrera y salvarla para bienestar nuestro y mantenimiento de las fuentes productoras del comercio exterior de Chile".

Desgraciadamente para la economía chilena, estas ideas no pudieron materializar en su oportunidad; a partir de 1889, el Gobierno de Balmaceda tuvo que hacer frente a una creciente oposición parlamentaria que le impidió traducir en hechos los propósitos recién mencionados.

El año 1874 se dictó en Chile el primer Código de Minas; él representó un avance considerable con respecto a la antigua legislación española que estuvo en vigencia hasta ese año. Sin embargo, contenía algunas disposiciones ambiguas y en su texto había una serie de vacíos que contribuían a debilitar las bases sobre las que reposaba la propiedad minera; esta situación facilitaba toda clase de litigios y pleitos que repercutían de un modo extremadamente negativo en la marcha de la industria. Por estas razones es que los intereses vinculados a la minería plantearon la necesidad de reformar el mencionado Código; no obstante, estas aspiraciones sólo vinieron a ser satisfechas en la Administración Balmaceda; por iniciativa del Gobierno, el año 1887 el Congreso se abocó al estudio de un nuevo Código el que fue despachado y promulgado al año siguiente. El Código de Minas de 1888 estuve en vigencia hasta 1930; le correspondió, por consiguiente, regular la base jurídica de la industria minera durante más de cuarenta años.

Así como Balmaceda comprendió el valor que la educación técnica tenía para la agricultura, entendió también que ella debía servir a la minería. Guiado por este propósito, creó escuelas prácticas de minas en Copiapó, La Serena y Santiago. De este modo se prepararía el elemento humano eficiente que debería participar en la explotación de tan importante rama de la economía nacional.

Dentro del campo de la política minera, una de las cuestiones más serias y delicadas que debió encarar Balmaceda fue la planteada por la industria salitrera, a que nos referimos en uní capítulo anterior.

6. Política industrial.

Uno de los rasgos salientes de la política económica de Balmaceda es el que se refiere a sus propósitos de transformar a Chile en un vigoroso país industrial. En todos sus discursos se advierte nítidamente esta preocupación que era expresada sin cesar, como si hubiera querido formar una sólida conciencia acerca de su significado y de sus proyecciones. Al pensar de esta manera, el Presidente se hacía intérprete de aspiraciones alentadas por aquellos grupos de industriales y comerciantes que habían vinculado sus intereses a la transformación de la estructura económica del país.

Desde que la industria del salitre fue incorporada, en diversos círculos se hacían reflexiones un tanto escépticas respecto de su porvenir y, por ende, de la duración de la prosperidad que ella pudiera proporcionar. De ahí que se pensara en que las rentas del salitre deberían ser invertidas en la creación de nuevas fuentes de riqueza de un valor más permanente.

A fin de impulsar un movimiento en tal sentido, en 1883 se pusieron las bases de la Sociedad de Fomento Fabril, organismo que nació con el propósito de llevar adelante la industrialización del país. En su prospecto encontramos el siguiente artículo que es como una voz de orden o un llamado a la conciencia pública:

"Chile puede y debe ser industrial. Probar esta idea hasta la evidencia, establecerla como máxima de todos, pueblo y Gobierno, pobres y ricos, llegar a hacer de ella el punto de mira y el solo objetivo racional de los hombres laboriosos y de los acaudalados capitalistas... Debe ser industrial por su agricultura; porque la feracidad de las tierras de todo el valle central reclama cultivos más ricos ... y en mucho mayor escala que lo que hasta ahora se hace. Y porque nuestro país, reducido en su extensión, comparativamente con otros que ya son productores de trigo, se verá obligado en algunos años más, y por la fuerza, a abandonar la exportación de este articulo... Debe ser industrial por su minería, porque su verdadera riqueza consiste no en reventones o vetas de plata o cobre con centenares de marcos en su ley, sino en sus montañas de metales pobres que ofrecen ganancia segura y verdadera por largos años al industrial inteligente... Debe ser industrial por las condiciones de su raza, inteligente y fuerte, apta para comprender y dirigir cualquier maquinaria a poco que se le enseñe y capaz de repetir cualquier trabajo con sólo encomendarlo a su proverbial entusiasmo y buena voluntad ... Debe ser industrial porque tiene los elementos para serlo: posee las substancias minerales de más alta importancia en abundancia extraordinaria: el cobre, el fierro, el carbón de piedra, el salitre y el azufre y con ellos el ácido sulfúrico y todos los productos químicos que la industria necesita para su establecimiento y desarrollo; tiene los elementos vegetales, maderas de todo género, lino, cáñamo de primera clase... y cuenta con productos animales, pieles, lanas y seda que pueden fabricar los más delicados trajes y tejidos. Sin que nada justifique que tan ricos y variados productos salgan de nuestro suelo a recibir en otra parte su elaboración definitiva y vuelvan en seguida a nuestro país a ser vendidos por precios que nos arrebatan mucho más que la ganancia de venta del artículo primo. Debe ser industrial, porque en conformación geográfica posee una fuerza de trabajo de un valor inmenso, que puede aprovecharse en todas las industrias hasta llegar a una producción más barata que la de todos los demás países. Esta fuerza es la corriente de los ríos, los que en el curso de la cordillera al mar se prestan por su declive a formar millones de caídas de agua que son otros tantos motores y fuentes de riqueza para el país.

"Y para terminar. Chile debe ser industrial, porque es el estado a que lo lleva su natural evolución de pueblo democrático y porque sólo dedicando sus fuerzas a la industria llegará a poseer la base estable del equilibrio social y político de que disfrutan las naciones más adelantadas, llegará a tener clase media y pueblo ilustrado y laborioso y con ello porvenir de paz y de engrandecimiento para muchas generaciones".

Tal vez pocos documentos como el transcrito señalaron, durante el siglo pasado, los rumbos que debía tomar la vida económica de la República, y el análisis que en él se hace de las posibilidades industriales de Chile -además de acertado- se adelantó en muchos decenios a los estudios hechos en los últimos años.

En la época anterior a Balmaceda, prácticamente no existían en Chile sino algunos rudimentos de industria manufacturera.. Su acrecentamiento tropezaba con la falta de capitales y con la política económica libre-cambista que no favorecía en absoluto sus posibilidades. Durante la Administración de Santa María se dieron los primeros pasos, por parte del Gobierno, para fomentar la industria nacional, entre los que se destaca la constitución de la ya mencionada Sociedad de Fomento Fabril. Balmaceda acentuó esta tendencia adoptando al efecto una política decididamente proteccionista.

Para actuar de este modo, fue preciso vencer la resistencia opuesta por ciertos elementos que, en razón de sus particulares intereses, eran adversarios del desarrollo fabril de Chile. Expresan esta oposición las siguientes palabras pronunciadas en la Cámara de Diputados por un parlamentario:

"Las industrias y las obras públicas no necesitan ser impulsadas por el Gobierno aniquilando las fuerzas vitales del país de una manera precipitada e inconsulta; ellas se abren paso a medida que se dejan sentir las necesidades de un modo imperioso" (32)

Para dotar al Gobierno de los instrumentos necesarios con que estimular la industrialización, en 1887, fue creado el Ministerio de Industrias y Obras Públicas, lo cual es un hecho que evidencia el espíritu proteccionista que inspiraba a las esferas gubernativas y que revela, también, una decisión clara para que el Estado desempeñara un papel activo en la marcha industrial del país. Al obrar así, Balmaceda empezó a realizar un pensamiento que insistentemente había formulado y que fue dado a conocer al Congreso en el Mensaje de 1887, en los siguientes términos:

"El activo y resuelto impulso a la industria nacional y el desarrollo incesante de la instrucción pública, mantenida por la acción y riqueza del Estado, forman las dos necesidades de carácter más propiamente nacional de nuestra época. Cumple al Gobierno, y con igual razón a los representantes del pueblo, la exacta apreciación de nuestro estado económico en sus fundamentos y en sus verdaderas manifestaciones, a fin de servir la industria chilena con los medios eficaces y directos que caen bajo el dominio y la aplicación del poder público",

Como una manera de dar forma práctica a estas ideas, fueron liberadas del pago de derechos de aduana

"... las máquinas, herramientas e instrumentos que se internen del extranjero con el objeto de plantear en el país alguna industria nueva o de perfeccionar las ya establecidas ..." (33)

Además, se procuró y se obtuvo la inmigración de técnicos, artesanos y obreros calificados. Por otra parte, en 1888 tuvo lugar en Santiago una gran Exposición Nacional, planeada con el objeto de mostrar al país las formas que podría tomar la contextura económica nacional si el común esfuerzo del Gobierno y de los empresarios particulares se aplicaba al desarrollo de las industrias, de la agricultura, de la minería y de la cultura.

Para preparar al elemento humano llamado a participar en las actividades industriales, Balmaceda estimuló la enseñanza industrial construyendo para la Escuela de Artes y Oficios un espléndido local, el mismo en que actualmente funciona, y lo ╗ dotó de bien montados talleres. También creó la primera escuela técnica femenina que hubo en el país y que estaba destinada a facilitar la incorporación de la mujer a las actividades económicas.

Finalmente, como una manera de estimular la actividad industrial, se encomendó a establecimientos fabriles nacionales la elaboración o construcción de una cantidad de elementos requeridos en el proceso de habilitación económica general del país; así, por ejemplo, en 1888 se contrató con los establecimientos de Lever y Murphy de Valparaíso la construcción de doce locomotoras para los ferrocarriles del Estado y las estructuras metálicas de numerosos puentes, entre ellos de los que se tendieron sobre los ríos Maule, Ñuble, Lircay y Perquelauquén.

Todo el esfuerzo desplegado por iniciativa del Gobierno fructificó ampliamente. Entre 1887 y 1890 empezaron a funcionar alrededor de cuarenta fábricas de cierta magnitud y algunas fundiciones y establecimientos metalúrgicos, entre los que se destaca el de G. Bash, en Santiago, que ocupaba aproximadamente cuatrocientos obreros. Además, las industrias textil, maderera, molinera y otras se perfeccionaron de un modo considerable modernizando sus medios técnicos de trabajo y ampliando el giro de sus actividades. En los años posteriores a 1891 se continuó proyectando la influencia benéfica de la política sustentada por Balmaceda; así, en el período 1891-1894, cerca de cien nuevas fábricas y talleres aportaron sus productos a la riqueza nacional (34).

7. Política educacional

Nuestros estadistas sólo ocasionalmente han comprendido en toda su magnitud las profundas conexiones que tienen los problemas educacionales con los económicos. Balmaceda se dio cuenta que dentro del plan llamado a modificar la fisonomía general del país, correspondía a la educación un papel de primer orden. De ahí que en el discurso-programa pronunciado cuando se le proclamó candidato a la Presidencia de la República, pudiera decir:

"Es la instrucción, la ley del espíritu y la moral aplicada con discernimiento a las acciones de los hombres. Ella constituye el más seguro fundamento de los derechos individuales y la más seria garantía de la prosperidad general. La influencia intelectual, los progresos del siglo, la experiencia y la previsión política, señalan el campo de la instrucción pública como el punto cardinal en que el liberalismo chileno habrá de probar su inteligencia, la superioridad de su doctrina y su positivo anhelo por los intereses del pueblo.

"En la organización completa del preceptorado, en la aplicación general de los métodos más adelantados de enseñanza, en la creación de nuevas escuelas, en la preparación de los medios prácticos que nos conduzcan a la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, en el ensanche y mejoramiento de los internados y externados de la instrucción secundaria, en la adopción de métodos y textos adecuados a los sistemas de enseñanza experimental y práctica, en la constitución del profesorado para la especialidad del profesor en cada ramo, en la fundación de escuelas especiales y propias para servir las industrias del país y, finalmente, en la reforma de la ley de instrucción . pública, encontraremos labor considerable, que requiere gran meditación y estudio, la consagración enérgica de nuestros más sanos esfuerzos.

"Considero que para emprender con fruto esta interesante reforma, es necesario aplicar las fuerzas vivas del Estado, y desterrar de los recintos de la enseñanza todo espíritu de intolerancia o de secta".

De lo expuesto se deduce que en la elevación del nivel cultural del pueblo, en el perfeccionamiento y desarrollo de la educación en todos sus grados, y en el estímulo de la enseñanza profesional, Balmaceda hacía radicar algunos de los elementos fundamentales que habían de mover a la República por el camino del progreso. Su comprensión de los problemas educacionales que confrontaba Chile era cabal, como lo demuestra, en los párrafos pertinentes, su primer Mensaje al Congreso Nacional, en el que decía:

"Pero la cuestión más seria e interesante que puede ofrecerse a nuestra contemplación, aquella que resume todo nuestro progreso intelectual, la que influirá más directamente en la formación del ciudadano, del obrero inteligente y del trabajo reproductivo, es la instrucción pública.

"Existen en Chile 862 escuelas fiscales, con 1.232 preceptores, 78.810 alumnos inscritos y una asistencia media de 47.780. También existen 532 escuelas particulares, con 750 preceptores aproximadamente, 27.860 alumnos inscritos y una asistencia calculada en 20.000. De modo que el número total de escuelas llega a 1.610, con 1.982 preceptores, 106.670 alumnos inscritos y una asistencia media de 67.780.

"Si al número total de inscritos se agregan los alumnos de seis a catorce años de edad que se instruyen en los colegios del Estado o particulares, y que se estiman en 7.000, se obtendrá una suma total de 113.670 en los establecimientos de instrucción en Chile... En resumen, hay 113.600 alumnos inscritos en los colegios y escuelas públicas y particulares, y hay 550.000 de seis a catorce años en estado de recibir instrucción.

"Aunque al número de alumnos inscritos se agregan los de seis a catorce años que han dejado la escuela por haber hecho su aprendizaje, resultará que la instrucción deja un vacío inmenso que llenar en la población del país. Y si se considera todavía la parte de población mayor de catorce años que no sabe leer ni escribir, llegaremos a comprobar un estado de depresión intelectual que hiere el sentimiento de nuestros deberes cívicos.

"Los locales para las escuelas son en casi todas partes inadecuados para la implantación de nuevos métodos, y sin las condiciones higiénicas y especiales que su implantación requiere. Todos los locales arrendados son inconvenientes ...

"Es preciso reconocer que lo que existe al respecto es imperfecto y deficiente. He adquirido el fundado convencimiento de que es menester una organización metódica constante y vigorosa, en su parte técnica y material, que comprenda todo el problema que se emprenda desde luego, de reconstrucción en que habrán de trabajar resueltamente tres administraciones a lo menos, si deseamos llegar alguna vez a establecer la instrucción primaria obligatoria y si queremos dar a cada uno de nuestros conciudadanos las nociones fundamentales de sus derechos y de sus deberes".

De esta exposición y de otros discursos relacionados con el problema de la educación pública, se puede deducir que las ideas cardinales de Balmaceda, en materias educacionales, tendían a lo siguiente:

1. Creación de amplias oportunidades educacionales para toda la población en edad escolar;

2. Fomento de la enseñanza técnica destinada a formar el ciudadano y al hombre apto para participar activamente en los procesos de creación de riquezas;

3. Superación del "estado de depresión intelectual" en que se hallaba el país, encarando el problema del analfabetismo;

4. Renovación técnica de la enseñanza pública y su dotación con los medios adecuados para que su acción fuera eficiente, y

5. Realización de una política educacional activa cuya meta fuera llegar "alguna vez a establecer la instrucción primaria obligatoria".

Conociendo las dificultades que debía vencer en este orden de cosas, Balmaceda estimó que sería

"... necesario un esfuerzo persistente y vigoroso para realizar estos propósitos en la actual administración y reservar a la futura la construcción de escuelas rurales que derramen en los campos la enseñanza moral e intelectual suficiente para levantar el nivel y las aptitudes de la clase obrera" (35).

La política educacional llevaba a cabo durante el Gobierno de Balmaceda fue la siguiente:

Educación primaria. Entre 1887 y 1890 fueron creadas alrededor de 300 escuelas primarias, lo que representó un aumento superior al 30% con respecto a las que existían en 1886. En el mismo lapso, el número de profesores subió de 1232, en 1886, a 1.800 aproximadamente, en 1890.

El 10 de agosto de 1887 se presentó un proyecto en el que, entre otras medidas, se consultaba el funcionamiento de la Superintendencia de Instrucción Primaria y el establecimiento de distritos escolares que tuvieran una escuela de hombres y otra de mujeres por cada dos mil habitantes. Desgraciadamente, este proyecto no encontró la acogida del Parlamento. Poco antes, en el mes de junio del mismo año, se pidió la autorización legislativa para invertir hasta $ 3.500.000 en la construcción de cien escuelas primarias, a lo menos, en todo el país. Aprobada esta iniciativa del Gobierno, hasta el año 1890 habían sido construidas sesenta con capacidad para 24.000 alumnos; las restantes, fueron concluidas después de 1891.

La formación, el perfeccionamiento y el mejoramiento económico del profesorado primario, fueron asuntos que también merecieron la atención del Gobierno. Así, fueron creadas las escuelas normales de Chillan y La Serena; para esta última, la Normal del Sur y la de Santiago, se construyeron amplios y cómodos loca les. En cuanto a la Escuela Normal de Preceptores de Santiago (hoy Escuela Normal Superior J. A. Núñez), se modificaron sus planes de estudio.

Atendiendo a las necesidades de perfeccionar al profesorado y de renovar técnicamente la enseñanza, en 188&, seis maestros fueron enviados a Europa para que se especializaran y -además- fueron contratados los servicios de varios pedagogos alemanes. En este mismo orden de cosas, bajo los auspicios del Gobierno y con la asistencia subvencionada de profesores, en el mes de septiembre de 1889 se celebró el Primer Congreso Pedagógico, en el que

"... se deliberó sobre: 1) medios prácticos para implantar en las escuelas de ambos sexos los trabajos manuales, con la extensión que deban tener; 2) mejor método de lectura y escritura; 3) estímulos y disposiciones administrativas que convendría adoptar para obtener una asistencia más constante de alumnos en las escuelas primarias; 4) desarrollo que debe darse a la gimnasia y a los ejercicios militares; 5) enseñanza de la música en las escuelas primarias; 6) medios prácticos de implantar desde luego en Chile, absoluta y relativamente, la enseñanza primaria obligatoria, y cantidad mínima de conocimientos que deben exigirse; 7) la enseñanza de la higiene y la posibilidad de difundirla prácticamente por la escuela; 8) medios de promover el desarrollo de la enseñanza en los campos; 9) escuelas nocturnas para. obreros y medios de establecerlas separadamente o con las escuelas diurnas; 10) medios para mejorar la preparación profesional de los profesores graduados antes de 1885" (36)

Este Congreso tuvo una importancia extraordinaria, pues sus conclusiones sirvieron de base al desarrollo que experimentó la enseñanza primaria en los años siguientes.

Por último, como un medio de dignificar la función docente, en 1887 fueron aumentados los sueldos del magisterio; a los profesores de escuelas de primera clase se les asignó una renta anual de $ 1.200, y de $ 600 a los de escuelas rurales.

Enseñanza secundaria. La enseñanza secundaria fue incrementada con la creación de diez liceos (Antofagasta, Quillota, Liceo de Niñas de Valparaíso, Miguel Luis Amunátegui, Valentín Letelier e Internado Barros Arana en Santiago, Constitución, Angol, Temuco y Osorno), con lo que el número de estos planteles subió a treinta y dos. Entre éstos figura el primer liceo fiscal de niñas con que contó la República.

El año 1889 se introdujo una reforma substancial mediante la adopción, por vía de ensayo, del llamado plan concéntrico que fue tenazmente resistido por quienes veían en él la introducción de ideas pedagógicas extrañas a nuestra tradición cultural y dañinas para la adecuada formación de la juventud. Esta oposición partió principalmente de los círculos conservadores y congregacionistas, pues la implantación del sistema concéntrico

"... importaba dos innovaciones que contrariaban su espíritu: una, la acentuación de la importancia de las Ciencias Biológicas, Físicas y Matemáticas; la otra, que para su buen desarrollo requería profesores de una preparación superior en la asignatura misma y en la pedagogía" (37).

Con el objeto de conseguir un mayor rendimiento del trabajo escolar, en diciembre de 1886 se dictó un decreto que establecía:

"Cuando una clase de instrucción secundaria en algún establecimiento nacional tuviera cincuenta alumnos, según la asistencia media del mes de abril, se dividirá en dos; si esa asistencia alcanzare, a noventa alumnos, la clase se dividirá en tres; si alcanzare a ciento treinta alumnos, se dividirá en cuatro clases; y así sucesivamente".

En los liceos la función docente era desempeñada por profesionales de diversas categorías o simplemente por aficionados, con lo que la eficiencia de la enseñanza se resentía considerablemente. Esto indujo al Gobierno a crear el Instituto Pedagógico, establecimiento que abrió sus puertas en 1889. De este modo se dio comienzo a la formación de profesores especialistas en diferentes asignaturas, con lo que se aseguró el progreso de la educación secundaria chilena.

Contribuyó también al perfeccionamiento de la enseñanza secundaria la contratación de un grupo de prestigiosos pedagogos alemanes, a varios de los cuales se encomendaron labores docentes en el recién creado Instituto Pedagógico.

Enseñanza especial. En páginas anteriores hemos señalado la preocupación del Gobierno por estimular la enseñanza profesional. Seis escuelas prácticas de agricultura, tres escuelas de minas y una escuela técnica femenina fueron creadas durante la gestión administrativa del Presidente Balmaceda. Por otro lado, la Escuela de Artes y Oficios fue mejorada con la construcción de un nuevo local y la instalación de -modernos talleres y laboratorios. También se contrataron los servicios de varios profesiones extranjeros -franceses y alemanes- para que actuaran como profesores en estos planteles.

El Gobierno abordó el problema de las oportunidades educacionales para ciegos y sordomudos; al efecto, en 1889 dispuso la instalación -en Santiago- de un instituto de sordomudos y se esperó que hubiera profesores especializados en la enseñanza de ciegos para agregar a este Instituto esta sección.

Educación superior. El impulso renovador que se hacía sentir en todos los órdenes de la actividad nacional, llegó también hasta la enseñanza superior. Los planes de estudio de las Escuelas de Medicina, Farmacia y Leyes fueron adaptados a las nuevas exigencias del país y a los avances de las ciencias. Además, a la Facultad de Matemáticas y Física se le asignó la responsabilidad de formar

"... ingenieros-arquitectos; ingenieros de puentes, caminos y construcciones hidráulicas; ingenieros de ferrocarriles, telégrafos y puertos; ingenieros geógrafos y de minas, e ingenieros industriales y metalurgistas" (38).

Es posible apreciar que con esta última medida se deseaba formar en el país a todos los técnicos necesarios para el desarrollo de los planes de progreso económico que el Gobierno de la República se había trazado. Con esta misma medida, la Escuela de Ingeniería quedaba transformada en un verdadero y moderno politécnico.

Por último, el Gobierno intentó una profunda reforma que consistía, por una parte, en hacer de la Universidad un cuerpo docente destinado a la formación de profesionales y, por la otra, en crear la Academia Nacional encargada de fomentar la investigación científica, la creación artística y literaria y la divulgación cultural. Con este objeto, el lo de junio de 1889 se presentó el respectivo proyecto al Congreso Nacional y en él se dejaba establecido que la Academia constaría de las Secciones Medicina y Ciencias Naturales, Matemáticas, Leyes, Ciencias Políticas y Administrativas, Humanidades y Bellas Artes. Para el desarrollo de sus actividades de divulgación estarían bajo su dependencia un Ateneo de Bellas Letras y una Academia de Ciencias Políticas en Santiago, y Ateneos de Ciencias, Artes y Letras en Iquique, La Serena, Valparaíso, Talca, Chillán y Concepción. Este proyecto, lo mismo que tantos otros, fue encarpetado en el Parlamento y nunca más se supo de él.

Aparte de las informaciones expuestas, es posible tener una idea más clara de la atención dispensada a la educación pública revisando la forma cómo creció el presupuesto destinado a ella entre 1886 y 1890; los datos correspondientes son los que siguen:

1886 $ 2.329.927
1887 3.396.947
1888 4.217.648
1889 6.170.148
1890 7.198.553

Es decir, en el lapso de cinco años, el presupuesto educacional aumentó continuamente; las cifras correspondientes a 1890 denotan un crecimiento del 200% con respecto a las de 1886.

8. Administración pública.

Una acción tan amplia y variada como la que se realizó en Chile bajo la presidencia de Balmaceda, requería profundos reajustes en la máquina administrativa de la República, a fin de que ella respondiera en mejor forma a los imperativos del momento y a las intenciones que guiaban al Jefe del Estado. Este fue el móvil que guió la reorganización de los ministerios, llevada a cabo por ley de 1887, y la creación del Ministerio de Industrias y Obras Públicas. Estas medidas implicaron una fundamental reestructuración de todos los; servicios públicos y fueron complementadas con medidas similares que afectaron a la Oficina Central de Estadística cuya ley orgánica databa de 1847, a la Oficina de Tierras y Colonización, y a los servicios ferroviarios, postales, telegráficos y aduaneros. En reemplazo de la Contaduría Mayor, el año 1887 fue establecido el Tribunal de Cuentas, organismo encargado de recibir, examinar y juzgar todas las cuentas que los funcionarios públicos e instituciones que administraban, recaudaban o invertían dineros del Estado, tenían la obligación de rendir. También en 1887 fue creada la Dirección General de Obras Públicas, y en el año 1889 -en substitución de la antigua Inspección General de Salitreras- comenzó a funcionar la Delegación Fiscal del mismo ramo. Para atender a los problemas de salubridad e higiene pública, fue establecido el Consejo Superior de Higiene.

Todas estas iniciativas y otras de menor importancia permitieron a los organismos del Estado actuar con mayor eficacia en el desarrollo de la política de renovación nacional que auspiciaba el Presidente Balmaceda.

9. Planificación económica y descentralización.

El concepto de desarrollo planificado de la vida económica de un país es relativamente moderno. Desde cierto punto, constituye una reacción contra la ineficacia de los principios liberales y contra el papel eminentemente pasivo que tales principios asignaron al Estado; por otro lado, surgió como un resultado del relativo fracaso de la iniciativa privada para crear un orden económico, que armonizara justamente los intereses de toda la colectividad y para facilitar el desenvolvimiento de una estructura económica débil y de retrasado desarrollo, poniendo en acción todos los recursos con que ella contaba.

Para que la planificación económica sea viable, se requiere la presencia de una serie de factores. En primer lugar, corresponde al Estado un papel muy activo movilizando sus recursos, elaborando y realizando planes, y subordinando -tanto en su orientación como en su dirección- todas las iniciativas privadas. En seguida, se precisa una exacta valoración de los diversos elementos con que cuenta la nación, como asimismo un análisis de sus características y necesidades actuales y una científica previsión de lo que será necesario en el futuro. Además, es indispensable producir una estrecha correlación de toda la acción que realiza el Estado, y la de éste con la que realizan los demás componentes del conglomerado social. Por último, la planificación económica supone también una adecuada distribución, en el tiempo, de las empresas que se van a acometer.

Si examinamos desde este ángulo la política económica del Presidente Balmaceda, se podrá apreciar que este mandatario actuó guiado por un principio planificador rudimentario o incipiente, si se quiere, pero claro y que concordaba con arraigadas convicciones. Hasta la época de Balmaceda todo lo que se había hecho en el país sólo era fruto de la natural evolución de las instituciones, o bien respondía a las exigencias circunstanciales de las necesidades inmediatas. En cambio, todas las manifestaciones de la política económica de Balmaceda, desde la construcción de caminos y ferrocarriles hasta el fomento de la enseñanza y el saneamiento de las ciudades, eran expresión de un propósito. unitario, formaban parte de un plan concebido, aunque nunca fuera explícitamente formulado. Los diversos aspectos de la acción realizada por este mandatario estaban, pues, profunda y armoniosamente entrabados. Así, por ejemplo, en su política agraria se consultó la hijuelación de tierras en la frontera, la radicación de colonos nacionales y extranjeros, el establecimiento de planteles educacionales, la disminución de impuestos a los pequeños agricultores, la dictación de disposiciones relativas a la distribución de aguas, la creación de organismos del Estado encargados de atender este aspecto de la acción gubernativa, etc.

Por otro lado, si bien Balmaceda se mantuvo dentro de los cánones del liberalismo económico, tuvo, sin embargo, una alta noción de las responsabilidades que incumbían al Estado como motor supremo de toda la actividad económica nacional. Fue precisamente esta noción la que lo indujo a modificar la contextura . de la administración pública y a crear nuevos servicios que pudieran encarar adecuadamente las nuevas labores que incumbían realizar al Estado.

Además, en Balmaceda también se observa el propósito de llevar a cabo una acción gradual que se desarrollara dentro de un plazo determinado. En más de una ocasión, vertió conceptos como éstos:

"Atesoremos en ferrocarriles y construcciones públicas los veinte millones en que la renta ordinaria excede anualmente a los gastos ordinarios; en diez años habremos realizado así, con recursos propios, obras públicas por valor de doscientos millones de pesos." (39)

Finalmente, conviene dejar establecido que una de las características sobresalientes en el plan de desarrollo económico nacional auspiciado por Balmaceda, fue el abandono de las prácticas centralistas que hasta entonces habían primado. Con legítima satisfacción, este mandatario pudo decir:

"Desde antes que llegara a la Moneda, veníamos pidiendo la descentralización del Gobierno en Chile. Yo he procurado la descentralización política y administrativa, pero la descentralización que inicié como Ministro y que he consumado como Presidente es la descentralización de la riqueza nacional.

"Yo he derramado los tesoros de Chile en todo Chile y he concluido con aquella política económica según la cual el centro era el principio y el fin, el todo, y las extremidades de la República, regiones tributarias de la capital y sus alrededores." (40)

Este criterio, llamado a estimular el natural desarrollo de todas las regiones del país, importaba una profunda innovación del que hasta entonces había guiado a las esferas gubernativas; también tiene el carácter de una novedad que las administraciones posteriores sólo han venido a restablecer parcialmente en los años más recientes ante el clamor de los desatendidos intereses provinciales.


Notas:

1. "El Ferrocarril": 23 de enero de 1889.

2. Sociedad Nacional de Agricultura: Boletín. Vol. XX. N║ 9. Mayo 5 de 1889. pág. 349.

3. "El Ferrocarril": 25 de abril de 1899.

4. "El Estandarte Católico": 4 de junio de 1889.

5. Sesiones del Congreso. 1887. Senado. 17 de octubre de 1887.

6. Nombre de un actor de circo.

7. Párrafo del discurso pronunciado por Balmaceda el 6 de enero de 1889, al iniciarse los trabajos del ferrocarril de Pelequén a Peumo.

8. Public Record Office: F. O. 16. Vol. 287. Nota presentada por J. T. North. 11 de febrero de 1890.

9. Memoria presentada al Congreso por el Ministerio de Relaciones Exteriores el año 1890. Documentos anexos.

10. Ibid.

11. Public Record Office: F. O. 16. Vol. 220. Informe de la Legación de Gran Bretaña en Santiago. N║ 8 (confidencial y comercial). 25 de septiembre de 1890.

12. Frank Whitson Fetter: La Inflación Monetaria en Chile. Pág. 9.

13. Frank Whitson Fetter: La Inflación Monetaria en Chile. Pág. 36.

14. Ibid. Pág. XI. Prefacio.

15. Sesiones del Congreso. 1886. Vol. 1. Pág. 324.

16. Enrique Zañartu Prieto: Manuel Arístides Zañartu o Historia y Causas del Pauperismo en Chile. Pág. 194.

17. El fracaso de la conversión metálica de 1895, que se produjo estrepitosamente en 1897 y que determinó el nuevo curso forzoso de papel moneda desde 1898 hasta 1925, constituyó una confirmación de quienes sustentaban este punto de vista.

18. Discurso pronunciado por Balmaceda en la inauguración del puente sobre el río Malleco. 1890.

19. Emilio Rodríguez Mendoza: Don Manuel Aristides Zañartu. Raza y Ambiente. Prólogo a Enrique Zañartu Prieto. op. cit. Pág. 24.

20. Enrique Zañartu Prieto: Ob. cit. Pág. 192.

21. Emilio Rodríguez Mendoza: Ob. cit. Pág.46.

22. Sesiones del Congreso. 1889. Vol. 3. Pág. 5.

23. Sesiones del Congreso. 1889. Vol. 3. Págs. 44-45.

24. Sesiones del Congreso. 1891. Enero-agosto. Vol. 1. Pág. 53.

25. Sesiones del Congreso. 1888. Vol. 1. Mensaje Presidencial.

26. Sesiones del Congreso. 1887. Vol. 3. Pág. 1153. Informe enviado por la Inspección de Colonización al Ministro del ramo el 23 de abril de 1887.

27. Dato obtenido de S. Macchiavello: Política Económica Nacional. Tomo II. Pág. 83.

28. De la Memoria de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización presentada al Congreso en 1889.

29. Proyecto presentado al Congreso en enero de 1889 pidiendo autorización para invertir $ 500.000 en colonización.

30. Del Mensaje Presidencial de 1889.

31. "The Economist" (suplemento): 10 de enero de 1885.

32. Sesiones del Congreso. 1887. Vol. 2. Pág. 678.

33. Sesiones del Congreso. 1887. Vol. 2. Pág. 26.

34. Sociedad de Fomento Fabril: Album Gráfico e Histórico de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Industria Nacional. Pág. 26.

35. Sesiones del Congreso: 1888. Vol. 1. Mensaje Presidencial.

36. Amanda Labarca H.: Historia de la Enseñanza en Chile. Págs; 188-189.

37. Amanda Labarca H.: Historia de la Enseñanza en Chile. Pág. 197.

38. Memoria del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública al Congreso, 1889. ,Art. 1║ del Plan de Estudios Superiores de Ciencias Físicas y Matemáticas.

39. Del discurso pronunciado por Balmaceda en Iquique el 9 de marzo de 1889.

40. Del discurso pronunciado por Balmaceda en Victoria, en octubre de 1889.


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02
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