joan alsina
Joan Alsina: chile en el corazón
LOS HERMANOS CAÍDOS

capítulo 2

Salvador Allende, Víctor Jara, Pablo Neruda: tres figuras de proyección internacional arrasadas por el golpe militar chileno. Y con ellos centenares y millares de «hermanos caídos» que con sus líderes han recibido la embestida de la represión. Se ha llegado a decir que este golpe de estado ha sido uno de los más crueles y violentos de toda la historia de América Latina.

Es muy difícil calcular el número aproximado de víctimas. Según el diario conservador Le Fígaro, del 25 de octubre de 1975, desde la muerte de Allende, el número de detenidos es de 95.000, uno de cada diez chilenos; y todavía quedan, en la actualidad, unos 5.000 prisioneros políticos (1). El número de muertos o desaparecidos se calcula en 30.000. Los periódicos nos hablan cada día de nuevas acciones militares para detener a más ciudadanos. Últimamente han saltado a la prensa los nombres y apellidos de 119 desaparecidos de los que no se sabe nada. Un dato muy significativo es que la Comisión de Derechos Humanos enviada por las Naciones Unidas durante el mes de julio de 1975 no fue autorizada a entrar al país por el general Pinochet, autoproclamado presidente de la República.

La misma imprecisión de las cifras ya indica la arbitrariedad y el descontrol del aparato represor. Considerando que Chile no alcanza a los diez millones de habitantes, las cantidades mencionadas dan un saldo muy elevado y desproporcionado, sobre todo si tenemos en cuenta que la «victoria militar» se consiguió sin guerra civil y en menos de 24 horas.

El objetivo del golpe de estado fue anular aquel 43,39% --casi la mitad del censo-- que votó por Salvador Allende en las últimas elecciones. Por ello, la Junta Militar suspendió inmediatamente todos los diarios, revistas, emisoras, etc., de la Unidad Popular, y sus directores fueron muertos, o apresados, u obligados a buscar refugio fuera del país. Todos los partidos políticos que formaron la coalición fueron proscritos y sus líderes perseguidos frenéticamente. Incluso el partido de la Democracia Cristiana fue declarado en receso de forma indefinida. La Central Única de Trabajadores fue declarada ilegal de inmediato y suprimidos los derechos de huelga y de libre asociación. Las fuerzas militares controlaron las universidades y los hospitales, y los profesores y estudiantes partidarios de Allende fueron expulsados o detenidos en gran número. Cerca de 20.000 trabajadores fueron despedidos por razones políticas, muchos de ellos reducidos a la miseria. Actores y artistas destacados fueron detenidos porque habían colaborado en el teatro, el cine o los bailes populares. Una enorme cantidad de enseñantes, escritores, economistas, agrónomos, arquitectos, fueron perseguidos bajo la acusación de propagar ideologías marxistas en la universidad o en organismos del estado. Muchos oficiales de las propias fuerzas armadas se vieron arrestados y torturados por el hecho de haberse negado a colaborar en el alzamiento militar. Incluso la iglesia sufrió persecución: 120 sacerdotes católicos, 30 pastores protestantes y 35 religiosos fueron expulsados del país; la mitad de ellos sufrieron prisión o tortura; unos 200 dirigentes de Comunidades Cristianas, presos, torturados o expulsados, y unos 32 asesinados o desaparecidos; 5 sacerdotes, muertos: 3 a consecuencias de las torturas (Miguel Woodward, Gerardo Poblete y Ornar Venturelli), 1 oficialmente «desaparecido» (Antonio Llidó, sacerdote valenciano) y 1 ametrallado por la espalda (Joan Alsina, objeto de esta biografía). (2)

En general, la represión más encarnizada cayó sobre los dirigentes y activistas de los principales partidos de la Unidad Popular. Los militantes del MIR recibieron un trato particularmente brutal. Todos los ministros de Allende, actualmente, están detenidos o se encuentran en el exilio. Uno de ellos, José Tohá, ex-ministro de defensa, encontró la muerte en el Hospital Militar de Santiago en circunstancias extrañas, después de haber perdido mucho peso durante su permanencia en el campo de reclusión en la Isla Dawson.

Fueron detenidos no menos de 40 abogados, la mayoría en el ejercicio de su deber profesional. Más de 100 médicos fueron arrestados porque ejercían en «hospitales clandestinos», creados, según la Junta Militar, para atender a los heridos allendistas en caso de guerra civil (en realidad se trataba de centros de emergencia establecidos para paliar la huelga del 70% de los médicos que dejó inasistida a la población durante los meses de agosto y septiembre anteriores al golpe).

Para justificar la detención de los partidarios de Allende bastaba con haber colaborado con su gobierno constitucional. El estado de guerra y el estado de sitio permitían detener a cualquier persona por el tiempo que fuera. La mayoría de ejecuciones fueron hechas al amparo de la «ley de fugas», que autorizaba a ametrallar por la espalda a los que se acusaba de querer escaparse. Muchas de estas ejecuciones se decidieron por procedimiento sumarísimo bajo acusación de resistencia armada a los militares. Otras, después de consejos de guerra (cortes marciales) convocadas en el lugar mismo de los hechos. El corresponsal en Santiago de la revista norteamericana Newsweek, John Barnes, en un articulo, titulado Matadero en Santiago, afirma que personalmente contó 2.796 cadáveres, amontonados en la Morgue de Santiago, después de quince días del golpe. Desde el 24 de octubre, sin embargo, las ejecuciones se revistieron de una apariencia más moderada, al producirse tras el veredicto de un tribunal militar. Pero, de hecho, esta medida no disminuyó el número de muertos, ni aumentó en nada la garantía de los prisioneros, que tampoco tuvieron oportunidad de escoger a sus defensores, que eran, la mayoría, abogados de oficio elegidos muchas veces de entre los mismos militares. Así, a finales de mayo de 1974, un informe no oficial del departamento de estado de los Estados Unidos podía dar la cifra de 10.800 muertos hasta el fin del año 1973.

Sobre los lugares de concentración de detenidos, cabe decir que los primeros fueron amontonados en el Estadio Chile, destinado al baloncesto y deportes similares, con capacidad para unos 3.500 espectadores, y donde los primeros días internaron a más de 5.000 personas. Al aumentar el número de detenidos, abrieron el Estadio Nacional, con capacidad para 80.000 personas sentadas. Allí interrogaron diariamente de 200 a 300 personas, de las cuales la mitad era maltratada severamente. Muchos fueron ejecutados a la vista de los demás y en muchas ocasiones se podía oír el fuego de la metralleta para amedrentar a los otros.

El Estadio Chile, después de permanecer cerrado una temporada, fue abierto nuevamente; y en junio de 1974 todavía quedaban allí más de 100 detenidos. El Estadio Nacional, en cambio, fue clausurado en noviembre de 1973 y la mayoría de los detenidos fueron trasladados al campo de concentración de Chacabuco, en el norte desértico del país.

Se abrieron otros campos en la Isla Dawson, en el sur antártico, en la Isla Quiriquina y en la Isla Riesco, frente a las costas de Concepción y de Valparaíso respectivamente, y en Pisagua, al norte del país. Los buques «Lebu», «Maipu» y «Esmeralda», anclados en el puerto de Valparaíso, quedaron convertidos en prisiones flotantes con un número increíble de prisioneros. Ante la insuficiencia de prisiones, habilitaron también un buen número de cuarteles y de casas particulares, convertidas en centros de interrogatorio, como los de Londres, 38, y Agustinas, 632, en Santiago.

Las semanas que siguieron al golpe se caracterizaron por una brutalidad incontrolada, sin ningún respeto por la vida y la dignidad humanas. Muchos fueron torturados hasta la muerte. Los cuerpos se veían en el río Mapocho, que atraviesa la capital, desfigurados e imposibles de reconocer. Las torturas fueron, al principio, espontáneas y primitivas, tales como largas horas de pie, encapuchamientos prolongados, puntapiés, palizas, puñetazos. Después fue afinándose la técnica, haciéndose más selectiva en métodos y en personas.

Las formas más corrientes de intimidación personal y confesión forzosa eran: quemaduras con ácidos o cigarrillos encendidos, choques de electricidad, presencia obligada o participación en actos de depravación sexual, violaciones con embarazo y negativa de abortar, provocaciones de abortos mediante golpes, comida forzosa de excrementos, inmersión en agua helada, rotura de huesos, obligación de permanecer desnudo horas y horas, privación de dormir, de comer, de beber... y la intimidación psicológica con simulacros de fusilamientos y amenazas contra los familiares. Consta, también, la aplicación de pentotal y otras «drogas de la verdad».

Está comprobado que a las torturas asistían médicos, regulando los choques eléctricos o el uso de drogas. Al menos existe la evidencia de la presencia de éstos en el Estadio Nacional y del conocimiento que tenían sobre las torturas que se aplicaban en el Hospital Militar.

También está comprobado que en los interrogatorios de las prisiones brasileñas había expertos de aquella nación, que aprovechaban la ocasión para arrancar confesiones sobre actividades anteriores realizadas en Brasil.

Respecto a los refugiados políticos, cabe decir que, a la mayoría, se les permitió salir de Chile sin obligarlos a volver a sus países de origen, respetando los acuerdos internacionales sobre la materia.

La breve información que acabamos de entregar, la hemos sacado casi literalmente del expediente elaborado por Amnesty Internacional, publicado en noviembre de 1974. El prefacio del informe califica el golpe militar de «salvaje» y «sin precedentes en la historia de América latina». Fue elaborado sobre datos recogidos por una comisión investigadora, enviada a Chile en noviembre de 1973, completados con informaciones recibidas posteriormente. Está avalado por su secretario general, Martín Ennals, que firma el documento.

Hay que señalar que Amnesty Internacional es el organismo internacional más solvente entre los no gubernamentales. Radicado en Londres, agrupa a más de 50.000 socios de cincuenta países que lo sostienen económicamente a fin de que no tenga que confiar en subvenciones de gobiernos o empresas que pudiesen hipotecar su objetivo, que es la defensa de los derechos humanos dondequiera que sean conculcados. Tiene delegaciones en treinta y tres países. Un periodista de la revista española Cambio 16, que interrogó al secretario general, obtuvo esta respuesta: «Últimamente hay muchos países que nos dan mucho trabajo. De Irán a Sudamérica no faltan torturas ni arbitrariedades. Pero sin duda el caso más grave de la historia de América, por sus características de temor y de atropello a la conciencia humana, tiene un nombre clave: Chile». (3)

El dictamen de la Comisión internacional de juristas sobre el golpe de estado y la ulterior actuación de la Junta Militar manifiesta en su punto primero:

Si bien la Junta Militar declaró que el objetivo del golpe de estado fue «el restablecimiento del orden y de la ley constitucional», el golpe en sí mismo es anticonstitucional. Otro tanto se puede decir de la decisión de la Junta Militar de asumir los poderes del presidente y del cuerpo legislativo, disolviendo el parlamento y proclamando el estado de sitio y el estado de guerra interior.

En menos palabras no se puede decir más. Por eso se ha producido tal repulsa y el aislamiento internacional en relación a Chile.


Notas:

1. Cambio 16 205 (1975), 10-16.

2. Cf. Cristianos por el Socialismo. Su origen y desarrollo en Chile durante los años 1970-1973.

3. Cambio 16 193 (1975).


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02
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